Chile: Rechazamos cualquier tipo de espionaje y persecución de estudiantes
18 de marzo de 2021A través de la publicación de la página digital Interferencia, vino a público semana pasada el funcionamiento de un grupo de Whatsapp para espiar y delatar a estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación del establecimiento educacional público Internado Nacional Barros Arana (INBA). Ante este contexto, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep) publicó esta semana un pronunciamiento denunciando tales medidas.
“Rechazamos todo tipo de persecución y criminalización hacia estudiantes, incluyendo este tipo de prácticas, que se suman a las expulsiones arbitrarias, seguimientos, agresiones, y la propia Ley Aula segura que ha legitimado este orden represivo en las escuelas y liceos”, afirmó en pronunciamiento el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (Fodep).
Según el Foro, “sin pudor ni vergüenza, el actual alcalde de Santiago y candidato a la reelección, Felipe Alessandri, encabezaba un grupo de espionaje, delación y represión contra estudiantes del INBA, compuesto por efectivos de Carabineros de alta graduación de la 22° comisaría de Quinta Normal, funcionarios de la Dirección de Educación Municipal de Santiago y directivos y docentes del establecimiento que actuaban concertadamente y usando redes sociales para vigilar y posteriormente sancionar las actividades de dirigentes estudiantiles”.
>> Lee la nota completa
>> Escucha la entrevista sobre el caso realizada por ALER
Colombia: ¡Exigimos la protección de la vida y la integridad de jóvenes en todo el país!
3 de marzo de 2021“La educación que necesitamos para el mundo que queremos es una educación que nos fortalezca como humanos, pensada desde lo humano para transformar y no simplemente para aprender a memoria un par de fórmulas y conceptos. [Es una educación que posibilite], transformar todo, aprender y crecer en función no del individuo sino de la sociedad, del medio ambiente. (…) Por eso es necesario manifestarse, salir, decir que necesitamos cambiar, necesitamos un mejor país (…)”, afirmó Gareth Steven Sella, estudiante colombiano, durante una de las manifestaciones en que participaba en su país para defender el derecho a la educación, en octubre de 2019. Su testimonio se dio en el marco de la Campaña #LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos, desarrollada por la CLADE con el apoyo de UNICEF.
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Pasados un año y cinco meses de su testimonio, en la tarde del 24 de febrero de 2021, Gareth fue agredido en uno de sus ojos por parte de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cuando participaba en una manifestación en la que se exigía del Estado colombiano la Matrícula Cero (gratuidad) para la educación pública superior y el desmantelamiento del ESMAD, justamente por sus recurrentes actos violentos contra estudiantes y jóvenes manifestantes desde hace varios años.
Tras ese contexto de violencia y criminalización contra estudiantes, que culminó en la agresión a Gareth y centenas de estudiantes en el país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y otras organizaciones, movimientos sociales y especialistas de América Latina y el Caribe publican hoy, 3 de marzo, un pronunciamiento en el cual expresan su más categórico repudio a la “represión de los militantes sociales y educativos, que pone en riesgo su salud de manera irreparable, lamentando que se ensañe con jóvenes y adolescentes de manera brutal”.
Lee a continuación el pronunciamiento completo:
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO POR EL RESPETO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD DE GARETH STEVEN SELLA
Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la represión desmedida, el uso de armas y de ataques a los ojos por parte del ESMAD, de la policía y de organismos de seguridad del Estado colombiano hacia las personas que salen a manifestarse; específicamente rechazamos lo sucedido con Gareth Steven Sella en la tarde del 24 de febrero de 2021, cuando haciendo parte de una manifestación en la que se exigía del Estado colombiano la Matrícula Cero para la educación pública superior y el desmantelamiento del ESMAD, justamente por sus actos violentos contra estudiantes y jóvenes manifestantes desde tiempo atrás, fue agredido en uno de sus ojos por parte de un miembro del ESMAD.
En un diálogo con Blu Radio, el joven cineasta de 24 años aseguró que a él le habían disparado cuando estaba en la calle 23 con carrera Séptima (en el centro de Bogotá). “Yo me volteo y ahí me disparan, yo siento el golpe supremamente fuerte en mi cara y arrancó a moverme, a correr. Me toqué el ojo y me di cuenta de que no veía. Me asuste bastante”, explicó el joven.
Sella aseguró que el diagnóstico médico que le dieron en la Clínica San Ignacio arroja que la herida se produjo por el impacto de un arma. “Ellos lo tienen muy claro (los médicos). Las heridas hablan, esto no fue una piedra. Dios quisiera que hubiera sido una piedra, de pronto me hubiera cortado un poquito, un par de puntos y todo bien. Pero esta herida es profunda, es una herida por un impacto que removió todo dentro del ojo”, indicó.
Es una situación que de nuevo se repite y que ya había sucedido en ocasiones anteriores contra manifestantes.
Además de estos hechos, Gareth Steven ha recibido amenazas contra su vida por las declaraciones realizadas.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación expresa su más categórico repudio a la represión de los militantes sociales y educativos, que pone en riesgo su salud de manera irreparable, lamentando que se ensañe con jóvenes y adolescentes de manera brutal.
Desde las organizaciones sociales que adherimos a este pronunciamiento exigimos castigo a los responsables directos y a quienes dan las órdenes de reprimir estas manifestaciones legítimas y pacíficas.
¡Exigimos la protección de la vida y la integridad de nuestros jóvenes en todo el país!
¡Decimos no a la impunidad!
03 de marzo de 2021
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
Campaña por el Derecho a la Educación en México
Campaña Boliviana por el derecho a la educación
Contrato Social por la Educación en el Ecuador
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Marcha Global Contra el Trabajo Infantil Sudamérica
Federación Internacional Fe y Alegría
Reagrupamiento Educación para Todas y Todos – Haití
Equipo Docentes Licenciatura en Educación Comunitaria y Derechos Humanos
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos
Fundación Luis Felipe Vélez
Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz
Colectivo Voces y Colores
Grupo de Docentes de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
Organización Mundial por la Educación Preescolar – OMEP
Asociación Nacional de Estudiantes Secundaristas – ANDES
Organización Continental y Caribeña de Estudiantes – OCLAE
Fundación Escuela para el Desarrollo – FEDE
Asociación de Directivos Docentes Oficiales del Quindío
Docentes de la Institución Educativa Antonio Nariño de La Tebaida
Movimiento por un Mundo Sin Guerras y Sin Violencia
Asociación Minga
Grupo COMUNICARTE
Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación
Fodeve – Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
Luz Angélica Medina -Pastoral Social Bogotá
Ruth Barreto – Red Tejiendo Sueños y Realidades
Germán Niño – CIASE
María Elena Urbano Dorado – FLFV/CCDE
Cecilia Gómez – CCDE
Camilo Jiménez – UPN
Ángel Libardo Herreño – ILSA
Orlando Pulido – Docente Universitario
Nabor Infante – Docente de EPJA
Sandra Morales, Egresada EPJA
Ana Lucia Medina, Docente
Jesús Suarez – CADEM – México
Marcela Brown – CADE – Argentina
Pilar Herrera –Docente
Eliana González – Egresada EPJA
Joel García P. – Antropólogo
Martha Roya – Coordinadora Docente
Claudia Marcela Muñoz Guzmán -FLFV
Luz Marina Vallejo Sánchez – FLFV Docente
Luz Adriana Isaza Vallejo – Abogada
Andrés Ramos –CCDE
Katherine Gómez – Gobierno Mayor
Carolina Martínez
Hernando Muñoz – Rector
Sandra Milena Correa – Estudiante Educación Comunitaria y Derechos Humanos
Henry Rengifo Hurtado – Coordinador Docente
Luis Oscar Alvarez Macias CEP – Parras
ASPBAE condena del golpe de estado dado por los militares de Myanmar
12 de febrero de 2021“Este descarado acto de desprecio por los principios democráticos y los derechos humanos por parte de los militares de Myanmar rompe la tenue transición a un gobierno civil iniciada en 2011, tras décadas de un gobierno militar autoritario. También se produce en un momento ya difícil para la población del país que se tambalea bajo los efectos adversos sin precedentes de la pandemia del COVID-19 en su salud, ingresos, acceso a los alimentos, empleos y bienestar en general”, afirmó la Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE), red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y personas que operan en unos 30 países del Asia Pacífico, en su pronunciamiento publicado esta semana tras el golpe de Estado de Myanmar, el 1 de febrero de 2021.
En su pronunciamiento, ASPBAE apoya a sus miembros y socios de la sociedad civil del país en su lucha por la democracia y los derechos humanos. “Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y personas que operan en unos 30 países del Asia Pacífico, las convicciones fundamentales de la ASPBAE se basan en la inviolabilidad de los derechos humanos y las libertades democráticas de las personas. Además, a través de su derecho a una educación transformadora y liberadora y a un aprendizaje permanente, la gente debería contar con los medios esenciales para combatir la pobreza, luchar contra todas las formas de discriminación y autoritarismo, construir una cultura de paz y permitirles participar activamente en el desarrollo y la gobernanza”.
Lee a continuación el pronunciamiento completo, traducido al español por Pressenza International Agency:
Declaración de ASPBAE de solidaridad con sus miembros y el pueblo de Myanmar
La Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) se solidariza con sus miembros en Myanmar, la Thinking Classroom Foundation y Equality Myanmar, en su resistencia y condena del golpe de estado dado por los militares de Myanmar el 1 de febrero de 2021, que depuso a los líderes democráticamente elegidos del país y lo sometió a un estado de emergencia de un año de duración, en una flagrante falta de respeto a los procesos democráticos.
El golpe impidió la convocatoria del Parlamento recién elegido, que habría contado con una mayor presencia de la Liga Nacional para la Democracia (LND). La Liga Nacional para la Democracia obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de noviembre de 2020, que, según los militares, se vieron empañadas por un fraude generalizado, a pesar de que la comisión electoral independiente del país certificó los resultados y los observadores internacionales consideraron que el proceso había sido libre y justo.
Este descarado acto de desprecio por los principios democráticos y los derechos humanos por parte de los militares de Myanmar rompe la tenue transición a un gobierno civil iniciada en 2011, tras décadas de un gobierno militar autoritario. También se produce en un momento ya difícil para la población del país que se tambalea bajo los efectos adversos sin precedentes de la pandemia del COVID-19 en su salud, ingresos, acceso a los alimentos, empleos y bienestar en general.
El presidente Win Myint, la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y cientos de otros líderes políticos, activistas, estudiantes y periodistas han sido detenidos y privados de sus libertades civiles. Se cerraron medios de comunicación estratégicos. También se cortó el acceso a las sedes de sus organizaciones fuera del país a varios activistas, lo que sembró una sensación general de inseguridad, a pesar del papel fundamental que desempeñan en el apoyo al país.
Sin embargo, en los días siguientes al golpe militar, surgieron protestas y resistencias civiles, un signo de esperanza y afirmación de que el pueblo de Myanmar está desafiando al ilegítimo gobierno militar. Sindicatos de profesores y trabajadores, grupos de jóvenes y estudiantes organizaron manifestaciones pacíficas y muchos han participado en actos de desobediencia civil. Los funcionarios abandonaron su trabajo, la gente en sus casas golpeó ollas y sartenes en señal de protesta, y los ciudadanos organizaron la resistencia on-line al golpe, instando a todo el mundo, dentro y fuera del país, a resistir al régimen militar y defender la democracia y los derechos humanos a toda costa.
Desde la ASPBAE apoyamos a nuestros miembros y socios de la sociedad civil del país en su lucha por la democracia y los derechos humanos.
Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y personas que operan en unos 30 países del Asia Pacífico, las convicciones fundamentales de la ASPBAE se basan en la inviolabilidad de los derechos humanos y las libertades democráticas de las personas. Además, a través de su derecho a una educación transformadora y liberadora y a un aprendizaje permanente, la gente debería contar con los medios esenciales para combatir la pobreza, luchar contra todas las formas de discriminación y autoritarismo, construir una cultura de paz y permitirles participar activamente en el desarrollo y la gobernanza.
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a nuestros miembros, socios y a la comunidad internacional para que utilicen sus voces e influencia para:
1. Solidarizarse con el pueblo de Myanmar y apoyar todas las formas de acciones solidarias que amplíen los llamamientos para restaurar la democracia, los derechos humanos y el bienestar de la población en el país.
2. Presionar a los militares de Myanmar para que pongan fin a su toma de poder ilegal y restauren inmediatamente la democracia y el gobierno civil en el país, respetando los resultados de las elecciones de noviembre de 2020.
3. Exigir la liberación inmediata de todos los líderes, activistas, estudiantes y periodistas detenidos, retirando todos los cargos formulados contra ellos y restaurando sus libertades civiles.
4. Resistir cualquier esfuerzo por parte de los militares para obstaculizar o impedir el flujo de los servicios de apoyo prestados por las organizaciones locales, nacionales e internacionales, especialmente a los sectores más marginados: las mujeres y las niñas, los niños, los grupos étnicos minoritarios, las personas con discapacidad, los de las comunidades pobres, las personas afectadas por las prolongadas guerras civiles en las distintas partes del país, y los que siguen sufriendo el impacto de la pandemia de COVID-19.
5. Apoyamos y nos mantenemos unidos a los profesores y estudiantes que siguen sumándose a los esfuerzos del pueblo y de las organizaciones de base para llevar a cabo diversas formas de resistencia a fin de desafiar la toma del poder por parte de los militares.
La ASPBAE se compromete a promover las libertades democráticas y los derechos humanos para todos.
Que el valor y la solidaridad sostengan al pueblo de Myanmar y a todos los que luchan por la restauración de la democracia.
Sesionó en el Foro Social Mundial 2021 la Asamblea “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos”
1 de febrero de 2021Con la participación de un centenar de delegadas/os de organizaciones que convergen en torno a la educación como derecho humano, se realizó este sábado (30) en el marco del Foro Social Mundial (FSM) 2021 la asamblea autogestionada «Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos».
La actividad fue organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría.
En la apertura, abrió el diálogo Grant Kasowanjete, coordinador global de la Campaña Mundial por la Educación, quien puntualizó en la necesidad de asegurar un mayor financiamiento para la educación pública en los países del Sur global como uno de los principales desafíos para efectivizar el derecho humano a la educación.
De manera certera, señaló que “por cada dólar que llega en concepto de ayuda desde el Norte global, diez dólares son sustraídos a través de la deuda externa y otros mecanismos”, lo cual erosiona los erarios públicos y desfinancia el sistema, ya que el 90% de los presupuestos para la educación provienen de recursos propios.
Por su parte, Nelsy Lizarazo, desde la coordinación general de CLADE, enfatizó en la profundización a partir de la pandemia de la brechas de desigualdad preexistentes y un refinamiento de la estratificación y exclusión del trayecto educativo en sectores sociales con carencias de acompañamiento, conectividad o equipamiento adecuado, destacando las poblaciones rurales, migrantes, indígenas y personas con discapacidad, entre otras.
A su vez, indicó cómo ante la situación los gobiernos han entregado millonarias sumas de dinero y datos a las corporaciones, información que alimentará el negocio ya enorme de estas multinacionales de tecnología. Agregó además que la emergencia ha supuesto una mayor precarización de la condición docente con reducciones de presupuesto, disminución de salarios, una mayor carga laboral a lo que se suma la presión psicológica producida por el esfuerzo de los educadores para dar respuesta y superar las dificultades que supuso el reto tecnológico y pedagógico de educar a distancia.
A partir de estas caracterizaciones, se lanzó a modo de disparador la pregunta sobre los aprendizajes, fortalezas y desafíos identificados en este transcurso.
En una primera ronda de intervenciones se señalaron aspectos claves como la falta de infraestructura y la necesidad de desarrollo tecnológico comunitario con independencia de las grandes plataformas corporativas, el daño generado por la exclusión de millones de niños del proceso educativo o la disfuncionalidad de una planificación educativa homogénea ante la complejidad de realidades diversas.
Entre los aprendizajes se valoró la capacidad imaginativa de los educadores que lograron sobreponerse a condiciones adversas, la propensión al conocimiento de las niñas y niños más allá de la institucionalidad, la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre la escuela, padres y comunidad, el rol de la educación comunitaria junto a la incidencia favorable de los proyectos políticos progresistas frente al fracaso del sistema neoliberal.
La asamblea continuó su reflexión colectiva en relación a la agenda prioritaria de las regiones y lo común en dichas agendas.
En diálogo fluido y propositivo, los participantes indicaron que la lucha debe conducir ante todo, ante la violencia imperante en distintos territorios, a garantizar el derecho a la vida. Asimismo, a superar la inequidad en los niveles educativos entroncados en el sistema social, a ofrecer espacios educativos seguros, libres de agresión y abuso para niñas y niños al tiempo de fortalecer un nuevo relacionamiento social no depredador.
También se señaló la necesidad de impulsar una revolución política-pedagógica frente a las agendas neoliberales, potenciar el diálogo intergeneracional, en especial en relación a los adultos mayores y la importancia de implementar la Educación Sexual Integral como mecanismo para superar la violencia sexual que se ejerce contra niñas, adolescentes y las mujeres en general.
Por otra parte, se recalcó entre las prioridades globales la lucha para que el Derecho a la Educación no sea minimizado, la defensa y fortalecimiento del sistema público y contrarrestar la falacia de que los sistemas privados son mejores, la superación de la desigualdad y la discriminación educativa y la garantía de un adecuado financiamiento para la educación desde una perspectiva de derechos humanos.
A la hora del análisis de posibles ejes transversales para la acción común, se puso el acento en la indivisibilidad de los derechos humanos y en consecuencia, se propuso promover alianzas amplias entretejiendo luchas con las agendas de los demás derechos al tiempo de contribuir a fortalecer la organización y movilización social. Por otra parte, se remarcó la trascendencia de continuar con la generación de conocimiento conectándolo con mensajes y campañas que movilicen demandas.
Del mismo modo, se deslizó en el debate la sugerencia de un mayor intercambio sobre las modalidades utilizadas para visibilizar las buenas prácticas y lograr incidencia efectiva en relación a las reivindicaciones planteadas.
Entre las propuestas de acción conjunta se sugirió la creación de un observatorio, promover la educación liberadora en presencia del centenario de Paulo Freire, abrir los espacios para la expresión de las nuevas generaciones y la idea del Buen Vivir. Es preciso una sacudida de la acción política para repensar la educación en clave feminista y de equidad socioeconómica y articular las fuerzas para superar la enfermedad no solo física sino también de carácter mental que sufre la humanidad.
Finalmente la Asamblea aprobó un texto para ser propuesto e incluido en la declaración final del Foro Social Mundial 2021.
“En el marco del presente FSM 2021, nos sumamos a la agenda de transformación en el ámbito global, articulada a los diversos campos de la lucha social y por derechos, reconociendo el rol catalizador que tiene la educación. La pandemia evidenció las desigualdades históricas dentro y fuera de los sistemas educativos, afectando a mujeres, niñas; personas con discapacidad; personas refugiadas y migrantes; comunidades indígenas; poblaciones rurales, entre otras. Evidenció asimismo la brecha digital y las respuestas de los gobiernos a ella, así como la necesidad de la construcción de una estrategia de soberanía digital.
A través de sistemas públicos de educación fortalecidos, es necesario resistir a las amenazas de las políticas de austeridad fiscal, endeudamiento de los países y al recorte del financiamiento de la educación, bien como a las múltiples tendencias de privatización. Desde la primera infancia, pasando por las juventudes y garantizando la educación de personas adultas, es imprescindible, en la post pandemia, replantear el sentido y finalidad de la educación, en un horizonte de búsqueda por los derechos de los pueblos y superación del patriarcado. Un modelo heterogéneo e intercultural, transformador e inclusivo; basado en el diálogo y seguro para las comunidades; valorando sus conocimientos y saberes locales, así como la colaboración solidaria y el compromiso con la protección de la vida.”
Grabación del evento:
* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila
">Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación
18 de diciembre de 2020Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la región y acciones futuras*.
La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en curso (COVID-19).
Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales); graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza, exclusión social y las desigualdades.
Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes; acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como consecuencia de la emergencia sanitaria.
En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia, o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países), implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento.
A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización, imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual desde perspectivas confesionales).
La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia, Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el 2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).
Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios; movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones).
* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila
Organizaciones rechazan la violencia contra maestras y maestros en Colombia
16 de diciembre de 2020“Lo que hoy se denuncia no es un fenómeno puramente coyuntural sino una práctica política con lamentables efectos culturales que han consolidado una naturalización de la violencia y del exterminio físico de los oponentes, como medios para impedir el logro de las reivindicaciones democráticas mínimas exigidas por el pueblo colombiano que sufre los efectos de la desigualdad. El llamado es a frenar de una vez por todas la impunidad existente frente a este tipo de hechos”, se afirma en la nota publicada hoy (16/12) por más de 20 organizaciones, redes y coaliciones internacionales, regionales y nacionales, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que denuncian el gobierno colombiano por la extrema violencia generalizada vivida por las y los docentes del país, principalmente las/os más de 350 mil que integran la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
Según el documento, en el caso colombiano, la lucha por el derecho a la educación se superpone a la lucha por el derecho a la vida. “Por esa razón, las organizaciones firmantes expresamos nuestro más radical rechazo a estas manifestaciones de violencia, y pedimos al gobierno colombiano mostrar resultados contundentes en las investigaciones, y a la comunidad internacional ejercer una vigilancia rigurosa sobre la situación que viven los maestros las maestras de Colombia, en particular los integrantes de FECODE, a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo en estas difíciles circunstancias”.
>> Lee la nota completa:
▪️ Español – Comunicado Conjunto contra la Campaña de Estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores de Colombia – FECODE
▪️ English – Joint Press Release Against Stigmatization Campagn to the Colombian Federation of Educators of Colombia – FECODE
▪️ Português – Comunicado Conjunto Contra a Campanha de Estigmatização da Federação Colombiana de Educadores – FECODE
▪️ kreole – Kominike Nan Tètansanm Kont Kanpay Pèsekisyon k ap Fèt Kont Federasyon Kolonbyen Edikatè Kolonbyen Yo
CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil
10 de diciembre de 2020Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.
Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.
“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países. Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.
El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.
Hallazgos y resultados
Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.
En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas; la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.
Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.
Consideraciones y recomendaciones
El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, sociedad civil, y a la comunidad educativa).
Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.
Perú: ¡Exigimos la renuncia de Merino!
15 de noviembre de 2020“Tras los últimos acontecimientos, los miembros de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación reiteramos nuestro compromiso con la democracia en el Perú y exigimos la inmediata renuncia del cuestionado Presidente Manuel Merino de Lama y su gabinete ministerial. La CPDE une su voz al clamor de toda la ciudadanía que demanda la renuncia de un presidente que nunca debió asumir el cargo”, declaró la CPDE en un pronunciamiento publicado el 14 de noviembre.
El lunes pasado, 9 de noviembre, el presidente Martín Vizcarra fue destituido y Manuel Merino de Lama, presidente del congreso peruano, ha juramentado como presidente del país. Según informaciones de Pressenza, Merino de lama es “un personaje que cada vez que ejerció un cargo público ha sido sindicado por actos de corrupción y cuya agonizante representatividad se evidencia con los 5 271 votos que recibió para ser electo. Usó su cargo de presidente del congreso para promover un primer intento de vacancia en alianza con Keiko Fujimori, actualmente con prisión domiciliaria y lideresa del partido Fuerza Popular, investigado por lavado de activos en el marco de una organización criminal”.
La CPDE, en su pronunciamiento, también llama la atención para el Congreso del país. “no perdonamos la irresponsabilidad de un Congreso insensible a los duelos e incremento de la pobreza a consecuencia de la pandemia de la que es víctima el país y e mundo entero, al haber provocado la grave crisis política que atravesamos en estos momentos y ha cobrado ya dos injustas muertes”.
>> Lee el pronunciamiento aquí.
Protestas: muerte y violencia
Según Pressenza, el golpe de Estado en Perú ha movilizado los jóvenes de Perú, que están realizando protestas diarias en todo el territorio y contra el gobierno del nuevo mandatario Manuel Merino, quien se ha convertido en uno de los políticos más impopulares del país, tras haber orquestado la destitución de Vizcarra desde el Parlamento.
En respuesta, hubo represión policial que resultó en dos muertes y heridos. En carta publicada hoy, 15 de noviembre, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) condena “CONDENA enérgicamente el asesinato de dos ciudadanos peruanos producto de la represión policial extrema contra la ciudadanía que reclama en las calles y plazas la renuncia del señor Manuel Merino nombrado presidente a través de un golpe parlamentario. La actuación de las fuerzas del orden ha dejado además un centenar de heridos, incluidos periodistas, sin que las autoridades del nuevo gobierno hagan algo por detenerlo pese a la preocupación advertida en días anteriores por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en América del Sur”.
Para ALER, lo que ocurre en Perú es la consecuencia de una actuación irresponsable del Congreso Nacional que en medio de una grave crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, y con elecciones generales ya convocadas para abril del 2021, vacó al Presidente Vizcarra, valiéndose del artículo 113, inciso 2, que refiere incapacidad moral permanente. Presuntos actos de corrupción en las que habría incurrido el depuesto mandatario sirvieron como argumento para vacarlo por un Congreso desprestigiado, pues 68 de sus 130 miembros están implicados en investigaciones judiciales.
“Frente a los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas, ALER exige el respeto a la vida de todos los peruanos y peruanas, al tiempo de recordar que la protesta ciudadana es un derecho reconocido por la Constitución Política del Perú; como también, el derecho a la libertad de expresión, de prensa y a la movilización pública pacífica”, afirma la Asociación en nota.
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El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe también publicó en su página del facebook una nota de repudio exigiendo la inmediata renuncia de Merino. “Muertes y varios heridos enlutan a nuestro país. Es el costo de la insurgencia de los pueblos frente al golpe de Estado institucional que nos quieren seguir imponiendo, es el costo por la dignidad que no puede quedar impune”, se dice en el documento.
La nota solicita la inmediata respuesta a los responsables de estos asesinatos, al gobierno golpista de Manuel Merino, al Primer Ministro, al Ministro del Interior y al comando que estuvo a cargo de las operaciones.
“Exigimos la renuncia de Manuel Merino, y la instalación de un gobierno popular de transición que posibilite los mecanismos necesarios para resolver esta situación de caos que de ninguna manera podrá resolverse reemplazando a Merino por otro congresista servidor del régimen golpista, que sólo busca mantener las medidas neoliberales que se profundizan cada día, y que niega los mínimos derechos a millones de compatriotas”
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Haití: Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití denuncia persecución y represión a sindicatos docentes
8 de octubre de 2020“La REPT condena enérgicamente la persecución y represión de docentes y sindicatos de docentes y los actos de brutalidad policial contra estudiantes que protestan para exigir que el Estado respete sus derechos”, afirma en una carta pública la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT).
En el documento, que fue publicado el 16 de septiembre, REPT también denuncia actos de brutalidad policial perpetrados contra estudiantes durante las movilizaciones para exigir el respeto de sus derechos.
“Las demandas de los sindicatos de profesores y estudiantes son justas. La Constitución reconoce que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden manifestarse por sus demandas y garantiza que el Estado haitiano escuche su voz y respete sus derechos. Es un abuso, una violación de los derechos humanos y de su integridad cuando la policía les impide manifestarse. La policía debe proteger y servir en lugar de reprimir”, señala la REPT.
La organización también cuestiona el motivo por el cual las autoridades no están pensando en solucionar el problema en lugar de promoverlo. “¿Por qué no buscar un compromiso con los sindicatos para que los profesores puedan ir a trabajar? ¿Por qué el estado obliga a los y las estudiantes a manifestarse en las calles para exigir maestros y maestras en las aulas? Esto demuestra que estamos en un país que no se rige por un sistema educativo cada vez más distorsionado y que necesita un respiro”.
Sistema educativo
La REPT llama la atención de las autoridades sobre el mal funcionamiento del sistema educativo. “Hoy, se ve al ministerio pidiendo a las escuelas que ‘salven’ un año escolar en solo dos meses, mientras que otra categoría de escuelas ya ha comenzado el nuevo año escolar 2020-2021. Esto muestra claramente que el sistema educativo no tiene realmente un compromiso con la igualdad, tampoco con la equidad”, se afirma en el documento.
La carta pública también demanda al Estado haitiano un sistema educativo público y gratuito más amplio, visto que más del 80 por ciento de los niños, niñas y jóvenes están en las escuelas privadas, según el informe del censo realizado por el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP).
“Debe haber un compromiso claro para desarrollar escuelas públicas con buenos planes de estudio, buenos maestros y maestras y buenas condiciones de trabajo y de vida, buenos materiales e infraestructura. Una vez más, la REPT hace un llamado al MENFP a hacer lo necesario para facilitar las negociaciones con los sindicatos de docentes. El Estado tiene la responsabilidad de negociar para que la situación no se deteriore más, para que los niños y niñas puedan sentarse en clase con los docentes a aprender”, se afirma en la carta.
>> Lee la carta publicada por la REPT (versión en francés)
Congreso Mundial de Educación condena privatización educativa
1 de octubre de 2020“Este I Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo acuerda en condenar de manera firme y contundente este nuevo modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Por ello, se insta a los gobiernos, a que en el periodo que aún resta de la pandemia se garantice el acceso universal y gratuito al internet y los planes de datos, así como la dotación de equipos de computación a docentes y estudiantes” se afirma en el primer punto de la Declaración final del I Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, realizado de 25 a 27 de septiembre de este año.
El encuentro reunió miles de educadores, educadoras, activistas, estudiantes e interesados en el tema del derecho a la educación para reflexionar sobre el neoliberalismo en todas sus formas y expresiones a fin de avanzar en el establecimiento de una Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores de la Educación (CITE), como espacio permanente de diálogo, encuentro y organizaciones de quienes luchamos en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo.
A continuación, lee algunas de las resoluciones tomadas durante el encuentro.
Movimiento pedagógico en la construcción de resistencias gremiales y sindicales
El I Congreso Mundial por la Defensa de la Educación Pública y la Defensa contra el Neoliberalismo Educativo invita a los maestros y maestras del mundo a organizar colectivos en cada centro educativo y en cada espacio de trabajo para hacer de la pedagogía un asunto político central para enfrentar el capitalismo cognitivo desde los territorios y desde cada práctica según las particularidades de los contextos.
De igual manera, convoca a las organizaciones y movimientos ligados a la educación que den lugar en sus estructuras a estas formas de lucha con especificidad pedagógica, y que promuevan el más amplio movimiento internacional de las posiciones críticas convocando a toda la sociedad y concientizándola de que la educación es un asunto de todas-os para construir una escuela que haga real una educación pública, democrática, científica y popular”.
La paz en Colombia es una garantía para la paz en la región
Colombia ha sufrido una crisis humanitaria que se expresa en lo ocurrido en el año 2020 en el cual se han perpetrado 63 masacres en las que se han asesinado 252 personas, entre ellos 215 líderes y lideresas sociales indígenas, afros, campesinos, juveniles, sindicales y defensores de DDHH y 43 firmantes del acuerdo de paz de La Habana.
“Este congreso expresa también su plena solidaridad con el pueblo colombiano que hoy sale a las calles a exigir el respeto por la vida, por la libertad de expresión y por la supervivencia. Nos corresponde a las y los de abajo, juntar fuerzas e iniciativas para superar desde nuestra imaginación, creatividad y resistencia, este momento aciago que vive la humanidad y que no se superará por vía del capitalismo depredador neoliberal”, se afirma en el documento final del congreso.
Desde el campo de la educación, el congreso también denunció los fuertes estragos que ha generado en el sistema educativo nacional, la desfinanciación sistemática, enmarcada en la doctrina neoliberal de privatización y recorte de las responsabilidades del Estado. Este elemento es generador de más violencia, de mayor desigualdad entre las colombianas y los colombianos y no permite que por el suelo del país hermano, transite la paz, la vida digna, el respeto por la diferencia.
“Respaldamos la lucha de FECODE por hacer de la Escuela Territorio de Paz, para que se garantice una educación con condiciones dignas, donde se garantice la libertad de catedra, de pensamiento e investigación y la justicia social. No puede haber paz, sin garantías para la vida, sin respeto por la diferencia, sin unas políticas de gobierno que favorezcan a las mayorías empobrecidas, sin verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de los crímenes en el marco del agudo conflicto social y armado que no cesa; por ello desde el congreso mundial de educación elevamos la alerta sobre la situación de Colombia para que podamos hacer efectiva nuestra solidaridad en estos momentos y en el futuro” se dice en el documento.
Condena y repudio al Bloqueo norteamericano contra Cuba
En embargo de Estados Unidos a Cuba también fue tema de debate del congreso. Participantes del encuentro denunciaron el hecho de que Estados Unidos haya presionado para que el gobierno de la isla no pudiera acceder a respiradores artificiales y otros insumos necesarios para superar la contingencia el COVID-19.
La isla también fue destaque sobre el tema de la educación. “Cuba prueba cada día que la escuela solidaria debe nacer de una sociedad solidaria y que la sociedad solidaria debe nacer de una escuela tal. Esa es la verdadera dialéctica de la educación a la que aspiramos: gobiernos liberadores y escuelas descolonizadas. Cuba lo ha logrado y no merece que el imperialismo entorpezca su desarrollo con medidas carentes de todo valor ético e irresponsables con la vida humana.
Desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa
La desaparición forzada de los 43 jóvenes, aspirantes a maestros, en de Ayotzinapa (México) fue otro tema presente en el congreso, que exigió del Estado mexicano la presentación con vida de los normalistas desaparecidos y demandó a todos los niveles de gobierno castigo a los culpables materiales e intelectuales.
“Exhortamos a todos los asistentes a este primer congreso a difundir ampliamente la lucha de los padres y madres de los 43 y ratificamos nuestro apoyo incondicional a la lucha ejemplar emprendida por el Comité de Padres y Madres de los 43 y organizaciones hermanas”, se afimar en el documento final del evento.
Renta básica universal
“Más que definiciones generales que demandan cambios imaginarios sobre las condiciones de vida de la población, desde este Congreso Mundial de educadores y educadoras de todo el mundo asumimos el compromiso de la lucha por la distribución del ingreso y de la riqueza que se explicita en la demanda por una Renta Básica Universal, RBU”, se afirma en el documento final del encuentro.
Para el congreso, es importante no solo combatir la pobreza y la desigualdad, sino terminar con la explotación y el saqueo, defender el metabolismo social y natural en beneficio de las actuales y futuras generaciones.
