Foto: José Gabriel Ruiz Lembo/UNESCO_

Ministras y ministros se reúnen para analizar las metas de educación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

26 de mayo de 2022

¿Cómo recuperar y transformar la educación en América Latina y el Caribe? Para responder a esa y otras cuestiones sobre el derecho a la educación en nuestra región y trazar una propuesta de Hoja de Ruta Regional para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que trata de la educación (ODS 4) en la Agenda 2030, se realizará entre los días 26 y 27 de mayo la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe. 

Durante el encuentro, también se presentará el Informe Regional de Monitoreo del ODS4/E2030 y para conocer los avances en el cumplimiento del ODS 4 de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe y realizar una revisión para el logro de las metas propuestas y los desafíos para alcanzarlas considerando el profundo impacto de la pandemia en los sistemas educativos.  

Participación de la CLADE

Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la región enfrenta un contexto muy complejo y que exige la toma de medidas urgentes para fortalecer los sistemas educativos de América Latina y el Caribe construídos desde los principios de igualdad y justicia que no permitan dejar a nadie atrás.

La CLADE, que actúa de manera permanente en el Comité, ha participado activamente en la propuesta del nuevo modelo de gobernanza del Comité Regional 2030, buscando su mayor operatividad, la profundización de los mecanismos de participación horizontal de todos los miembros del comité y la insistencia en los logros planteados en el ODS 4, superando de modo urgente la situación que nos ha dejado la pandemia con el énfasis en los compromisos de financiamiento doméstico y cooperación internacional solidaria, en los porcentajes ya comprometidos en Incheon. 

“Esperamos que el documento trabajado previamente sea aprobado por los ministros, comprometiendo así a los Estados con el avance urgente de nuestra región en relación con el ODS 4”, afirma la coordinadora general de la CLADE, Nelsy Lizarazo.


Protestas en Chile. 2019. Carlos Figueroa

Chile escribe la historia: Derecho Humano a la Educación está en la Constitución

19 de mayo de 2022
Protestas en Chile. 2019. Carlos Figueroa
Protestas en Chile. 2019. Carlos Figueroa

Proceso Constituyente

El 25 de octubre de 2020, Chile aprobó por plebiscito habilitar la Convención para que tenga como misión redactar y aprobar la propuesta de una nueva constitución de la República. Los textos serán sometidos a un plebiscito con voto obligatorio, para que se apruebe o rechace, previsto para el próximo 4 de septiembre. Este proceso tiene su origen en la ley 21.200 de reforma constitucional que convocó a las elecciones de convencionales del 15 y 16 de mayo de 2021 y que incluyó, por primera vez, paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados para los pueblos originarios.

 

En este marco dialogamos con Eduardo González Navarro, que es docente de secundaria, dirigente sindical, integra el Colegio de Profesores y Profesoras, así como el movimiento por la unidad docente que integra el Foro por el Derecho a la Educación, representante de Chile en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Momento histórico en Chile para el derecho a la educación

Hay varios elementos que veníamos instalando como movimiento social desde hace muchos años. Debemos recordar que Chile es el país con mayor privatización del mundo, en la Constitución se negaba el derecho a la educación, tal como lo conocemos en los tratados internacionales, es decir, entendido como un derecho humano fundamental. Una cuestión que parece muy obvia, es que en Chile no existía esta definición y que ese derecho debía ser por tanto dado, tutelado, protegido por el Estado y que todas las personas son importantes, y que nuestros niños y niñas son sujetos de derecho. 

Esa cuestión que a veces puede sonar muy obvia en el plano internacional, en Chile no existía. Porque acá el derecho fue definido bajo una ideología muy conservadora, bajo una perspectiva neoliberal que redefinió el derecho a la educación como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es decir el derecho de los padres a educar.

[Esa perspectiva] generó todo un dispositivo de privatización vinculándolo a una definición de la libertad de enseñanza como una libertad de enseñanza empresarial. Entonces los elementos que hoy en día se consagran, yo diría de manera inédita, y con dificultad, es que la Constitución que necesitamos que se apruebe, el próximo 4 de septiembre consagre en el plebiscito, consagre  el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. Que ese derecho a la educación es un derecho de todas las personas y es deber del Estado su protección, y la Constitución es una función del Estado de manera primordial e ineludible. Es muy importante junto a esa definición de principio el cómo entender el derecho a la educación, por lo que se establecen cuatro o cinco que son relevantes que nosotros, como movimientos sociales.

 

Principios y fines de la educación

Primero había que definir cuáles eran los fines y principios de la educación, que daban cuenta del proyecto de país y cómo la educación contribuye en esa perspectiva. Hay elementos que, si bien pueden existir matices con respecto a los énfasis, creemos que también tienen una perspectiva democratizante, pues la educación se funda en el principio de la cooperación, el principio de la solidaridad y el principio de la interculturalidad, debe tener un enfoque de género, una educación no sexista alineada las realidades regionales y de cada territorio.

 

Propuestas frente a la estandarización

Nosotros lo entendemos [la educación] como el inicio de un proceso de desmontaje, la estandarización curricular, la homogeneización cultural educativa y hablan del tipo de país que esperamos que se pueda ir consolidando a partir de los procesos que hoy día se están discutiendo en la convención [constitucional].

Conformación de un Sistema Nacional de Educación

Un tercer elemento que se establece, tiene que ver con cómo se concreta en la práctica y se constituye un Sistema Nacional de Educación, en donde se entiende que están las instituciones privadas y las instituciones públicas. Pero, hay algo muy relevante que se establece en un par de incisos que asumen la labor primordial del Estado precisamente para fortalecer y ampliar un Sistema de Educación Pública. 

Nuestros auditores deben saber que Chile es uno de los países de mayor privatización, ya lo decía al inicio. La educación pública concentra el 33% de la matrícula. Por cada dólar, por decirlo así, o por cada peso chileno, el Estado entrega más del 50% de los recursos a instituciones que son privadas, y no a las escuelas que son del Estado. Entonces, que la Constitución establezca que va a ser primordial fortalecer y ampliar un sistema de educación pública es una cuestión relevante, porque ese elemento está ligado a dos planteamientos centrales:

Primero que la educación debe tener un financiamiento específico, contar con un mecanismo que permita garantizar y generar las condiciones, y ese financiamiento, es lo que nosotros denominamos como un financiamiento de tipo basal, es decir, que se va a sostener según la necesidad contextual, y que no va a estar sujeto a las contingencias del voucher o la contingencia de asistencia de los estudiantes como acá ocurre [en Chile].

Lo segundo es una cuestión que en el ámbito internacional puede ser muy obvia, pero acá no lo era: la educación pública es la educación del Estado. La educación pública se vive y experimenta en las instituciones que son de propiedad y de provisión del Estado. Acá hay instituciones que tienen un dueño privado y que reciben aporte público, existían ciertos sectores que planteaban que el hecho de recibir financiamiento público los hace una institución pública o del Estado. Esa tesis fue derrotada porque ahora se asume que las escuelas públicas son propiedad del Estado, que es obvio en todo el mundo, pero acá se logró consagrar la educación pública.

Participación como educación democrática

Se establece un principio democratizador que logró consagrarse también como elemento sustantivo, el derecho de las comunidades a participar en las definiciones de la política educativa. El concepto que ahí se acuña, es que ese derecho está consagrando una participación de carácter vinculante.

El mismo Foro [Chileno por el Derecho a la Educación] lo ha dicho: que no hay educación, si no hay participación. Se ha dicho en un principio, en un artículo específico que precisamente habla de la participación de la comunidad escolar. Ahora se establece en la Constitución de manera explícita, la participación de las comunidades escolares en el ejercicio del derecho a la educación. 

La Constitución establece que las comunidades tienen derecho a una participación vinculante, [ese es el concepto, participación vinculante ] en la configuración del proyecto educativo, en la elaboración, en el monitoreo y la evaluación de las políticas educativas, que se desarrollan a escala nacional y local.

Por lo tanto, creemos que es importante que el mismo foro acá en Chile lo ha señalado con mucha fuerza, y se relaciona con el hecho de que el derecho a la educación implica el derecho a la participación. No hay derecho a la educación efectiva, si no hay participación de las comunidades, es un elemento que quedó expreso [en la Convención].

Disputas de sentido sobre la enseñanza

Un cuarto elemento es la relación de cómo se entiende la libertad de enseñanza en Chile, ya que es muy fuerte en los sectores conservadores que la entendían bajo una lógica empresarial. Hoy en día, la enseñanza para Chile está en función del derecho a la educación.  En la Constitución que se está acabando, la Constitución del año 1980, se establecía que la libertad de enseñanza estaba por sobre el derecho a la educación. Hoy en día, la libertad de enseñanza queda supeditada al ejercicio del derecho a la educación

La libertad de enseñanza era entendida en la Constitución [vigente] como libertad y no como derecho. En Chile, por ejemplo, los privados tenían el derecho a fundar, mantener el establecimiento y el Estado debía financiarlo. Actualmente se entiende única y exclusivamente como libertad que, en este caso, las familias van a poder optar por el tipo de educación que según sus convicciones morales, religiosas puedan tener.

Entonces el concepto de libertad de enseñanza se pone en una perspectiva que establecen los tratados internacionales y no erosionando el concepto de derecho a la educación, y sí garantizando este elemento que a nosotros nos parece importante, que las familias puedan optar según sus convicciones, pero en el marco del derecho a la educación. Porque incluso tiene límites, hoy en día, esa elección de las familias, es decir, que siempre sea respetando el interés superior de los niños y las niñas. Queremos que se instale una perspectiva de los niños y las niñas como sujetos de derecho

Y en segundo lugar, están instituciones que se puedan fundar por fuera del Estado, son instituciones que deben respetar los fines y principios de la educación, es decir, si un privado puede y quiere fundar un establecimiento distinto a aquel del Estado, lo puede hacer, pero debe en primer término asumir los fines y principios que el país ha definido como principios educativos. Vale decir, si el principio educativo es el que una sociedad va a configurar en base a la interculturalidad, en la educación no sexista y entorno a principios de cooperación. Los proyectos educativos de establecimientos [privados] deben respetar esos fines y principios.

Agenda antiderechos

El jueves 12 de mayo, una vez que se aprobó esto en la convención, la derecha y los sectores conservadores salieron con una crítica feroz, indicando que esto implica básicamente un totalitarismo, un pensamiento comunista, etcétera. Da cuenta de la profundidad del debate, porque cuando uno va a los tratados internacionales está explícito en el Pacto internacional sobre Derechos Económicos Sociales, artículo 13.4, se establece la libertad de estos privados, y el derecho del mismo Estado a que pueda establecer los principios centrales del proyecto educativo del país; que los privados pueden y deben respetar esos principios, entonces no estamos haciendo nada con relación a eso. En realidad se establece una cuestión decente mínima para un sistema educativo del país.

Condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación

Los últimos dos elementos que son centrales que yo quisiera destacar o el último en realidad, es en relación con el hecho que se establecen en la Constitución lo que nosotros denominamos, el reconocimiento a la función de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.

La Constitución reconoce la importancia y le da un estatus a la función que cumplen los profesores y las profesoras, los asistentes de la educación, que nosotros denominamos en Chile, que son aquellos trabajadores que cumplen otras funciones fuera del aula, en el ejercicio del derecho a la educación y que por tanto, establece condiciones que el Estado debe cumplir para que puedan ejercer su trabajo, entendiendo que si esas condiciones no están, se vulneran las condiciones del trabajo y por tanto se vulnera el derecho a la educación.

Y que, en el marco actual de Chile existe mucha división, mucha fragmentación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, puede existir una maestra que trabaja en una escuela de un lugar, y de otro lado, está un maestro, que está a tres cuadras más allá, un par de metros más, trabajando en otra escuela, este último tiene otros derechos [diferentes a la maestra], a pesar que cumple la misma función.

Ahora se establece en la Constitución que deben tener todos los mismos derechos como trabajadores de la educación. Entonces, ese es un elemento que es central como principio constitucional y comprenderán que ahora se abre todo un proceso posterior para poder concretarlo y que esto no solamente en el plano de las buenas intenciones o como principios constitucionales, sino que se puedan implementar, y que es un segundo momento de lucha.

Educación universitaria y la formación militar

Ya está también referida [en la nueva Constitución] la educación superior. [En la carta magna] se establece por primera vez que debe tener un carácter gratuito y por lo tanto el Estado debe avanzar en esa dirección de la gratuidad.  Lo importante es que se incorpora dentro de la concepción del sistema de educación superior a la escuela de formación de militares. Hasta ahora la escuela militar tenía una autonomía completa con respecto a la formación de sus planes de estudio y ahora se establece que las escuelas de formación de los militares se insertan dentro de la lógica de la  Educación Superior. Y esas escuelas deben regirse también por fines y principios de la educación, vale decir, este proyecto [responde] define principios que orientan al sistema, desde el respeto a los derechos humanos, los señalados anteriormente como interculturalidad, enfoque de género, contextualizada, solidaridad.  

Deben expresarse, también, en las formaciones de los futuros militares en Chile y eso es muy relevante, porque actualmente tienen una plena autonomía, fijada por una ley que se creó en la dictadura.

Se consagra, también,  el elemento del derecho de los pueblos originarios a desarrollar sus propios procesos de educación, recogiendo sus tradiciones, sus saberes específicos como pueblos originarios, que también se reconocen en la Constitución. Son varios aspectos que se enuncian con la perspectiva en que íbamos, dan cuenta a mi juicio y de muchas organizaciones, que se está avanzando en desmontar el proceso de privatización que se había establecido en la constitución que se creó en plena dictadura militar y que no había tenido ninguna legitimidad ni participación de la soberanía popular tácticamente.

Balance de las propuestas

A mi juicio el balance es positivo. No solo creemos que lo que se logró, en el contexto en el cual funciona la convención, ese contexto es importante que ustedes lo sepan, es de una convención en la cual los sectores conservadores intentaron amarrar para limitar la expresión de la soberanía popular, de hecho, para que las normas alcancen un quórum de aprobación, para que se expresen en el borrador de la nueva constitución se requerían dos tercios de todos los convencionales, y eso es muy alto dos tercios, eso implicaba un acuerdo muy transversal con sectores que están situados, digamos, en un espectro político de centro, muy liberales y no vinculados a los movimientos sociales. 

El contexto de haber logrado definiciones de esta naturaleza, vemos que da cuenta de lo que ha sido la trayectoria del movimiento social educativo en Chile, desde hace 30 o 40 años, que ya tenía una propuesta clara, y que por lo tanto podíamos poner en el debate, no solamente exigir, sino ir con propuestas muy sustantivas. 

En ese marco evidentemente creo yo, que a pesar de esa camisa de fuerza, se lograron integrar funciones muy relevantes, el hecho que la Constitución defina a la educación como un derecho humano de todas las personas y se fije claramente el rol del Estado es importante.

En el balance general nosotros creemos que efectivamente se rompió algo que denominamos como la igualdad de trato. O sea, el eje de la privatización estaba en esa igualdad de trato, que el Estado establece entre la educación privada y la educación pública. Y esa igualdad de trato, tanto en el financiamiento, porque acá en Chile se entrega, por cada peso que se le entrega a la escuela pública, se le entrega ese mismo peso a la escuela privada. Eso llevó a una crisis rotunda de la educación pública y por tanto el Estado renunciaba a ejercer una labor específica propia con respecto a sus instituciones, eso hoy día se acabó.

En este sentido, la escuela pública, ya lo decía anteriormente, va a tener un rol distinto, una protección, un financiamiento distinto por parte del Estado, la saca de la lógica de mercado, de la competencia, es un elemento que creemos que es importante. Y además, que se entiende el derecho a la educación en una perspectiva ampliada, vale decir, no solamente limitándolo a las condiciones materiales del financiamiento, sino que también vinculándolo a la idea de un proyecto de país, a un proyecto de sociedad, al tipo de seres humanos que queremos formar, para lo que nosotros estamos denominando el “nuevo Chile”, porque esta constitución que tratamos de construir con muchas dificultades se sitúa en un proceso histórico y busca desmontar la sociedad de mercado, desmontar la privatización, desmontar el neoliberalismo. Ese proceso ciertamente tiene exigencias de carácter económico, materiales, pero también tiene una dimensión cultural e ideológica.

Es cierto que la educación bajo esa perspectiva tiene mucha responsabilidad, que se hayan logrado instalar principios y fines educativos que dan cuentan de la nueva sociedad que se quiere construir y que debe acompañar la superación, seguramente compleja que va a ser, y no fácil, pues esto no se dará en dos, tres, cuatro o cinco años, sino que es un proceso. Creemos que esos fines y principios dan cuenta de ese proceso, también, más estratégico, más de largo plazo y sin duda alguna creemos que es importante, porque son fines y principios que no solamente son exigibles para la educación pública (que hoy día sería el 33%), sino que da cuenta de una idea de proyecto de país, entorno a eso la educación se pone al servicio, es un elemento que hay que rescatar.

La ruta al plebiscito

La convención debe procesar todo lo que se votó, ordenarlo y el hito [siguiente] más importante, es el 4 septiembre, cuando se somete [la carta] al plebiscito, y por lo tanto la ciudadanía debe ratificar la propuesta que emana de la convención o rechazarla. Si se rechaza, se mantiene la Constitución de la dictadura, de Augusto Pinochet, la constitución de 1980. Si se prueba [la carta] podemos avanzar, recién, en el trabajo de implementación de los principios constitucionales. Por ello, el clima en Chile, del contexto del país está muy marcado por lo que ya va a ser el plebiscito del 4 de septiembre.

Esta semana sábado y domingo [hasta el 15 de mayo] se cerró todo el proceso de elaboración de esta norma. Ya la convención cerró una propuesta y vamos al plebiscito del 4 septiembre. Estamos en un contexto en el cual la derecha viene trabajando hace tres o cuatro meses, con mucha intensidad en torno al rechazo y se va a agudizar un clima de posiciones con respecto al apruebo o rechazo. En septiembre es el hito fundamental que ojalá nos puedan acompañar, ya que este proceso no está exento de dificultades, muy consciente de los límites que tiene, creemos que sin duda alguna expresa cómo son las luchas, llenas de contradicciones, de complejidades, pero se avanza en algunos aspectos, quizás en otro se estanca, pero hoy día la educación en Chile está dando un paso adelante, solo tenemos que defenderla el 4 de septiembre.

 

Palabras al cierre

Estamos con mucha esperanza, esperamos que se envíen saludos, esperamos que puedan acompañar, sabiendo lo que esta Convención significa. Pueden enviar saludos, es muy importante el vínculo con las organizaciones latinoamericanas porque entendemos que esta lucha no es solamente una lucha al pueblo chileno, sino que esta lucha es de todos los pueblos de Nuestra América, en la medida que se avanza en determinado país, todos los pueblos avanzan también.

Agradecerles la solidaridad que permanentemente han dado desde muchos sindicatos de maestros y maestras de América Latina. El Foro por el Derecho a la Educación cumplió un rol importante, en el fortalecimiento del debate, de la argumentación en las organizaciones de base, en el cual se tiene que sostener esta transformación, nos seguimos encontrando en la lucha y muchas gracias en realidad por el apoyo.

Diálogo con Eduardo González Navarro

Escuche la entrevista completa

Leer más:

Informe del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile sobre lo aprobado en educación por la Convención Constitucional.

Minuta explicativa del derecho a la educación en la nueva constitución. Colegio de Profesores y Profesoras de Chile.

 


Educación superior: reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe

17 de mayo de 2022

“La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: `El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos´, recuerda la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el documento publicado este lunes (16/5) en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO, que se realiza en Barcelona (España) esta semana, del 18 al 20 de este mes. 

El documento, titulado “Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe” fue construído colectivamente por la red CLADE con representantes de Costa Rica, Argentina, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica y con integrantes de la oficina CLADE y la Campaña Mundial por la Educación (CME). 

¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?

A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras”

Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas.

>> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés


Marcha de Mujeres. México

Foro Social Mundial mantiene la convocatoria por Otro mundo Posible

11 de mayo de 2022
Foro Social Mundial 2022
Marcha de Mujeres. México

Desde el año 2001 las organizaciones y movimientos sociales se han autoconvocado en torno a la consigna de Otro Mundo Posible del Foro Social Mundial. Los intercambios y acuerdos ofrecidos durante estos años mantienen la crítica al sistema económico neoliberal que aspira mercantilizar la vida y los derechos.

En su XV edición se registraron más de 500 organizaciones que gestionaron al menos 365 actividades inscritas con la participación de más de 2000 personas que viniendo de diferentes partes del planeta lograron llegar a México para el Foro Social Mundial.

Ver Carta de Principio de Foro Social Mundial

Recordamos que el Foro Social Mundial se articula desde las redes sociales, cuidando su referencia no privada, ni partidaria, ni gubernamental para la participación plural y democrática de las múltiples expresiones de organización y movimientos sociales para compartir e intercambiar las visiones del mundo y contrarrestar el modelo depredador desde la solidaridad y ternura de los pueblos.

El programa del FSM 2022 contó, por una parte, con actividades presenciales, propuestas por participantes físicamente en México, y que abrían según sus intereses y posibilidades técnicas la participación remota por internet, volviéndolas actividades extendidas.

Foro Social Mundial 2022. Marcha de Mujeres
Foro Social Mundial 2022. Marcha de Mujeres

Se plantearon 10 ejes de trabajo acordados por el grupo facilitador del FSM México 2022. Compartimos el Manifiesto realizado por el eje de Educación, Ciencia y Tecnología al servicio de los Pueblos en el Marco del Foro Social Mundial 2022

Manfiesto por las “Otras Educaciones”

Organizaciones, instituciones y personas de distintas partes de nuestro planeta Tierra, atendiendo el llamado del Comité Facilitador del Foro Social Mundial 2022, combinando las modalidades virtual y presencial, durante los días 2, 3 , 4 y 5 de mayo, desde nuestro centro de acciones ubicado en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos reunimos para analizar y plantear propuestas, así como acciones de coordinación en torno al Eje 7: Educación, Ciencia y Tecnología de este importante cónclave mundial. Siete mesas de diálogo sobre temáticas de alta relevancia para el análisis de la situación de la educación, ciencia y tecnología en el contexto actual, una Asamblea sobre los temas Educación, Ciencia y Tecnología que da origen al presente documento, y nuestra presencia en la Feria Educativa donde presentaremos testimonios de nuestros avances para construir las “Otras Educaciones”, fueron parte central del desarrollo de nuestra Agenda de actividades.

Estas jornadas de intenso, fraterno y revolucionario diálogo de experiencias, estudios y propuestas desde distintos y diversos territorios y perspectivas, partiendo de la constatación que el mundo está en un momento crucial y definitivo profundizado en sus consecuencias por la crisis civilizatoria de carácter occidental y capitalista, la pandemia del coronavirus que por sus efectos sociales en realidad es una sindemia y la arremetida del “capitalismo cognitivo” de las empresas transnacionales del sector de las telecomunicaciones y la tecnología en la educación, manifestamos lo siguiente:

  1. Ratificamos nuestra plena militancia por la construcción del “Otro Mundo es posible”, por lo tanto de educaciones descolonizadoras, despatriarcalizadoras, anticapitalistas y antirascistas, promotoras de la paz con justicia.
  2. Desde nuestras experiencias que se ponen en práctica en las comunidades del planeta Tierra como semillas de esperanza y desde la disputa a nivel global continuaremos en nuestra lucha por la construcción de resistencias y alternativas que nos permitan tener una educación pública y gratuita, de calidad con pertinencia cultural y relevancia social, liberadora, transformadora y popular, comunitaria y democrática, científica, intracultural e intercultural, diversa, plural e inclusiva, con base en el diálogo igualitario de saberes y conocimientos.
  3. Convocamos a construir las otras educaciones desde apuestas emancipatorias, iniciativas innovadoras de educadoras y educadores y proyectos ético – políticos alternativos con base en la educación en, de y para la vida, así como el reconocimiento de la educación a lo largo y ancho de la vida que además de tomar criterios de edad valore la diversidad.
  4. Reivindicamos a la educación como un derecho humano por lo que es indispensable que los Estados garanticen no sólo el acceso sino la permanencia y el egreso de las y los estudiantes mediante el establecimiento de las condiciones económicas, sociales y políticas necesarias para ello, sin escamotear los recursos suficientes para invertir en la educación pública, ya que no es el estudiante quien deserta del sistema educativo, sino que es el Estado quién lo abandona y le impide proseguir con su trayectoria educativa.
  5. Denunciamos los procesos de estandarización educativa, mercantilización de la enseñanza y desterritorialización de las instituciones educativas como parte de la ofensiva del capital sobre el derecho a la educación.
  6. Exigimos una nueva institucionalidad y gestión integral de los sistemas educativos con diversidad de espacios de aprendizaje que valoren y vinculen la educación formal y no formal. Exigimos que se generen mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas del cumplimiento de los derechos a la educación y que los Estados garanticen un financiamiento justo y suficiente para educación, ciencia y tecnología.
  7. Denunciamos que, a pesar de las crecientes disputas, persiste el patriarcado y el machismo en los contextos educativos y expresamos nuestro pleno compromiso de desarrollar acciones educativas que modifiquen sustancialmente esta situación.
  8. Denunciamos los nuevos modelos de privatización educativa, que se intensificaron por la pandemia del COVID-19, al transferir los Estados Nacionales sus responsabilidades de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje a las familias, estudiantes y docentes, quienes tuvieron que pagar la conexión a internet, comprar equipos de computación y pagar acceso a plataformas. Alertamos sobre la apropiación del conocimiento que realizan las grandes empresas aprovechando el uso intensivo de las diversas plataformas durante el encierro provocado por la pandemia, así como sobre los acuerdos que están firmando los gobiernos con las corporaciones tecnológicas para el suministro de plataformas educativas pensadas solo para reproducir el conocimiento. Afirmamos que la digitalización y el uso de la tecnología en la educación es importante pero no es la solución ni es suficiente para resolver los grandes problemas de la educación menos para encauzar las otras educaciones. En consecuencia, demandamos la responsabilidad del Estado en el suministro de estas y todas las condiciones mínimas para la continuidad de los procesos pedagógicos cuando la virtualidad y el mundo digital sean necesarios; demandamos la formación docente (inicial y continua) encaminada a desarrollar propuestas formativas del personal docente para trabajar en entornos virtuales y digitales con perspectiva liberadora; demandamos el diseño de plataformas autónomas y soberanas, que desde el campo popular construyan condiciones de posibilidad para el pensamiento crítico, la creatividad y la educación emancipadora en modelos híbridos de educación; exigimos superar el uso instrumental y la sobrevaloración de la educación virtual con respecto a la educación presencial, así como ampliar la interacción entre estudiantes, educadoras y educadores, comunidades educativas y el conjunto de la sociedad, asumiendo la virtualidad como complementaria de los procesos presenciales. La educación en el siglo XXI debe garantizar la presencialidad del encuentro humano para aprender a vivir, convivir, crear y hacer juntos un mundo de justicia social a la par que nos apropiamos de la ciencia y la tecnología del presente.
  9. Considerando que la ciencia y la tecnología son blanco del capitalismo, además que ha transformado o condicionado el papel del investigador y hace creer que el productivismo es “excelencia académica”, planteamos que la ciencia y la tecnología deben responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales, exigimos alentar la capacidad a organizaciones de investigadoras e investigadores de la ciencia y tecnología para establecer un vínculo sólido entre ciencia, tecnología y sociedad.
  10. Considerando la importancia de lo simbólico como mecanismo de construcción de comunidad, alianzas y encuentros que son garantía de paz y de proceso educativos liberadores reivindicamos las herramientas simbólicas para la construcción de la unidad y alianzas de nuestras gentes, la comunidad y la paz con justicia social.
  11. En consideración que las organizaciones y comunidades de trabajadoras y trabajadores de la educación, ciencia y tecnología y de estudiantes, las familias, así como otros movimientos socio-educativos constituyen factor determinante en la construcción de resistencias anticapitalistas, planteamos privilegiar su unidad clasista y combativa.
  12. Ratificamos que en estos tiempos, la educación, ciencia y tecnología tienen que profundizar sus procesos éticos y políticos que contribuyen a la transformación social en constante interacción con los movimientos sociales, ciudadanos, de pueblos indígenas y campesinos, gremios y sindicatos docentes, federaciones estudiantiles, centros de investigación, colectivos académicos, que constituya a generar respuestas alternativas desde la democratización de la producción, socialización y dialogo de saberes y conocimientos con enfoques y metodologías propias de, entre otras, la educación popular, la pedagogía crítica y otras formas de educación emancipadoras y socialmente referenciadas.
  13. Planteamos la necesidad de despertar conciencia respecto a la urgencia de construir propuestas educativas con enfoque incluyente para las personas que se encuentran afectadas en su salud o tienen alguna exigencia de carácter judicial o policial.
  14. Desde una perspectiva amplia e inclusiva de nuestras comprensiones de educación, planteamos que se conciba y se ponga en práctica una Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), promotora de la ciudadanía, la educación popular y la “compartencia” de saberes y experiencias, así como de la educación en, de y para la vida, orientada a la protección de la salud, el trabajo digno, la seguridad alimentaria, el bienestar, y, la producción, apropiación y uso del conocimiento por parte de la población, con plena valoración de su identidad y valor social.
  15. Exigimos una justa atención de la situación de educadoras y educadores de todos los áreas, modalidades y niveles de los sistemas educativos, así como el reconocimiento en sus condiciones de trabajo dignas, salarios justos y planes de carrera , asimismo se debe priorizar su formación y profesionalización.
  16. Ratificamos que debe garantizar el acceso, permanencia y egreso de las y los estudiantes en su formación en universidades y todas las otras formas de educación superior, así como exhortamos que todas estas modalidades de educación acompañen los procesos de transformación orientadas a construir sociedades justas, inclusivas y democráticas. 17. Considerando la proximidad de la realización de dos eventos internacionales de alta trascendencia para el futuro de la educación convocados por UNESCO, la Conferencia Mundial de Educación Superior (18 – 20 de mayo de 2022) y la séptima versión de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos – CONFINTEA VII (15 – 17 de junio, 2022) exigimos que respondan a la participación de la sociedad y a las necesidades de transformación del periodo histórico presente, así como que se constituyan en la base de la construcción de una educación crítica y emancipadora. 18. Las organizaciones, instituciones y personas que participamos del Foro Social Mundial, así como otras instancias que compartimos los propósitos de esta iniciativa, afirmamos la necesidad de fortalecer nuestros lazos de solidaridad así como el trabajo coordinado en favor de la construcción de las otras educaciones descolonizadoras, despatriarcalizadoras, antiracistas y anticapitalistas.

Ciudad de México, 5 de mayo de 2022

 

Foro Social Mundial 2022
Foro Social Mundial 2022. México

Declaración Final

Compartimos Declaración Final del Foro Social Mundial: Construyendo juntos una agenda común para otro mundo urgente y necesario.

Visitar canal Facebook FSM para acceder a las actividades virtuales  y al canal Youtube FSM

 

 

Recuento de los Foros Sociales Mundiales

  • I El primer FSM fue organizado en Porto Alegre Brasil en enero de 2001, misma fecha en que se reúne el Foro Económico Mundial de Davos, a partir de una convocatoria internacional por movimientos y organizaciones sociales críticos al neoliberalismo.
  • II Porto Alegre, Brasil (2002)
  • III Porto Alegre, Brasil (2003)
  • IV Bombay,India (2004)
  • V  Porto Alegre, Brasil (2005)
  • VI Simultáneo en  Caracas (Venezuela), Bamaka (Mali) y  Karachi (Pakistan), (2006)
  • VII  Nairobi, Kenia (2007)
  • VIII Belém, Brasil (2009)
  • IX Dakar, Senegal (2011)
  • X Túnez (2013)
  • XI Túnez (2015)
  • XII Montreal, Canadá (2016)
  • XIII Salvador, Brasil (2018)
  • FSM XIV Virtual (2021)
  • FSM XV en México (2022)

foto en negro y blanco de una niña escribiendo. Ella está de perfil
Foto: Foro de Educación y Desarrollo Humano Fedh-Ipn

CLADE rechaza la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y también la de otras 24 organizaciones más del país

4 de mayo de 2022

“Repudiamos la reciente solicitud de cancelación arbitraria de la personería jurídica de al menos 25 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de actividades para garantizar derechos humanos como el de la educación, entre otros, por parte del gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional. Rechazamos, de manera particular, la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua – FEDH-IPN, miembro histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de cuyo trabajo comprometido por el derecho humano a la educación hemos sido testigos y acompañantes”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en nota publicada hoy (4/5) y firmada por varias organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. 

Según la nota, la cancelación solicitada por el gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional implica un ataque a los mecanismos sociales de defensa y promoción del derecho por parte de la ciudadanía en un contexto evidente de persecución política.

“Señalamos que estas acciones afectan directamente la integridad ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía dejando a los habitantes de Nicaragua en indefensión y a merced de un Estado totalitario. Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por cualquier situación que vulnere la integridad física de los compañeros y compañeras a quienes se les ha violado el derecho a asociarse y a ejercer su ciudadanía”, afirma la CLADE en nota.

A continuación, lee el documento completo:

NOTA PÚBLICA

América Latina y el Caribe, 3 de mayo de 2022

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en atención a los principios fundamentales de libertad de asociación, libertad de expresión, igualdad de trato, justicia, bien común y dignidad humana declara lo siguiente:

  1.       Repudiamos la reciente solicitud de cancelación arbitraria de la personería jurídica de al menos 25 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de actividades para garantizar derechos humanos como el de la educación, entre otros, por parte del gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional.
  2.       Rechazamos, de manera particular, la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua – FEDH-IPN, miembro histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de cuyo trabajo comprometido por el derecho humano a la educación hemos sido testigos y acompañantes.
  3.       Denunciamos la precaria argumentación jurídica en la que se fundamenta la medida y la catalogamos como política y violadora de derechos; hacemos responsable de este atentado a la democracia a los Ortega- Murillo. Es un acto contra los principios elementales de los derechos humanos.
  4.       Implica además un ataque a los mecanismos sociales de defensa y promoción del derecho por parte de la ciudadanía en un contexto evidente de persecución política.
  5.       Señalamos que estas acciones afectan directamente la integridad ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía dejando a los habitantes de Nicaragua en indefensión y a merced de un Estado totalitario.
  6.       Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por cualquier situación que vulnere la integridad física de los compañeros y compañeras a quienes se les ha violado el derecho a asociarse y a ejercer su ciudadanía.
  7.       Reivindicamos la importancia de la democracia para garantizar el respeto a los derechos humanos y la libre determinación de sus gobiernos por parte de la elección ciudadana.
  8.       Reconocemos en el pueblo nicaragüense su esfuerzo para buscar una salida pacífica y llamamos a la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región a que apoyen a las recién debilitadas jurídicamente ONG’s nicaragüenses.
  9.       Llamamos a los operadores del derecho internacional a que identifiquen mecanismos de apoyo a organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan por la reivindicación de los derechos humanos y que son perseguidos por los Estados.
  10.   La CLADE se ofrece para ayudar a buscar las salidas más conducentes que busquen restablecer estas condiciones propias del estado de derecho y que garanticen la integridad de los y las ciudadanas involucradas.

En solidaridad con nuestros compañeros y compañeras del FEDH-IPN, firmamos:

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
Alternatives
Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
Campaña por el Derecho a la Educación de México
Centro Cultural Poveda – República Dominicana
Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación

Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Contrato Social por la Educación en el Ecuador
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – República Dominicana
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)

Federación Internacional Fe y Alegría
Federación Internacional Fe y Alegría – República Dominicana

Foro Dakar Honduras
Foro Socioeducativo
Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
Fundación Sur Futuro – República Dominicana
Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda – República Dominicana
Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
Misión Educativa Lasallista – República Dominicana
Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
Pressenza
Radio Seybo – República Dominicana
Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
Red de Comunicadoras Indígenas de Guatemala
Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia
Red de Educación Popular entre Mujeres de AL y el Caribe (REPEM)
Red Estrado Nodo Colombia
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Red Sin Fronteras
Unión de Emisoras Católicas de República Dominicana (UDECA)
Word Vision – República Dominicana

 


Cuenta regresiva: Foro Social Mundial 2022 empieza en menos de un mes

5 de abril de 2022
FORO SOCIAL MUNDIAL

La incertidumbre profundizada con la pandemia, las desigualdades estructurales y el descontento por las políticas de desprotección a derechos humanos y de la naturaleza han propiciado diversas iniciativas a nivel mundial.

Organizaciones, movimientos sociales, activistas, autoridades, estudiantes y especialistas se reunirán una vez más para seguir construyendo el lema que en 2001 animó el Foro Social Mundial y sigue cada vez más vigente: ¡Otro Mundo es Posible!

El evento se llevará a cabo en Ciudad de México entre el 1 y 6 de mayo, será en formato híbrido, es decir, presencial y en línea, gracias a la gestión del Comité Facilitador integrado por organizaciones y movimientos sociales.

El formato en línea se incorporó para asegurar la participación de personas – organizaciones que no pueden estar presencialmente. Aunque con la pandemia se popularizaron las actividades en línea, se reconocen las profundas exclusiones de la brecha digital. Se convoca a los medios comunitarios a sumarse a la socialización del foro. 

A través de actividades y procesos de debate, charlas, formación política, acciones de incidencia global y transnacional, el Foro Social Mundial compartirá los horizontes alternativos desde las organizaciones y movimientos sociales, en claro cuestionamiento al imperialismo así como al planteamiento económico del capitalismo y neoliberalismo patriarcal, racista, depredador que sustenta la gobernanza mundial del Foro de Davos. 

Fortalecer la convergencia, rearticular las luchas y resistencias ante los modelos civilizatorias ha resultado clave para esta autoconvocatoria del Foro Social Mundial, demostrando que se avanza en la construcción de un sujeto social global con una conciencia solidaria y de empatía comprometida éticamente con el horizonte ambientalmente sostenible y de justicia social para toda la población.

Ejes de movilización

El Foro Social Mundial propone los siguientes ejes de movilización que organizan la agenda de actividades: 

  1. Arte y cultura para la Vida. 
  2. Comunicación, disputa de nuevas narrativas y soberanía digital
  3. Construcción de paz, desarme y estrategias frente a las guerras, violencia estructural y migración.
  4. Defensa de la vida y los territorios frente a la crisis civilizatoria y el ecocidio en el planeta, ocupación y despojo, agroecología, derecho a la ciudad, salud y justicia climática.
  5. Democracia, participación política, construcción de ciudadanías globales críticas y autonomía 
  6. Economías emancipadoras, trabajo y trabajadorxs, lucha contra el sistema de la deuda y justicia socio económica 
  7. Educación, pedagogías emancipadoras, democratización del conocimiento, ciencia y tecnología al servicio de los pueblos
  8. Espacios para la articulación de los movimientos globales, facilitaciones y futuro del FSM 
  9. Luchas contra el Patriarcado y heteronormativas: claves desde las mujeres, feminismos y disidencias 
  10. Pueblos originarios, indígenas, ancestrales, negros, afrodescendientes, de la diáspora, autodeterminación de los pueblos y lucha contra el racismo.

Como eje transversal se mantiene la lucha contra el imperialismo, racismo, patriarcado y capitalismo, en defensa de la vida, la democracia, autonomía y autodeterminación de los pueblos.

 

¿Qué es el Foro Social Mundial?

 

 

 

El Foro Social Mundial (FSM) cumple veinte años de vida y ha tenido 14 ediciones desde el 2001. Ha logrado congregar a miles de personas en sus diversas ediciones mundiales. Se ha llevado a cabo en Brasil, Venezuela, Túnez, Senegal, Dakar, Bombay y Canadá.

También se han llevado a cabo Foros Sociales Temáticos con relación al Agua, la Salud y la Seguridad Social, las Economías Transformadoras, la Migración, la Justicia y la Democracia, las Resistencias. Así como Foro Regionales como el de la Pan-Amazonía, Asia Pacífico y Foros Nacionales.

 

El objetivo por el cuál nació el FSM aún sigue vigente: la lucha contra un sistema capitalista en el que unos cuantos se enriquecen a costa de la explotación de las grandes mayorías, y se atenta también contra la naturaleza. Hoy vivimos una grave crisis civilizatoria que nos obliga no sólo a pensar, sino a actuar de forma colectiva y contribuir a la construcción de la sociedad y del mundo que queremos.

Video de invitación

Más información del Foro Social Mundial 2022 


Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

9 de marzo de 2022

En el marco de la “Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, organizada por la CEPAL, Nora González Chacón, punto focal del grupo de educación, ciencia y tecnología del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil ante el Foro, participa hoy [9 de marzo], en la mesa con el tema “Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Chacón es coordinadora de la Agenda Ciudadana por la Educación (ACED) y miembro del comité directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Según su intervención, son elementos del contexto regional que impiden alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

1. La profundización de la desigualdad económica, social, política y de género, desigualdad estructural que afecta de manera profunda y especial a las mujeres, siendo un problema mediado por el patriarcado.

2. Asimetrías en el acceso a la educación: efecto inmediato en la niñez y adolescencia, y
especialmente a niñas y mujeres. Las etapas preescolar y primera infancia prácticamente se han invisibilizado también luego de la pandemia.

3. Asimetrías en el acceso a la salud por la vacuna contra el COVID-19, que se profundiza por la incapacidad económica de algunos países para adquirirla y por la incapacidad de producirla regionalmente por razones económicas y de acceso al conocimiento de la fórmula.

“En este contexto, es necesario redimensionar la educación como un derecho humano en todas las etapas de formación incluyendo la universitaria, y abarcando los ciclos de la vida desde el nacimiento hasta la etapa de adulto mayor. Una educación con enfoque de género intercultural, emancipadora, transformadora, despatriarcal, decolonizadora, antirracista, intercultural, laica, gratuita, accesible, de calidad, con presupuesto que lo garantice”, subrayó Nora Chacón.

Agregó como otra necesidad fundamental el acceso a internet como derecho humano, un bien y un servicio público garantizado por el Estado, así como la inclusión de temas de sexualidad y género en la educación.

Participan en el panel al lado de Nora González Chacón: Claudia Uribe, Directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); María Carmelina Londoño, Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Marcela Guerrero, Ministra de Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica; María-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres; Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México; Lucy Garrido, de la Articulación Feminista Marcosur; y Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.

Por la igualdad de género y los derechos de las niñas y mujeres

Como punto focal y representante del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Nora Chacón basó su intervención en la declaración que salió de la “Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, realizada el 6 de marzo.

Este documento fue entregado a las autoridades de la CEPAL y puede ser descargado aquí.

Respecto al ODS 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas -, los principales mensajes de la sociedad civil presentes en el documento son los siguientes:

● Reclamamos la promoción y aplicación efectiva de medidas inclusivas que no dejen a las mujeres atrás y en particular a las trabajadoras sexuales, las trabajadoras a domicilio, especialmente en forma independiente e informal, mujeres con discapacidades, mujeres migrantes y desplazadas e indígenas y mujeres del colectivo trans han sido los principales colectivos excluidos y que en período de recuperación de la pandemia sea una prioridad de los gobiernos la creación de trabajo decente.

● Reclamamos a los Estados que prioricen las inversiones en la economía del cuidado; la eliminación de la brecha salarial de género, y la promoción del empleo para las jóvenes, mujeres, en todas sus diversidades.

● Reafirmamos el “Marco de las 5 R para el trabajo de cuidados decente” de la OIT: Reconocer, Reducir y Redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, Recompensar y Representar a los trabajadores y trabajadoras del cuidado, e instamos a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, la sanción y cumplimiento de normas laborales para este sector en los países.

● Es urgente el reconocimiento y garantía de derechos para todos y todas las trabajadores/as informales, los/as trabajadores/as, trabajadores comunitarios, economía social y solidaria, y cuentapropistas, incluido al sector de las personas que ejercen el trabajo sexual.

● Teniendo en cuenta que las violencias son tanto individuales y colectivas, exigimos que todos los países ratifiquen el Convenio 190 de OIT, “Sobre Violencia y Acoso” y adopten medidas de protección a las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, orientadas a disminuir la violencia basada en género, lo que implica inversión en prevención y atención, incluido el asesoramiento legal gratuito y la aplicación de justicia efectiva.

● Que los Estados generen los mecanismos necesarios para contar con estadísticas o datos sobre las distintas formas de violencias contra niñas, jóvenes y mujeres, sobre todo en aquellas que viven en una situación de mayor vulneración, como son población indígena, afrodescendiente, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual, entre otras.

● En reconocimiento al liderazgo permanente de las mujeres, a pesar de verse limitadas por sus tareas de cuidados, resulta imperativo garantizar el involucramiento de la los pueblos indígenas y tribales, mujeres campesinas, productoras rurales y de base en los proyectos dirigidos a ellas, desde el planeamiento hasta la ejecución y evaluación, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, así como también de las ya que esto compromete su bienestar.

>> Lee más sobre la reunión y las propuestas de la sociedad civil ante el Foro.

>> Descarga la presentación de Nora Chacón aquí.

Video de la reunión:


Foto: Nora Chacón

“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”

En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.

El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.

Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.

El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.

Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.

“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.

Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región

Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.

En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.

En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.

5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS

El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:

1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.

2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.

3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.

4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.

5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.

“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.

Video de la reunión:


Foto: Wikimedia Commons

“Es indispensable un cambio radical y la implementación de nuevos modelos de producción y desarrollo que garanticen los derechos humanos”

Para influenciar los debates de la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que culmina hoy, en Costa Rica, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el continente, tuvo lugar el 6 de marzo la “Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe”.

En este encuentro, representantes de la sociedad civil, entre ellas/os integrantes de la CLADE, intercambiaron ideas, experiencias y propuestas, respecto a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en los países de la región, considerando especialmente el impacto del COVID-19 y la necesidad de adecuar la respuesta de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto.

De este foro de sociedad civil resultó un documento con propuestas, análisis y demandas, el cual ya fue enviado a la CEPAL para que las autoridades tomen en cuenta en la declaración final del Foro que será adoptada hoy, y también en sus compromisos y acciones políticas.

En el documento de sociedad civil mencionado, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil vinculado a la CEPAL solicita que el próximo Foro de Países de América Latina y el Caribe permita que a los informes preliminares presentados por los países sobre el estado de cumplimiento de los ODS, se añadan los informes paralelos que realicen las organizaciones sociales de los países respectivos. Así mismo, solicita que incluyan a la sociedad civil en los debates preliminares del documento oficial de este Foro.

“Nos sigue preocupando la continuidad de las políticas neoliberales y de ajuste adoptadas por la mayoría de los países de la región, que sin duda obstaculizan el logro de los ODS. Para la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030 es indispensable un cambio radical en la acción de los gobiernos, y la implementación de nuevos modelos de producción y desarrollo, que garanticen los derechos humanos. Constatamos el déficit de indicadores y la ausencia de datos desagregados, que son indispensables para planificar medidas concretas e inclusivas bajo una perspectiva holística de interculturalidad e interseccionalidad. Observamos con gran preocupación el avance de intereses corporativos que amenazan con incidir de manera decidida sin legitimación democrática sobre el sistema multilateral de Naciones Unidas y en las modalidades de implementación de la Agenda 2030”, afirman las organizaciones de sociedad civil que forman parte del Mecanismo.

Los mensajes clave de esta declaración de la sociedad civil serán leídos hoy ante las autoridades presentes en el Foro de Países de América Latina y el Caribe, con una intervención de Laura Hernández Pérez, indígena del pueblo nahua de México e integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), además de representante del grupo de Pueblos Indígenas del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible.

Retos y propuestas para hacer cumplir el ODS 4

Cada año, las revisiones oficiales sobre el cumplimiento de los ODS se enfocan en objetivos específicos. En el año 2022, se analiza especialmente el estado de cumplimiento de los siguientes objetivos: ODS 4 (Educación); ODS 5 (Igualdad de Géneros); ODS 14 (Océanos y Mares); ODS 15 (Ecosistemas Terrestres); ODS 17 (Alianzas Inclusivas).

En relación al ODS 4, Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, los principales mensajes de la sociedad civil son:

● Es indispensable reforzar la educación pública como derecho humano fundamental desde la infancia y a lo largo de la vida, incluyendo a las personas adultas mayores. Es importante garantizar este derecho en todos los niveles obligatorios, asegurando una educación de calidad y permanente desde el nacimiento hasta el nivel superior. Ello incluye la educación universitaria y garantizar su carácter gratuito, de calidad, accesible, asegurando el presupuesto necesario.

● La educación debe entenderse como un bien público de acceso irrestricto, laico, a lo largo de la vida y que garantice ofertas para personas jóvenes adultas, adultas y adultas mayores que no han tenido la oportunidad de acceder al derecho a la educación en los tiempos previstos, sin considerar el estatus migratorio, económico, étnico, credo, sexual, etario, género, ni ningún tipo de discriminación y que incluyan a las personas que por conflictos con a ley se encuentran privadas de su libertad. Se aboga por una educación intercultural, emancipadora, transformadora, despatriarcal, decolonizadora, antirracista e intercultural que contemple la participación activa de toda la comunidad educativa.

● Considerando la situación de pandemia y las necesidades propias de la sociedad del conocimiento hay que determinar el fortalecimiento de las radios comunitarias, el acceso a internet como un derecho humano; garantizar equilibrios regionales y una cobertura amplia en términos de conectividad, equipamiento y competencias digitales sin discriminación alguna. El efectivo acceso a la conectividad como derecho requiere su consideración como bien y servicio público por los Estados, con la garantía sobre la soberanía de contenidos, acceso libre en los espacios públicos y escuelas, libre de lucro, vigilancia y la intrusión en la órbita íntima de cada persona.

Es indispensable una reforma fiscal que disminuya la regresividad de los actuales esquemas impositivos en la región y aumentar la proporción de presupuesto nacional dedicado a la educación. Se requiere que los países cumplan con la Asistencia Oficial para el Desarrollo comprometida en el marco de la Declaración de Incheon. Es en este marco, los países de nuestra región se comprometieron a asignar y cumplir con un mínimo del 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional para la educación.

Las políticas complementarias que coadyuvan a garantizar el derecho humano a la educación se centran en la protección social universal, la promoción del ingreso básico universal como derecho ciudadano, así como el apoyo dirigido a hogares encabezados por madres solas o monoparentales.

Se solicita cumplimentar la educación sexual integral y avanzar en el marco normativo y la institucionalidad para hacer frente a la discriminación, violación de derechos humanos, y a todo tipo de violencia, con especial urgencia y políticas que pongan fin a la violencia por razones de género y que afectan especialmente a refugiadas, afrodescendientes e indígenas, trabajadoras sexuales, rurales, poblaciones LGTBQ+, a las mujeres migrantes, personas con discapacidad en los ambitos educativos.

Reconocer y respaldar las distintas formas de educación en las comunidades y pueblos. Los saberes ancestrales, conocimientos y la relación con la naturaleza y comunidad en diálogo permanente con los pueblos y comunidades involucradas.

Es necesario considerar medidas de estímulo a la escolarización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con transferencias de ingresos familiares asociados a la concurrencia a la escuela y de educación sexual integral promotores de derechos como estrategia fundamental para promover la equidad de género y el respeto a las diversidades sexuales, y prevenir los embarazos no planificados en la adolescencia, la violencia obstétrica, así como las uniones o matrimonios precoces y el abuso sexual infantil.

● Debido a la crisis humanitaria de migración es indispensable que a las niñas, niños y adolescentes migrantes se les garantice el derecho a la educación.


Las juventudes y los ODS

También previamente al Foro de la CEPAL, tuvo lugar el 4 de marzo el “Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030: Rumbo a la Quinta Sesión del Foro de Países de ALC Sobre Desarrollo Sostenible y al 11° Foro de Juventudes del ECOSOC”. En este espacio, las juventudes participantes compartieron sus opiniones y recomendaciones sobre los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados este año para las revisiones de la Agenda 2030.

Los resultados de estas consultas fueron incluidos como insumos a los posicionamientos de juventudes entregados y presentados ante la CEPAL y en los diferentes espacios preparatorios al Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas 2022 – instancia de la ONU para la revisión de los ODS -, así como otros espacios intergubernamentales relevantes.

>> Entérate más aquí.


Foto: Nora Chacón

El 68% de las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible continúa insuficiente para su logro hacia 2030

8 de marzo de 2022

En el primer día del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, organizado por la CEPAL, la secretaria de este órgano regional, Alicia Bárcena, presentó un balance del estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región.

El informe completo, cuyos hallazgos centrales Bárcena presentó en la mañana de ayer, 7 de marzo, es intitulado “Una década de acción para un cambio de época”, y puede ser descargado aquí.

Entre los mensajes clave del informe, que evalúa el grado de cumplimiento de los ODS en la post pandemia, se destacan los siguientes:

  • se observaron crecientes asimetrías globales entre países desarrollados y países en desarrollo;
  • en términos de efectos económicos, sociales y políticos de la pandemia, la América Latina es la región más golpeada del mundo;
  • el rol del Estado ha sido central para enfrentar los costos económicos y sociales de corto plazo, pero las medidas de recuperación han seguido un modelo de desarrollo que ya había mostrado sus limitaciones estructurales, y que impone costos crecientes, alejando la consecución de los ODS.
  • por otro lado, la CEPAL fortaleció sus capacidades de evaluación de los avances de los ODS hacia 2030.

En conclusión, Bárcena informó que el 68% de las metas de la Agenda 2030 continúa en una tendencia insuficiente hacia el 2030, y casi un tercio de estas se encuentra en trayectorias que se alejan de alcanzar las metas. “Estos resultados refuerzan la necesidad de una década de acción para transformar el modelo de desarrollo con base en un multilateralismo eficaz”, subrayó.

Afirmó también que apenas el 32% de las metas van en ritmo adecuado, mientras que en el 22% se presentan retrocesos, y en el 46% de las metas hay un fuerte riesgo de retroceder.

Datos de la realidad que dificultan el alcance de los ODS hasta 2030

Otros mensajes clave de su intervención fueron:

– El 1% de la población regional tiene el 50% de la riqueza mundial: hay fuertes asimetrías económicas, climáticas, de acceso a la vacunación (apenas el 64% de la población regional está vacunada contra el COVID-19), y también en términos del financiamiento de respuestas a la crisis: los países desarrollados invirtieron 15 mil millones de dólares en el enfrentamiento a la pandemia, mientras que los países emergentes invirtieron menos de 3 mil millones de dólares.

– La deuda es un serio obstáculo para los países latinoamericanos y caribeños, que agudiza los problemas de la restricción externa y reduce el espacio fiscal.

– La pobreza y la pobreza extrema aumentaron en la región, pese a las ayudas de emergencia implementadas por los Estados; y el desempleo y el empleo informal son de los mayores retos.

– Se retrocedió 18 años en lo que toca la participación laboral de las mujeres en la pandemia: 1 de cada 2 mujeres continúa fuera del mercado laboral en la región, y su derecho a la educación también fue afectado con el cierre de las escuelas.

– Aumentaron en la región la violencia de género y la carga desigual de cuidados que recae sobre las mujeres: 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia física en la región.

– Se observó la aceleración de la destrucción ambiental marina y terrestre, inclusive con asesinatos de defensores del medio ambiente.

– 3 millones de niños y niñas pueden no volver a la escuela luego de la pandemia.

“Necesitamos combatir la violencia de género y fortalecer la participación política de las mujeres. Es necesario que caminemos para una sociedad del cuidado: del autocuidado, del cuidado del medio ambiente, de la distribución equitativa del poder, etc. La igualdad de género es fundamental para alcanzar los ODS”, resaltó Alicia Bárcena.

Afirmó también que el escenario actual nos presenta la oportunidad de asumir un liderazgo, como región, para caminar hacia una reconstrucción verde: se plantea desde CEPAL la reducción del 12% de la deuda de Caribe (6 mil millones de dólares) para con eso crear un fondo de resiliencia del Caribe, que reúne un conjunto de países que está entre los que más sufren actualmente con desastres provocados por los cambios climáticos.

“Necesitamos cambios importantes de producción y consumo, y también una nueva arquitectura financiera internacional que apoye los espacios de política e inversión. Para ello, es esencial modificar el actual sistema de deuda y de préstamos”, enfatizó.

Grabación de la reunión: