Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Episodio 10: Interculturalidad y juventudes en el Podcast Educación ¿qué onda?
31 de agosto de 2023Este episodio del podcast educación ¿qué onda? se inscribe en la celebración del aniversario número 20 de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), quiere invitar a compartir las diversas luchas por el derecho humano a la educación, entre ellas la referida a la perspectiva de las interculturalidades y las juventudes, ambas en el marco de su conmemoración en la agenda internacional.
En la sección Notas en la Pizarra participan Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) quien participó en el evento de lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo: ¿Una herramienta en términos de quién? de UNESCO (conocido como GEM, por sus siglas en inglés). María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, conocida como Malú, educadora popular feminista que integra la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), expone la forma en que las jóvenes y mujeres son excluidas de la educación y viven vulneración en la brecha digital. También contamos con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE quien anima a celebrar colectivamente este aniversario 20 fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida.
Ecos y Voces, la sección de opinión está centrada en las palabras de Ikbalam Solares que integra el Grupo de Trabajo de Juventudes de CLADE y el equipo de jóvenes por la vida (JOVI) de Guatemala, estudia segundo año de educación básica, tiene 14 años y se identifica con sus orígenes mayas y xincas.
En la sección Tejido en Red contamos con los aportes de Aida Garcia Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras integrante de CLADE. La educadora, politóloga e investigadora social y política, y especialista en género que expresa en la entrevista claves indispensables para el derecho a la educación de personas migrantes.
Con locución de una colaboradora de la Coalición Nicaragüense por el Derecho a la Educación, y Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
Escucha el episodio completo:
Notas en la Pizarra: Informe GEM, Tecnologías en la CSW67 y Aniversario de CLADE
Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) asistió al lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo que UNESCO presenta anualmente, el sexto Informe y se titula Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés). Con este informe se han actualizado debates sobre el lugar de la tecnología en los ámbitos educativos, la soberanía de contenidos, la superación de la colonización de conocimientos y la ciberseguridad.
También se brindan detalles sobre el encuentro virtual: TICs y derecho humano de las mujeres a la educación convocado por la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), integrante de la CLADE, con el apoyo de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), a propósito del balance crítico de la sesión 67 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW). Escuchamos a María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, conocida como Malú, educadora popular feminista sobre la forma en que las jóvenes y mujeres excluidas de la educación también atraviesan la brecha digital.
En 2023 la CLADE celebra dos décadas de existencia fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Por ello Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE destaca un llamado para conmemorar las luchas por una educación como derecho promotor de los demás derechos, teniendo como horizonte la justicia social en América Latina y el Caribe.
Ecos y Voces: Juventudes e interculturalidades
En el marco del día internacional de la juventud que se celebra cada 12 de agosto sumamos voces a la celebración de conquistas que superan los desafíos todavía existentes para garantizar los derechos de las juventudes de la región con la entrevista a Ikbalam Solares, quien integra el Grupo de Trabajo de Juventudes de CLADE y el equipo de Jóvenes por la Vida (JOVI) de Guatemala, estudia segundo año de educación básica, tiene 14 años y se identifica con sus orígenes mayas y xincas.
Ikbalam Solares hace un llamado a aumentar la participación de jóvenes y profundizar los compromisos con el derecho humano a la educación con un financiamiento adecuado. Adicionalmente reflexiona sobre las oportunidades y riesgos que traen las tecnologías en la cotidianidad, en especial en los ámbitos educativos.
Tejido en Red: Red Sin Fronteras
Entrevista a Aida Garcia Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras, quien es educadora, politóloga, investigadora social y política, especialista en género, recaudadora de fondos multilaterales y bilaterales, y además es promotora cultural.
La red es una institución que trabaja para defender y promover los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y para articular la diáspora latinoamericana, integra como red regional la membresía de CLADE. La especialista subraya la importancia de comprender el derecho a migrar, el derecho a no migrar y a migrar con derechos son tres apuntes claves para sostener el enfoque de derechos humanos de personas en movilidad humana.
Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el Informe de Adolescentes y jóvenes: derecho a la educación, pandemia y brecha digital en América Latina y el Caribe. Este informe sistematiza una encuesta aplicada en doce países que contó con la participación de 219 adolescentes y jóvenes para conocer sus experiencias, vivencias y percepciones respecto a cómo vivieron el ejercicio del derecho a la educación en la pandemia y la postpandemia.
Lee más:
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
Episodio 2: Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 3: en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?
Créditos:
Producción y Entrevistas: María Cianci Bastidas
Locución: colaboradora de la Coalición Nicaragüense por el Derecho a la Educación, y Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Cortina 20 Aniversario CLADE: Colaboración de voces locución, Juan Carlos González y Sandra Luz Cruz. Música: 1.- Autor: Lawrence Beamen Título: Round and Round. Licencia: CC BY-SA // 2.- Autor: Spectacular Sound Productions Título: Breathing. Licencia: Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) // 3.- Autor: Broke For Free Título: Night Owl. Licencia: CC BY
Voces collage: 1.- Infantiles Producción audiovisual original de Carolina Osorio con aportes de OMEP. Adaptación: María Cianci Bastidas. 2.- Collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera, Israel Coelho, William Thelusmond, Mary Alves. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Sistematización: Estrategias de prevención a la violencia sexual y de género en escuelas rurales
28 de agosto de 2023Elaborado por la comunidad de aprendizaje del Proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales en Nicaragua, Haití y Honduras, este documento sistematiza la experiencia de las comunidades de aprendizaje nacionales en relación con el proceso de discusión sobre estrategias de prevención de las violencias basadas en género con y desde las comunidades educativas rurales.
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Barreras a la realización del derecho a la educación de las personas retornadas
29 de junio de 2023Los pasados días 7 al 9 de junio de 2023 tuvo lugar en Barranquilla, Colombia el Foro regional: “Educación más allá de las fronteras. Solidaridad regional para la garantía del derecho a la educación de personas en situación de movilidad”.
Fue organizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de UNESCO Santiago en conjunto con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe en la Universidad del Norte de Barranquilla. El espacio fue dirigido a autoridades ministeriales del nivel técnico más alto de los países América Latina y el Caribe, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así como expertas y expertos de organismos internacionales y del ámbito académico.
La actividad buscó fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas educativos nacionales a través del diálogo técnico y político, con un enfoque solidario ante los desafíos transfronterizos. El evento tuvo como objetivos presentar las estrategias regionales y nacionales para la garantía del derecho a la educación de personas en movilidad; identificar áreas de cooperación en torno a la evaluación de resultados de aprendizaje de estudiantes en movilidad; y proveer información significativa y evidencia para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación entre los países de la región para el abordaje y la garantía del derecho a la educación de las personas en situación de movilidad.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó en todo el evento y desarrolló sus ideas en la mesa “Garantía del derecho a la educación para personas retornadas”.
A pesar de que la mayoría de la países de la región de América Latina ya han integrado en sus normativas la garantía del derecho a la educación sin distinción de nacionalidad ni estatus migratorio, siguen existiendo barreras para distintos grupos como las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes que todavía enfrentan diferentes obstáculos (administrativos, económicos, legales, culturales y socio emocionales) que repercuten en sus posibilidades de permanencia en el sistema educativo, en sus aprendizajes y sus tránsitos hacia la educación superior en los países de acogida.
Cabe señalar que en el caso de educación y personas en situación de movilidad humana la propia dinámica implica barreras de ingreso y permanencia en los sistemas educativos. Las barreras o limitaciones, específicas para las personas retornadas, son la dificultad para el reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior y la revalidación de documentación; las limitaciones para acceder a certificaciones de experiencia laboral; las restricciones a la inclusión intercultural en el ámbito educativo y social donde también falta la valorización de la riqueza adquirida fuera del país por parte de las personas retornadas; y las dificultades para la inserción inmediata en el sistema educativo de las niñas, niños y adolescentes que vienen con las familias retornadas.
Una buena práctica compartida en este espacio fue el programa “Quiero ser maestro” de Ecuador. El Estado ecuatoriano ha venido desarrollando programas a nivel interinstitucional para la inserción de migrantes que regresan al país, con el objetivo de brindar un retorno digno y favorable para este grupo poblacional. Esta iniciativa es desarrollada por el Viceministerio de Movilidad Humana, quien también desarrolla acciones en materia de aduanas, educación, salud, trabajo decente, seguridad social y vivienda dirigido a personas retornadas.
El programa dependiente del Ministerio de Educación, es una iniciativa que busca contratar para trabajar en el sistema público de educación a profesionales que se encuentren en el exterior y deseen volver al país. Son invitados a formar parte del Magisterio Fiscal Ecuatoriano. El programa busca también eliminar la “exportación” de talento humano, y atraer la investigación y la reproducción de nuevos conocimientos generados localmente, así como recuperar las capacidades de los investigadores e investigadoras que han producido valor agregado en el exterior.
Desde 2007 se aplica una política estatal destinada a promover el retorno de migrantes ecuatorianos que hayan permanecido por lo menos dos años en el exterior. Esta es la séptima edición del programa. Realizan un concurso enfocado en los profesionales con un título de tercer o cuarto nivel que tenga relación con la educación de segundo a séptimo año de educación general básica, con una experiencia mínima de 4 años debidamente justificada. La nota mínima para aprobar de las personas que están en el proceso debe ser de 70/100, se tiene que rendir pruebas psicométricas o de razonamiento, saberes disciplinarios y pruebas de conocimientos específicos. A las personas retornadas, según la normativa vigente, se les aplica una acción afirmativa que les concede dos puntos extras en su candidatura. A junio de 2023 el concurso está en la fase final de esta edición y se prevé la incorporación total de los docentes para agosto del presente año. No existen evaluaciones u otra información sistematizada sobre la iniciativa.
Los desafíos surgidos en la discusión de la mesa en este tema son varios. Primero se señaló que para la realización de políticas públicas eficientes y que lleguen a la población objetivo es necesario identificar la población de personas migrantes y específicamente de personas retornadas. Es relevante identificar los principales problemas para generar estrategias y acciones específicas para resolverlos desde las políticas estatales. Asimismo, crear políticas locales y nacionales participativas y proactivas (no sólo reactivas) para garantizar los derechos de la población.
Las soluciones deben ser integrales para la totalidad de las personas en situación de movilidad. Para alcanzar este objetivo sería de mucha ayuda sistematizar las experiencias que existen para replicar sobre personas retornadas ya que existen pocas y no están documentadas.
Es deseable también fortalecer una respuesta educativa multilateral a nivel regional, planificar y garantizar el acceso inclusivo en todos los países de la región, garantizar entornos educativos libres de discriminación y abuso generando espacios de cohesión social interculturales; reconocer las diversidad de trayectorias educativas existentes.
Por último un gran desafío es construir y desarrollar una educación de calidad en todos y para todos basada en el desarrollo humano de cada persona. El desafío es adaptarse a sistemas dinámicos también en las formas de aprendizaje.
Ecuador: CLADE y Contrato Social por la Educación (CSE) se reúnen con ministra para debatir sobre el cumplimiento del derecho a la educación
12 de junio de 2023“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas” es una de las metas que establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, que tiene el objetivo de transformar y garantizar el derecho humano a la educación en el mundo.
Con la intención de generar un debate sobre la mirada y demandas de la sociedad civil en procura de un futuro más sostenible al que se aspira con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, el Contrato Social por la Educación (CSE) acompañado por la CLADE asistieron a una mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Educación de Ecuador, presidido por su ministra María Brown.
El encuentro se realizó el miércoles 30 de mayo en las instalaciones del despacho ministerial, también asistieron estudiantes y docentes del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador (INEPE), así como artistas y personas investigadoras del ámbito educativo integrantes del Contrato Social por la Educación (CSE).
Escenario internacional anima a profundizar compromisos por la educación
Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, intervino luego de la bienvenida y presentación de las y los asistentes, compartiendo el recorrido regional en la implementación de los objetivos, que si bien son horizontes deseables, implican profundizar los compromisos por parte de los Estados.
La región se encuentra en una encrucijada en relación a la educación
La región se encuentra en una encrucijada en relación a la educación ya que se “muestra una marcada desaceleración en logros educativos y en los próximos años se requieren acciones más potentes y orientadas hacia las metas del ODS4” afirmó luego de compartir algunos desafíos claves, entre los que considera la necesidad de ampliar la visión sobre la educación como derecho humano, la articulación de la política educativa con otras políticas sociales y económicas así como la mejora continua de la calidad de los aprendizajes.
En su intervención, la coordinadora de la CLADE hizo especial hincapié en la garantía estatal a través del financiamiento público suficiente optimizando el gasto y las medidas de justicia fiscal y tributaria que le soporten.
Plan de trabajo sobre educación en Ecuador
Por su parte, la ministra de educación, María Brown recordó que Ecuador integra el comité directivo regional del objetivo de desarrollo 4, que es un mecanismo que busca fortalecer, profundizar y hacer más efectiva la cooperación educativa.
La ministra indicó que “Ecuador se vuelve un referente a nivel global al realizar una consulta muy amplia en el año 2021 respecto a la transformación educativa a través de la encuesta los futuros de la educación, enmarcada en el proceso de construcción del documento de la UNESCO con apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil y varios organismos de cooperación internacional”.
La ministra resaltó que existe un plan de trabajo del Ministerio de Educación proyectado para 4 años basados en el ODS 4 y las prioridades que representan la situación nacional. También indicó que un esfuerzo por mayor transparencia sobre la información en la educación se cuenta con un portal abierto permitiendo el acceso a datos desde el 2012, como complemento a la agenda nacional de investigación educativa.
La participación juvenil en la política pública
El Contrato Social por la Educación, a través de la intervención de las profesoras Cecilia Angulo y Cecilia Viteri, compartieron la campaña ciudadana por una educación innovadora en Ecuador 2022-2023, enfocada en la promoción del objetivo 4. El proceso contó con tres fases en diferentes puntos del país, entre las que se establecieron la información a la población, la consulta a la opinión de jóvenes y la socialización de resultados del sondeo. Como parte de las producciones de esta campaña se cuenta con una serie radiofónica y piezas comunicativas para redes sociales que sensibilizan a la opinión pública sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible.
Se reiteró el llamado a la formación permanente y actualización crítica como proceso pedagógico.
Durante el sondeo con jóvenes, la docente destacó la sistematización de varios testimonios que abordaron aspectos claves a ser considerados en los ámbitos educativos, entre ellos la promoción de espacios educativos no violentos; la formación docente de calidad, resultados pertinentes y eficaces; el financiamiento para la educación y la valoración de las diversidades, entre otros.
Si bien se manifestaron algunas preocupaciones de parte de docentes asistentes sobre la práctica de aula sobre el contexto de violencia, convivencia, apropiación de contenidos pertinente y uso de tecnología entre otros, se reiteró el llamado a la formación permanente y actualización crítica como proceso pedagógico.
Finalmente, con la disposición a mantener un canal fluido de comunicación y consulta entre la sociedad civil y responsables de la política educativa se reconoce la relevancia de encontrar todos los caminos posibles para acelerar las acciones hacia los objetivos, especialmente ante un escenario global que muestra una priorización sobre la cuestión educativa.
Decolonización del financiamiento educativo con perspectiva de género y enfoque interseccional
25 de mayo de 2023El llamado a la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) del 2023, es en torno a la decolonización del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe.
Es importante hacer real y efectivo el compromiso por el derecho a la educación que garantice un sistema de financiamiento que tenga como eje fundamental la decolonialidad. En este sentido, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), hace énfasis de que en América Latina y el Caribe se pagaron alrededor de 95 mil millones de dólares en servicios de deuda en el año 2020, por lo que la deuda se convierte en una trampa colonizadora que contribuye a la desigualdad y a la violencia.
Otro eje importante para la decolonización del financiamiento educativo es la importancia de un sistema de tributo justo, que haga con que los 300 mil millones de dólares que la región pierde cada año en evasión de impuestos sean invertido en la garantía de los derechos humanos, como la educación.
De acuerdo con Alexander Ortiz Bernal, repensar y decolonizar la escuela implica formación, conciencia política y pensamiento crítico para “aprender a ser uno mismo en relación con y contra su propio ser, lo que implica tener ética humana en y con el mundo[1]”. Y continúa el autor, “cuando un proyecto educativo permita que tanto hombres como mujeres, individual y colectivamente, logren la posibilidad de expresión libre y espontánea, cuando se asuma la responsabilidad de pensar y reconocernos en el otro, y comprendamos la importancia de vivir en comunidad y en equilibrio con el medio, en ese momento participaremos del derribar de los muros del viejo paradigma”.
En este sentido, la decolonización en la educación no podría ser real y efectiva si no se decoloniza el financiamiento educativo con una perspectiva de género y con un enfoque interseccional. Para entender esto, ejemplificamos con el caso de los pueblos originarios de México, particularmente las mujeres se encuentran atravesadas por una desigualdad estructural, perpetuada a través de las disposiciones de política pública educativa, social, económica, sanitaria, cultural y presupuestal.
Si observamos las decisiones gubernamentales en los últimos 4 años, encontramos que el gobierno federal optó por eliminar las 35 casas de la mujer indígena o afromexicana “CAMI´s” que existían en el país, dejando en estado de mayor vulnerabilidad e incertidumbre a miles de mujeres víctimas de violencia o que requieren atención a su salud sexual o reproductiva en las comunidades indígenas.
Las “CAMI´s” eran un espacio donde mujeres indígenas y/o afromexicanas brindaban atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos en las vertientes de derechos de las mujeres, prevención de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos.
Si analizamos el presupuesto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 de $8.299.647.800.000 (equivalente a u$463.994.300.153), tenemos que el 11% ($945.011.000.000, que representan u$52.831.123.458) se destina a educación y de éste último sólo el 1.8% ($17.471.805.156, siendo u$976.766.509) se destina a educación en las comunidades indígenas.
Por lo que respecta al anexo 10, sobre erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, tiene una asignación presupuestal por $141.809.212.483 (u$7.927.886.567) que representa el 1.7% del total del presupuesto. Ante tal inequidad en la asignación presupuestal, tomando en cuenta sus condiciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad, cabe preguntarse ¿realmente las necesidades y el desarrollo de los pueblos indígenas son una prioridad del gobierno? Evidentemente no es así.
Descolonizar la educación y darle paso a la cosmovisión, lengua y saberes de los pueblos originarios necesariamente pasa por la asignación presupuestal pertinente, de lo contrario es solo demagogia.
La creación de material educativo con contenidos prioritarios y diseñados desde y por las comunidades indígenas y afromexicanas, implica contar con recursos para distribuir el material o incorporarlo en los libros de texto gratuitos del país.
Es sumamente importante elevar las discusiones del financiamiento de la educación en los tres ejes centrales: la cancelación a la deuda, el rol de la cooperación internacional y el tema de la justicia fiscal.
Los Estados neoliberales han otorgado prioridad a los pagos de la deuda, lo que ha impedido presupuestos adecuados nacionales destinados a la educación pública. Y, además, esos presupuestos, se encuentran limitados también por una mirada colonialista que excluye la diversidad de los pueblos indígenas y con una afectación especial sobre las niñas y las mujeres.
Para América Latina y el Caribe es urgente y prioritario decolonizar el financiamiento educativo con una perspectiva de género y un enfoque interseccional.
[1] Freire citado por Walsh, 2013 p. 39
Bibliografía
- Walsh, Catherine. (2013). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re) vivir. 1ª Ed. Quito, Ecuador. Ediciones Abya-Yala.
- #SAME 2023 llama la atención sobre la decolonización del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe
México: Movimiento Pedagógico dialoga con la Secretaría de Educación del país para defender el derecho humano a la educación en la Nueva Escuela Mexicana
18 de mayo de 2023“Trascender las coyunturas políticas y profundizar la defensa del derecho humano a la educación en México” es el lema del Movimiento Pedagógico Mexicano (MPM), formado por diversas organizaciones, redes, investigadoras, instituciones y estudiantes – entre ellas la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) – quienes se presentaron ante la Secretaria de Educación Pública, la maestra Leticia Ramírez Amaya, en una reunión celebrada el 27 de abril en ciudad de México.
Además de la CADEM, esta iniciativa cuenta con el respaldo de investigadoras/es, estudiantes, escuelas, madres y padres de familia de todo el país, a las que se han sumado redes nacionales como la Red EPJA Educación de personas Jóvenes y Adultas, la Red de investigadores e investigadoras Educativos en México (REDIEEM), la Red CART, el Centro de Investigación en Pensar Pedagógico e Innovación (CIPPIE), el Colectivo Tequio, el sector universitario con la Universidad Pedagógica Nacional Jalisco, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mc Laren y la Universidad Campesina e Indígena en Red.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el proyecto educativo integral de carácter humanista que procura la transformación del currículum de los programas de estudio, así como la enseñanza, pretende comprender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el proyecto educativo integral de carácter humanista que procura la transformación del currículum de los programas de estudio, así como la enseñanza, pretende comprender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece.
En este marco se concretó la reunión de presentación del Movimiento Pedagógico Mexicano ante la ministra para posicionarse como eje articulador y horizonte común para la defensa del Derecho Humano a la Educación en el país. El encuentro estuvo bajo la coordinación de Jesús Juárez Reyes, coordinador nacional de la CADEM y de Suhail Rodríguez de la Fundación Uemakú.
Exigencia integral del derecho humano a la educación
Jesús Juárez manifestó la importancia de poner en el centro de los esfuerzos de la Nueva Escuela Mexicana la garantía del derecho humano a la educación en todas sus dimensiones, a lo largo de toda la vida para todas las personas. “Es fundamental hacer partícipe a la sociedad mexicana para que el compromiso y participación integral de la población sea el piso firme que concretice los postulados de la Nueva Escuela Mexicana”, afirmó el maestro.
En el encuentro participaron diferentes organizaciones integrantes de la membresía de la CADEM, como la Red para la transformación educativa de Michoacán, el Centro de Desarrollo Educativo de Zacatelco de Tlaxcala, la Alianza para la Integración comunitaria Utopía AC del estado de México, el Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe de Morelos y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), quienes desde sus diferente luchas se suman y aportan al Movimiento Pedagógico Mexicano.
La inclusión y el sentido social de la educación se prioriza en la agenda
El documento político del Movimiento muestra su identidad incluyente de todas las voces, miradas y experiencias del país centradas en hacer comunidad, así como en recuperar los saberes sociales y culturales desde lo local. Por ello, el Movimiento Pedagógico Mexicano se suma a la Nueva Escuela Mexicana para impulsar desde un movimiento social para que se construya un vínculo pedagógico entre la comunidad educativa y el derecho humano a la educación. 
El derecho humano a la educación como derecho habilitante, además, favorece lo que propone la Nueva Escuela Mexicana como la revalorización de las maestras y los maestros, el diseño curricular desde los territorios, transformar la práctica educativa y aprender a aprender en libertad” se subrayó durante la presentación.
Según el documento se señalan que los objetivos del Movimiento dialogan cercanamente con la Nueva Escuela Mexicana, se sintetiza con la consolidación y articulación de las experiencias de transformación educativa; promoción de la autonomía de maestras y maestros; aprendizaje en y desde las prácticas de transformación educativa y pedagógica para incidir en la política pública educativa y en el desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana; con la inclusión de movilizaciones pedagógicas emergentes; fomentando espacios para manifestar y trabaja con los diversos colectivos; también impulsa de forma permanente al y a la docente como investigadores y sujetos que trabajan por una educación con sentido social en la construcción de propuestas que fortalecen políticas públicas que representen los intereses de grupos sociales que han sido excluidos o marginados.
Las voces juveniles y estudiantiles toman fuerza
Ante la Secretaria se presentaron experiencias educativas poniendo especial atención en ponderar la importancia de las labores de educomunicación a ejemplo de la educación popular y la comunicación popular, se presentó la iniciativa del Círculo de Cultura Paulo Freire para favorecer las “Conversaciones entre la experiencia docente y la Nueva Escuela Mexicana”, referida incluso la investigación educativa como estrategia formativa colectiva.
La estudiante del CDEZ, Ximena Rodríguez Guillén recalcó que en el Movimiento hay experiencias educativas de más de 20 años que son ejemplos de concreción de la Nueva Escuela Mexicana, al mismo tiempo aprovechó la atención de la Secretaria para recordar que es fundamental la voz y participación democrática de las y los estudiantes del país en todas las etapas de construcción de la Nueva Escuela Mexicana.
“Las y los estudiantes queremos ser tomados en cuenta para aportar desde nuestro entusiasmo, dinamismo, creatividad y reflexión propia en todos los espacios educativos del país”, afirmó la estudiante Ximena Rodríguez Guillén durante el encuentro.
Apertura al diálogo permanente entre Secretaría y el Movimiento
Durante el encuentro se compartieron los resultados del diálogo con maestras y maestros sobre la propuesta del plan de estudios de educación básica de la Nueva Escuela Mexicana, con los puntos favorables y las tensiones.
El Movimiento resaltó el acuerdo con los principios de la Nueva Escuela Mexicana para una educación justa, humanista, inclusiva y participativa. También se expuso la convocatoria entre el 3 y el 6 de agosto, en la ciudad de Morelia – Michoacán para el Encuentro Internacional de Saberes Pedagógicos como espacio para presentar públicamente la iniciativa y promover un Movimiento Social por la Educación.
A juicio de Jesús Juárez, “la maestra Leticia se mostró muy contenta con la propuesta del Movimiento, y reconoció su autonomía e instó a conservarla”, declaró en el comunicado oficial que mantendrá un diálogo permanente y creará una coordinación para colaborar con la Nueva Escuela Mexicana.
Respaldo internacional
Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación, saludó a la secretaria haciendo un reconocimiento del esfuerzo por garantizar el derecho humano a la educación a todas las poblaciones del territorio mexicano y consideró que la Nueva Escuela Mexicana es una agenda común por lo que reiteró su respaldo en la articulación con la CME.
Por su parte, la coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Nelsy Lizarazo, expresó el respaldo y gratificación por la iniciativa que impulsa la CADEM, además, propuso seguir coadyuvando estrategias similares desde la CLADE. El Movimiento es inspiración para la región, afirmó Nelsy Lizarazo.
