Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Declaración de la Plataforma de redes regionales por la EPJA por el Día Internacional de Alfabetización, 8 de septiembre 2023.
7 de septiembre de 2023A propósito del día internacional de la alfabetización que se celebra cada 8 de septiembre, la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) manifiesta la importancia de su priorización así como la preocupación por la situación de los grupos vulnerables y en exclusión social.
A continuación su declaración:
El planeta sólo sobrevivirá si se convierte en un planeta de aprendizaje.
Paul Bélanger, 2009
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Alfabetización en América Latina y Caribe rendimos un homenaje muy especial a la gran educadora e investigadora Emilia Ferreiro, fallecida el pasado 26 de agosto. Dedicó su vida al estudio sobre el proceso de alfabetización con infancias, Emilia Ferreiro, también realizó una investigación que buscaba el conocimiento que tienen las personas jóvenes y adultas analfabetas sobre el sistema de escritura en la Ciudad de México. El estudio tuvo un impacto significativo en la práctica de alfabetización y como ella decía: “La escritura es importante en la escuela porque lo es fuera de ella, y no al revés”.
La tasa de alfabetización de personas adultas a nivel global alcanzó el 87% en 2016 y luego se estancó según datos de la UNESCO. Datos más recientes sugieren que, debido a la pandemia y a la falta de inversión pública, es probable que la cifra de 763 millones de personas jóvenes y adultas analfabetas que se registraba en 2020, siga creciendo a un ritmo alarmante en los próximos años. Según datos de la CEPAL, en América Latina y El Caribe el número de personas en situación de pobreza para el 2021 era de 201 millones, un 32,1% de la población y en pobreza extrema se estimaba un total de 86 millones de personas, es decir el 13,8% de la población regional.
A pesar del fin oficial de la pandemia de COVID-19, el mundo sigue enfrentándose a una triple crisis planetaria: cambio climático, contaminación y sostenibilidad de la biodiversidad, además de las crisis interseccionales que amenazan nuestro futuro colectivo: pobreza, creciente desigualdad, polarización cultural y política, falta de recursos, de confianza y conflictos. Este contexto amenaza la vida social, ecológica, económica, cultural, tecnológica y espiritual repercutiendo en millones de personas de la población joven y adulta, a quienes se les niega su derecho fundamental a una educación de calidad para enfrentar las crisis que se avecinan.
Antes de la crisis sanitaria, solo el 33% de los países de nuestra región consideraban la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) como una prioridad. Así, muchas de las deficiencias previas (insuficiente financiamiento, falta de preparación de educadores y educadoras) se exacerbaron, afectando profundamente la alfabetización de personas jóvenes y adultas. La desigualdad tiene impactos diferenciados en población en situación de vulnerabilidad como la migrante y de pueblos indígenas, pone de relieve la histórica exclusión y marginación de los más de 800 pueblos indígenas de la región, por las insuficientes respuestas estatales a la crisis, con escasa pertinencia cultural sin la debida consideración de los derechos colectivos, personas y comunidades afrodescendientes, y en situación de encierro, personas adultas mayores, y con discapacidades.
La situación de los grupos y poblaciones más afectadas pone nuevamente en evidencia la trascendencia de la inclusión, pertinencia y calidad educativa, así como de la relevancia de la perspectiva de la integralidad, intersectorialidad, interinstitucionalidad; de políticas, acciones y prácticas que incorporen estas dimensiones en la EPJA. El contexto actual demanda más que nunca avances urgentes en este sentido, por ello sumamos voces para su visibilización, investigación, atención y debida protección desde los Estados con el presupuesto justo y oportuno.
El analfabetismo es mucho más que la incapacidad de leer y escribir. Al reivindicar el derecho a la alfabetización, reivindicamos el derecho a la educación de calidad, gratuita, laica, de relevancia social, bajo la responsabilidad del Estado. La alfabetización representa para las mujeres –particularmente las jóvenes– un factor de suma importancia para la definición de un proyecto de vida que rompa con los mandatos tradicionales.
La alfabetización como prioridad es parte integral de la lucha por el derecho humano a la educación durante toda la vida. Es parte integral de una lucha más amplia de derechos humanos, y en específico del derecho a la educación como obligación pública, como un bien común para todas las etapas de la vida y un proceso vital para el futuro de la humanidad.
¿Qué es la Plataforma?
La Plataforma de Redes Regionales por la EPJA está integrada por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Federación Internacional Fe y Alegría (FIFyA), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM).
Descarga documento de declaración en español y portugués.
Episodio 10: Interculturalidad y juventudes en el Podcast Educación ¿qué onda?
31 de agosto de 2023Este episodio del podcast educación ¿qué onda? se inscribe en la celebración del aniversario número 20 de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), quiere invitar a compartir las diversas luchas por el derecho humano a la educación, entre ellas la referida a la perspectiva de las interculturalidades y las juventudes, ambas en el marco de su conmemoración en la agenda internacional.
En la sección Notas en la Pizarra participan Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) quien participó en el evento de lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo: ¿Una herramienta en términos de quién? de UNESCO (conocido como GEM, por sus siglas en inglés). María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, conocida como Malú, educadora popular feminista que integra la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), expone la forma en que las jóvenes y mujeres son excluidas de la educación y viven vulneración en la brecha digital. También contamos con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE quien anima a celebrar colectivamente este aniversario 20 fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida.
Ecos y Voces, la sección de opinión está centrada en las palabras de Ikbalam Solares que integra el Grupo de Trabajo de Juventudes de CLADE y el equipo de jóvenes por la vida (JOVI) de Guatemala, estudia segundo año de educación básica, tiene 14 años y se identifica con sus orígenes mayas y xincas.
En la sección Tejido en Red contamos con los aportes de Aida Garcia Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras integrante de CLADE. La educadora, politóloga e investigadora social y política, y especialista en género que expresa en la entrevista claves indispensables para el derecho a la educación de personas migrantes.
Con locución de una colaboradora de la Coalición Nicaragüense por el Derecho a la Educación, y Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
Escucha el episodio completo:
Notas en la Pizarra: Informe GEM, Tecnologías en la CSW67 y Aniversario de CLADE
Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) asistió al lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo que UNESCO presenta anualmente, el sexto Informe y se titula Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés). Con este informe se han actualizado debates sobre el lugar de la tecnología en los ámbitos educativos, la soberanía de contenidos, la superación de la colonización de conocimientos y la ciberseguridad.
También se brindan detalles sobre el encuentro virtual: TICs y derecho humano de las mujeres a la educación convocado por la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), integrante de la CLADE, con el apoyo de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), a propósito del balance crítico de la sesión 67 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW). Escuchamos a María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, conocida como Malú, educadora popular feminista sobre la forma en que las jóvenes y mujeres excluidas de la educación también atraviesan la brecha digital.
En 2023 la CLADE celebra dos décadas de existencia fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Por ello Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE destaca un llamado para conmemorar las luchas por una educación como derecho promotor de los demás derechos, teniendo como horizonte la justicia social en América Latina y el Caribe.
Ecos y Voces: Juventudes e interculturalidades
En el marco del día internacional de la juventud que se celebra cada 12 de agosto sumamos voces a la celebración de conquistas que superan los desafíos todavía existentes para garantizar los derechos de las juventudes de la región con la entrevista a Ikbalam Solares, quien integra el Grupo de Trabajo de Juventudes de CLADE y el equipo de Jóvenes por la Vida (JOVI) de Guatemala, estudia segundo año de educación básica, tiene 14 años y se identifica con sus orígenes mayas y xincas.
Ikbalam Solares hace un llamado a aumentar la participación de jóvenes y profundizar los compromisos con el derecho humano a la educación con un financiamiento adecuado. Adicionalmente reflexiona sobre las oportunidades y riesgos que traen las tecnologías en la cotidianidad, en especial en los ámbitos educativos.
Tejido en Red: Red Sin Fronteras
Entrevista a Aida Garcia Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras, quien es educadora, politóloga, investigadora social y política, especialista en género, recaudadora de fondos multilaterales y bilaterales, y además es promotora cultural.
La red es una institución que trabaja para defender y promover los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y para articular la diáspora latinoamericana, integra como red regional la membresía de CLADE. La especialista subraya la importancia de comprender el derecho a migrar, el derecho a no migrar y a migrar con derechos son tres apuntes claves para sostener el enfoque de derechos humanos de personas en movilidad humana.
Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el Informe de Adolescentes y jóvenes: derecho a la educación, pandemia y brecha digital en América Latina y el Caribe. Este informe sistematiza una encuesta aplicada en doce países que contó con la participación de 219 adolescentes y jóvenes para conocer sus experiencias, vivencias y percepciones respecto a cómo vivieron el ejercicio del derecho a la educación en la pandemia y la postpandemia.
Lee más:
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
Episodio 2: Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 3: en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?
Créditos:
Producción y Entrevistas: María Cianci Bastidas
Locución: colaboradora de la Coalición Nicaragüense por el Derecho a la Educación, y Andrés Ramos, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Cortina 20 Aniversario CLADE: Colaboración de voces locución, Juan Carlos González y Sandra Luz Cruz. Música: 1.- Autor: Lawrence Beamen Título: Round and Round. Licencia: CC BY-SA // 2.- Autor: Spectacular Sound Productions Título: Breathing. Licencia: Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) // 3.- Autor: Broke For Free Título: Night Owl. Licencia: CC BY
Voces collage: 1.- Infantiles Producción audiovisual original de Carolina Osorio con aportes de OMEP. Adaptación: María Cianci Bastidas. 2.- Collage: Gabriela Arrunátegui, Carolina Osorio, Marcos Alcântara, Fellipe Abreu, Lorena Osorio, Mariana Ovalle, Jesús Juárez, Ederson Kornst, Luis Chera, Israel Coelho, William Thelusmond, Mary Alves. Los niños Daniel Enrique y Marcello Sánchez Cianci.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Sociedad civil demanda enfrentar la brecha digital y los intereses privados en presentación de Informe de Seguimiento de la Educación
11 de agosto de 2023Las tecnologías pueden al mismo tiempo favorecer la inclusión y poner en riesgo la privacidad de los datos, afirma Laura Giannecchini, coordinadora de programas de la CLADE, al analizar el evento realizado el 26 de julio en Montevideo, Uruguay, de lanzamiento del 6º Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de UNESCO titulado Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés).
El documento fue publicado junto a 20 documentos de antecedentes y 200 perfiles de países PEER sobre leyes y políticas referidas a la tecnología en la educación. Durante 3 días diversas autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil intercambiaron opiniones en torno al Informe. Laura Giannecchini, Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE); Patricia Gainza de la Red Sin Fronteras; Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y Vernor Muñoz, coordinador de política de incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) participaron del encuentro.
Compartimos sus análisis luego de asistir a los eventos vinculados a este informe.
Los dilemas de la tecnología: acceso y equidad
Marcela Browne y Laura Giannecchini realizaron este análisis del evento de lanzamiento y del propio Informe.
Para ellas, el informe plantea al menos cuatro preguntas provocadoras que orientan las reflexiones respecto al uso de la tecnología en la educación.
En sus opiniones, desde las primeras páginas del documento se cuestiona si las tecnologías democratizan los conocimientos o si pueden controlar la información en nuestra sociedad. También subrayan si efectivamente las tecnologías ofrecen oportunidades ilimitadas o por el contrario las aprisionan en el futuro; cabe la pregunta en qué medida las tecnologías ofrecen oportunidades iguales para todas las personas y sí se podrían utilizar las tecnologías en la educación de primera infancia o representan un riesgo para los niños y niñas.
Cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad
Por otra parte, se decantan cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad. Por ello, existe la intención de convocar a docentes, estudiantes, comunidades educativas en general y las familias para debatir sobre los términos en que se desea usar la tecnología en la educación. Para ellas, si bien se reconoce como una herramienta más en el ambiente educativo es necesario que ésta dialogue con las demandas y expectativas de este contexto.
Marcela Browne resalta que en “el informe no existen evidencias robustas sobre el valor agregado que aportan las tecnologías a la calidad de los aprendizajes. Las pocas evidencias que se mencionan son débiles y están producidas por los proveedores de las tecnologías, es decir, las empresas”. Llama la atención sobre el rol que han desempeñado las empresas al difundir la idea de que el estudiantado aprende más y mejor con las tecnologías.
La representante de la CADE, afirma que, en contraste, UNESCO señala su relatividad reconociendo las desigualdades de acceso y de conectividad, continúa reflexionando sobre las brechas en los niveles socioeducativos vulnerables que enfrentan también dificultades en los entornos familiares, como insuficientes equipos, ya que la mayoría de los casos accede desde dispositivos celulares.
Laura Giannecchini comenta que se difundió en algunos medios de comunicación hegemónicos la idea simplificada sobre el informe de que UNESCO cuestionaba el uso de los teléfonos móviles en las escuelas como elemento de distracción del estudiantado, yendo en perjuicio de la calidad de los aprendizajes. Aunque sirvió de promoción para despertar el interés sobre el informe, las analistas, Marcela Browne y Laura Giannecchini comentan que esto se debe a una mala interpretación sobre algunos de los mensajes que se expresan en el informe, ya que UNESCO no desaconseja expresamente el uso de celulares en los ámbitos educativos.
La importancia del contexto educativo
Para Marcela Browne, es necesario subrayar la recomendación para que el sistema educativo sea el responsable de determinar el modo en que la tecnología dialoga con la agenda educativa, a fin de que haya una soberanía de contenido. Ella comenta que sin embargo, otro de los mensajes claves que llama la atención, es que son muy pocos los países que generan contenidos propios y se exhorta en las recomendaciones a que pueda impulsarse en el futuro producción de contenidos locales y contextualizados.
Otro elemento importante es la necesidad de profundizar las críticas a la inteligencia artificial, ya que como señala Marcela Browne, existe un sesgo en los contenidos ya que se privilegian los producidos en los países del norte y en idioma inglés, con lo cual se limitan las fuentes de consulta, pudiendo ser parte de la colonización y su reproducción.
Demandas por la transparencia de fondos públicos para la tecnología
En el mismo sentido, Marcela Browne y Laura Giannecchini indican que los cambios en el ámbito tecnológico se proyectan con renovación cada tres años, lo que dificulta la generación de evidencias, para evaluar el funcionamiento en la educación. Es decir, el ritmo de generación de la evidencia es diferente al ritmo de la producción de las propias tecnologías. Una de las implicaciones a considerar es el alto costo que representa, y al mismo tiempo se produce mucho desperdicio, ya que la gente compra lo que no resulta efectivo, derivando una dispersión de recursos.
Añaden Marcela Browne y Laura Giannecchini a las recomendaciones críticas el interés de aumentar la transparencia en la contratación de servicios tecnológicos, para que pueda acompañarse un escalamiento adecuado con la participación y control de la sociedad civil.
En cuanto a la equidad e igualdad de acceso a tecnologías en la educación se recomienda en el informe que sean gratuitas, y que los bienes digitales sean públicos, incluyendo los libros de textos y recursos educativos de manera que las propias plataformas de aprendizaje sean inclusivas, especialmente a los grupos que históricamente son más marginados o excluidos.
Exclusión y derechos digitales
En cuanto a los currículos y las plataformas en el resumen del informe también se hace un llamado a la adaptación de las necesidades de cada estudiante y docente, por lo cual las plataformas deben ser accesibles a las personas con discapacidad, para contextos de escuelas rurales, de personas indígenas, afrodescendientes y personas migrantes. Se hizo referencia a la creación de plataformas que pueden dar seguimiento a las trayectorias educativas de estudiantes a lo largo de los años, acompañando su movilidad territorial, lo cual sería clave para la relevancia y pertinencia de la educación.
Para Laura Giannecchini “si bien se estima que el 85% de los países tienen normativas vinculadas a las tecnologías, solo el 16% tiene medidas de protección del uso de datos privados como la huella digital, esto es una gran falencia al exponerse a niñas, niños y adolescentes sin mecanismos de seguridad y ciberseguridad”.
A pesar que se hacen continuos llamados de atención al uso excesivo o inapropiado de las tecnologías por la relación negativa y perjudicial con el abuso de dispositivo, es necesario incorporar al debate las propias voces del estudiantado y de docentes.
Marcela Browne apunta que este informe recuerda que, dado que muchas tecnologías no fueron diseñadas para la educación, su idoneidad y valor deben demostrarse con una visión de la educación centrada en el ser humano.
Tomando el resumen del informe que facilitan las analistas, “los responsables de la toma de decisiones se enfrentan a cuatro difíciles disyuntivas:
- El llamado a la personalización y la adaptación choca con la necesidad de mantener la dimensión social de la educación. Los partidarios de una mayor individualización pueden estar perdiendo de vista la esencia de la educación.
- Existe un conflicto entre inclusividad y exclusividad. La tecnología puede ofrecer un salvavidas educativo a muchas personas. Sin embargo, para muchas más supone una barrera adicional a la igualdad de oportunidades educativas, con la aparición de nuevas formas de exclusión digital.
- La esfera comercial y el procomún -referida a la utilidad pública- tiran en direcciones diferentes. La creciente influencia de la industria de la tecnología educativa en la política educativa a nivel nacional e internacional es motivo de preocupación.
- Generalmente se asume que cualquier ventaja de eficiencia que la tecnología educativa ofrezca a corto plazo se mantendrá a largo plazo. Sin embargo, se suelen subestimar todos sus costes económicos y medioambientales.”
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Estudiantes y docentes brillan por su ausencia
Por su parte Patricia Gainza, socióloga y coordinadora de Red Sin Fronteras, también resaltó una mirada crítica sobre los resultados del informe, el riesgo que puede representar para el derecho a la educación, una priorización tecnológica en los ámbitos escolares. Extendemos su comentario al respecto.
Para ella, cuando se hace referencia a la tecnología educativa deben considerarse los sujetos que participan de los ámbitos, así como sus experiencias, expectativas y necesidades. A juicio de Patricia Gainza, llama mucho la atención que durante el evento de lanzamiento no se consideró la participación y experiencia de estudiantes o docentes. “Todas las autoridades que asistieron pertenecen al sur global, no había ninguna autoridad del norte” dijo, que en muy pocos casos asistieron personas con responsabilidad académica de investigación, si aunque en menor medida de rectorías de las universidades, “no se piensa en ellos (las, los y les estudiantes) como el motor para la incorporación y el buen uso de las tecnologías en la educación, al contrario todo el tiempo se está hablando de empresas de aplicaciones” afirma.
El ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales
Según Patrícia Gainza, el ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales. “Colocar los enfoques desde la especialización técnica puede ser un factor de exclusión para ampliar el debate sobre las implicaciones de las tecnologías aplicadas a la educación”, analiza Patricia Gainza y continúa: “no hubo prácticamente reflexiones sobre grupos minoritarios o en desventajas y las diferentes formas de facilitar el acceso, las personas en situación de discapacidad.”
Intereses privatistas a favor de la tecnologización educativa
Se consideró particular atención a la situación de la educación en Uruguay y con ello la fuerte influencia del Plan Ceibal, que es el centro de innovación educativa con tecnologías digitales a nivel nacional. Compartieron las lecciones aprendidas de la última década, que asomaba un cambio de lógica con autoreferencias empresariales, comentó Patricia Gainza.
Para Patricia Gainza, en Uruguay se atraviesa un proceso de desmantelamiento del sistema educativo o al menos de reducción de presupuesto importantísimo, Uruguay ha perdido cuatro décimas del Producto Interno Bruto destinado al rubro.
En el análisis de Patricia Gainza, el ministro de educación de Uruguay, Pablo Da Silveira exhortaba a mantener la continuidad de las políticas públicas más allá de la rotación de los gobiernos, y los partidos. Destacaba en su intervención la relevancia del conocimiento técnico, de la creatividad y del compromiso, la relevancia del modelo de gestión con fuerte tendencia a la estructura privada, aludiendo eficiencia en los procesos de licitaciones, agilidad en compras y decisiones; sin embargo se desplaza la responsabilidad política del Estado poniendo en riesgo la transparencia pública, subraya la coordinadora de la Red Sin Fronteras.
Ella también apunta que es muy importante tener claro el vínculo entre lo tecnológico y lo educativo, inicialmente el plan Ceibal nació al interior de la gestión gubernamental, y luego pasa a ser una agencia de tecnología ligada al sistema educativo. En la reflexión se apunta que la ausencia de referencias a la centralidad de los procesos educativos, o al financiamiento que demanda el marco de derechos; para lo cual hace falta voluntad política en una adecuada priorización del presupuesto nacional.
La coordinadora de la Red Sin Fronteras marcó la participación de Fiorella Haim, gerenta general de Ceibal indicó que al referirse a la tecnología digital hay que considerar que es mucho más que pantallas, ya que también son líneas de robótica o hacedores de laboratorios con impresiones 3D, manejo de drones, sensores, muchas cosas ilustran este ecosistema de innovación al servicio de la educación. 
Sistema de datos para ausentismo y la labor docente
Patricia Gainza, de la Red Sin Fronteras, trazó dentro de las buenas prácticas que se compartieron algunas aplicaciones tecnológicas, llamó particularmente la atención la que hiciera Irene González, gerenta de datos de Ceibal expuso una aplicación del sistema y sobre todo de los datos que surgen del ausentismo escolar, señalaba que la inasistencia crónica tiene una proporción en la cual siete de cada 10 niños y niñas son provenientes generalmente de contextos vulnerables, lo que quiere decir dos o tres faltas al mes. Estas alertas del sistema de datos facilita la comunicación con las familias que registran altos niveles de ausentismo, como parte de estrategias de seguimiento.
Según su análisis, existe una constante que expresa la preocupación de articulación conjunta con las tecnologías y el protagonismo de la labor docente, insistiendo en el valor del vínculo relacional del proceso educativo, que es insustituible. Su valoración es que vivimos un contexto de fuertes discursos de neoliberalismo que pretende mercantilizar y ganar en el mercado, flexibiliza las condiciones laborales en general y también del personal docente.
Frente a las posibilidades de empoderamiento de la comunidad educativa, es necesario recuperar la centralidad del estudiantado teniendo en cuenta el contexto sociocultural, en el cual la tecnología es enriquecedora del intercambio entre estudiantes y docentes, para Patricia Gainza, se propone una práctica crítica que logre transformar el rol simplista de usuario/as o destinatarios/as de tecnologías que se imponen externamente.
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La valoración de la labor docente ante la tecnología educativa
Para Vernor Muñoz de la CME, la versión más reciente que se ha centrado en la educación y tecnología, da seguimiento al objetivo cuatro de desarrollo sostenible –de la Agenda 2030, referido al derecho humano a la educación- y permite discutir diversos temas en materia de tecnología digital y educación.
A juicio del coordinador de políticas de incidencia de la CME la contundencia del valor de docentes es relevante, ya que “el informe pone en evidencia que existe poco valor agregado de la tecnología digital en materia de educación y esto es importante porque confirma una vez más que el rol que juegan los maestros y maestras en la educación es insustituible, es decir que es un trabajo que no se puede relevar con el uso de la de la tecnología”.
La atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización
Para él, la atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización, y lo que significa actualmente tanto como en el futuro. En palabras de Vernor Muñoz, “muchas empresas tecnológicas y de software educativo intentan tomar el liderazgo en la venta de sus productos y de alguna manera intentan también insistir en la primacía de la tecnología educativa.”
Según él, las tecnologías pueden ofrecer una posibilidad para la inclusión, pero deben ir acompañadas de políticas que generen las condiciones para que sean posible, ya que la realización del derecho humano a la educación no se define únicamente en las aulas, y entre otras garantías deben considerarse las de conectividad, electricidad, acceso a dispositivos por mencionar algunos. “El informe pone en relevancia cómo la tecnología en la educación abre ciertamente oportunidades, como apoyo al trabajo docente, y esto ha sido muy evidente durante la pandemia del Covid-19, hace hincapié en cómo se han beneficiado, por ejemplo, personas con discapacidad” señaló.
Sobre la dinámica del evento, Vernor Muñoz destacó que, además de una agenda que priorizó el protocolo, la participación de bancos y de empresas, al mismo tiempo que se ha reducido la asistencia de la sociedad, se ha dificultado el diálogo interactivo, en su lugar se han dado a conocer diferentes opiniones de quienes lideran el campo tecnológico.
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Foco sobre el financiamiento, la pedagogía y las amenazas de la privatización
Mercedes Mayol Lasalle, presidenta mundial de OMEP, comparte un análisis de tres aspectos relevantes en la convergencia de la educación y la tecnología, el financiamiento, la pedagogía y la no privatización.
Sobre el financiamiento educativo, señaló: “Este informe contiene un problema sobre la transformación y el financiamiento para ofrecer acceso a la tecnología dentro del sistema educativo a todas las niñas, niños y personas. En el contexto tenemos enormes deudas en relación al financiamiento educativo alrededor del mundo”. Este es un gran punto y tenemos muchas cuestiones con relación a ello.
A su juicio, un segundo aspecto está relacionado a la construcción de una nueva pedagogía desde el desafío de la conectividad con la participación de las y los docentes. En tercer y último aspecto tiene que ver con la ética, la privatización y la falta de regulación de las grandes empresas que venden tecnología a los sistemas públicos de educación.
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Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes
La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) junto a la Campaña Mundial por la Educación (CME) y el Instituto Interamericano del Niño IIN/OEA convocaron a un evento público el 28 de julio, en el marco del lanzamiento del Informe de Seguimiento a la educación, titulado Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes.
La OMEP definió como parte de su fundamento en la convocatoria que “los primeros años de vida constituyen la etapa fundante de ese proceso, por lo que el acceso a una Atención y Educación de la primera infancia (AEPI) inclusiva, equitativa y de calidad, es el primer paso para garantizar aprendizajes fundacionales y oportunidades para un desarrollo pleno (…) La transformación de la AEPI requiere el desarrollo de un debate pendiente y urgente sobre las políticas, la pedagogía y las prácticas relacionadas, apostando a superar miradas simplistas que condenan o enaltecen a las tecnologías computacionales, para construir posicionamientos críticos sobre su papel real en la enseñanza, el aprendizaje y la crianza de las infancias.”
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Más sobre el Informe GEM 2023
Esta fue la primera vez que el lanzamiento global del informe se realiza en América Latina. El encuentro contó con un evento híbrido global al que asistieron 18 ministros y ministras de educación. Convocado por UNESCO, auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Fundación Ceibal, el lanzamiento del informe se concretó el 26 de julio, y a lo largo de tres días se llevaron a cabo diversos eventos en Montevideo, Uruguay.
Los eventos de alto nivel organizados en el marco de este lanzamiento son los siguientes:
- Diálogo Sur-Sur entre ministros/as de educación de América Latina y África.
- Mesa redonda cerrada con ministros/as de educación, representantes de la UNESCO y responsables de organismos internacionales de América Latina.
- Reunión anual de la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina (ADELA).
- Discusión con proveedores privados sobre cómo apoyar el desarrollo sostenible de la educación en América Latina.
- Evento sobre perspectivas globales y regionales de la tecnología en la educación en América Latina organizado por la Fundación Ceibal.
- Evento organizado por la UNESCO sobre nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar con tecnología en la Universidad Católica del Uruguay.
UNESCO señala que el informe “sostiene que los sistemas educativos deben garantizar siempre que los intereses de los alumnos se sitúen en el centro y que las tecnologías digitales se utilizan para apoyar una educación basada en la interacción humana en lugar de pretender sustituirla”,
Esta edición tuvo como objetivo examinar cómo la tecnología puede ayudar a llegar a los alumnos desfavorecidos, pero también a garantizar que más conocimientos lleguen a más alumnos en formatos más atractivos y baratos.
Tomando en cuenta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el referido a educación (ODS4), la tecnología se vincula con seis de las diez metas, según la UNESCO en un nota conceptual las metas “reconocen que la tecnología afecta a la educación a través de cinco canales distintos, como insumo, medio de entrega, habilidad, herramienta para la planificación, y proporcionando un contexto social y cultural”.
Desde el resumen del informe se muestran oportunidades y amenazas, en tal sentido, “los desafíos educativos a los que el uso adecuado de la tecnología puede ofrecer soluciones (acceso, equidad e inclusión; calidad; avance tecnológico; gestión de sistemas), al tiempo que reconoce que muchas de las soluciones propuestas también pueden ser perjudiciales”.
En el resumen del informe se destacan algunos de los siguientes mensajes claves:
- No abundan pruebas adecuadas e imparciales sobre el impacto de la tecnología educativa. Muchas de las pruebas proceden de quienes intentan vender la tecnología. Pearson financió sus propios estudios para refutar análisis independientes donde se demostraba que sus productos no tenían ninguna incidencia.
- La tecnología ofrece la esperanza de una educación a millones de personas, pero excluye a muchas más. Si bien el derecho a la educación es, cada vez más, sinónimo de derecho a una conectividad significativa, el acceso es desigual.
- Algunas tecnologías educativas pueden mejorar ciertas modalidades de aprendizaje en determinados contextos. Debe centrarse en los resultados del aprendizaje, no en el aporte tecnológico. En Perú, se distribuyeron más de un millón de portátiles sin incorporarse en la pedagogía, por lo que el aprendizaje no mejoró.
- El contenido en línea ha aumentado sin suficiente regulación sobre el control de calidad y la diversidad. En 2021 más de 220 millones de estudiantes asistieron a cursos en línea masivos y abiertos.
El informe GEM se centra en una temática particular en cada entrega anual. Para el 2024, el tema será sobre liderazgo y educación que, según UNESCO, resalta que el liderazgo “es el segundo factor escolar más importante para explicar los resultados del aprendizaje”.
Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?
28 de julio de 2023La educación pública enfrenta continuas amenazas de privatización de las empresas que promueven iniciativas sobre la tecnología, la formación docente, la infraestructura educativa, entre otras, por ello la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el noveno episodio de su podcast educación ¿qué onda? con este tema central.
En la sección Notas en la Pizarra participan Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación con valoraciones desde el Foro Político de Alto Nivel y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE expresa algunas de las recomendaciones de la sociedad civil sobre justicia fiscal presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa.
Ecos y Voces, la sección de opinión cuenta con Erika Moreira Martins, investigadora en política educativa en entrevista a CLADE señala algunos mecanismos que naturalizan la privatización y mercantilización de la educación.
Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG) nos hacen llegar la alegría del aniversario 40 de CEAAL junto al compromiso por fortalecer la educación popular en todos los espacios de formación en la sección Tejido en Red.
Con locución de Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).
Escucha el episodio completo:
Notas en la Pizarra: Foro Político de Alto Nivel y Cumbre Ministerial por la Tributación
El Foro Político de Alto Nivel tuvo como título y tema central Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles, es convocado anualmente por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y tuvo lugar en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos entre el 10 y el 19 de julio de 2023. Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación participaron de este Foro y nos comparten su preocupación por la convergencia tecnológica y la educación en esta agenda multilateral.
Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE afirma la importancia de visibilizar las demandas por una justicia fiscal como camino para la justicia social, como parte de las recomendaciones de la sociedad civil presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, y que se realizó entre el 27 y el 28 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.
Ecos y Voces: privatización y mercantilización de la educación
Erika Moreira Martins, doctora en educación con énfasis en ciencias sociales e investigadora en política educativa en la Universidad de Lisboa, ha realizado el seguimiento a procesos de privatización, compartiendo algunas de sus reflexiones en espacios de la CLADE, entre ellos el Banco Mundial. Lineamientos para educación y Proyectos financiados en América Latina y el Caribe.
La investigadora comparte la preocupación sobre el hecho que la mayoría de las políticas de educación se centran en la reducción de la desigualdad y la pobreza, potenciar la productividad y la innovación, y en reforzar la integración económica; sin embargo esta mirada refleja en menor o mayor medida la influencia neoliberal y en consecuencia determina las decisiones que favorecen la privatización en la agenda educativa.
Tejido en Red: Educación Popular vigente con el aniversario 40 de CEAAL
El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) integra CLADE en su calidad de membresía regional y participa de la Plataforma regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) así como en otras agendas compartidas.
A propósito de su aniversario número 40, CEAAL mantiene viva la base inspiradora de Paulo Freire como camino para profundizar la democracia desde la educación popular. Declaraciones de Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG).
Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el informe regional sobre Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe, que muestra los resultados de la actualización del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación. Este informe muestra indicadores en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público; disponibilidad de recursos por persona en edad escolar; y equidad en el acceso escolar.
Lee más:
Especial:Junio por la educación y el cuidado en la primera infancia.
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
Episodio 2 Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 3 en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?
Créditos:
Producción: María Cianci Bastidas
Entrevistas: María Cianci Bastidas, Thais Iervolino y Carolina Osorio.
Locución: Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Apoyo musical: Pregón de pieza comunicativa (mensajería instantánea) del Movimiento por la Unidad Docente (MUD). Chile.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
50 organizaciones de América Latina y el Caribe instan autoridades por un nuevo Pacto Fiscal para garantizar derechos humanos en la región
27 de julio de 2023Se busca la concreción de Consejo Consultivo Permanente de la sociedad civil que participe de las decisiones y acompañe las acciones de reformulación regional de los sistemas tributarios; la incorporación del enfoque de derechos humanos y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – entre ellos el 4, que trata de la educación – como principio para la creación y reformulación de los sistemas tributarios así como la implementación de reformas tributarias progresivas, que priorizarán los impuestos con potencial redistributivo y recaudatorio real. Estas son tres de las ocho recomendaciones que organizaciones y movimientos de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), presentaron hoy (27) a ministros y ministras de América Latina y el Caribe, a través de una carta.
Nelsy Lizarazo: “Desde nuestro lugar como CLADE, impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar el derecho a la educación, en alianza con organizaciones de toda la región, es estratégico”
El documento fue entregado durante el primer día de realización de la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que se realiza del 27 al 28 de julio en Cartagena de las Indias, Colombia y tiene como objetivo reunir líderes de la región para definir la estructura de gobernanza de la nueva plataforma de cooperación tributaria y acordar las priorizaciones de los temas más apremiantes para la agenda de discusión regional y global; encontrar soluciones sostenibles que den al sistema tributario internacional la estabilidad y flexibilidad deseables para enfrentar el entorno cambiante de negocios y movilidad global.
“Esta primera cumbre regional no hubiera sido posible sin el impulso y los procesos participativos de organizaciones sociales y academia, en diálogo con gobiernos que han sabido escuchar y convocar. Las recomendaciones que estamos entregando son el resultado de procesos de años desde el campo de las luchas sociales y conectan la política fiscal con los derechos humanos, la justicia social y económica, la equidad. Es el final de una primera etapa y el comienzo de un proceso en el que será necesario sostener el impulso. Desde nuestro lugar como CLADE, impulsar políticas fiscales progresivas con el horizonte puesto en el financiamiento suficiente para garantizar el derecho a la educación, en alianza con organizaciones de toda la región, es estratégico”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Proceso: reforma tributaria para la garantía de derechos
La carta con las recomendaciones presentada a ministras y ministros es resultado de un proceso de construcción colectiva entre movimientos, redes y organizaciones preocupados en establecer un sistema de política fiscal justo en la región para garantizar entre otros derechos, el derecho humano a la educación.
Bogotá (Colombia) y Ciudad de Panamá (Panamá) fueron las dos ciudades donde se realizaron encuentros, en mayo y junio de este año, respectivamente, para debatir y definir algunas de las principales preocupaciones y necesidades de la sociedad civil en términos de política fiscal.
Según las organizaciones, América Latina y el Caribe es la región con mayor desigualdad de riqueza del planeta, además de presentar altos niveles de pobreza, con más de 80 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema. “A pesar de esto, los países de la región no utilizan todo el potencial de la tributación para abordar estos problemas. Este escenario se contradice con los compromisos de derechos humanos ampliamente asumidos en la región, por fuera de otros complementarios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, afirman las organizaciones en la carta entregada a las autoridades.
Con justicia fiscal, la región multiplicaría recursos para la educación pública
Uno de los derechos humanos más impactados por la falta de un sistema tributario justo en América Latina y el Caribe es la educación. Según el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la CLADE, la región gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial.
Con justicia fiscal, a partir de la recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, de la incrementación de la recaudación de impuestos progresivos y priorizando los gastos de los presupuestos, es posible multiplicar los recursos disponibles para educación en la región a corto plazo.
“Se estima que alrededor de 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se pierde, tanto por la evasión como la elusión fiscal. La recuperación de ese dinero equivaldría al monto comprometido por nuestros países desde la Declaración de Incheon para avanzar en un financiamiento público adecuado de sistemas públicos de educación que garanticen el derecho para todos y todas a lo largo de toda la vida”, afirma Nelsy Lizarazo.
Panamá: Organizaciones de docentes se reúnen en el segundo congreso mundial contra el neoliberalismo educativo
24 de julio de 2023La Asociación de Profesores de la República de Panamá y el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación han convocado en la capital panameña el segundo congreso mundial contra el neoliberalismo educativo realizado entre el 5 y 9 de junio del año 2023. En la invitación que se extendió a los y las participantes se señala que “es un espacio para soñar y construir viabilidad a las más nobles aspiraciones pedagógicas del magisterio, estudiantes y familias. Por ello la agenda a trabajar parte del presente como lugar de enunciación de un mañana de justicia social”.
La agenda compartió análisis y debates sobre la situación actual de la educación en el escenario internacional, con particular atención en el ámbito regional de América Latina y el Caribe. Destaca la mirada crítica de paneles centrados en la educación universitaria ante la mercantilización, estandarización y desterritorialización.
La labor docente y la agenda por condiciones laborales dignas
El movimiento sindical y gremialista de docentes ha tenido una participación importante expresando preocupaciones de las condiciones de la labor docente, la profesionalización y los riesgos que potencialmente representa la creciente digitalización y penetración tecnológica instrumentalizada en los diversos ámbitos educativos. Durante los paneles se han compartido preocupaciones por la crisis multifactorial agudizada con la pandemia ha generalizado la idea de centralizar los aprendizajes en habilidades tecnológicas, minimizando estrategias que impulsen la creatividad, el pensamiento crítico y las estrategias de resistencias a la lógica del mercado.
El congreso ha recalcado la importancia de fortalecer la democracia y lo público en el marco de derechos, especialmente indican en el panel de cierre que “En este ataque contra lo público convergen intereses nacionales e internacionales que pretenden convertir a la educación en una mercancía”. Por ello la educación desempeña un rol indispensable y se hace un llamado al contrato social que enfrente las gestiones neoliberales que profundizan las desigualdades en la región.
Vea las sesiones
Día 1, 5 de junio, transmisión en línea. La agenda central educativa y la actividad gremial docente, con especial énfasis en la educación universitaria.
Día 2, 6 de junio, transmisión en línea. Movilización gremial docente, democracia y producción del conocimiento.
Día 3, 7 de junio, transmisión en línea. Sistematización de debates y acuerdos.
Diálogo con la Ministra de Educación
Día 4, 8 de junio, transmisión en línea. Diálogo sobre informes nacionales de la situación educativa y debate en defensa de la educación presencial.
Día 5, 9 de junio, transmisión en línea. Prospectiva educativa y movilización gremial sindical docente hacia un nuevo contrato social.
