<em>CLADE y sus miembros en Argentina, Brasil y México instan los Estados del G20 a que garanticen presupuestos sostenibles y suficientes para el fortalecimiento de sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos</em><!--more--> En el marco de una Reunión Ministerial de Educación y un Encuentro Ministerial Conjunto de Educación y Empleo del G20, que se realizan en Mendoza, Argentina, los días 5 y 6 de septiembre de 2018, la CLADE, en articulación con sus miembros en países de la región que forman parte en el G20- <a href=Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y CEAAL en México-, demanda a estos Estados que reafirmen su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, posibilitando la realización de la Agenda de Educación 2030 a nivel regional y nacional, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales. Hasta diciembre de 2018, Argentina ocupa la presidencia pro-tempore del G20, foro que reúne a líderes de las mayores economías del mundo, y con este rol recibe una serie de encuentros preparatorios a la Cumbre de Líderes del Grupo, que tendrá lugar los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 en Buenos Aires. Por primera vez, la temática educativa entró a un Foro del G20, donde se enfoca el debate sobre habilidades requeridas para la vida y el trabajo, así como el financiamiento educativo, siendo una importante oportunidad para dialogar al respecto con los países que lo conforman. CLADE y sus miembros impulsan acciones de incidencia para influenciar este debate, subrayando que asegurar el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, equitativa y a lo largo de la vida para todas las personas, sin discriminaciones, es condición fundamental para promover la justicia social y el desarrollo sostenible. Esta premisa está prevista en las metas de la Agenda de Educación 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que toman la educación, la inclusión y la superación de las desigualdades, especialmente las disparidades de género, como ejes transversales y fundamentales para alcanzar todos los ODS. “Instamos los Estados del G20 para que reafirmen su compromiso con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030 y la realización del derecho humano a la educación de todas las personas. Esto requiere sistemas educativos públicos y gratuitos financiados adecuadamente, y comprometidos con la inclusión y la no discriminación, en particular en lo que refiere a la igualdad de género, pues vemos varios retrocesos respecto a esta temática en la región. Es preocupante que países latinoamericanos miembros del G20, que están entre las mayores economías del mundo, aun no realicen inversiones públicas suficientes en la educación pública, mientras hay un consenso global de que esto es clave para la implementación de todos los ODS y la realización de los derechos humanos”, afirma Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE. La Campaña y sus miembros también denuncian que en distintos países de la región se vienen implementando políticas que reducen o congelan inversiones públicas en educación y otros derechos sociales, en base a alegaciones de que la actual crisis económica exige políticas de ajuste fiscal y contención del gasto público, mientras se mantienen sistemas tributarios injustos y desiguales. Defienden que la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad comienza por exigir: el fin de los incentivos fiscales perjudiciales y las prácticas de elusión y evasión fiscal de las empresas nacionales y transnacionales; el aumento de la transparencia de los gobiernos y las grandes corporaciones; y el establecimiento de una nueva arquitectura tributaria internacional. Para expresar estas preocupaciones e instar los gobiernos de la región que integran el G20 para que asuman un compromiso con la justicia tributaria; garanticen recursos adecuados para el derecho a la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos; y ejecuten planes y presupuestos educativos sensibles a la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la garantía del acceso y la permanencia escolar para todas las personas, CLADE y sus miembros en Argentina, Brasil y México entregaron un documento a las y los representantes de los Estados de América Latina y el Caribe en las Reuniones Ministeriales que se realizan en Argentina. Asimismo, representantes de CLADE y Campaña Mundial por la Educación vienen acompañando los diálogos del C20, mecanismo y espacio de participación de la sociedad civil en el G20, y aportaron a la elaboración de un documento con recomendaciones para los Estados del G20 relacionadas a educación, empleo e inclusión. Estos planteamientos fueron incorporados a un documento general con recomendaciones elaboradas por los varios grupos de trabajo del C20 en distintas temáticas, el cual igualmente se entregó a representantes del G20 [sepa más]. La CLADE siguió impulsando acciones de incidencia, comunicación y asesoría de prensa para que se incluyeran compromisos con el financiamiento educativo y la realización del derecho humano a la educación y la Agenda de Educación 2030 en la declaración final del G20, adoptada en el marco de la Cumbre de Líderes a fines de 2018. Como resultado, alcanzó logros significativos en lo que toca al reconocimiento de la educación como un derecho fundamental y campo estratégico para la realización de la Agenda de Desarrollo 2030, tanto en la declaración final de líderes del G20, como en la declaración de Ministras y Ministros de Educación del Grupo [sepa más]. Se difundieron, asimismo, mensajes y demandas por el derecho a la educación al G20 a través de las redes sociales con los hashtags #G20Argentina #G20takeaction! Sigue nuestras redes sociales: ">

Demandamos un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030

7 de febrero de 2019

CLADE y sus miembros en Argentina, Brasil y México instan los Estados del G20 a que garanticen presupuestos sostenibles y suficientes para el fortalecimiento de sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos (más…)

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

G20 y educación: la lucha de la sociedad civil por recursos adecuados para ese derecho

Activistas de la CLADE y la Campaña Mundial por la Educación impulsaron acciones de incidencia, movilización y comunicación en el contexto del G20, y lograron que las mayores economías del mundo reconocieran la educación como un derecho humano esencial para promover el desarrollo con inclusión, prosperidad y paz (más…)

<em>En el ámbito educativo, Enrique Díez es uno de los puntales de la resistencia contra ese proyecto antisocial, antihumano y depredador del planeta que es el neoliberalismo, y no cesa de denunciar desde hace años las consecuencias de este modelo en la educación.</em><span id= Fuente: Pedro López López, para Crónica Popular Como profesor y activista social, participa en plataformas e iniciativas como Uni-Digna, Redes por una Nueva Política Educativa o la Marea Verde, y, por supuesto, se ha posicionado contra esa estafa educativa perpetrada en la universidad bajo el nombre de Proceso de Bolonia; pero también está comprometido con la memoria histórica (Foro por la Memoria de León), con el movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres, con la abolición de la prostitución, con el movimiento laico (forma parte del Grupo de Pensamiento Laico, que publica sus artículos en el diario Público), y es un lujo para Izquierda Unida tenerlo como coordinador del área federal de Educación. Como ensayista, Enrique Díez destaca por sus lúcidas y didácticas reflexiones sobre las nefastas consecuencias de la aplicación de las recetas neoliberales, reflexiones que difunde tanto en conferencias como en artículos de prensa, en participaciones en congresos o en libros y capítulos de libro. Uno de sus libros, La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación, publicado en 2007, hace un análisis magistral del modelo neoliberal de globalización y sus consecuencias, tanto en la sociedad en general como en el medio educativo. El texto que comentamos ahora es un ensayo breve, de apenas un centenar de páginas. En él, el profesor analiza capítulo a capítulo la transformación del derecho a la educación en un negocio, acompañada del falso lema de la “libertad de elección”, y, por tanto, la comercialización de la educación, los valores potenciados por el actual modelo educativo y funcionales al capitalismo financiero, la macdonalización de la educación, la apropiación privada del conocimiento público, la construcción del sujeto neoliberal –al que ha dedicado más de un trabajo anterior- y, por último, un capítulo dedicado a “otra educación es posible”. Valga alguna cita para animar a los futuros lectores; en la página 84 se dice: “Antes que ver la enseñanza como una práctica técnica, la educación debe ser considerada una práctica moral y política bajo la premisa de que el aprendizaje no se centra únicamente en el procesamiento del conocimiento recibido, sino en la transformación de este como parte de una lucha más amplia por los derechos sociales, la solidaridad y la construcción de un mundo más justo y mejor” Frente a los presuntos “neutrales” (que se lo creen de verdad o que intentan estafar con esa etiqueta), se advierte: “El problema no es si la educación pública ha llegado a contaminarse con la política, sino que toda educación es ya de por sí un espacio de la política y el poder, lo queramos o no”. El mito interesado de la “neutralidad” está al servicio, se dice, del mantenimiento y consolidación de “una visión ideológica determinada de la realidad, la que consolida el poder establecido y su reproducción. Por eso debemos asumir la responsabilidad de conseguir que toda la ciudadanía esté políticamente alfabetizada”. Como la conquista por la fuerza es costosa y siempre inestable, las élites prefieran dominar por la persuasión, y el éxito del neoliberalismo (“un capitalismo sin contemplaciones”, dice Enrique Díez; “sin complejos”, que diría Aznar) consiste en colonizar el sentido común. Un “sentido común” que se ha instalado gracias al soporte que le dan el sistema educativo y los medios de comunicación (ya advertía Malcom X que si el pueblo no está prevenido con los medios, amará al opresor y odiará al oprimido, como estamos viendo con demasiada frecuencia en el éxito del discurso contra los inmigrantes). El libro tiene tres partes, con cierto desequilibrio en cuanto a la extensión, ya que la primera abarca 56 páginas, la segunda 12 y la tercera 21; un desequilibrio que no afecta a la calidad del contenido. En la primera parte (“El mercado educativo neoliberal”), se recorren los mecanismos para potenciar la “oferta” privada, los valores y la ideología de la pedagogía neoliberal, la “macdonalización” (término que puso en circulación con notable éxito el sociólogo George Ritter) que prima en la gestión de los centros, con la eficacia y eficiencia por bandera (incremento a toda costa del rendimiento de profesores y estudiantes de cara a rendir pleitesía ante un mercado cada vez más exigente), así como la cohorte de indicadores y rankings que acompañan al proceso, y, por último, un apartado dedicado a la educación superior, con su crítica al Plan Bolonia, verdadero caballo de Troya en la universidad para introducir el llamado “capitalismo académico”: “universidades cada vez más comprometidas en una competencia de tipo comercial, en busca de fuentes de financiación complementarias, ofreciendo su espacio público para que lo rentabilicen marcas comerciales…”.Acompañando a este proceso depredador va la apropiación privada del conocimiento y la distorsión de la investigación. En la segunda parte (“El nuevo sujeto neoliberal”), el autor comenta cómo se inyecta la ideología neoliberal en el sujeto a través del sistema educativo apoyado por otros medios de socialización (publicidad, medios de comunicación, cine videoclips….). Aparte de la legitimación del saqueo, la ideología neoliberal es “productora de una forma de vivir y de relacionarse socialmente, de una cosmovisión y comprensión del mundo y de un imaginario social; de un tipo, en definitiva, de subjetividad determinada”. En este sentido, nos dice el autor, el sistema neoliberal ha pasado de la disciplina al nuevo modelo de “gobierno-por-la-mente”. Del ser humano del cálculo individual, en un modelo económico que entiende el egoísmo prácticamente como un deber social (que por intrincados mecanismos revierte en el interés general, según el modelo liberal del “homo oeconomicus”), se pasa, a través de la empresa como modelo general que define una nueva ética, al emprendedor, ese sujeto que se convierte en empresa en sí mismo, siendo portador de un talento-capital individual que tiene incesantemente que revalorizar. El problema de este modelo es la cantidad de fracasos individuales que lleva consigo, con la consiguiente secuela de patologías (depresión, aumento del consumo de medicamentos, suicidios), además de la corrosión de la solidaridad. Y su victoria ha sido el éxito de la estafa de la neutralidad ideológica: el capitalismo neoliberal niega ser ideológico y se considera la “razón” misma. La tercera parte, bajo el título “Otra educación es posible”, aborda la necesaria lucha que hemos de entablar en el campo de batalla de la educación para comprometer a las nuevas generaciones con valores alternativos a la erosión social que conlleva el ideario neoliberal. Para ello, es necesario contemplar la enseñanza no -o no solo- como una práctica técnica, sino como “una práctica moral y política”, considerando que el aprendizaje no debe consistir solo en el procesamiento del conocimiento recibido, sino que debe ponerse al servicio de una lucha por los derechos sociales, por la solidaridad y por la construcción de un mundo más justo y mejor. En esta parte, el autor reflexiona brevemente sobre los dos proyectos ideológicos en liza en el mundo actual, el capitalista, con su ideal de vida como una competición permanente y descarnada, y el democrático, con valores como la inclusión, la equidad, la solidaridad y todos aquellos que deben llevarnos a ese mundo más justo. Evidentemente, en el trasfondo está la educación concebida como un negocio por el primer modelo, o como un derecho en el segundo. El libro termina citando un decálogo de principios y prácticas que incluye la planificación democrática de la educación, la inclusión que promueva la igualdad y atienda a la diversidad, la educación laica que respete la libertad de conciencia, la educación democrática, el rechazo de la gestión empresarial de los centros educativos, etc., decálogo que debe traducirse a su vez en el desarrollo de un currículum, una metodología y una formación inicial del profesorado que también se comenta en otros diez puntos. Y, para finalizar, uno de los párrafos se refiere a la necesidad de construir colectivamente un discurso que desmonte el lenguaje neoorwelliano que emplea el poder. Parafraseando a Rosa Luxemburgo, la disyuntiva es educación o barbarie (neoliberal), no hay neutralidad posible. El libro viene precedido por un magnífico prólogo del propio autor que abre el apetito para cogerlo con verdadera avidez, describiendo una serie de anécdotas sacadas de sus vivencias en la universidad durante tres días consecutivos, anécdotas que conforman categoría y que se refieren a la creciente colonización del espacio público que alientan las universidades públicas en favor de marcas e intereses comerciales, una colonización en la que no solo se trata de la ocupación del espacio físico, sino -y esto es más grave- de cómo a través de la persuasión se va formando la mentalidad de las nuevas generaciones fabricando un nuevo “sentido común” neoliberal. Materiales como los que aporta Enrique Díez nos ayudan a trabajar la resistencia contra este modelo de capitalismo tóxico para el ser humano y el planeta, nos aporta un valioso argumentario para desmontar los mitos neoliberales. Esta obra es tan útil como necesaria para toda la comunidad educativa (profesores, estudiantes, sindicatos estudiantiles y de trabajadores, activistas sociales…). Solo me resta celebrar que el autor sea tan prolífico y que, por su edad, todavía le quede mucha guerra que dar a un sistema que está condenado a desaparecer, pero que hace falta que le empujemos para que no tarde demasiado en hacerlo.">

Reseña – “Neoliberalismo educativo: educando al nuevo sujeto neoliberal”

30 de enero de 2019

En el ámbito educativo, Enrique Díez es uno de los puntales de la resistencia contra ese proyecto antisocial, antihumano y depredador del planeta que es el neoliberalismo, y no cesa de denunciar desde hace años las consecuencias de este modelo en la educación. (más…)

<span style=En diciembre, el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso Nacional una iniciativa de ley para modificar en la Constitución Federal las condiciones de la educación en el país. El intuito del presidente es poner fin a uno de los puntos más polémicos de la reforma educativa impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, que establece evaluaciones estandarizadas a las y los docentes para definir su situación laboral. Para analizar con más profundidad la propuesta del actual presidente mexicano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) entrevistó a Juan Melchior Román, integrante de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) de México. Además de abordar la reforma educativa y las intenciones del nuevo gobierno, Juan Melchior Román analizó los principales desafíos de la educación mexicana. “El Estado, sobretodo en los últimos tres sexenios, no ha garantizado la educación pública y tampoco otros derechos sociales en el país. En todo caso, lo que los gobiernos han hecho es encaminar este derecho universal y social a esquemas de privatización”, dijo. Lea la entrevista completa:

En su opinión, ¿cómo está la educación pública en México? ¿Se puede decir que el Estado Mexicano ha logrado garantizar la educación pública de calidad para todas y todos?

Juan Melchior Román - En México, la educación pública y otros derechos sociales, por ejemplo empleo, vivienda, salud y sectores estratégicos del país, como lo energético, han estado un desastre hace un poco más de 30 años, que es el período del neoliberalismo. Ante este contexto, el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar la educación pública como establece el artículo 3º de la Constitución en su espíritu original, que plantea que la educación pública debe ser gratuita, obligatoria, laica e integral para toda la población, siendo que el Estado debe garantizar su financiamiento. El Estado mexicano, sobretodo en los últimos tres sexenios, no ha garantizado la educación pública y tampoco ha garantizado otros derechos sociales en el país. En todo caso, lo que los gobiernos han hecho es encaminar este derecho universal y social a esquemas de privatización.

En pronunciamiento reciente, López Obrador afirma que no está de acuerdo con la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Qué ha representado esta reforma y cuáles fueron sus impactos hasta el momento?

Juan Melchior Román - Estamos hace dos semanas con un gobierno nuevo, que canalizó toda la inestabilidad que generaron los últimos gobiernos neoliberales en México, y aprovecha la inconformidad de la sociedad en diferentes temas, especialmente en el caso de la educación. López Obrador entiende que, si se sigue en la política educativa que intentó instrumentar Enrique Peña Nieto, el conflicto magisterial también seguirá.
“Consideramos que en esa iniciativa que se presentó el 12 de diciembre hay avances significativos, sin embargo no hay la extinción total de la reforma anterior. Tendremos que esperar para ver lo que sucede”.
El nuevo presidente de la República hace al Poder Legislativo la propuesta de cambiar la reforma educativa de Peña Nieto, pero no hay una intención de abrogación total. La iniciativa que se entregó hace unos días a la Cámara de Diputados sigue sosteniendo en sus apartados que se refieren a la calidad educativa la presencia de “Consejos Consultivos” integrados por personas de fuera del sector educativo, incluyendo empresários. También habla de un esquema de carrera magisterial que se refiere a procesos meritorios que rebasan los derechos laborales de las y los docentes, ganados por antigüedad, preparación y experiencia. Consideramos que en esa iniciativa que se presentó el 12 de diciembre hay avances significativos, sin embargo no hay la extinción total de la reforma anterior. Tendremos que esperar para ver lo que sucede. Hay muchas expectativas con un gobierno que prometió mucho en campaña, y que plantea una reconversión en las políticas relativas a algunos derechos, pero que no plantea una reorientación del modelo económico.

López Obrador también afirmó que la reforma educativa ha culpado a las maestras y los maestros como responsables de los problemas de la educación pública. ¿Usted está de acuerdo?

Juan Melchior Román - Uno de los argumentos del presidente de la República cuando establece esta iniciativa de ley para cancelar la reforma educativa es que efectivamente el gobierno anterior responsabilizó a los trabajadores de educación por el desastre educativo. Nosotros como movimiento social, movimiento magisterial, como un movimiento que es del pueblo y que está luchando por los derechos sociales, nunca estuvimos de acuerdo con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
“En el país, durante lo que el propio presidente denominó “vendaval neoliberal”, es decir los últimos 30 años, los presupuestos educativos no han rebasado ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando, para países como el nuestro, UNESCO recomienda un mínimo del 8% del PIB, y de ser posible el 12%. Un presupuesto bajo necesariamente afecta en la cobertura, la infraestructura y la contratación de trabajadores.”  
Establecimos vastos argumentos políticos, educativos y jurídicos durante 6 años para desnudar de manera clara y sin ningún contra argumento cuáles eran los principales problemas de la educación pública en México, y uno de ellos seriamente tiene que ver con el presupuesto. En el país, durante lo que el propio presidente denominó “vendaval neoliberal”, es decir los últimos 30 años, los presupuestos educativos no han rebasado ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando, para países como el nuestro, UNESCO recomienda un mínimo del 8% del PIB, y de ser posible el 12%. Un presupuesto bajo necesariamente afecta en la cobertura, la infraestructura y la contratación de trabajadores. Otro de los principales problemas de la reforma educativa y de la educación pública en México es que se pretende una elitización de la misma, es decir, se plantea un esquema de individualización y de competencias, en respuesta a las necesidades del capital, y no de la población. Así se plantean programas, currículos y planes de estudio para la colonización del país, y los trabajadores de la educación no somos llamados a participar en este proceso. Estos son algunos de los principales problemas que se observan en la educación pública en México, y que no se van a resolver en este nuevo gobierno, aunque vemos que hay una intención en ese sentido.

¿Cómo construir una reforma educativa que garantice la educación como un derecho humano?

Juan Melchior Román - La CNTE, que el 17 de diciembre cumplió 39 años de existencia, lucha y dignidad magisterial y social, cree que este pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador quiere tratar de resolver un conflicto entre docentes y gobierno que dura seis años, y que puede seguir si no hay una respuesta definitiva hacia la reforma educativa. En todo caso, planteamos que se debe ir a fundo en la derogación de la reforma. Planteamos que la educación pública debe ser lo que establece en su originalidad el artículo 3º de la Constitución Federal, sobretodo en el caso de la gratuidad y la cobertura. Asimismo, defendemos un plan y programa de estudios que denominamos proyecto de educación alternativa, que sea elaborado en diálogo y con la participación de los diferentes actores del sector educativo. ">
Juan Melchior Román, integrante de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) de México, aborda en esta entrevista la reforma educativa del gobierno anterior y las intenciones del nuevo presidente, analizando los principales desafíos de la educación mexicana en la actualidad.

México: “La iniciativa de López Obrador representa avances significativos, pero no elimina la reforma educativa anterior”

17 de enero de 2019

En diciembre, el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso Nacional una iniciativa de ley para modificar en la Constitución Federal las condiciones de la educación en el país. El intuito del presidente es poner fin a uno de los puntos más polémicos de la reforma educativa impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, que establece evaluaciones estandarizadas a las y los docentes para definir su situación laboral. (más…)

<span style=El documento final de la Cumbre del G20 refleja lo tanto que los líderes de las naciones más ricas del mundo que forman parte de América Latina (Argentina, Brasil y México) han evitado asumir compromisos claros con la financiación adecuada del derecho a la educación. Durante el encuentro, se habló mucho sobre vulnerabilidad financiera, consensos geopolíticos, política monetaria, combate al terrorismo, entre otras temáticas recurrentes de la agenda globalizada. Por otro lado, aparecieron temas relevantes, como igualdad de género, inclusión financiera y educación. Este último tema, por ejemplo, fue 1 de los 31 puntos de la declaración final de la Cumbre de Buenos Aires, tal vez por el hecho de que las políticas educativas entraron, por primera vez en la historia, en la agenda del G20. "El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de las políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas", dice la declaración final de los líderes. Esta mención a la educación como un derecho representa un avance y una conquista de la sociedad civil en el contexto del G20, pero puede convertirse en letra muerta, a medida en que el texto no aclara compromisos firmes con la garantía de una financiación pública justa y adecuada para las políticas educativas.
"El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de las políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas", dice la declaración final de los líderes. Esta mención a la educación como un derecho representa un avance y una conquista de la sociedad civil en el contexto del G20, pero puede convertirse en letra muerta, a medida en que el texto no aclara compromisos firmes con la garantía de una financiación pública justa y adecuada para las políticas educativas.
Los desafíos para la educación en la región son muchos, y exigen el aumento progresivo de recursos para el área. En Brasil, 2,8 millones de niños y adolescentes están fuera de la escuela - lo equivalente al 5% de los individuos en ese grupo de edad. En México, 1/3 de los adolescentes entre 15 y 17 años no asisten a la escuela y, en Argentina, sólo en la provincia de Buenos Aires, más de 450 escuelas no funcionan debido al mal estado de los edificios. Mientras permanecen estos obstáculos, se observa un gran recorte de recursos para la educación y otros derechos sociales, resultado de políticas de ajuste fiscal, implementadas en Argentina y Brasil. Particularmente Brasil, está siendo un grave ejemplo de las medidas de austeridad con la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016. En Argentina, el ajuste de gastos que el gobierno nacional proyecta para el año que viene, afectará a todos los programas de educación inicial y de las enseñanzas fundamental y media, llevando a una caída real de inversiones en infraestructura y equipo escolar, del 77%. México, por su parte, vive un momento de esperanza con la toma de mando del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la sociedad civil del país estará atenta para exigir que cumpla la promesa hecha durante la campaña, de aumentar significativamente la inversión pública en educación. En ese sentido, no fue por falta de información, ni de necesidad, que esos países dejaron de firmar un acuerdo por una mayor financiación a la enseñanza pública. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), participaron en reuniones previas a la Cumbre de Líderes del G20, enviando sus recomendaciones a los Estados. Por un instante, existió la esperanza de que el espacio dado por el G20 para discutir la educación resultaría en un acuerdo en favor de la financiación y el fortalecimiento de la enseñanza gratuita, pública, inclusiva, con respecto a las diversidades y comprometido con la calidad. Sin embargo, eso no ocurrió. Por otro lado, además de la mención de la relevancia de la educación en la declaración final, debe celebrarse como avance conquistado por la sociedad civil la referencia a la justicia tributaria en el documento. Faltó, sin embargo, un compromiso más sólido de los países con el fin de los incentivos fiscales perjudiciales y de la implantación de reformas tributarias progresivas. Generar recursos a partir de esas medidas sería una opción más racional frente al recorte de gastos para la educación, la salud, la asistencia social y otros derechos, bajo la justificación de controlar las cuentas públicas y superar la crisis económica. El G20, por lo tanto, deja una importante lección: o los gobiernos asumen compromisos claros y creíbles con la financiación educativa, o no llegaremos ni cerca de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, que trata de la educación.">
El documento final de la Cumbre del G20 refleja lo tanto que los líderes de las naciones más ricas del mundo que forman parte de América Latina (Argentina, Brasil y México) han evitado asumir compromisos claros con la financiación adecuada del derecho a la educación.

G20, lejos de los compromisos esperados con la financiación de la educación

17 de diciembre de 2018

El documento final de la Cumbre del G20 refleja lo tanto que los líderes de las naciones más ricas del mundo que forman parte de América Latina (Argentina, Brasil y México) han evitado asumir compromisos claros con la financiación adecuada del derecho a la educación. Durante el encuentro, se habló mucho sobre vulnerabilidad financiera, consensos geopolíticos, política monetaria, combate al terrorismo, entre otras temáticas recurrentes de la agenda globalizada. Por otro lado, aparecieron temas relevantes, como igualdad de género, inclusión financiera y educación. (más…)

<em>“Recursos sí hay para la educación superior”. El clamor de estudiantes y profesores no parece terminar pronto</em><!--more--> Fuente: <a href=Las 2 Orillas El gobierno nacional no parece desear cambiar su estrategia de negar los recursos para sacar de la crisis de desfinanciación a la Universidad Pública, crisis causada por la política estatal que busca privatizarla. Insiste el gobierno en que no hay recursos. Y en la mesa de diálogo, a la que se vio obligado por las marchas estudiantiles, estudiantes y docentes le insistimos en que sí hay recursos: que están en los impuestos con destinación específica a la educación superior reservados en las reformas tributarias de 2016 y 2017: el punto al impuesto de la renta y complementarios, el 40% del medio punto del IVA, y el porcentaje de los impuestos a las cooperativas. Estos impuestos con destinación específica a la educación superior suman un billón y medio de pesos anuales. Pero este gobierno y el anterior decidieron desviar esos recursos para financiar el muy costoso e ineficiente programa Ser Pilo Paga, que despilfarra los recursos de la educación pública en empresas privadas de educación muy costosas, pero no por caras mejores que las públicas: con la plata que el gobierno paga hoy en las universidades privadas la educación de cuarenta mil estudiantes pilos, se educarían ciento veinte mil jóvenes en las mejores universidades publicas del país. Ahora este nuevo gobierno, además, decidió desviar los recursos públicos de la educación superior a financiar nuevos programas de préstamos personales a la demanda de educación: Financiación continente al ingreso y Generación E: prestarle a cada joven que desea estudiar ,o a la familia del futuro estudiante, la plata para que paguen su matrícula en una universidad: la generación endeudada con los bancos. Por esa vía busca el gobierno imponer el proyecto de la privatización de la oferta pública de educación universitaria. Si lo dejáramos, nos impondrían el gobierno y las élites banqueras y del negocio de la educación, la filosofía individualista de que la educación superior es una inversión personal que le da nuevo valor a la mercancía fuerza de trabajo de cada joven. Por lo tanto, y como el beneficiado es el individuo, cada quien debe comprarla en el mercado de las mercancías educativas como compra la ropa que usa y la comida diaria con su tarjeta de crédito. Deja así de ser la educación un derecho que debe garantizar el Estado con la inversión en el sistema educativo de una parte de nuestros impuestos. La convierten en una mercancía que es proveída por el mercado educativo y financiada por el sistema bancario, como cuando usted compra con una tarjeta de crédito en una tienda: lleve ahora y pague después: el viejo sistema de vivir endeudado, que enriquece a los prestamistas. Con esa decisión el gobierno traslada a la empresa privada, a las universidades privadas, y al sistema bancario privado, los recursos de nuestros impuestos que hoy día, por orden de la Constitución y la ley, están destinados a la educación pública. Es ilegal. Y es ilegítimo. Y es inaceptable. Porque privatizar la educación pública bajo el argumento sinuoso de que la educación produce un beneficio personal y por tanto la debe pagar cada estudiante beneficiado o su familia, es una visión individualista que acaba con la filosofía de la educación como un derecho que debe proveer el Estado con los recursos colectivos de nuestros impuestos. El estrecho individualismo comercial y bancario de esta visión disuelve los lazos de humanidad, de protección, de cuidado y solidaridad que inspiran la humanización que deseamos y hemos decidido constitucionalmente que guíe nuestras relaciones colectivas -nuestra vida colectiva, nuestra vida política- decisión que hoy en Colombia la Constitución nacional y las leyes garantizan y regulan: porque la educación no es concebida por nuestro orden legal como una mercancía individual sino como un derecho. Por ello es anticonstitucional la negativa del gobierno a atender las razones técnicas que está hoy exponiendo nuestro movimiento estudiantil y docente en la mesa de diálogo. La inversión del Estado en educación pública es necesaria para garantizar la educación como un derecho y un bien común: un bien colectivo que facilita el libre acceso de la niñez y de la juventud a la educación, sin importar su clase ni su riqueza, como sucede en la universidad pública hoy. Es una inversión de nuestros impuestos que tiene la formidable ventaja humana de abrirle a cada niño y a cada adolescente y a cada joven un camino cierto para compartir las artes, las ciencias, las filosofías, y acrecentar las potencias sensibles de crear y de pensar, y de crecer en una sociedad del conocimiento y de la creatividad, en una sociedad pacífica, que resuelve con humanidad sus conflictos. Y garantizar el acceso a la educación pública para cada niño o niña, adolescente o joven o adulto que desee estudiar, tiene otro buen don social: el de ser un camino cierto y generoso para superar las pobrezas económicas y espirituales causadas por las hondas desigualdades sociales…">

Universidad pública: un bien común para la paz y la superación de la desigualdad

10 de diciembre de 2018

“Recursos sí hay para la educación superior”. El clamor de estudiantes y profesores no parece terminar pronto (más…)

<p class=En México, la educación pública, en particular la universitaria, no es gratuita, se planteó ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fuente: La Jornada

En la clausura del curso interinstitucional Un siglo de movimientos estudiantiles, organizado por el Seminario de Educación Superior de la Universidad, académicos universitarios respondieron a la pregunta de si un eventual incremento de cuotas en la UNAM podría significar una mejora a las condiciones laborales de sus docentes.

Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, puntualizó que la gratuidad de la educación no admite grados. Pagar un peso por ella, la hace barata, no gratuita, dijo. Los países en los que es gratuita se encargan de financiar hasta los lápices, los sacapuntas, el comedor.

Así, universidades que cobran cuotas, por bajas o congeladas que sean, no son gratuitas, pues no asumen todos los costos de la educación de los estudiantes. La UNAM o la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) no son gratuitas, son baratas, puntualizó.

Leticia Pogliaghi, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, sostuvo que en su perspectiva el financiamiento de la universidad no debe venir de los bolsillos de las y los estudiantes. Se dijo en favor de mejorar las condiciones laborales de los docentes, pero en contra de cualquier modificación a las cuotas en la institución.

Lo único positivo que le encontraría a un intento de modificar las cuotas congeladas en la UNAM, que lo veo muy difícil, es que despertaría en serio la movilización estudiantil. No se cambiarían esas cuotas, pero los estudiantes conseguirían otras conquistas, dijo.

Marcela Meneses Reyes, académica del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, planteó que aumentar las cuotas no garantizaría que el presupuesto universitario contemplara un aumento a los salarios de los docentes. No hay garantía, lo que evidencia la poca transparencia con la que se administran las universidades, consideró.

Opinó que una de las demandas de las recientes movilizaciones estudiantiles en la UNAM apuntan a esa falta de transparencia cuando demandan la democratización de la institución, pues exigen conocer cómo funcionan las instancias universitarias de toma de decisiones, finanzas y seguridad.

Roberto Rodríguez, también del IIS, dijo que si bien la UNAM tiene cuotas congeladas para sus estudiantes de licenciatura, por ejemplo, no es igual su política para los alumnos de diplomados y posgrados.

Además, dijo, los estudiantes de las escuelas incorporadas a la universidad pagan en promedio a la UNAM, mediante las colegiaturas de sus instituciones, mil pesos mensuales por esta condición.

También señaló que en México son las universidades más ricas las que cobran cuotas más bajas a sus estudiantes, como la UNAM o la UAM. En tanto, escuelas como los institutos tecnológicos, las universidades interculturales y las escuelas normales, que tienen presupuestos mucho menores que aquellas universidades, cobran cuotas proporcionalmente mayores.

Y planteó, en las universidades públicas mexicanas en las que las cuotas pagadas por estudiantes representan entre 15 y 25 por ciento del presupuesto, como la Autónoma de Nuevo León o la de Aguascalientes, los salarios de los profesores no son mejores que en el resto.

El curso hizo en 15 sesiones un análisis de diversos movimientos estudiantiles ocurridos en América y Europa desde 1918, cuando protestas estudiantiles en Argentina consiguieron la primera autonomía universitaria del continente en lo que se conoce como la Reforma de Córdoba.

Como parte de las reflexiones finales, Marcela Meneses, participante de la huelga estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, planteó que la mirada romántica que hay sobre ciertos movimientos estudiantiles perjudica la comprensión de su relevancia social. Consideró que eso ha tendido a pasar este año con la conmemoración del 50 aniversario del movimiento de 1968. Ahora se le ve como la bandera de la democracia en México, una visión que comenzó con Vicente Fox. Detrás de estas miradas hay intereses políticos e interpretaciones hegemónicas que no corresponden a los acontecimientos.

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No existe en en México educación universitaria gratuita

1 de diciembre de 2018

En México, la educación pública, en particular la universitaria, no es gratuita, se planteó ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (más…)

Hay que debatir y garantizar el financiamiento en la Educación pública, gratuita y de calidad

30 de noviembre de 2018

Hoy, 30 de noviembre, empieza la Cumbre del G20 que, este año, realiza dos hechos inéditos: será realizada en un país latinoamericano y tendrá como uno de los temas de discusión la educación. Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, es necesario que los líderes de Estados comprendan que el financiamiento de la Educación pública, gratuita y de calidad es urgente. (más…)

<span style=Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación. Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 - Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad.

Argentina: FMI y el recorte presupuestario para la educación

País sede del G20 este año, Argentina vive un proceso de cambio en su sistema educativo. “Son dos racionalidades totalmente diferentes entre la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y la del gobierno actual de Mauricio Macri. Es un cambio traumático porque las cosas que se habían hecho bien están siendo desarmadas continuamente, y las cosas que estaban mal no están mejorando, sino que se profundizan las deficiencias”, explica el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce. Para él, una de las principales amenazas al derecho a la educación en el país actualmente es el recorte presupuestario para políticas sociales. “El último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) determina un recorte importante de presupuesto, lo que implica un ajuste fuerte que va a recaer en los sectores con menos capacidad de defensa y en los programas sociales, como los que tienen que ver con la educación rural, entre otros”, dice.

Brasil: amenaza ultraconservadora y el desafío de incluir 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela

El más grande país de América Latina y el Caribe también es lo que más posee niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela. “Son 2,8 millones que no logran tener acceso a la educación en Brasil, cantidad que excede al total de la población de 59 países del mundo”, dice Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educativas de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil. A esta problemática se suma la exclusión y discriminación que niños, niñas y adolescentes sufren en la escuela, por cuestiones de raza, etnia, color, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc. “Parte del desafío de la inclusión está relacionada a la falta de políticas anti-discriminatorias y también a la falta de calidad en la educación. La baja calidad se refleja especialmente en la precaria infraestructura de las escuelas y también en la casi inexistente valorización de las y los profesionales de la educación, que necesitan una buena formación inicial y contínua, buenas condiciones de trabajo y un salario que sea equivalente al de las otras profesiones con la misma formación”, afirma Andressa Pellanda. Para ella, la exclusión social de niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada al bajo nivel de financiamiento en la educación y al hecho de que las políticas educativas no han tenido importancia central a mediano y largo plazo, como es el caso del Plan Nacional de Educación (PNE) que cumple 5 años sin que se hayan realizado sus metas. Otro desafío es la amenaza de grupos ultraconservadores que defienden una educación acrítica, con censura, de pensamiento único y que no incluye las diversidades. “Este movimiento tiene como principal bandera el proyecto ‘Escuela sin Partido’. Frente a tales presiones, la dimensión de la inclusión y también la libertad de enseñar y aprender están amenazadas”, dice Pellanda. Uno de los principales defensores de esta línea ultraconservadora en el país es el recién electo presidente, Jair Bolsonaro. Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, la CLADE publicó una carta denunciando las amenazas que las propuestas de Bolsonaro representan para la educación brasileña. “El programa que defiende Bolsonaro para la educación representa un grave retroceso. Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de ‘portugués y matemáticas’, restringir el financiamiento público, promover la educación a distancia para primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas”, dice el documento.

México:reforma educativa neoliberal y la negación al derecho a la estabilidad laboral de las y los docentes

Con más de 30 millones de estudiantes cursando la educación obligatoria, México posee uno de los más grandes sistemas educativos del mundo. En los años 2012 y 2013, el país dio inicio a una reforma educativa, impulsada por el gobierno de Peña Nieto. “La reforma educativa es una especie de zafiro, de piedra preciosa y única, que representa las atrocidades que se pueden hacer en nombre de la calidad educativa. Ella reúne organismos nacionales e internacionales, fundaciones empresariales, expertos, medios de comunicación, líderes sindicales corruptos y autoritarios, legisladores sin distinción de partido político, centros de investigación económica –no educativa- e, incluso, represión policiaca. Todo ello para mejorar la calidad educativa, calidad que según ellos se encontraba por los suelos por un único y terrible culpable: el docente”, dice Sebastián Plá, investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista publicada por Hemisferio Izquierdo. En articulación con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), la CLADE llama la atención para el deliberado desmantelamiento de la educación pública y la privatización de los servicios educativos en el país, que limitan gravemente el acceso de los sectores populares a una educación de calidad y con pertinencia socio-cultural. Rosa Zúñiga, secretaria general del CEAAL, y las organizaciones que son parte de la CADEM en México reconocen que la educación en el país ha vivido un proceso de despojo, empezando por el desconocimiento de los derechos de las y los docentes. “La inversión en educación disminuyó drásticamente, en los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto”, afirma Zúñiga. Según Sebastián Plá, la reforma educativa negó a las y los docentes el derecho a la estabilidad laboral y rechazó a toda organización colectiva magisterial, negando su saber práctico e intelectual. “El nuevo profesor es ahora un profesor experto en responder exámenes que definen lo que es ser maestro idóneo o no. Definición, por cierto, diseñada por lo indicadores del saber experto, no por el saber docente. El nuevo y digno profesor de calidad es un funcionario de Estado que sigue las indicaciones de sus superiores, no un intelectual capaz de producir conocimiento”, explica el investigador. CEAAL en México, CADEM y CLADE también demandan al nuevo presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el gobierno luego del cierre de la Cúpula del G20 - el 1º de diciembre-, un compromiso por la garantía plena del ejercicio de los derechos de las mujeres, en particular del acceso a una vida libre de violencia y discriminación, puesto que el 61.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia. Del 2007 al 2016, 22 mil 482 mujeres fueron asesinadas en el país.      
“Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” - Lea el documento de la CLADE que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.">
Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema del G20, la CLADE presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 - Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad.

La educación latinoamericana en el G20

Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación.

Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 – Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad. (más…)

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Fuente: Sputnik News
Las universidades públicas colombianas, en particular, y la educación oficial, en general, están en crisis. El Gobierno de Colombia pretende que las instituciones educativas públicas cumplan con el encargo de educar a la población, pero no aporta los recursos suficientes. Docentes y estudiantes de las universidades públicas colombianas saben que frotando la lámpara de Aladino no es como van a surgir los genios, los investigadores, los científicos y las mentes brillantes que requiere nuestra sociedad. La educación no se vale del empleo de las artes mágicas para alcanzar sus propósitos. Para que nos formemos una idea de la grave situación de la educación pública colombiana, cabe resaltar estos datos: solo el 48,5% de los bachilleres colombianos consigue entrar en la universidad, y la deserción universitaria es superior al 45%. Esto significa que aproximadamente la mitad de los que acceden a la universidad no continúa. Solo alrededor del 24,2% de los bachilleres alcanza a integrarse plenamente a la enseñanza universitaria. Y el calvario también lo sufren los estudiantes universitarios cuando obtienen una licenciatura y están endeudados con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Su futuro queda automáticamente hipotecado. De modo que para pagar el crédito educativo, necesitarían más de una vida dado los altos intereses. En Colombia, todos los que hemos sido estudiantes de las instituciones educativas públicas hemos padecido en cierto modo la cruda realidad de la educación oficial de nuestro país. Aún recuerdo que las aulas de clase de la escuelita donde terminé la educación primaria no tenían paredes, sus columnas eran horcones y el techo era de palma. No tenía tampoco biblioteca, que era lo peor de todo. Cuando un estudiante de la enseñanza secundaria colombiana se gradúa de bachiller, ese día siente la felicidad de haber alcanzado una de las metas más importantes de su vida, pero esa alegría se acaba al día siguiente cuando comprueba que no es fácil estudiar en una universidad pública colombiana. De ahí que para empezar a solucionar la crisis de la educación pública es inevitable iniciar por el aumento considerable del presupuesto que el Gobierno nacional destina para las universidades públicas y las demás instituciones educativas públicas del país. Se debe invertir más dinero en la educación. Urge restarle dinero a la guerra para sumárselo a la educación pública. La cantidad que del PIB se gasta en la guerra es alta, en tanto que los profesores y los estudiantes están apropiándose del saber en difíciles condiciones. Colombia es el país de América Latina que menos invierte en educación, tal como lo revela un informe de 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Todos los países de la región invierten una cantidad promedio de 10.182 dólares al año por estudiante, mientras que Colombia tan sólo coloca 3.245 dólares por estudiante al año. Es apenas obvio comprender que las clases que están en el poder prefieren a una población de seres embrutecidos. La idea principal es pulverizar de cualquier forma la crítica, el análisis y el pensamiento. En Colombia, los corruptos se roban la nada despreciable cantidad de 50 billones de pesos al año —15.500 millones de dólares—, una cifra cercana al 4% del PIB colombiano, es decir, alrededor del doble de la cantidad destinada para educación en el año 2017, más del doble del monto asignado para la salud en el mismo año y más de cuatro veces el presupuesto asignado para la atención a las víctimas del conflicto social armado interno, según datos del año 2017. Es inadmisible que los corruptos saquen la mejor tajada del presupuesto nacional, en tanto que la suma fijada en el 2017 para educación fue de 33,5 billones de pesos —10.400 millones de dólares—; para defensa, 29,5 billones —9.200 millones de dólares—; para salud, 21,4 billones —6.600 millones de dólares—; y para la atención a víctimas, 12 billones de pesos —3.700 millones de dólares—. Recientemente, el Congreso de la República (Parlamento colombiano) aprobó el Presupuesto General de la Nación: educación con 41,4 billones —12.800 millones de dólares—, defensa con 33,5 billones y salud con 32,2 billones de pesos —alrededor de 10.000 millones de dólares para ambos—. Por eso, los estudiantes universitarios le solicitan al Gobierno del presidente Iván Duque una reunión para explicarle el porqué de su exigencia, presentarle una radiografía actualizada sobre la gravedad de la situación por la que está atravesando la educación pública colombiana, entregarle una propuesta de cómo resolverla, además de exigirle un incremento de 4,5 billones de pesos —1.400 millones de dólares— en el presupuesto de las universidades públicas. Pero el presidente Duque se comporta como si padeciera de sordera selectiva, o como dice la canción de Shakira: ciego, sordo y mudo. Su actitud de no querer reunirse con los estudiantes colombianos es un acto de desaire. En los más recientes días, se ha reunido con la gente de la farándula nacional: Maluma, Carlos Vives, Silvestre Dangond, etcétera. Con todo eso, los estudiantes continúan exigiéndole al mandatario nacional una reunión para dialogar, pues dialogando es como la gente civilizada se entiende. Por otra parte, el ex candidato presidencial colombiano y espectacular profesor Sergio Fajardo brilla por su ausencia en las marchas que exigen educación pública y de calidad en Colombia. Porque, en el fondo, lo que los estudiantes universitarios están exigiendo es algo que se ha ido convirtiendo en una utopía en Colombia: una educación que les enseñe a entender lo que leen, y por lo tanto de calidad y verdaderamente pública. Por ello, y tal como se grita en las marchas estudiantiles: ¡La lucha continúa!
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La educación pública en Colombia, en grave estado

29 de noviembre de 2018

Fuente: Sputnik News

Las universidades públicas colombianas, en particular, y la educación oficial, en general, están en crisis. El Gobierno de Colombia pretende que las instituciones educativas públicas cumplan con el encargo de educar a la población, pero no aporta los recursos suficientes.

Docentes y estudiantes de las universidades públicas colombianas saben que frotando la lámpara de Aladino no es como van a surgir los genios, los investigadores, los científicos y las mentes brillantes que requiere nuestra sociedad. La educación no se vale del empleo de las artes mágicas para alcanzar sus propósitos.

Para que nos formemos una idea de la grave situación de la educación pública colombiana, cabe resaltar estos datos: solo el 48,5% de los bachilleres colombianos consigue entrar en la universidad, y la deserción universitaria es superior al 45%. Esto significa que aproximadamente la mitad de los que acceden a la universidad no continúa. Solo alrededor del 24,2% de los bachilleres alcanza a integrarse plenamente a la enseñanza universitaria.

Y el calvario también lo sufren los estudiantes universitarios cuando obtienen una licenciatura y están endeudados con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Su futuro queda automáticamente hipotecado. De modo que para pagar el crédito educativo, necesitarían más de una vida dado los altos intereses.

En Colombia, todos los que hemos sido estudiantes de las instituciones educativas públicas hemos padecido en cierto modo la cruda realidad de la educación oficial de nuestro país. Aún recuerdo que las aulas de clase de la escuelita donde terminé la educación primaria no tenían paredes, sus columnas eran horcones y el techo era de palma. No tenía tampoco biblioteca, que era lo peor de todo.

Cuando un estudiante de la enseñanza secundaria colombiana se gradúa de bachiller, ese día siente la felicidad de haber alcanzado una de las metas más importantes de su vida, pero esa alegría se acaba al día siguiente cuando comprueba que no es fácil estudiar en una universidad pública colombiana.

De ahí que para empezar a solucionar la crisis de la educación pública es inevitable iniciar por el aumento considerable del presupuesto que el Gobierno nacional destina para las universidades públicas y las demás instituciones educativas públicas del país. Se debe invertir más dinero en la educación. Urge restarle dinero a la guerra para sumárselo a la educación pública. La cantidad que del PIB se gasta en la guerra es alta, en tanto que los profesores y los estudiantes están apropiándose del saber en difíciles condiciones.

Colombia es el país de América Latina que menos invierte en educación, tal como lo revela un informe de 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Todos los países de la región invierten una cantidad promedio de 10.182 dólares al año por estudiante, mientras que Colombia tan sólo coloca 3.245 dólares por estudiante al año. Es apenas obvio comprender que las clases que están en el poder prefieren a una población de seres embrutecidos. La idea principal es pulverizar de cualquier forma la crítica, el análisis y el pensamiento.

En Colombia, los corruptos se roban la nada despreciable cantidad de 50 billones de pesos al año —15.500 millones de dólares—, una cifra cercana al 4% del PIB colombiano, es decir, alrededor del doble de la cantidad destinada para educación en el año 2017, más del doble del monto asignado para la salud en el mismo año y más de cuatro veces el presupuesto asignado para la atención a las víctimas del conflicto social armado interno, según datos del año 2017.

Es inadmisible que los corruptos saquen la mejor tajada del presupuesto nacional, en tanto que la suma fijada en el 2017 para educación fue de 33,5 billones de pesos —10.400 millones de dólares—; para defensa, 29,5 billones —9.200 millones de dólares—; para salud, 21,4 billones —6.600 millones de dólares—; y para la atención a víctimas, 12 billones de pesos —3.700 millones de dólares—.

Recientemente, el Congreso de la República (Parlamento colombiano) aprobó el Presupuesto General de la Nación: educación con 41,4 billones —12.800 millones de dólares—, defensa con 33,5 billones y salud con 32,2 billones de pesos —alrededor de 10.000 millones de dólares para ambos—.

Por eso, los estudiantes universitarios le solicitan al Gobierno del presidente Iván Duque una reunión para explicarle el porqué de su exigencia, presentarle una radiografía actualizada sobre la gravedad de la situación por la que está atravesando la educación pública colombiana, entregarle una propuesta de cómo resolverla, además de exigirle un incremento de 4,5 billones de pesos —1.400 millones de dólares— en el presupuesto de las universidades públicas.

Pero el presidente Duque se comporta como si padeciera de sordera selectiva, o como dice la canción de Shakira: ciego, sordo y mudo. Su actitud de no querer reunirse con los estudiantes colombianos es un acto de desaire. En los más recientes días, se ha reunido con la gente de la farándula nacional: Maluma, Carlos Vives, Silvestre Dangond, etcétera. Con todo eso, los estudiantes continúan exigiéndole al mandatario nacional una reunión para dialogar, pues dialogando es como la gente civilizada se entiende.

Por otra parte, el ex candidato presidencial colombiano y espectacular profesor Sergio Fajardo brilla por su ausencia en las marchas que exigen educación pública y de calidad en Colombia. Porque, en el fondo, lo que los estudiantes universitarios están exigiendo es algo que se ha ido convirtiendo en una utopía en Colombia: una educación que les enseñe a entender lo que leen, y por lo tanto de calidad y verdaderamente pública. Por ello, y tal como se grita en las marchas estudiantiles: ¡La lucha continúa!

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