La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados. <span style=Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos). Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”. Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho. El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”. Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados. En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional. Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”. Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13 Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces: http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/">
Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a los Estados a ampliar las oportunidades educativas para todas las personas, sin discriminación, y a invertir lo máximo de recursos disponibles en la educación pública

Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos

20 de julio de 2018

La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).

Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.

Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.

El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.

Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.

En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.

Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13

Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:

http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance

http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/

Declaración Final del Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación

4 de julio de 2018

El encuentro “Igualdad de Género, Violencia y Educación en Centroamérica: Estrategias de Transformación”, fue promovido por la CLADE, con el apoyo de UNICEF, en El Salvador. Esta Declaración Final es fruto de los debates, reflexiones y recomendaciones que se hicieron durante el encuentro.

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La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).<!--more--> La CLADE, con otras 32 organizaciones, entre ellas REPEM y la Mesa de Articulación ETIS, integró la Comisión Transitoria de sociedad civil que durante el año pasado trabajó en el diseño de un borrador de los objetivos, principios y estructura del mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible mencionado. En el encuentro, se consensuó el mecanismo, que deberá facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de la sociedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Esta vinculación y participación se dará también en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte y evaluación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región y las plataformas relacionadas a la misma. Asimismo, el mecanismo tendrá la misión de generar un espacio de rendición de cuentas entre gobiernos y sociedad civil sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. El mecanismo estará integrado por organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que se postulen para participar y trabajen por la justicia social, económica y ambiental, y en cualquiera de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A la vez, su estructura de gobernanza será formada por 4 sub-regiónes (Centro América, México y Caribe Hispano-hablante; Caribe Anglófono y Francófono; Zona Andina; y Conosur); 13 grupos de personas/colectivos (Niñas, niños, Adolescentes y Jóvenes; Mujeres; Personas adultas mayores; Personas afro-descendientes; Personas agropecuarias de pequeña escala, rurales y costeras; Personas con discapacidad; Personas con VIH y personas afectadas por el VIH; Personas defensoras de derechos humanos y territorios; Personas LGBTI; Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos; Pueblos indígenas; Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG; Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales); y 3 grupos temáticos (Economías sociales y solidarias; Educación, academia, ciencia y tecnología; Justicia ecológica y ambiental). Las organizaciones, redes y colectivos pueden inscribirse para participar en uno o más grupos y, como próximo paso, se convocará a la sociedad civil a integrar una nueva Comisión de Trabajo transitoria, que durante 6 meses se hará cargo de definir los términos de referencia de cada grupo y el proceso para elegir a sus representantes en la mesa de vinculación del mecanismo, la cual será encargada de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del foro, para asegurar el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones intergubernamentales relacionadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región. También deberá mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre los acuerdos adquiridos. La CLADE ya manifestó su interés en participar en esta comisión y contribuirá con la consolidación del grupo temático de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología [para saber más, <a href=acceda aquí al término de referencia sobre el mecanismo]. “Ha sido un proceso muy interesante y exitoso, que se vino construyendo desde el Foro del año pasado en México. Ahora tenemos consensuada nuestra primera experiencia para dialogar sobre la Agenda 2030 con los países a nivel regional. Se trata de un proceso aún en construcción, pero definitivamente, haber logrado un espacio para educación en el mecanismo regional de seguimiento a los ODS es una conquista”, afirmó la coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE. Previamente al Foro de CEPAL, se realizó una reunión de la sociedad civil para discutir la construcción del mecanismo formal de participación mencionado y también redactar una declaración de sociedad civil que fue leída en la plenaria del Foro de los Países. El documento “Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar” denuncia el hecho de que la sociedad civil no haya sido invitada a participar en la Declaración Intergubernamental presentada al final del Foro de Países y critica su contenido, así como las restricciones democráticas en la región y las múltiples formas de violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Exige además que los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales e integren a la sociedad civil en la toma de decisiones. Respecto a la educación, la declaración denuncia la reducción en el último año de los presupuestos para este derecho, así como para salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo. “Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género”, afirma el documento.">

Se creó el mecanismo de participación de la sociedad civil en el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

2 de mayo de 2018

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). (más…)

Seminario virtual con estudiantes de la región: “¿Hacia dónde caminan las reformas educativas en América Latina y el Caribe?”

13 de abril de 2018

La CLADE realizó el 11 de abril de 2018, con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, el seminario virtual con estudiantes de la región intitulado “¿Hacia dónde caminan las reformas educativas en América Latina y el Caribe?”. El objetivo de esta iniciativa fue dialogar con las y los estudiantes de la región sobre los rumbos y sentidos de las reformas educativas actualmente en curso en diferentes países del continente.

Participaron: Ariana Rodriguez, estudiante de Docencia de Argentina; Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; Carlos Noveroy, participante del movimiento estudiantil de Chile; Teise Garcia, profesora de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto, en Brasil; y Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación.

En este diálogo, se subrayaron, entre otros retos: la direccionalidad política de las reformas educativas, que deja de tener una concepción holística e integral de la educación para concentrarse en aspectos que responden a las necesidades del mercado; la mala situación del sector docente (precariedad en todos los ámbitos, no solamente en las condiciones de trabajo, sino también en el rol que juegan); la centralidad de la financiación y la problemática de los recortes del gasto público en educación y otros sectores públicos en general; y la existencia de políticas regresivas y restrictivas, que no tocan los intereses de quienes deberían contribuir con mayor decisión al financiamiento del Estado.

Asimismo, las/os estudiantes presentes subrayaron entre sus principales demandas: el fin al lucro en la educación, la democratización de la escuela y de la universidad, el derecho a la movilización y participación directa de estudiantes, la estatización de la educación y el financiamiento público directo para este derecho, una mejor educación técnica-profesional y una educación feminista y no-sexista. A la vez, se compartieron críticas a los métodos de ingreso a la universidad y las pruebas PISA, programa internacional de evaluación de estudiantes, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Descargue aquí a la sistematización de los debates del encuentro.

Nélida Céspedes

Comité Directivo de la Educación 2030 se reunió en París

7 de marzo de 2018

Se realizó del 28 de febrero al 2 de marzo en París, Francia, una reunión del Comité Directivo de la Educación 2030, que hace el seguimiento de la Agenda de Educación 2030 a nivel mundial (más…)

Foto: UNESCO/Carolina Jerez

Se realizó cita de seguimiento a la Reunión Regional de Ministras/os de Educación

3 de marzo de 2018

Reunión, que contó con la presencia de Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, tuvo lugar en Santiago de Chile los días 15 y 16 de febrero

Con informaciones de UNESCO

Como segundo seguimiento técnico de la Reunión Ministerial de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21”, uno de los objetivos de esta edición fue revisar los avances de los compromisos asumidos en la reunión de Buenos Aires y preparar la próxima Reunión Regional Ministerial de Educación, que se celebrará en julio de 2018 en Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia.

Otro de los objetivos de esta cita fue preparar la participación regional en el Comité Directivo Mundial del ODS4-Educación 2030, que tuvo lugar del 28 de febrero al 2 de marzo en París. Para ello, fueron analizados con mayor profundidad el funcionamiento y los métodos de trabajo del Comité Directivo Regional para América Latina y el Caribe, con el fin de garantizar la coherencia, coordinación y el trabajo colectivo desde esta región del mundo. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participa en este grupo de seguimiento a la realización de la Agenda de Educación 2030 en la región, y su coordinadora general, Camilla Croso, en la calidad de presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), también participó en la reunión del Comité Directivo Mundial de la Educación 2030 en París.

Asimismo, en la reunión de Santiago se iniciaron las actividades de la Hoja de Ruta de Implementación del ODS 4 – E2030 para América Latina y el Caribe.

El evento avanzó en discutir temáticas centrales para la implementación de la Agenda de Educación 2030 en nuestra región, en especial el financiamiento educativo, conceptos amplios de calidad educativa y la inclusión y no discriminación en la educación. Asimismo, se discutió la creación de cuatro grupos de trabajo en el Comité Directivo de la Educación 2030 regional, en los cuales la CLADE tendrá presencia: financiamiento; monitoreo; comunicación y políticas. Un éxito importante, fruto de una propuesta de CLADE que tuvo apoyo de otras/os integrantes del Comité, fue la apertura de un nuevo cupo de sociedad civil en el Comité Directivo de la Educación 2030 para América Latina y el Caribe, destinado a una representación estudiantil.

En el encuentro participaron representantes de los países de la región miembros del Comité Ejecutivo Global de la Educación 2030 (Bolivia, Argentina y Brasil), más un representante del Caribe anglófono (Granada) y especialistas de educación del UNICEF y de la UNESCO. También asistieron representantes de la CLADE, Internacional de la Educación (IE), Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Comunidad del Caribe (CARICOM), Organización de Estados Americanos (OEA) y del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC-SICA).

Pieza de divulgación de la Muestra EPJA. La Muestra reune trabajos artísticos de alumnos de EPJA.
Colagen de Muestra EPJA

Derecho a la EPJA en la América Latina y el Caribe

24 de enero de 2018
Publicación de CEAAL.
En los últimos años, con algunas diferencias, se desarrollaron en América Latina gobiernos progresistas que impulsaron propuestas por sociedades más justas, democráticas, interculturales, inclusivas; con programas económicos que alcancen a todos y a todas, especialmente a los más excluidos – mujeres, indígenas, jóvenes y adultos -, especialmente de zonas rurales, afrodescendientes. En ese sentido, América Latina, no sólo ahora, sino históricamente es un semillero de distintas experiencias educativas tanto en la escuela formal como en el campo comunitario, que han buscado dar respuestas a múltiples realidades socioeducativas.
En la actualidad, los proyectos políticos han sido derrotados por otros de corte conservador, dando marcha atrás a semillas transformadoras, que, en el caso educativo, el punto más grave se expresa en Brasil, por la manera como se trata de “sepultar” todo pensamiento crítico y transformador, y en contra de la propuesta emancipadora de Paulo Freire, y otras pedagogías críticas, que estorban a los proyectos conservadores. Sin embargo, el semillero de propuestas que se desarrollan desde el campo popular y las pedagogías críticas, seguirán disputando sentidos y hegemonías, no sin grandes dificultades, pero tejidas de esfuerzos colectivos y sueños.
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<em>En el marco del <a href=festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresan su preocupación por las diferentes manifestaciones de retroceso que se vienen dando en nuestra región en lo que hace a la consolidación de una educación con un enfoque de género y diversidad sexual, así como frente a las diferentes manifestaciones de bullying homofóbico, afectando derechos fundamentales y restringiendo el derecho a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación. Observamos que varias expresiones conservadoras y del ámbito religioso intentan deslegitimar y negar el enfoque de género, desconociéndolo como categoría de análisis y categorizándolo como una supuesta “ideología de género”, incidiendo para que el mismo sea eliminado de los marcos legales y políticos, e incluso del ámbito educativo. Observamos así que en Brasil se han retirado los términos “identidad de género” y “orientación sexual” del documento Base Nacional Común Curricular (BNCC). A su vez, sectores conservadores políticos y religiosos lideran la iniciativa llamada Escuelas sin partido, promoviendo proyectos de ley orientados a prohibir en el ámbito educativo el abordaje de ciertas temáticas, entre ellas las cuestiones de género y orientación sexual, y enmascarando sus objetivos bajo la consigna de que la iniciativa se orienta a desalentar el adoctrinamiento ideológico (político, religioso o moral) por parte de docentes en las aulas. Esta iniciativa ya ha sido objeto de un pronunciamiento conjunto por parte de la Relatora Especial para el Derecho Humano a la Educación, el Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión y la Relatora Especial para Libertad de Religión y de Creencia de Naciones Unidas (ONU), exigiendo al gobierno que los proyectos de ley sean revisados y se asegure su conformidad con el marco internacional de los derechos humanos y la Constitución Federal. Estos temas han sido objeto de cuestionamiento y recomendaciones también en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). La elaboración en el ámbito del Ministerio de Educación de una guía que abordaba el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela dirigida a docentes y que pretendía dar respuesta a un mandato de la Corte Constitucional de Colombia a fin de adecuar los manuales de convivencia escolar a diversidad sexual y no discriminación generó enérgicas resistencias en Colombia. Por su parte, en Panamá se vienen presentando cuestionamientos al proyecto de Ley Nro. 61 sobre educación sexual, actualmente en debate parlamentario; y el Ministerio de Educación continúa haciendo esfuerzos, pese a las presiones y resistencias, para avanzar en el diseño e implementación de guías sobre educación sexual. En Honduras, se advierte un agravamiento del contexto de violencia y discriminación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTI. En Paraguay a instancia de grupos conservadores, se retiró la palabra género de la nueva ley contra la violencia hacia las mujeres. En Perú, se han dado fuertes cuestionamientos a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica por incluir el enfoque de género, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de la identidad de género y la educación sexual integral, además de haberse desplegado diversas acciones de comunicación y movilización, como por ejemplo la campaña “Con mis hijos no te metas”. Por su parte, asistimos a la reciente derogación parcial por parte del Congreso del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323 que había introducido una serie de reformas en materia de violencia de género, incluyendo como circunstancia agravante de responsabilidad penal de algunos delitos, cuando tuvieran base en la orientación sexual e identidad de género. En los contextos de protestas estudiantiles, se han dado casos en que el hostigamiento por parte de las fuerzas policiales se agudiza o presenta características especiales, cuando se trata de estudiantes LGBTI, como ha sucedido en Chile y Honduras, por ejemplo. En este contexto de retrocesos, debemos celebrar sin embargo en la esfera internacional la creación el año pasado de un nuevo mecanismo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, con el nombramiento del primer experto independiente de Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En el ámbito educativo, se destaca la adopción por parte del Ministerio de Educación de Chile de la Circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, así como el documento “Diálogos Participativos de la Diversidad” y la Guía para el respeto, inclusión y convivencia LGBTI dentro de las escuelas. Finalmente, debemos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que dentro de la prohibición de discriminación por motivos relacionados con la identidad y expresión de género, se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de dicha identidad y garantizar de forma transversal el reconocimiento de la identidad de género en los distintos aspectos de la vida de la persona, y que el Estado debe brindar a cada persona la oportunidad de proyectarse libremente hacia los demás, acorde a su identidad de género y el derecho a ser reconocida en función de dicha identidad. Debemos tener presente a su vez, que en su informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas” de 2016, la CIDH destacó que la pobreza, discriminación y exclusión que afectan a las personas LGBTI en la región se relacionan con barreras para poder acceder a sistemas educativos seguros y de calidad; y que los Estados tienen la obligación de garantizar políticas de educación especialmente diseñadas para modificar patrones sociales y culturales de conducta, contrarrestar prejuicios y costumbres, y para erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBTI que pueden legitimar o exacerbar la violencia por prejuicio, instando a que adopten medidas para garantizar la continuidad de las personas LGBT en los sistemas de educación formal. Y más recientemente la CIDH ha condenado las alarmantes cifras de asesinatos de personas LGBT que han ocurrido en la región en lo que va del año 2017. En tal sentido, hacemos un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región, a rechazar toda acción que promueva la violencia, la discriminación y el no reconocimiento de sus derechos, exigiendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar plenamente el derecho a la educación por su especial connotación para reafirmar todo el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales.">
En el marco del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región

Enfoque de género, diversidad sexual e identidad de género: retrocesos en el ámbito educativo en América Latina y el Caribe

8 de diciembre de 2017

En el marco del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!” y de un convenio firmado entre CLADE e ILGALAC, estas dos redes difunden un alerta regional, en que hacen un llamado a toda la sociedad civil, autoridades estatales así como a los organismos y organizaciones de derechos humanos a enfrentar y combatir la discriminación y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI en nuestra región (más…)

Camilla Croso (CLADE) y David Arequipa (CBDE) en la escuela Warisata
Visita de CLADE y CBDE a Warisata. Foto: Archivo CLADE

CLADE visita la escuela Ayllu-Warisata en Bolivia

7 de diciembre de 2017

En el contexto de la visita de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) a Bolivia, para la realización del festival audiovisual “¡Luces, Cámara y Educación!”, su equipo visitó ayer (5 de diciembre) la escuela de Warisata. En esta ocasión, las y los estudiantes de la escuela instalaron la expo-feria “Interculturalidad del saber y de los conocimientos ancestrales”, en la cual presentaron aspectos culturales, geográficos e históricos de diversos departamentos del país. (más…)

Archivo CLADE

Arrancan las actividades del festival audiovisual “¡Luces, Cámara y Educación!” en La Paz

Muestras de películas, ruedas de diálogo y música marcaron el primer día de actividades de este evento, que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de superar la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género en la escuela (más…)

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