Encuentro promueve el derecho a la educación y la prevención de las violencias de género en Honduras
12 de abril de 2023Con miras a fortalecer la agenda por una educación libre de violencias de género, la CLADE, en colaboración con la Oficina multipaís de la UNESCO en San José para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá promovió el Encuentro Subregional “Promover el derecho humano a la educación a través de la prevención de las violencias de género”, el 21 de marzo de 2023 en Tegucigalpa, Honduras.
La reunión contó con actores claves de la subregión, incluyendo la Secretaria de Educación y la Secretaria de la Mujer de Honduras, el CECC SICA, el Parlamento Centroamericano (Parlacen), entre otros. Buscó profundizar un debate e intercambio a partir de la experiencia del proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual, de género y fomentar la equidad en escuelas rurales, coordinado por la CLADE en comunidades educativas de Honduras, Nicaragua y Haití.
“La persistencia de múltiples expresiones de las violencias de género y, particularmente, de la violencia sexual en los sistemas educativos de todo el mundo desafía la puesta en marcha de iniciativas contundentes orientadas a la promoción del derecho a la educación libre de violencias”, destacó Giovanna Modé, coordinadora técnica del proyecto, al presentar sus principales apuestas y hallazgos de investigación.
Escuelas seguras y acogedoras
Mary Guinn Delaney, de la UNESCO, presentó esfuerzos y recursos desarrollados por organismos internacionales para promover escuelas seguras, sanas y acogedoras, destacando la importancia de que los mismos estén territorializados. “La cuestión es cómo hacer para que las recomendaciones y guías de orientación, manuales, estrategias genere conocimiento, discusión, y, entonces ganen significado, a quienes toman decisiones y a las comunidades educativas”.
Guadalupe Ramos, de Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), a su vez destacó la importancia de deconstruir relatos y las prácticas que producen y reproducen las desigualdades y que alejan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la escuela y el derecho a educarse, como el lenguaje misógino, la historia robada a las mujeres, la heterosexualidad obligada, la educación sexista y discriminatoria incluyendo la promoción de un currículo oculto que genera desigualdad y exclusión. “Esta toma de conciencia es fundamental, toda esa lógica desalienta la presencia de las niñas y las mujeres en la escuela, decirles que “ese no es tu espacio” afirmó la investigadora y docente.
Asimismo en la discusión, se hizo hincapié en que la educación sexual integral (ESI) es una necesidad en, para y desde las comunidades educativas y no puede quedar al margen de las propuestas y las decisiones.
Se propuso que el grupo siga co-creando e intercambiando en torno a la promoción de una vida digna y libre de violencias de género en el espacio escolar rural, tejiendo una comunidad de alianzas y sumando miradas posibles de transformación.
Isaac Ruiz, Marcha Global contra el Trabajo Infantil: Educación y prevención del trabajo infantil, una relación de ida y vuelta
5 de abril de 2023“Garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de todos sus derechos, que tengan una educación pública gratuita y de calidad, y que estén en la protección de realizar cualquier trabajo que pueda perjudicarlos o entorpecer su desarrollo” este es el trabajo de la Marcha Global contra el trabajo infantil, red de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios de docentes, niños, niñas y adolescentes con competencia a nivel mundial que desde 1998 suma esfuerzos contra el trabajo forzoso y la trata. Es fundadora de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y también integra la CLADE como red regional.
La CLADE conversó con Isaac Ruiz, director de programa del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) e integrante de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, sobre la iniciativa y el contexto actual de América Latina y el Caribe con relación a la lucha contra el trabajo infantil – avances y desafíos.
La educación es clave para acabar con el trabajo infantil
A través de la educación, la sociedad se vuelve más conscientes de sus beneficios y del daño que puede causar el trabajo infantil. Según la Marcha Infantil el acceso a la educación ayuda a reducir la pobreza, siendo una de las causas fundamentales del trabajo infantil. Un financiamiento de $39 mil millones de dólares podría proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria de calidad a todos los niños, las niñas y adolescentes para 2030.
Para el activista Isaac Ruiz, la vinculación entre educación y la prevención del trabajo infantil es de ida y vuelta. El trabajo infantil es una de las principales causas de la exclusión escolar, y a la vez las deficiencias del sistema educativo se convierten en una causa del trabajo infantil. Considera fundamental sumar esfuerzos para lograr una educación pública, universal, obligatoria y gratuita para los niños, las niñas y adolescentes sin ningún tipo de exclusión.
Cerca de 3.1 millones de niños y niñas, según el especialista, se quedaron fuera del sistema escolar. Pasada la crisis sanitaria, una parte importante regresó, aunque no se cuentan con datos precisos de quienes se quedaron a trabajar como una estrategia de sobrevivencia económica familiar, impidiendo su retorno a las clases regulares, una vez que se hiciera presencial en cada uno de los países de la región.
Las labores de cuidado como riesgo de exclusión escolar
La pandemia fue una grave crisis de derechos humanos. Con preocupación se señala que durante la pandemia los contextos domésticos de hogares se complejizaron, ya que en muchos casos aumentó el abandono escolar, de cargas y responsabilidades de cuidado por parte de niñas y jóvenes, así como el reforzamiento de tareas para la economía familiar desde el trabajo infantil, afirma Isaac Ruiz.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 152 millones de niños y niñas, entre 5 y 17 años participa del trabajo infantil. Trabajan en labores domésticas en hogares, talleres y plantaciones. Las niñas tienen más probabilidades de estar involucradas en el trabajo doméstico, como se evidenció especialmente durante el tiempo de la pandemia.
El trabajo infantil “se define como el trabajo que priva a los niños y las niñas de su infancia, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para el desarrollo físico y mental e interfiere con su escolaridad, y por lo tanto debe ser eliminado. Se refiere al trabajo que es mental, física, social o moralmente peligroso y dañino e interfiere con su escolarización (bien por abandono, o rivalizando con carga horaria)”.
Se llama la atención sobre el trabajo que afecta la salud, desarrollo personal y/o que interfiere con la escolaridad de los niños y las niñas, con frecuencia se considera algo positivo, como ayudar a la subsistencia económica del hogar o ingreso fuera del horario escolar y durante las vacaciones escolares.
La reducción sistemática del trabajo infantil que se había logrado antes del año 2020, vivió un rebrote con la pandemia. Isaac Ruiz menciona que pudiera tratarse de una generación perdida, ya que prácticamente durante 2 años la mayoría de las infancias estuvieron fuera de la escuela, apelando a los medios virtuales, enfrentando las consecuencias de la brecha digital.
El derecho humano a la educación como un pilar
Actuar en coherencia con un enfoque de derechos humanos implica garantizar la subsistencia de las familias, y que esto no constituya un riesgo para la exclusión escolar, así la garantía del derecho humano a la educación potencia las capacidades de niños, niñas y adolescentes, cuidando los escenarios de vulneración, especialmente de trabajo infantil.
Existen dos pilares claves para abrazar estas garantías de derechos, uno el derecho humano a la educación y el combate a la pobreza, afirma Isaac Ruiz. Al mismo tiempo exhorta a generar espacios de escucha atenta a los niños y las niñas como sujetos de derecho con perspectivas y enfoque propios.
Las demandas de la sociedad civil deben contemplar la lucha por un financiamiento justo para la educación, y políticas de protección de las infancias y juventudes con enfoques integrales, de acompañamiento y seguimiento de prevención del abandono escolar y de contextos de trabajo infantil.
Las condiciones de pobreza empeoran los entornos familiares
Los mecanismos de protección y de enfoque de derecho desde los Estados deberían fortalecer un camino de ida y vuelta entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza.
En este contexto se impulsan acciones para enfrentar el trabajo infantil en todas sus formas, lo que incluye la adopción de los marcos jurídicos y tratados internacionales, así como los nacionales desde la garantía de derechos humanos. Por ello la Marcha Global acompaña los procesos de incidencia en las políticas nacionales de los países como mesas intersectoriales, comisiones de trabajo y planes de políticas públicas.
En la caracterización del trabajo infantil que ofrece el marco internacional se cuida la intención de proteger el interés superior de los niños y las niñas, especialmente en la prevención del trabajo considerado riesgoso o peligroso y que no constituya la interrupción de la trayectoria escolar.
A juicio de Isaac Ruiz, aunque exista un acuerdo promedio de 15 años, el hecho de que formas particulares de trabajo puedan o no llamarse trabajo infantil depende de la edad, el tipo de tarea, esfuerzo y las horas de dedicación.
Según el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las peores formas de trabajo infantil incluyen todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; el uso, reclutamiento u oferta de un niño para la prostitución, para la producción de pornografía o para espectáculos pornográficos; el uso, reclutamiento u ofrecimiento de un niño para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas como se define en los tratados internacionales pertinentes; trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”
Dentro de las peores formas de trabajo infantil que se constituye como delitos, se encuentra la trata de personas, bien con fines de explotación sexual, laboral u otras como mendicidad, servidumbre o matrimonio forzoso.
El trabajo doméstico es peligroso, en el análisis del especialista, en tanto que la mayoría de las veces en las legislaciones de los países de la región no está permitido para personas menores de 18 años, pero en la realidad se encubren con la figura de “ahijaditas o criaditas” que son acogidas supuestamente para apoyar en su desarrollo personal, siendo una condición de explotación frecuente en algunas comunidades.
Es importante diferenciar el trabajo rural que puede ser considerado como una actividad formativa familiar, siempre y cuando prevenga la no manipulación de productos tóxicos, cargas pesadas u horarios extendidos.
También se considera el riesgo del trabajo forzoso regularmente se hace con fines de explotación económica, la OIT reseña que al menos 26% de estas víctimas son niños, niñas y adolescentes estrechamente vinculados al trabajo infantil. Igualmente se menciona el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.
La marcha global señala que “en todo el mundo, millones de niños, niñas y adolescentes realizan trabajos extremadamente peligrosos en condiciones nocivas que les impiden recibir una educación y perjudican su desarrollo físico, mental o social. Cada día, aproximadamente 152 millones de personas trabajan en granjas, campos, fábricas, casas, calles y campos de batalla. De estos, 64 millones son niñas y 88 millones son niños. De este total, la asombrosa cifra de 73 millones se dedican a trabajos peligrosos.”
Despedida de la entrevista: todos los derechos para que nadie se quede atrás
Para la despedida Isaac Ruiz, señala la importancia de “todos los derechos, para todos los niños y niñas, para que nadie se quede atrás” así como la consigna “más educación, menos trabajo infantil”.
Informe sobre el impacto de la pandemia en el trabajo infantil y educación
Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que ha profundizado las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. No sólo en términos de situación económica, empleo, sino también en otros aspectos como el incremento del trabajo infantil y la violencia sexual y de género.
El informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el trabajo infantil y educación en países de Sudamérica, publicado en 2021 por la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, tiene por objetivo la evaluación de los impactos en la educación y en el trabajo infantil. Para ello, recopiló información en Sudamérica, con siete países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, junto a la revisión de fuentes secundarias de organismos multilaterales, organizaciones Internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de sociedad civil.
Sobre la Marcha Global
La marcha global ha sensibilizado sobre el trabajo infantil para abogar por la ratificación y aplicación universales de los convenios clave sobre trabajo infantil, es decir, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En sus lineamientos institucionales afirman que procuran “cambiar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de las personas hacia los niños en el trabajo infantil, empoderar a una nueva generación de personas para decir no a esta forma de violencia contra los niños y promover el trabajo decente para jóvenes en edad laboral legal”. La Marcha está liderada por Kailash Satyarthi, quien es un activista de origen indio, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014 junto a Malala Yousafzai.
La iniciativa reconoce la importancia crítica de garantizar la Agenda 2030, se ha comprometido particularmente con el logro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) en la meta 8.7 que consiste en “tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y uso de niños soldados y para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
Encuentro Virtual: Una mirada a la educación inclusiva en la post pandemia
4 de abril de 2023Hasta 2030, los países de todo el mundo tienen como meta “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.
La inclusión educativa en América Latina y el Caribe ha sido uno de los principales obstáculos para la realización plena del derecho humano a la educación. La discriminación histórica que sufren personas y grupos dentro y fuera de los sistemas educativos ha marginalizado sistemática e históricamente a las poblaciones más vulnerables.
En este sentido, la CLADE en colaboración con la oficina de la OREALC/UNESCO Santiago, realizó el pasado 30 de marzo, el debate virtual titulado: “Una mirada a la educación inclusiva en la post pandemia”.
El encuentro virtual, moderado por Thais Iervolino de la CLADE, tuvo la participación de Jerónima Sandino de la UNESCO; Rafael Pabón especialista colombiano en educación inclusiva; Liliana Peña de la Red Regional de Educación Inclusiva – RREI; y Nelsy Lizarazo de la CLADE. Con el objetivo de poner sobre la mesa de debate la educación inclusiva en la región, los principales desafíos y barreras en este campo, así como las perspectivas de lucha y fortalecimiento del derecho a la educación inclusiva. Este encuentro virtual fue la oportunidad perfecta para lanzar formalmente la versión actualizada del Observatorio Regional de Educación Inclusiva – OREI.
>> Mira el evento completo aquí:
Sobre el observatorio
El OREI, creado en el año 2015, es un espacio en formato de plataforma virtual que tiene como objetivo plantear la importancia de la educación inclusiva y el acompañamiento de esta dimensión en nuestra región. Con alianzas de un conjunto de organizaciones que tienen actuación a nivel regional de América Latina y el Caribe, pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, al Iberoamericano o que representan organizaciones de la sociedad civil, la plataforma fue actualizada este año y presenta como pauta los desafíos y violaciones, pero también posibilidades y experiencias inspiradoras para fortalecer la inclusión educativa.
CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
24 de marzo de 2023Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
Encuentro Regional promueve la prevención de la violencia en el ámbito escolar rural
16 de marzo de 2023Para garantizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado al derecho humano a la educación de la Agenda 2030, los Estados miembros de las Naciones Unidas asumieron el compromiso de asegurar una educación de calidad, inclusiva y con equidad a lo largo de la vida, cuyo logro se condiciona por la capacidad de proveer entornos de aprendizaje seguros y acogedores, para eliminar la violencia contra las niñas y los niños en todos los contextos. .
En este sentido, la CLADE en colaboración con la Oficina multipaís de la UNESCO en San José para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá convocan al Encuentro Subregional Promover el derecho humano a la educación a través de la prevención de las violencia de género, a realizarse el martes 21 de marzo en Tegucigalpa, Honduras.
El encuentro busca profundizar un debate e intercambio a partir de la experiencia del proyecto Estrategias para prevenir la violencia sexual, de género y fomentar la equidad en escuelas rurales, coordinado por la CLADE en comunidades educativas de Honduras, Nicaragua y Haití. La iniciativa contará con la participación de actores estratégicos de la subregión para analizar las expresiones de la violencia, considerando también el impacto que se visibilizó durante la pandemia, también compartirá experiencias sobre estrategias de prevención y reducción.
Este encuentro facilitará que las y los participantes puedan co-crear recomendaciones en torno a la promoción de una vida digna y libre de violencias en el espacio escolar rural, además de permitir generar y compartir información, conocimientos y prácticas, que identifiquen y analicen las múltiples expresiones de la violencia de género en el ámbito escolar y experiencias para su abordaje, como paso vital para la puesta en marcha de políticas y estrategias de prevención.
Las escuelas como espacios seguros
Las violencias de género relacionadas con la escuela afectan a millones de niños, niñas, y adolescentes, familias y comunidades. Según la ONU Mujeres, la realización del derecho humano a la educación “no se podrá concretar hasta que la violencia de género en el ámbito escolar sea eliminada en y alrededor de las escuelas de todo el mundo.”
Las condiciones en las comunidades rurales evidencian frecuentemente contextos de mayor riesgo y exclusión. La CEPAL estima que 123 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en zonas rurales.
Además, las violencias de género en el ámbito escolar distorsionan la percepción sobre la escuela que pasa a ser considerada, por las, los y les estudiantes, como un lugar inseguro y amenazante, al mismo tiempo obstaculizan las trayectorias educativas y conllevan a la desvinculación y exclusión; profundizan las desigualdades e inequidades, debilitan o rompen las relaciones sociales, lesionan la cohesión social y las metas comunes de la convivencia democrática, el desarrollo en igualdad de oportunidades y la justicia social.
Tipos de violencia escolar y sus expresiones
La UNESCO señala que las violencias pueden tratarse de actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que ocurren en los centros educativos y sus alrededores, este contexto se agrava por las condiciones socioeconómicas, contextos de vulnerabilidad, y discriminaciones basadas en género, edad, autodeterminación étnica, discapacidad u origen nacional.
Los diversos contextos culturales, geográficos y económicos son espacios donde existen múltiples expresiones de violencia entre otras formas, el acoso verbal y sexual, abuso sexual, bullying, castigo corporal e intimidación. Su impacto en la vida del estudiantado puede ocasionar desde la pérdida de autoestima y depresiones hasta embarazos precoces y no deseados, así como infecciones de transmisión sexual como el VIH y el Sida. Estos contextos desafían también la implementación de las estrategias de recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes, y la misma vinculación de los centros educativos con las comunidades.
La convocatoria del encuentro señala que “las expresiones de violencias que atraviesan trayectorias de vida, cuerpos y territorios. Su presencia en los contextos y espacios educativos afecta al derecho a la educación, el derecho a vivir libre de violencias y el derecho a realizar proyectos de vida íntegros en condiciones de igualdad y paz”.
La justicia social solo será posible con un sistema fiscal adecuado
13 de marzo de 2023El avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, demandan una ampliación de recursos destinados a los sistemas públicos educativos cuya consecución puede encaminarse con acciones y medidas creciente de la base impositiva en la región.
Con miras a profundizar los mecanismos de aporte que puede trazar la justicia fiscal al ejercicio de los derechos humanos en la región se comparte el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Con el objetivo de visibilizar la agenda conjunta de convergencia entre justicia fiscal y el derecho a la educación se realizó el foro público virtual “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”.
Importancia de la educación como inversión social
La mirada estratégica de la educación como inversión social y no como gasto implica asumir un compromiso con el enfoque de derechos que ponen a los Estados en cuestionamiento por evidenciar las prioridades presupuestarias, y proponer la revisión del proceso de recaudación tributaria, incentivos, deducciones y exenciones. La correlación de fuerzas políticas y su gestión expone diversas preguntas desde la sociedad civil ¿Cuánto se destina a la educación? ¿Qué proporciones se mantienen entre gastos de seguridad y militar frente a la educación y/o la salud? ¿Cómo se definen las prioridades presupuestarias? ¿Qué porcentajes aumentan del endeudamiento público?, entre otras.
La justicia fiscal y la ampliación de la base impositiva son mecanismos para que los Estados establezcan mayor protección y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pudiendo ser el camino para garantizar mayores recursos para los sistemas públicos educativos, afirmó en las palabras de apertura, Luis Moreno coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindadd y presidente de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (en inglés Global Alliance for Tax Justice).
Durante el foro se mantuvo la idea fuerza que la justicia fiscal viabiliza la posibilidad de recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, y que la medida de incrementar la recaudación de impuestos progresivos así como priorizar los gastos de los presupuestos permitiría a la región multiplicar los recursos disponibles para educación a corto plazo.
Relación virtuosa: derecho humano a la educación y justicia fiscal
El investigador y consultor, Alejandro Mencías señaló durante la presentación del informe, la importancia de “la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación” ya que se despliegan a nivel regional posibilidades de fuentes de ingresos para la educación, por lo cual si se activa la voluntad política pudiera facilitar el financiamiento educativo adecuado para América Latina y el Caribe.
El informe subraya que “las diferencias en el ámbito fiscal entre las regiones con mejores desempeños en lo educativo frente a aquellas en peores condiciones contemplan tres aspectos: un Estado como garante del derecho y proveedor principal del servicio público educativo, sistemas fiscales más justos, y más capacidades y responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. Estas características son compartidas por gran parte del mundo desarrollado, pero son ajenas a la realidad de América Latina y de regiones como África y gran parte del Asia”.
“América Latina gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial” según el informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina, por lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que se destine en promedio al menos el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 15.6 % del gasto total en educación (UNESCO, 2022).
Los impuestos a bienes y servicios llegan a un 11,2% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que los impuestos a la renta y a la propiedad un 6.2% elementos que hacen considerar estos sistemas fiscales como regresivos, es decir, los impuestos recaen sobre la mayoría de la población con gastos corrientes y en condiciones de franca desventaja para quienes concentran ganancias económicas y financieras.
En términos de justicia fiscal debe existir una transformación para que la generación de ingresos provenga de la movilización interna de recursos mediante el recaudo de impuestos de manera progresiva, “lo que significa que quienes más tienen contribuyan más, y que a la vez más personas lo hagan bajo ese principio”.
Más recursos para educación con sistemas fiscales progresivos
La CEPAL en el año 2020 presentó un alerta cuando refirió que en la región un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) se perdía por evasión o elusión fiscal, y se estima que el 1% se pierde anualmente por el uso de guaridas fiscales. “Entre ambos valores se pierde lo correspondiente al 160% de lo gastado anualmente en educación, valor que podría ser aún mayor, ya que lo contemplado por el abuso de guaridas fiscales corresponde únicamente a lo referido por los intercambios de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La comprensión del sistema tributario en la región es el primer paso para exigir su transformación con enfoque de justicia social. Actualmente, como se ha señalado, los sistemas fiscales son regresivos e cinsuficientes, ya que la mayor proporción de los ingresos proviene de impuestos indirectos. Como lo explica el informe esto se debe a varias razones, entre ellas: “la alta concentración del ingreso y la riqueza que no tributa; los altos niveles de informalidad del mercado laboral; el uso desmedido de guaridas fiscales; las pérdidas por flujos financieros ilícitos; la falsa facturación; y la evasión y elusión tributaria”. Si bien las estimaciones publicadas sobre evasión fiscal y flujos financieros ilícitos a nivel regional son escasas.
Para la región latinoamericana y caribeña invertir adecuadamente en educación es urgente. Por ello se exhorta a aumentar el control de quienes usan el comercio internacional y las guaridas fiscales para alterar y esconder ingresos y riquezas, a fin de obtener los beneficios sociales requeridos para la población como disponer de inversión de recursos para garantizar el derecho a la educación, fomentar la igualdad de género y el desarrollo social.
En el año 2021, la Red de Justicia Fiscal (en inglés Tax Justice Network) denuncia que a nivel mundial se pierden 483 mil millones de dólares por parte de corporaciones y personas que se valen de paraísos fiscales. El 1.4% de pérdida promedio representa alrededor del 31% del promedio que invierten en educación los países a nivel mundial.
La privatización amenaza la garantía a la educación
Maria Ron Balsera, integrante de la Campaña Mundial por la Educación, realizó comentarios al informe recalcando la importancia de exigir como sociedad civil mayores niveles de compromisos políticos de los Estados con el derecho humano a la educación. La especialista afirmó sobre los impuestos indirectos que son “la otra cara de la moneda de la deuda pública es la justicia fiscal” ya que afectan a la población en situación de pobreza. También señaló que es relevante reconsiderar las referencias establecidas por la OCDE, ya que obedecen a la lógica de los países más ricos, privilegiando a sectores de élite y en consecuencia profundizando las exclusiones y desigualdades. Del mismo modo, problematizar la relación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) con muchas de las políticas de recorte social llevando a cabo en los países de la región, incluso generando condiciones de incentivo a medidas privatizadoras.
La Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a la fiscalidad progresiva, esto es aumentar la asignación equitativa y con sensibilidad de género de los presupuestos, aumentar el financiamiento público a educación, aumentar el impuesto de las ganancias de empresas y ampliar la participación ciudadana de iniciativas públicas, desde su concepción, monitoreo y ejecución.
No sólo es importante cuánto se invierte, sino cómo se invierte
Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL compartió comentarios y refirió el informe Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en el cual se hace referencia a que no sólo es importante cuánto se invierte, sino la manera en que se realiza dicha inversión, además de la distribución del gasto público en los distintos niveles educativos.
La mayoría de los recursos educativos se concentran en gastos corrientes, y en su mayoría destinados a infraestructura, lo cual se hizo más evidente al regreso de la pandemia, y la demanda que significó la readecuación de las estructuras básicas educativas como baños, ventilación, agua potable, entre otras, señaló la especialista. Hablar de la recuperación educativa implica generar debates sobre la inclusión social.
Más y mejor inversión educativa, apuntó la investigadora, señalando que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo y debe trabajar en hacerse cargo de las causas estructurales de su desigualdad, entre las que se encuentra el acceso inequitativo a las oportunidades educativas de calidad. En este sentido, es necesario que la financiación educativa siga criterios de equidad horizontal y vertical, es decir, que asegure un mismo trato a estudiantes en condiciones similares y dirija mayores recursos hacia aquellos estudiantes pertenecientes a contextos más vulnerables que cuentan con mayores necesidades y requieren más apoyo”.
Aumentar la inversión en la cartera educativa no debe traducirse en desmedro de otras garantías sociales, al contrario deben fortalecerse en la garantía de los derechos bajo el amparo de los Estados. Dado que las asimetrías y las desigualdades existentes se profundizaron aún más con la crisis económica y sanitaria, se hace urgente la promoción de políticas eficientes, de calidad y más equitativas de distribución de recursos destinados a la educación, atendiendo particularmente al estudiantado en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La integración regional potenciará caminos conjuntos
En el foro participaron María Rosa Martínez, diputada nacional por Buenos Aires de Argentina, José Luis Vargas, especialista en políticas públicas de Perú y Victoria Avendaño, especialista en investigación educativa desde Colombia. Estas intervenciones ratificaron el reconocimiento de espacios de debate que amplíen la información de la población sobre la viabilidad de justicia social desde las políticas tributarias oportunas.
Finalmente, Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE invitó a ampliar la mirada integral y de proceso en la incidencia política que mantenga los compromisos con la garantía de los derechos, entre los que se encuentra el derecho humano a la educación, lo que a su vez amerita interlocuciones sectoriales y superar las fragmentaciones. Al mismo tiempo hizo un llamado a impulsar instancias de integración regionales que faciliten caminos conjuntos para sustentar la movilización y demandas ciudadanas.
También se presentaron informe de países
Paraguay
Colombia
Perú
Guatemala
República Dominicana
Argentina
Belén Arcucci, RREI: Urge la transformación de la educación hacia la inclusión de las diversidades
7 de marzo de 2023La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI) se ha integrado a la CLADE en su reciente XII Asamblea Regional CLADE: Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y justicia social. La RREI es una coalición con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras, integrada por diversas organizaciones y familias que trabajan por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos.
La creación de la red en 2015 se acordó “con el fin de incidir políticamente a nivel nacional, regional e internacional para que los Estados garanticen el derecho de todas las personas a una educación inclusiva. Además, nos propusimos realizar acciones coordinadas para que toda la sociedad y el colectivo de personas con discapacidad, familias y aliados contribuyan al logro de este objetivo”, señalan en su presentación institucional.
Belén Arcucci, coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI) dialogó con la CLADE y llamó la atención sobre la situación de las personas con discapacidad que “constituyen uno de los grupos más excluidos de las instituciones educativas, y solo será posible remediar esta situación mediante el establecimiento de una educación para todas y todos, brindada en escuelas y aulas regulares inclusivas, capaces de enseñar a todos y cada uno los niños y niñas, en condiciones de dignidad, calidad y equidad”.
Lee y escuche, a continuación, la entrevista completa:
1.- ¿Cuáles son los objetivos y cuáles logros ha cosechado la RREI durante su trayectoria?
Belén Arcucci.- La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica es una coalición de organizaciones de personas con discapacidad, familias y [organizaciones] de derechos humanos de distintos países de la región, que tiene como objetivo central hacer realidad el derecho a la educación inclusiva para todas las personas en los países de nuestra región, especialmente para las personas con discapacidad, porque consideramos que son de los colectivos que se ven más vulnerables en su derecho a una educación en las escuelas comunes, esto en los términos del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este objetivo de la red aspira incidir para que en los países de nuestra región este derecho [a la educación] sea para todas las personas y especialmente para las personas con discapacidad, lo cual nos hemos propuesto a través de distintas estrategias, como la incidencia en las políticas públicas y en las prácticas docentes a través de las capacitaciones y la formación docente, entre otras.
Como RREI sumamos desde el 2015, esfuerzos, trayectorias y experiencias de las organizaciones que la integran, mostrando la vigencia de la agenda de la educación inclusiva, así como la creciente incidencia en espacios de decisión, en eventos internacionales y regionales procurando instalar el tema, con una rica producción de documentos, informes y materiales para la formación sobre el derecho de educación inclusiva.
En cuanto a la formación, la RREI realizó un Curso Regional sobre Educación Inclusiva con más de cuatro mil inscripciones, también Congreso Regional por la Educación Inclusiva, con más de seis mil inscripciones, lo cual demuestra el creciente interés en profundizar la mirada, la agenda y las propuestas de inclusión en todos los ámbitos educativos.
2.- ¿Qué desafíos tiene el derecho a la educación para una inclusión integral?
Belén Arcucci.- Los desafíos para alcanzar realmente una educación inclusiva para todas las personas y ver garantizado este derecho en nuestra región son muchos.
El primer gran desafío pasa por las barreras culturales y actitudinales que siguen muy presentes en toda la sociedad y especialmente en todos los actores del sistema educativo que provienen de paradigmas anteriores al modelo social de la discapacidad. Este paradigma cree que el colectivo de personas con discapacidad debe contar con una educación segregada en otros espacios.
Continúa el desafío ligado a las políticas públicas de los sistemas educativos que debe procurar su transformación, lo que en muchos casos se limita por la falta de voluntad política y de recursos. Necesitamos contar con sistemas educativos de escuelas comunes, y no de segregación en escuelas especiales.
Cuando hablamos de un sistema capacitista en la educación nos referimos a un sistema que considera la adecuación hacia un determinado tipo de estudiante que son considerados en la normalidad. Es importante revisar este criterio que asume la educación dirigida a determinadas personas que entran en un parámetro de normalidad y que no considera la diversidad, especialmente a las personas con discapacidad como sujetos de aprendizaje.
Es necesario proveer apoyos de calidad en el sistema educativo común para todas las personas que lo necesiten, comprometerse con los ajustes que eliminen todas las barreras y discriminaciones que enfrentan las personas con discapacidad, lo que a su vez implica modificar las prácticas en el aula. El personal docente debe cambiar la mirada hacia una apertura del aprendizaje con esta perspectiva.
3.- ¿Qué elementos de inclusión se subrayan en las demandas educativas a los Estados de la región?
Belén Arcucci.- Lo que demandamos [como RREI] a los Estados de la región es que cumplan con sus compromisos internacionales, considerando que firmaron la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, donde queda claro que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva, porque es la única forma de garantizarla.
La no discriminación en la educación es el primer paso en la transformación de los sistemas educativos que hoy todavía tienen una modalidad segregada. Lo que hoy son las escuelas especiales deben dar paso a las escuelas comunes e integradas. Los centros pueden transformarse en centros de recursos y apoyo para la inclusión.
En la transformación inclusiva de la educación debe considerarse el apoyo del equipo humano, y los ajustes que se contemplan en la convención, entre ellos la accesibilidad de todos los establecimientos con diseño universal. La accesibilidad también asume la superación de barreras comunicacionales, con la adecuada y oportuna formación docente.
En definitiva urge una transformación integral de los sistemas educativos y de la mirada que supere la educación capacitista bajo paradigmas de normalización de todas las y los estudiantes a sistemas que realmente reconozcan y valoren la diversidad desde el aula.
CLADE celebra sus 20 años
1 de marzo de 2023En 2023 la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) celebra dos décadas de existencia. 20 años fortaleciendo actores y procesos de la región para garantizar el derecho humano a una educación pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Una educación pública que cumpla con los mandatos de asequibilidad (disponiblidad), accesibilidad, adaptabilidad https://redclade.org/quienes-somos/y aceptabilidad, en un horizonte de justicia social, no discriminación e igualdad.
De la mano de 18 coaliciones nacionales, 10 redes regionales y siete organizaciones internacionales, hemos trabajado para incidir en las políticas públicas, movilizar la sociedad, dialogar y articular con otros actores, hemos tejido esta red para promover acciones formativas y de comunicación, además de producir investigaciones sobre el contexto educativo en nuestra región a fines de destacar las voces y demandas de las y los sujetos de derecho para garantizar una educación como un derecho promotor de los demás derechos, teniendo como horizonte la justicia social en América Latina y el Caribe.
Para iniciar la fiesta de los 20 años, estrenamos un pequeño cambio en nuestro logo, a manera de recordatorio e identidad para el 2023. Pronto les llegarán más noticias y oportunidades de celebración.
Contamos con la participación de todos, todas y todes.
Sociedad civil demanda justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora
23 de febrero de 2023Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.
LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) organizan un foro público virtual titulado “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”, para visibilizar la agenda conjunta de trabajo que busca la convergencia entre la justicia fiscal y el derecho a la educación. En el foro también se socializarán los principales hallazgos del estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación: Una mirada regional desde América Latina”.
Necesidad de sistemas fiscales comprometidos con la inversión social
Previo a la pandemia, los países de la región enfrentaban desafíos como la inclusión y la calidad educativa, mismas que profundizaron las brechas de desigualdad con la crisis sanitaria y global. Los países que tuvieron mayor disponibilidad de recursos y capacidades lograron dar mejores respuestas a la crisis, pero no fue una realidad palpable en la mayoría del continente.
Según la UNESCO, los países de América Latina y el Caribe ocupan el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial en cuanto a la inversión del 4.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en promedio o el 15.6% de su gasto total en educación. Esta región invierte 3.8 veces menos por cada estudiante, en comparación con Europa y Norteamérica, donde los sistemas educativos son de mayor desempeño.
Los sistemas fiscales de los países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por la predominancia regresiva, es decir, que el grueso de la carga tributaria recae en los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB mientras que los segundos el 6.2% del PIB.
La justicia fiscal es un camino para garantizar el derecho a la educación
Para generar un financiamiento público oportuno en educación es indispensable mecanismos de justicia fiscal. La promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y la reconstrucción de los sistemas educativos de la región requieren presupuestos sostenibles y pertinentes. Uno de los mecanismos de garantizar los compromisos presupuestarios radica en mejorar los mecanismos de justicia fiscal, así la relación bidireccional entre la educación y la justicia fiscal es impostergable.
La justicia fiscal implica retornos sociales de la inversión en educación, porque permiten sostener la garantía del derecho humano a largo plazo. Un financiamiento que cuente con mayores ingresos fortalece a su vez la calidad educativa, las condiciones laborales de docentes y mejoramiento de infraestructura, lo que genera mayor compromiso contributivo de la ciudadanía en general.
Convocatoria a foro público sobre justicia fiscal y educación
El foro público abre su invitación para la participación de funcionarios y funcionarias públicas, congresistas, personas de la academia, integrantes de la sociedad civil y gremios de docentes para este viernes, 3 de marzo de 2023. El evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés y portugués. Disposición del registro para inscripción aquí .
Horarios del foro
8 a.m. Guatemala
9 a.m. Colombia, Ecuador y Perú
10 a.m. República Dominicana
11 a.m. Argentina, Uruguay y Paraguay
REPEM LAC: exigimos políticas públicas de inclusión con enfoque feminista ante la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67)
15 de febrero de 2023En América Latina y el Caribe cuatro de cada 10 mujeres no están conectadas y/o no pueden costear su conectividad, lo que constituye un elemento clave para la desigualdad estructural que conlleva a exclusiones del ámbito educativo, de una vida libre de violencia, del acceso laboral, sanitario y otros derechos que se ven seriamente amenazados para la mayoría de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
En este contexto, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67) ha realizado su convocatoria anual, con énfasis en un tema central para la sesión de este 2023 cuya prioridad es la innovación y cambio tecnológico, y educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, acompañado de un tema de revisión, señalado en esta oportunidad como los desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales.
La 67ª convocatoria de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67) tendrá lugar del 6 al 17 de marzo de 2023 y reunirá los representantes de los Estados miembros, las entidades de la ONU y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas por el ECOSOC, entre ellas la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM LAC) integrante de las redes regionales de la CLADE, quienes participarán como parte la sociedad civil.
El enfoque feminista en el llamado de la sociedad civil
La Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe -REPEM LAC ha sido acreditada para asistir como parte de la sociedad civil en calidad de organización no gubernamental, realizando un posicionamiento que será presentado en diversos espacios de incidencia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Señala que “la perspectiva de innovación, cambio tecnológico y educación en la era digital para ser acorde con la igualdad de género, ha de basarse en un cambio de modelo científico y tecnológico que se centre en el desarrollo humano (…) y no solo en el crecimiento económico y militar (…) pasa por el reconocimiento de las mujeres como creadoras, productoras e innovadoras en el ciencias, tecnología e innovación”.
La REPEM reitera un llamado a profundizar un proceso de digitalización vinculado estrechamente al derecho humano a la educación. Una educación que permita la proyección de las mujeres hacia “nuevas y mejores formas de vida que trasciendan y transformen lo que les ha impedido ser y estar, hasta que la democracia, la justicia y el bien colectivo se hagan costumbre”, de esta manera se suma a las voces de demandas de la sociedad civil por una inclusión digital con enfoque de derechos y perspectiva feminista.
El documento también afirma que “desde la experiencia y práctica histórica de la Educación Popular de la REPEM llamamos a los Estados partes reunidos en la CSW67 a implementar y reforzar políticas públicas inclusivas para el avance de las niñas y las mujeres, para que desde su diversidad cuenten con herramientas que les permita acceder a los avances tecnológicos que mejoren su incorporación social y económica, con nuevos modelos de aprendizaje como derecho humano”.
Avances globales en los derechos de las mujeres
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es una comisión funcional del Consejo Económico y Social (ECOSOC), y es el principal organismo intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Desde 1996, el ECOSOC amplió su orientación para ofrecer seguimiento a la agenda intergubernamental del escenario internacional con perspectiva de género, a fin de promover acuerdos globales sobre la igualdad de género, los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico y social y su empoderamiento.
La Comisión tiene una convocatoria anual, convocando a representantes de los Estados miembros de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y entidades de la ONU para “la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), el documento de política global clave sobre igualdad de género, y la 23ª sesión especial de la Asamblea General (2000 -Beijing+5), así como temas emergentes. Se pretende que las recomendaciones de esta comisión contribuyan al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) se reunió por primera vez en Nueva York (1947), desde su inicio contó con la unidad de las Naciones Unidas, hasta que como CSW obtuvo estatus consultivo con el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
La Comisión redactó las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953), siendo el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de la mujer.
En su trayectoria siguieron diversos marcos normativos progresivos para los derechos de las mujeres desde esta instancia de la Comisión, como la regulación para los matrimonios, la edad mínima para su consentimiento, así como la igualdad en la remuneración y salario del sector trabajador de mujeres, eliminación de todas las formas de discriminación y pronunciamientos vinculados a la afectación diferenciada por la pobreza, el desarrollo comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y los avances científicos y tecnológicos. También se profundizaron iniciativas en torno a la prevención de la violencia contra la mujer.
La desigualdad de género se acentúa con la brecha digital
“La pandemia aceleró la tendencia hacia la transformación digital y visibilizó demandas pendientes en cuanto a los sistemas de educación y a las brechas de conectividad y uso de dispositivos”, situación advertida en el marco de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), espacio en el cual se dio a conocer el documento de referencia titulado La igualdad de género y la autonomía de las mujeres y las niñas en la era digital: Aportes de la educación y la transformación digital en América Latina y el Caribe, y con preocupación afirma sobre la región que se “enfrenta una serie de crisis en cascada que exacerba las brechas históricas y los nudos estructurales de la desigualdad de género”. En tal sentido, se subraya que disminuir las brechas digitales de género favorece la autonomía, la participación y la inclusión de las mujeres.
