Colombia: una mirada creativa del paro nacional

8 de febrero de 2023

El 28 de abril de 2021 se iniciaron movilizaciones populares, juveniles y estudiantiles en muchos puntos clave del territorio colombiano, muchas de ellas se sostuvieron por más de 2 meses en demanda de una agenda gubernamental que considerara las garantías de los derechos humanos. 

Las reformas tributarias, de salud, así como el régimen de contratación laboral y de pensiones fueron los puntos iniciales que despertaron las movilizaciones sociales sostenidas entre abril y junio del año 2021 en Colombia. 

Esta movilización popular pacífica es considerada la más grande de la historia reciente de Colombia, tanto a nivel nacional, como local y regional, agruparon el cansancio a las problemáticas acumuladas de precarización económica y desigualdades que la pandemia y su manejo mostró y amplificó. Durante el paro nacional se efectuaron a nivel nacional 7.415 concentraciones, 3.415 bloqueos de vías, 2.475 marchas, 678 movilizaciones y 40 asambleas populares.

La política de ajuste neoliberal impuesta por el entonces presidente Iván Duque, afectaba la subsistencia de las mayorías populares. Las movilizaciones sumaron demandas sobre la renta básica, equivalente a 1 salario mínimo mensual, la matrícula cero para el ingreso a universidades, la revisión de los tratados de libre comercio y el cumplimiento de acuerdos (suscritos con estudiantes universitarios, comunidades campesinas e indígenas), y un llamado a los Acuerdos de Paz para su verdadero cumplimiento y la no fumigación de cultivos ilícitos.

En las visitas de la CIDH se constataron las denuncias de graves violaciones a derechos humanos, el desconocimiento del uso progresivo de la fuerza, la infiltración de grupos civiles armados, la estigmatización y criminalización de líderes sociales, además de la falta de seguridad para la integridad de quienes hacen labores de monitoreo y acompañamiento de DDHH. Esta situación acentuó la demanda social de desmantelamiento de la principal instancia responsable, el Escuadrón Móvil Antidisturbios conocido como ESMAD.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia reveló en su informe que entre el 28 de abril y el 15 de julio de 2021, durante el paro nacional se registraron 83 homicidios, se denuncia que presuntamente 44 de ellos fueron cometidos por la fuerza pública, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incluyendo dos por inhalación de gases lacrimógenos y uno por atropellamiento de tanqueta. También se denunciaron 96 víctimas de violencia ocular y 35 de violencia sexual. Las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre la garantía de los derechos humanos llevaron a negociaciones que permitieron el acuerdo de desmovilización del paro nacional, con el compromiso del Estado de velar por los acuerdos de las mesas de diálogo.  

Compartimos el poema escrito por el profesor Camilo E. Jiménez Camargo, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, a propósito de la cercanía del segundo aniversario del paro nacional. 

Mayo colombiano 2021

 

Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. 

En los últimos años, la CLADE viene expresando su preocupación ante la respuesta negativa de muchos Estados a los reclamos y demandas de estudiantes y docentes por mayor participación en el debate público y en la toma de decisiones sobre las políticas educativas. Existe un progresivo cierre del diálogo entre el Estado y los sujetos de la comunidad educativa en diversos países y, más que eso, una creciente criminalización de esos sujetos en contextos de protestas sociales.

Es en este escenario CLADE presentó en 2018 un Informe Regional: Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras, dedicado a la situación de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos. 

La preocupación por la situación de las personas que defienden los derechos humanos en Colombia ha sido reiteradamente expresada por la CIDH, que se ha manifestado sobre la falta de protección y medidas de seguridad, así como por la impunidad existente en relación con los actos perpetrados contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos: defensoras y defensores, líderes sociales y comunales, estudiantes, periodistas. Se destaca, por ejemplo, la admisión en el año 2016 del caso de un estudiante asesinado en el marco de una manifestación universitaria y más recientemente, en noviembre de 2019, el fallecimiento de otro estudiante como resultado del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en el marco de una protesta. También CIDH ha reafirmado la importancia de su labor para la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia, y ha lamentado que la situación de la violencia siga en aumento sostenido desde la implementación del último Acuerdo de Paz.

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CLADE rechaza la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y también la de otras 24 organizaciones más del país

4 de mayo de 2022

“Repudiamos la reciente solicitud de cancelación arbitraria de la personería jurídica de al menos 25 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de actividades para garantizar derechos humanos como el de la educación, entre otros, por parte del gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional. Rechazamos, de manera particular, la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua – FEDH-IPN, miembro histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de cuyo trabajo comprometido por el derecho humano a la educación hemos sido testigos y acompañantes”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en nota publicada hoy (4/5) y firmada por varias organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. 

Según la nota, la cancelación solicitada por el gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional implica un ataque a los mecanismos sociales de defensa y promoción del derecho por parte de la ciudadanía en un contexto evidente de persecución política.

“Señalamos que estas acciones afectan directamente la integridad ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía dejando a los habitantes de Nicaragua en indefensión y a merced de un Estado totalitario. Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por cualquier situación que vulnere la integridad física de los compañeros y compañeras a quienes se les ha violado el derecho a asociarse y a ejercer su ciudadanía”, afirma la CLADE en nota.

A continuación, lee el documento completo:

NOTA PÚBLICA

América Latina y el Caribe, 3 de mayo de 2022

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en atención a los principios fundamentales de libertad de asociación, libertad de expresión, igualdad de trato, justicia, bien común y dignidad humana declara lo siguiente:

1.       Repudiamos la reciente solicitud de cancelación arbitraria de la personería jurídica de al menos 25 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de actividades para garantizar derechos humanos como el de la educación, entre otros, por parte del gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional.
2.       Rechazamos, de manera particular, la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua – FEDH-IPN, miembro histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de cuyo trabajo comprometido por el derecho humano a la educación hemos sido testigos y acompañantes.
3.       Denunciamos la precaria argumentación jurídica en la que se fundamenta la medida y la catalogamos como política y violadora de derechos; hacemos responsable de este atentado a la democracia a los Ortega- Murillo. Es un acto contra los principios elementales de los derechos humanos.
4.       Implica además un ataque a los mecanismos sociales de defensa y promoción del derecho por parte de la ciudadanía en un contexto evidente de persecución política.
5.       Señalamos que estas acciones afectan directamente la integridad ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía dejando a los habitantes de Nicaragua en indefensión y a merced de un Estado totalitario.
6.       Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por cualquier situación que vulnere la integridad física de los compañeros y compañeras a quienes se les ha violado el derecho a asociarse y a ejercer su ciudadanía.
7.       Reivindicamos la importancia de la democracia para garantizar el respeto a los derechos humanos y la libre determinación de sus gobiernos por parte de la elección ciudadana.
8.       Reconocemos en el pueblo nicaragüense su esfuerzo para buscar una salida pacífica y llamamos a la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región a que apoyen a las recién debilitadas jurídicamente ONG’s nicaragüenses.
9.       Llamamos a los operadores del derecho internacional a que identifiquen mecanismos de apoyo a organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan por la reivindicación de los derechos humanos y que son perseguidos por los Estados.
10.   La CLADE se ofrece para ayudar a buscar las salidas más conducentes que busquen restablecer estas condiciones propias del estado de derecho y que garanticen la integridad de los y las ciudadanas involucradas.

En solidaridad con nuestros compañeros y compañeras del FEDH-IPN, firmamos:

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
Alternatives
Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
Campaña por el Derecho a la Educación de México
Centro Cultural Poveda – República Dominicana
Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Contrato Social por la Educación en el Ecuador
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – República Dominicana
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Federación Internacional Fe y Alegría
Federación Internacional Fe y Alegría – República Dominicana
Foro Dakar Honduras
Foro Socioeducativo
Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
Fundación Sur Futuro – República Dominicana
Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda – República Dominicana
Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
Misión Educativa Lasallista – República Dominicana
Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
Pressenza
Radio Seybo – República Dominicana
Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
Red de Comunicadoras Indígenas de Guatemala
Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia
Red de Educación Popular entre Mujeres de AL y el Caribe (REPEM)
Red Estrado Nodo Colombia
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Red Sin Fronteras
Unión de Emisoras Católicas de República Dominicana (UDECA)
Word Vision – República Dominicana

 

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Marcha por el derecho a la educación pública y gratuita en Perú

15 de diciembre de 2021

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Foro Chileno denuncia persecución política

19 de noviembre de 2021

“La Fiscalía insiste en imputar un delito que no existe. Denunciamos persecución política contra Magally Avila, quien participa hace años en el FODEP, defendiendo los DDHH [Derechos Humanos] de estudiantes. Exigimos que las manos sangrientas del Estado chileno se aparten de nuestra compañera”, afirma el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), que es uno de los foros miembros de la red CLADE, al publicar nota de repúdio a la violencia estatal que han enfrentado en Chile el 16 de noviembre. 

Según el FODEP, Magally Avila, integrante del Comité Ejecutivo del Foro, ha sufrido injustamente del “bloqueo total de circulación con violencia-intimidación-obstáculo” por parte del Estado chileno. “Magaly señala su completa inocencia de los delitos que se le imputan y denuncia valientemente persecución política en su contra por ser activista y defensora de los derechos humanos. (…) A pesar de no existir pruebas para su formalización, la Fiscalía ha insistido en su intención de imputar un delito que no existe, confirmando la denuncia de persecución política y montaje”, afirma la nota. 

Persecución política

El contexto de persecución política que viven los y las estudiantes y organizaciones en Chile no es reciente. El año pasado, la CLADE lanzó una publicación sobre la criminalización de jóvenes que relata y analiza casos de persecución en Chile y más tres países: Colombia, Honduras y Nicaragua. 

Para debatir el tema, principalmente en el contexto de recrudecimiento de la violencia y criminalización en contra de los y las estudiantes en Chile, como la negación de diálogo por parte de las autoridades, la prisión y el secuestro de jóvenes, el foro organizó, el 15 de noviembre, el evento Alerta Educativa 331 – Libertad a lxs 12: El caso de la Universidad de Concepción (2021).

Mira la grabación del evento: 

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Chile: Estudiantes de la Universidad de Concepción protestan contra criminalización y represión de jóvenes manifestantes

22 de octubre de 2021

El último martes [19 de octubre], cuando se conmemoraron dos años del inicio de las revueltas sociales en Chile, estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción impulsaron manifestaciones durante los días 18 y 19 de octubre, a las cuales se sumaron en torno de 40 carreras, con el objetivo de recordar el comienzo del estallido social en el país, y presentar un pliego de demandas a la rectoría, entre ellas la retirada de una querella judicial contra 12 jóvenes, por su participación en protestas sociales.

“Entre fines de 2019 e inicios de 2020, se llevó a cabo una jornada extensa de protestas en Chile. En el caso particular de Concepción, entre enero y marzo de 2020, tuvieron lugar situaciones en el espacio de la universidad, en donde a mediados del año se interpuso una demanda por la fiscalía, en la cual la universidad actuó como querellante contra 12 jóvenes, que pasan por un proceso de prisión política. Es una situación compleja para las familias, ya que había una cantidad de jóvenes que era menor de edad en aquel momento en que fueron detenidos y cuando empezó el proceso. Hemos estado organizados en contra de esa querella”, afirma Jocelyn Campos, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, vocera de la toma de la rectoría de la Universidad de Concepción.

“Dentro de lo que significó esta fecha y, en línea de esta conmemoración, decidimos hacer esta acción más directa que fue tomarnos la rectoría de la Universidad de Concepción porque, con anterioridad, ya se había señalado a la rectoría nuestra demanda para que retiren la querella que presentaron en el 2020, y culminó en la detención de 12 jóvenes que se manifestaron en Concepción en el marco del estallido social”, explicó Felipe Herrera, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC) y también vocero del movimiento.

Además de exigir la retirada de dicha querella, se buscó con la toma de la rectoría presionar por la realización de una reunión entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes presos y de sus familias.

“Tomamos la rectoría a las 8h de la mañana del 19 de octubre, y ya antes de las 9h habíamos tenido contacto con la rectoría, señalando que podríamos conformar una reunión como voceros del movimiento, con el rector y otros representantes de la rectoría. Hubo esa reunión, en la cual el rector aceptó tener un encuentro con representantes y familiares de los 12 jóvenes. Luego, con el atendimiento de esta primera demanda, se decidió retirar la toma”, agregó Felipe Herrera.

El encuentro entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes y sus familias se había agendado inicialmente para esta tarde (a las 15h, hora de Chile, en la casa de la rectoría), y estaba prevista en este contexto una concentración a las afueras de la rectoría para apoyar a que se retire la querella contra los 12 jóvenes. Sin embargo, la última información recibida es la de que esta reunión fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha.

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Represión y violencia

Además del caso de criminalización mencionado, hay denuncias de que carabineros actuaron de forma ilegal, amenazadora y represiva contra estudiantes movilizadas/os en la toma de la rectoría, haciéndoles inclusive control ilegal de identidad.

Según el medio Resumen, “dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos, que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria”.

“Como estudiantes organizadxs observamos la reanudación de las conversaciones entre las autoridades de la UdeC y los familiares de los 12 de forma positiva, e instamos a la comunidad a estar expectantes en la concreción de este acuerdo. Pero, a pesar de ello, no nos podemos quedar al margen de la situación de amedrentamiento que vivimos por parte de Carabineros y rechazamos cualquier acción que busque reprimir la protesta y lucha de quienes buscan una sociedad más justa e igualitaria”, afirman las y los estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción, en posicionamiento.

>> Lee aquí el comunicado completo.

>> Escucha noticiero producido sobre este caso, por ALER.

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“Alerta por una Colombia en paz: exigimos un alto a la militarización y el respeto a la protesta social”

4 de mayo de 2021

Garantías y libertades democráticas constitucionales a la movilización y la protesta; desmilitarización de las ciudades; el fortalecimiento de una masiva vacunación y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad y salud son algunas de las demandas que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación presenta en su pronunciamiento recién publicado. 

Firmado por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil nacionales e internacionales, el comunicado también denuncia el Estado Colombiano por los casos de represión contra los y las manifestantes que llevan seis días de protestas en las principales ciudades y campos del país, especialmente en oposición a las reformas tributaria y de salud que impulsa el gobierno nacional. La represión violenta de las protestas ha resultado en 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 personas detenidas y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros/as independientes. 

“Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH), como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes”, dice el posicionamiento.

Lee el comunicado completo:

COMUNICADO A LA OPICIÓN PÚBLICA

ALERTA POR UNA COLOMBIA EN PAZ, EXIGIMOS UN ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y RESPETO A LA PROTESTA SOCIAL

Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se está movilizando en el gran Paro Nacional frente a la Reforma Tributaria, que pretendía incrementar los impuestos a la población más empobrecida, precarizando aún más la vida de la ciudadanía en medio de  la actual crisis sanitaria por Covid-19; otras causas de la movilización han sido el hartazgo frente a la corrupción, la violación de los derechos humanos elementales, las políticas extractivistas, el desempleo, el incremento de la pobreza y del hambre, la privatización y pésima atención de la salud, que se evidencia con mayor fuerza en la pandemia, los recortes presupuestales a los programas sociales incluidas la educación y la salud, los asesinatos a líderes y lideresas sociales y el abuso del poder.

En Colombia, durante este gobierno los niños, niñas y jóvenes también han sido víctimas de distintas estrategias de deshumanización por parte de grupos armados ilegales y del Estado mismo. Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable.

En medio de las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 10 de mayo se han presentado los siguientes casos de vulneración de los derechos humanos por parte de  la fuerza pública del Estado  colombiano hacia los y las manifestantes en las principales ciudades y campos, que según la organización “Defender la Libertad Asunto de Todas”, han dejado a 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 489 personas heridas, 33 por lesiones oculares, 48 personas lesionadas por armas de fuego, 15 víctimas de violencias  basadas en género, 435 personas presuntamente desaparecidas, 69 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes , 1365 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas y o a tratos crueles e inhumanos, 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

El Comité Nacional de Paro manifiesta su decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional levantando como objetivos centrales para este momento: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta.

Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.

Negociación con el Comité Nacional de Paro y con las organizaciones del Pliego de emergencia así resumido:

1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación.

2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes, empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad, salud y vacunación contra el COVID – 19 a toda la comunidad educativa del país.

5. No a la discriminación por razones de género, diversidad sexual y étnica y

6. No a las privatizaciones de los bienes públicos y la derogatoria del decreto 1174. Además, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato; y el retiro de la fuerza pública, ESMAD y GOES de las movilizaciones sociales.

Por ello, como organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Estado colombiano adoptar de manera urgente medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por los hechos anteriormente descritos.

Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes y servir de garantes en la negociación del pliego arriba descrito.

¡POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA!

4/5/2021
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Apoyan y acompañan esta declaración:

• Action Aid
• Agencia Pressenza
• Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
• Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) – Colombia
• Asociación Tierra de Esperanza
• Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
• Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
• Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
• Campaña Lationamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
• Campaña Mundial por la Educación (CME)
• Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
• Campaña por el Derecho a la Educación de México (CADEM)
• Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
• Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
• Contrato Social por la Educación en el Ecuador
• COPROBA – Argentina
• Educare – Argentina
• Federación Internacional Fe y Alegría
• Foro por el Derecho a la Educación Publica de Chile
• Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fodeve)
• Fraternidad Franciscana Sembradores de la Palabra
• Fundacion SES
• Fundación VOZ
• Instituto Edesio Passos
• Jovenes Solidarios
• Liderezas de Suba
• Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
• Mujeres Indígenas de Pueblo Tolupan
• Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
• Oxfam
• Psinergia
• Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
• Red Estrado Colombia
• Red Global/Glocal por la calidad educativa
• Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) – Colectivo Nacional de Colombia
• Natalia Cogliati
• Susana Papale
• Luz Marina Peña
• Diego Arévalo Ligarda
• Isabel Moyano Rojas

 

 

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Chile: Rechazamos cualquier tipo de espionaje y persecución de estudiantes

18 de marzo de 2021

A través de la publicación de la página digital Interferencia, vino a público semana pasada el funcionamiento de un grupo de Whatsapp para espiar y delatar a estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación del establecimiento educacional público Internado Nacional Barros Arana (INBA). Ante este contexto, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep) publicó esta semana un pronunciamiento denunciando tales medidas. 

“Rechazamos todo tipo de persecución y criminalización hacia estudiantes, incluyendo este tipo de prácticas, que se suman a las expulsiones arbitrarias, seguimientos, agresiones, y la propia Ley Aula segura que ha legitimado este orden represivo en las escuelas y liceos”, afirmó en pronunciamiento el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep).

Según el Foro, “sin pudor ni vergüenza, el actual alcalde de Santiago y candidato a la reelección, Felipe Alessandri, encabezaba un grupo de espionaje, delación y represión contra estudiantes del INBA, compuesto por efectivos de Carabineros de alta graduación de la 22° comisaría de Quinta Normal, funcionarios de la Dirección de Educación Municipal de Santiago y directivos y docentes del establecimiento que actuaban concertadamente y usando redes sociales para vigilar y posteriormente sancionar las actividades de dirigentes estudiantiles”.

>> Lee la nota completa

>> Escucha la entrevista sobre el caso realizada por ALER 

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CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020

Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países.  Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.

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Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas;  la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.

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Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos  humanos, medios de comunicación, sociedad civil,  y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.

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Criminalización y Violación a los Derechos Humanos de Estudiantes en América Latina y el Caribe (Resumen Ejecutivo)

19 de noviembre de 2020

Este documento es el resumen ejecutivo del informe que pretende aportar a la identificación de cómo se manifiesta la criminalización y violación de los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe, inicialmente a partir de la mirada y escucha de actores estudiantiles (universitarios y secundarios), defensores y defensoras de derechos humanos, en cuatro países en la región: Colombia, Chile, Honduras y Nicaragua.

El resumen ejecutivo fue elaborado por la CLADE con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund -SAIH).

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Criminalización y Violación a los Derechos Humanos de Estudiantes en América Latina y el Caribe

Este Informe Regional está dedicado a la situación de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos. 

Elaborado por la CLADE con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund -SAIH), el documento pretende aportar a la identificación de cómo se manifiesta la criminalización y violación de los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe, inicialmente a partir de la mirada y escucha de actores estudiantiles (universitarios y secundarios), defensores y defensoras de derechos humanos, en cuatro países en la región: Colombia, Chile, Honduras y Nicaragua.

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