Justicia Fiscal y Derechos Humanos: Las 4 Rs y la realización de los Derechos Humanos
Autor: Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network)
Fecha: Julio de 2021
Título original en inglés: Tax Justice & Human Rights: The 4 Rs and the realisation of rights.
La continua negación de la justicia fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, afirma las profundas desigualdades interseccionales que marcan nuestras sociedades.
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Leyes de Financiación para la Educación: Promesas y Carencias para Garantizar el Derecho a la Educación para Todas y Todos
Autor: Luis Eduardo Pérez Murcia
Publicado originalmente por: Campaña Mundial por la Educación
Año: marzo de 2020
Título original en inglés: Education Financing Laws: Promises and Shortfalls for Securing the Right to Education for All
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Nota de Orientación Género: Equidad de género en y a través de la educación
Publicado por: Inter-Agency Network for Education in Emergencies
Año de publicación: 2019
La equidad de género es un componente esencial de la educación en situaciones de emergencia.
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Orientaciones para la elaboración de planes del sector educativo con una perspectiva de género
Publicado por: Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI), Alianza Mundial por la Educación (AME) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Año: 2018
Múltiples estudios indican que la igualdad de género y la educación de las niñas tienen un impacto positivo notable no solo en las mismas niñas, sino también en sus familias, sus comunidades y la sociedad en general.
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Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
Autor: Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal (IPDHPF)
Año: 2021
La política fiscal es un conjunto de técnicas utilizadas para la gestión del gasto y de los ingresos públicos, y comprende todas las técnicas a través de las cuales los Estados obtienen y asignan recursos.
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Educación en América Latina y el Caribe: Los mensajes clave de un informe sobre el cumplimiento de este derecho en la región y su relación con la privatización
17 de diciembre de 2021De acuerdo con el documento lanzado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), intitulado “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la Garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas”, la región de América Latina y el Caribe cuenta con complejos y sostenidos procesos de construcción y reproducción de desigualdades que se expresan en la educación como en otras dimensiones sociales.
El informe analiza los debates entorno a lo público y lo privado en el ámbito educativo, la inclusión y las desigualdades, el financiamiento educativo, la cuestión docente, la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales, y las disputas por los sentidos de la educación.
Con la convicción de la CLADE y de Fernanda Saforcada y Alan Baichman – autores de este escrito – de que el derecho a la educación y su garantía no están sólo en los números de las estadísticas o los reportes que se presentan, sino en la construcción política y en las disputas que cotidianamente, a niveles macro y micro, se desenvuelven, este informe desglosa su mecánica de acuerdo con los tópicos centrales, que se retoman a continuación.
La educación pública en la encrucijada: entre la garantía del derecho y los avances privatizadores
Según el estudio, desde fines del siglo pasado se han observado tendencias crecientes de privatización y de debilitamiento de la educación pública a nivel global. Estas tendencias se han extendido, profundizado y complejizado en este siglo no sólo por la expansión del sector privado, sino también por la acción de actores transnacionales de venta de servicios educativos y por la injerencia del sector empresarial en el ámbito de lo público.
Lo que se comprende por lo público y lo privado en materia educativa, así como las perspectivas en torno a cuál es el rol que el Estado debe asumir, es objeto de disputa. Las reformas neoliberales de los años 1990, en el contexto del Consenso de Washington, impulsaron nuevas formas de nominar que buscaban licuar el sentido histórico de la educación pública, al proponer que toda la educación es pública y desplazar la distinción entre público y privado a una clasificación de modos de gestión: gestión estatal o gestión particular. De este modo, la educación privada es reconocida como pública y, al mismo tiempo, la educación pública pierde su sentido histórico asociado a lo común.
Financiamiento de la educación latinoamericana: avances y retrocesos
El informe explica que, entre el 2000 y el 2014, la inversión en educación en el conjunto de la región aumentó considerablemente. Según la UNESCO y el Banco Mundial, en el 2000 América Latina y el Caribe invertía en educación el 3.86% del Producto Bruto Interno (PBI) regional, en tanto que para 2014 este valor ascendió a 5.26%. Algunos países de la región han logrado alcanzar el 6% del PBI y otros han podido acercarse. Brasil alcanzó el 6.24% en el 2015. Bolivia logró alcanzarlo desde el 2002, llegando al 7,29% en el 2014. Costa Rica lo logró desde el 2009, con 7,06% para este indicador en el 2016. Cuba superó el valor de referencia en primer lugar, presentando el 12,84% para 2010 (último año con datos disponibles) y Venezuela con 6,88% en el 2009.
Por otro lado, en términos de deuda, la mayor parte de los países no alcanza los estándares mínimos comprometidos, tanto en relación con el derecho a la educación como con el ODS 4 – Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Esta deuda es histórica y se vincula tanto con las características de nuestros Estados como con las relaciones internacionales y las exigencias de ajustes fiscales en el marco de las deudas externas de los países de la región. A pesar de que los primeros años de este siglo constituyeron un período de expansión del financiamiento público a la educación. Sin embargo, aún con tendencias de incremento de los recursos educativos en un contexto de crecimiento de las economías latinoamericanas, la mayor parte de los países no logró cumplir con las metas asumidas en esta materia (6% del PBI y 20% del total del gasto público destinados a educación).
Derecho a la educación y participación de la sociedad civil: un campo en tensión
Desde una concepción de participación positiva, los distintos sectores de la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar, opinar, criticar y debatir sobre las políticas educativas en sus distintas dimensiones y momentos, sean estos los procesos de toma de decisión, la construcción programática y planificación de la política, su implementación y desarrollo, y su evaluación. En América Latina y el Caribe, según el estudio, son habituales las protestas por parte de sindicatos docentes y de centros de estudiantes que abogan por más financiamiento para la educación, por mejores condiciones salariales para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, y mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en general. También se han llevado adelante acciones exigiendo una mayor oferta educativa estatal (sobre todo en nivel inicial y superior) debido a que las vacantes públicas no son suficientes. En los últimos años también se ha visto la incursión de interlocutores por parte de la Iglesia, otras instituciones religiosas y el sector empresarial-privado.
Las disputas por los sentidos de la educación
El ODS 4 se titula “Educación de calidad”. Se vuelve central entonces la discusión acerca de qué entendemos por calidad, quién y qué define una educación de calidad. Podría sostenerse que los aprendizajes son de “calidad” si son acordes al contexto vivido por quienes los aprenden, situados, significativos y relevantes. Se puede pensar que un sistema educativo es de calidad si está en diálogo con los problemas, los desafíos y las necesidades de una localidad determinada y su sociedad; si se orienta por un proyecto social, igualitario y colectivo. El informe presenta que la definición de qué es una educación de calidad hoy está determinada por las lógicas de las evaluaciones estandarizadas de resultados. La gravitación de la evaluación estandarizada como estrategia de regulación de la educación no atañe sólo a América Latina y el Caribe, sino que es global y resulta evidente cuando se observan las repercusiones y la eficacia, en términos de impacto político, de la iniciativa PISA, y otras medidas de evaluación aplicadas por la región.
Educación a lo largo de la vida: un panorama del acceso a la educación formal
También según el estudio, en la región, los niños y las niñas de entre 3 y 4 años tienen un promedio de que 6 de cada 10 participan en programas de educación preescolar; sin embargo, hay una alta heterogeneidad en la región: en algunos países la matriculación es casi universal; en otros se ubica en torno al 30%. UNESCO reporta que la tasa neta de matrícula de educación primaria en la región es del 93.1%. Muchos países superan el 95% en la tasa de matrícula, aunque también son numerosos los países que están por debajo de esa cifra, lo que significa una enorme cantidad de niños y niñas sin escuela, demostrando que la educación primaria es aún una deuda.
En términos de educación secundaria, la tasa neta de matrícula en la región era del 76.9% en 2017, evidenciando un crecimiento en más de 4 puntos desde el 2010 (se encontraba en el 72.8%). A pesar de un notorio avance en la región, los números son muy lejanos respecto de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 2017 la tasa bruta de matrícula en el nivel terciario para la región era del 50.6%. Datos demuestran que El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran con una tasa menor al 30%, mientras que Argentina y Chile logran superar un 85%. Existen grandes diferencias entre los países de la región y dentro de cada país se verifican muy desiguales posibilidades de acceso en base a las desigualdades socioeconómicas.
La región tiene una historia de vinculación de la educación popular, protagonizada por movimientos sociales y políticos, con la educación de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, se mantienen varios desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas. Por un lado, muchos programas todavía se concentran en el primer nivel de la alfabetización y se presta muy poca atención a los niveles siguientes. Por otro lado, hay escasa producción de datos e indicadores específicos sobre el tema que permitan elaborar mejores programas y políticas.
Educación, inclusión y desigualdades
Se identifican tres ejes en torno a la inclusión educativa en la región, según el estudio: un primer eje es que la educación inclusiva estuvo ligada únicamente a la escolaridad de personas con discapacidades; luego esta noción se amplía y se pasa a una concepción de inclusión educativa con foco en determinados grupos sociales reconocidos como aquellos excluidos; finalmente, en el contexto del pos-neoliberalismo, la inclusión educativa se articula y redefine en una perspectiva general de inclusión social, como una de las dimensiones de políticas orientadas a dar respuesta a las desigualdades.
En términos de educación y género, en América Latina y el Caribe se ve que por cada 93 niños que terminan el primer ciclo de enseñanza secundaria hay 100 niñas y que “el número de mujeres pobres que terminaron los dos ciclos de enseñanza secundaria es superior al de los varones” (UNESCO, 2018). Además, en la región, las brechas en las tasas de finalización de la educación secundaria en relación con los niveles de ingresos de las familias de las y los jóvenes son muy pronunciadas. El informe demuestra que dentro del 20% de la población con mayores ingresos, un 83% de los y las jóvenes logra culminar la secundaria, mientras que en los sectores con menos recursos solo un 35.4% culmina la secundaria.
En cuanto a la educación y migración, la UNESCO (2019) señala que “la migración y los desplazamientos requieren sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan. Los países deben reconocer en su legislación el derecho de los migrantes y refugiados a la educación y hacerlo cumplir en la práctica.”
Con respecto a los pueblos originarios UNESCO (2019) señala que “en muchos lugares, para los pueblos indígenas la educación ha implicado una asimilación forzosa a través de la escuela. Se suman a ello la pobreza y la migración a zonas urbanas, que involucran a menudo erosión cultural, pérdida de la lengua y discriminación. La pérdida de la lengua constituye un gran problema para las poblaciones indígenas urbanas. En las ciudades de México, el Ecuador y el Perú, las generaciones jóvenes tienen muchas menos probabilidades de hablar las lenguas indígenas que los jóvenes de las zonas rurales.”
Las y los docentes en América Latina y el Caribe: un panorama complejo
Las trabajadoras y los trabajadores de la educación juegan un rol esencial para pensar el derecho a la educación; en particular, si se lo piensa como derecho social. Esta consideración supone resaltar la dimensión colectiva de la tarea frente a fuertes tradiciones que tienden a individualizarla. En la región hay más de 7 millones de docentes trabajando a diario, representando el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores, trabajadoras, técnicas/os y profesionales (Banco Mundial, 2015).
A su vez, en la docencia existe una división sexual del trabajo, siendo las mujeres cerca del 75% de las y los profesoras/es de América Latina, pero el rango va desde un 62% en México hasta un 82% en Uruguay, Brasil y Chile (Banco Mundial, 2015). Los salarios docentes históricamente han sido bajos. En la región hay una brecha entre la remuneración del profesorado y de otros sectores profesionales, y a esto se suma el alto grado de trabajo no reconocido y no pago de las y los docentes.
Las condiciones básicas de trabajo –como lo son el salario y el tiempo de trabajo– aún constituyen un problema central a la hora de analizar el trabajo de las y los profesoras/es, y de pensar políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación.
Conclusión del estudio
En América Latina y el Caribe, la garantía de la educación como derecho humano fundamental y como derecho social de toda la población, en condiciones igualitarias y de calidad, es aún una deuda para grandes sectores sociales. Este informe – realizado por CLADE, con el apoyo de OXFAM, EDUCO y DVV International, presenta una mirada amplia y multidimensional del estado de situación del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, y de los avances en el cumplimiento del ODS 4.
Para leer a manera más detallada cómo este informe brinda una compleja y desafiante mirada al acceso a la educación, puedes acceder al contenido completo aquí: El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4
Mil Millones de Voces por la Educación: 4 kits para entender los impactos negativos de la privatización educativa
En el marco de la campaña “Mil Millones de Voces por la Educación”, que demanda más y mejores recursos financieros para garantizar la educación pública, gratuita e inclusiva, hemos venido destacando los riesgos del avance de la privatización educativa en América Latina y el Caribe, y cómo eso impacta de manera negativa la realización de la educación como un derecho humano, en condiciones de igualdad y gratuidad para todas las personas.
En ese sentido, elaboramos 4 kits con materiales educomunicativos, entrevistas, artículos, videos, paneles virtuales y estudios, que abordan y presentan de manera clara y accesible qué está en juego para la educación cuando hablamos de temas, como: el avance de la privatización y comercialización de servicios públicos en el contexto de pandemia COVID-19; la influencia de organizaciones multilaterales financieras como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las políticas educativas de América Latina, a través de sus préstamos; las relaciones entre los sistemas tributarios, la justicia fiscal y el financiamiento educativo; y cómo las legislaciones en los diferentes países favorecen, o no, el lucro privado en y desde la educación.
A continuación, retomamos los diferentes paquetes de materiales y piezas educomunicativas que lanzamos durante el año sobre estos temas, buscando así contribuir con el debate y la ampliación del acceso a la información y al conocimiento, sobre la necesidad de controlar la actuación de la iniciativa privada en la educación, desde los Estados y la ciudadanía, y también de fortalecer los sistemas educativos públicos y gratuitos como una responsabilidad de los gobiernos y un derecho y espacio de aprendizaje seguro y democrático para todas y todos.
Financiamiento educativo y justicia fiscal
¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribe? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública, gratuita y de calidad? ¿Qué son los flujos financieros ilícitos y cómo impactan la educación?
Aquí compartimos tarjetas informativas, folleto, animación, diálogo virtual, entrevista y artículo para crear un acercamiento a la temática. ¡Buena lectura!
Lineamientos de bancos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe
Es imposible entender la política educativa a nivel nacional, regional o global, hablar de neoliberalismo o grandes movimientos de privatización y apertura hacia la participación privada en la educación, sin considerar el papel de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero, ¿qué están financiando estos Bancos? ¿Cuáles son sus agendas y directrices en América Latina y Caribe?
En este kit, a través de tarjetas informativas, animaciones, folletos, video, documentos y una entrevista, damos a conocer la actuación del BM y del BID en nuestra región, con base en un panorama de los proyectos educativos que actualmente financian estos bancos y las directrices que orientan estos proyectos.
¿En qué medida los marcos legales de los países de nuestra región hoy permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación?
Para responder a esta pregunta, la CLADE realizó un mapeo regional, y con base en sus informaciones elaboramos y divulgamos en este boletín distintas notas y materiales, así como tarjetas explicativas y otros estudios, que ayudan a comprender el contenido de dicho mapeo, el cual se enfatizó en analizar los sistemas educativos de nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.
COVID-19 y privatización
Con la pandemia y las medidas de aislamiento social, las dinámicas cambiaron, impactando la sociedad como un todo y a la educación en particular. Uno de los impactos que se observan en el campo educativo fue la intensificación de los procesos de privatización y comercialización.
Este boletín profundiza el debate sobre estas temáticas a través de análisis, entrevista, materiales educomunicativos y publicación, para que podamos fortalecer nuestras acciones como red y en alianza con organizaciones y actores que defienden el derecho humano a la educación para todas y todos.
Para saber más:
¿Por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho humano a la educación?
Te invitamos a ver a continuación una animación y un folleto, que con base en los hallazgos de un estudio internacional elaborado por el Consorcio Internacional sobre Privatización y Derechos Humanos, en el cual la CLADE forma parte, presentan de manera sintética cinco lecciones de siete países de bajos y mediados ingresos, sobre por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho a la educación, con calidad e igualdad para todas y todos.
Animación
Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4
“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc. “Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó. Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación. “En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó. También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.Monitoreo del financiamiento educativo
El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”. Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos. “La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.Participación de la sociedad civil
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4. “En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”. ">América Latina y el Caribe refuerzan su presencia en la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030
Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación es las nueva integrante del grupo coordinador de la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), instancia que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y a la Agenda de Educación 2030. Junto con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), que ya participaban del grupo coordinador de CCNGO representando a América Latina y el Caribe, las integrantes reforzarán en este espacio las demandas y perspectivas de la región en los debates alrededor de los avances y retos respecto a los objetivos y metas del ODS 4.
Luego del anuncio de estas nuevas participaciones de la región en el grupo, se realizó este martes (14 de diciembre) la 10ª Reunión Mundial de la CCNGO, que discutió el papel de las organizaciones sociales en la garantía del derecho humano a la educación. Organizado por UNESCO, el evento contó con la participación de cuatro representantes de organizaciones y redes de América Latina y el Caribe: Nelsy Lizarazo; Vernor Muñoz, director de Políticas, Incidencia y Campañas de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación; Mercedes Mayol Lassalle; y Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.
Grabación del evento:
Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4
“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc.
“Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó.
Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación.
“En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó.
También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.
Monitoreo del financiamiento educativo
El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”.
Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos.
“La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.
Participación de la sociedad civil
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4.
“En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”.
Monitoreo del Financiamiento Educativo en América Latina y el Caribe: videos para conocer algunos puntos clave
Para apoyar el monitoreo y la actuación de la sociedad civil por la garantía de un financiamiento justo y adecuado para la educación pública y gratuita, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha mantenido actualizados los datos del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe.
La plataforma, lanzada en 2017 con apoyo de Oxfam Novib, Oxfam IBIS, Ayuda en Acción y Alianza Mundial por la Educación – GPE), presenta datos comparativos y análisis sobre el financiamiento educativo público en 20 países de Latinoamérica y el Caribe, para un período de más de veinte años, entre 1998 y 2019. La información recopilada puede ser consultada de manera individual para cada país, o de modo comparado a nivel regional. Además, se organiza en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y equidad en el acceso escolar.
En base a los datos encontrados en las fuentes oficiales que se adoptan para este monitoreo – Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS/UNESCO), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), además de algunas fuentes nacionales – en el 2020, los miembros de la CLADE en diferentes países elaboraron este análisis regional sobre la situación del financiamiento educativo en sus contextos y también a nivel de América Latina y el Caribe en su conjunto.
Con miras a presentar estos datos de manera accesible y sencilla a personas que no sean expertas, sino interesadas en la temática, por entender su importancia para el derecho a la educación, ofrecemos a continuación algunos videos-animación, en los cuales se pueden conocer datos clave del panorama regional respecto al financiamiento educativo, con base en las informaciones encontradas en la última actualización del sistema, realizada en el 2020.
Recomendaciones para América Latina y el Caribe a partir del análisis regional
Los contextos nacionales
Argentina
Según el estudio “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años?” (2020), elaborado por la Fundación Ses y Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo de UNICEF, la CADE Argentina y el GFE, la volatilidad económica argentina hace que la referencia del porcentaje del PIB que debe invertirse en educación no resulte una garantía para la asignación presupuestaria requerida.
Es por ello que se requieren nuevos instrumentos normativos en el país en base a un Acuerdo Educativo que tenga como centro al sujeto – estudiante y la justicia educativa como orientadora de la inversión requerida.
Brasil
En 2020, se incluyó el nuevo Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de Profesionales de la Educación) en la Constitución Federal de Brasil. La Campanha Nacional peloDireito à Educação colaboró para mejorar esta propuesta de enmienda a la Constitución Federal cuyo texto aprobado contempló los puntos propuestos y defendidos por la Campaña, como el Costo Alumno-Calidad (CAQ) y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb).
En un momento de profundos recortes de presupuestos en áreas sociales, con la implementación de políticas de austeridad, el nuevo Fundeb representa una esperanza para la educación pública, ya que a partir de 2021 el porcentaje de contribución federal para el Fondo sube de 10 para 12%, y seguirá aumentando hasta alcanzar el 23% en 2026.
Chile
Hasta el día de hoy no se terminó con el copago en la educación en Chile. Así, se hace competir a los establecimientos públicos entre ellos y con los privados por obtener matrículas, los que comienzan a administrarse bajo la lógica empresarial. Servicios de alimentación y limpieza, los materiales educativos y las capacitaciones docentes, pasan a ser ofrecidos por empresas privadas.
El arancel que se paga a los establecimientos educativos en la enseñanza obligatoria fue establecido de forma arbitraria y es insuficiente. En Chile no existen estudios sobre los costos actuales del funcionamiento de las instituciones educativas ni de los de una educación ajustada a derecho.
Colombia
El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de Colombia de 2014 encontró que solo el 2.1% de las personas que residen en zonas rurales tienen formación universitaria y de postgrado. La educación media, por su parte, presentó los niveles más bajos de cobertura y diferencias evidentes entre zonas, por ejemplo, en zonas urbanas alcanza el 48%, en la zona rural el 35%, en las zonas rurales dispersas el 26% y en las zonas de posconflicto el 30%.
Los datos demuestran una alta cobertura, tanto bruta como neta, en primaria, pero un esfuerzo insuficiente en preescolar, secundaria y media. Se hace necesario subrayar también que el conflicto interno colombiano ha tenido un impacto decisivo en todos los aspectos del desarrollo económico y social del país, incluida la educación. Las oportunidades educativas en zonas de conflicto y para las personas desplazadas son limitadas, y en algunas partes, nulas.
Costa Rica
Costa Rica se mantiene en una posición de rezago relativo cuando se compara con naciones de similar desarrollo económico y social en indicadores clave, como la tasa neta de cobertura educativa del ciclo diversificado, todavía por debajo del 40%. Los desafíos establecen un ciclo, pues sólo podrán acceder a dicha educación quienes hayan recibido una mejor educación en secundaria o quienes puedan pagar una educación privada.
Ecuador
El Salvador
En el país, la demanda clave de la sociedad civil es alcanzar una inversión del 6% del PIB nacional para la educación, obteniendo así un financiamiento adecuado para la mejora educativa y la superación de los desafíos pendientes del sistema de educación nacional.
Guatemala
Se demandan en Guatemala cambios en la legislación y la Constitución para que el presupuesto sea fijado según una nueva organización del Estado. En este contexto, el Colectivo de Educación para Todas y Todos logró, tras una intensa campaña pública y de incidencia, que el gobierno mantuviera el mismo presupuesto para la educación este año, a pesar de las presiones para su disminución en un contexto de pandemia.
Haití
Para el país, es un gran desafío la producción, el reporte y difusión transparente de datos sobre la asignación de recursos y el gasto público para la educación nacional.
Honduras
La situación de la inversión educativa en Honduras es congruente con la tracción de la oferta educativa pública y gratuita y con el sacrificio de las familias para brindar educación a sus hijas/os a través de la educación privada.
México
Según la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), urge una política educativa en el país con el financiamiento necesario para trabajar contra la deserción escolar, garantizar los medios digitales y de conectividad, y para que haya un modo diferente de asignación directa de recursos a las escuelas, junto con la mejora de la infraestructura escolar. Se deben mejorar también las condiciones laborales de las personas que sostienen a la población en los procesos educativos.
Nicaragua
Para el año 2021 se estima que ha habido una inversión por estudiante en Nicaragua de US$83 en la educación preescolar; US$284 en la educación primaria; y US$198 en la educación secundaria. En la educación primaria, la matrícula se sitúa cerca del 95%, aunque el porcentaje de permanencia es un 89%, es decir, que el 6% de niñas, niños y adolescentes (NNA) abandonan las clases.
En secundaria, el porcentaje de matriculación es del 70%, con una tasa de repitencia del 13.4%. El acceso a la educación de calidad en las zonas rurales de Nicaragua es más escaso: el 26.4% de las y los NNA entre 7 y 17 años enfrentan dificultades graves para asistir a la escuela, sobre todo en la educación secundaria.
Panamá
La Coalición Panameña por el Derecho a la Educación demanda que se establezca un instituto de estadísticas y censo del Ministerio de Educación de Panamá, para que así se presenten de manera transparente datos sobre la deserción escolar y la inversión en educación, entre otros aspectos del derecho a la educación y de las políticas educativas.
Actualmente, los recursos públicos que se destinan a los centros educativos se transfieren de acuerdo a la cantidad global de estudiantes que tiene cada centro, lo que ha sido insuficiente e inadecuado.
Del 2016 al 2019, la brecha respecto al presupuesto asignado a la educación y su ejecución en Paraguay varía entre un 12% y 10%. Por otra parte, la Ley N° 4995/13 de Educación Superior establece que los recursos destinados a la educación superior, de carácter público, no podrán ser inferiores al 7% del gasto total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. Pero, la estimación del gasto total en la educación superior en 2019 fue del 4.1% del gasto total de la Administración Central.
Perú
En Perú, actualmente, se buscan y se discuten estrategias más equitativas para distribuir de manera más justa e igualitaria los recursos públicos entre instituciones educativas, atendiendo especialmente a estudiantes en zonas rurales andinas y amazónicas.
Estudios demuestran que el incremento en cobertura en la educación básica, mayor inversión por estudiante y mejores logros de aprendizaje en general, se producen paralelamente a una mayor profundización de las desigualdades en educación en el país. También se llama la atención por el hecho de que el Ministerio de Educación peruano ejecuta, en promedio, apenas el 85% de su presupuesto anual.
República Dominicana
Existe cierto grado de estancamiento de la inversión pública en educación en el país, con una rigidez presupuestaria que no pasa del 4% del PIB desde 2013, cumpliendo solo con el mínimo legal de la Ley de Educación.
Venezuela
Según el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, falta en Venezuela un marco conceptual del financiamiento educativo que determine cómo la educación se insertará en el contexto social y económico global, y, en especial, cuál será la estructura del gasto según los tipos de enseñanza que se desee privilegiar, así como los recursos que se le asignarán dados la estructura institucional, el sistema fiscal y los agentes sociales comprometidos.
El tema salarial también es una arista en la inversión educativa nacional.
