La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación popular (ALER) y la Campaña Mundial por la Educación (CME), expresan su profunda preocupación por la detención arbitraria de integrantes de la comunidad estudiantil universitaria y activistas por el derecho a la educación de Nicaragua.
Según información de conocimiento público y confirmada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y miembros activos de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), varios estudiantes de la comunidad estudiantil de la UNAN y líderes estudiantiles de León fueron arrestados el día 25 de agosto del presente año en la ciudad de León, alrededor de las 5:30 pm.
Hemos tomado conocimiento que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le fue permitido ver a los y las estudiantes, quienes actualmente se encuentran detenidos en el sistema penitenciario nacional, Cárcel Modelo de Tipitapa, no encontrándose aún a la orden del juez competente. Cabe señalar que la CIDH con fecha del 25 de Julio del año que transcurre, a través de la resolución 56/18, había otorgado medidas cautelares a algunos de esos estudiantes.
Asimismo, el día 29 de agosto autoridades policiales en conferencia de prensa anunciaron que habían remitido al Ministerio Público a los estudiantes referidos, acusándolos de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte; la policía nacional presentó a los y las estudiantes como “una banda de autores de crímenes cometidos en tranques, creando terror y zozobra en León”.
Manifestamos suma preocupación ante estas acusaciones bajo cargos infundados y desproporcionados, la falta de garantías y protección de los y las estudiantes e instamos a que se respeten sus derechos a la defensa y al debido proceso, así como su inmedita liberación. El informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentado el día 29 de agosto , ratifica, que la detención de los y las estudiantes constituye un acto de criminalización y judicialización de las constitucionales protestas de los y las estudiantes nicaragüenses.
La libertad de expresión y el derecho a la protesta son derechos consagrados regional e internacionalmente. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los todos derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, siendo incluso signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que se encuentra en el artículo 46 de su Constitución Política. Por lo tanto, los tratados, son Leyes de la República y por ende, el respeto a los derechos humanos ahí contenidos es de ineludible cumplimiento para todas las personas, sin excepción.
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