<em>El proyecto obligaría a las escuelas a expulsar estudiantes por hechos de violencia, en vez de adoptar medidas pedagógicas para  resolver los conflictos de manera pacífica</em><!--more--> En <a href=posicionamiento, el Foro por el Derecho a la Educación Pública, miembro de la CLADE en Chile, rechaza el proyecto de ley “Aula Segura”. Este proyecto obligaría a las escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de violencia. El Foro señala que este tipo de medida es una agresión al derecho a la educación de todas las niñas, niños y jóvenes del país, y además busca criminalizar al movimiento estudiantil. Lamenta también que se vea en este tipo de iniciativa una solución a los problemas educativos. “Rechazamos este tipo manipulaciones que, al decir atender un problema de las y los actores educativos, termina minando la democracia de las escuelas, abriendo más espacios a la mercantilización de la educación y criminalizando a los actores de los establecimientos públicos”, afirma el Foro. En el posicionamiento, se señala que  en el 2011 se expulsaron más de 11.000 estudiantes por movilizarse en defensa de la educación pública, y que desde entonces han continuado las expulsiones, reubicaciones y otro tipo de sanciones a las y los estudiantes que protestan para defender dicho derecho. “A esto agregamos la constante violencia y acoso policial a las y los estudiantes que se organizan y movilizan. Estas medidas han fracturado a las comunidades y son, en parte, responsables del clima de desconfianza que se vive en los establecimientos educacionales”, dice el Foro. La coalición también manifiesta su preocupación respecto a los impactos del proyecto de ley en las prácticas pedagógicas. “Las ciencias de la educación y de la pedagogía abundan modelos para tratar los conflictos en los espacios educativos. La expulsión de un solo estudiante es la evidencia más dramática del fracaso de un modelo educativo”, señala el Foro, citando la responsabilidad y participación activa de la comunidad en la solución de los conflictos y el incorporar las contradicciones sociales como medidas formadoras y democráticas. “Este abordaje implica fortalecer las escuelas públicas y el trabajo horizontal de las y los profesoras/es, construir mejores condiciones de infraestructura educativa, y hacer de las escuelas comunidades formadoras y de principios solidarios. Por el contrario, el proyecto 'Aula Segura' termina invisibilizando la necesidad de esta discusión y reduce el debate a una sanción que no resuelve los problemas de la educación pública”, afirma la declaración.
  • Lea el posicionamiento completo aquí.
  • Puedes firmar la declaración aquí.
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Chile: Foro por el Derecho a la Educación Pública se manifiesta contra proyecto de ley “Aula Segura”

7 de noviembre de 2018

El proyecto obligaría a las escuelas a expulsar estudiantes por hechos de violencia, en vez de adoptar medidas pedagógicas para  resolver los conflictos de manera pacífica (más…)

Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización. En el <a href=informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad. Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”. Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”. Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”. Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”. Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.">
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos

Informe anual de la CIDH llama la atención sobre los alarmante niveles de violencia contra la niñez

24 de octubre de 2018

Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad.

Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”.

Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”.

Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”.

Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”.

Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.

Foto: Unicef/México

Oscar Jara: Tenemos que generar otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia a la logica dominante de la educación

19 de octubre de 2018

“Hace unos años, llegué a una escuela en Colombia, en una universidad donde decía “aula tal, aula tal… Alguien curiosamente había puesto una “J” en la palabra, de tal manera que ella se había transformado en “jaula tal”. A mí me pareció muy significativa esa crítica. Muchas veces pensamos que los espacios educativos son espacios cerrados, mirados hacia adentro en lugar de ser escuelas sin paredes, con ventanas abiertas donde todo lo que ocurre en nuestro alrededor debería ser todo lo que tocamos en nuestros procesos educativos. Tanto la educación como la formación docente no se van a realizar solamente con el estudio individual, sino también con los movimientos, con los procesos sociales que ocurren en nuestros respectivos países”.

Esta reflexión fue compartida por el sociólogo y educador popular Oscar Jara, durante un diálogo virtual con el tema “educación emancipadora”, que fue realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) el 15 de octubre, en el marco de la movilización regional “Educar para la Libertad”.

Para Oscar, al pensar los cambios que requiere la educación, la sociedad debe hacerse una pregunta: “¿nos educamos para adaptarnos a los cambios que ocurren, o nos educamos para transformar esta situación y dirigirla hacia los cambios que queremos que ocurran y desarrollar, por lo tanto, nuestras capacidades de proyección?”

Según el sociólogo, la educación hoy enfrenta una ofensiva conservadora. “El fundamentalismo del mercado se está expresando también en un proceso, no solo de retroceso, sino de una ofensiva conversadora brutal, cargada de ánimos sumamente agresivos y que buscan hacer que los procesos de cambio que han habido en América Latina no sigan adelante, retrocedan y “ojalá, segun ellos, nunca vuelvan a aparecer”.

Género y educación

El educador también analizó la ola conservadora que la región de América Latina y el Caribe viene enfrentado en relación a los derechos de las niñas y mujeres, lo que ha afectado fuertemente a la educación.

“Este refuerzo de una lógica autoritaria, vertical, del predominio de la violencia en las relaciones de poder es una herencia que ahora se agudiza porque hay una reacción, porque la revolución feminista ha sido una de las revoluciones más fundamentales que hemos tenido en este siglo y que cambia la lógica de las relaciones de poder, en la vida cotidiana y en todos los espacios de la vida política, económica, cultural”, dice.

Educación: espacio en disputa

Por estos y otros conflictos sociales que América Latina y el Caribe han enfrentado con más intensidad en los últimos meses, la educación, según Oscar Jara, es un espacio en disputa.

“Estamos permanentemente enfrentando una lógica, una matriz de pensamiento y una matriz cultural que es patriarcal, capitalista, con valores individualistas, de mercado, una matriz colonial, que nos va siempre limitando en nuestras capacidades. Ante esta situación, debemos crear una otra hegemonía, una otra manera de pensar, de vivir, y eso es un proceso de una educación emancipadora y liberadora”.

Los docentes y la educación emancipadora

La formación docente, para Oscar Jara, es un elemento clave para que la opresión se combata a través de la educación y en la educación.

“El docente o la docente que continúa reproduciendo esquemas autoritarios, impositivos, unidireccionales, aunque tenga un discurso “liberador”, está reproduciendo las maneras de generación de poder, de limitación de poder, las maneras opresivas que las sociedades capitalistas, patriarcales, colonialistas, como la que nosotros vivimos, refuerzan. Entonces, ¿cómo nos formamos como docentes capaces de generar aprendizajes que puedan generar otro tipo de vínculos?”

Educación popular

Durante el diálogo virtual, Oscar Jara explicó las principales características de la educación popular. Según el educador, ella debe ser entendida en tres aspectos: una educación para toda la gente, un derecho universal y una educación construida por los movimientos populares.

“Para que una educación sea popular, para que alcance a todo el mundo como aspiración democrática, es necesario que priorice a los sectores populares que sufren niveles de asimetría y que, por otro lado, tenga como protagonista, como sujeto histórico y político, a aquellos sectores que luchan para transformar estas asimetrías”.

Existencia y reexistencia

Según Oscar, la resistencia ante la lógica de educación dominante es fundamental, pero hay que crear mecanismos para la construcción de otras maneras de pensar y actuar, hay que transformar la resistencia en reexistencia.

“Es importante no solamente quedarnos en los espacios de negación, lo que es fundamental, sino también generarnos entre nosotros otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia: otra manera de pensar, de hacer y de generar capacidad de desmontaje de la lógica dominante”

Sobre Oscar Jara

El peruano-costarricense Oscar Jara es sociólogo y educador popular. Director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica y Presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Ha trabajado en procesos de educación popular en todos los países de América Latina, impulsando una pedagogía basada en el pensamiento de Paulo Freire con quien tuvo oportunidad de trabajar en varias oportunidades en los años ochenta.  Afirma que los procesos de educación deben ser críticos, dialógicos, liberadores y desarrollar nuestras capacidades de transformación social y personal, vinculados a procesos de organización y participación. Su planteamiento se sustenta en una propuesta ética, política y pedagógica emancipadora. Uno de los temas que más ha trabajado es en torno a la teoría y metodología de sistematización de experiencias como forma de producir aprendizajes significativos desde las prácticas.

<em>Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva</em> <!--more--> El 5 de septiembre de 2018 tuvo lugar en Mendoza, Argentina, la Reunión Ministerial de Educación del G20. En la <a href=declaración final del encuentro, las autoridades presentes reafirmaron el compromiso de sus Estados con el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva. La declaración subraya que las políticas hacia la igualdad de género en la educación son fundamentales para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que se debe dotar a las y los docentes de conocimiento, habilidades, valores y actitudes libres de los estereotipos de género para que todas y todos se desarrollen hasta alcanzar su máximo potencial. Además, señala que la implementación de estas políticas requiere un financiamiento adecuado. “Reconocemos que es de vital importancia que se proporcionen niveles suficientes de inversión nacional e internacional en educación en aras de lograr educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos”, afirma la declaración. El documento también destaca el rol fundamental de las y los docentes, y la necesidad de garantizar valorización y formación adecuada para estos profesionales. Asimismo, subraya que el acceso a la educación de calidad es un derecho humano y la base para la conquista de otros derechos, afirmando que “el poder transformador y la naturaleza transversal de la educación la convierten en una herramienta esencial para abordar nuestros desafíos globales y contribuir a la búsqueda de diálogo, consenso, cooperación, colaboración, y metas de políticas, objetivos coordinados y respuestas del G20”. En el marco de la Reunión Ministerial, la CLADE, en alianza con sus miembros en los países de América Latina y el Caribe que forman parte en el G20 - Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en México, entregaron un documento a las autoridades presentes en el encuentro. En ese documento, expresan sus preocupaciones ante los desafíos para el financiamiento educativo en la región e instan los gobiernos que integran el G20 para que asuman un compromiso con la justicia tributaria; garanticen recursos adecuados para el derecho a la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos y gratuitos; y ejecuten planes y presupuestos educativos sensibles a la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la garantía del acceso y la permanencia escolar para todas las personas. A pesar de recoger gran parte de estas demandas, la declaración ministerial no profundiza en algunos de los planteamientos de la sociedad civil, por ejemplo, el compromiso de los Estados con el financiamiento adecuado de sistemas públicos gratuitos, y la justicia tributaria como forma de asegurar los presupuestos públicos nacionales sostenibles como principal fuente de recursos para la educación. Otras partes de la declaración, a su vez, generan preocupación porque defienden la gestión educativa “por resultados”, lo que podría abrir camino para la focalización de inversiones en políticas educativas “eficientes”, según los recursos que estén “disponibles”, en detrimento de parámetros para un financiamiento educativo con calidad para todas las personas, que pongan a los derechos por encima de los resultados y se desarrollen en diálogo con la sociedad civil. La CLADE y sus miembros seguirán impulsando acciones de incidencia para que se incluyan compromisos con el financiamiento educativo, la gratuidad educativa, la realización del derecho humano a la educación y la Agenda de Educación 2030 en la declaración final del G20, que se adoptará en el marco de la Cumbre de Líderes, a realizarse los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Lea la Declaración de Ministros de Educación del G20 aquí.">
Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva

Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)

Foto: CADE

Argentina: Repudio al secuestro y tortura de maestra

13 de septiembre de 2018

En el contexto de  las manifestaciones de la comunidad educativa para demandar una infraestructura escolar adecuada y en condiciones de seguridad que se impulsan en Moreno, Argentina, una maestra de esta ciudad fue torturada (más…)

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la <a href=Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación popular (ALER) y la Campaña Mundial por la Educación (CME), expresan su profunda preocupación por la detención arbitraria de integrantes de la comunidad estudiantil universitaria y activistas por el derecho a la educación de Nicaragua. Según información de conocimiento público y confirmada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y miembros activos de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), varios estudiantes de la comunidad estudiantil de la UNAN y líderes estudiantiles de León fueron arrestados el día 25 de agosto del presente año en la ciudad de León, alrededor de las 5:30 pm. Hemos tomado conocimiento que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le fue permitido ver a los y las estudiantes, quienes actualmente se encuentran detenidos en el sistema penitenciario nacional, Cárcel Modelo de Tipitapa, no encontrándose aún a la orden del juez competente. Cabe señalar que la CIDH con fecha del 25 de Julio del año que transcurre, a través de la resolución 56/18, había otorgado medidas cautelares a algunos de esos estudiantes. Asimismo, el día 29 de agosto autoridades policiales en conferencia de prensa anunciaron que habían remitido al Ministerio Público a los estudiantes referidos, acusándolos de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte; la policía nacional presentó a los y las estudiantes como “una banda de autores de crímenes cometidos en tranques, creando terror y zozobra en León”. Manifestamos suma preocupación ante estas acusaciones bajo cargos infundados y desproporcionados, la falta de garantías y protección de los y las estudiantes e instamos a que se respeten sus derechos a la defensa y al debido proceso, así como su inmedita liberación. El informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentado el día 29 de agosto , ratifica, que la detención de los y las estudiantes constituye un acto de criminalización y judicialización de las constitucionales protestas de los y las estudiantes nicaragüenses. La libertad de expresión y el derecho a la protesta son derechos consagrados regional e internacionalmente. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los todos derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, siendo incluso signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que se encuentra en el artículo 46 de su Constitución Política. Por lo tanto, los tratados, son Leyes de la República y por ende, el respeto a los derechos humanos ahí contenidos es de ineludible cumplimiento para todas las personas, sin excepción. Puedes descargar esa carta aquí.">

Por el fin de la detención arbitraria de la comunidad estudiantil universitaria y activistas por el derecho a la educación de Nicaragua

4 de septiembre de 2018

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación popular (ALER) y la Campaña Mundial por la Educación (CME), expresan su profunda preocupación por la detención arbitraria de integrantes de la comunidad estudiantil universitaria y activistas por el derecho a la educación de Nicaragua. (más…)

<em>En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país</em><!--more--> La Corte Suprema de Perú analiza en este momento un proceso de acción popular constitucional que fue iniciado por un grupo conservador del país, con miras a detener la implementación del Currículo Nacional para la Educación Básica (CNEB), que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y metas. En este contexto, Koumbou Boly Barry, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, e Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU, enviaron una <a href=carta al presidente del país en la que defienden el currículo nacional e instan a que se tomen todas las medidas provisionales necesarias para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas peruanas en todas las áreas, inclusa la educación. “El nuevo currículo es un instrumento fundamental para generar un cambio estructural, dar a las niñas y niños herramientas para el respeto de los derechos humanos y para la lucha contra la violencia de género”, afirman las autoridades de la ONU. El posicionamiento de Boly Barry y Radačić resulta de una solicitud de intervención que fue presentada al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, por la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), miembro de la CLADE en el Perú. “La respuesta de la ONU a nuestra solicitud ha sido una importante expresión del respaldo que podemos lograr de las máximas autoridades en defensa de los derechos humanos. Ha sido un logro de incidencia para la CPDE, muy apreciado por sus miembros y reconocido y difundido por redes de diversas organizaciones de la sociedad civil en el Perú. Estamos convencidos de que es un precedente valioso para acciones similares de parte de otros movimientos y organizaciones sociales en distintos contextos regresivos para la igualdad de género en la región”, declaró la Coordinadora Nacional de la CPDE, Madeleine Zúñiga. Desde la aprobación del Currículo Nacional para la Educación Básica (CNEB), en junio de 2016, el Ministerio de Educación peruano ha sido cuestionado por grupos conservadores que demandan la abolición del plan de estudios y el cese de su implementación. Estos movimientos argumentan que el currículo aboga por una "ideología de género" y va en contra de los valores “de la familia”. El 16 de febrero de 2017, uno de estos grupos presentó al Poder Judicial una demanda de acción popular constitucional, que tiene por objeto detener la implementación del CNEB y eliminar la palabra "género" del currículo. En paralelo, se ha iniciado una campaña de comunicación y movilización nacional bajo el lema "Con mis hijos no te metas”, que en base al falso concepto “ideología de género” difunde mensajes contra la perspectiva de la igualdad de género en las escuelas. “Nos preocupa que la Corte Suprema pueda llegar a emitir una decisión en contra de la inclusión del concepto de igualdad de género en el Currículo Nacional que iría en contra del principio de igualdad consagrado por la Constitución y en contra de las obligaciones internacionales del país. Instamos a las autoridades a que rechacen las campañas discriminatorias para evitar retrocesos en la lucha por los derechos a la igualdad y contra la discriminación”, afirman Boly Barry y Radačić. Las autoridades de la ONU también subrayan que el CNEB tiene un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, igualdad de género e inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo, y su implementación contribuiría a asegurar los cambios estructurales necesarios para que el Estado peruano pueda seguir adelante, con un efecto duradero y sostenible, en sus acciones a favor de la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, así como de la igualdad de género.  Asimismo, las autoridades solicitan que su carta se comparta con el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente de la Corte Suprema y la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Lea la carta de Koumbou Boly Barry e Ivana Radačić aquí.">
En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país

Perú: ONU respalda el enfoque de género en el Currículo Nacional

23 de agosto de 2018

En respuesta a solicitud de intervención por parte de la CPDE, autoridades envían carta al presidente peruano, en la que defienden el Currículo Nacional de la Educación Básica, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios y es objeto de protestas por parte de grupos conservadores del país (más…)

Niñas y niños en el patio de una escuela
Fernando Santos

Argentina: Sociedad civil exige infraestructura escolar segura

10 de agosto de 2018

Ante la tragedia que tuvo lugar en la escuela nº 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) pone en marcha una petición para exigir la garantía de la seguridad de la infraestructura escolar. (más…)

Archivo CLADE

CLADE participa en Reunión Regional de Ministros de Educación

1 de agosto de 2018

La II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe se realizó en Cochabamba, Bolivia, los días 25 y 26 de julio, con el objetivo de construir una Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación, y la Agenda de Educación 2030 (E2030) en América Latina y el Caribe. (más…)

No dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030

28 de julio de 2018

En este documento, que presentamos a las autoridades reunidas en la II Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, planteamos la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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