Educación sin Fronteras

“Luchamos por una educación emancipadora desde y en la diversidad»

25 de Octubre de 2016

Entrevistamos a David Aruquipa, de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), quien comparte sus miradas sobre la educación popular, la calidad educativa y el buen vivir*

Por Fabíola Munhoz, de CLADE

En diálogo con el artículo «Educación Popular, calidad educativa y buen vivir», de Benito Fernández, David Aruquipa, de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), nos comparte sus miradas sobre estos temas, con énfasis en el contexto de Bolivia, país que ha adoptado los conceptos de buen vivir, interculturalidad y relación armónica entre pueblos y naturaleza como un modelo de desarrollo.

¿Qué es para ti una educación para el buen vivir? ¿Por qué?

David Aruquipa – En Bolivia hemos trabajado bastante este tema porque experimentamos un proceso intenso al respecto. Incluso antes de consolidarse el gobierno de Evo Morales, ya atribuíamos al paradigma del vivir bien un carácter filosófico que reconoce el diálogo constante entre el hombre y la naturaleza, pues todos tenemos vida y debemos aprender a vivir en armonía y a reconocer a las formas de vida distintas de la nuestra. En este contexto, la educación para el buen vivir es para mí esta forma de aprendizaje sobre cómo vivir y convivir con el otro, con el distinto. Es aprender a dialogar con la naturaleza. En ese sentido, en la construcción filosófica que se ha realizado para el buen vivir, se prevé el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los saberes ancestrales y de nuestra memoria histórica, caminando en el presente a partir del aprendizaje con el pasado, de manera a entender y a vivir un futuro posible.

En ese sentido y en ese aprendizaje, el buen vivir nos plantea el relacionamiento armónico entre seres y comunidades distintos, lo que implica el uso de las palabras intraculturalidad e interculturalidad, las cuales refieren a conocernos entre nosotros, y a después dialogar con pueblos distintos, respetando sus propias características, para luego reconocernos y complementarnos. Ese pensamiento filosófico, cultural e identitario se traduce en una educación que pueda enseñarnos, y por la cual podamos aprender a vivir esa forma de relacionamiento y esos valores. Por eso es muy importante la ley Avelino Siñani e Elizando Pérez (actual Ley de Educación de Bolivia), que es nuestro marco de referencia y plantea que debemos contribuir con la convivencia armónica y equilibrada de los seres humanos con la madre tierra frente a aquellos que quieren hacerle daño, respetando y recuperando las distintas cosmovisiones de nuestras culturas.

¿Qué elementos consideras que debe tener una educación emancipadora? ¿Por qué?

Aruquipa – Hablando desde Bolivia, donde tenemos 37 pueblos y naciones indígenas, además de las culturas urbanas, entiendo la educación emancipadora como una educación que no debe ser vista como un cuerpo homogéneo, estandarizado y pesado. Cada una de esas 37 culturas, y más las culturas urbanas, tienen sus formas diversas de entenderse y construirse, dialogar y vivir en sus comunidades. Creo que esa educación debe responder a dinámicas y construcciones identitarias diversas. Luchamos por una educación emancipadora teniendo en cuenta esa diversidad y la necesidad de exigir la descolonización y despatriarcalización de los espacios educativos. Pues, hay instituciones que aún refuerzan la idea de que entendamos la vida y la cultura de una manera única, pero creemos que hay que despojarse y descolonizarse de este pensamiento. Debemos nos preguntar cómo nos despojamos de todos estos instrumentos de opresión y homogeneización cultural que nos han hecho daño. En este escenario, realizar una educación emancipadora es tener en cuenta que nuestras relaciones sociales, productivas, identitarias y de sexualidad son diversas.

La educación popular debe atender a sujetos con identidades culturales, subjetividades y perspectivas diversas, como las de mujeres, indígenas, comunidades rurales, jóvenes en situación de retraso escolar, etc. ¿En tu mirada, cómo debe desarrollarse una educación popular que abarque y respete toda esa diversidad, con énfasis en las poblaciones más marginadas y vulneradas?

Aruquipa – Como se plantea en el artículo de Benito Fernández, a partir de la educación popular se puede dar voz a sujetos distintos, garantizando que todas y todos tengan sus propias experiencias de vida y el derecho a sus propios territorios, sean hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, ancianas/os, o comunidad LGBT, entre otros grupos marginados. Es también una responsabilidad de la educación popular enseñar y estimular la convivencia armónica e interdependiente entre los distintos sujetos, con miras a generar esa posibilidad de diálogo. El modelo educativo emancipador no es neutro y no está acabado, es un espacio dinámico y constante de lucha, debates, construcción, quehacer social y político. Estamos hablando de un modelo educativo que pueda articularse desde las distintas capacidades, las experiencias del diálogo y las denuncias de injusticias desde las poblaciones vulneradas. La educación popular y emancipadora debe posibilitar esas formas de libre cuestionamiento, impulsando un proceso que rompa la hegemonía social y cultural, así como el conocimiento hegemónico que nos ha sido impuesto y que ha impedido el desarrollo de distintos conocimientos, construcciones y procesos pedagógicos que podrían aportar a la democratización del conocimiento. Veo la educación emancipadora desde esas formas sociales de construcción colectiva de conocimiento y proyectos de vida que nos permitan vivir y convivir en el respeto y la diversidad.

¿Cuál es la importancia de la no discriminación, la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad de género, especialmente en lo que toca a la comunidad LGBT, para que se pueda realizar una educación emancipadora y garante de derechos para todas las personas?

Aruquipa – Hay siempre el peligro de transponer una ideología hegemónica colonialista a otra mirada única y hegemónica que sea indígena. Tenemos que estar constantemente preocupados con esa posibilidad, especialmente porque algunas cosmovisiones indígenas presentan tensiones respecto al tema de la equidad de género y de la no discriminación contra la comunidad LGBT, debido a que sus miradas se construyen bajo la relación binaria de hombre y mujer, masculino y femenino. En este contexto, si en el nuevo pensamiento indígena no se incluye a la diversidad sexual y de género, volveremos a caer en sistemas de discriminación y exclusión al otro. Creo que al hablar de una educación emancipadora, estamos hablando de la posibilidad de liberación y descolonización, estamos hablando de la libertad de cada una/uno para vivir según sus propias formas de sexualidad. En ese tema, me gustaría subrayar la importancia del arte, pues nos han impuesto que nuestros cuerpos deben construirse y dialogar de una sola manera, y la descolonización del cuerpo desde el arte nos permite romper con esa mirada hegemónica, y más bien darle a nuestros cuerpos posibilidades de libertad y creatividad. Al hablar de la no discriminación, de la convivencia pacífica y la igualdad de género, específicamente en lo que toca a la comunidad LGBT, hay que tener cuidado con el riesgo de plantear pensamientos únicos que pueden convertirse en hegemónicos y que no permitan la creatividad y el diálogo entre personas y comunidades distintas. La sexualidad y la identidad de género son partes integrantes de las culturas, y por ende se tiene que dialogar también desde ese ámbito.

A su vez, como plantea la UNESCO, es urgente abordar la violencia por homofobia y transfobia en la educación, pues los índices cotidianos de violencia escolar por orientación sexual e identidad de género son evidentes. En todo el mundo, cerca del 80% de la comunidad LGBT ha sufrido violencia en el sistema educativo y, en el caso de las personas trans, casi el 50% deja el sistema educativo por haber sufrido discriminación o violencia por su identidad de género. Esos datos son alarmantes. En Bolivia, recientemente se ha aprobado la Ley de Igualdad de Género, que busca responder a ese proceso histórico de exclusión de las personas transexuales y transgénero, las cuales son discriminadas y segregadas tanto en sus familias, como en el sistema educativo y en el sistema laboral. Casi el 95% de la población trans en nuestro país ejerce la prostitución o el trabajo sexual porque no tiene alternativa. Se puede decir que la prostitución es una forma de opresión y exclusión, y que la opresión del cuerpo se ha ido naturalizando especialmente hacia las mujeres trans, que en su mayoría no han logrado ni siquiera terminar la educación primaria. En este escenario, debemos seguir trabajando y aunando esfuerzos para disminuir estas brechas de acceso a derechos de la población LGBT, y también para superar y prevenir la violencia contra mujeres y personas con identidad de género y orientación sexual diversas, lo que nos impone el sistema patriarcal y machista presente en nuestras escuelas y sociedades.

Hemos observado el crecimiento de políticas regresivas en nuestra región, como por ejemplo en Brasil, donde en más de diez estados, se han adoptado planes de educación que no hacen referencia a la cuestión de género. ¿Cuál es tu opinión sobre este escenario y qué desafíos este panorama representa para la sociedad civil organizada que defiende el derecho a la educación y la igualdad de género?

Aruquipa – Creo que hay una tendencia mundial a retrocesos y a postergar los asuntos relacionados a los derechos humanos como resultado de la actual crisis del capitalismo. Obviamente hay países que están discutiendo y generando estrategias y políticas inclusivas y construidas en base a los derechos humanos, pero de otra parte, hay una fuerte presión por el crecimiento económico de los Estados, desde una mirada desarrollista y extractivista. Desde esa perspectiva, la inversión pública en los derechos humanos y en el enfrentamiento de la discriminación y la violencia de género es una inversión al vacío. En ese contexto, es muy relevante el activismo político por los derechos humanos que muchas de nuestras organizaciones sociales venimos impulsando. Debemos continuar dándole seguimiento a las políticas públicas, resistiendo a los planes y políticas que representen retrocesos en las conquistas históricas de la sociedad civil. La legislación de nuestros países no puede estar ajena al tema de la identidad de género, y la educación no puede estar ajena al tema de la madre tierra y a la pobreza. En ese sentido, debemos fortalecer el diálogo y la articulación entre distintos sectores sociales, con miras a darle seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, desde una mirada integral y que relacione el objetivo de educación de esta agenda con otros objetivos y temas. Apenas el trabajo conjunto entre colectivos de mujeres y feministas, grupos que defienden la diversidad sexual y de género, ambientalistas, entre otros, podrá hacer frente a esos retrocesos y amenazas a los derechos humanos.

¿De qué manera, en tu mirada, se deben diseñar mecanismos de evaluación educativa que promuevan y garanticen una educación para el buen vivir. ¿Por qué? 

Aruquipa – En Bolivia, estamos realizando este ejercicio constante de pensar mecanismos adecuados de evaluación, lo que implica en ver la calidad educativa de acuerdo al modelo de educación y desarrollo que plantea un país. En ese sentido nuestra orientación ha enfocado un desarrollo y una educación para el vivir bien, por lo menos a nivel legal, discursivo y político, de acuerdo a nuestra Ley de Educación, la cual está fundamentada en la filosofía que plantea una educación comunitaria, social, para la productividad y para la vida. Debemos tener en cuenta esos elementos en el momento de diseñar y discutir mecanismos de evaluación educativa. Es un reto evaluar los valores subjetivos y cualitativos que se plantean en una educación para el buen vivir, pero los mismos deben estar presentes en el debate sobre la calidad. En una educación para el buen vivir, los aspectos de la vida, el desarrollo y la enseñanza están ligados a nuestras labores educativas cotidianas, que involucran a las familias y comunidades. Este contexto conlleva desafíos, ya que uno no sabe exactamente cuál es la frontera entre el sistema educativo y la sociedad. Así se complejizan los mecanismos de evaluación, pero creo que es un reto importante poder trabajar desde esa mirada en nuestro país.

Es también importante destacar que la elaboración de mecanismos de evaluación que respondan a una educación para el buen vivir es un proceso de construcción constante, que implica un trabajo directo con la sociedad civil y con todas las experiencias que hemos ido acumulando en términos de propuestas de mecanismos e indicadores de evaluación de la calidad educativa, respecto a ese modelo socio comunitario y colectivo que se ha adoptado en ese país.

*Entrevista publicada originalmente en la página «Debate Buena Educación» el 5 de agosto de 2016