Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo
15 de diciembre de 2021¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribeña? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red de Justicia económica y social Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) han unido esfuerzos y agendas para responder estas preguntas y revelar, finalmente, el estrecho vínculo entre justicia fiscal y financiamiento educativo.
Nuestra realidad en la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis. La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte.
De este proceso al que hacemos mención nos interesa el desarrollo vinculado con las prácticas de evasión, elusión y movimiento de flujos financieros ilícitos desde nuestra región hacia la cadena de guaridas fiscales en el norte global. La importancia de la construcción de datos e información que nos ayuden a comprender mejor cómo la falta de recursos para mejorar la educación pública y de calidad emerge de una estructura de manejo de la economía global que privilegia a unos pocos y perjudica severamente al resto.
América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta y es además la que tiene los sistemas tributarios más regresivos. En proporción los que menos tienen pagan más impuestos que los que más tienen. Para el caso de Guatemala, el 51,3% de la recaudación de impuestos está explicada por impuestos al consumo, son ingresos tributarios indirectos. Este tipo de impuesto es pagado por todos y todas sin distinción de ingresos y por eso perjudica a quienes menos tienen. Por otro lado el 31,2% de la recaudación de impuestos en el mismo país se explica por ingresos tributarios directos, impuestos a la ganancia, al patrimonio, etc. Estos impuestos son de carácter progresivo porque gravan de acuerdo con la ganancia y a la posesión de bienes (casas, autos, acciones, etc.)
En el caso de Argentina, el 46,8% de la recaudación se explica por impuestos indirectos, impuestos al consumo. Como en el caso de Guatemala pagan más, en proporción, los que menos tienen. De la misma forma los impuestos progresivos o impuestos a la renta o al patrimonio explican el 27,9% de la recaudación. Una vez más los que aportan más recursos a los Estados son los que menos tienen. Como mencionamos más arriba, nuestros sistemas tributarios en la región son altamente regresivos y esa es una limitante a la hora de hablar de incrementar el presupuesto educativo. Tenemos que invertir esta lógica regresiva de los sistemas y bregar por un aumento de los impuestos de carácter progresivo.
En muchos foros globales se debate abiertamente sobre la necesidad de incrementar la llamada “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD) como una posibilidad latente que permitiría incrementar el presupuesto público y de esa manera favorecer las mejoras que los sistemas educativos en nuestra región tanto necesitan. De este estudio que realizaron Latindadd, CLADE y RJFLAC es posible identificar como esta ayuda no ha representado un avance importante para las aspiraciones de miles de organizaciones que luchan por el Derecho a la Educación y la Justicia Fiscal. En el caso de Guatemala la AOD neta recibida como porcentaje del PBI entre 2010 y 2019 pasó de 0.098% a 0.522% del producto y en el caso de Argentina se redujo del 0.320% el 0.004%. Es evidente que para aumentar los presupuestos públicos educativos la AOD no ha representado un camino posible.
Desde CLADE, Latindadd y RJFLAC se busca innovar y proyectar nuevos espacios desde los cuales poder extraer el financiamiento para una educación de calidad en la región. La propuesta anida en la implementación de tres diferentes impuestos existentes en ambos países pero subvalorados o poco explorados por acción u omisión. Estos son el impuesto a la propiedad, el impuesto a las grandes riquezas y el incremento de tributación sobre los abusos corporativos.
De la lectura del cuadro N°1 es posible determinar la importancia de gravar sobre estos tres impuestos que aportaran en el caso de Guatemala un incremento del 1% del PBI Nacional y en el caso de Argentina el 2%. Logrando así incrementos del 34% del presupuesto educativo en Guatemala y del 41% en Argentina. Sin AOD, sin endeudamiento, sin ajustes económicos a otros sectores, solo volviendo más progresivos nuestros sistemas tributarios.
Resultados:
En relación a los resultados de la posibilidad de aumentar la progresividad de los impuestos en ambos países, en el caso de Guatemala el resultado redundaría en un incremento de la inversión educativa por estudiante de USD 134 para alcanzar la inversión total por estudiante de USD 528.
Para el caso de Argentina el incremento de la inversión educativa por estudiante, por año, se incrementaría en USD 821, alcanzando una inversión final del USD 2.802 por estudiante por año.
Ambos ejemplos se proponen en un escenario de recaudación del 100% de los impuestos mencionados.
Conclusiones:
Nuestros sistemas tributarios están hechos a medida de las grandes corporaciones y los ricos globales. Esto representa grandes pérdidas por otorgamiento de beneficios tributarios cercanos al 5% del PBI regional superando con creces la inversión regional en educación pre pandemia. Esto es dinero que los países dejan de recaudar y que pasa a formar parte de los activos de las mega corporaciones. Esto último es alarmante porque se complejiza con la caída de la recaudación impositiva producto de la pandemia y el cese de mucha actividad económica.
América Latina y el Caribe pierden anualmente recursos muy necesarios. Las pérdidas regionales anuales estimadas por diferentes organismos y OSC arrojan que, producto de la elusión fiscal, dejamos de recaudar 500 mil millones de dólares por año, según un informe de la red global Tax Justice Network en conjunto con ISP y Global Alliance for Tax Justice. Se pierden también por evasión fiscal: 320 mil millones de dólares por año según CEPAL. Se pierden además, por incentivos tributarios, 5% PBI regional y por no gravar a las grandes fortunas perdemos, actualmente, 26 mil millones de USD por año según un informe de Latindadd, RJFLAC y Fundación SES.
Tenemos que terminar con la red de servicios financieros offshore, las guaridas fiscales, las jurisdicciones opacas de la economía global. Redes sostenidas por una articulación de abogados, contadores (muchos de ellos hijos de la educación pública) y grandes firmas de auditoría que ofician de facilitadores elaborando complejas arquitecturas para el fraude para que miles de ricos globales y empresas evadan impuestos en sus países, mintiendo y defraudando a las administraciones tributarias. Mientras el mundo presencia el debate entre la vida y la muerte de millones de personas producto de la pobreza, marginalidad, falta de empleo, de condiciones de vida digna, maximizadas por la pandemia del Covid-19, líderes globales y megacorporaciones esconden sus fortunas y sus ganancias para evitar pagar impuestos y contribuir, de esa manera, a pagar las consecuencias del desastre humanitario a nivel global tal como quedó evidenciado una vez en la mega filtración de los papeles de pandora.
Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) siga dictando las reglas de lo que se puede o no hacer en materia de transparencia fiscal y financiera, muy pocas cosas cambiarán. Urge democratizar los espacios de debate, y los países más afectados por estas estafas deben ser parte de la mesa de discusión. Abogamos por la creación inmediata de un cuerpo intergubernamental de crisis, con presencia amplia de la sociedad civil, que funcione en el seno de Naciones Unidas para denunciar y generar propuestas para terminar de una vez por todas con la estafa tributaria a escala global.
Registros públicos de beneficiarios finales, intercambio automático de información financiera entre países, reportes de actividades de empresas país por país, fortalecimiento de la capacidad regulatoria y verificadora de las administraciones tributarias, fortalecimiento de las regulaciones sobre los mercados de capitales, son algunas de las medidas que deberían tomarse y/o profundizarse para evitar que este fraude sistemático continúe creciendo y de esta manera afectando seriamente nuestras posibilidades de contar con más recursos para la educación pública, gratuita y de calidad.
Informe preliminar Encuesta Situación Educacional en cuarentena
13 de diciembre de 2021Año de publicación: 2020
Publicado por: Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo
Este documento tiene como objetivo traer un panorama sobre las políticas educativas gubernamentales adoptadas durante la suspensión de las clases presenciales en el primer mes de cuarentena en la Región Metropolitana de Santiago. Se basa en una encuesta realizada a través del formulario de Google con 2665 personas relacionadas con educación en las comunas de Santiago, Puente Alto, Ñuñoa, Maipú y La Florida.
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CLADE realizó serie de diálogos para compartir experiencias sobre incidencia legislativa
28 de octubre de 2021El grupo de trabajo de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sobre incidencia legislativa realizó, durante las últimas semanas, una serie de tres diálogos virtuales, donde se compartieron experiencias de organizaciones de la sociedad civil en la defensa del derecho humano a la educación ante parlamentos y autoridades del poder legislativo en diferentes países de la América Latina y el Caribe.
Los aprendizajes intercambiados en estos encuentros se sistematizarán y servirán como insumos para la elaboración de una guía de incidencia legislativa en ámbito regional.
Mira a continuación la grabación de estos encuentros.
Experiencias de la subregión Camexca: El Salvador y Honduras (20/10)
Experiencias de la Región Andina: Bolivia, Colombia y Perú (13/10)
Experiencias desde Argentina, Brasil y Chile (6/10)
3 informaciones sobre la privatización de la educación en América Latina y el Caribe
7 de septiembre de 2021Por preocuparse con el bajo nivel del financiamiento de la educación pública, y a contracorriente de las tendencias a la privatización y al lucro en la educación en nuestra región, en abril de 2021, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó la investigación “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe”.
El estudio, realizado con el apoyo de OXFAM, trató de conocer cómo las legislaciones de la región reglamentan, o no, las actividades lucrativas en la educación, observando en qué medida los marcos legales de los países permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación. El análisis incluyó a nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.
3 informaciones sobre la privatización de la educación en América Latina y el Caribe
- Chile, Honduras, Perú y Paraguay presentan Constituciones Nacionales que destacan la libertad de elegir de los tutores como eje central, y no el derecho humano a la educación que tiene el Estado como su garante.
- Los 9 países tratados en la investigación no prohíben la actividad lucrativa sobre la educación. Apenas Argentina cuenta con explícita prohibición a acuerdos bilaterales y multilaterales que propicien la mercantilización de la educación, pero ningún prohíbe la actividad lucrativa en el campo educativo.
- Hay brechas de permisividad que viabilizan la mercantilización de la educación en todos los países observados. De acuerdo con la investigadora Teise Garcia, todas las entrevistas con personas expertas apuntaron a brechas en sus países. En ellos, se identificaron estrategias para evadir y por fin no cumplir con cualquier mecanismo que prohíba o dificulte destinar recursos públicos para el sector educativo con fines de lucro.
Entre las estrategias, está la presencia y/o el establecimiento de organizaciones legalmente sin fines de lucro (por lo tanto aptas a recibir recursos públicos). Pero, ellas, por fin, tienen efectivamente fines de lucro.
La CLADE sigue actuando para fortalecer la educación pública y gratuita, en la lucha por una financiación suficiente y adecuada que garantice este derecho humano a todas las personas en América Latina y el Caribe, contra la privatización de la educación.
>>> Mira el documento completo.
Ecuador: Corte Constitucional ratifica la constitucionalidad de la LOEI
12 de agosto de 2021Mediante Sentencia realizada este miércoles, 11 de agosto de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ha emitido su dictamen respecto a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y declara la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
La sentencia absuelve todos los puntos impugnados por los recurrentes, quienes buscaron mediante varios argumentos jurídicos que se declare la inconstitucionalidad de todas las reformas a la LOEI.
Según la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador, la reforma modifica alrededor del 80% de la normativa que rige desde el año 2011. Ella tiene una visión incluyente e intercultural, incorpora el mejoramiento de instrumentos para enfrentar la violencia y el abuso sexual y para establecer una cultura de paz en los contextos educativos, contempla el cambio en los currículos, la reapertura de escuelas rurales, fomento de la Educación Intercultural Bilingüe, fortalecimiento de la etnoeducación, mejoramiento de condiciones para el desarrollo integral docente, entre otros. La Comisión de Educación de la Asamblea informó que recogieron aportes de diversos sectores para elaborar esta propuesta de reformas, entre ellos representantes de docentes.
La decisión de la Corte, que según especialistas legitima diversos avances en el derecho de la educación en Ecuador, solo fué tomada trás diversas protestas de organizaciones, activistas y educadores.
Historico
El mes de marzo de 2021 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI.
En el mes de mayo de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador admitió para tramitar dos demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la LOEI. Los demandantes afirmaron que los cambios aprobados no son sostenibles económicamente, principalmente los que se relacionan con el aumento salarial y la jubilación sin límite de edad. Esta acción suspendió temporalmente la vigencia de la Ley y motivó a docentes, familias y estudiantes a expresar su protesta.
El 12 de julio de 2021 más de 30 docentes iniciaron una huelga de hambre en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, en defensa de las reformas a la LOEI, piden a la Corte Constitucional que disponga la implementación de la normativa. Actualmente esta protesta se ha extendido a 12 de las 24 provincias del país, con un total de 80 manifestantes. Otras medidas adoptadas por los educadores fueron el encadenamiento, cierre de vías, y movilizaciones masivas en las provincias.
Frente a esta situación la Asamblea Nacional del Ecuador instaló el 28 de julio una Mesa de Concertación con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan levantar la medida de hecho. La mesa se reunió en 3 ocasiones a día seguido, con la participación de delegados de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Unión Nacional de Educadores (UNE)
>> Mira el pronunciamiento completo de la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.">
Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria en el contexto COVID-19
19 de mayo de 2021En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.
Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios.
Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.
Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.
¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.">
Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
11 de mayo de 2021
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.
Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios.
Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.
Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.
¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.
Derecho humano a la educación en el contexto COVID-19 – Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
Con la intención de brindar elementos de reflexión al ámbito de CLADE y de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se elabora el presente documento de carácter exploratorio, sobre la actividad parlamentaria en el contexto del COVID 19.
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* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila
">Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación
18 de diciembre de 2020Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la región y acciones futuras*.
La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en curso (COVID-19).
Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales); graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza, exclusión social y las desigualdades.
Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes; acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como consecuencia de la emergencia sanitaria.
En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia, o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países), implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento.
A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización, imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual desde perspectivas confesionales).
La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia, Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el 2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).
Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios; movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones).
