La CLADE respalda a la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación y exige el cese a la criminalización de la protesta social
7 de noviembre de 2023
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
respalda a la
Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
y exige el cese a la criminalización de la protesta social
La CLADE repudia la reciente detención arbitraria del coordinador nacional de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación y dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Diógenes Sánchez.
Diógenes fue detenido arbitrariamente y fue víctima del uso ilegítimo de la fuerza a consecuencia de haber ejercido su derecho a la protesta para defender los derechos humanos del pueblo panameño ante las graves amenazas y violaciones que implican los modelos de desarrollo extractivistas. El pueblo organizado con el respaldo de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, exige que el gobierno nacional de Panamá rechace la minería a cielo abierto y detenga la operación actual y eventual de las empresas que lucran con esta actividad.
La CLADE exige el cese de la represión al ejercicio al derecho humano a la protesta de la ciudadanía y del gremio docente, alto a las detenciones arbitrarias en diferentes partes del país y la pronta liberación de los presos de conciencia que defienden su territorio y la libre autodeterminación de los pueblos.
La CLADE rechaza cualquier tipo de represalias jurídicas, políticas o administrativas en contra de Diógenes, actualmente en libertad.
La CLADE, exhorta a las autoridades competentes a que garanticen el derecho humano a la protesta, investigue y sancione a los responsables de la represión y se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos, y asimismo atienda y resuelva las demandas de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación.
Descarga el pronunciamiento.
Episodio 4: sobre Proyecciones 2023 ¿Qué esperamos para el derecho humano a la educación? en el Podcast Educación ¿Qué onda?
23 de febrero de 2023La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el cuarto episodio de su Podcast, Educación ¿qué onda? En esta primera emisión del año 2023 se comparten las proyecciones que soñamos y luchamos para que el derecho humano a la educación sea ejercido en plenitud por toda la población de nuestra región latinoamericana y caribeña.
Este cuarto episodio con una duración de 24 minutos destaca las Proyecciones para este 2023, en el marco de la Campaña #EducaciónEnEmergencias que impulsa desde diversas latitudes esfuerzos por la incidencia y protección del derecho humano a la educación.
El episodio sobre Proyecciones cuenta con la participación de Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación; Raúl Valdés, coordinador de programa del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO y director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje; Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación y Belén Arcucci, coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI).
Escucha el podcast completo:
Notas en la Pizarra: incertidumbre política en Perú y el monitoreo de datos de la EPJA
Contamos con el análisis del contexto político de Perú que se mantiene en incertidumbre, siguen las movilizaciones en diversos puntos del país, estas acciones han sido fuertemente reprimidas por las autoridades policiales y militares, al mismo tiempo se evidencian decisiones ministeriales que vulneran el derecho humano a la educación.
También compartimos la mirada crítica del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE, por sus siglas en inglés) del Instituto de Aprendizaje a lo Largo de toda la vida UIL- UNESCO, que facilita el seguimiento de la evolución del aprendizaje y la educación en la política de los Estados para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
Ecos y Voces: digitalización y derecho a la educación
El derecho a la educación ha sufrido un impacto por la virtualización, lo que a su vez ha exigido a la sociedad civil profundizar en el debate sobre el uso de las tecnologías.
La posibilidad de la digitalización de ningún modo debe entenderse como una sustitución de la escuela, al contrario debe facilitar la valoración de la educación pública con un financiamiento justo y pertinente.
En este episodio, Vernor Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex relator especial para el derecho a la educación nos comparte su análisis sobre la creciente digitalización y comparte su visión sobre la actuación de la CLADE en el escenario internacional.
Tejiendo en Red: la inclusión educativa en 2023
Para finalizar, invitamos a escuchar la labor que adelanta la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI), que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todas y todos, presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Honduras.
Declaraciones de Belén Arcucci, Coordinadora del Programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y coordinadora de la RREI.
Créditos:
Entrevistas y producción: María Cianci Bastidas
Locuciones: Gabriela Arrunátegui, equipo regional de la CLADE y Alejandro Suárez, comunicador de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Canción: Anónima.
Apoyo musical: Anónima. Jaque.
Ilustración: Renata Dorea
Producción general: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Sociedad civil demanda justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora
Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.
LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) organizan un foro público virtual titulado “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”, para visibilizar la agenda conjunta de trabajo que busca la convergencia entre la justicia fiscal y el derecho a la educación. En el foro también se socializarán los principales hallazgos del estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación: Una mirada regional desde América Latina”.
Necesidad de sistemas fiscales comprometidos con la inversión social
Previo a la pandemia, los países de la región enfrentaban desafíos como la inclusión y la calidad educativa, mismas que profundizaron las brechas de desigualdad con la crisis sanitaria y global. Los países que tuvieron mayor disponibilidad de recursos y capacidades lograron dar mejores respuestas a la crisis, pero no fue una realidad palpable en la mayoría del continente.
Según la UNESCO, los países de América Latina y el Caribe ocupan el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial en cuanto a la inversión del 4.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en promedio o el 15.6% de su gasto total en educación. Esta región invierte 3.8 veces menos por cada estudiante, en comparación con Europa y Norteamérica, donde los sistemas educativos son de mayor desempeño.
Los sistemas fiscales de los países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por la predominancia regresiva, es decir, que el grueso de la carga tributaria recae en los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB mientras que los segundos el 6.2% del PIB.
La justicia fiscal es un camino para garantizar el derecho a la educación
Para generar un financiamiento público oportuno en educación es indispensable mecanismos de justicia fiscal. La promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y la reconstrucción de los sistemas educativos de la región requieren presupuestos sostenibles y pertinentes. Uno de los mecanismos de garantizar los compromisos presupuestarios radica en mejorar los mecanismos de justicia fiscal, así la relación bidireccional entre la educación y la justicia fiscal es impostergable.
La justicia fiscal implica retornos sociales de la inversión en educación, porque permiten sostener la garantía del derecho humano a largo plazo. Un financiamiento que cuente con mayores ingresos fortalece a su vez la calidad educativa, las condiciones laborales de docentes y mejoramiento de infraestructura, lo que genera mayor compromiso contributivo de la ciudadanía en general.
Convocatoria a foro público sobre justicia fiscal y educación
El foro público abre su invitación para la participación de funcionarios y funcionarias públicas, congresistas, personas de la academia, integrantes de la sociedad civil y gremios de docentes para este viernes, 3 de marzo de 2023. El evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés y portugués. Disposición del registro para inscripción aquí .
Horarios del foro
8 a.m. Guatemala
9 a.m. Colombia, Ecuador y Perú
10 a.m. República Dominicana
11 a.m. Argentina, Uruguay y Paraguay
Argentina: Con incremento en 10% a los impuestos de bienes personales, la educación puede obtener $27,8 billones de pesos argentinos extra de financiamiento
21 de noviembre de 2022$120 billones de pesos argentinos (equivalentes a 730 millones de dólares), esa es la cantidad que la educación pública argentina lograría recibir a más en su financiamiento anual si acciones de justicia fiscal fueran realizadas en el país, la constatación fue presentada en la investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación.
De iniciativa de la CLADE, en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, el proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.
“El rol del Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Esto se volvió aún más relevante en el contexto actual en el cual la desigualdad está acrecentada”, afirmó Marcela Browne. Y agregó: “la evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo”.
La investigación propone que para alcanzar la meta de duplicar la inversión progresiva para el año 2030, se ejecute “el incremento del 10% del impuesto a los bienes personales. Con esto habría $27,8 billones de pesos argentinos adicionales (equivalentes a 169.116.667 millones de dólares) y la anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas. Se obtendrían $120 billones de pesos argentinos extra (equivalentes a 730 millones de dólares)”.
Los cambios sugeridos podrían aportar un 16% anual extra sin necesidad de ajustar otros rubros del presupuesto educativo nacional y por lo tanto fortalecer el derecho a la educación, a juicio del equipo de investigación.
Adrián Falco aseguró que es posible alcanzar el objetivo educativo si “combatimos la opacidad global tributaria promoviendo, además, el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore”.
Las empresas offshore son multinacionales que ubican su riqueza extraterritorialmente del origen que las produce, evadiendo jurisdicciones que le resultan incómodas, pueden ser entidades financieras, corporaciones o incluso fondos de inversión.
La desinversión educativa y evasión tributaria
Según el estudio, Argentina invierte en cada estudiante del nivel primario, solamente 15% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan alrededor de 20%. En esta lista de comparación también se encuentran otros países de la región como Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica.
El gasto público por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, educación primaria, corresponde al gasto público total por cada estudiante en matrícula a nivel primario, expresado como porcentaje del PIB per cápita. El gasto público (corriente y de capital) incluye el gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios para entidades privadas.
En contraste, las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45% según datos de Tax Justice Network.
Si bien en Argentina se cuenta con diversas normativas jurisdiccionales que establecen un porcentaje en el presupuesto provincial, con un seguimiento de los datos observados desde 2015, se nota una tendencia general disminuir la inversión educativa.
Recomendaciones de la sociedad civil
Las recomendaciones resultantes del estudio proponen criterios y parámetros que facilitan el seguimiento de la inversión educativa de calidad con relación a las Metas de la Agenda 2030.
La nota de la Jornada Nacional Presupuesto, elusión y evasión fiscal en debate por la educación, realizada el 28 de octubre en Buenos Aires destaca la oportunidad de “ampliación de las ofertas educativas según nivel y modalidad, diferenciando los ámbitos rural y urbano”.
Sobre el salario bruto docente de referencia correspondiente a personal docente de grado con 10 años de antigüedad, el estudio señala que se redujo en términos reales en al menos 24% desde el año 2015.
Por ello, se subraya la necesidad de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, especificando la “actualización de salarios docentes, reconocimiento de 20 horas mensuales de trabajo docente fuera del aula para todos los niveles y modalidades educativas (planificación, corrección de tareas, entre otras), fortalecimiento la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario, acompañamiento a las trayectorias socio educativas (en niveles primario y secundario), ratio de estudiantes, formación de docentes de nivel inicial (con ampliación de la oferta) y de docentes en servicio”.
Educación en Emergencias: formación para la acción
28 de octubre de 2022Los conflictos, los desastres causados por amenazas naturales, así como las pandemias pueden generar condiciones de emergencia para las sociedades, impidiendo que niñas, niños y adolescentes den continuidad a su proceso de escolarización.
En tal sentido, diversas iniciativas han desarrollado acciones estratégicas que puedan observar y proteger el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida, aún en contexto de emergencias. Las emergencias son factores multidimensionales y con complejidades contextuales desde los ámbitos ambientales, sociales, económicos, políticos, entre otros.
La formación integral ante las emergencias
En el marco de la emergencia sociosanitaria generada por la COVID-19 y con el propósito de apoyar la continuidad educativa con perspectivas de equidad, inclusión y calidad se diseña e implementa un proceso de formación integral Curso de Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) con el apoyo de EDUCO.
De esta manera se socializaron las normas mínimas para la Educación en Emergencias de la Red Inter agencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) a fin de integrarlas en el trabajo cotidiano que desarrollan las diversas organizaciones que acompañan la defensa del derecho humano a la educación.
La normativa internacional para la emergencia educativa
El curso permitió conocer de qué modo la educación en emergencias responde a las condiciones de garantía respecto a los derechos humanos de estudiantes en los diversos niveles del sistema educativo formal e informal, propiciando espacios de aprendizaje seguros que salvaguarden la dignidad física, mental y emocional de la población educativa.
La Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) se concibe en 5 ámbitos normativos: Normas Fundamentales, Acceso y Ambiente de Aprendizaje, Enseñanza y Aprendizaje, Maestros/as y Demás Personal Educativo y Política Educativa. Los ámbitos abarcan diferentes momentos para la creación y planificación de programas y planes de respuesta.
Guía de normas en la educación en situaciones de emergencia
La red compartió una Guía realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Oficina Regional para América Latina y El Caribe (UNICEF) sobre las Normas mínimas de la educación en situaciones de emergencia (INEE), diseñada con el objetivo de que “el sistema educativo de una comunidad que haya vivido o viva una situación de emergencia se restablezca a la brevedad posible y disponga de instrumentos, herramientas y sugerencias que le permitan alcanzar esta meta”.
Las Normas de la INEE se inscriben dentro de las organizaciones que realizan labor educativa y de defensa de derechos, e integra el trabajo de incidencia que conlleva procesos para la demanda de las políticas educativas en cada país en el marco de los principios de educación en emergencia.
La articulación para la atención y recuperación de las emergencias
La Red Inter agencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) es una red mundial que colabora en la garantía del derecho a la educación de calidad y a un ambiente seguro de aprendizaje en situaciones de emergencia, inclusive hasta la recuperación poscrisis.
Por ello, la Red entiende a la educación en emergencias como “un compuesto de riesgos no solamente climáticos sino también de guerra, desplazamiento interno, migración, violencia de género entre otros” y señala que “es circunstancial en ser considerada dentro de las políticas nacionales para dar respuesta a los impactos que se generan negativamente a la comunidad educativa en condiciones de mayor vulnerabilidad del país”.
CLADE presenta la Guía de incidencia legislativa para la promoción y defensa del derecho humano a la educación
5 de octubre de 2022El Grupo de Trabajo de Incidencia Legislativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), elaboró la “Guía de incidencia legislativa para la promoción y defensa del derecho humano a la educación”, a través de un proceso de investigación y el desarrollo de diálogos virtuales con diversas instituciones, organizaciones regionales y representantes de las Coaliciones Nacionales.
Con el proceso de construcción de la guía se amplía el intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes, así como metodologías y recomendaciones, con el objetivo de aportar a la formación y al fortalecimiento de las capacidades de incidencia que contribuya a impulsar procesos de incidencia legislativa.
Incidencia en la Arquitectura Legislativa
La Guía profundiza la reflexión en la arquitectura del ámbito legislativo, en cuanto a su estructura, funciones, competencias y funcionamiento, al tiempo de visibilizar la capacidad de incidencia de las organizaciones de la CLADE a través de estrategias específicas para el diálogo directo con las diferentes estrategias como investigación y formulación de proyectos, el desarrollo de campañas comunicacionales y territoriales, así como la movilización social en las calles, entre otras.
La guía cuenta con una recopilación de experiencias de la membresía de CLADE, así como una serie de diálogos sobre elementos claves para la incidencia en ámbitos parlamentarios sistematizados para influir en los Estados y sus políticas públicas, a través de sus parlamentos a fin de proponer la promoción, respeto y protección del derecho humano a la educación.
Webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal?
7 de septiembre de 2022La Campaña Mundial por la Educación (CME) convocó este 31 de agosto el webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal? con la intención de facilitar el debate sobre la necesidad de una financiación adecuada para la educación y los progresos realizados hasta la fecha. En el evento también participaron Vernor Muñoz y Grant Kasowanjete del equipo de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Rene Raya de Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica (ASPBAE), Boaz Waruku de la Campaña de la Red Africana de Educación para Todos (ANCEFA), junto a David Archer, Maria Ron Balsera, Caroline Othim y Maria Ron Balsera.
Laura Giannecchini del equipo de CLADE afirmó durante el panel que “si los sistemas de educación pública estaban infrafinanciados y sometidos a presión antes del 2020, seguramente, la pandemia de COVID-19 agudizó este escenario. Se estima que en 2020 el PIB de ALC cayó un 7.7%. Según la CEPAL, fue la mayor caída en 120 años, lo que produjo una caída en el nivel de recaudación de los Estados”.
En tal sentido la pandemia generó un escenario de mayor endeudamiento para los países de la región latinoamericana y caribeña, “la crisis produjo una reorientación de los fondos acorde a las emergencias detectadas, como el fortalecimiento de los sistemas de salud, acceso a servicios básicos y programas de protección social – lo que está bien. Pero la educación no fue priorizada” subrayó en su intervención.
Propuestas para reformular el sistema de impuestos
Durante el webinario se resaltó que la región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5 % del Producto Interno Bruto (PBI) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%. Por ello es necesario sincerar el incremento potencial estimado de la recaudación en la modificación urgente de 3 impuestos a nivel regional, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.
Adrián Falco de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe compartió información sobre la alianza estratégica con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) a través de una iniciativa que aporta en la generación de respuestas conjuntas de alcance nacional y regional, que sirvan de manera eficaz al posicionamiento de una agenda de trabajo con espacios gubernamentales claves, y que fortalezca las demandas por más y mejor financiamiento educativo sostenible vía la implementación de políticas tributarias progresivas.
La reducción de los recursos públicos en las economías de América Latina y el Caribe ha afectado la consecución del derecho a la educación. Parte de esta problemática responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones y por la reaparición de las políticas de austeridad.
Justicia fiscal, retos ante la evasión y la elusión de impuestos
Todos los impuestos que no se pagan a los gobiernos amenazan la democracia, ya que son montos que podrían representar mayor financiamiento para protección de derechos como la salud, la educación o la infraestructura pública en general. La evasión de impuestos erosiona entonces la capacidad de financiamiento de cuestiones públicas por parte de los gobiernos.
La justicia fiscal es un elemento clave para la justicia financiera global, implica un sistema tributario que traduzca criterios de justicia para todos los países del mundo.
Uno de los temas para concretar la justicia fiscal considera los impuestos, ya que se estima que las corporaciones transnacionales evaden impuestos a través de las llamadas ayudas para el desarrollo, sin embargo estos recursos no se destinan con la prioridad y atención que los países y, la mayoría de la población, necesitan.
Una oportunidad crítica de la justifica fiscal amerita revisar cómo los países del Sur y Norte global pueden proteger las finanzas públicas a través de mecanismos de transparencia y equilibrio financiero.
A veces las empresas para evadir impuestos encuentran estructuras internas complejas para encontrar lagunas de leyes fiscales que les permita lo que se conoce como elusión fiscal. Además las empresas multinacionales con frecuencia se valen del secreto financiero, los paraísos fiscales, la manipulación y actos de corrupción con personas que ejercen funciones gubernamentales para que las acciones del sistema tributario están favorablemente sesgados.
Las empresas multinacionales son responsables de alrededor de un tercio de la producción económica mundial, de la mitad de las exportaciones mundiales y de una cuarta parte del empleo mundial.
Se estima que 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin duda una de las estrategias para revertir las desigualdades estructurales en el ámbito global implicaría la justicia fiscal y tributaria así como políticas globales, regionales y nacionales redistributivas.
Informe sobre Justicia Fiscal
El Informe sobre el estado de la Justicia Fiscal (disponible en inglés) publicado en 2021 por la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la Internacional de Servicios Públicos afirma que las pérdidas de ingresos debido a los abusos fiscales transfronterizos de las empresas multinacionales y de los particulares que ocultan activos y flujos de ingresos en el extranjero llegan a 483.000 millones de dólares anuales. De este monto 312.000 millones se pierden por abuso del impuesto de sociedades transfronterizas por parte de las empresas multinacionales y cerca de 171.000 millones de dólares se pierden por la evasión por parte de personas ricas.
El informe señala que “esta evasión pública de las responsabilidades sociales por parte de los actores más destacados también socava la moral y el cumplimiento fiscal en toda la sociedad. Las pequeñas empresas ven la desigualdad de condiciones a la que se enfrentan, cuando sus competidores más grandes y multinacionales se benefician de los gastos fiscales y del abuso fiscal transfronterizo, y se preguntan por qué deben ser las únicas que cumplen con sus responsabilidades en su totalidad. Los hogares con menores ingresos se hacen la misma pregunta, mirando a los hogares de renta alta con participaciones en paraísos fiscales”.
Asiste el webinario completo aquí:
Nelsy Lizarazo: con justicia fiscal, la inversión educativa puede cuadruplicar en América Latina y el Caribe
11 de agosto de 2022Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas, los impuestos de la propiedad y acabara con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales países como Guatemala y Argentina lograrían aumentar la inversión educativa en tres y cuatro veces, respectivamente. Guatemala podría contratar más 35 mil maestras y maestros, Ecuador, 3 mil maestros y El Salvador podría matricular más de 1 millón de estudiantes. La información fue presentada por Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE en su intervención en el panel Recuperación post-Covid: impactos de las políticas fiscales, realizado el martes (8/8) durante la Conferencia Regional de LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal: Tras la pandemia, La guerra. América Latina y El Caribe.
“Con estos ejemplos, se puede ver claramente que hay una conexión concreta entre la recaudación justa de impuestos y el ejercicio de derecho a la educación: el derecho no se puede ejercer si no hay escuelas, si no hay infraestructuras, si no hay maestros, si no hay acceso universal y eso tiene que ver con lo que, por ejemplo, las grandes corporaciones han dejado de pagar a nuestros países desde siempre y que han ganado muchísimo en la pandemia”, explica Nelsy Lizarazo.
Mira su presentación:
Además de Nelsy Lizarazo, en la mesa también se presentaron Nathalie Beghin, Inesc (Brasil), Verónica Serafini, Latindadd (Paraguay), Gabriel Casnati, ISP (Brasil), con los comentarios Noel Pérez, Cepal (México) y David Archer, TaxEd (Reino Unido) y la moderación Adrián Falco, RJF-ALC (Argentina)
Camino contrario
Según la coordinadora de la CLADE, la región está yendo hacia otro camino. Un estudio de UNICEF publicado en junio de este año muestra que ningún gobierno latinoamericano y caribeño ha mencionado esfuerzos para generar y fortalecer políticas fiscales progresivas para financiar la educación. “Los esfuerzos fueron para la deuda, por la redistribución del presupuesto público o por el apoyo de la cooperación internacional”, dice.
Como resultado, en términos de financiación educativa, la región está muy lejos de lo que fue establecido globalmente. “Dado la contracción económica, la inversión que se está haciendo en nuestra región no solo no va a aumentar, sino que va a disminuir. El cálculo es que en un 9%. En ecuador, para mencionar un caso, ha disminuido 12% en 2022”, explica.
Educación en América Latina y el Caribe: todavía muy lejos de los compromisos internacionales
A pesar de los compromisos asumidos pos los países de América Latina y el Caribe en la Declaración de Incheon para garantizar un mínio de 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional a la educación, medida fundamental para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación de la Agenda 2030, son pocos los países de América Latina y el Caribe que se acercan a esta meta.
Según la coordinadora de la CLADE, apenas Barbados, Costa Rica y Cuba logran cumplir con el compromiso. La educación en la región, además, también enfrenta el desafío de abarcar una enorme diversidad en términos de PIB y presupuesto. “Es decir, no representan lo mismo esos porcentajes en Guatemala que en Brasil. Y sumamos a ello la diferencia de condiciones básicas de la educación en uno y otro país”, explicó.
Sobre la Conferencia
Convocada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), la conferencia fue realizada entre el 8 y el 9 de agosto de 2022 y reunió representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, gremios, autoridades, dirigentes, activistas, integrantes de la academia, etc. de la región y del mundo a la a fin de analizar y proponer rutas de acción en medio de la crisis multidimensional que afrontamos como humanidad.
La pandemia ha sido excusa para que algunos sectores se beneficien del sufrimiento, denuncia informe
7 de junio de 2022
Más de 20 millones de personas han perdido la vida a causa de la pandemia, lo que vino a demostrar las fuertes desigualdades regionales. En una comparación entre países con renta menor se registran cuatro veces más fallecimientos por la pandemia. Los precios de alimentos, combustible y energía eléctrica han subido tanto que más de 250 millones de personas podrían enfrentar condiciones de pobreza extrema, esto significa vivir con menos de $1.90 por día.
Reunión de Economía al margen de las desigualdades
El Foro Económico Mundial reúne a líderes y representantes de grandes corporaciones para definir sus perspectivas sobre los movimientos económicos y financieros a escala global. Es un grupo de élite que posee carácter de veedor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que celebra su encuentro anual desde 1971.
Con la pandemia, el Foro de Davos, conocido así por la ciudad de Suiza donde se da cita la reunión, fue suspendida de forma presencial, retomando la última semana del mes de mayo de este 2022. En el marco de esta reunión, OXFAM presenta un informe “Beneficiarse del sufrimiento” donde denuncia que desde 2020, la riqueza se ha disparado hasta alcanzar unos niveles sin precedentes. Un total de 2.668 personas más ricas a nivel mundial poseen $12,7 billones de dólares, las 10 primeras de la lista poseen más riqueza que el 40% inferior de la humanidad, es decir 3.100 millones de personas.
En contraste a la realidad del sufrimiento de la mayoría de sectores medios y pobres a nivel mundial, se han consolidado la riqueza de al menos 573 personas consideradas multimillonarias. Equivale a decir que cada 30 horas se crea una nueva persona con gran capital, para hacernos una idea, esta riqueza total equivale al 13,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, siendo un aumento de tres veces (frente al 4,4% en 2000).
Contrastes e inequidades
Los precios mundiales de los alimentos se dispararon un 33,6 % en 2021 y se prevé que aumente un 23 % en 2022. Las fortunas se han generado en sectores como el alimentario, el energético, el farmacéutico y el tecnológico con ganancias corporativas superiores en los últimos 24 meses, especialmente si se compara con la tendencia de los últimos 23 años.
El informe alerta sobre la situación de familias que “tienen que elegir cuál de sus hijas e hijos podrá ir a la escuela (si es que pueden enviar a alguno). La crisis global por el aumento del coste de la vida se suma a la originada por la pandemia.” La alta informalidad y la sobrecarga por las tareas de cuidado han dejado fuera de la fuerza laboral a 4 millones de mujeres en América Latina y el Caribe.
Aunque la atención médica es un derecho humano con demasiada frecuencia se considera un privilegio para la mayoría de la población. Cada minuto, cuatro niños y niñas en todo el mundo pierden a uno de sus padres, madres o cuidadores/as como resultado de la pandemia.
Por otro lado, cinco de las 21 mayores entidades económicas en el mundo son empresas tecnológicas: Apple, Microsoft, Tesla, Amazon y Alphabet, por lo que habría que considerar su impacto no sólo en servicios telemáticos sino en soporte digital y virtual educativos.
Por ello, existe una necesidad urgente de implementación de impuestos y otras medidas impositivas que garanticen la equidad y justicia fiscal a nivel mundial, reduciendo así las desigualdades.
Leer síntesis del informe Beneficiarse del dolor (en español)
Leyes de Financiación para la Educación: Promesas y Carencias para Garantizar el Derecho a la Educación para Todas y Todos
19 de diciembre de 2021Autor: Luis Eduardo Pérez Murcia
Publicado originalmente por: Campaña Mundial por la Educación
Año: marzo de 2020
Título original en inglés: Education Financing Laws: Promises and Shortfalls for Securing the Right to Education for All
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