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Argentina: Con incremento en 10% a los impuestos de bienes personales, la educación puede obtener $27,8 billones de pesos argentinos extra de financiamiento

21 de noviembre de 2022

$120 billones de pesos argentinos (equivalentes a 730 millones de dólares), esa es la cantidad que la educación pública argentina lograría recibir a más en su financiamiento anual si acciones de justicia fiscal fueran realizadas en el país, la constatación fue presentada en la investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación.

De iniciativa de la CLADE, en alianza con la  Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, el proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.

“El rol del Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Esto se volvió aún más relevante en el contexto actual en el cual la desigualdad está acrecentada”, afirmó Marcela Browne. Y agregó: “la evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo”.

La investigación propone que para alcanzar la meta de duplicar la inversión progresiva para el año 2030, se ejecute “el incremento del 10% del impuesto a los bienes personales. Con esto habría $27,8 billones de pesos argentinos adicionales (equivalentes a 169.116.667 millones de dólares) y la anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas. Se obtendrían $120 billones de pesos argentinos extra (equivalentes a 730 millones de dólares)”.

Los cambios sugeridos podrían aportar un 16% anual extra sin necesidad de ajustar otros rubros del presupuesto educativo nacional y por lo tanto fortalecer el derecho a la educación, a juicio del equipo de investigación.

Adrián Falco aseguró que es posible alcanzar el objetivo educativo si “combatimos la opacidad global tributaria promoviendo, además, el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore”.

Las empresas offshore son multinacionales que ubican su riqueza extraterritorialmente del origen que las produce, evadiendo jurisdicciones que le resultan incómodas, pueden ser entidades financieras, corporaciones o incluso fondos de inversión.

La desinversión educativa y evasión tributaria

Según el estudio, Argentina invierte en cada estudiante del nivel primario, solamente 15% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan alrededor de 20%. En esta lista de comparación también se encuentran otros países de la región como Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica.

El gasto público por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, educación primaria, corresponde al gasto público total por cada estudiante en matrícula a nivel primario, expresado como porcentaje del PIB per cápita. El gasto público (corriente y de capital) incluye el gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios para entidades privadas.

En contraste, las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45% según datos de Tax Justice Network.

Si bien en Argentina se cuenta con diversas normativas jurisdiccionales que establecen un porcentaje en el presupuesto provincial, con un seguimiento de los datos observados desde 2015, se nota una tendencia general disminuir la inversión educativa.

Recomendaciones de la sociedad civil

Las recomendaciones resultantes del estudio proponen criterios y parámetros que facilitan el seguimiento de la inversión educativa de calidad con relación a las Metas de la Agenda 2030.

La nota de la Jornada Nacional Presupuesto, elusión y evasión fiscal en debate por la educación, realizada el 28 de octubre en Buenos Aires destaca la oportunidad de “ampliación de las ofertas educativas según nivel y modalidad, diferenciando los ámbitos rural y urbano”.

Sobre el salario bruto docente de referencia correspondiente a personal docente de grado con 10 años de antigüedad, el estudio señala que se redujo en términos reales en al menos 24% desde el año 2015.

Por ello, se subraya la necesidad de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, especificando la “actualización de salarios docentes, reconocimiento de 20 horas mensuales de trabajo docente fuera del aula para todos los niveles y modalidades educativas (planificación, corrección de tareas, entre otras), fortalecimiento la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario, acompañamiento a las trayectorias socio educativas (en niveles primario y secundario), ratio de estudiantes,  formación de docentes de nivel inicial (con ampliación de la oferta) y de docentes en servicio”.


Radio Bayamo. Cuba

Educación en Emergencias: formación para la acción

28 de octubre de 2022

Los conflictos, los desastres causados por amenazas naturales, así como las pandemias pueden generar condiciones de emergencia para las sociedades, impidiendo que niñas, niños y adolescentes den continuidad a su proceso de escolarización.

En tal sentido, diversas iniciativas han desarrollado acciones estratégicas que puedan observar y proteger el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida, aún en contexto de emergencias. Las emergencias son factores multidimensionales y con complejidades contextuales desde los ámbitos ambientales, sociales, económicos, políticos, entre otros.

La formación integral ante las emergencias

En el marco de la emergencia sociosanitaria generada por la COVID-19 y con el propósito de apoyar la continuidad educativa con perspectivas de equidad, inclusión y calidad se diseña e implementa un proceso de formación integral Curso de Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) con el apoyo de EDUCO.

De esta manera se socializaron las normas mínimas para la Educación en Emergencias de la Red Inter agencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) a fin de integrarlas en el trabajo cotidiano que desarrollan las diversas organizaciones que acompañan la defensa del derecho humano a la educación.

Foto: Shazzadul Alam | Unsplash

La normativa internacional para la emergencia educativa

El curso permitió conocer de qué modo la educación en emergencias responde a las condiciones de garantía respecto a los derechos humanos de estudiantes en los diversos niveles del sistema educativo formal e informal, propiciando espacios de aprendizaje seguros que salvaguarden la dignidad física, mental y emocional de la población educativa.

La Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) se concibe en 5 ámbitos normativos: Normas Fundamentales, Acceso y Ambiente de Aprendizaje, Enseñanza y Aprendizaje, Maestros/as y Demás Personal Educativo y Política Educativa. Los ámbitos abarcan diferentes momentos para la creación y planificación de programas y planes de respuesta.

Guía de normas en la educación en situaciones de emergencia

La red compartió una Guía realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Oficina Regional para América Latina y El Caribe (UNICEF) sobre las Normas mínimas de la educación en situaciones de emergencia (INEE), diseñada con el objetivo de que “el sistema educativo de una comunidad que haya vivido o viva una situación de emergencia se restablezca a la brevedad posible y disponga de instrumentos, herramientas y sugerencias que le permitan alcanzar esta meta”.

Las Normas de la INEE se inscriben dentro de las organizaciones que realizan labor educativa y de defensa de derechos, e integra el trabajo de incidencia que conlleva procesos para la demanda de las políticas educativas en cada país en el marco de los principios de educación en emergencia.

La articulación para la atención y recuperación de las emergencias

La Red Inter agencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) es una red mundial que colabora en la garantía del derecho a la educación de calidad y a un ambiente seguro de aprendizaje en situaciones de emergencia, inclusive hasta la recuperación poscrisis.

Por ello, la Red entiende a la educación en emergencias como “un compuesto de riesgos no solamente climáticos sino también de guerra, desplazamiento interno, migración, violencia de género entre otros” y señala que “es circunstancial en ser considerada dentro de las políticas nacionales para dar respuesta a los impactos que se generan negativamente a la comunidad educativa en condiciones de mayor vulnerabilidad del país”.


AP Colombia
AP Colombia

CLADE presenta la Guía de incidencia legislativa para la promoción y defensa del derecho humano a la educación

5 de octubre de 2022

El Grupo de Trabajo de Incidencia Legislativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), elaboró la “Guía de incidencia legislativa para la promoción y defensa del derecho humano a la educación”, a través de un proceso de investigación y el desarrollo de diálogos virtuales con diversas instituciones, organizaciones regionales y representantes de las Coaliciones Nacionales.

Con el proceso de construcción de la guía se amplía el intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes, así como metodologías y recomendaciones, con el objetivo de aportar a la formación y al fortalecimiento de las capacidades de incidencia que contribuya a impulsar procesos de incidencia legislativa.

 

Incidencia en la Arquitectura Legislativa

La Guía profundiza la reflexión en la arquitectura del ámbito legislativo, en cuanto a su estructura, funciones, competencias y funcionamiento, al tiempo de visibilizar la capacidad de incidencia de las organizaciones de la CLADE a través de estrategias específicas para el diálogo directo con las diferentes estrategias como investigación y formulación de proyectos, el desarrollo de campañas comunicacionales y territoriales, así como la movilización social en las calles, entre otras.

La guía cuenta con una recopilación de experiencias de la membresía de CLADE, así como una serie de diálogos sobre elementos claves para la incidencia en ámbitos parlamentarios sistematizados para influir en los Estados y sus políticas públicas, a través de sus parlamentos a fin de proponer la promoción, respeto y protección del derecho humano a la educación.


Imagen: Internacional de la Educación

Webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal?

7 de septiembre de 2022

La Campaña Mundial por la Educación (CME) convocó este 31 de agosto el webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal? con la intención de facilitar el debate sobre la necesidad de una financiación adecuada para la educación y los progresos realizados hasta la fecha. En el evento también participaron Vernor Muñoz y Grant Kasowanjete del equipo de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Rene Raya de Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica (ASPBAE), Boaz Waruku de la Campaña de la Red Africana de Educación para Todos (ANCEFA), junto a David Archer, Maria Ron Balsera, Caroline Othim y Maria Ron Balsera.

Laura Giannecchini del equipo de CLADE afirmó durante el panel que “si los sistemas de educación pública estaban infrafinanciados y sometidos a presión antes del 2020, seguramente, la pandemia de COVID-19 agudizó este escenario. Se estima que en 2020 el PIB de ALC cayó un 7.7%. Según la CEPAL, fue la mayor caída en 120 años, lo que produjo una caída en el nivel de recaudación de los Estados”.

En tal sentido la pandemia generó un escenario de mayor endeudamiento para los países de la región latinoamericana y caribeña, “la crisis produjo una reorientación de los fondos acorde a las emergencias detectadas, como el fortalecimiento de los sistemas de salud, acceso a servicios básicos y programas de protección social – lo que está bien. Pero la educación no fue priorizada” subrayó en su intervención.

Propuestas para reformular el sistema de impuestos

Durante el webinario se resaltó que la región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5 % del Producto Interno Bruto (PBI) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%. Por ello es necesario sincerar el incremento potencial estimado de la recaudación en la modificación urgente de 3 impuestos a nivel regional, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.

Adrián Falco de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe compartió información sobre la alianza estratégica con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) a través de una iniciativa que aporta en la generación de respuestas conjuntas de alcance nacional y regional, que sirvan de manera eficaz al posicionamiento de una agenda de trabajo con espacios gubernamentales claves, y que fortalezca las demandas por más y mejor financiamiento educativo sostenible vía la implementación de políticas tributarias progresivas.

La reducción de los recursos públicos en las economías de América Latina y el Caribe ha afectado la consecución del derecho a la educación. Parte de esta problemática responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones y por la reaparición de las políticas de austeridad.

Justicia fiscal, retos ante la evasión y la elusión de impuestos

Todos los impuestos que no se pagan a los gobiernos amenazan la democracia, ya que son montos que podrían representar mayor financiamiento para protección de derechos como la salud, la educación o la infraestructura pública en general. La evasión de impuestos erosiona entonces la capacidad de financiamiento de cuestiones públicas por parte de los gobiernos.

La justicia fiscal es un elemento clave para la justicia financiera global, implica un sistema tributario que traduzca criterios de justicia para todos los países del mundo.

Uno de los temas para concretar la justicia fiscal considera los impuestos, ya que se estima que las corporaciones transnacionales evaden impuestos a través de las llamadas ayudas para el desarrollo, sin embargo estos recursos no se destinan con la prioridad y atención que los países y, la mayoría de la población, necesitan.

Una oportunidad crítica de la justifica fiscal amerita revisar cómo los países del Sur y Norte global pueden proteger las finanzas públicas a través de mecanismos de transparencia y equilibrio financiero.

A veces las empresas para evadir impuestos encuentran estructuras internas complejas para encontrar lagunas de leyes fiscales que les permita lo que se conoce como elusión fiscal. Además las empresas multinacionales con frecuencia se valen del secreto financiero, los paraísos fiscales, la manipulación y actos de corrupción con personas que ejercen funciones gubernamentales para que las acciones del sistema tributario están favorablemente sesgados.

Las empresas multinacionales son responsables de alrededor de un tercio de la producción económica mundial, de la mitad de las exportaciones mundiales y de una cuarta parte del empleo mundial.

Se estima que 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin duda una de las estrategias para revertir las desigualdades estructurales en el ámbito global implicaría la justicia fiscal y tributaria así como políticas globales, regionales y nacionales redistributivas.

Informe sobre Justicia Fiscal

El Informe sobre el estado de la Justicia Fiscal (disponible en inglés) publicado en 2021 por la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la Internacional de Servicios Públicos afirma que las pérdidas de ingresos debido a los abusos fiscales transfronterizos de las empresas multinacionales y de los particulares que ocultan activos y flujos de ingresos en el extranjero llegan a 483.000 millones de dólares anuales. De este monto 312.000 millones se pierden por abuso del impuesto de sociedades transfronterizas por parte de las empresas multinacionales y cerca de 171.000 millones de dólares se pierden por la evasión por parte de personas ricas.

El informe señala que “esta evasión pública de las responsabilidades sociales por parte de los actores más destacados también socava la moral y el cumplimiento fiscal en toda la sociedad. Las pequeñas empresas ven la desigualdad de condiciones a la que se enfrentan, cuando sus competidores más grandes y multinacionales se benefician de los gastos fiscales y del abuso fiscal transfronterizo, y se preguntan por qué deben ser las únicas que cumplen con sus responsabilidades en su totalidad. Los hogares con menores ingresos se hacen la misma pregunta, mirando a los hogares de renta alta con participaciones en paraísos fiscales”.

Asiste  el webinario completo aquí:


Nelsy Lizarazo: con justicia fiscal, la inversión educativa puede cuadruplicar en América Latina y el Caribe

11 de agosto de 2022

Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas, los impuestos de la propiedad y acabara con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales países como Guatemala y Argentina lograrían aumentar la inversión educativa en tres y cuatro veces, respectivamente. Guatemala podría contratar más 35 mil maestras y maestros, Ecuador, 3 mil maestros y El Salvador podría matricular más de 1 millón de estudiantes. La información fue presentada por Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE en su intervención en el panel Recuperación post-Covid: impactos de las políticas fiscales, realizado el martes (8/8) durante la Conferencia Regional de LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal: Tras la pandemia, La guerra. América Latina y El Caribe.

“Con estos ejemplos, se puede ver claramente que hay una conexión concreta entre la recaudación justa de impuestos y el ejercicio de derecho a la educación: el derecho no se puede ejercer si no hay escuelas, si no hay infraestructuras, si no hay maestros, si no hay acceso universal y eso tiene que ver con lo que, por ejemplo, las grandes corporaciones han dejado de pagar a nuestros países desde siempre y que han ganado muchísimo en la pandemia”, explica Nelsy Lizarazo.

Mira su presentación:


Además de Nelsy Lizarazo, en la mesa también se presentaron Nathalie Beghin, Inesc (Brasil), Verónica Serafini, Latindadd (Paraguay), Gabriel Casnati, ISP (Brasil), con los comentarios Noel Pérez, Cepal (México) y David Archer, TaxEd (Reino Unido) y la moderación Adrián Falco, RJF-ALC (Argentina)

Camino contrario

Según la coordinadora de la CLADE, la región está yendo hacia otro camino. Un estudio de UNICEF publicado en junio de este año muestra que ningún gobierno latinoamericano y caribeño ha mencionado esfuerzos para generar y fortalecer políticas fiscales progresivas para financiar la educación. “Los esfuerzos fueron para la deuda, por la redistribución del presupuesto público o por el apoyo de la cooperación internacional”, dice.

Como resultado, en términos de financiación educativa, la región está muy lejos de lo que fue establecido globalmente. “Dado la contracción económica, la inversión que se está haciendo en nuestra región no solo no va a aumentar, sino que va a disminuir. El cálculo es que en un 9%. En ecuador, para mencionar un caso, ha disminuido 12% en 2022”, explica.

Educación en América Latina y el Caribe: todavía muy lejos de los compromisos internacionales

A pesar de los compromisos asumidos pos los países de América Latina y el Caribe en la Declaración de Incheon para garantizar un mínio de 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional a la educación, medida fundamental para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación de la Agenda 2030, son pocos los países de América Latina y el Caribe que se acercan a esta meta.

Según la coordinadora de la CLADE, apenas Barbados, Costa Rica y Cuba logran cumplir con el compromiso. La educación en la región, además, también enfrenta el desafío de abarcar una enorme diversidad en términos de PIB y presupuesto. “Es decir, no representan lo mismo esos porcentajes en Guatemala que en Brasil. Y sumamos a ello la diferencia de condiciones básicas de la educación en uno y otro país”, explicó.

Sobre la Conferencia

Convocada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), la conferencia fue realizada entre el 8 y el 9 de agosto de 2022 y reunió representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, gremios, autoridades, dirigentes, activistas, integrantes de la academia, etc. de la región y del mundo a la a fin de analizar y proponer rutas de acción en medio de la crisis multidimensional que afrontamos como humanidad.

 


Gabriele Lässer. Pixabay

La pandemia ha sido excusa para que algunos sectores se beneficien del sufrimiento, denuncia informe

7 de junio de 2022
Gabriele Lässer. Pixabay
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Más de 20 millones de personas han perdido la vida a causa de la pandemia, lo que vino a demostrar las fuertes desigualdades regionales. En una comparación entre países con renta menor se registran cuatro veces más fallecimientos por la pandemia. Los precios de alimentos, combustible y energía eléctrica han subido tanto que más de 250 millones de personas podrían enfrentar condiciones de pobreza extrema, esto significa vivir con menos de $1.90 por día.

Reunión de Economía al margen de las desigualdades

El Foro Económico Mundial reúne a líderes y representantes de grandes corporaciones para definir sus perspectivas sobre los movimientos económicos y financieros a escala global. Es un grupo de élite que posee carácter de veedor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que celebra su encuentro anual desde 1971.

Con la pandemia, el Foro de Davos, conocido así por la ciudad de Suiza donde se da cita la reunión, fue suspendida de forma presencial, retomando la última semana del mes de mayo de este 2022. En el marco de esta reunión, OXFAM presenta un informe “Beneficiarse del sufrimiento donde denuncia que desde 2020, la riqueza se ha disparado hasta alcanzar unos niveles sin precedentes. Un total de 2.668 personas más ricas a nivel mundial poseen $12,7 billones de dólares, las 10 primeras de la lista poseen más riqueza que el 40% inferior de la humanidad, es decir 3.100 millones de personas.

En contraste a la realidad del sufrimiento de la mayoría de sectores medios y pobres a nivel mundial, se han consolidado la riqueza de al menos 573 personas consideradas multimillonarias. Equivale a decir que cada 30 horas se crea una nueva persona con gran capital, para hacernos una idea, esta riqueza total equivale al 13,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, siendo un aumento de tres veces (frente al 4,4% en 2000).

Veronicas_News
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Contrastes e inequidades

Los precios mundiales de los alimentos se dispararon un 33,6 % en 2021 y se prevé que aumente un 23 % en 2022. Las fortunas se han generado en sectores como el alimentario, el energético, el farmacéutico y el tecnológico con ganancias corporativas superiores en los últimos 24 meses, especialmente si se compara con la tendencia de los últimos 23 años.

El informe alerta sobre la situación de familias que “tienen que elegir cuál de sus hijas e hijos podrá ir a la escuela (si es que pueden enviar a alguno). La crisis global por el aumento del coste de la vida se suma a la originada por la pandemia.” La alta informalidad y la sobrecarga por las tareas de cuidado han dejado fuera de la fuerza laboral a 4 millones de mujeres en América Latina y el Caribe.

Aunque la atención médica es un derecho humano con demasiada frecuencia se considera un privilegio para la mayoría de la población. Cada minuto, cuatro niños y niñas en todo el mundo pierden a uno de sus padres, madres o cuidadores/as como resultado de la pandemia.

Por otro lado, cinco de las 21 mayores entidades económicas en el mundo son empresas tecnológicas: Apple, Microsoft, Tesla, Amazon y Alphabet, por lo que habría que considerar su impacto no sólo en servicios telemáticos sino en soporte digital y virtual educativos.

Por ello, existe una necesidad urgente de implementación de impuestos y otras medidas impositivas que garanticen la equidad y justicia fiscal a nivel mundial, reduciendo así las desigualdades.

Leer síntesis del informe Beneficiarse del dolor (en español)


Leyes de Financiación para la Educación: Promesas y Carencias para Garantizar el Derecho a la Educación para Todas y Todos

19 de diciembre de 2021

Autor: Luis Eduardo Pérez Murcia
Publicado originalmente por: Campaña Mundial por la Educación
Año: marzo de 2020
Título original en inglés: Education Financing Laws: Promises and Shortfalls for Securing the Right to Education for All


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Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo

15 de diciembre de 2021
Adrian Falco

Adrian Falco

Miembro de Fundación SES y secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.

¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribeña? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red de Justicia económica y social Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) han unido esfuerzos y agendas para responder estas preguntas y revelar, finalmente, el estrecho vínculo entre justicia fiscal y financiamiento educativo.

Nuestra realidad en la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis. La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte.

América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta y es además la que tiene los sistemas tributarios más regresivos. En proporción los que menos tienen pagan más impuestos que los que más tienen.

De este proceso al que hacemos mención nos interesa el desarrollo vinculado con las prácticas de evasión, elusión y movimiento de flujos financieros ilícitos desde nuestra región hacia la cadena de guaridas fiscales en el norte global. La importancia de la construcción de datos e información que nos ayuden a comprender mejor cómo la falta de recursos para mejorar la educación pública y de calidad emerge de una estructura de manejo de la economía global que privilegia a unos pocos y perjudica severamente al resto.

América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta y es además la que tiene los sistemas tributarios más regresivos. En proporción los que menos tienen pagan más impuestos que los que más tienen. Para el caso de Guatemala, el 51,3% de la recaudación de impuestos está explicada por impuestos al consumo, son ingresos tributarios indirectos. Este tipo de impuesto es pagado por todos y todas sin distinción de ingresos y por eso perjudica a quienes menos tienen. Por otro lado el 31,2% de la recaudación de impuestos en el mismo país se explica por ingresos tributarios directos, impuestos a la ganancia, al patrimonio, etc. Estos impuestos son de carácter progresivo porque gravan de acuerdo con la ganancia y a la posesión de bienes (casas, autos, acciones, etc.)

Tenemos que invertir esta lógica regresiva de los sistemas y bregar por un aumento de los impuestos de carácter progresivo.

En el caso de Argentina, el 46,8% de la recaudación se explica por impuestos indirectos, impuestos al consumo. Como en el caso de Guatemala pagan más, en proporción, los que menos tienen. De la misma forma los impuestos progresivos o impuestos a la renta o al patrimonio explican el 27,9% de la recaudación. Una vez más los que aportan más recursos a los Estados son los que menos tienen. Como mencionamos más arriba, nuestros sistemas tributarios en la región son altamente regresivos y esa es una limitante a la hora de hablar de incrementar el presupuesto educativo. Tenemos que invertir esta lógica regresiva de los sistemas y bregar por un aumento de los impuestos de carácter progresivo.

En muchos foros globales se debate abiertamente sobre la necesidad de incrementar la llamada “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD) como una posibilidad latente que permitiría incrementar el presupuesto público y de esa manera favorecer las mejoras que los sistemas educativos en nuestra región tanto necesitan. De este estudio que realizaron Latindadd, CLADE y RJFLAC es posible identificar como esta ayuda no ha representado un avance importante para las aspiraciones de miles de organizaciones que luchan por el Derecho a la Educación y la Justicia Fiscal. En el caso de Guatemala la AOD neta recibida como porcentaje del PBI entre  2010 y 2019 pasó de 0.098% a 0.522% del producto y en el caso de Argentina se redujo del 0.320% el 0.004%. Es evidente que para aumentar los presupuestos públicos educativos la AOD no ha representado un camino posible.

Desde CLADE, Latindadd y RJFLAC se busca innovar y proyectar nuevos espacios desde los cuales poder extraer el financiamiento para una educación de calidad en la región. La propuesta anida en la implementación de tres diferentes impuestos existentes en ambos países pero subvalorados o poco explorados por acción u omisión. Estos son el impuesto a la propiedad, el impuesto a las grandes riquezas y el incremento de tributación sobre los abusos corporativos.

De la lectura del cuadro N°1 es posible determinar la importancia de gravar sobre estos tres impuestos que aportaran en el caso de Guatemala un incremento del 1% del PBI Nacional y en el caso de Argentina el 2%. Logrando así incrementos del 34% del presupuesto educativo en Guatemala y del 41% en Argentina. Sin AOD, sin endeudamiento, sin ajustes económicos a otros sectores, solo volviendo más progresivos nuestros sistemas tributarios.

Resultados:

En relación a los resultados de la posibilidad de aumentar la progresividad de los impuestos en ambos países, en el caso de Guatemala el resultado redundaría en un incremento de la inversión educativa por estudiante de USD 134 para alcanzar la inversión total por estudiante de USD 528.

Para el caso de Argentina el incremento de la inversión educativa por estudiante, por año, se incrementaría en USD 821, alcanzando una inversión final del USD 2.802 por estudiante por año.

Ambos ejemplos se proponen en un escenario de recaudación del 100% de los impuestos mencionados.

Conclusiones:

Nuestros sistemas tributarios están hechos a medida de las grandes corporaciones y los ricos globales. Esto representa grandes pérdidas por otorgamiento de beneficios tributarios cercanos al 5% del PBI regional superando con creces la inversión regional en educación pre pandemia. Esto es dinero que los países dejan de recaudar y que pasa a formar parte de los activos de las mega corporaciones. Esto último es alarmante porque se complejiza con la caída de la recaudación impositiva producto de la pandemia y el cese de mucha actividad económica.

América Latina y el Caribe pierden anualmente recursos muy necesarios. Las pérdidas regionales anuales estimadas por diferentes organismos y OSC arrojan que, producto de la elusión fiscal, dejamos de recaudar 500 mil millones de dólares por año, según un informe de la red global Tax Justice Network en conjunto con ISP y Global Alliance for Tax Justice. Se pierden también por evasión fiscal: 320 mil millones de dólares por año según CEPAL. Se pierden además, por incentivos tributarios, 5% PBI regional y por no gravar a las grandes fortunas perdemos, actualmente, 26 mil millones de USD por año según un informe de Latindadd, RJFLAC y Fundación SES.

Abogamos por la creación inmediata de un cuerpo intergubernamental de crisis, con presencia amplia de la sociedad civil, que funcione en el seno de Naciones Unidas para denunciar y generar propuestas para terminar de una vez por todas con la estafa tributaria a escala global.

Tenemos que terminar con la red de servicios financieros offshore, las guaridas fiscales, las jurisdicciones opacas de la economía global. Redes sostenidas por una articulación de abogados, contadores (muchos de ellos hijos de la educación pública) y grandes firmas de auditoría que ofician de facilitadores elaborando complejas arquitecturas para el fraude para que miles de ricos globales y empresas evadan impuestos en sus países, mintiendo y defraudando a las administraciones tributarias. Mientras el mundo presencia el debate entre la vida y la muerte de millones de personas producto de la pobreza, marginalidad, falta de empleo, de condiciones de vida digna, maximizadas por la pandemia del Covid-19, líderes globales y megacorporaciones esconden sus fortunas y sus ganancias para evitar pagar impuestos y contribuir, de esa manera, a pagar las consecuencias del desastre humanitario a nivel global tal como quedó evidenciado una vez en la mega filtración de los papeles de pandora.

Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) siga dictando las reglas de lo que se puede o no hacer en materia de transparencia fiscal y financiera, muy pocas cosas cambiarán. Urge democratizar los espacios de debate, y los países más afectados por estas estafas deben ser parte de la mesa de discusión. Abogamos por la creación inmediata de un cuerpo intergubernamental de crisis, con presencia amplia de la sociedad civil, que funcione en el seno de Naciones Unidas para denunciar y generar propuestas para terminar de una vez por todas con la estafa tributaria a escala global.

Registros públicos de beneficiarios finales, intercambio automático de información financiera entre países, reportes de actividades de empresas país por país, fortalecimiento de la capacidad regulatoria y verificadora de las administraciones tributarias, fortalecimiento de las regulaciones sobre los mercados de capitales, son algunas de las medidas que deberían tomarse y/o profundizarse para evitar que este fraude sistemático continúe creciendo y de esta manera afectando seriamente nuestras posibilidades de contar con más recursos para la educación pública, gratuita y de calidad.


Informe preliminar Encuesta Situación Educacional en cuarentena

13 de diciembre de 2021

Año de publicación: 2020

Publicado por: Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo

Este documento tiene como objetivo traer un panorama sobre las políticas educativas gubernamentales adoptadas durante la suspensión de las clases presenciales en el primer mes de cuarentena en la Región Metropolitana de Santiago. Se basa en una encuesta realizada a través del formulario de Google con 2665 personas relacionadas con educación en las comunas de Santiago, Puente Alto, Ñuñoa, Maipú y La Florida.


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Congreso sobre experiencias educativas de América Latina y el Caribe

9 de diciembre de 2021