En decisión histórica, Banco Mundial decide suspender inversiones en escuelas privadas con fines de lucro
9 de abril de 2020La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial ha anunciado un compromiso oficial de congelar las inversiones en escuelas privadas de preprimaria, primaria y secundaria con fines de lucro. (más…)
Aminta Navarro: "No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.[/caption]
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro - No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial. De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara. Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro - Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada."Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos"Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”. También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro - Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos. Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios. Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro - Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”. Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro - Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.La definición 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro - Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos. Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro - Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación. Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa. En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos. Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro - En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial."No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes"Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro - Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley. La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro - La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas. Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República. ">Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”
21 de marzo de 2020La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. (más…)
Fernanda: "Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado". Foto: conadu.org.ar[/caption]
Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe "Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina", el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
Lee más a continuación.
La investigación cita la tendencia hacia un borramiento de la frontera entre lo público y lo privado en la región. ¿Puede explicar cómo y por qué se da este proceso?
Fernanda Saforcada - Nosotras hablamos de este borramiento entre lo público y lo privado por algunas cuestiones que emergieron en la investigación. La primera tiene que ver con cómo jurídicamente se deja de hablar de educación pública y educación privada, y se habla de educación en general. Luego, se distingue si la gestión es estatal o particular, como si fuese solamente un tema de gestión. Lo que está por detrás es el interés en hacer parecer que toda la educación es pública, incluso la privada. Esto se observa en todos los niveles educativos y también en la educación superior.“El primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada”En ese sentido, está presente la idea de que lo privado también es público porque estas universidades finalmente sirven o tienen “fines públicos”, “hacen un servicio público” y, por lo tanto, no se pueden pensar como cualquier otra entidad privada. Entonces, el primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada. La segunda cuestión, que va de la mano a la anterior, es el planteamiento de que la distinción público versus privado no tiene sentido, pues dicen que las universidades privadas más tradicionales son iguales a las universidades públicas. Se afirma que lo que habría de distinguirse es si son comerciales o no comerciales, o si son de calidad o no. En algunos países, aparece la distinción entre universidades con y sin fines de lucro. Lo que sostenemos es que estas son distinciones que se pueden hacer, pero que eso no implica dejar de tener presente la distinción entre universidad pública y universidad privada; no implica que tenga valor, y muy importante, en términos de regulación del sistema esta distinción entre público y privado. En la investigación, nos propusimos reconstruir las trayectorias de la privatización en los distintos países, y esto todavía está en proceso, ya que solamente publicamos la primera etapa. Pero, cuando uno mira a esas trayectorias de la privatización, lo que encuentra es que la primera ola de privatización se produce a mediados del siglo pasado y, sobretodo, por la acción de la Iglesia Católica. En esta primera ola, la mayoría de las instituciones privadas que se abren fueron universidades confesionales. Poco tiempo después, en el marco del desarrollismo, se abren algunas universidades privadas con una fuerte orientación técnica, pero pocas. A fines de los 1980 y comienzo de los 1990, aparece la privatización de instituciones. Entonces, vemos que las universidades privadas que surgieron con anterioridad buscan distinguirse de las que aparecen en los 1990. Se plantea que ya no hay sentido en hablar de público o privado, sino que se debe distinguir entre las universidades tradicionales y las nuevas, o entre universidades comerciales y no comerciales, de calidad y sin calidad. Se plantea que las nuevas universidades no tienen calidad.
“Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político”Desde nuestra perspectiva, dichas distinciones no quitan la importancia de diferenciar entre lo público y lo privado en términos de la forma cómo se regula el sistema. Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político. Por ejemplo, en las universidades confesionales, puede ser que haya una captación de recursos, pero el interés no pasa por el recurso económico, el interés primordial tiene que ver con la formación de subjetividades, acordes a un cierto ideario, doctrinario, ideológico. Entonces, somos muy enfáticas en la importancia de pensar la privatización en esta doble dimensión. Entendemos la privatización como proceso por el cual un sistema, un conjunto de instituciones se orientan al sector privado, o pasan a regirse por el sector privado, ya sea por sus objetivos o por sus formas de funcionamento económico o ideológico-político. En dicha equiparación entre lo público y lo privado, desaparece esta lógica y parece que la diferencia entre público y privado solo tiene que ver con lo comercial y no comercial, o con las formas de financiamiento. Planteamos lo contrario, pues las universidades son privadas porque funcionan de acuerdo a los intereses e ideario de un sector particular. Estas cuestiones, que son de corte más simbólico y político, tienen también una expresión material en el borramiento entre lo público y lo privado, como estrategia. Esta fue la manera que encontraron en muchos países, para redirigir fondos públicos - que históricamente eran invertidos exclusivamente en el sector público universitario - al sector privado. En este siglo, y sobre todo en los últimos cinco o seis años, fondos de investigación que antes solo se otorgaban mediante concursos u otros dispositivos de distribución, a investigadoras/es de universidades o centros de investigación públicos, empiezan a ser distribuidos de acuerdo al criterio de la “calidad” incluyendo sector público y privado. Lo que plantean estas políticas es que lo que importa es la calidad del proyecto de investigación o de los investigadores/as. No se habla sobre público-privado. Cualquier investigador puede concurrir a estos fondos, ya sea de universidad pública o de universidad privada. Lo mismo pasa con las becas para la formación de postgrado, investigación, o sistemas de incentivos a investigadores. Lo que encontramos es que hay una masa de recursos muy sustantiva que antes solo iba al sector público, y que este borramiento entre público y privado, y el desplazamiento a otras lógicas de distinción entre instituciones, habilitan a que una parte sustantiva de esos recursos se dirija al sector privado.
¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos público y privado en la educación universitaria latinoamericana, en materia de acceso, calidad, equidad, inclusión, etc.?
Fernanda Saforcada - Creo que la gran diferencia tiene que ver con lo que construye políticamente uno y otro, incluso más allá de lo que efectivamente se enseñe o se investigue dentro de estas instituciones. La idea misma de lo público - pensado como bien común -. en términos simbólicos y políticos, es bien potente. Me parece que eso es parte de cómo se construye, cultural y simbólicamente, al servicio de otras perspectivas políticas. Cuando empezamos a analizar caso a caso, por supuesto, que uno encuentra muchas contradicciones. En Brasil, el sector público universitario es identificado como de mayor calidad y donde se produce casi la totalidad del conocimiento, en términos de proceso de investigación. Pero, la condición para ingresar a la universidad es la selectividad, aunque haya sido tensionada con las políticas de cupos para personas negras, indígenas y con menos ingresos. O sea, se sigue construyendo la idea de una distinción entre quienes merecen, o no, estar en la universidad pública. Por supuesto, que defendemos la universidad pública, pese a los procesos de selectividad que, desde mi punto de vista, van a contramano del derecho a la educación. Esta es la universidad pública donde existen algunos elementos muy importantes que hacen a lo público, pero además es donde existe la potencia de construir algo distinto. Por eso, la privatización me preocupa más en términos ideológicos y políticos, que en lo económico. Por otro lado, están las universidades de bajo costo, que son un problema en Brasil y Perú, por ejemplo. No es algo que ocurra en todos los países, pero son instituciones que están ofreciendo una formación muy débil en la mayoría de los contextos. En realidad, no les importa la educación, sino el lucro. Captan una cantidad de recursos muy sustantiva y tienen a muchos jóvenes matriculadas/os. Eso les da un poder muy grande en términos de negociar con ámbitos de la política pública y actores de poder. Así, las universidades privadas son actores que cada vez tienen más poder. Nuestra investigación demuestra que la capacidad de incidencia del sector universitario privado en ámbitos de la política pública es notoria. Tienen capacidad de lobby en el poder ejecutivo, en los ministerios, capacidad para buscar las estrategias que les permitan ser parte creciente en los organismos y agencias de la definición de la política. Por ejemplo, si existe un consejo de educación superior, despliegan estrategias para tener cada vez más representantes en este espacio. Tienen capacidad de lobby o de ser directamente parte de los poderes legislativos. Suelen tener congresistas y legisladores propios, inclusive financian campañas políticas para legisladores.La investigación también afirma que hay una disputa respecto a los sentidos de la educación. ¿Qué está en juego?
Fernanda Saforcada - Lo que está en juego es el sentido de la educación. No se puede mirar la privatización universitaria por fuera de la privatización de la educación básica. En estas últimas fases del capitalismo post-Estado de bienestar, hubo una mirada del poder económico sobre la educación como un nicho comercial que no había sido explotado aún. Entonces, a partir de los 1990, hubo una arremetida clara del sector productivo para explotar el potencial de lucro en la educación, una posibilidad de negocio en gran escala, que todavía estaba mayoritariamente en manos de los Estados. Así se pensó en ir avanzando la explotación de este negocio desde los intereses de los países centrales y de las grandes multinacionales y corporaciones, apostando que avanzara el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cuando eso se frena, a fines de los 1990, y no logran que los países abran el sector educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios, entonces algunas empresas empiezan a desarrollar estrategias para expandir el negocio sea con sedes locales o con alianzas de empresas transnacionales para la venta de servicios educativos.“Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado”Por otro lado, en el contexto del neoliberalismo, se construyó la idea de la crisis del Estado y lo privado como la alternativa, de manera que se establecieron las bases simbólicas para la educación privada como salida, lo que implicaba formar otras subjetividades. Ahí hay un interés estratégico político de ciertos sectores de poder económico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado, en términos de redireccionarla a otro sentido. Milton Friedman, en su libro “Libertad de Elegir”, decía que “la educación constituye una isla socialista en el mar del mercado”. De alguna manera, lo que estaba planteando era que hay algo de ese modelo educativo público, estatal, orientado en términos de derechos, justicia social e igualdad, que entrañaba lo que él identificaba como socialismo. Realmente no es así, pero en todo caso camina en un sentido social. Hay un texto de Norbert Lechner, que escribió mirando Chile en los 1980, que plantea cómo la contrucción del orden que identificamos como neoliberal implicó una confluencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. La idea de poner el mercado en el centro de lo político y lo social –lo propio del neoliberalismo– fue una estrategia potente para desarticular las lógicas colectivas y de derechos del Estado de bienestar, para poder construir allí un nuevo modelo conservador que restaure el orden, las jerarquías y el control social. El razonamiento tiene lógica, pues, si en los 1990 presenciamos el auge del neoliberalismo, del individualismo y de la libertad del mercado, hoy los gobiernos autoritarios ya no siguen únicamente la lógica neoliberal y del mercado, sino que en estos tiempos vemos cómo ganan terreno políticas y perspectivas propias de una lógica conservadora de control, de jerarquía social, autoridad y orden. En este contexto, para estos sectores conservadores es preciso romper la forma en que históricamente se conformaron los sistemas educativos en los Estados liberales. En los orígenes de los sistemas educativos en el marco de los nacientes Estados liberales, la educación resultaba una herramienta potente para la formación de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de sujetos que jugaran esas nuevas reglas de juego del Estado liberal. Ese es parte del origen de la idea de educación para todos y todas. Ahora ya no es necesario. Los Estados están instalados. Todas y todos somos partes de este orden social y político, y ya no es indispensable la educación de todas las personas para preservar ese orden. Así, según los sectores neoliberales y neoconservadores, lo que necesitamos ahora, por el contrario, es que la educación deje de alimentar la idea de lo igualitario, del derecho. Para eso, hay que romper con la educación pública, o por lo menos con su definición histórica. Creo que hay que mirar esa progresión histórica para entender por qué este grado de acción e injerencia de ciertos sectores del poder económico y político en la educación y las universidades.
¿Cuáles son los impactos de la privatización de la educación en los sentidos de la educación y para los sujetos de las comunidades educativas?
Fernanda Saforcada - Para las y los docentes, en general, implica formas precarizadas de trabajo. Por lo general, las universidades y escuelas privadas tienden a tener condiciones de trabajo más precarias, inestables, claro con muchas diferencias entre una institución y otra. Para las y los estudiantes, los impactos negativos son muchos, especialmente en lo que toca a las universidades de bajo costo. En Perú, por ejemplo, hay casos de universidades privadas con aranceles muy bajos, pero que un congresista que fue a recorrerlas encontró que, por ejemplo, una de ellas era un edificio de dos aulas, una con piso de tierra y otra con piso hasta la mitad; con un frente que parecía ser un edificio mucho más grande, pero que al entrar era pequeño o que tenían por allí tres profesores para dictar todas las materias de todas las carreras."Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación"Hay también universidades que sólo dictan carreras a distancia, que contratan a un profesor para que escriba los módulos una vez y después usan esos módulos. Lo único que tienen es un tutor que, en muchos casos, no tiene formación. En estos casos, lo que hay es realmente una estafa. Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación. La educación universitaria también tiene fines político-ideológicos muy claros. Uno puede identificar, por ejemplo, como algunas universidades privadas son las que forman los miembros de los gobiernos de derecha o de los gobiernos que avanzan hacia políticas que, en general, delimitan los derechos en los distintos países. Quienes ocupan estos cargos, en general, vienen de determinadas universidades privadas. Entonces, el hecho de ser instituciones de formación es lo que les da esta capacidad de incidencia e influencia en las políticas públicas. La universidad tiene que ver con la formación de más alto nivel de un sector importante y creciente de nuestras poblaciones. Aquí hay un cuestión política de enorme importancia: ¿a quién responde esta formación? ¿Responde a los intereses de un sector particular y a los intereses del poder económico? ¿Responde a los intereses de la iglesia católica? ¿Responde a lo que democráticamente definimos como bien común?
>>Lee la primera parte de la entrevista:El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado">
Fernanda Saforcada: La privatización educativa se realiza también con fines ideológicos y políticos
15 de marzo de 2020“Hay un interés estratégico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y uno de los modos es sacarla del Estado”, explica la investigadora argentina Fernanda Saforcada, en esta segunda parte de una entrevista sobre las tendencias hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
Lee más a continuación. (más…)
Fernanda Saforcada: El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado
2 de marzo de 2020América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública. (más…)
La influencia del sector educativo privado en la educación pública mexicana
17 de febrero de 2020
En diálogo con la CLADE, Mauro Jarquín, tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, presenta sus observaciones y análisis respecto a las políticas públicas y leyes educativas en México, y en qué medida favorecen la privatización y el lucro en la educación, en detrimento de sistemas educativos públicos y gratuitos.
En esta segunda parte del relato, el investigador analiza cómo las corporaciones empresariales han influenciado las políticas educativas en el país, y cómo la educación ha sido parte de la estrategia de estos grupos para llegar al poder. (más…)
Nueva reforma educativa en México y el lucro en la educación
Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.
La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.
>> Lee+ Viceministro de Educación de Perú: “Inclusión es más que adecuar edificios”
Según la Plataforma por la Educación, desde la promulgación de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación (DL 882), se observa un acelerado crecimiento de instituciones educativas privadas de características muy distintas y con fines de lucro en el país. Su espectro va desde aquellas de bajo costo y mala calidad, hasta las que son de excelente calidad pero a un costo altísimo. La Plataforma insta al MINEDU para que mantenga informada a la población sobre la reglamentación del Decreto, en la que se especificarán los mecanismos para su implementación, señalando con precisión a qué tipo de instituciones educativas privadas afectarán las medidas que disponga. “El MINEDU debe tener muy en cuenta la gran diversidad de escuelas privadas para regular equitativamente su funcionamiento y a la vez frenar el lucro que ha convertido a la educación en una mercancía, siendo un factor más de segregación, de segmentación social. El pronunciamiento demanda velar por la calidad de la educación pública y privada, pero solo una educación pública de calidad podrá detener la migración de las familias a las escuelas privadas al alcance de sus bolsillos, y en búsqueda de una supuesta mejor calidad”, afirma Madeleine Zúñiga. >> Lee aquí el pronunciamiento completo">Perú: Sociedad civil celebra reglamentación de la educación privada
13 de febrero de 2020La Plataforma por la Educación, coalición de la sociedad civil en la cual forma parte la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), publicó un pronunciamiento, a propósito de la emisión del Decreto de Urgencia (DU) nº002 del Ministerio de Educación (MINEDU). El decreto anuncia el cierre de cientos de escuelas ilegales que ofrecían servicios a familias de escasos recursos en el país. (más…)
"Existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas"¿Existe alguna legislación nacional que prohíbe o restringe el lucro en la educación? Camille Chalmers: Por supuesto, existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales, han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas. Existe también el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el gobierno haitiano, y por lo tanto, tiene fuerza de ley. Este pacto ofrece provisiones para avanzar hacia la prohibición del lucro en actividades educativas, y hacia la previsión del acceso universal libre y equitativo a los servicios educativos.
¿Cómo se da el lucro en la educación de Haití? Camille Chalmers: La privatización de la educación aquí hace parte de un plan global neoliberal, que ya avanzó bastante. Hay una ley nacional [la llamada Ley de Tasas Escolares] que fue publicada recientemente, y trata de regular el aumento de los gastos reclamados a las y los estudiantes por el sector privado, pero todavía no se está aplicando realmente esta norma. Sin embargo, la ley abre posibilidad para la creación de reglamentos interesantes en términos de prohibir el lucro en la educación. El proyecto de la Ley de Tasas Escolares quedó 10 años en el parlamento, hasta que finalmente la ley fue publicada, hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización.
Respecto a la definición de las legislaciones en Haití, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante? Camille Chalmers: Los actores más importantes en este sentido, en la coyuntura actual, son los sindicatos de profesores y educadores, que tienen un peso importante en la lucha democrática global y, cuando están debidamente informados y sensibilizados, pueden jugar un papel determinante en la presión sobre el Estado y la Asamblea Legislativa.
¿Qué actores han sido los responsables por impulsar el lucro en la educación en Haití? Camille Chalmers: El gobierno, la USAID, que es muy activa y apoya la asociación de escuelas privadas, y sobretodo las escuelas religiosas, protestantes. La asociación de directores de escuelas privadas y también este frente de educadores protestantes tienen mucho financiamiento directo del gobierno de Estados Unidos, de la USAID. Estos actores están presionando hacia la privatización de la educación y para mantener el estado negativo que tenemos en este momento.
La definición de 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país, siendo a menudo un nombramiento jurídico establecido por las propias organizaciones. En Haití, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia en relación a su nomenclatura?
"Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía"Camille Chalmers: En Haití no existe una ley general sobre asociaciones que permitiría definir muy claramente qué es un organismo sin fines de lucro. Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía. Lo que existe son textos legislativos antiguos que fueron adoptados durante la dictadura de [François ] Duvalier, y son represivas. No son aplicables porque fueron adoptadas en un contexto legal totalmente distinto al que tenemos ahora. Hay, entonces, una situación de vacío legal, donde realmente no se define lo que es un organismo sin fines de lucro.
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿qué ajustes o mejoras se debería hacer para consolidar la educación como un derecho humano fundamental? Camille Chalmers: Es una lucha que tenemos que impulsar. La Asamblea actual es una legislatura muy reaccionaria y conservadora, controlada por el gobierno y el PHTK [Haitian Tèt Kale - partido político], que no tiene ninguna sensibilidad social y no está de acuerdo en aplicar medidas para la universalización del acceso a la educación. Como estamos en un período de crisis política profunda y de crisis institucional, que probablemente deben retrasar el proceso electoral para la próxima legislatura, esperamos que mientras tanto surjan organismos más sensibles a este tipo de cuestiones. Nos mantenemos en la lucha contra la orientación neoliberal y contra la privatización de los servicios básicos y también contra el hecho de que están quitando cada vez más las competencias del Estado para transferirlas al sector privado. Es una lucha que llevamos a cabo hace muchos años, y que seguiremos impulsando. Por supuesto, aprovecharemos la transición política para enfatizar estas demandas.
"Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento"¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita? Camille Chalmers: Creo que hay que hacer una campaña global, que abarque la sensibilización de la opinión pública, pero también otros aspectos. En Haití, la gente cree mucho en la educación e invierte mucho en este derecho. Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente. Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento. Hay también todo un trabajo a hacer directamente con las organizaciones gremiales del sector educativo. Pensando en los sindicatos de los profesores y también en algunas asociaciones de directores de escuelas, creo que hay todo un trabajo por hacer con ellos directamente, para darle legitimidad a los nuevos instrumentos legales que permiten asegurar un acceso universal a la educación pública de calidad.
¿Le gustaría añadir otras informaciones? Camille Chalmers: Es importante modificar los compromisos internacionales firmados por el Estado haitiano, los cuales a veces condicionan e impulsan la mercantilización de la educación pública. Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea acaba de firmar con Haití tiene provisiones muy estrictas sobre lo que llaman de servicios educativos, y favorece la tramitación de las transnacionales europeas en la educación nacional, sobretodo en el campo de la investigación y la educación superior. Así, es muy importante que tengamos en la tradición política que se abre la posibilidad de modificar los compromisos tomados, para realmente generar las condiciones favorables a la creación de un plan educativo nacional global, autónomo y soberano, pero también para limitar todo lo que se haga contra la soberanía del país.
Lee también:
El Salvador y Haití: Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad
">Camille Chalmers: “Gobierno, USAID y escuelas religiosas son los principales actores de la privatización educativa en Haití”
29 de enero de 2020
En Haití, país donde el 84% del sistema educativo es formado por escuelas privadas, defender una educación pública y gratuita para todas las personas es uno de los retos más grandes en la lucha por la realización de los derechos humanos en el ámbito nacional.
La CLADE conversó con Camille Chalmers, uno de los representantes de esta lucha, para conocer mejor cómo se da la mercantilización y el lucro en la educación haitiana y cómo la sociedad civil ha resistido a este proceso.
Camille Chalmers es profesor representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) e integrante de la red Jubileo Sur/Américas. Durante el diálogo, Camille Chalmers expuso la vulnerabilidad en relación a las leyes y la reglamentación existentes en el país, respecto al sistema educativo privado.
“Hay una ley, cuyo proyecto quedó 10 años en el parlamento, y que fue publicada hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización”, explicó.
Lee a continuación la entrevista completa. (más…)
¿Existe alguna legislación en Perú que aborde específicamente el tema de la privatización educativa y del lucro en la educación?
Ricardo Cuenca: Sí, existe el Decreto Legislativo 882, publicado en el año 1996. Ese decreto permite efectivamente el lucro en la educación, tanto en la educación básica como en la educación superior.¿En general, cómo la legislación peruana trata el tema?
Ricardo Cuenca: En general, las leyes son ambiguas, salvo el decreto 882 que sí, promueve el lucro. Lo que hacen es mostrar alguna facilidad para la existencia de un sistema privado de educación. Digamos, las leyes, en general, reconocen la oferta privada, aunque no directamente el lucro. Sobre todo en el caso de la educación superior, lo que tenemos es una diversidad de oferta privada: hay tanto la oferta privada sin fines de lucro, como la oferta privada que sí tiene lucro.¿Cuál es la situación en Perú, respecto a la mercantilización de la educación?
Ricardo Cuenca: El nivel de mercantilización en la educación de Perú es más o menos especial entre los otros países. Primero, porque no hay ninguna subvención del Estado hacia lo privado. Es decir, el sistema es puramente privado, y las familias no reciben ningún subsidio público, ningún bono, como por ejemplo en el caso chileno, sino que lo que el gobierno hace es solamente estimular que exista un sistema paralelo al sistema público. Lo que sucede es que no hay ninguna regulación directa del sector privado, sino que se concentra la regulación en lo público y se deja que lo privado vaya avanzando con las leyes del mercado, digamos. Hay opciones que se están tomando ahora en los nuevos reglamentos, que todavía no se aprobaron, para regular la oferta privada en las escuelas, y lo que sigue será la regulación de la oferta privada en las universidades. Pero, son cosas nuevas que todavía no se implementan.¿Cómo se han desarrollado las leyes que se refieren a la educación privada en el país?
Ricardo Cuenca: La elaboración de la legislación sobre educación superior ha estado más o menos concentrada en un trabajo conjunto entre el gobierno, las federaciones privadas y los gremios privados de las universidades. En educación básica, esto es menos fácil de suceder, pero también han participado en las discusiones algunas empresas que, por ejemplo, tienen cadenas de escuelas y quisieron entrar en el debate, para no ver afectados sus propios intereses. Así como hay estas grandes cadenas o consorcios de escuelas privadas, hay también las escuelas privadas muy pequeñitas, de bajo costo, que son la mayoría en el país y que no han tenido ninguna participación directa en los debates sobre legislación. Aunque no haya estudios muy claros, hay muchas evidencias, todavía no están bien ordenadas, de que muchas de estas escuelas pequeñitas son de propiedad de profesores que son directores también."El caso peruano es particular en términos de ser más sincero con su sistema, cosa que no significa que esté bien, pero por lo menos es más transparente en el asunto. Se dice “si tú vas a lucrar, tienes estas normas, y lo vas a lucrar en esas normas”
¿Existen brechas en la legislación actual que permitan el lucro en la educación, o estimulen la práctica lucrativa en este campo?
Ricardo Cuenca: No hay mucho, pero no porque no existan, sino porque hay estos múltiples caminos que tiene la oferta privada para funcionar. Entonces, los proveedores privados que tienen claramente fines de lucro están normados y están regulados como empresas. Por lo tanto, la brecha no es tan grande como aquella para organizaciones privadas que no tienen fines de lucro. El caso peruano es particular en términos de ser más sincero con su sistema, cosa que no significa que esté bien, pero por lo menos es más transparente en el asunto. Se dice “si tú vas a lucrar, tienes estas normas, y lo vas a lucrar en esas normas”.Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que debería hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Ricardo Cuenca: Creo que hay que hacer una mayor regulación, sobre todo, de las escuelas privadas de bajo costo, una regulación fundamentalmente de calidad, porque lo que estamos viendo es que las matrículas en las escuelas privadas, sobre todo en primaria, vienen creciendo. Hasta poco, se veía que eso solamente sucedía en las grandes ciudades, pero yo acabo de terminar un estudio en el que se demuestra que, en las pequeñas y medianas ciudades, está subiendo mucho el nivel de matrículas en el sector privado.Lo que están haciendo es decir: “déjame funcionar porque el Estado no está presente”, lo que es una trampa.Entonces, si no tenemos ningún tipo de regulación, vamos a tener problemas. La calidad de empleo de los profesores que actúan en el sector privado es mucho peor que en el servicio público, y eso trae como consecuencia, entre otras cosas, una calidad de servicio mala. Lo que están haciendo es decir: “déjame funcionar porque el Estado no está presente”, lo que es una trampa. Entonces, a la hora de regular mejor la oferta privada, con los reglamentos propios, el Estado podrá ofrecer la escuela pública de otra manera. Creo que es importante esta combinación, porque me parece imposible que la oferta privada en el Perú desaparezca, a esta altura. El nivel de matrículas en el sector privado es grande, y el Estado no tiene la capacidad para absorber toda la demanda. Allí está el problema, y hay que pensar en cómo darle respuesta.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita para todas y todos?
Aunque tengamos discursos mucho más potentes, no se trata de solo decir ‘estoy en contra de la mercantilización’, sino que hay que presentar con datos los resultados negativos del lucro en la educación.Ricardo Cuenca: Les recomiendo reivindicar cambios legislativos, y además acumular toda la información que exista. Hoy se muestra una gran heterogeneidad de calidad en la oferta privada y, como a veces la oferta pública es mejor que la privada, hay que reunir la mayor cantidad de información posible, para validar las argumentaciones contra la mercantilización. Aunque tengamos discursos mucho más potentes, no se trata de solo decir ‘estoy en contra de la mercantilización’, sino que hay que presentar con datos los resultados negativos del lucro en la educación. Entonces, es importante desarrollar estudios sobre la calidad, oferta, segregación escolar, estudios sobre las desigualdades educativas que analicen la relación público-privado en la educación, y nos permitan reunir argumentos buenos que puedan transformarse en acciones de lobby para modificar la ley.
¿Le gustaría añadir algún otro comentario?
Ricardo Cuenca: Me parece que el ejercicio de mirar la ley, junto con la investigación de base, es un asunto fundamental porque, si solo miramos la legislación, no estoy muy seguro de que podamos avanzar. El mejor ejemplo es el de Perú, donde la muy buena idea de armar una legislación progresista, con la participación de padres y madres de familia, y de toda la sociedad, en el debate sobre educación, terminó siendo la manera como el movimiento conservador “Con mis hijos no te metas” presentó una demanda judicial contra el Estado peruano, por la retirada del enfoque de género del currículo escolar. El Tribunal Constitucional le negó la demanda pero, si hubiese sido solo un tema legislativo, podríamos haber tenido un problema mayor. ">Ricardo Cuenca: “Hay que presentar con datos los resultados negativos del lucro en la educación”
21 de enero de 2020
“El nivel de mercantilización en la educación de Perú es más o menos especial entre los otros países. Primero, porque no hay ninguna subvención del Estado hacia lo privado. Es decir, el sistema es puramente privado, y las familias no reciben ningún subsidio, ningún bono”, analiza el investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y profesor principal del departamento de educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Ricardo Cuenca, en entrevista a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Cuenca aborda las principales características de la educación peruana en relación a leyes nacionales que corroboran la privatización y el lucro de este derecho. Lee el diálogo a continuación. (más…)
Brasil por la defensa del Fundeb con más inversión
17 de diciembre de 2019Desde el 2007, cuando fue creado y reglamentado, el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación (Fundeb) es la manera por la cual Unión, estados y municipalidades en Brasil financian la educación pública.
Después de más de diez años de vigencia, el Fundeb está en riesgo. En fines de 2020 termina la vigencia del fondo, y todavía no se definió una propuesta adecuada para su renovación.
El contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña culminó en disputas sociales. De un lado están el gobierno y el grupo liderado por empresarios del área educativa en el país, llamado “Todos pela Educação (TPE)”, que defiende un aumento de 6% en el complemento de recursos concedido por la Unión a los estados (del actual 9% para el 15% de complementación). Según el grupo, el problema de la financiación educativa está en la distribución y no en el monto de recursos.
De otro lado, están más de 200 organizaciones y movimientos sociales liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), que defiende el 40% de complementación por parte de la Unión a los estados, para que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de Brasil tengan acceso a una educación de calidad.
La Campaña también defiende que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica con calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además considera los costos de mantenimiento.
En el artículo intitulado “El empresariado y el financiamiento de la educación: ¡que nostalgia de Salvador Arena!”, publicado por José Marcelino Rezende Pinto, investigador y profesor de la Universidad de São Paulo (USP) y miembro de la CNDE, se analiza la influencia del empresariado brasileño, representado por el grupo “Todos pela Educação”, en el financiamiento educativo nacional.
“Ignorar 1.5 millones de niñas, niños y jóvenes de 4 a 17 años que, obligatoriamente, deberían estar matriculadas/os en las escuelas, y que no están, no nos parece correcto. Tampoco es correcto desconsiderar 1.3 millón de niños y niñas de 0 a 3 años que deberán frecuentar las guarderías hasta el 2024, como determina en Plan Nacional de Educación (PNE)”, se afirma en el artículo.
Según el profesor José Marcelino, “lo que impresiona en la posición del TPE es una clara dirección a favor de la tesis tan repetida por los economistas ‘del mercado’ de que la cuestión central en educación es la eficiencia y no la necesidad de más recursos”. “Ya dije, y lo repito, estas mismas personas matriculan sus hijos en escuelas privadas cuya mensualidad es el doble, o el triple del gasto anual de un estudiante en la red pública”, añadió.
De acuerdo al investigador, la cuestión central del financiamiento de la educación en Brasil no es la ineficiencia, sino la baja participación de la Unión en la financiación, lo que genera desigualdad y bajo gasto por estudiante. “En el caso del Fundeb, el complemento de la Unión es de apenas el 9% del total de recursos del fondo. Cuanto más grande es la recesión, menos recursos el gobierno federal aporta al fondo. (…) Aumentar la contribución federal al Fundeb del 0,2% del PIB para el 0,8% (en 10 años), como la Cámara de Diputados y el Senado pretenden, corresponde a menos del 10% del pago de tasas y encargos de la deuda previstos en el Proyecto de Ley Presupuestaria de 2020”, afirma en su artículo.
>> Lee el artículo completo, en portugués
