Campanha Nacional pelo Direito à Educação

¿Cuánto cuesta la educación pública de calidad en Brasil?

14 de junio de 2018

Evento organizado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación presenta indicadores, análisis y reflexiones hacia un financiamiento público adecuado para garantizar que todas y todos tengan una educación de calidad en el país (más…)

El día 9 de mayo del 2018, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el marco de la iniciativa del Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación (FRESCE) promovió un diálogo virtual sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de incidencia política en el cual participaron los foros nacionales miembros de CLADE en Honduras, Haití, Nicaragua y República Dominicana, participantes del FRESCE en América Latina y el Caribe.<!--more--> El conversatorio contó con la presencia de María Graciela Cuervo, co-coordinadora general de <a href=Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una nueva Era (DAWN, por su sigla en inglés) e integrante del Consejo Deliberativo FRESCE, quien compartió sus aprendizajes y experiencias en procesos de incidencia en derechos humanos e igualdad de género, principalmente en las políticas educativas. Durante su presentación, María Graciela presentó un breve antecedente sobre la construcción del concepto de transversalización de la perspectiva de género en las políticas educativas, así como principios básicos para la transversalización, y elementos fundamentales para la incidencia política con enfoque de género. Al final del conversatorio se realizó asimismo una discusión en la que los y las participantes compartieron sus aprendizajes y experiencias en los procesos de incidencia desde una perspectiva de género. A seguir se comparte una síntesis de los principales puntos abordados en el encuentro, sin querer para nada agotar el tema.
¿Qué es la transversalización de la perspectiva de género?
Según María Graciela Cuervo, en los años 90s, cuando se inició la preocupación con que el enfoque de género se integrara a los proyectos sociales, su interpretación y aplicación eran subjetivas y variaban mucho con cada proyecto. En la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, sin embargo, se arraigó la necesidad de transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas. En la ocasión, como resultado del fortalecimiento de los movimientos feministas a nivel global, se firmaron compromisos y se elaboraron guías sobre cómo avanzar en los derechos humanos de las mujeres y, por primera vez, se mencionó la importancia de transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas y marcos normativos.  La declaración donde se detallan esos puntos puede ser encontrada aquí. En 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de transversalización como una estrategia para lograr la igualdad de género. "Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros." Fuente: Economic and Social Council, ECOSOC (2002). Gender Mainstreaming. An Overiew. United Nations. New York. January. En tal sentido, es importante subrayar que, aunque el objetivo final de una determinada política pública no sea necesariamente alcanzar la igualdad de género, en el momento en que se incorpora esta perspectiva en la política, alcanzar la igualdad de género se convierte en un objetivo. A partir de esa definición se describen algunos principios básicos para la transversalización del enfoque que incluyen:
  • la identificación/diagnóstico inicial de cómo los problemas o cuestiones afectan de manera diferente a los niños/hombres o las niñas/mujeres;
  • La creación y/o aplicación de mecanismos para monitorear los progresos realizados incluidos los análisis sistemáticos por género (cualitativa o cuantitativa);
  • La voluntad política y asignación de recursos adecuados (financieros y humanos) así como marcos normativos internacionales, regionales o nacionales que plasmen las políticas públicas o programas;
  • el hecho de haber políticas transversales no elimina la necesidad de políticas públicas específicas/positivas para mujeres, niñas o población LGBTI.
Vale destacar que el enfoque de género debe ser visto con un enfoque más amplio, no limitado apenas a hombres/mujeres o niños y niñas, avanzando en la incorporación a poblaciones lesbianas, gays, intersexuales e intersex.
Primero el diagnóstico y luego las propuestas de políticas con perspectiva de género
En relación a los indicadores o hechos más apropiados para medir, monitorear o mostrar la incorporación del enfoque de género, se entiende que su determinación depende del resultado que se quiere alcanzar. Por lo tanto, el diagnóstico inicial es fundamental para determinar cuál es el problema que resulta en desigualdad y qué se pretende alcanzar a partir del desarrollo e implementación de una política con perspectiva de género. Se recordó que es importante mirar cuál es la posición y condición de las niñas y de las mujeres en la sociedad en el momento de definir la intervención, además de desnaturalizar las expectativas culturales que tenemos en relación a ellas para poder dar un diagnóstico preciso, y luego diseñar y definir la intervención que busca esa brecha de condición y de poder. Un desafío para mensurar los avances en relación al enfoque de género en las políticas educativas es la poca disponibilidad de informaciones estadísticas más amplias a respecto a la perspectiva de género a nivel regional. Los Asuntos de Género y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL tienen informaciones más actualizadas y las recoge a partir de encuestas nacionales sobre matriculación en la educación primaria, alfabetización de personas jóvenes, matriculación en educación secundaria y alumnos/maestros en la educación primaria y secundaria. Sin embargo, sólo algunas de esas informaciones están desagregadas por género, lo que dificulta el diagnóstico a nivel regional y, a su vez, el monitoreo de cómo y hacia dónde se avanza. Por otro lado, el monitoreo de la política no es sólo un tema de números, se trata de analizar y atacar las causas de la desigualdad,  lo que implica desarrollar indicadores no solo cuantitativos sino también cualitativos. Los estudios que hacen algunas instituciones a nivel nacional, como Plan Internacional, pueden dar algunas referencias en relación a la deserción escolar y el embarazo adolescente, por ejemplo.
Los Derechos Humanos como base normativa de la incidencia con perspectiva de género
La incidencia con perspectiva de género tiene como elemento fundamental los derechos humanos como base normativa para la incidencia por la igualdad de género. Esta base se compone por diversos instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). La adopción de un enfoque en derechos humanos implica utilizar los principios de universalidad, indivisibilidad,  interdependencia y progresividad de derechos en el momento de incidir por la implementación de la política pública. Eso significa que una intervención debe considerar, en el momento de su formulación e implementación, que el disfrute y la denegación de diversos derechos se encuentran estrechamente entrelazados. Aunque se dispongan de recursos económicos, humanos y contextos socio-políticos limitados, que obligan a priorizar grupos e/o identidades y causas, reconocer  la interdependencia de los derechos en las propuestas de incidencia nos permite avanzar en la garantía de los derechos humanos. Por ello es fundamental incidir también por políticas públicas paralelas para que se amplíen los derechos que garantizan la igualdad. El elemento de la universalidad está claramente reflejado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con la frase “no dejar a nadie atrás”. Por otro lado, el movimiento feminista viene trabajando de manera paralela el concepto de interseccionalidad, lo que significa que todas y todos son sujetos de diferentes tipos de discriminación y desigualdad de acuerdo a su propio contexto, y que cada persona puede ser sujeto de discriminación desde diversas formas de desigualdad, que se entre-cruzan.  Ese instrumento de análisis preconiza que la identidad de cada persona es formada por diferentes ejes (biológicos, culturales, sociales), que a su vez tienen sus sistemas de opresión, discriminación y dominación. Como esos ejes – el género, la etnia, la clase social, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad etc – interactúan de manera simultánea, y acaban por potenciar las posibles formas de discriminación. Así, para dar un ejemplo, una mujer negra y pobre vive experiencias de discriminación y/o desigualdades diferentes de una mujer blanca y de clase media. De esa manera, las políticas educativas con enfoque de género tienen que atender a esos diferentes ejes; de lo contrario, tienden a ser limitadas e insuficientes. Si una política que busca mejorar los índices de compleción escolar de niñas, no toma en cuenta las dificultades de acceso como la responsabilidad con el cuidado del hogar y el trabajo doméstico, el riesgo de violaciones en el camino a la escuela, entre otros,  difícilmente garantizará su permanencia en la escuela. Por ende, el concepto de interseccionalidad es fundamental en el momento de definir una política educativa o proyecto con enfoque de género porque permite ampliar la forma en que se piensa la intervención de incidencia.
Breve intercambio de aprendizajes entre pares
En la segunda parte del conversatorio, se pasó a un intercambio entre las y los participantes sobre sus propias experiencias de incidencia política a partir de una perspectiva de género. Conozca aquí los casos de incidencia del Grupo Mayor de Mujeres en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de incorporación de la temática en la labor del Foro Socioeducativo.">

Elementos para pensar qué significa incorporar la perspectiva de género en acciones de incidencia política por la realización del derecho a la educación

6 de junio de 2018

El día 9 de mayo del 2018, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el marco de la iniciativa del Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación (FRESCE) promovió un diálogo virtual sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de incidencia política en el cual participaron los foros nacionales miembros de CLADE en Honduras, Haití, Nicaragua y República Dominicana, participantes del FRESCE en América Latina y el Caribe. (más…)

En la segunda parte del <a href=diálogo virtual en los procesos de incidencia política, se compartieron experiencias en la incorporación del enfoque de género en los trabajos de incidencia. Durante el evento, realizado el 9 de mayo del 2018 por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la coordinadora técnica del Foro Socioeducativo, Magda Pepén Peguero, la asesora de género y el gerente de programas de Plan Internacional República Dominicana, respectivamente Santa Mateo y Silvio Minier, compartieron sus experiencias en la incorporación del enfoque de género en sus trabajos. En el 2017, el Foro Socioeducativo de República Dominicana realizó un diagnóstico rápido del conocimiento que tenían sus miembros sobre la temática y propuestas para la definición de una política de igualdad de género,  con el apoyo del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), así como realizó un primer acercamiento a la transversalización del enfoque de género en la política y práctica educativa de la República Dominicana, presentando su evolución, avances y retos. En el proceso, Magda Pepén Peguero, coordinadora técnica del FSE, afirma que el Foro tuvo dificultades en encontrar datos estadísticos y estudios cualitativos  respecto del tema. El boletín 18 muestra que aunque el marco normativo dominicano sea suficiente, el desafío en el país se constituye en la aplicación de las leyes. En ese sentido, ella destacó el trabajo que hace Plan y las agencias de Naciones Unidas a nivel nacional como acciones importantes para presionar el país a alcanzar las metas del ODS 5 y desarrollar indicadores para medir los avances en términos educativos con la perspectiva de género. Plan Internacional República Dominicana, que es miembro del FSE, ha adoptado, a su vez, cuatro parámetros para lograr la transversalización de la perspectiva de género en sus intervenciones: decidir, participar, prosperar y aprender. Según Santa Mateo, asesora de género, y Silvio Minier, gerente de programas, la organización busca no sólo abordar el tema, como también transformar las relaciones de género y, para ello, parte del principio de que, es fundamental desmontar las prácticas normatizadas en distintas dimensiones – en los sujetos, en las casas, en las escuelas, en las culturas, en las políticas públicas y en las leyes. Otra estrategia utilizada por Plan es, de un lado, transformar y crear la conciencia de las nuevas generaciones de manera preventiva y, de otro, construir un nuevo modo de ser, buscando convencer y cambiar los que reproducen modelos y patrones culturales. De esa manera, Plan viene trabajando con los niños, adolescentes y hombres, utilizando un abordaje distinto de lo que utiliza con las niñas, adolescentes y mujeres, una vez que uno reproduce y genera la opresión mientras el otro la sufre y la vive. Otra estrategia es tipificar las relaciones e identificar de dónde se generan las opresiones y violencias para poder diseñar las acciones en las comunidades y proponer cambios en las políticas y a nivel legislativo. Esos procesos son cumulativos, deben ser constantes y continuos y es importante haber voluntad política para invertir recursos en la implementación de las políticas públicas. En conclusión, Plan ha desarrollado una fuerte experiencia en intervenciones focalizadas que responden a la exclusión social, la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas, entre estas, Crecer Contenta –  enfocado en las niñas y las adolescentes de 10 a 14 y de 15 a 18 años –  y Hombres Jóvenes por la Igualdad de Género –  enfocado en hombres jóvenes de 14 a 18 años. Dichas experiencias  han sido incorporadas en proyectos como Academia TUI  que ofrece a un grupo de jóvenes en riesgo o víctimas de explotación sexual en las comunidades vinculadas al sector turismo, la oportunidad de acceder a empleos en hoteles a través de un completo programa de entrenamiento y apoyo al cuidado de los niños/as hijos de las beneficiarias. Plan RD ha consolidado su experiencia en el trabajo de influencia a nivel nacional impulsado por investigaciones y estudios[1] que han aportado evidencias para hacer demandas concretas a los tomadores de decisiones, logrando ir más allá de la sensibilización a nivel comunitario para fortalecer el acceso y uso de la información pública. A partir de estos estudios, se han desarrollado campañas de movilización social, como por ejemplo #18nomenos, que han conseguido impulsar iniciativas para la eliminación de las excepciones al matrimonio antes de los 18 años en el Código Civil y la declaración del Día Nacional de la Niña (11 de Octubre), mediante Decreto Presidencial. [1] Estudios como Mercado Laboral y Oportunidades de Emprendimiento, Matrimonio Infantil Forzado (Niñas Esposadas), Embarazos en Adolescentes, Trata y Trafico de NNA, entre otros.">

Las experiencias de Plan Internacional y del Foro Socioeducativo en incidencia por la incorporación del enfoque de género en políticas educativas

En la segunda parte del diálogo virtual en los procesos de incidencia política, se compartieron experiencias en la incorporación del enfoque de género en los trabajos de incidencia. (más…)

En la segunda parte del <a href=diálogo virtual sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de incidencia política, realizado el 9 de mayo del 2018 por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Maria Graciela Cuervo, co-coordinadora general de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una nueva Era (DAWN por su sigla en inglés) compartió su experiencia de incidencia política en las negociaciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible entre los años de 2012 y 2015. En ese entonces desde el Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE, por sus siglas en inglés). Según María Graciela, la red trabajó durante tres años (2012-2015) para incluir en el ODS 4 la siguiente perspectiva: Garantizar el acceso universal y equitativo a la educación formal y no-formal, incluyendo a la educación en sexualidad integral, igualdad de género, derechos humanos y sostenibilidad medio ambiental. Al final del proceso, temas de género y educación se pudieron incorporar a lo largo de toda la Agenda 2030, y a modo de ejemplo María Graciela mencionó como las metas: 3.7 (salud); 4.7, 4.1, 4.3 y 4.5 (educación). Desde su perspectiva, el éxito de la incidencia está relacionado con el uso de las siguientes estrategias:
  • Tener un objetivo claro e integral sobre igualdad de género, que era integrar metas a lo largo de toda la agenda para visibilizar la importancia de alcanzar igualdad de género en distintos ámbitos (salud, educación, igualdad de género, medio ambiente etc).
  • Priorizar las demandas y lograr construir consensos, pese a las diversidades del movimiento, lo que garantiza democracia, representatividad y una adecuada experticia. La inclusión de personas de otras áreas y movimientos contribuye a la construcción de argumentos fuertes y progresistas (interdependencia de los derechos humanos) y a un movimiento de sociedad civil más sólido (que es otro resultado de la incidencia).
Ella explicó que, construir posiciones y visiones comunes a partir de diferentes movimientos exige esfuerzos para conocer y escuchar las posiciones de los otros grupos, para democratizar las estrategias y, luego, seleccionar la que se desea apoyar o integrar a su propia estrategia. Es una estrategia de “ganar-ganar”, que busca el punto en común y lleva en cuenta la reciprocidad al asumir las causas ajenas. No se trata de imponer la agenda completa al otro ni de asumirla. Por otro lado, un riesgo de esta estrategia de apertura a nuevos grupos y a la diversidad es aliarse a grupos que no defienden los derechos humanos en su integralidad, o que están financiados por intereses opuestos, en contra a la educación pública y de calidad. De esa manera, es importante estar atento a que la discusión se mantenga en el espacio público, porque el poder de influencia de la sociedad civil es en relación al Estado y no al sector privado. Asimismo, es fundamental tomar en cuenta la relación desigual de poder en base a recursos. Para más informaciones y detalles sobre los aprendizajes de incidencia desde Grupo Mayor de Mujeres en la Agenda 2030, puede acceder al informe Power Lessons – Women’s Advocacy on the 2030 Agenda y al artículo Feminist mobilizing and intense advocacy from Rio +20 to the SDGs, elaborados respectivamente por International Women’s Health Coalition y por DAWN - disponibles apenas en inglés.">

La experiencia de incidencia en la Agenda 2030 desde el Grupo Mayor de Mujeres

En la segunda parte del diálogo virtual sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de incidencia política, realizado el 9 de mayo del 2018 por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Maria Graciela Cuervo, co-coordinadora general de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una nueva Era (DAWN por su sigla en inglés) compartió su experiencia de incidencia política en las negociaciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible entre los años de 2012 y 2015. En ese entonces desde el Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE, por sus siglas en inglés). (más…)

El Senado colombiano aprobó el 4 de abril la mayoría de los artículos del proyecto de ley 174/2017, de autoría del Ministerio de Educación Nacional, que convierte los créditos educativos en una trampa para el bolsillo de las y los universitarias/os. Esta norma se aplicará a estudiantes e instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en los términos que el gobierno reglamente. El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una entidad financiera vinculada al Ministerio de Educación. La deuda estudiantil dejará de ser un déficit bancario para convertirse en tributario, lo que significa que no se extinguirá por insolvencia o muerte de la o del deudora/r, sino que podrá ser heredada por sus hijas/os. En un comunicado público, el senador colombiano Senén Niño (Polo Patriótico) declaró que “este proyecto de ley se constituye en otro atentado contra el derecho fundamental a la educación gratuita en las instituciones oficiales de educación superior, y en una trampa al bolsillo de los colombianos”. De acuerdo al parlamentario, al tratar la educación universitaria en Colombia como un negocio, el proyecto de ley ataca el derecho humano a la educación gratuita en el país. Además, esta medida desmotiva la población con menos ingresos a acceder a la enseñanza superior, por temor a endeudarse. La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebra del 22 al 28 de abril de 2018, se suma a la movilización estudiantil que se opone al proyecto de Ley 174/2017, por considerarlo lesivo para las y los estudiantes, sus familias y las futuras generaciones. “Defendemos la gratuidad y universalidad de la educación, logrando el ingreso pleno y gratuito de la población colombiana al sistema educativo de calidad, público, estatal, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; incluyendo la educación de personas jóvenes y adultas y terminando así con el endeudamiento de las familias más empobrecidas con el ICETEX y con los bancos, por causa de la educación”, afirma la CCDE en posicionamiento público lanzado en el contexto de la SAME. En entrevista a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), Cecilia Gómez, integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, manifestó que el proyecto de ley 174 tiene varios aspectos negativos para las/os estudiantes; por una parte, para estudiantes que son de clases populares la deuda es lesiva y atenta contra el derecho humano a la educación. Para Gómez, se abre camino a la privatización de la educación, perdiendo el derecho plural y democrático de acceso. Y por último, si esa deuda no puede ser cubierta por los y las estudiantes son sus familiares quienes tendrían la obligación de pagarla. Lea y escuche también <a href=aquí entrevista sobre el proyecto de Ley 174/2017, realizada por ALER con el senador Senén Niño.">
El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos

Colombia: Avanza la privatización de la educación universitaria

26 de abril de 2018

El Senado colombiano aprobó el 4 de abril la mayoría de los artículos del proyecto de ley 174/2017, de autoría del Ministerio de Educación Nacional, que convierte los créditos educativos en una trampa para el bolsillo de las y los universitarias/os. Esta norma se aplicará a estudiantes e instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en los términos que el gobierno reglamente.

El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una entidad financiera vinculada al Ministerio de Educación. La deuda estudiantil dejará de ser un déficit bancario para convertirse en tributario, lo que significa que no se extinguirá por insolvencia o muerte de la o del deudora/r, sino que podrá ser heredada por sus hijas/os.

En un comunicado público, el senador colombiano Senén Niño (Polo Patriótico) declaró que “este proyecto de ley se constituye en otro atentado contra el derecho fundamental a la educación gratuita en las instituciones oficiales de educación superior, y en una trampa al bolsillo de los colombianos”.

De acuerdo al parlamentario, al tratar la educación universitaria en Colombia como un negocio, el proyecto de ley ataca el derecho humano a la educación gratuita en el país. Además, esta medida desmotiva la población con menos ingresos a acceder a la enseñanza superior, por temor a endeudarse.

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebra del 22 al 28 de abril de 2018, se suma a la movilización estudiantil que se opone al proyecto de Ley 174/2017, por considerarlo lesivo para las y los estudiantes, sus familias y las futuras generaciones.

“Defendemos la gratuidad y universalidad de la educación, logrando el ingreso pleno y gratuito de la población colombiana al sistema educativo de calidad, público, estatal, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; incluyendo la educación de personas jóvenes y adultas y terminando así con el endeudamiento de las familias más empobrecidas con el ICETEX y con los bancos, por causa de la educación”, afirma la CCDE en posicionamiento público lanzado en el contexto de la SAME.

En entrevista a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), Cecilia Gómez, integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, manifestó que el proyecto de ley 174 tiene varios aspectos negativos para las/os estudiantes; por una parte, para estudiantes que son de clases populares la deuda es lesiva y atenta contra el derecho humano a la educación. Para Gómez, se abre camino a la privatización de la educación, perdiendo el derecho plural y democrático de acceso. Y por último, si esa deuda no puede ser cubierta por los y las estudiantes son sus familiares quienes tendrían la obligación de pagarla.

Lea y escuche también aquí entrevista sobre el proyecto de Ley 174/2017, realizada por ALER con el senador Senén Niño.

Financien lo justo: República Dominicana más allá del 4%

22 de marzo de 2018

El Foro Socioeducativo, Oxfam en República Dominicana y World Vision República Dominicana organizaron ayer (21 de marzo) el conversatorio “Más allá del 4%: suficiencia y calidad del gasto en la educación preuniversitaria”, con el objetivo de analizar la suficiencia y calidad del gasto destinado por el Estado dominicano a la educación preuniversitaria. (más…)

Mujer frente al Congreso dominicano con cartel en el que se lee
FSE

República Dominicana: Organizaciones sociales demandan transparencia y participación en debate del presupuesto

14 de noviembre de 2017

Los colectivos hacen un llamado al congreso a escuchar las voces de las organizaciones y considerar sus propuestas para el uso de los recursos que aportan a través de los impuestos (más…)

<em>En la propuesta se establecen 20 ejes divididos en nueve partes, según explicó Lucio Gil, también doctor en educación. </em><!--more--> Fuente: <a href=El Nuevo Diario Una propuesta de “Agenda Educativa Nacional para transformar la educación del país” fue presentada en un foro realizado el 1º de noviembre de 2017 en Managua. Esta iniciativa plantea mejoras para la educación inicial, básica, media, educación de adultos, educación especial, formación docente y educación técnica. El documento fue elaborado por el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua, el Instituto de Educación de la UCA (Ideuca), el Movimiento Fe y Alegría y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (Ceaal). “Nosotros creemos que en esta tarea monumental de transformar la educación, el Ministerio de Educación (Mined) no puede estar solo. Estamos a disposición de contribuir con el Mined y queremos poder discutir cada uno de los elementos de la propuesta con sus directivos”, expresó Jorge Mendoza, director del Foro de Educación y Desarrollo Humano. “La educación es factor clave y decisivo del desarrollo humano del país, por lo tanto le concierne a todas las fuerzas vivas del país, pero también la educación es responsabilidad y tarea de todas las instituciones, familias y ciudadanía en general”, enfatizó Rafael Lucio Gil, director del Ideuca, antes de describir la propuesta. El director nacional de Fe y Alegría, padre Everardo Víctor, enfatizó en que la propuesta se fue construyendo colectivamente desde 2015, y se elaboró realizando foros y encuentros en todo el país que incluyeron a docentes, estudiantes, padres de familia, organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas y científicas especializadas, universidades y movimientos sociales y comunales. También se tomaron en cuenta resultados obtenidos en varias investigaciones y propuestas realizadas en torno a la realidad educativa, agregó Mendoza. “La agenda es abierta, y decimos esto en el sentido de que todavía no está acabada, está abierta porque ahora hay que impulsarla entre los que toman decisiones”, recalcó el padre Víctor, quien señaló que para Fe y Alegría esta propuesta también le permitirá a los 22 colegios del movimiento “ver cómo lo vamos a implementar, ver cómo estamos, tenemos nosotros también que actualizarnos e impulsarlo desde la práctica”. Mendoza aseguró que se harán las gestiones para presentar el documento ante la dirección del Mined, la Comisión de Educación del Parlamento, la oficina enlace de la Unesco con el Mined, el asesor de la presidencia para educación, y otros organismos internacionales que trabajan en el desarrollo de la educación. Esperan que algunas de las medidas se puedan insertar dentro del Plan Nacional de Educación que desarrolla el Mined y que está planteado de 2017 a 2021. ¿Qué dice la propuesta? En la propuesta se establecen 20 ejes divididos en nueve partes, según explicó Lucio Gil, también doctor en educación. De la primera a la tercera parte se exponen los modelos de desarrollo, el modelo educativo, las reformas y políticas educativas, el derecho a la educación desde la equidad, pertinencia y eficiencia, la calidad de la educación, la transformación del currículum, y nuevos métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Las siguientes tres partes exponen a maestros y maestras como actores clave de la educación de calidad, el fortalecimiento de capacidades de funcionarios del Mined Central y de los delegados departamentales y municipales, la relevancia de la producción de investigaciones desde el Ministerio y la importancia de priorizar la calidad de la enseñanza desde los primeros tres grados de educación básica. En las últimas tres partes se expresa la importancia del monitoreo, evaluación y rendición de cuentas y se explica la legislación y el cumplimiento de acuerdos internacionales. Además, se resalta la relevancia que debería tener la educación rural, modalidad multigrado y la educación intercultural. ¡Financien lo Justo! - En el marco de la movilización regional que impulsa la CLADE "¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos", el Foro de Educación y Desarrollo Humano aprovechó el evento mencionado para subrayar la necesidad de garantizar más y mejores recursos para la educación pública del país, de manera que se puedan cumplir las propuestas de la Agenda Educativa nacional planteada, así como las metas de la Agenda de Educación 2030, por la cual los Estados miembros de la ONU se comprometieron a garantizar una educación gratuita, pública, de calidad, inclusiva y equitativa para todas y todos. También en apoyo a dicha movilización regional, el Foro ha compartido los materiales comunicativos y mensajes clave de la iniciativa con organizaciones de la sociedad civil, universidades, estudiantes y movimientos juveniles, con miras a sensibilizarlos y concientizarlos sobre la urgencia de aumentar los recursos públicos que se invierten actualmente en educación. Asimismo, representantes del Foro de Educación concedieron entrevistas a medios de radio y tele representativos del país, con miras a darle visibilidad a la temática de la iniciativa regional y ponerla en la agenda pública.">

Presentan propuesta para transformar la agenda educativa de Nicaragua

2 de noviembre de 2017

En la propuesta se establecen 20 ejes divididos en nueve partes, según explicó Lucio Gil, también doctor en educación.  (más…)

En el marco de la movilización regional que impulsa la CLADE “¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) realiza entrevistas para discutir el financiamiento de la educación en la región de América Latina y el Caribe. Para dialogar sobre las actividades realizadas en Colombia, se contó con la participación de María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Ambas comentaron el serio problema de la desfinanciación de la educación en Colombia en los últimos años, así como las movilizaciones más recientes protagonizadas por estudiantes, sindicatos docentes y organizaciones de la sociedad civil contra los recortes presupuestales y para defender más recursos para la educación pública en el país. También resaltaron que la iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) de exigir un financiamiento justo y adecuado para la educación en la región aporta un respaldo importante a las reivindicaciones específicas del contexto colombiano. Ahora que Colombia apuesta por la paz, “queremos que los recursos que se iban a la guerra y a las fuerzas armadas se inviertan en educación y los demás derechos de las comunidades”, dice Cecilia Gómez. Escuche a continuación la entrevista completa: <iframe src=">

Colombia se suma a movilización regional por un financiamiento justo para la educación

11 de octubre de 2017

En el marco de la movilización regional que impulsa la CLADE “¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) realiza entrevistas para discutir el financiamiento de la educación en la región de América Latina y el Caribe.

Para dialogar sobre las actividades realizadas en Colombia, se contó con la participación de María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Ambas comentaron el serio problema de la desfinanciación de la educación en Colombia en los últimos años, así como las movilizaciones más recientes protagonizadas por estudiantes, sindicatos docentes y organizaciones de la sociedad civil contra los recortes presupuestales y para defender más recursos para la educación pública en el país.

También resaltaron que la iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) de exigir un financiamiento justo y adecuado para la educación en la región aporta un respaldo importante a las reivindicaciones específicas del contexto colombiano. Ahora que Colombia apuesta por la paz, “queremos que los recursos que se iban a la guerra y a las fuerzas armadas se inviertan en educación y los demás derechos de las comunidades”, dice Cecilia Gómez.

Escuche a continuación la entrevista completa:

Foto: CADE

Argentina: el derecho a la educación en cuestión

27 de septiembre de 2017

Privatización, desinversión y precarización educativa (más…)

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