Lourdes Nique

G20, lejos de los compromisos esperados con la financiación de la educación

17 de Diciembre de 2018

El documento final de la Cumbre del G20 refleja lo tanto que los líderes de las naciones más ricas del mundo que forman parte de América Latina (Argentina, Brasil y México) han evitado asumir compromisos claros con la financiación adecuada del derecho a la educación. Durante el encuentro, se habló mucho sobre vulnerabilidad financiera, consensos geopolíticos, política monetaria, combate al terrorismo, entre otras temáticas recurrentes de la agenda globalizada. Por otro lado, aparecieron temas relevantes, como igualdad de género, inclusión financiera y educación.

Este último tema, por ejemplo, fue 1 de los 31 puntos de la declaración final de la Cumbre de Buenos Aires, tal vez por el hecho de que las políticas educativas entraron, por primera vez en la historia, en la agenda del G20.

“El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de las políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas”, dice la declaración final de los líderes. Esta mención a la educación como un derecho representa un avance y una conquista de la sociedad civil en el contexto del G20, pero puede convertirse en letra muerta, a medida en que el texto no aclara compromisos firmes con la garantía de una financiación pública justa y adecuada para las políticas educativas.

“El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de las políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas”, dice la declaración final de los líderes. Esta mención a la educación como un derecho representa un avance y una conquista de la sociedad civil en el contexto del G20, pero puede convertirse en letra muerta, a medida en que el texto no aclara compromisos firmes con la garantía de una financiación pública justa y adecuada para las políticas educativas.

Los desafíos para la educación en la región son muchos, y exigen el aumento progresivo de recursos para el área. En Brasil, 2,8 millones de niños y adolescentes están fuera de la escuela – lo equivalente al 5% de los individuos en ese grupo de edad. En México, 1/3 de los adolescentes entre 15 y 17 años no asisten a la escuela y, en Argentina, sólo en la provincia de Buenos Aires, más de 450 escuelas no funcionan debido al mal estado de los edificios. Mientras permanecen estos obstáculos, se observa un gran recorte de recursos para la educación y otros derechos sociales, resultado de políticas de ajuste fiscal, implementadas en Argentina y Brasil. Particularmente Brasil, está siendo un grave ejemplo de las medidas de austeridad con la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016. En Argentina, el ajuste de gastos que el gobierno nacional proyecta para el año que viene, afectará a todos los programas de educación inicial y de las enseñanzas fundamental y media, llevando a una caída real de inversiones en infraestructura y equipo escolar, del 77%. México, por su parte, vive un momento de esperanza con la toma de mando del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la sociedad civil del país estará atenta para exigir que cumpla la promesa hecha durante la campaña, de aumentar significativamente la inversión pública en educación.

En ese sentido, no fue por falta de información, ni de necesidad, que esos países dejaron de firmar un acuerdo por una mayor financiación a la enseñanza pública. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), participaron en reuniones previas a la Cumbre de Líderes del G20, enviando sus recomendaciones a los Estados.

Por un instante, existió la esperanza de que el espacio dado por el G20 para discutir la educación resultaría en un acuerdo en favor de la financiación y el fortalecimiento de la enseñanza gratuita, pública, inclusiva, con respecto a las diversidades y comprometido con la calidad. Sin embargo, eso no ocurrió.

Por otro lado, además de la mención de la relevancia de la educación en la declaración final, debe celebrarse como avance conquistado por la sociedad civil la referencia a la justicia tributaria en el documento. Faltó, sin embargo, un compromiso más sólido de los países con el fin de los incentivos fiscales perjudiciales y de la implantación de reformas tributarias progresivas. Generar recursos a partir de esas medidas sería una opción más racional frente al recorte de gastos para la educación, la salud, la asistencia social y otros derechos, bajo la justificación de controlar las cuentas públicas y superar la crisis económica.

El G20, por lo tanto, deja una importante lección: o los gobiernos asumen compromisos claros y creíbles con la financiación educativa, o no llegaremos ni cerca de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, que trata de la educación.