Foto: Coalición Colombiana

CLADE realizó serie de diálogos para compartir experiencias sobre incidencia legislativa

28 de octubre de 2021

El grupo de trabajo de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sobre incidencia legislativa realizó, durante las últimas semanas, una serie de tres diálogos virtuales, donde se compartieron experiencias de organizaciones de la sociedad civil en la defensa del derecho humano a la educación ante parlamentos y autoridades del poder legislativo en diferentes países de la América Latina y el Caribe.

Los aprendizajes intercambiados en estos encuentros se sistematizarán y servirán como insumos para la elaboración de una guía de incidencia legislativa en ámbito regional.

Mira a continuación la grabación de estos encuentros.

Experiencias de la subregión Camexca: El Salvador y Honduras (20/10)


Experiencias de la Región Andina: Bolivia, Colombia y Perú (13/10)


Experiencias desde Argentina, Brasil y Chile (6/10)


El financiamiento y la privatización de la educación es un tema ampliamente discutido por las organizaciones de los derechos humanos. La ilustración figura la investigación de CLADE sobre el tema y presenta dos niñas pintando con su maestra las palabras
Ilustração: Nayani Real

3 informaciones sobre la privatización de la educación en América Latina y el Caribe

7 de septiembre de 2021

Por preocuparse con el bajo nivel del financiamiento de la educación pública, y a contracorriente de las tendencias a la privatización y al lucro en la educación en nuestra región, en abril de 2021, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó la investigación “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe”.

El estudio, realizado con el apoyo de OXFAM, trató de conocer cómo las legislaciones de la región reglamentan, o no, las actividades lucrativas en la educación, observando en qué medida los marcos legales de los países permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación. El análisis incluyó a nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.

3 informaciones sobre la privatización de la educación en América Latina y el Caribe
  1. Chile, Honduras, Perú y Paraguay presentan Constituciones Nacionales que destacan la libertad de elegir de los tutores como eje central, y no el derecho humano a la educación que tiene el Estado como su garante. 
  2. Los 9 países tratados en la investigación no prohíben la actividad lucrativa sobre la educación. Apenas Argentina cuenta con explícita prohibición a acuerdos bilaterales y multilaterales que propicien la mercantilización de la educación, pero ningún prohíbe la actividad lucrativa en el campo educativo. 
  3. Hay brechas de permisividad que viabilizan la mercantilización de la educación en todos los países observados. De acuerdo con la investigadora Teise Garcia, todas las entrevistas con personas expertas apuntaron a brechas en sus países. En ellos, se identificaron estrategias para evadir y por fin no cumplir con cualquier mecanismo que prohíba o dificulte destinar recursos públicos para el sector educativo con fines de lucro.

Entre las estrategias, está la presencia y/o el establecimiento de organizaciones legalmente sin fines de lucro (por lo tanto aptas a recibir recursos públicos). Pero, ellas, por fin, tienen efectivamente fines de lucro. 

La CLADE sigue actuando para fortalecer la educación pública y gratuita, en la lucha por una financiación suficiente y adecuada que garantice este derecho humano a todas las personas en América Latina y el Caribe, contra la privatización de la educación.

>>> Mira el documento completo.


Foto: Facebook TeleAmazonas

Ecuador: Corte Constitucional ratifica la constitucionalidad de la LOEI

12 de agosto de 2021

Mediante Sentencia realizada este miércoles, 11 de agosto de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ha emitido su dictamen respecto a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y declara la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La sentencia absuelve todos los puntos impugnados por los recurrentes, quienes buscaron mediante varios argumentos jurídicos que se declare la inconstitucionalidad de todas las reformas a la LOEI.

Según la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador, la reforma modifica alrededor del 80% de la normativa que rige desde el año 2011. Ella tiene una visión incluyente e intercultural, incorpora el mejoramiento de instrumentos para enfrentar la violencia y el abuso sexual y para establecer una cultura de paz en los contextos educativos, contempla el cambio en los currículos, la reapertura de escuelas rurales, fomento de la Educación Intercultural Bilingüe, fortalecimiento de la etnoeducación, mejoramiento de condiciones para el desarrollo integral docente, entre otros. La Comisión de Educación de la Asamblea informó que recogieron aportes de diversos sectores para elaborar esta propuesta de reformas, entre ellos representantes de docentes.

La decisión de la Corte, que según especialistas legitima diversos avances en el derecho de la educación en Ecuador, solo fué tomada trás diversas protestas de organizaciones, activistas y educadores.

Historico

El mes de marzo de 2021 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI.

En el mes de mayo de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador admitió para tramitar dos demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la LOEI. Los demandantes afirmaron que los cambios aprobados no son sostenibles económicamente, principalmente los que se relacionan con el aumento salarial y la jubilación sin límite de edad. Esta acción suspendió temporalmente la vigencia de la Ley y motivó a docentes, familias y estudiantes a expresar su protesta.

El 12 de julio de 2021 más de 30 docentes iniciaron una huelga de hambre en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, en defensa de las reformas a la LOEI, piden a la Corte Constitucional que disponga la implementación de la normativa. Actualmente esta protesta se ha extendido a 12 de las 24 provincias del país, con un total de 80 manifestantes. Otras medidas adoptadas por los educadores fueron el encadenamiento, cierre de vías, y movilizaciones masivas en las provincias.

Frente a esta situación la Asamblea Nacional del Ecuador instaló el 28 de julio una Mesa de Concertación con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan levantar la medida de hecho. La mesa se reunió en 3 ocasiones a día seguido, con la participación de delegados de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Unión Nacional de Educadores (UNE)

>> Mira el pronunciamiento completo de la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador

 


Imagen: ONU

Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria en el contexto COVID-19

19 de mayo de 2021

En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación. 

El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región. 

En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.


Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente

Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real.  No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.


Avance de una agenda prioritaria

Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. 

Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.


Más sobre la publicación

Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.


¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.


Imagen: ONU

Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria

11 de mayo de 2021

En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación. 

El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región. 

En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.


Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente

Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real.  No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.


Avance de una agenda prioritaria

Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. 

Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.


Más sobre la publicación

Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.


¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.


Derecho humano a la educación en el contexto COVID-19 – Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria

Con la intención de brindar elementos de reflexión al ámbito de CLADE y de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se elabora el presente documento de carácter exploratorio, sobre la actividad parlamentaria en el contexto del COVID 19.


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Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación

18 de diciembre de 2020

Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú,  República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo  encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la  Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la  región y acciones futuras*. 

La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y  una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la  región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de  gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque  los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en  curso (COVID-19). 

Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha  desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto  de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales);  graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza,  exclusión social y las desigualdades. 

Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a  la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el  incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y  adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos  normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en  materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes;  acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos  de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos  de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones  de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como  consecuencia de la emergencia sanitaria.  

En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos  desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las  instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia,  o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países),  implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos  en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en  particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas,  mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el  ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y  plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes  en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre  estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos  públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor  educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los  establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento. 

A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que  imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la  participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización,  imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de  horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual  desde perspectivas confesionales). 

La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red  Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del  proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia,  Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y  profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el  2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una  recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del  derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y  garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras  y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).  

Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis  regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados  han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento  comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas  educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver  cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios;  movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones).


* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila


Criminalización y Violación a los Derechos Humanos de Estudiantes en América Latina y el Caribe (Resumen Ejecutivo)

19 de noviembre de 2020

Este documento es el resumen ejecutivo del informe que pretende aportar a la identificación de cómo se manifiesta la criminalización y violación de los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe, inicialmente a partir de la mirada y escucha de actores estudiantiles (universitarios y secundarios), defensores y defensoras de derechos humanos, en cuatro países en la región: Colombia, Chile, Honduras y Nicaragua.

El resumen ejecutivo fue elaborado por la CLADE con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund -SAIH).


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Criminalización y Violación a los Derechos Humanos de Estudiantes en América Latina y el Caribe

Este Informe Regional está dedicado a la situación de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos. 

Elaborado por la CLADE con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund -SAIH), el documento pretende aportar a la identificación de cómo se manifiesta la criminalización y violación de los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe, inicialmente a partir de la mirada y escucha de actores estudiantiles (universitarios y secundarios), defensores y defensoras de derechos humanos, en cuatro países en la región: Colombia, Chile, Honduras y Nicaragua.


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Foto: Unicef-Bolivia

CLADE rechaza resolución del gobierno boliviano que clausura el año escolar en el país

6 de agosto de 2020

Ante el anuncio del gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia el último domingo, 2 de agosto, de dar por finalizado el ciclo escolar 2020 en todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) publicó hoy, 5 de agosto, un pronunciamiento en rechazo de esta medida gubernamental. 

Para la CLADE, la medida constituye una violación del derecho a la educación y de otros derechos fundamentales de casi tres millones de estudiantes, y tiende a profundizar las desigualdades y discriminaciones ya presentes en el país, impactando especialmente a los grupos más vulnerables, como niñas y niños más pequeños, adolescentes, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, campesinas y campesinos, así como amplifica las desigualdades entre los sistemas educativos público y privado. 

CLADE: “Momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”

El posicionamiento respalda el pronunciamiento de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), publicado ayer, que exige la derogación de la resolución y exhorta al gobierno transitorio a asumir su rol de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Bolivia, en consecución de la Constitución Política del Estado.

En el documento, la CLADE recuerda que “momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”. 

Para la Campaña Boliviana, las consecuencias más preocupantes de la medida serán el rezago educativo, la deserción escolar, la ruptura de la continuidad de los estudios, la exclusión social y la discriminación. En su pronunciamiento, la CBDE demanda que el Ministerio de Educación del país convoque a todas las organizaciones y sectores sociales educativos para consensuar y asumir de manera responsable y urgente un Plan de Contingencia Educativa, exigido desde el inicio de la pandemia.


>> Pronunciamiento Público – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

>> Pronunciamiento Público – Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación