Relatora de la ONU sobre el DHE y presidenta de la CME dialogan con estudiantes secundaristas en Honduras

20 de junio de 2017

Como parte de su actual visita a Honduras, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, y la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Camilla Croso, estuvieron ayer [19 de junio] en la escuela pública secundaria Instituto Mixto de Hibueras, en Tegucigalpa, donde participaron en un conversatorio con estudiantes y docentes del centro educativo, con miras a discutir retos y oportunidades para la realización del derecho humano a la educación en el país. (más…)


La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry y la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Camilla Croso, están en Honduras, donde el Foro Dakar Honduras, miembro de la red en el país, impulsa una serie de reuniones y conversatorios entre la relatora, la presidenta de la CME, autoridades, docentes, activistas y estudiantes.<!--more-->
<p class=Las actividades tienen el objetivo de impulsar la implementación de la Agenda de Educación 2030 y la plena realización del derecho humano a la educación en Honduras, subrayar la importancia de la participación de la sociedad civil, especialmente de estudiantes y docentes, en el debate y definición de las políticas educativas y en la resolución pacífica de los conflictos, destacar la importancia de la educación para la paz y los derechos humanos como algo clave para superar la violencia de género y otras formas de violencia y discriminación en los centros educativos, y discutir la importancia de la educación no formal para la promoción del derecho a la educación.

La agenda de la relatora y de la presidenta de la CME el 19 de junio incluyó una visita a la escuela pública secundaria Instituto Mixto de Hibueras en Tegucigalpa, donde se promovió un conversatorio con estudiantes, docentes y la dirección del centro educativo.

Elementos clave para el cumplimiento del derecho humano a la educación en Honduras fueron discutidos en la ocasión, como la necesidad de una inversión mayor en la educación pública del país, un cuidado más sustantivo a la infraestructura y suministros de los centros educativos, estrategias estructurales para superar la violencia en las escuelas y su entorno, la valorización docente, un currículum que incluya el arte, la cultura y el deporte, y una participación mucho más sustantiva de docentes, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil en el debate y procesos de toma de decisión sobre la política educativa.

Boly Barry y Croso también se reunieron con el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, para intercambiar iniciativas en el campo de la educación en derechos humanos y la gestión democrática, y discutir formas de seguir apoyando la resolución pacífica y dialogada de los conflictos entre autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y estudiantes de esta universidad. También con este último propósito, la relatora y la presidenta de la CME tuvieron al final del día una cita con representantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) de la UNAH, quienes dieron a conocer la problemática de sus demandas y la criminalización intensa que vienen sufriendo en los últimos años, y que volvió a intensificarse en el último mes [sepa más]. 19400990 10155469934924507 1086171750 oLa CLADE y la CME volvieron a manifestar su apoyo ante la problemática, y entre otras estrategias, están solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la Relatora Boly Barry expresó su compromiso de hacer llegar a las autoridades de Honduras su preocupación al respecto. Seguiremos dándole seguimiento a la visita de la relatora Boly Barry y de la presidenta de la CME, Camilla Croso, a Honduras, compartiendo otras noticias y fotos por aquí.">

Relatora de la ONU sobre el Derecho a la Educación y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación visitan Honduras

19 de junio de 2017

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry y la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Camilla Croso, están en Honduras, donde el Foro Dakar Honduras, miembro de la red en el país, impulsa una serie de reuniones y conversatorios entre la relatora, la presidenta de la CME, autoridades, docentes, activistas y estudiantes. (más…)


SAME 2017 enfoca la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los Estados en el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030

17 de abril de 2017

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), iniciativa de movilización internacional coordinada por la Campaña Mundial por la Educación (CME), este año se celebra del 23 al 29 de abril y abraza la consigna “¡Pedimos la palabra por la educación! – Es hora de garantizar este derecho”. Con miras a exigir a los gobiernos que rindan cuentas sobre la implementación de la Agenda de Educación 2030 en sus países y teniendo como premisa la participación activa de la ciudadanía en el seguimiento e implementación de estos compromisos, se realizarán actividades de incidencia política y movilización social en más de 100 países de todo el mundo. (más…)


Se realizó los días 25 y 26 de marzo de 2017 en Bogotá, Colombia, la Reunión del Grupo de Expertas/os: “Mejora de la participación de los Grupos Mayores y otras partes Interesadas (Major Groups and Other Stakeholders) en las revisiones nacionales voluntarias (VNR) sobre el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030”.<!--more-->

El evento, que tuvo la presencia de representantes de la sociedad civil y de los gobiernos de distintos países del mundo, fue organizado por UN/DESA (Departamento de Naciones Unidas para Asuntos Económicos Sociales) y se impulsó con el propósito de compartir miradas y reflexiones sobre cómo se viene concretando, o no, la participación de la sociedad civil en la implementación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente a través de los aportes de la ciudadanía a la elaboración de dichos informes nacionales voluntarios. Además, tuvo el objetivo de promover estrategias y aproximaciones para la cooperación entre la sociedad civil, gobiernos y expertas/os en el seguimiento de los ODS, inclusive a través de la participación en los Comités de Seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030 que se hayan creado en los distintos países.

De América Latina y el Caribe, presentarán informes voluntarios sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en el marco del High Level Political Forum (Foro Político de Alto Nivel), que se realizará en julio de este año: Argentina; Brasil; Chile; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; Panamá; Perú y Uruguay.

Participaron en el evento en Bogotá: Madeleine Zúñiga, de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), y Katarina Popovic, del Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE), representando al Grupo de partes Interesadas de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group); y Patricia Jaramillo de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM). La CPDE y la REPEM son miembros de la CLADE, que a su vez forma parte del Comité Directivo del ICAE, representando la región de América Latina y el Caribe.

<img class=En su intervención durante el encuentro, Patricia Jaramillo (foto a la derecha), subrayó el rol que ha jugado el Grupo Mayor de Mujeres en el diseño y definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y añadió que la REPEM está articulada con este Grupo Mayor, así como con CLADE, ICAE y otras redes hermanas para hacer que se cumpla el Objetivo 4 - de Educación - de la Agenda de Desarrollo 2030 (ODS 4). A su vez, Katarina Popovic destacó la importancia de vincular la necesaria realización del ODS 4 con el alcance de todos los demás objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030, lo que es una especial preocupación del Grupo de partes Interesadas de Educación y Academia. De América Latina y el Caribe, apenas participaron en la reunión, representantes de los gobiernos de Belice y Guatemala y compartieron el estado de la participación social en el seguimiento a la Agenda 2030 en sus contextos nacionales. De otra parte, se valoró en la ocasión la participación de asociaciones y redes de jóvenes y personas con discapacidad, entre otros sectores de la sociedad civil. “Se compartió en el evento que durante el proceso de revisión voluntaria sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en Colombia [el informe del país se presentó en julio del 2016], casi no hubo participación de la sociedad civil. Nosotras/os en Perú estamos a tiempo todavía de incidir para que se nos escuchen en la elaboración del informe que el país presentará en julio de este año”, afirmó Madeleine Zúñiga. La coordinadora nacional de la CPDE y miembro del Comité Directivo de la CLADE también destacó que, durante el evento, se puso énfasis en que, cuando se habla de la participación de la sociedad civil en el seguimiento e implementación de la Agenda 2030, se debe considerar no solo a los Grupos Mayores y Grupos de otras partes Interesadas, sino que se debe tener una concepción más amplia de la ciudadanía, que incluya a los distintos sectores sociales, especialmente a las poblaciones históricamente marginadas, tanto en el nivel internacional, como a nivel nacional, sub-nacional y local. Añadió que es importante crear y fortalecer los espacios institucionales existentes para este diálogo con la sociedad civil, pues en muchos países ellos no existen o funcionan de manera débil y poco independiente o autónoma respecto a los gobiernos. La intervención de Madeleine Zúñiga durante el encuentro fue dedicada a una experiencia nacional en relación a los informes voluntarios [descargue aquí el texto de su intervención en inglés*]. De otra parte, Patricia Jaramillo, recordó que la sociedad civil que ha tenido la oportunidad de participar en estos espacios de discusión sobre la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 debe actuar para que se mantenga como espíritu y base de los ODS el lenguaje de derechos y la realización de los derechos humanos como valor central. Descargue aquí un documento de síntesis de los debates del encuentro (en inglés)

Grupo de partes Interesadas de Educación y Academia

Este grupo fue constituido en 2016 como resultado del esfuerzo conjunto de actores de la sociedad civil para asegurar que el debate de la Agenda de Desarrollo 2030 se centrara en la garantía y realización de los derechos humanos. Este grupo es impulsado por la Campaña Mundial por la Educación, el ICAE, la Unión Europea de Estudiantes (European Students’ Union) y la Internacional de la Educación. En abril se hará una convocatoria amplia para que otras organizaciones y redes sociales de defensoras/es del derecho a la educación y academia se sumen al Grupo. Los Grupos Mayores y otras partes Interesadas forman parte en una estructura de participación de la sociedad civil en los debates de las Naciones Unidas, que se creó en 1992, en el marco de la adopción de la Agenda 21, o Eco-92, y que se viene primoreando y ampliando para incluir a otros sectores sociales. * El inglés fue la única lengua usada en la reunión, que no tuvo traducción para otros idiomas.">

Encuentro en Colombia discute oportunidades y retos para la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la Agenda 2030

1 de abril de 2017

Se realizó los días 25 y 26 de marzo de 2017 en Bogotá, Colombia, la Reunión del Grupo de Expertas/os: “Mejora de la participación de los Grupos Mayores y otras partes Interesadas (Major Groups and Other Stakeholders) en las revisiones nacionales voluntarias (VNR) sobre el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030”. (más…)


Ante la crisis económica y moral que el Ecuador enfrenta actualmente, el CSE señala, en comunicación pública, que el momento exige una gran voluntad colectiva sustentada en firmar un acuerdo concreto, plural y realista, con énfasis en la educación.<!--more-->

“En los últimos 10 años, el Ministerio de Educación ecuatoriano actuó de forma centralista y autoritaria, aunque se incrementó el presupuesto y la política educativa tuvo logros en el acceso a la educación básica y al bachillerato. Sin embargo, los problemas estructurales de calidad se mantuvieron, con la aplicación de un modelo homogeneizante de educación, cuyo instrumento más visible fue la aplicación de un sistema de evaluación estandarizado”, afirma la coalición.

Añade que las y los profesoras/es del país se encuentran cada vez más agobiadas/os por procesos burocráticos y otras medidas ministeriales han alejado a la educación nacional del enfoque de derechos.

“La educación requiere un cambio profundo, por lo que el próximo gobierno tiene que comprometerse a realizarlo”, afirma el comunicado de la CSE. En tal sentido, la coalición invita a los actuales candidatos a la presidencia a firmar dicho acuerdo por la educación, y plantea, entre otras medidas necesarias para la garantía de este derecho en el país: el aumento de las inversiones en educación con calidad, mayor participación de la sociedad civil en el debate y la definición de la política, la elaboración e implementación de un proyecto educativo en base a los compromisos asumidos por el Estado de Ecuador en la Agenda de Educación 2030; y la evaluación educativa para el mejoramiento, y no para el control y la sanción de estudiantes, maestras/os, administrativos y directivos de instituciones educativas.

<a href=Conozca todas las propuestas en el posicionamiento público del Contrato Social por la Educación.">

Ecuador: Organizaciones de la sociedad civil invitan a candidatos a la presidencia a suscribir acuerdo por el derecho a la educación

16 de marzo de 2017

Ante la crisis económica y moral que el Ecuador enfrenta actualmente, el CSE señala, en comunicación pública, que el momento exige una gran voluntad colectiva sustentada en firmar un acuerdo concreto, plural y realista, con énfasis en la educación. (más…)


En Reunión Regional, Ministras/os de Educación de América Latina y el Caribe reafirman su compromiso con la gratuidad de la educación y la participación social

1 de febrero de 2017

Culminó el 25 de enero en Buenos Aires la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, que selló el compromiso de los Estados de la región de cumplir integralmente todas las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y el Marco de Acción para la Educación 2030, incluyendo la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación primaria y secundaria gratuita, inclusiva y de calidad hasta el 2030. (más…)


Más de siete años después de aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de Haití, la Ley de Tasas Escolares fue sancionada por el presidente del país Jocelerme Privert el 3 de enero de 2017 y publicada en el Diario Oficial <em>Le Moniteur.</em><!--more-->

La ley, que fue presentada al parlamento por el Senador Kelly Bastien, reglamenta los pagos de tasas escolares y de actividades extracurriculares, así como la periodicidad del aumento de cobros en las escuelas privadas del país. La nueva norma exige que el pago de tasas escolares se realice en moneda local y prohíbe el cobro de tasas de re-matrícula en las escuelas, limitando el valor del depósito de garantía exigido por los centros educativos privados a no más de 500 gourdes (7,57 dólares). El cobro de tasas escolares en los centros educativos haitianos se destina al pago por el acceso a agua potable, electricidad, materiales educativos, instalaciones higiénicas y deportivas, seguros e inodoros.

Además, por determinación de la nueva ley, las escuelas privadas comienzan a pagar impuestos sobre la venta de útiles escolares y uniformes en sus dependencias. En el caso de las actividades extracurriculares, la norma prohíbe a las y los maestras/os dar clases particulares a cualquier estudiante de su sala de aula sin el consentimiento previo de su madre o padre y del consejo pedagógico de la dirección del centro educativo.

La Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT), coalición de la sociedad civil miembro de la CLADE en Haití, celebró la publicación de la ley, considerándola una herramienta para proteger a las madres y padres del cobro excesivo de tasas escolares y reducir las barreras de acceso a la educación.

En posicionamiento público, la REPT exige que el Estado de Haití, especialmente los Ministerios de la Educación Nacional y de Formación Profesional y Colectividades Territoriales, adopten todas las medidas necesarias para aplicar la Ley de Tasas Escolares, señalando que algunos artículos de la ley requieren actualizaciones y ajustes para conservar su espíritu y evitar su no cumplimiento.

La REPT, en conjunto con organizaciones, sindicatos de maestros/as y el movimiento social progresista y popular haitiano, igual que gran parte de la ciudadanía y de aliados nacionales e internacionales, viene incidiendo desde el 2009 y manifestándose por la publicación y vigencia de la Ley sobre Tasas Escolares.

Para William Thélusmond, coordinador general de la REPT, otro factor que contribuye para la publicación de la ley después de tantos años, fue <a href=la visita al país del entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a la educación, Kishore Singh, en julio del 2016. Durante las reuniones, entrevistas y conversatorios con actores clave del sector público y organizaciones de la sociedad civil en los cuáles participó, el ex relator destacó la necesidad de control y regulación de los actores privados que actúan en el ámbito educativo. En esa ocasión, un informe sobre la visita de Singh fue publicado, difundido y enviado a distintas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y a organismos importantes del país. En reunión con el ex relator, el presidente de la Comisión de Educación del Senado haitiano se comprometió a pedir al presidente del parlamento que enviara nuevamente la ley sobre tasas escolares aprobada al Presidente de la República para que la sancionara. “Ya era tiempo de tener una ley que detuviera a los dueños y dueñas y directores/as de escuelas privadas en su autonomía de poder sacarle dinero a las familias. Esta nueva ley va en contra del ansia de lucro de la gran mayoría de ellos/as. Hay que seguir movilizándose ya que el sector privado está reaccionando de manera muy fea y va a hacer lo posible para tratar de obstaculizar la implementación de la ley. En conclusión, con esta ley tenemos una nueva herramienta de lucha, lo que es una victoria”, afirma Thélusmond.
Histórico
Desde el 2009, la REPT ha apoyado el proceso de votación de la ley en la Cámara de Diputados y en el Senado. Con este objetivo, ha planeado y realizado actividades de divulgación de la propuesta de ley, como por ejemplo, la elaboración de comunicados, conferencias de prensa, encuentros y diálogos con miembros de organizaciones del sector educativo y de otros sectores como campesinos /as, mujeres y jóvenes. Asimismo, la coalición ha participado en la organización y realización de conferencias sobre el contenido de la propuesta de ley en universidades públicas, particularmente en la escuela de formación de docentes, y ha tomado parte en manifestaciones públicas en las calles con estudiantes en las que ha levantado la bandera de la demanda por la publicación de la ley ya votada en el Parlamento. “La demanda para que la ley sobre tasas escolares fuera sancionada ha estado presente en todas las actividades de la REPT, como un hecho que muestra la mala fe, el desinterés, la hipocresía y el carácter partidario de los presidentes de Haití en favor de la escuela privada. Nunca hemos faltado u olvidado de hablar de esta ley, y eso nos ha parecido muy importante. Mientras tanto, el sector educativo privado impulsaba una contra ofensiva para modificar el contenido de la ley o impedir su publicación”, cuenta Thélusmond. Con informaciones de Radio Televisión Caraíbes">

Sancionada la ley de tasas escolares en Haití

17 de enero de 2017

Más de siete años después de aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de Haití, la Ley de Tasas Escolares fue sancionada por el presidente del país Jocelerme Privert el 3 de enero de 2017 y publicada en el Diario Oficial Le Moniteur. (más…)


<em>Entrevistamos a David Aruquipa, de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), quien comparte sus miradas sobre la educación popular, la calidad educativa y el buen vivir*</em><!--more-->

<em>Por Fabíola Munhoz, de CLADE</em>

En diálogo con el artículo David Aruquipa - En Bolivia hemos trabajado bastante este tema porque experimentamos un proceso intenso al respecto. Incluso antes de consolidarse el gobierno de Evo Morales, ya atribuíamos al paradigma del vivir bien un carácter filosófico que reconoce el diálogo constante entre el hombre y la naturaleza, pues todos tenemos vida y debemos aprender a vivir en armonía y a reconocer a las formas de vida distintas de la nuestra. En este contexto, la educación para el buen vivir es para mí esta forma de aprendizaje sobre cómo vivir y convivir con el otro, con el distinto. Es aprender a dialogar con la naturaleza. En ese sentido, en la construcción filosófica que se ha realizado para el buen vivir, se prevé el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los saberes ancestrales y de nuestra memoria histórica, caminando en el presente a partir del aprendizaje con el pasado, de manera a entender y a vivir un futuro posible. En ese sentido y en ese aprendizaje, el buen vivir nos plantea el relacionamiento armónico entre seres y comunidades distintos, lo que implica el uso de las palabras intraculturalidad e interculturalidad, las cuales refieren a conocernos entre nosotros, y a después dialogar con pueblos distintos, respetando sus propias características, para luego reconocernos y complementarnos. Ese pensamiento filosófico, cultural e identitario se traduce en una educación que pueda enseñarnos, y por la cual podamos aprender a vivir esa forma de relacionamiento y esos valores. Por eso es muy importante la ley Avelino Siñani e Elizando Pérez (actual Ley de Educación de Bolivia), que es nuestro marco de referencia y plantea que debemos contribuir con la convivencia armónica y equilibrada de los seres humanos con la madre tierra frente a aquellos que quieren hacerle daño, respetando y recuperando las distintas cosmovisiones de nuestras culturas. ¿Qué elementos consideras que debe tener una educación emancipadora? ¿Por qué? Aruquipa - Hablando desde Bolivia, donde tenemos 37 pueblos y naciones indígenas, además de las culturas urbanas, entiendo la educación emancipadora como una educación que no debe ser vista como un cuerpo homogéneo, estandarizado y pesado. Cada una de esas 37 culturas, y más las culturas urbanas, tienen sus formas diversas de entenderse y construirse, dialogar y vivir en sus comunidades. Creo que esa educación debe responder a dinámicas y construcciones identitarias diversas. Luchamos por una educación emancipadora teniendo en cuenta esa diversidad y la necesidad de exigir la descolonización y despatriarcalización de los espacios educativos. Pues, hay instituciones que aún refuerzan la idea de que entendamos la vida y la cultura de una manera única, pero creemos que hay que despojarse y descolonizarse de este pensamiento. Debemos nos preguntar cómo nos despojamos de todos estos instrumentos de opresión y homogeneización cultural que nos han hecho daño. En este escenario, realizar una educación emancipadora es tener en cuenta que nuestras relaciones sociales, productivas, identitarias y de sexualidad son diversas. La educación popular debe atender a sujetos con identidades culturales, subjetividades y perspectivas diversas, como las de mujeres, indígenas, comunidades rurales, jóvenes en situación de retraso escolar, etc. ¿En tu mirada, cómo debe desarrollarse una educación popular que abarque y respete toda esa diversidad, con énfasis en las poblaciones más marginadas y vulneradas? Aruquipa - Como se plantea en el artículo de Benito Fernández, a partir de la educación popular se puede dar voz a sujetos distintos, garantizando que todas y todos tengan sus propias experiencias de vida y el derecho a sus propios territorios, sean hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, ancianas/os, o comunidad LGBT, entre otros grupos marginados. Es también una responsabilidad de la educación popular enseñar y estimular la convivencia armónica e interdependiente entre los distintos sujetos, con miras a generar esa posibilidad de diálogo. El modelo educativo emancipador no es neutro y no está acabado, es un espacio dinámico y constante de lucha, debates, construcción, quehacer social y político. Estamos hablando de un modelo educativo que pueda articularse desde las distintas capacidades, las experiencias del diálogo y las denuncias de injusticias desde las poblaciones vulneradas. La educación popular y emancipadora debe posibilitar esas formas de libre cuestionamiento, impulsando un proceso que rompa la hegemonía social y cultural, así como el conocimiento hegemónico que nos ha sido impuesto y que ha impedido el desarrollo de distintos conocimientos, construcciones y procesos pedagógicos que podrían aportar a la democratización del conocimiento. Veo la educación emancipadora desde esas formas sociales de construcción colectiva de conocimiento y proyectos de vida que nos permitan vivir y convivir en el respeto y la diversidad. ¿Cuál es la importancia de la no discriminación, la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad de género, especialmente en lo que toca a la comunidad LGBT, para que se pueda realizar una educación emancipadora y garante de derechos para todas las personas? Aruquipa - Hay siempre el peligro de transponer una ideología hegemónica colonialista a otra mirada única y hegemónica que sea indígena. Tenemos que estar constantemente preocupados con esa posibilidad, especialmente porque algunas cosmovisiones indígenas presentan tensiones respecto al tema de la equidad de género y de la no discriminación contra la comunidad LGBT, debido a que sus miradas se construyen bajo la relación binaria de hombre y mujer, masculino y femenino. En este contexto, si en el nuevo pensamiento indígena no se incluye a la diversidad sexual y de género, volveremos a caer en sistemas de discriminación y exclusión al otro. Creo que al hablar de una educación emancipadora, estamos hablando de la posibilidad de liberación y descolonización, estamos hablando de la libertad de cada una/uno para vivir según sus propias formas de sexualidad. En ese tema, me gustaría subrayar la importancia del arte, pues nos han impuesto que nuestros cuerpos deben construirse y dialogar de una sola manera, y la descolonización del cuerpo desde el arte nos permite romper con esa mirada hegemónica, y más bien darle a nuestros cuerpos posibilidades de libertad y creatividad. Al hablar de la no discriminación, de la convivencia pacífica y la igualdad de género, específicamente en lo que toca a la comunidad LGBT, hay que tener cuidado con el riesgo de plantear pensamientos únicos que pueden convertirse en hegemónicos y que no permitan la creatividad y el diálogo entre personas y comunidades distintas. La sexualidad y la identidad de género son partes integrantes de las culturas, y por ende se tiene que dialogar también desde ese ámbito. A su vez, como plantea la UNESCO, es urgente abordar la violencia por homofobia y transfobia en la educación, pues los índices cotidianos de violencia escolar por orientación sexual e identidad de género son evidentes. En todo el mundo, cerca del 80% de la comunidad LGBT ha sufrido violencia en el sistema educativo y, en el caso de las personas trans, casi el 50% deja el sistema educativo por haber sufrido discriminación o violencia por su identidad de género. Esos datos son alarmantes. En Bolivia, recientemente se ha aprobado la Ley de Igualdad de Género, que busca responder a ese proceso histórico de exclusión de las personas transexuales y transgénero, las cuales son discriminadas y segregadas tanto en sus familias, como en el sistema educativo y en el sistema laboral. Casi el 95% de la población trans en nuestro país ejerce la prostitución o el trabajo sexual porque no tiene alternativa. Se puede decir que la prostitución es una forma de opresión y exclusión, y que la opresión del cuerpo se ha ido naturalizando especialmente hacia las mujeres trans, que en su mayoría no han logrado ni siquiera terminar la educación primaria. En este escenario, debemos seguir trabajando y aunando esfuerzos para disminuir estas brechas de acceso a derechos de la población LGBT, y también para superar y prevenir la violencia contra mujeres y personas con identidad de género y orientación sexual diversas, lo que nos impone el sistema patriarcal y machista presente en nuestras escuelas y sociedades. Hemos observado el crecimiento de políticas regresivas en nuestra región, como por ejemplo en Brasil, donde en más de diez estados, se han adoptado planes de educación que no hacen referencia a la cuestión de género. ¿Cuál es tu opinión sobre este escenario y qué desafíos este panorama representa para la sociedad civil organizada que defiende el derecho a la educación y la igualdad de género? Aruquipa - Creo que hay una tendencia mundial a retrocesos y a postergar los asuntos relacionados a los derechos humanos como resultado de la actual crisis del capitalismo. Obviamente hay países que están discutiendo y generando estrategias y políticas inclusivas y construidas en base a los derechos humanos, pero de otra parte, hay una fuerte presión por el crecimiento económico de los Estados, desde una mirada desarrollista y extractivista. Desde esa perspectiva, la inversión pública en los derechos humanos y en el enfrentamiento de la discriminación y la violencia de género es una inversión al vacío. En ese contexto, es muy relevante el activismo político por los derechos humanos que muchas de nuestras organizaciones sociales venimos impulsando. Debemos continuar dándole seguimiento a las políticas públicas, resistiendo a los planes y políticas que representen retrocesos en las conquistas históricas de la sociedad civil. La legislación de nuestros países no puede estar ajena al tema de la identidad de género, y la educación no puede estar ajena al tema de la madre tierra y a la pobreza. En ese sentido, debemos fortalecer el diálogo y la articulación entre distintos sectores sociales, con miras a darle seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, desde una mirada integral y que relacione el objetivo de educación de esta agenda con otros objetivos y temas. Apenas el trabajo conjunto entre colectivos de mujeres y feministas, grupos que defienden la diversidad sexual y de género, ambientalistas, entre otros, podrá hacer frente a esos retrocesos y amenazas a los derechos humanos. ¿De qué manera, en tu mirada, se deben diseñar mecanismos de evaluación educativa que promuevan y garanticen una educación para el buen vivir. ¿Por qué?  Aruquipa - En Bolivia, estamos realizando este ejercicio constante de pensar mecanismos adecuados de evaluación, lo que implica en ver la calidad educativa de acuerdo al modelo de educación y desarrollo que plantea un país. En ese sentido nuestra orientación ha enfocado un desarrollo y una educación para el vivir bien, por lo menos a nivel legal, discursivo y político, de acuerdo a nuestra Ley de Educación, la cual está fundamentada en la filosofía que plantea una educación comunitaria, social, para la productividad y para la vida. Debemos tener en cuenta esos elementos en el momento de diseñar y discutir mecanismos de evaluación educativa. Es un reto evaluar los valores subjetivos y cualitativos que se plantean en una educación para el buen vivir, pero los mismos deben estar presentes en el debate sobre la calidad. En una educación para el buen vivir, los aspectos de la vida, el desarrollo y la enseñanza están ligados a nuestras labores educativas cotidianas, que involucran a las familias y comunidades. Este contexto conlleva desafíos, ya que uno no sabe exactamente cuál es la frontera entre el sistema educativo y la sociedad. Así se complejizan los mecanismos de evaluación, pero creo que es un reto importante poder trabajar desde esa mirada en nuestro país. Es también importante destacar que la elaboración de mecanismos de evaluación que respondan a una educación para el buen vivir es un proceso de construcción constante, que implica un trabajo directo con la sociedad civil y con todas las experiencias que hemos ido acumulando en términos de propuestas de mecanismos e indicadores de evaluación de la calidad educativa, respecto a ese modelo socio comunitario y colectivo que se ha adoptado en ese país. *Entrevista publicada originalmente en la página "Debate Buena Educación" el 5 de agosto de 2016">

“Luchamos por una educación emancipadora desde y en la diversidad”

25 de octubre de 2016

Entrevistamos a David Aruquipa, de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), quien comparte sus miradas sobre la educación popular, la calidad educativa y el buen vivir* (más…)


El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país.<!--more-->

Actualmente, el artículo 212 de la Constitución brasileña determina que el gobierno federal debe aplicar en educación, anualmente, nunca menos del 18%, y los estados, el Distrito Federal y los municipios el 25% de los ingresos recaudados en impuestos. Este mecanismo de vinculación de recursos fue una conquista fundamental, que consta en las Constituciones del país desde 1934, y que fue suspendida únicamente durante los períodos dictatoriales.

La PEC 241/2016 que quiere instituir un nuevo régimen fiscal, también conocida como la “PEC del techo”, si se aprueba, reducirá fuertemente los recursos que se invierten actualmente en salud y educación, pues determina que el valor máximo para el gasto público en las distintas esferas de gobierno debe condicionarse al valor asignado el año anterior, corregido apenas por la inflación anual, tomando como base el año 2016. Esta regla se aplicará durante los próximos 20 años como mínimo, lo que suspende en la práctica la vinculación mínima de recursos que garantiza la Constitución.

La PEC, además, establece que, en caso de que el poder público extrapole el límite máximo de gastos públicos estipulado, estará prohibido de conceder aumento salarial o cualquier otro beneficio a sus servidoras/os públicas/os. Esta prohibición también abarca la creación de nuevos puestos, la apertura de concursos públicos e incluso la estructuración de carreras que impliquen en aumento de gastos.

Estas medidas que defiende el actual gobierno interino podrán afectar gravemente las mejorías y la ampliación del acceso que requiere el sistema educativo nacional, y el cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE). Por ejemplo, será imposible crear 3,4 millones de nuevas matrículas en la educación de la primera infancia, 700 mil plazas en la pre-escuela, 500 mil en la enseñanza fundamental, 1,6 millones en la enseñanza media, 14 millones en la alfabetización de personas jóvenes y adultas, 4 millones en la enseñanza técnica y profesional y 2 millones en el nivel superior. Asimismo, será imposible garantizar el pago del piso salarial del magisterio y promover la necesaria valoración de esta carrera profesional, así como implementar el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), que debería ponerse en marcha a partir del 24 de junio de 2016.

Según cálculos del profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) João Sicsú, el presupuesto para la educación en el año 2015 fue de 103,8 mil millones de reales (lo equivalente a 30,62 mil millones de dólares). De acuerdo a los límites para el gasto público que establece la PEC 241/2016, el mismo presupuesto hubiera sido de apenas R$31,5 mil millones (9,29 mil millones de dólares), lo que representaría un valor 70% menor. En concreto, si aprobada la nueva regla, habrá una interrupción de un proceso de crecimiento en el gasto educativo.

De 2008 hasta hoy, los recursos aplicados en educación aumentaron el 117% por encima de la inflación, y el año pasado superaron en un 28% el mínimo obligatorio estipulado por la Constitución. Ese crecimiento que venía ocurriendo tendría que sostenerse de modo a cumplir la meta del Plan Nacional de Educación que determina destinar el 10% del PIB para la educación hasta el 2024.

Además, los recursos que se retirarían de la salud y de la educación con esta PEC se gastarían en el pago de intereses y demás encargos de la deuda pública del gobierno brasileño, beneficiando a los bancos y creedores.

Por todas estas razones, rechazamos la actual propuesta del gobierno interino. Son medidas que fragilizan a la democracia, violando el principio de la no regresividad de los derechos humanos, y que aumentarán las actuales desigualdades económicas y sociales, afectando la calidad de vida y la dignidad de la mayoría de la población brasileña.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y las redes, organizaciones sociales y parlamentarias/os que firman este manifiesto apoyan los posicionamientos recientes ya manifestados por la <a href=Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en contra de la PEC 241 y demandan que el Congreso Nacional no apruebe esta propuesta. Además, convocan a toda la comunidad educativa y activistas por el derecho a la educación a que se opongan vehementemente a la PEC 241, con miras a garantizar las conquistas sociales alcanzadas. Firman este manifiesto en conjunto con la CLADE:
Organizaciones y redes sociales
  • Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER);
  • Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE);
  • Campaña Mundial por la Educación (CME);
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL);
  • Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO);
  • Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Argentina - CTERA (Sonia Alesso, Secretaria General);Miguel Duhalde, Secretario de Educación);
  • Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL);
  • Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Graciela Morgade, docente);
  • Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE);
  • Foro Mundial de Educación (Secretaria Ejecutiva del Consejo Internacional);
  • Frente Internacional de Comunicadores por la Libertad de Expresión de los Pueblos;
  • Global Initiative for Economic, Social, Cultural Rights;
  • International Council for Adult Education (ICAE);
  • Internacional de la Educación (IE);
  • Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP);
  • Portal Otras Voces;
  • Public Services International (PSI);
  • Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM);
  • Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Red Estrado);
  • Red Global/Local por la Calidad Educativa;
  • Right to Education Project (RTE).
Parlamentarias/os
  • Brenda Fraga Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en México;
  • Daniel Filmus, Parlamentario del Mercosur por Argentina, Ex Ministro de Educación y Senador Nacional e Investigador del Conicet y Profesor de la UBA;
  • Ivan Valente, Diputado federal de Brasil;
  • Jorge Aguilar Paredes, Diputado Centroamericano en el PARLACEN por el Estado de Honduras;
  • Sebastián Sabini, diputado uruguayo, electo por el Departamento de Canelones.
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Manifiesto contra las propuestas del gobierno interino de Brasil que recortan recursos públicos en salud y educación

24 de junio de 2016

El 16 de junio de 2016, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso Nacional una Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) que determina un límite máximo de gastos públicos en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un nuevo régimen fiscal frente a la actual crisis financiera del país. (más…)


Contextos de Encierro, Contextos de Derechos – Guía para periodistas, comunicadoras y comunicadores

30 de noviembre de 2015

La publicación, realizada en alianza con ALER y GESEC, quiere darle visibilidad al tema y ofrecer información relevante a fin de apoyar a las/os profesionales de comunicación en la cobertura de los derechos humanos, y del derecho humano a la educación en particular, en el interior de las cárceles


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