Alocación del 4% del PIB para la Educación en República Dominicana: el paradoxo del apoyo al sector privado

18 de diciembre de 2021

Autor: Elisabeth Robert y Jorge Ulloa
Publicado originalmente en: NORRAG Special Issue 05, pp. 80-84
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Título original en inglés: Allocation of 4% of GDP to Education in the Dominican Republic: The Paradox of Supporting the Private Sector

>> Descarga la síntesis del estudio aquí.


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Foto: Antonio Cruz

Educación en América Latina y el Caribe: Los mensajes clave de un informe sobre el cumplimiento de este derecho en la región y su relación con la privatización

17 de diciembre de 2021

De acuerdo con el documento lanzado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), intitulado “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la Garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas”, la región de América Latina y el Caribe cuenta con complejos y sostenidos procesos de construcción y reproducción de desigualdades que se expresan en la educación como en otras dimensiones sociales.

El informe analiza los debates entorno a lo público y lo privado en el ámbito educativo, la inclusión y las desigualdades, el financiamiento educativo, la cuestión docente, la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales, y las disputas por los sentidos de la educación.

Con la convicción de la CLADE y de Fernanda Saforcada y Alan Baichman – autores de este escrito – de que el derecho a la educación y su garantía no están sólo en los números de las estadísticas o los reportes que se presentan, sino en la construcción política y en las disputas que cotidianamente, a niveles macro y micro, se desenvuelven, este informe desglosa su mecánica de acuerdo con los tópicos centrales, que se retoman a continuación.

La educación pública en la encrucijada: entre la garantía del derecho y los avances privatizadores

Según el estudio, desde fines del siglo pasado se han observado tendencias crecientes de privatización y de debilitamiento de la educación pública a nivel global. Estas tendencias se han extendido, profundizado y complejizado en este siglo no sólo por la expansión del sector privado, sino también por la acción de actores transnacionales de venta de servicios educativos y por la injerencia del sector empresarial en el ámbito de lo público.

Lo que se comprende por lo público y lo privado en materia educativa, así como las perspectivas en torno a cuál es el rol que el Estado debe asumir, es objeto de disputa. Las reformas neoliberales de los años 1990, en el contexto del Consenso de Washington, impulsaron nuevas formas de nominar que buscaban licuar el sentido histórico de la educación pública, al proponer que toda la educación es pública y desplazar la distinción entre público y privado a una clasificación de modos de gestión: gestión estatal o gestión particular. De este modo, la educación privada es reconocida como pública y, al mismo tiempo, la educación pública pierde su sentido histórico asociado a lo común.

Financiamiento de la educación latinoamericana: avances y retrocesos

El informe explica que, entre el 2000 y el 2014, la inversión en educación en el conjunto de la región aumentó considerablemente. Según la UNESCO y el Banco Mundial, en el 2000 América Latina y el Caribe invertía en educación el 3.86% del Producto Bruto Interno (PBI) regional, en tanto que para 2014 este valor ascendió a 5.26%. Algunos países de la región han logrado alcanzar el 6% del PBI y otros han podido acercarse. Brasil alcanzó el 6.24% en el 2015. Bolivia logró alcanzarlo desde el 2002, llegando al 7,29% en el 2014. Costa Rica lo logró desde el 2009, con 7,06% para este indicador en el 2016. Cuba superó el valor de referencia en primer lugar, presentando el 12,84% para 2010 (último año con datos disponibles) y Venezuela con 6,88% en el 2009.

Por otro lado, en términos de deuda, la mayor parte de los países no alcanza los estándares mínimos comprometidos, tanto en relación con el derecho a la educación como con el ODS 4 – Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Esta deuda es histórica y se vincula tanto con las características de nuestros Estados como con las relaciones internacionales y las exigencias de ajustes fiscales en el marco de las deudas externas de los países de la región. A pesar de que los primeros años de este siglo constituyeron un período de expansión del financiamiento público a la educación. Sin embargo, aún con tendencias de incremento de los recursos educativos en un contexto de crecimiento de las economías latinoamericanas, la mayor parte de los países no logró cumplir con las metas asumidas en esta materia (6% del PBI y 20% del total del gasto público destinados a educación).

Derecho a la educación y participación de la sociedad civil: un campo en tensión

Desde una concepción de participación positiva, los distintos sectores de la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar, opinar, criticar y debatir sobre las políticas educativas en sus distintas dimensiones y momentos, sean estos los procesos de toma de decisión, la construcción programática y planificación de la política, su implementación y desarrollo, y su evaluación. En América Latina y el Caribe, según el estudio, son habituales las protestas por parte de sindicatos docentes y de centros de estudiantes que abogan por más financiamiento para la educación, por mejores condiciones salariales para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, y mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en general. También se han llevado adelante acciones exigiendo una mayor oferta educativa estatal (sobre todo en nivel inicial y superior) debido a que las vacantes públicas no son suficientes. En los últimos años también se ha visto la incursión de interlocutores por parte de la Iglesia, otras instituciones religiosas y el sector empresarial-privado.

Las disputas por los sentidos de la educación

El ODS 4 se titula “Educación de calidad”. Se vuelve central entonces la discusión acerca de qué entendemos por calidad, quién y qué define una educación de calidad. Podría sostenerse que los aprendizajes son de “calidad” si son acordes al contexto vivido por quienes los aprenden, situados, significativos y relevantes. Se puede pensar que un sistema educativo es de calidad si está en diálogo con los problemas, los desafíos y las necesidades de una localidad determinada y su sociedad; si se orienta por un proyecto social, igualitario y colectivo. El informe presenta que la definición de qué es una educación de calidad hoy está determinada por las lógicas de las evaluaciones estandarizadas de resultados. La gravitación de la evaluación estandarizada como estrategia de regulación de la educación no atañe sólo a América Latina y el Caribe, sino que es global y resulta evidente cuando se observan las repercusiones y la eficacia, en términos de impacto político, de la iniciativa PISA, y otras medidas de evaluación aplicadas por la región.

Educación a lo largo de la vida: un panorama del acceso a la educación formal

También según el estudio, en la región, los niños y las niñas de entre 3 y 4 años tienen un promedio de que 6 de cada 10 participan en programas de educación preescolar; sin embargo, hay una alta heterogeneidad en la región: en algunos países la matriculación es casi universal; en otros se ubica en torno al 30%. UNESCO reporta que la tasa neta de matrícula de educación primaria en la región es del 93.1%. Muchos países superan el 95% en la tasa de matrícula, aunque también son numerosos los países que están por debajo de esa cifra, lo que significa una enorme cantidad de niños y niñas sin escuela, demostrando que la educación primaria es aún una deuda.

En términos de educación secundaria, la tasa neta de matrícula en la región era del 76.9% en 2017, evidenciando un crecimiento en más de 4 puntos desde el 2010 (se encontraba en el 72.8%). A pesar de un notorio avance en la región, los números son muy lejanos respecto de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 2017 la tasa bruta de matrícula en el nivel terciario para la región era del 50.6%. Datos demuestran que El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran con una tasa menor al 30%, mientras que Argentina y Chile logran superar un 85%. Existen grandes diferencias entre los países de la región y dentro de cada país se verifican muy desiguales posibilidades de acceso en base a las desigualdades socioeconómicas.

La región tiene una historia de vinculación de la educación popular, protagonizada por movimientos sociales y políticos, con la educación de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, se mantienen varios desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas. Por un lado, muchos programas todavía se concentran en el primer nivel de la alfabetización y se presta muy poca atención a los niveles siguientes. Por otro lado, hay escasa producción de datos e indicadores específicos sobre el tema que permitan elaborar mejores programas y políticas.

Educación, inclusión y desigualdades

Se identifican tres ejes en torno a la inclusión educativa en la región, según el estudio: un primer eje es que la educación inclusiva estuvo ligada únicamente a la escolaridad de personas con discapacidades; luego esta noción se amplía y se pasa a una concepción de inclusión educativa con foco en determinados grupos sociales reconocidos como aquellos excluidos; finalmente, en el contexto del pos-neoliberalismo, la inclusión educativa se articula y redefine en una perspectiva general de inclusión social, como una de las dimensiones de políticas orientadas a dar respuesta a las desigualdades.

En términos de educación y género, en América Latina y el Caribe se ve que por cada 93 niños que terminan el primer ciclo de enseñanza secundaria hay 100 niñas y que “el número de mujeres pobres que terminaron los dos ciclos de enseñanza secundaria es superior al de los varones” (UNESCO, 2018). Además, en la región, las brechas en las tasas de finalización de la educación secundaria en relación con los niveles de ingresos de las familias de las y los jóvenes son muy pronunciadas. El informe demuestra que dentro del 20% de la población con mayores ingresos, un 83% de los y las jóvenes logra culminar la secundaria, mientras que en los sectores con menos recursos solo un 35.4% culmina la secundaria.

En cuanto a la educación y migración, la UNESCO (2019) señala que “la migración y los desplazamientos requieren sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan. Los países deben reconocer en su legislación el derecho de los migrantes y refugiados a la educación y hacerlo cumplir en la práctica.”

Con respecto a los pueblos originarios UNESCO (2019) señala que “en muchos lugares, para los pueblos indígenas la educación ha implicado una asimilación forzosa a través de la escuela. Se suman a ello la pobreza y la migración a zonas urbanas, que involucran a menudo erosión cultural, pérdida de la lengua y discriminación. La pérdida de la lengua constituye un gran problema para las poblaciones indígenas urbanas. En las ciudades de México, el Ecuador y el Perú, las generaciones jóvenes tienen muchas menos probabilidades de hablar las lenguas indígenas que los jóvenes de las zonas rurales.”

Las y los docentes en América Latina y el Caribe: un panorama complejo

Las trabajadoras y los trabajadores de la educación juegan un rol esencial para pensar el derecho a la educación; en particular, si se lo piensa como derecho social. Esta consideración supone resaltar la dimensión colectiva de la tarea frente a fuertes tradiciones que tienden a individualizarla. En la región hay más de 7 millones de docentes trabajando a diario, representando el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores, trabajadoras, técnicas/os y profesionales (Banco Mundial, 2015).

A su vez, en la docencia existe una división sexual del trabajo, siendo las mujeres cerca del 75% de las y los profesoras/es de América Latina, pero el rango va desde un 62% en México hasta un 82% en Uruguay, Brasil y Chile (Banco Mundial, 2015). Los salarios docentes históricamente han sido bajos. En la región hay una brecha entre la remuneración del profesorado y de otros sectores profesionales, y a esto se suma el alto grado de trabajo no reconocido y no pago de las y los docentes.

Las condiciones básicas de trabajo –como lo son el salario y el tiempo de trabajo– aún constituyen un problema central a la hora de analizar el trabajo de las y los profesoras/es, y de pensar políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación.

Conclusión del estudio

En América Latina y el Caribe, la garantía de la educación como derecho humano fundamental y como derecho social de toda la población, en condiciones igualitarias y de calidad, es aún una deuda para grandes sectores sociales. Este informe – realizado por CLADE, con el apoyo de OXFAM, EDUCO y DVV International, presenta una mirada amplia y multidimensional del estado de situación del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, y de los avances en el cumplimiento del ODS 4.

Para leer a manera más detallada cómo este informe brinda una compleja y desafiante mirada al acceso a la educación, puedes acceder al contenido completo aquí: El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4


La educación pública es un derecho. La imagen ilustra la conversa sobre los problemas de la privatización de la educación.
Ilustración: Nayani Real

Mil Millones de Voces por la Educación: 4 kits para entender los impactos negativos de la privatización educativa

En el marco de la campaña “Mil Millones de Voces por la Educación”, que demanda más y mejores recursos financieros para garantizar la educación pública, gratuita e inclusiva, hemos venido destacando los riesgos del avance de la privatización educativa en América Latina y el Caribe, y cómo eso impacta de manera negativa la realización de la educación como un derecho humano, en condiciones de igualdad y gratuidad para todas las personas.

En ese sentido, elaboramos 4 kits con materiales educomunicativos, entrevistas, artículos, videos, paneles virtuales y estudios, que abordan y presentan de manera clara y accesible qué está en juego para la educación cuando hablamos de temas, como: el avance de la privatización y comercialización de servicios públicos en el contexto de pandemia COVID-19; la influencia de organizaciones multilaterales financieras como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las políticas educativas de América Latina, a través de sus préstamos; las relaciones entre los sistemas tributarios, la justicia fiscal y el financiamiento educativo; y cómo las legislaciones en los diferentes países favorecen, o no, el lucro privado en y desde la educación.

A continuación, retomamos los diferentes paquetes de materiales y piezas educomunicativas que lanzamos durante el año sobre estos temas, buscando así contribuir con el debate y la ampliación del acceso a la información y al conocimiento, sobre la necesidad de controlar la actuación de la iniciativa privada en la educación, desde los Estados y la ciudadanía, y también de fortalecer los sistemas educativos públicos y gratuitos como una responsabilidad de los gobiernos y un derecho y espacio de aprendizaje seguro y democrático para todas y todos.

Financiamiento educativo y justicia fiscal

¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribe? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública, gratuita y de calidad? ¿Qué son los flujos financieros ilícitos y cómo impactan la educación?

Aquí compartimos tarjetas informativas, folleto, animación, diálogo virtual, entrevista y artículo para crear un acercamiento a la temática. ¡Buena lectura!


Lineamientos de bancos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe

Es imposible entender la política educativa a nivel nacional, regional o global, hablar de neoliberalismo o grandes movimientos de privatización y apertura hacia la participación privada en la educación, sin considerar el papel de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero, ¿qué están financiando estos Bancos? ¿Cuáles son sus agendas y directrices en América Latina y Caribe?

En este kit, a través de tarjetas informativas, animaciones, folletos, video, documentos y una entrevista, damos a conocer la actuación del BM y del BID en nuestra región, con base en un panorama de los proyectos educativos que actualmente financian estos bancos y las directrices que orientan estos proyectos.


¿En qué medida los marcos legales de los países de nuestra región hoy permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación?

Para responder a esta pregunta, la CLADE realizó un mapeo regional, y con base en sus informaciones elaboramos y divulgamos en este boletín distintas notas y materiales, así como tarjetas explicativas y otros estudios, que ayudan a comprender el contenido de dicho mapeo, el cual se enfatizó en analizar los sistemas educativos de nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.


COVID-19 y privatización

Con la pandemia y las medidas de aislamiento social, las dinámicas cambiaron, impactando la sociedad como un todo y a la educación en particular. Uno de los impactos que se observan en el campo educativo fue la intensificación de los procesos de privatización y comercialización.

Este boletín profundiza el debate sobre estas temáticas a través de análisis, entrevista, materiales educomunicativos y publicación, para que podamos fortalecer nuestras acciones como red y en alianza con organizaciones y actores que defienden el derecho humano a la educación para todas y todos.


Para saber más:

¿Por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho humano a la educación?

Te invitamos a ver a continuación una animación y un folleto, que con base en los hallazgos de un estudio internacional elaborado por el Consorcio Internacional sobre Privatización y Derechos Humanos, en el cual la CLADE forma parte, presentan de manera sintética cinco lecciones de siete países de bajos y mediados ingresos, sobre por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho a la educación, con calidad e igualdad para todas y todos.


Animación


>> Descarga aquí el folleto.


Foto: Letras al Mango

Marcha por el derecho a la educación pública y gratuita en Perú

15 de diciembre de 2021
Paulocesar Santos

Paulocesar Santos

Economista. Activista por la educación. Representante de la Organización "La Educación Se Respeta" - Red de jóvenes por la educación. Fundador del proyecto "Quillac" Desarrollo sostenible para comunidades nativas

En la última sesión de la Comisión de Educación del Congreso de la República, del viernes 10 de Diciembre de 2021 se aprobaron dos dictámenes aprobados en sesión extraordinaria.

El primer dictamen aprobado tiene como objetivo brindar facilidades a las universidades privadas con licencia denegada para que se vuelvan a presentar al proceso de licenciamiento sin haber cumplido las condiciones básicas de calidad. Con ello se beneficia a promotores y dueños de universidades privadas, permitiéndoles el regreso al sistema por la puerta falsa, lo que no solo constituye un trato discriminatorio frente a las universidades públicas y privadas que cumplieron con los estándares de calidad para obtener el licenciamiento, sino también perjudica a miles de estudiantes de universidades no licenciadas, prolongando innecesariamente la vulneración de sus derechos por parte de autoridades inescrupulosas que solo buscan beneficios económicos.

El segundo dictamen busca cambiar la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, agregando, entre otras, la figura de dos representantes de universidades públicas y dos de universidades privadas. Además, establece que la elección del Superintendente de SUNEDU será por el voto de las demás personas que conforman el Consejo Directivo. Con ello, se crea una estructura similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores, donde dichas autoridades se fiscalizaban entre ellas respondiendo a sus propios intereses, teniendo como consecuencia un sistema universitario desregulado, sin garantías de calidad, y con miles de estudiantes siendo estafados con su educación.

Los esfuerzos del Estado deben buscar generar y hacer cumplir los planes de contingencia para los miles de estudiantes y egresados/as de universidades con licencia denegada, cuyos estudios y planes de vida se han visto truncados por la indiferencia y el mal accionar de sus autoridades que, hoy, quieren hacer de las suyas de nuevo. 

Los esfuerzos del Estado deben buscar generar y hacer cumplir los planes de contingencia para los miles de estudiantes y egresados/as de universidades con licencia denegada, cuyos estudios y planes de vida se han visto truncados por la indiferencia y el mal accionar de sus autoridades que, hoy, quieren hacer de las suyas de nuevo.

Necesitamos un sistema universitario de calidad, con universidades públicas fortalecidas, gratuidad educativa y un mayor presupuesto para la educación, y no agotar esfuerzos en contra de los intereses particulares que han hecho tanto daño a los/as jóvenes y al país.

Por tal motivo, desde distintos gremios estudiantiles, organizaciones y colectivos, convocamos a la ciudadanía a la MARCHA POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR #LaEducaciónSeRespeta este miércoles 15 de diciembre a las 6:30 pm en Plaza San Martín.

Necesitamos un sistema universitario de calidad, con universidades públicas fortalecidas, gratuidad educativa y un mayor presupuesto para la educación


Reporte 1: Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía

13 de diciembre de 2021

Año de Publicación: 2021

Publicado por: Otras Voces en Educación

Este documento analiza la acción de organismos multilaterales, bancas de desarrollo, corporaciones tecnológicas y filantropía en la educación, abordando cuestiones relacionadas con marcos jurídicos y normativos, políticas públicas, financiamiento, universalidad, calidad de la educación y condiciones materiales.


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Incluir y no segregar: el desafío principal del sistema de educación pública

Año de publicación: 2019

Publicado por: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile

Este documento analiza de forma crítica la situación educativa de Chile. El análisis va más allá de observar las instituciones educativas, analiza asimismo el país y sus sistemas como un todo. Los autores afirman que la educación chilena aún está organizada en torno al lucro y segregada, trazando análisis, críticas y comentarios sobre el tema.


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Foto: Luis Robayo

Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’

7 de diciembre de 2021

Bajo el marco de la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA) este artículo muestra cómo los procesos de desfinanciación estructural de la canasta educativa colombiana y la asignación por estudiante como una modalidad del subsidio a la demanda, han constituido factores determinantes para la incorporación de lógicas de privatización en la provisión de la Educación Preescolar, Básica y Media (EPBM) colombiana.

El régimen de corresponsabilidad para la financiación de la EPBM pública en Colombia, implica aportes de recursos tanto del nivel nacional de gobierno, como del nivel subnacional, donde los principales fondos son recaudados a nivel nacional a través de las bases tributarias más importantes, que siguen perteneciendo a la Nación y, luego, son devueltos a municipios y departamentos a través de un esquema de transferencias territoriales. En 1993 se estableció la Ley 60, que reguló este mandato estableciendo los criterios para la distribución de las transferencias permitiendo durante los siguientes años, una ampliación progresiva de los fondos asignados a los sectores descentralizados que, para el caso de la educación pública, garantizó la entrega efectiva de la administración de las instituciones educativas a los departamentos y a un conjunto de municipios que surtieron un proceso de cumplimiento de requisitos ante las entidades nacionales.

No obstante, la crisis económica de 1999 y la ortodoxa gestión económica que le siguió, puso en cuestión estos avances y, afectó la disponibilidad de fondos para la educación pública. Frente a este contexto de crisis, el gobierno colombiano acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito que le garantizara recursos de salvamento al país en caso de descalce en los pagos de deuda externa tanto pública como privada. En este caso, se estableció un acuerdo que radicaba en recortar el ritmo de crecimiento de las transferencias territoriales. Para el sector educativo, la caída de participación de las transferencias significó la sustracción de cerca de 50 mil millones de dólares entre 2002 y 2017 frente al acuerdo constitucional establecido originalmente, recursos que junto con los que dejaron de percibir los otros sectores descentralizados (salud pública, agua potable, saneamiento básico, entre otros), fueron absorbidos por el nivel central de gobierno y, utilizados en otro tipo de competencias diferentes a los servicios sociales descentralizados.

Junto a este proceso de desaceleración de la inversión en EPBM, Colombia también realizó cambios regulatorios importantes en los mecanismos y criterios de su asignación a las entidades territoriales. En este sentido, la Ley 715 de 2001 introdujo la asignación por estudiante como principal criterio de distribución. Básicamente, este consistió en la asignación de las transferencias territoriales sobre la base de un monto por estudiante efectivamente incorporado a las aulas. Esto dejó atrás el mecanismo de asignación de acuerdo con presupuestos de oferta y cubrimiento de la nómina. La asignación por estudiante implica que la mayor parte de los recursos se distribuyen de acuerdo con la demanda educativa, favoreciendo a aquellas entidades territoriales con mayor capacidad de incorporar población a las aulas. Si bien, esta modificación se introdujo con la justificación de privilegiar el aumento en la cobertura educativa e incentivar su ampliación, sufrió un conjunto de problemáticas que terminaron por generar nuevas desigualdades educativas y graves exclusiones, además de señales favorables a la expansión de modalidades de privatización.

El mecanismo de asignación por estudiante favoreció aquellas localidades donde se concentra la población en edad escolar, puesto que privilegia las economías de escala generadas por la aglomeración y, termina discriminando negativamente aquellos lugares donde la dispersión poblacional es mayor. Como tal, la asignación por estudiante resulta poco ventajosa para las zonas rurales dispersas, puesto que no logran reunir la cantidad necesaria de estudiantes para acceder a recursos suficientes que garanticen la construcción y funcionamiento de las escuelas en estos territorios. Son precisamente las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, históricamente discriminadas en el acceso a la educación, las que, al habitar en este tipo de territorios, terminan peor situadas frente a la nueva manera de asignar los recursos.

Dados estos cambios, dos modalidades de provisión privada fueron introducidas con mayor vigor, financiadas con recursos públicos. Por un lado, 1) los convenios de contratación de cobertura, consistentes en la compra de cupos a colegios privados de bajo costo en zonas urbanas y, por otro lado, 2) la concesión de nuevas infraestructuras educativas públicas a organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Ambas modalidades vieron un crecimiento importante de su cobertura y de la cantidad de recursos dirigidos.

Estas problemáticas asociadas a la introducción del subsidio a la demanda, vinculadas a incentivos pro-aglomeración de estudiantes para disminuir los costos educativos, a una asignación por estudiante estructuralmente desfinanciada y, a la ausencia de recursos para la construcción y adecuación de infraestructura, estuvieron a la base de la rápida expansión de mecanismos de privatización de la oferta educativa pública en Colombia. A pesar de los incentivos importantes para el aumento de la matrícula pública en las zonas urbanas de mayor aglomeración, las grandes entidades territoriales optaron por contratar cupos escolares con colegios privados de bajo costo, en vez de construir infraestructura pública adecuada.

Si deseas leer más a profundidad las medidas de desfinanciación educativa en el contexto Colombiano, que han propiciado la proliferación de la privatización, puedes acceder al artículo aquí: Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’.


Foto: Unicef/México

Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación

Con el propósito de identificar tendencias y rasgos en la región Latinoamericana y del Caribe en temas de privatización educativa, en un artículo publicado recientemente en la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expone la inserción de múltiples políticas que introducen lógicas mercantiles en el campo educativo. Estos procesos han estimulado el crecimiento de industrias ligadas al lucro, así como la existencia de importantes brechas en las leyes que efectivamente permiten la realización de actividades lucrativas incluso en la etapa educativa obligatoria, creando una contradicción con la perspectiva de la educación como un derecho humano fundamental, en la medida en que se mueve el rol del Estado a la iniciativa privada.

Este esfuerzo de investigación de la CLADE parte de un entendimiento amplio del concepto de privatización educativa, que extrapola la presencia del sector privado, incluyendo los procesos de transferencia de actividades, activos y responsabilidades de los Estados a organizaciones privadas y también la subordinación de la educación pública a los intereses corporativos. Este artículo – realizado por Adelaida Entenza, Giovanna Modé, Laura Giannecchini y Nelsy Lizarazo – analiza documentos producidos por organismos multilaterales en 2020; páginas de ministerios de educación; y entrevistas con investigadoras/es y representantes de movimientos de la sociedad civil.

Según el análisis, en la región se dan diversas expresiones de privatización auspiciadas por múltiples agentes y actores que interactúan. Entre ellos está la influencia de organismos internacionales en las políticas educativas, como es el caso del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de proyectos de cooperación técnica y financiera, de procesos de recopilación de datos y de generación de conocimientos, y de sus condicionalidades (criterios definidos para otorgar préstamos), el BM y el BID logran influenciar las agendas sectoriales nacionales e incentivar la adopción de ajustes políticos y económicos estructurales en los países, determinando quiénes recibirán su apoyo, cuándo, a través de qué estructura operativa, y cuáles políticas o reformas políticas serán priorizadas en los países prestatarios. Tanto el BID como el BM actúan como actores políticos e intelectuales, con capacidad para formular y articular políticas, fomentando la participación directa del sector privado.

CLADE identifica que el proceso de control de la educación por parte de actores privados o no-estatales surge no sólo a través de formas tradicionales de alianzas público-privadas, pero también de estímulo al uso de las tecnologías de información y comunicación en el campo educativo y de fomento a nuevas empresas de educación, nuevos modelos pedagógicos y herramientas que debilitan el rol del Estado y de los sistemas públicos.
Ante este contexto pandémico, el estudio destaca tres ejes que han salido con más destaque en los procesos de privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: las complejas formas de privatización relacionadas a la instalación de plataformas para la educación a distancia, el refuerzo a formas de transferencia de fondos públicos a centros privados, y el rol de bancos multilaterales, particularmente del BID, en las iniciativas educativas que vienen buscando responder a la pandemia.

En “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia” (publicado por CLADE en el 2021), se realizó un rastreo de las páginas web de Ministerios de Educación de la región sobre las principales respuestas educativas adoptadas durante la pandemia, identificando la presencia o ausencia de plataformas, recursos, aplicaciones, servicios y paquetes que dichos ministerios contrataron para responder a la emergencia. Este levantamiento reveló que en el 56.5% de los países figuran explícitamente espacios promovidos por Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft, mientras en en el 17% constan empresas o fundaciones privadas tales como la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telefónica o The Private Sector Organisation of Jamaica, para mencionar algunas. El estudio también reveló que muchos contratos fueron establecidos de manera poco transparente, lo que puede abrir caminos para nuevos estudios que se concentren en las cláusulas establecidas por estos acuerdos, sus condiciones, tiempo de duración y montos acordados.

El relevamiento documental y las entrevistas de CLADE demostraron el fenómeno de privatización conocido en la literatura como subsidio a la demanda. Con la profundización inmediata de la crisis económica para muchos sectores y el crecimiento del desempleo, muchas familias se vieron afectadas desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Ya que muchas familias no pudieron pagar las cuotas de las escuelas privadas, aumenta la presión sobre el Estado para que este ofrezca ayuda a estas instituciones. La respuesta positiva estatal se observó de manera concreta y rápida en algunos casos, en forma de transferencia directa de fondos públicos para escuelas privadas, o indirectamente, a través de exenciones de impuestos.

Durante la emergencia sanitaria diversos actores privados ganaron terreno en el campo de la educación, colaborando entre sí y participando, activamente, en la definición de políticas y “nuevas narrativas”. Esta invasión de actores privados en la educación demanda, con urgencia, más estudios y atención, pues amenaza el ejercicio pleno del derecho humano a la educación.

Para conocer más sobre el impacto de los actores privados en los sistemas públicos de educación, puedes acceder al artículo realizado por la CLADE aquí: Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación.


Foto: Piensa Prensa Alternativa

El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo

En el periodo pos-retorno de la democracia chilena, la educación pasó progresivamente a un lugar más destacado en el proyecto político-social del país, expresado también en su relevancia presupuestaria. Las iniciativas educativas impulsadas en democracia demandaron una gran inversión fiscal ante el deterioro histórico de los indicadores educativos y sociales más relevantes del sistema. Desde entonces el gasto público del sector se ha triplicado en términos efectivos en las primeras dos décadas de democracia y más aún a partir del año 2014, producto de la implementación de leyes con gran impacto financiero que aumentaron las exigencias presupuestarias.

En este marco, el trabajo de Sebastián Donoso-Díaz, Daniel Reyes y Óscar Arias analiza la evolución del presupuesto público de educación en el país entre los años 1999 al 2018, identificando las principales tendencias en este campo. Además, se consideran las orientaciones privatizadoras y des-privatizadoras en la educación pública chilena, siendo que en el país se presenta un marcado y agresivo proceso de privatización educativa instalado desde los 80’. En Chile, los intentos por sacar al mercado de la educación fueron iniciados con gran sistematicidad en el año 2007 y fueron reiterados en el 2014.

Antecedentes

Las políticas educativas chilenas de 1990 al 2009 estuvieron sustentadas en una alianza política de centroizquierda socialdemócrata (Concertación), y posteriormente, del 2014 al 2017 por la misma coalición más la incorporación del Partido Comunista (Nueva Mayoría), en cuyo contexto se inclinó el hacer del Gobierno hacia la visión de la educación como un derecho social garantizado por el Estado.

A partir del año 1990 y hasta fines de 2020, el Estado en forma regular enfrenta en el campo educacional un conjunto de exigencias “de arrastre”, producto de la reducción significativa del gasto público en educación en la década de los 80’, la precarización salarial y laboral de las y los docentes, así como el deterioro de su formación profesional, impactando severamente la calidad de la educación. Todo esto, producto del evidente estímulo estatal a la privatización de la oferta educativa en todo nivel impulsada desde el 1981, que pauperizó la educación pública.

Cambios Presupuestarios

En materia de políticas educativas, el ciclo democrático inicial (1990-2006) realizó adecuaciones al sistema imperante, que significaron dictar el Estatuto Docente (1991), subir el valor de los subsidios escolares, impulsar la Reforma Curricular de 1995 en adelante. El ciclo político siguiente (2006-2011), marcó el avance del desgaste de las propuestas educativas de los gobiernos, alineadas con las manifestaciones sociales de las tensiones más significativas de la educación pública: la búsqueda de soluciones, y la persistencia de los efectos educativos negativos, a saber: su baja incidencia en reversar las grandes desigualdades educacionales de la sociedad, la alta segmentación socio-territorial y los problemas históricos de recursos financieros y calidad de la enseñanza. En el ciclo siguiente (2012-2018), se destaca la agudización de los conflictos públicos del sistema escolar; esencialmente transitando hacia el marco de derechos sociales de la educación, expresados en las políticas de inclusión en todas sus acepciones, de des-municipalización escolar y la gratuidad de la educación superior. Este fenómeno ha revitalizado el debate entre incremento presupuestario, rol del Estado, derecho a la educación y privatización de la enseñanza, marco en el que se desarrolla el texto.

En las décadas en estudio (1999 -2018), el presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDUC) en términos efectivos se cuadruplicó, teniendo un crecimiento promedio anual de 7,8% para estas décadas, acorde con las políticas de universalización de la educación escolar y también por el acceso a la educación superior de grupos sociales medios. El gasto en educación se amplió en forma importante, y si bien el aumento en subvención escolar ha sido en menor proporción, corresponde a un ítem muy alto, que sigue creciendo a una tasa inferior. Por otro lado, en este periodo, el contexto chileno ha visto la implementación de otras políticas, como la gratuidad de la educación superior, que requiere muchos recursos. Mientras que en 1999 el gasto en subvención escolar era dos tercios del gasto total ministerial, el 2018 se registró un bajón al 49%, tomando en cuenta dos puntos de inflexión importantes el 2007 – periodo post-manifestaciones estudiantiles de 2006 – y el 2015 – inicio de mayor gasto en educación superior.

A partir de 1999 el presupuesto para la educación superior (ES) crece 7 veces en términos reales, destinándose principalmente al financiamiento de créditos y becas estudiantiles, vinculados a la expansión de la matrícula. Por otro lado, el gasto total en Gestión y Administración ha aumentado 5,7 veces desde 1999, mientras que el gasto en personal lo ha hecho 3,5 veces. Los programas de alimentación escolar en estos años corresponden al 6% del total del gasto del Ministerio En el 2018, el 84% del gasto principal en este ítem eran los programas netamente enfocados en la alimentación, representando un 5,6% del total de gasto del MINEDUC.

El presupuesto nacional de educación creció en el periodo 1999-2018 del 3,4% al 5,9% del PIB, ratificando la importancia política y social de la educación. Los datos sostienen que esto es un elemento decisivo para el sistema educativo nacional, incluso frente al aporte municipal que es menor (2% aproximadamente). Este incremento presupuestario no implica que se haya dado pleno cumplimiento a las demandas sociales. Los sucesos de la década que finaliza exponen que, en varias de estas exigencias, sigue una insatisfacción profunda con las reformas impulsadas por los diversos gobiernos en el periodo.

En el periodo estudiado por los autores, se notan esfuerzos para “sacar a la educación del mercado” mediante un diseño muy progresivo de transformaciones que requieren el fortalecimiento del sector público. Sin embargo, aún existen procesos de privatización encubierta, por medio de la externalización de la alimentación escolar, la gestión de becas y créditos en educación superior, el diseño y aplicación de pruebas escolares nacionales e internacionales, y otras, reduciendo la visibilidad de las inversiones y el rol del sector público. El caso de Chile ocurre en un entorno lleno de tensiones políticas internas en las tres décadas de democracia, donde las políticas de educación han transitado desde un marco pro-privatización desregulado – herencia de la dictadura– hacia una regulación gradual del mercado.

Para saber más y conocer la expansión presupuestaria en Chile, puedes acceder al artículo aquí: El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo.


Seis ejemplos de educación pública en países comos Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador demuestran que la educación pública funciona. El texto reúne las conclusiones sobre el estudio y trae los links para consultarlo en inglés y profundizar en la tematica.
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Vernor Muñoz: “La educación necesita, en primer lugar, financiación estatal y no caridad o filantropía”

12 de noviembre de 2021

La Declaración de Incheon establece que todos los países deben asignar eficazmente al menos el 4 – 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y al menos el 15 – 20% del gasto público total a la educación. A pesar de ello, existe un déficit de financiación externa de 39.000 millones de dólares, pero este cálculo ignora el déficit de financiación interna, mucho mayor”. Fue lo que afirmó Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante su participación en el Segmento de Alto Nivel de la Reunión Mundial sobre la Educación 2021 (GEM, por su acrónimo en inglés), encuentro organizado por la UNESCO que reunió a líderes de educación de 40 Estados del mundo este miércoles (10/11) para adoptar la Declaración de París

Con su intervención, Muñoz hizo un llamamiento mundial para aumentar la inversión en educación, especialmente tras la crisis de la COVID-19.

Según el director de políticas e incidencia de la CME, para que el financiamiento educativo sea garantizado, la comunidad internacional debería considerar la cancelación de la deuda y el alivio de la misma para desbloquear fondos en los presupuestos de los países en desarrollo. “Los bancos no deberían estar facultados para hacer negocios a costa de cualquier emergencia económica o humanitaria”, subrayó. 

“La Campaña Mundial por la Educación recomienda la creación de sistemas fiscales nacionales progresivos y ampliados. La elaboración de presupuestos nacionales para la Educación requiere aumentar: el tamaño de los presupuestos en general, la proporción de los presupuestos para la educación, la sensibilidad de los presupuestos para responder a los más marginados y el escrutinio de los presupuestos, para que los gobiernos rindan cuentas a la gente”, destacó también. 

>> Lee la intervención de Vernor Muñoz completa.


1.600 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela

Según la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños, niñas y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos y ellas, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. Actualmente, de acuerdo con la institución, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de estudiantes. 

“Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados”, afirma UNESCO en su página web.


Declaración de París: frente a las desigualdades educativas 

Hacemos hincapié en la urgencia de hacer frente a las crisis y a las desigualdades educativas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, que amenazan el avance arduamente logrado hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y hacen que los grupos y los estudiantes marginados y vulnerables queden aún más rezagados, especialmente los que viven en la pobreza, en áreas remotas y rurales, las mujeres y las niñas, los afectados por las crisis y los conflictos y las personas en situación de discapacidad”, afirman líderes mundiales en la Declaración de París, adoptada durante la Reunión Mundial sobre la Educación 2021.

En la declaración final del encuentro también se afirma que la educación es una inversión que requiere una financiación sostenible. “Reconocemos que los recursos nacionales, en particular a través de los ingresos tributarios, son esenciales y siguen siendo la principal fuente de financiación de la educación. Nos basamos en los llamados a la acción precedentes para priorizar, proteger y aumentar la financiación nacional de la educación, incluida la Declaración del presidente Kenyatta y de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países en desarrollo asociados a la Alianza Mundial por la Educación”.

Además, la carta insta a todos los gobiernos a cumplir sin demora con los compromisos que asumieron en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon en 2015 y en las Reuniones Mundiales sobre la Educación de 2018 y 2020, como el de asignar a la educación al menos el 4-6% del PIB y/o al menos el 15-20% del gasto público total.

>> Lee la Declaración de París completa.