Foto: ONU

Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria en el contexto COVID-19

19 de mayo de 2021

En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación. 

El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región. 

En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.


Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente

Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real.  No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.


Avance de una agenda prioritaria

Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. 

Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.


Más sobre la publicación

Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.


¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.


Foto: ONU

Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria

11 de mayo de 2021

En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación. 

El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región. 

En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.


Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente

Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real.  No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.


Avance de una agenda prioritaria

Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. 

Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.


Más sobre la publicación

Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.


¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.


Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación

18 de diciembre de 2020

Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú,  República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo  encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la  Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la  región y acciones futuras*. 

La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y  una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la  región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de  gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque  los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en  curso (COVID-19). 

Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha  desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto  de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales);  graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza,  exclusión social y las desigualdades. 

Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a  la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el  incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y  adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos  normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en  materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes;  acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos  de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos  de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones  de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como  consecuencia de la emergencia sanitaria.  

En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos  desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las  instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia,  o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países),  implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos  en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en  particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas,  mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el  ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y  plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes  en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre  estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos  públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor  educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los  establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento. 

A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que  imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la  participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización,  imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de  horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual  desde perspectivas confesionales). 

La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red  Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del  proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia,  Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y  profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el  2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una  recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del  derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y  garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras  y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).  

Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis  regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados  han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento  comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas  educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver  cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios;  movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones).


* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila


Foto: Unicef-Bolivia

CLADE rechaza resolución del gobierno boliviano que clausura el año escolar en el país

6 de agosto de 2020

Ante el anuncio del gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia el último domingo, 2 de agosto, de dar por finalizado el ciclo escolar 2020 en todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) publicó hoy, 5 de agosto, un pronunciamiento en rechazo de esta medida gubernamental. 

Para la CLADE, la medida constituye una violación del derecho a la educación y de otros derechos fundamentales de casi tres millones de estudiantes, y tiende a profundizar las desigualdades y discriminaciones ya presentes en el país, impactando especialmente a los grupos más vulnerables, como niñas y niños más pequeños, adolescentes, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, campesinas y campesinos, así como amplifica las desigualdades entre los sistemas educativos público y privado. 

CLADE: “Momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”

El posicionamiento respalda el pronunciamiento de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), publicado ayer, que exige la derogación de la resolución y exhorta al gobierno transitorio a asumir su rol de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Bolivia, en consecución de la Constitución Política del Estado.

En el documento, la CLADE recuerda que “momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”. 

Para la Campaña Boliviana, las consecuencias más preocupantes de la medida serán el rezago educativo, la deserción escolar, la ruptura de la continuidad de los estudios, la exclusión social y la discriminación. En su pronunciamiento, la CBDE demanda que el Ministerio de Educación del país convoque a todas las organizaciones y sectores sociales educativos para consensuar y asumir de manera responsable y urgente un Plan de Contingencia Educativa, exigido desde el inicio de la pandemia.


>> Pronunciamiento Público - Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

>> Pronunciamiento Público - Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación


Foto: Beatriz Ferraz

Brasil: Tribunal decidió que la prohibición del abordaje de género en la educación es inconstitucional

29 de abril de 2020

El pasado viernes, 24 de abril, el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima de Brasil, decidió que la prohibición del tratamiento a cuestiones relacionadas a género y sexualidad en las escuelas del país es inconstitucional. (más…)


Foto: Inee/Sergio Ocampo

La influencia del sector educativo privado en la educación pública mexicana

17 de febrero de 2020
“Lo que plantea ahora el gobierno es dar directamente recursos a aquellas personas que están en las escuelas privadas”. Foto: Divulgación / Mauro Jarquín

En diálogo con la CLADE, Mauro Jarquín, tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, presenta sus observaciones y análisis respecto a las políticas públicas y leyes educativas en México, y en qué medida favorecen la privatización y el lucro en la educación, en detrimento de sistemas educativos públicos y gratuitos. 

En esta segunda parte del relato, el investigador analiza cómo las corporaciones empresariales han influenciado las políticas educativas en el país, y cómo la educación ha sido parte de la estrategia de estos grupos para llegar al poder.  (más…)


Foto: Unicef/México

Nueva reforma educativa en México y el lucro en la educación

Mauro Jarquín: "Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena". Foto: Divulgación/Mauro Jarquín

Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia. 

La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto. 

(más…)


Camilla Croso

La lucha por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe en el 2019

21 de diciembre de 2019

El aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, manifestaciones para defender la educación pública y gratuita, riesgos de retroceso para los derechos humanos, diálogos sobre el derecho a la educación en los diferentes países, entre otros hechos y luchas, caracterizaron el año de 2019.

Fue un año más, en que la CLADE y sus miembros dedicaron acciones, esfuerzos y proyectos para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.

En esta retrospectiva, retomamos las principales actividades y reflexiones de la CLADE y sus miembros durante este año. ¡Buena lectura!


Foto: Parlatino

Parlatino apoya protocolo para análisis de los presupuestos educativos, desarrollado por CLADE y CECC-SICA

14 de noviembre de 2019

Culminó el último viernes (8 de noviembre) la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) fue invitada a participar en el evento, que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en la oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE). (más…)


Foto: ICBF

"La Convención es un instrumento moral universal contra la injusticia que vivían las niñas y niños del mundo”

7 de noviembre de 2019

De cara al aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), que se celebrará el 20 de noviembre, el presidente del Comité de los Derechos del Niño, que se hace cargo del seguimiento a este tratado, Luis Ernesto Pedernera; y la relatora sobre los derechos de la niñez y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, presentaron reflexiones sobre avances y desafíos para que se cumpla la Convención. (más…)