Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19

27 de mayo de 2020

Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.

“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.

El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.

A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.

>> Nota de la CLADE completa.


<span style=“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones y redes de la sociedad civil que defiende el derecho humano a la educación pública, laica, inclusiva, gratuita, transformadora y a lo largo de la vida, como responsabilidad de los Estados, quiere con este comunicado expresar su respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que determina la suspensión del recorte presupuestario a la educación en el país”, afirma la CLADE en nota publicada hoy, 22 de mayo.  El comunicado respalda las demandas y la movilización de organizaciones, redes y movimientos sociales ecuatorianos, entre ellos el Contrato Social por la Educación (CSE), ante las medidas económicas del gobierno nacional que han generado la precarización de la educación, como la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades. Tras reciente medida cautelar en respuesta a demandas presentadas por la sociedad civil, la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este recorte al presupuesto de la educación universitaria en el país.  En apoyo a posicionamiento que el CSE divulgó esta semana, la CLADE también solicita a la Corte que falle de manera definitiva a favor de la suspensión del recorte de financiamiento educativo. “Nos sumamos a las voces de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y de movimientos y organizaciones de la sociedad civil de toda la región de América Latina y el Caribe, para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva por la suspensión del recorte presupuestario para la educación en Ecuador”, afirma la CLADE.

>> Comunicado de la CLADE completo

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En comunicado público, la Campaña se suma a movimientos y organizaciones de la sociedad civil para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva a favor de la suspensión

CLADE apoya decisión judicial que suspende recortes al presupuesto educativo en Ecuador

22 de mayo de 2020

“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones y redes de la sociedad civil que defiende el derecho humano a la educación pública, laica, inclusiva, gratuita, transformadora y a lo largo de la vida, como responsabilidad de los Estados, quiere con este comunicado expresar su respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que determina la suspensión del recorte presupuestario a la educación en el país”, afirma la CLADE en nota publicada hoy, 22 de mayo. 

El comunicado respalda las demandas y la movilización de organizaciones, redes y movimientos sociales ecuatorianos, entre ellos el Contrato Social por la Educación (CSE), ante las medidas económicas del gobierno nacional que han generado la precarización de la educación, como la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades. Tras reciente medida cautelar en respuesta a demandas presentadas por la sociedad civil, la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este recorte al presupuesto de la educación universitaria en el país. 

En apoyo a posicionamiento que el CSE divulgó esta semana, la CLADE también solicita a la Corte que falle de manera definitiva a favor de la suspensión del recorte de financiamiento educativo. “Nos sumamos a las voces de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y de movimientos y organizaciones de la sociedad civil de toda la región de América Latina y el Caribe, para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva por la suspensión del recorte presupuestario para la educación en Ecuador”, afirma la CLADE.

>> Comunicado de la CLADE completo


Foto: Facebook TeleAmazonas

Ecuador: Contrato Social por la Educación respalda decisión judicial que suspende el recorte de financiamiento para la educación superior

18 de mayo de 2020

Tras la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades y que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país, el Contrato Social por la Educación (CSE) divulgó una nota pública, en la que respalda la decisión y exhorta a la Corte para que falle de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno.

“Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otros”, dice la nota.

Según informaciones de la Agencia Pressenza, el recorte de casi 100 millones de dólares afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior del país. Pressenza también informa que las medidas cautelares de la Corte Constitucional del Ecuador responden a una acción de incumplimiento interpuesta por el colectivo Acción Jurídica Popular y disponen al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las autoridades de la función ejecutiva pertinentes, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Adicionalmente, la Corte detuvo los efectos de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, emitida por el Ministerio de Economía, en relación a los presupuestos de las instituciones de educación superior. 

En las próximas semanas, la Corte Constitucional analizará los argumentos de fondo y determinará si, en efecto, ha habido incumplimiento a los parámetros constitucionales que deben regir lo referido al presupuesto para la educación en estado de excepción. La Corte también deberá decidir sobre otras causas pendientes de resolución por el mismo tema, entre ellas una acción por incumplimiento interpuesta por varias universidades.

“Es indispensable que organizaciones sociales, movimientos, estudiantes y docentes mantengan activas las formas de exigibilidad social y también la recopilación de información y envío de escritos de amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos estos elementos serán de utilidad para que este órgano jurisdiccional adopte la decisión más favorable en la protección del derecho a la educación”, afirma el artículo publicado por Agencia Pressenza.

Educación básica y regular

Para el Contrato Social por la Educación, el recorte de financiamiento a las universidades es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica en el país, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas. 

“Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas”, subrayó el CSE en su nota.

Lee a continuación el posicionamiento completo:

Respaldo a la decisión de la Corte Constitucional

La educación es un derecho humano fundamental que promueve el ejercicio de otros derechos. Es un bien público y estratégico que se debe proteger y potenciar.

Como Contrato Social por la Educación respaldamos la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de suspender el recorte presupuestario a las universidades y la disposición al Ministerio de Economía y Finanzas de abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior.

Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otras.

Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas.  

Afectación a programas de alfabetización, despidos de docentes con contratos ocasionales, recortes en los niveles preescolares, ajustes en programas de educación de adultos son algunas de las consecuencias. 

Exhortamos a la Corte Constitucional por una sentencia definitiva frente al recorte presupuestario y a las autoridades de gobierno que canalicen esfuerzos que protejan y garanticen el derecho a la educación como herramienta de desarrollo.

Quito, mayo de 2020


A imagem é uma fotografia ao meio de duas faixas pretas, localizadas nas partes superior e inferior da imagem. Na foto, aparece o rosto de uma mulher negra de cabelos presos. Ela usa óculos escuros e segura um cartaz branco com bordas vermelhas, no qual se lê a mensagem: “Diga não! Ao corte na educação”. Abaixo da foto, sobre a faixa preta inferior, está o crédito de autoria da foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE). Fim da descrição.
Foto: Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación

Brasil: Financiamiento de la educación no puede poner en riesgo a otros programas esenciales

“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas que están verdaderamente comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo. 

Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que será llevada a cabo en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca a los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19. 

>> Lee el texto completo en portugués: “O Fundeb em novo cenário: a pandemia da COVID-19”


<span style=Chile, Haití y Paraguay son los tres países de América Latina y el Caribe que poseen legislaciones claramente inductoras a la generación del lucro y a la privatización en y desde la educación. A su vez, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú poseen legislaciones permisivas al lucro en la educación. Estos son algunos de los hallazgos preliminares del estudio “Lucro y educación en los marcos legales de América Latina y el Caribe”, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está realizando.  Algunas de las conclusiones de la investigación fueron presentadas por Teise Garcia, del Grupo de Estudios e Investigaciones en Política Educativa (GREPPE) de Brasil, durante el panel virtual “La comercialización y el lucro en y desde la educación: Perspectivas globales y regionales de América Latina y el Caribe”. El debate se realizó en el marco del CIES 2020, el 15 de abril.  “En ninguno de los países [entre los Estados de la región que son analizados en el estudio] encontramos una prohibición completa, que impida el incentivo público al lucro en la educación de manera categórica. Solamente Argentina merece un destaque, pues prohíbe acuerdos bilaterales y multilaterales relacionados a la obtención de lucro”, afirmó Teise García. Al lado de la investigadora, participaron en el panel: David Archer, de ActionAid International; y Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE). Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, y Toni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se hicieron cargo, respectivamente, del debate y de la moderación. Organizado por la CLADE, el panel tuvo el objetivo de impulsar reflexiones y diálogos sobre los procesos de privatización y lucro en la educación de la región, así como sus impactos negativos en la realización de la educación como un derecho humano de todas las personas.   Mira la grabación del diálogo: [advanced_iframe src="https://www.youtube.com/embed/KVkMfv2i2nU" width="100%" height="600"]

Falta de financiamiento y generación de la pobreza

Para David Archer, de ActionAid, la ascensión de la comercialización y del lucro en la educación se debe fundamentalmente a la falta de financiamiento público para este derecho, problema en cual, desde su perspectiva educadoras/es, activistas y gestoras/es deberían enfocarse. “La cobertura educativa pública insuficiente, combinada con un déficit estructural y creciente en el financiamiento de la educación pública, ha abierto camino para el surgimiento y la consolidación de un mercado de educación privada con fines de lucro, que se presenta cada vez más como norma en la región”, afirmó.  Añadió que la falta de financiamiento adecuado para el derecho a la educación se debe, en gran parte de los casos, a la deuda externa de los países y a la ausencia de justicia tributaria. “Hay una nueva crisis de la deuda externa. En este momento, hay 60 países que destinan más de 12% de su Producto Interno Bruto (PIB) al pago de la deuda externa. Eso significa que el pago de la deuda es más grande que el financiamiento de la educación y la salud, lo que representa un absurdo en este contexto de la crisis del COVID-19 que enfrentamos”, señaló.  Según Cecilia Gómez, la falta de financiación de derechos por los Estados y, consecuentemente, la privatización de los servicios públicos, generan pobreza. “Considero que este modelo neoliberal que en nuestros países se traduce en privatización - del agua, de la energía, de la educación, etc. - lo que genera es un incremento impresionante de la pobreza, un empobrecimiento de la gente que ya era pobre y se ha convertido en casi miserable”. ">
Durante panel virtual organizado por la CLADE, especialistas analizaron los procesos y tendencias hacia la privatización y el lucro en la educación de la región

CIES 2020: Ninguno de los países latinoamericanos y caribeños prohíbe categóricamente el incentivo público al lucro en la educación

12 de mayo de 2020

Chile, Haití y Paraguay son los tres países de América Latina y el Caribe que poseen legislaciones claramente inductoras a la generación del lucro y a la privatización en y desde la educación. A su vez, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú poseen legislaciones permisivas al lucro en la educación. Estos son algunos de los hallazgos preliminares del estudio “Lucro y educación en los marcos legales de América Latina y el Caribe”, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está realizando. 

Algunas de las conclusiones de la investigación fueron presentadas por Teise Garcia, del Grupo de Estudios e Investigaciones en Política Educativa (GREPPE) de Brasil, durante el panel virtual “La comercialización y el lucro en y desde la educación: Perspectivas globales y regionales de América Latina y el Caribe”. El debate se realizó en el marco del CIES 2020, el 15 de abril. 

“En ninguno de los países [entre los Estados de la región que son analizados en el estudio] encontramos una prohibición completa, que impida el incentivo público al lucro en la educación de manera categórica. Solamente Argentina merece un destaque, pues prohíbe acuerdos bilaterales y multilaterales relacionados a la obtención de lucro”, afirmó Teise García.

Al lado de la investigadora, participaron en el panel: David Archer, de ActionAid International; y Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE). Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, y Toni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se hicieron cargo, respectivamente, del debate y de la moderación.

Organizado por la CLADE, el panel tuvo el objetivo de impulsar reflexiones y diálogos sobre los procesos de privatización y lucro en la educación de la región, así como sus impactos negativos en la realización de la educación como un derecho humano de todas las personas.  

Mira la grabación del diálogo:


Falta de financiamiento y generación de la pobreza

Para David Archer, de ActionAid, la ascensión de la comercialización y del lucro en la educación se debe fundamentalmente a la falta de financiamiento público para este derecho, problema en cual, desde su perspectiva educadoras/es, activistas y gestoras/es deberían enfocarse.

“La cobertura educativa pública insuficiente, combinada con un déficit estructural y creciente en el financiamiento de la educación pública, ha abierto camino para el surgimiento y la consolidación de un mercado de educación privada con fines de lucro, que se presenta cada vez más como norma en la región”, afirmó. 

Añadió que la falta de financiamiento adecuado para el derecho a la educación se debe, en gran parte de los casos, a la deuda externa de los países y a la ausencia de justicia tributaria. “Hay una nueva crisis de la deuda externa. En este momento, hay 60 países que destinan más de 12% de su Producto Interno Bruto (PIB) al pago de la deuda externa. Eso significa que el pago de la deuda es más grande que el financiamiento de la educación y la salud, lo que representa un absurdo en este contexto de la crisis del COVID-19 que enfrentamos”, señaló. 

Según Cecilia Gómez, la falta de financiación de derechos por los Estados y, consecuentemente, la privatización de los servicios públicos, generan pobreza. “Considero que este modelo neoliberal que en nuestros países se traduce en privatización – del agua, de la energía, de la educación, etc. – lo que genera es un incremento impresionante de la pobreza, un empobrecimiento de la gente que ya era pobre y se ha convertido en casi miserable”. 


Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

ONU denuncia gobierno brasileño por irresponsabilidad durante la pandemia COVID-19

5 de mayo de 2020

En comunicado reciente, relatoras/es de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el gobierno brasileño por realizar “políticas irresponsables” durante la pandemia COVID-19. Para las autoridades, el país debería abandonar inmediatamente políticas de austeridad económica mal orientadas, que ponen en riesgo a las vidas. Recomiendan también que el Estado aumente los gastos en el combate a la desigualdad y la pobreza que se vienen profundizando con la pandemia. 

La nota fue divulgada después que organizaciones brasileñas denunciaron a la ONU la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ha ignorado las recomendaciones de cuidado con la vida y la salud de las poblaciones, emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los recortes de financiamiento gubernamentales violaron los parámetros internacionales de derechos humanos, incluso en educación, vivienda, alimentación, agua y saneamiento e igualdad de género”, afirmaron relatoras/es especiales de la ONU en el comunicado conjunto. Firmaron la declaración: Léo Heller, relator sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento; Hilal Elver, relator sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha, relatora sobre el derecho a la vivienda adecuada; Dainius Pūras, relator sobre el derecho a la salud física y mental; Koumbou Boly Barry, relatora sobre el derecho a la educación; y el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y niñas.

La noticia fue publicada por el periodista brasileño Jamil Chade en su columna. De acuerdo al comunicador, esta es la declaración más dura ya presentada por relatoras/es de la ONU contra Brasil, debido a su gestión de la crisis. Así mismo, es de las raras comunicaciones de la Organización dirigidas a un país específico, por su gestión sanitaria.

Para las y los relatoras/es de la ONU, el sistema de salud de Brasil está debilitado y con sobrecarga, lo que pone en riesgo a los derechos a la vida y la salud de millones de brasileñas y brasileños. “Es hora de revocar la Enmienda Constitucional 95 y otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, afirmaron. Las autoridades denuncian el hecho de que el gobierno brasileño ha priorizado la economía sobre la vida de las personas. “En el 2018, pedimos a Brasil que reconsiderase su programa de austeridad económica y pusiera a los derechos humanos en el centro de sus políticas económicas”, afirmaron. “También expresamos preocupaciones específicas sobre los más vulnerables, particularmente mujeres, niñas y niños que viven en situación de pobreza, afrodescendientes, poblaciones rurales y personas que habitan viviendas informales”, señalaron también.


Enmienda Constitucional 95 y el COVID-19 

Al lado de otras medidas económicas regresivas llevadas a cabo por el gobierno del ex presidente de Brasil, Michel Temer, la Enmienda Constitucional 95 (EC 95) de 2016 estableció un nuevo régimen tributario y determinó que las inversiones públicas en los campos sociales no pueden superar el ajuste por la inflación, durante el período de 20 años. Así, por dos décadas, educación, salud y protección social no recibirán nuevos recursos. 

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y otras entidades y movimientos sociales del país rechazan vehementemente la medida. Al inicio de la crisis sanitaria debido a la pandemia COVID-19, presentaron una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la EC 95.

La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia pone en riesgo al funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre.


<span style=“Cada día, millones de niños y niñas no van a la escuela debido a situaciones de emergencia y crisis humanitarias en curso. El brote del COVID-19 ha agravado la difícil situación de estudiantes en los países afectados o emergentes de conflictos y desastres”, afirma en nota la Campaña Mundial por la Educación (CME).  Reconociendo como necesaria la decisión de la salud pública de cerrar las escuelas en el actual contexto, la Campaña también defiende el desarrollo de planes de contingencia para garantizar el derecho a la educación incluso en tiempos de crisis. “Todas y todos las/os estudiantes, sin importar dónde vivan y las circunstancias, tienen derecho a la educación. La educación es un derecho esencial para niños, niñas, jóvenes y personas adultas en situación de emergencia, y debe ser una prioridad desde el principio de cualquier y todas las respuestas de emergencia”, subraya el posicionamiento. En otra nota pública, la CME destaca el rol de la sociedad civil organizada, la comunidad educativa y de sus miembros para diseñar soluciones para la crisis actual. Según la Campaña, esta es una oportunidad para reafirmar el papel fundamental que las organizaciones de la sociedad civil deben desempeñar para superar y responder a situaciones de emergencia.  “Necesitamos asegurarnos de que la educación en situaciones de emergencia se tome en serio a nivel mundial, y que los nuevos escenarios y planes de contingencia estén a la altura del desafío”, dice la nota.  Más recientemente, redes y organizaciones que defienden el derecho a la educación en todo el mundo y forman parte en la CME, entre ellas la CLADE, hicieron un llamado para que las respuestas de los gobiernos a la pandemia sean equitativas, inclusivas y basadas en los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Educadoras y educadores piden solidaridad mundial

El Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación (IE) adoptó una resolución, en la que se esbozan las principales demandas de los educadores y las educadoras de todo el mundo, a los gobiernos e instituciones internacionales que se ocupan de la pandemia COVID-19. “Pedimos a los gobiernos que hagan un esfuerzo extraordinario para proteger la salud y el bienestar de todas las personas y los grupos vulnerables de la población, entre ellos, las personas mayores, los refugiados, los migrantes, los pobres, los más desfavorecidos, las personas con discapacidad, las mujeres, sobre todo la que sean cuidadoras o víctimas de violencia de género, los pueblos indígenas, y otras personas excluidas”, afirma IE en la resolución.  >> Lee la resolución completa aquí >> Centro de información de la IE para docentes y sus sindicatos durante la crisis de COVID-19: entérate de lo que otros sindicatos están haciendo e inspírate >> Monitoreo del COVID-19 por la Internacional de la Educación y otras noticias >> Los cambios que la pandemia de Covid-19 producirá en la educación dependen de la atención que se ponga en las respuestas educativas”, por Fernando M. Reimers >> “Teletrabajo docente”, por Miguel Duhalde

Salud de niñas y niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF anunciaron un acuerdo para trabajar juntos en respuesta a la pandemia COVID-19, a través del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, creado para apoyar el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS. Según el acuerdo, una parte inicial de los recursos del Fondo – que actualmente ultrapasa los US$ 127 millones – será destinada a UNICEF para el trabajo con niñas y niños en comunidades vulnerables de todo el mundo. El dinero será usado para entrenar y equipar comunidades y profesionales de la salud para prevenir, detectar y tratar casos de COVID-19. Así mismo, apoyará los países a expandir sus capacidades de asistencia a la salud y a mitigar el impacto social de la pandemia, especialmente en mujeres, niños, niñas y grupos vulnerables, promocionando el desarrollo de investigaciones sobre tratamientos y vacunas. 

Contra las fakenews

Para contrarrestar la difusión de noticias y datos falsos sobre el nuevo coronavirus, y de esa manera evitar la desinformación y posible desprotección, desde mediados de marzo, UNICEF pone a la disposición una página web con las informaciones confirmadas sobre la pandemia.  “UNICEF está trabajando a contrarreloj con expertos en salud de todo el mundo para proporcionar información rigurosa. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Seguiremos compartiendo las últimas noticias, artículos de referencia para padres y profesores y recursos para los medios de comunicación tan pronto como haya información nueva disponible, así que permanece atento para estar informado de las mejores formas de protegerte a ti mismo y a tu familia”, afirma el organismo de la ONU en su plataforma.  Así mismo, UNICEF, junto a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y a la OMS, publicó una guía con directrices para la protección de niños, niñas y escuelas contra la transmisión del COVID-19.  La publicación presenta consideraciones fundamentales y listas de control prácticas para mantener las escuelas seguras. También presta asesoramiento a las autoridades nacionales y locales sobre cómo adaptar y aplicar planes de emergencia en las instalaciones educativas.

CEPAL: Observatorio sobre COVID-19

Para apoyar el seguimiento y monitoreo del progreso de la pandemia en la región a mediano y largo plazo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pone a la disposición el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe – Impacto económico y social La plataforma recopila y ofrece información, tanto sobre las políticas públicas que los 33 países de la región latinoamericana y caribeña están tomando para limitar el impacto de la pandemia, como respecto a análisis de los impactos económicos y sociales que éstas tienen a nivel nacional y sectorial. Son videos, presentaciones, gráficos, noticias y publicaciones que analizan e informan la situación sobre la coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030.

Mitigación de los impactos del cierre de escuelas

La mayoría de los gobiernos de todo el mundo ha cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento de contener la propagación del COVID-19. Estos cierres a nivel nacional están afectando a más del 91% de la población estudiantil del mundo. Varios otros países han implementado cierres localizados que impactan a millones de estudiantes adicionales. UNESCO está apoyando a los países en sus esfuerzos por mitigar el impacto inmediato del cierre de escuelas, particularmente para las comunidades más vulnerables y desfavorecidas, y en facilitar la continuidad de la educación a través del aprendizaje remoto.  Para ello, la organización creó una página web con recursos pedagógicos, datos sobre el COVID-19 en relación a estudiantes y el cierre de las escuelas, así como enlaces con informaciones sobre la educación en cada país. 
Lee también: Según UNESCO y UNICEF, la educación debe continuar durante la pandemia COVID-19
En el ámbito latinoamericano, UNESCO ha publicado datos, noticias y recursos pedagógicos en su página regional.  A su vez, la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) ha creado una colección de datos, informaciones y recursos para apoyar a los servicios educativos en lugares afectados por el COVID-19. Se trata de herramientas y una serie de blogs y seminarios web para entregar apoyo técnico y práctico a quienes están trabajando en este contexto. Lee más.  El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina de UNESCO también presenta una sistematización de respuestas de los sistemas educativos de América Latina a la crisis del COVID-19.

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y OCDE también se pronuncian

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que el COVID-19 pone a prueba a sociedades, gobiernos, comunidades y ciudadanía. “Este es el momento de ejercer la solidaridad y la cooperación para hacer frente al virus y atenuar las repercusiones, a veces involuntarias, de las medidas adoptadas para frenar su propagación”, afirmó.  La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que es esencial que los gobiernos tomen medidas para detener la difusión del coronavirus COVID-19 y también que emprendan otras iniciativas para reducir la posible repercusión negativa que esas medidas podrían tener sobre la vida de las personas.    “El COVID-19 pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”, agregó Bachelet. >> En esta página, encontrarás otros pronunciamientos, comunicados de prensa y recursos ofrecidos por el Alto Comisionado, sobre la crisis del COVID-19 A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en alianza con Global Education Innovation Initiative, divulgó un informe con el objetivo de apoyar la toma de decisiones en el sector educativo, en el sentido de desarrollar e implementar respuestas efectivas de la educación para la pandemia COVID-19.  El documento explica por qué las medidas de aislamiento social necesarias provocarán la interrupción de las clases por varios meses, con graves impactos para el aprendizaje de estudiantes, y propone que líderes de los sistemas y organizaciones del campo educativo desarrollen planes para la continuidad de la educación a partir de modalidades alternativas.  >> Informe completo (disponible en portugués).">
CME, INEE, UNICEF, UNESCO e OMS, entre outras, publicaram comunicados, diretrizes e recursos, com o objetivo de apoiar comunidades educativas no contexto do COVID-19

COVID-19: Organizaciones internacionales se posicionan ante la pandemia

16 de abril de 2020

“Cada día, millones de niños y niñas no van a la escuela debido a situaciones de emergencia y crisis humanitarias en curso. El brote del COVID-19 ha agravado la difícil situación de estudiantes en los países afectados o emergentes de conflictos y desastres”, afirma en nota la Campaña Mundial por la Educación (CME). 

Reconociendo como necesaria la decisión de la salud pública de cerrar las escuelas en el actual contexto, la Campaña también defiende el desarrollo de planes de contingencia para garantizar el derecho a la educación incluso en tiempos de crisis. “Todas y todos las/os estudiantes, sin importar dónde vivan y las circunstancias, tienen derecho a la educación. La educación es un derecho esencial para niños, niñas, jóvenes y personas adultas en situación de emergencia, y debe ser una prioridad desde el principio de cualquier y todas las respuestas de emergencia”, subraya el posicionamiento.

En otra nota pública, la CME destaca el rol de la sociedad civil organizada, la comunidad educativa y de sus miembros para diseñar soluciones para la crisis actual. Según la Campaña, esta es una oportunidad para reafirmar el papel fundamental que las organizaciones de la sociedad civil deben desempeñar para superar y responder a situaciones de emergencia. 

“Necesitamos asegurarnos de que la educación en situaciones de emergencia se tome en serio a nivel mundial, y que los nuevos escenarios y planes de contingencia estén a la altura del desafío”, dice la nota. 

Más recientemente, redes y organizaciones que defienden el derecho a la educación en todo el mundo y forman parte en la CME, entre ellas la CLADE, hicieron un llamado para que las respuestas de los gobiernos a la pandemia sean equitativas, inclusivas y basadas en los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Educadoras y educadores piden solidaridad mundial

El Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación (IE) adoptó una resolución, en la que se esbozan las principales demandas de los educadores y las educadoras de todo el mundo, a los gobiernos e instituciones internacionales que se ocupan de la pandemia COVID-19.

“Pedimos a los gobiernos que hagan un esfuerzo extraordinario para proteger la salud y el bienestar de todas las personas y los grupos vulnerables de la población, entre ellos, las personas mayores, los refugiados, los migrantes, los pobres, los más desfavorecidos, las personas con discapacidad, las mujeres, sobre todo la que sean cuidadoras o víctimas de violencia de género, los pueblos indígenas, y otras personas excluidas”, afirma IE en la resolución. 

>> Lee la resolución completa aquí

>> Centro de información de la IE para docentes y sus sindicatos durante la crisis de COVID-19: entérate de lo que otros sindicatos están haciendo e inspírate

>> Monitoreo del COVID-19 por la Internacional de la Educación y otras noticias

>> Los cambios que la pandemia de Covid-19 producirá en la educación dependen de la atención que se ponga en las respuestas educativas”, por Fernando M. Reimers

>> “Teletrabajo docente”, por Miguel Duhalde


Salud de niñas y niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF anunciaron un acuerdo para trabajar juntos en respuesta a la pandemia COVID-19, a través del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, creado para apoyar el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS. Según el acuerdo, una parte inicial de los recursos del Fondo – que actualmente ultrapasa los US$ 127 millones – será destinada a UNICEF para el trabajo con niñas y niños en comunidades vulnerables de todo el mundo.

El dinero será usado para entrenar y equipar comunidades y profesionales de la salud para prevenir, detectar y tratar casos de COVID-19. Así mismo, apoyará los países a expandir sus capacidades de asistencia a la salud y a mitigar el impacto social de la pandemia, especialmente en mujeres, niños, niñas y grupos vulnerables, promocionando el desarrollo de investigaciones sobre tratamientos y vacunas. 


Contra las fakenews

Para contrarrestar la difusión de noticias y datos falsos sobre el nuevo coronavirus, y de esa manera evitar la desinformación y posible desprotección, desde mediados de marzo, UNICEF pone a la disposición una página web con las informaciones confirmadas sobre la pandemia. 

“UNICEF está trabajando a contrarreloj con expertos en salud de todo el mundo para proporcionar información rigurosa. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Seguiremos compartiendo las últimas noticias, artículos de referencia para padres y profesores y recursos para los medios de comunicación tan pronto como haya información nueva disponible, así que permanece atento para estar informado de las mejores formas de protegerte a ti mismo y a tu familia”, afirma el organismo de la ONU en su plataforma. 

Así mismo, UNICEF, junto a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y a la OMS, publicó una guía con directrices para la protección de niños, niñas y escuelas contra la transmisión del COVID-19. 

La publicación presenta consideraciones fundamentales y listas de control prácticas para mantener las escuelas seguras. También presta asesoramiento a las autoridades nacionales y locales sobre cómo adaptar y aplicar planes de emergencia en las instalaciones educativas.


CEPAL: Observatorio sobre COVID-19

Para apoyar el seguimiento y monitoreo del progreso de la pandemia en la región a mediano y largo plazo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pone a la disposición el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe – Impacto económico y social

La plataforma recopila y ofrece información, tanto sobre las políticas públicas que los 33 países de la región latinoamericana y caribeña están tomando para limitar el impacto de la pandemia, como respecto a análisis de los impactos económicos y sociales que éstas tienen a nivel nacional y sectorial. Son videos, presentaciones, gráficos, noticias y publicaciones que analizan e informan la situación sobre la coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030.


Mitigación de los impactos del cierre de escuelas

La mayoría de los gobiernos de todo el mundo ha cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento de contener la propagación del COVID-19. Estos cierres a nivel nacional están afectando a más del 91% de la población estudiantil del mundo. Varios otros países han implementado cierres localizados que impactan a millones de estudiantes adicionales.

UNESCO está apoyando a los países en sus esfuerzos por mitigar el impacto inmediato del cierre de escuelas, particularmente para las comunidades más vulnerables y desfavorecidas, y en facilitar la continuidad de la educación a través del aprendizaje remoto. 

Para ello, la organización creó una página web con recursos pedagógicos, datos sobre el COVID-19 en relación a estudiantes y el cierre de las escuelas, así como enlaces con informaciones sobre la educación en cada país. 

Lee también: Según UNESCO y UNICEF, la educación debe continuar durante la pandemia COVID-19

En el ámbito latinoamericano, UNESCO ha publicado datos, noticias y recursos pedagógicos en su página regional. 

A su vez, la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) ha creado una colección de datos, informaciones y recursos para apoyar a los servicios educativos en lugares afectados por el COVID-19. Se trata de herramientas y una serie de blogs y seminarios web para entregar apoyo técnico y práctico a quienes están trabajando en este contexto. Lee más. 

El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina de UNESCO también presenta una sistematización de respuestas de los sistemas educativos de América Latina a la crisis del COVID-19.


Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y OCDE también se pronuncian

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que el COVID-19 pone a prueba a sociedades, gobiernos, comunidades y ciudadanía. “Este es el momento de ejercer la solidaridad y la cooperación para hacer frente al virus y atenuar las repercusiones, a veces involuntarias, de las medidas adoptadas para frenar su propagación”, afirmó. 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que es esencial que los gobiernos tomen medidas para detener la difusión del coronavirus COVID-19 y también que emprendan otras iniciativas para reducir la posible repercusión negativa que esas medidas podrían tener sobre la vida de las personas.   

“El COVID-19 pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”, agregó Bachelet.

>> En esta página, encontrarás otros pronunciamientos, comunicados de prensa y recursos ofrecidos por el Alto Comisionado, sobre la crisis del COVID-19

A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en alianza con Global Education Innovation Initiative, divulgó un informe con el objetivo de apoyar la toma de decisiones en el sector educativo, en el sentido de desarrollar e implementar respuestas efectivas de la educación para la pandemia COVID-19. 

El documento explica por qué las medidas de aislamiento social necesarias provocarán la interrupción de las clases por varios meses, con graves impactos para el aprendizaje de estudiantes, y propone que líderes de los sistemas y organizaciones del campo educativo desarrollen planes para la continuidad de la educación a partir de modalidades alternativas. 

>> Informe completo (disponible en portugués).


<span style=Recomendaciones y medidas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, recursos didácticos para que sean utilizados durante la suspensión de las clases y círculos de diálogos para reflexionar sobre los desafíos que se presentan y cómo enfrentarlos, son algunas de las contribuciones de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) frente a los impactos del COVID-19 en diferentes países. Lee más sobre estas acciones a continuación:

Argentina

La Fundación Voz, miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), reunió materiales didácticos, con la sugerencia de que sean utilizados durante la suspensión de clases presenciales en el sistema educativo.  “Por ser una problemática que ha sucedido en diferentes lugares del mundo, hay ya experiencias y materiales desarrollados, que pueden servir de ejemplo, aportar ideas, transformarse en recursos que pueden ser utilizados con provecho”, afirman las organizadoras y organizadores del material.  La colección de recursos es colaborativa y fue armada a partir del envío de informaciones útiles por educadoras y educadores. Accede al contenido aquí.  Otros aportes de la CADE y de sus miembros al enfrentamiento y a la superación de los impactos de la pandemia:  >> COVID-19 en Argentina: Campaña se moviliza para defender la educación ante la pandemia >> Análisis sobre la pandemia y las clases virtuales, por Alberto Croce, coordinador de la CADE. 

Brasil

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE) lanzó una colección de guías sobre la educación y protección de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de la pandemia. El objetivo es ofrecer informaciones comprobadas, fiables y accesibles sobre cómo los ciudadanos y las ciudadanas del campo educativo pueden actuar, cobrar y trabajar por la protección de todas y todos de manera colaborativa. Una de las guías se dirige a autoridades y profesionales del sector público, con recomendaciones para que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de emergencia.  >> Accede aquí a un resumen de las guías en español. La CNDE también realiza diálogos virtuales sobre los efectos de la pandemia en la educación nacional y formas de enfrentarlos. Estos encuentros se transmiten a través de la página de la Campaña en el Facebook, donde también están disponibles las grabaciones de los eventos. >> A continuación, puedes descargar todas las guías de la colección (disponibles en portugués): Guia 1 – Educação e Proteção de crianças e adolescentes – Comunidade escolar, família e profissionais da educação e proteção da criança e do adolescente Guia 2 – Educação e Proteção de crianças e adolescentes – Tomadores de decisão do poder público em todas as esferas federativas Guia 3 – Educação a Distância: Informe-se e saiba como agir, cobrar, e trabalhar pela educação de todos de maneira colaborativa Guia 4 – COVID-19: Boas Práticas em Proteção Guia 5 – COVID-19: Alimentação Escolar

México

Con la iniciativa “Aprendizaje, Reflexión y Propuesta” (ARP), la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) está reuniendo las voces de maestras, maestros, activistas y estudiantes sobre sus estrategias para hacer frente a los retos del momento, entre ellos dar clases en línea ante la precariedad en algunos sectores del país.  La Campaña participa activamente en los diálogos de cara a la construcción del Foro Social Mundial y, en alianza con la iniciativa Acciones de Difusión de Análisis Alternativos en Relación al COVID, hace reflexiones y propuestas sobre la educación ciudadana y aspectos relevantes que se relacionan con este derecho, como: las implicaciones del aprendizaje en casa, la importancia de las y los docentes y el silencio pedagógico, entre otros.  >> Lee más: análisis de Jesús Juárez, coordinador de la CADEM

Perú

En una publicación sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente al impacto del COVID-19 en el Perú, el  Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el cual forma parte la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), señala medidas prioritarias que deberían ser implementadas por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, con enfoques de ciclo de vida, inclusión, interculturalidad, género y adaptabilidad para el ámbito rural y los pueblos originarios.  >> Recomendaciones para proteger a la niñez frente al impacto del coronavirus

Fe y Alegría: acción en diferentes países para mitigar los impactos de la pandemia

En su página en Instagram y a través de dos ediciones de su boletín de noticias, Fe y Alegría da a conocer las acciones que sus asociados están realizando en diferentes países de América Latina y el Caribe, para contribuir con la mitigación de los efectos negativosdel COVID-19 en la educación y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, en Ecuador, Fe y Alegría está participando en la campaña "Dar una mano sin dar la mano", una iniciativa de donación de alimentos a familias, con subempleo y de labores informales, que tienen más dificultades para sobrellevar la cuarentena. Así mismo, se realiza en el país una campaña a nivel local con jóvenes, para dialogar y plantear medidas sobre temas cómo: lo que significa quedarse en casa para familias empobrecidas y el uso del agua. Ya en Uruguay, las escuelas y los centros de educación no formal están cerrados y los equipos se turnan en guardias para atender necesidades de alimentación, acompañamiento y apoyo en situaciones de violencia que se agudizan por el encierro. En Argentina, Venezuela, Perú y República Dominicana, se están impartiendo reflexiones, informaciones, clases y orientaciones académicas a través de Internet. En el caso de Perú, inclusive, se ha creado un grupo whatsapp con directores, directoras, promotores y promotoras de las escuelas, para hacer más fluida la comunicación. A través de este medio se comparte información de todo tipo: normativas de emergencia que el gobierno saca diariamente; iniciativas de las escuelas para afrontar la cuarentena y ejercicios pedagógicos. Todo esto lo convierten en formatos audiovisuales y los comparten. Lee más: >> Boletín #SomosFeyAlegria sobre COVID-19 - primera edición >> Boletín #SomosFeyAlegria sobre COVID-19 - segunda edición">
Activistas de América Latina y el Caribe se han movilizado para contribuir con la seguridad y salud de estudiantes y trabajadoras/es de la educación pública y para exigir que se garantice el derecho a la enseñanza y al aprendizaje con calidad, pese a la crisis

Miembros de la CLADE actúan para enfrentar los impactos del COVID-19 en la educación

Recomendaciones y medidas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, recursos didácticos para que sean utilizados durante la suspensión de las clases y círculos de diálogos para reflexionar sobre los desafíos que se presentan y cómo enfrentarlos, son algunas de las contribuciones de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) frente a los impactos del COVID-19 en diferentes países.

Lee más sobre estas acciones a continuación:

Argentina

La Fundación Voz, miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), reunió materiales didácticos, con la sugerencia de que sean utilizados durante la suspensión de clases presenciales en el sistema educativo. 

“Por ser una problemática que ha sucedido en diferentes lugares del mundo, hay ya experiencias y materiales desarrollados, que pueden servir de ejemplo, aportar ideas, transformarse en recursos que pueden ser utilizados con provecho”, afirman las organizadoras y organizadores del material. 

La colección de recursos es colaborativa y fue armada a partir del envío de informaciones útiles por educadoras y educadores. Accede al contenido aquí. 

Otros aportes de la CADE y de sus miembros al enfrentamiento y a la superación de los impactos de la pandemia: 

>> COVID-19 en Argentina: Campaña se moviliza para defender la educación ante la pandemia

>> Análisis sobre la pandemia y las clases virtuales, por Alberto Croce, coordinador de la CADE. 


Brasil

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE) lanzó una colección de guías sobre la educación y protección de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de la pandemia. El objetivo es ofrecer informaciones comprobadas, fiables y accesibles sobre cómo los ciudadanos y las ciudadanas del campo educativo pueden actuar, cobrar y trabajar por la protección de todas y todos de manera colaborativa. Una de las guías se dirige a autoridades y profesionales del sector público, con recomendaciones para que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de emergencia. 

>> Accede aquí a un resumen de las guías en español.

La CNDE también realiza diálogos virtuales sobre los efectos de la pandemia en la educación nacional y formas de enfrentarlos. Estos encuentros se transmiten a través de la página de la Campaña en el Facebook, donde también están disponibles las grabaciones de los eventos.

>> A continuación, puedes descargar todas las guías de la colección (disponibles en portugués):

Guia 1 – Educação e Proteção de crianças e adolescentes – Comunidade escolar, família e profissionais da educação e proteção da criança e do adolescente

Guia 2 – Educação e Proteção de crianças e adolescentes – Tomadores de decisão do poder público em todas as esferas federativas

Guia 3 – Educação a Distância: Informe-se e saiba como agir, cobrar, e trabalhar pela educação de todos de maneira colaborativa

Guia 4 – COVID-19: Boas Práticas em Proteção

Guia 5 – COVID-19: Alimentação Escolar


México

Con la iniciativa “Aprendizaje, Reflexión y Propuesta” (ARP), la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) está reuniendo las voces de maestras, maestros, activistas y estudiantes sobre sus estrategias para hacer frente a los retos del momento, entre ellos dar clases en línea ante la precariedad en algunos sectores del país. 

La Campaña participa activamente en los diálogos de cara a la construcción del Foro Social Mundial y, en alianza con la iniciativa Acciones de Difusión de Análisis Alternativos en Relación al COVID, hace reflexiones y propuestas sobre la educación ciudadana y aspectos relevantes que se relacionan con este derecho, como: las implicaciones del aprendizaje en casa, la importancia de las y los docentes y el silencio pedagógico, entre otros. 

>> Lee más: análisis de Jesús Juárez, coordinador de la CADEM


Perú

En una publicación sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente al impacto del COVID-19 en el Perú, el  Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el cual forma parte la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), señala medidas prioritarias que deberían ser implementadas por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, con enfoques de ciclo de vida, inclusión, interculturalidad, género y adaptabilidad para el ámbito rural y los pueblos originarios. 

>> Recomendaciones para proteger a la niñez frente al impacto del coronavirus


Fe y Alegría: acción en diferentes países para mitigar los impactos de la pandemia

En su página en Instagram y a través de dos ediciones de su boletín de noticias, Fe y Alegría da a conocer las acciones que sus asociados están realizando en diferentes países de América Latina y el Caribe, para contribuir con la mitigación de los efectos negativosdel COVID-19 en la educación y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ejemplo, en Ecuador, Fe y Alegría está participando en la campaña “Dar una mano sin dar la mano”, una iniciativa de donación de alimentos a familias, con subempleo y de labores informales, que tienen más dificultades para sobrellevar la cuarentena. Así mismo, se realiza en el país una campaña a nivel local con jóvenes, para dialogar y plantear medidas sobre temas cómo: lo que significa quedarse en casa para familias empobrecidas y el uso del agua.

Ya en Uruguay, las escuelas y los centros de educación no formal están cerrados y los equipos se turnan en guardias para atender necesidades de alimentación, acompañamiento y apoyo en situaciones de violencia que se agudizan por el encierro.

En Argentina, Venezuela, Perú y República Dominicana, se están impartiendo reflexiones, informaciones, clases y orientaciones académicas a través de Internet. En el caso de Perú, inclusive, se ha creado un grupo whatsapp con directores, directoras, promotores y promotoras de las escuelas, para hacer más fluida la comunicación. A través de este medio se comparte información de todo tipo: normativas de emergencia que el gobierno saca diariamente; iniciativas de las escuelas para afrontar la cuarentena y ejercicios pedagógicos. Todo esto lo convierten en formatos audiovisuales y los comparten.

Lee más:

>> Boletín #SomosFeyAlegria sobre COVID-19 – primera edición

>> Boletín #SomosFeyAlegria sobre COVID-19 – segunda edición


<span style=“Suspender la educación implica la interrupción del sentido de normalidad y regularidad que favorece el desarrollo y la estabilidad socioemocional de la población en contextos de crisis.    Es fundamental que docentes mantengan contacto regular con estudiantes y sus familias, de manera remota, con el fin de favorecer la cohesión social, prevenir la violencia intrafamiliar y asegurar la continuidad del aprendizaje”, afirmaron UNESCO y UNICEF en nota pública. Según los organismos de Naciones Unidas, el impacto de esta emergencia puede ser aún más grave si la educación se detiene, y por ello instan los tomadores y las tomadoras de decisión de las distintas funciones del Estado a incrementar la conectividad y el acceso a la comunicación de docentes, para que puedan continuar su labor.    “Los docentes constituyen un apoyo fundamental para las familias en momentos de emergencia. A través de ellos, no solo se garantiza el derecho a la educación, sino que las familias pueden recibir consejos concretos y sencillos sobre actividades que ayudan a bajar los niveles de estrés, angustia y violencia. Por ello, es crucial mantener su estabilidad laboral y brindarles las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo”. >> Nota de UNESCO y UNICEF completa. ">
En comunicado público, estos organismos internacionales instan tomadoras y tomadores de decisión en las distintas funciones del Estado a incrementar la conectividad y el acceso a la comunicación de docentes para que puedan continuar su labor

UNESCO y UNICEF: La educación debe continuar durante la pandemia COVID-19

“Suspender la educación implica la interrupción del sentido de normalidad y regularidad que favorece el desarrollo y la estabilidad socioemocional de la población en contextos de crisis.   

Es fundamental que docentes mantengan contacto regular con estudiantes y sus familias, de manera remota, con el fin de favorecer la cohesión social, prevenir la violencia intrafamiliar y asegurar la continuidad del aprendizaje”, afirmaron UNESCO y UNICEF en nota pública.

Según los organismos de Naciones Unidas, el impacto de esta emergencia puede ser aún más grave si la educación se detiene, y por ello instan los tomadores y las tomadoras de decisión de las distintas funciones del Estado a incrementar la conectividad y el acceso a la comunicación de docentes, para que puedan continuar su labor.   

“Los docentes constituyen un apoyo fundamental para las familias en momentos de emergencia. A través de ellos, no solo se garantiza el derecho a la educación, sino que las familias pueden recibir consejos concretos y sencillos sobre actividades que ayudan a bajar los niveles de estrés, angustia y violencia. Por ello, es crucial mantener su estabilidad laboral y brindarles las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo”.

>> Nota de UNESCO y UNICEF completa. 


<span style=La Alianza Mundial por la Educación (AME) anunció que irá invertir US$250 millones para apoyar los países en desarrollo en mitigar las interrupciones inmediatas y a largo plazo de la educación, causadas por la pandemia COVID-19.  Los recursos contribuirán para mantener el aprendizaje de hasta 355 millones de niños y niñas en un total de 67 países, con énfasis en la garantía del derecho a la educación de niñas y niños de familias con bajos ingresos, quienes sufrirán más los impactos por el cierre de las escuelas. La mayor parte de los países que serán beneficiados está en el continente africano. De América Latina y el Caribe, apenas Haití recibirá recursos.  “La pandemia COVID-19 está creando una emergencia educativa que podría tener efectos devastadores para los niños y niñas de los países en desarrollo”, afirmó Julia Gillard, presidenta de la Junta Directiva de la AME. “A menos que actuemos ahora para apoyar los sistemas educativos, millones de niños y niñas vulnerables, especialmente las niñas más pobres, no podrán retomar su aprendizaje cuando termine esta crisis”.

Acción para que más de 350 millones de niños y niñas sigan estudiando

Según informaciones de la AME, al menos 630 millones de niños y niñas no asisten a la escuela en países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe. De los 67 países en desarrollo elegibles para recibir los fondos de la AME, 63 han cerrado escuelas en todo su territorio nacional, como respuesta a la pandemia. Esto ha impedido que más de 350 millones de niños y niñas aprendan, además de cortar otros servicios vitales provistos a través de las escuelas, incluyendo atención médica y alimentación escolar nutritiva. El cierre de escuelas, a largo plazo, amenaza los logros de desarrollo obtenidos y puede exponer las niñas y niños con menos recursos a mayores riesgos. “La AME ha actuado rápidamente ante un desafío sin precedentes”, afirmó Serigne Mbaye Thiam, vicepresidenta de la Junta Directiva de la AME. “Estos fondos garantizarán que los países en desarrollo, como Senegal, puedan actuar rápidamente para mitigar el impacto perjudicial del COVID-19 para niños y niñas más vulnerables y mantener la resiliencia de los sistemas educativos”, añadió.

¿Cómo utilizar los fondos?

Según la AME, los Ministerios de Educación y los socios locales de educación pueden usar los fondos para garantizar que el aprendizaje continúe, particularmente para los niños y niñas con menos ingresos y más vulnerables, por ejemplo, a través de programas educativos transmitidos por radio y televisión, y la distribución de equipos y libros de texto a los hogares más pobres. Los fondos también pueden ser utilizados para apoyar docentes; asegurar que se incluyan niños y niñas con necesidades especiales y discapacidades; recolectar datos sobre los resultados de aprendizaje; mitigar la pobreza y las barreras de género al aprendizaje, las cuales se profundizan por el shock económico; y asegurar que maestros, maestras y escuelas dispongan de los recursos necesarios, para volver a actuar cuando sea seguro hacerlo. “Estamos avanzando en mitigar los impactos que el cierre de escuelas en los países en desarrollo tendrá para los niños y niñas más vulnerables. La AME se compromete a garantizar que el aprendizaje continúe”, subrayó Alice Albright, directora ejecutiva de la Alianza. Los US$ 250 millones se pusieron a la disposición mediante la reutilización de fondos no comprometidos, con la expectativa de que se requerirán recursos adicionales para ayudar a los países en desarrollo a mantener sus sistemas educativos en la pandemia y apoyar los niños y niñas en situación vulnerable que más sufren con el cierre de las escuelas.

Sobre la AME

Actuando en 70 países, la AME es una alianza y fondo internacional que moviliza inversiones, tanto externas como nacionales, para apoyar los gobiernos a construir sistemas educativos más sólidos, en base a datos y evidencia.  Sus acciones y recursos contribuyen para el desarrollo e implementación de planes y políticas nacionales de educación de calidad, sentando las bases para sistemas educativos sólidos y creando mejores oportunidades para millones de niños y niñas, sus comunidades y países.">
Los recursos contribuirán para mantener el aprendizaje de hasta 355 millones de niños y niñas en un total de 67 países, entre ellos Haití en América Latina y el Caribe

Alianza Mundial por la Educación anuncia apoyo de US$ 250 millones para el desarrollo de acciones de enfrentamiento al COVID-19

La Alianza Mundial por la Educación (AME) anunció que irá invertir US$250 millones para apoyar los países en desarrollo en mitigar las interrupciones inmediatas y a largo plazo de la educación, causadas por la pandemia COVID-19. 

Los recursos contribuirán para mantener el aprendizaje de hasta 355 millones de niños y niñas en un total de 67 países, con énfasis en la garantía del derecho a la educación de niñas y niños de familias con bajos ingresos, quienes sufrirán más los impactos por el cierre de las escuelas. La mayor parte de los países que serán beneficiados está en el continente africano. De América Latina y el Caribe, apenas Haití recibirá recursos. 

“La pandemia COVID-19 está creando una emergencia educativa que podría tener efectos devastadores para los niños y niñas de los países en desarrollo”, afirmó Julia Gillard, presidenta de la Junta Directiva de la AME. “A menos que actuemos ahora para apoyar los sistemas educativos, millones de niños y niñas vulnerables, especialmente las niñas más pobres, no podrán retomar su aprendizaje cuando termine esta crisis”.


Acción para que más de 350 millones de niños y niñas sigan estudiando

Según informaciones de la AME, al menos 630 millones de niños y niñas no asisten a la escuela en países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe. De los 67 países en desarrollo elegibles para recibir los fondos de la AME, 63 han cerrado escuelas en todo su territorio nacional, como respuesta a la pandemia. Esto ha impedido que más de 350 millones de niños y niñas aprendan, además de cortar otros servicios vitales provistos a través de las escuelas, incluyendo atención médica y alimentación escolar nutritiva.

El cierre de escuelas, a largo plazo, amenaza los logros de desarrollo obtenidos y puede exponer las niñas y niños con menos recursos a mayores riesgos. “La AME ha actuado rápidamente ante un desafío sin precedentes”, afirmó Serigne Mbaye Thiam, vicepresidenta de la Junta Directiva de la AME. “Estos fondos garantizarán que los países en desarrollo, como Senegal, puedan actuar rápidamente para mitigar el impacto perjudicial del COVID-19 para niños y niñas más vulnerables y mantener la resiliencia de los sistemas educativos”, añadió.


¿Cómo utilizar los fondos?

Según la AME, los Ministerios de Educación y los socios locales de educación pueden usar los fondos para garantizar que el aprendizaje continúe, particularmente para los niños y niñas con menos ingresos y más vulnerables, por ejemplo, a través de programas educativos transmitidos por radio y televisión, y la distribución de equipos y libros de texto a los hogares más pobres.

Los fondos también pueden ser utilizados para apoyar docentes; asegurar que se incluyan niños y niñas con necesidades especiales y discapacidades; recolectar datos sobre los resultados de aprendizaje; mitigar la pobreza y las barreras de género al aprendizaje, las cuales se profundizan por el shock económico; y asegurar que maestros, maestras y escuelas dispongan de los recursos necesarios, para volver a actuar cuando sea seguro hacerlo.

“Estamos avanzando en mitigar los impactos que el cierre de escuelas en los países en desarrollo tendrá para los niños y niñas más vulnerables. La AME se compromete a garantizar que el aprendizaje continúe”, subrayó Alice Albright, directora ejecutiva de la Alianza.

Los US$ 250 millones se pusieron a la disposición mediante la reutilización de fondos no comprometidos, con la expectativa de que se requerirán recursos adicionales para ayudar a los países en desarrollo a mantener sus sistemas educativos en la pandemia y apoyar los niños y niñas en situación vulnerable que más sufren con el cierre de las escuelas.


Sobre la AME

Actuando en 70 países, la AME es una alianza y fondo internacional que moviliza inversiones, tanto externas como nacionales, para apoyar los gobiernos a construir sistemas educativos más sólidos, en base a datos y evidencia. 

Sus acciones y recursos contribuyen para el desarrollo e implementación de planes y políticas nacionales de educación de calidad, sentando las bases para sistemas educativos sólidos y creando mejores oportunidades para millones de niños y niñas, sus comunidades y países.