Episodio 9: Educación pública ante la privatización en el Podcast Educación ¿qué onda?
28 de julio de 2023La educación pública enfrenta continuas amenazas de privatización de las empresas que promueven iniciativas sobre la tecnología, la formación docente, la infraestructura educativa, entre otras, por ello la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) comparte el noveno episodio de su podcast educación ¿qué onda? con este tema central.
En la sección Notas en la Pizarra participan Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación con valoraciones desde el Foro Político de Alto Nivel y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE expresa algunas de las recomendaciones de la sociedad civil sobre justicia fiscal presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa.
Ecos y Voces, la sección de opinión cuenta con Erika Moreira Martins, investigadora en política educativa en entrevista a CLADE señala algunos mecanismos que naturalizan la privatización y mercantilización de la educación.
Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG) nos hacen llegar la alegría del aniversario 40 de CEAAL junto al compromiso por fortalecer la educación popular en todos los espacios de formación en la sección Tejido en Red.
Con locución de Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).
Escucha el episodio completo:
Notas en la Pizarra: Foro Político de Alto Nivel y Cumbre Ministerial por la Tributación
El Foro Político de Alto Nivel tuvo como título y tema central Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles, es convocado anualmente por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y tuvo lugar en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos entre el 10 y el 19 de julio de 2023. Andressa Pellanda y Daniel Cara de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación participaron de este Foro y nos comparten su preocupación por la convergencia tecnológica y la educación en esta agenda multilateral.
Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE afirma la importancia de visibilizar las demandas por una justicia fiscal como camino para la justicia social, como parte de las recomendaciones de la sociedad civil presentadas en la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, y que se realizó entre el 27 y el 28 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.
Ecos y Voces: privatización y mercantilización de la educación
Erika Moreira Martins, doctora en educación con énfasis en ciencias sociales e investigadora en política educativa en la Universidad de Lisboa, ha realizado el seguimiento a procesos de privatización, compartiendo algunas de sus reflexiones en espacios de la CLADE, entre ellos el Banco Mundial. Lineamientos para educación y Proyectos financiados en América Latina y el Caribe.
La investigadora comparte la preocupación sobre el hecho que la mayoría de las políticas de educación se centran en la reducción de la desigualdad y la pobreza, potenciar la productividad y la innovación, y en reforzar la integración económica; sin embargo esta mirada refleja en menor o mayor medida la influencia neoliberal y en consecuencia determina las decisiones que favorecen la privatización en la agenda educativa.
Tejido en Red: Educación Popular vigente con el aniversario 40 de CEAAL
El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) integra CLADE en su calidad de membresía regional y participa de la Plataforma regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) así como en otras agendas compartidas.
A propósito de su aniversario número 40, CEAAL mantiene viva la base inspiradora de Paulo Freire como camino para profundizar la democracia desde la educación popular. Declaraciones de Oscar Jara Holliday, sociólogo, educador popular y expresidente de CEAAL junto a Raimunda Olivera Silva (Mundinha) del equipo de coordinación de CEAAL y de la Escuela de Formación (ENFOC – CONTAG).
Al cierre del Podcast: Educación ¿qué onda? les invitamos a visitar el informe regional sobre Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe, que muestra los resultados de la actualización del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación. Este informe muestra indicadores en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público; disponibilidad de recursos por persona en edad escolar; y equidad en el acceso escolar.
Lee más:
Especial:Junio por la educación y el cuidado en la primera infancia.
Podcast: Educación ¿qué onda?, episodio 1 Género y Educación
Episodio 2 Juventudes en Podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 3 en Podcast Educación ¿qué onda? Retrospectiva de CLADE 2022
Episodio 5: Educación no sexista en Podcast Educación ¿qué onda?
Episodio 6: Educación Inclusiva en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
Episodio 8: Primera Infancia en el podcast Educación ¿Qué onda?
Créditos:
Producción: María Cianci Bastidas
Entrevistas: María Cianci Bastidas, Thais Iervolino y Carolina Osorio.
Locución: Nelsy Lizarazo, coordinadora de CLADE y Salvador De Leon integrante del Grupo de Trabajo de Juventudes por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE).
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Apoyo musical: Pregón de pieza comunicativa (mensajería instantánea) del Movimiento por la Unidad Docente (MUD). Chile.
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
Panamá: Organizaciones de docentes se reúnen en el segundo congreso mundial contra el neoliberalismo educativo
24 de julio de 2023La Asociación de Profesores de la República de Panamá y el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación han convocado en la capital panameña el segundo congreso mundial contra el neoliberalismo educativo realizado entre el 5 y 9 de junio del año 2023. En la invitación que se extendió a los y las participantes se señala que “es un espacio para soñar y construir viabilidad a las más nobles aspiraciones pedagógicas del magisterio, estudiantes y familias. Por ello la agenda a trabajar parte del presente como lugar de enunciación de un mañana de justicia social”.
La agenda compartió análisis y debates sobre la situación actual de la educación en el escenario internacional, con particular atención en el ámbito regional de América Latina y el Caribe. Destaca la mirada crítica de paneles centrados en la educación universitaria ante la mercantilización, estandarización y desterritorialización.
La labor docente y la agenda por condiciones laborales dignas
El movimiento sindical y gremialista de docentes ha tenido una participación importante expresando preocupaciones de las condiciones de la labor docente, la profesionalización y los riesgos que potencialmente representa la creciente digitalización y penetración tecnológica instrumentalizada en los diversos ámbitos educativos. Durante los paneles se han compartido preocupaciones por la crisis multifactorial agudizada con la pandemia ha generalizado la idea de centralizar los aprendizajes en habilidades tecnológicas, minimizando estrategias que impulsen la creatividad, el pensamiento crítico y las estrategias de resistencias a la lógica del mercado.
El congreso ha recalcado la importancia de fortalecer la democracia y lo público en el marco de derechos, especialmente indican en el panel de cierre que “En este ataque contra lo público convergen intereses nacionales e internacionales que pretenden convertir a la educación en una mercancía”. Por ello la educación desempeña un rol indispensable y se hace un llamado al contrato social que enfrente las gestiones neoliberales que profundizan las desigualdades en la región.
Vea las sesiones
Día 1, 5 de junio, transmisión en línea. La agenda central educativa y la actividad gremial docente, con especial énfasis en la educación universitaria.
Día 2, 6 de junio, transmisión en línea. Movilización gremial docente, democracia y producción del conocimiento.
Día 3, 7 de junio, transmisión en línea. Sistematización de debates y acuerdos.
Diálogo con la Ministra de Educación
Día 4, 8 de junio, transmisión en línea. Diálogo sobre informes nacionales de la situación educativa y debate en defensa de la educación presencial.
Día 5, 9 de junio, transmisión en línea. Prospectiva educativa y movilización gremial sindical docente hacia un nuevo contrato social.
Costa Rica: Movilizaciones defienden un presupuesto justo para la educación
21 de junio de 2023Diversas organizaciones de docentes, estudiantiles, sindicatos y de sociedad civil en general se movilizaron el 20 de junio de 2023 en San José para exigir que se cumplan los compromisos que garantizan la calidad del derecho humano a la educación en el territorio nacional.
La reducción del presupuesto destinado a educación, estimado de un 8% que afirma la constitución nacional a un 6 %, así como la precarización de la labor docente, el desplazamiento de fondos educativos para acciones de seguridad han sido las acciones que movilizaron masivamente a la población para demandar la adecuada atención y protección en el marco de los derechos humanos.
Mesas de diálogo, denuncias públicas, foros y otros eventos han evidenciado la preocupación de organizaciones de la sociedad civil por la desprotección en las condiciones de la enseñanza y como esto amenaza seriamente la cultura de derechos y por lo tanto la democracia en Costa Rica.
Compartimos la nota de cobertura publicada en Pressenza, miembro de CLADE.
Este martes 20 de junio de 2023, las rectorías de las universidades públicas, maestros, maestras de primaria y secundaria, estudiantes y los sindicatos de educadores, convocaron a una marcha nacional para luchar contra la disminución del presupuesto para la educación y el quebrantamiento acelerado de la democracia institucional de Costa Rica. Nora González, directiva de CLADE, estuvo allí y nos comparte este relato.
La movilización masiva que tuvo lugar en el territorio nacional es la respuesta organizada de organizaciones, colectivos y sujetos del derecho humano a la educación a una serie de medidas que se han venido dando, complejizando la situación y acelerando el deterioro de la educación en este país de Centroamérica.
Entre tales medidas cabe mencionar:
- Tres años de congelamiento de salarios del sector público sin pago de anualidades.
- Aprobación de la Ley Marco Público -10159, que le permite al Estado injerencia sobre las universidades violentado la autonomía universitaria y que, desde el Ministerio de Hacienda y desde la Dirección General de Servicio Civil, impulsa el salario global, entre otras afectaciones. Atenta además contra la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Poder Judicial, las municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta estrategia se implementa para cumplir con el requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir la planilla estatal y girar posteriormente la suma de $1778.000.000, además de concordar con el objetivo de “modernización” de la normativa nacional y la “eficiencia” del sector público según los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece Costa Rica.
- La reducción del presupuesto para la educación bajando en términos reales al 6% del PIB atentando contra el 8% que señala la Constitución Política de Costa Rica. El Gobierno se niega a honrar el acuerdo del año anterior para el financiamiento de las universidades públicas por medio del Fondo Especial para la Educación (FEES) según el cual, para este año de 2023 se debe reconocer un incremento del 1% por inflación (inferior a la real), que equivale a poco más diez millones de dólares (cinco mil quinientos millones de colones). Todo ello en el marco de una campaña de desprestigio de la función pública y del trabajo universitario de generación de conocimiento.
- El intento de trasladar casi seis millones de dólares (tres mil doscientos millones de colones) del presupuesto para educación, sumando un poco más de cinco millones de dólares (dos mil ochocientos millones de colones) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la contratación de doscientos policías y cien agentes contra el narcotráfico, en el marco de la política “Costa Rica Segura”, dado al aumento criminalidad en el país.
- El impulso feroz de la jornada laboral 4X3 (cuatro días laborados por doce horas y tres de descanso) que elimina el pago de horas extras que se discute en la Asamblea Legislativa. Este proyecto atenta contra todas las luchas que durante años han llevado adelante de trabajadores y trabajadoras y contra el trabajo digno que debe procurar el Estado según la normativa internacional que ha signado y a la que se debe.
La marcha convocó a todo el país, y se hicieron presentes estudiantes de secundaria y universitarios, trabajadores docentes, administrativos del sistema educativo en todos sus niveles, sindicatos de trabajadores públicos y de la educación, ciudadanía, jubilados, jubiladas. Por otra parte, al menos 30 diputaciones de 57 apoyan la marcha y el presupuesto para la educación.
Enlaces de interés
- Ley Marco de Empleo Público.
- Voz de estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense.
- La Ley de Empleo Público: desaparición de incentivos y debilitamiento de la capacitación del personal.
- Sindicatos y estudiantes convocan a marcha para exigir a Gobierno respetar presupuesto de Educación.
- Organizaciones piden un “pacto por la educación pública”.
Gasto social de Costa Rica entre los más bajos de la OCDE. - Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría.
- Treinta diputados apoyan marcha en defensa de la educación pública y hacen llamado al Gobierno a garantizar fondos constitucionales.
- Pronunciamiento de las universidades públicas contra la ley Marco de Empleo Público.
- Universidad Estatal a Distancia.
- Universidad Nacional de Costa Rica.
La educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía
5 de abril de 2023La educación como escenario de disputa de actores e intereses
La privatización de la educación es un asunto que llevo estudiando desde hace más de una década, y es algo que va en aumento, por lo que todas las personas que trabajan en educación y, en otros servicios públicos, deberían prestar atención. Por eso, quería felicitar a la UNESCO y al equipo del informe GEMR por haber elegido un asunto tan relevante, preocupante y controvertido y haberlo hecho de una forma tan completa y profunda.
Como bien ha dicho Manos Antoninis, director del GEMR, hay una gran heterogeneidad de actores no estatales. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las oportunidades que ofrecen los actores no estatales en la educación son las de ofrecer modelos alternativos a la educación estatal, para evitar fundamentalismos y proteger la libertad de pensamiento.
En la práctica, también vemos que hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que intentan desarrollar nuevos modelos pedagógicos más participativos y adaptados a las distintas necesidades del estudiantado.
Existen asociaciones público – privadas en las que el Estado contrata a empresas privadas para cumplir funciones asociadas a la educación, tales como comedores escolares, limpieza, infraestructura, o producción de libros de texto. Y otros casos en el que instituciones privadas son subvencionadas por el Estado, estos jardines de infancia, colegios y universidades concertados, están financiados con fondos públicos y tienen que cumplir con las regulaciones necesarias. Pueden ser gratuitos o pueden exigir tasas adicionales.
Otros actores no estatales, cubren áreas que no están lo suficientemente bien abastecidas por el Estado ya sea por la falta de existencia a una distancia razonable o por la falta de la calidad de la oferta estatal.
Las tensiones entre lo normativo y lo descriptivo, lo público y lo privado
Ahora bien, a pesar de que esto sea lo que ocurre en realidad, en el plano descriptivo, no debe ser lo estipulado en el plano normativo. Esto es algo que desde mi punto de vista no queda claro en el informe GEM, que a veces confunde los planos descriptivos y normativos.
Desde el punto de vista normativo, siguiendo los derechos humanos, es el Estado el que tiene la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación, a través de la provisión de educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
En mi experiencia, los desafíos del aumento de la privatización son mucho mayores que sus oportunidades. Para empezar, desde los años 80, el modelo neoliberal de preeminencia del mercado para satisfacer la demanda de servicios públicos se ha impuesto sobre todo a través de instituciones económicas como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y promovido también por donantes bilaterales como el FCDO británico (Oficina de Asuntos Exteriores).
La reducción del Estado como proyecto neoliberal potencia la exclusión
La política de escatimar en los presupuestos educativos, de no aumentar el salario o el número de docentes, de incentivar el rol de empresas privadas en educación con lógica de mercado y, en definitiva, de comodificar la educación; va en contra de la perspectiva de los derechos humanos.
Además, esta reducción del rol del Estado a favor del rol del mercado se produjo al mismo tiempo en que logramos la abolición de las tasas académicas y la expansión de la educación pública y gratuita a nivel de primaria en muchos de los países de bajos ingresos. Esta expansión llenó las escuelas, atrayendo a muchos grupos que nunca antes habían sido escolarizados y ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la paridad de género.
Sin embargo, debido a la escasez de recursos promovida por la ideología neoliberal, ha llevado a la masificación de las aulas, y a que los y las estudiantes no puedan acceder a una educación de buena calidad. Esta misma ideología ha incentivado la estratificación o segmentación social de oportunidades educativas, en base al poder adquisitivo de las familias.
Los desafíos para la financiación justa y adecuada para la educación
La insuficiencia de recursos dados a las escuelas en países con bajos ingresos, ha llevado a cobrar tasas por recursos educativos que deberían ser gratuitos, y que excluyen a aquellas personas que no se los pueden permitir, llevando a violaciones de derechos.
Otro de los desafíos, consiste en que los actores no estatales están cumpliendo el rol del Estado, asumiendo la falta de cobertura educativa en ciertas áreas geográficas, tanto rurales, como en asentamientos ilegales. En el mejor de los casos, las organizaciones sin ánimo de lucro que quieren ayudar a los sectores más desfavorecidos y construyen escuelas en comunidades en las que no las hay. Pero como se mueven por fondos de donantes, no son sostenibles, además suelen emplear a docentes sin formación. Asimismo, rompen el contrato social de rendición de cuentas entre los ciudadanos y el Estado, y convierten la educación en beneficencia, en vez de derecho.
En el peor de los casos, las empresas con ánimo de lucro, transforman la educación en mercancía. Buscando una tasa de retorno o de rendimiento lo más alta posible para sus inversiones, suelen discriminar a estudiantes con discapacidades. Estas escuelas escatiman todo lo que pueden tanto en docentes como en infraestructura, llevando en muchos casos, a situaciones que ponen en peligro a los estudiantes
La supremacía del mercado amenaza derechos
Lo peor de todo es que la ideología neoliberal tiene al mercado y la libre elección como tótems, y fomenta la desregularización. El informe GEM cubre muy bien la necesidad de regular mejor los actores privados.
El estudio que yo hice ya hace algunos años analizando las leyes que regulan a los actores privados en la educación, fue bastante deprimente. Entre estas leyes, unas no hacían ninguna mención a la regularización, otras se limitaban describir el proceso para poder establecer instituciones privadas, y una minoría de países detallaba una normativa para que estas instituciones cumplieran con los estándares nacionales y de derechos humanos, con una regulación potente.
Pero, lo que vemos especialmente en la mayoría de los países pobres, es que las instituciones privadas están creciendo de forma exponencial, muchas veces de forma ilegal. Estos estados, ya con presupuestos limitados (debido en gran parte a la ideología de minimizar el rol del Estado y favorecer el del mercado) no tienen los recursos disponibles para llevar a cabo las labores de inspección efectiva de las instituciones privadas. Las asociaciones público-privadas o escuelas concertadas, pueden suponer un gran coste para los gobiernos, absorbiendo gran parte de un financiamiento insuficiente y de otros recursos.
Respecto a si una mayor presencia de actores no estatales podría ser la solución para combatir la estratificación, yo diría que no, más bien todo lo contrario.
Las escuelas denominadas de bajo coste (que no lo son para los más pobres), sólo consiguen aumentar la estratificación horizontal y vertical, aumentando las desigualdades de género.
El caso de Chile es paradigmático de como la privatización fomentada por el estado aumenta la estratificación social, desabasteciendo y bajando la calidad de las escuelas que sirven a los estratos con menos ingresos.
Fortalecer la educación pública diluye la segregación
La mejor manera de luchar contra la segregación y la estratificación social es invertir en una educación pública, gratuita, inclusiva y de buena calidad para todos, todas y todes, desde jardín de infancia hasta las universidades, centros de formación, y aprendizaje a lo largo de la vida.
La educación es un derecho, no un privilegio, mercancía o beneficencia, sino un derecho. Y su financiamiento tiene que venir de la movilización de recursos internos estatales a través de una tributación progresiva, poniéndole fin a la evasión y elusión fiscal, ayudada de la cooperación exterior basada en derechos humanos, no en neoliberalismo.
Los principios de Abidjan aclaran que los Estados deben dar prioridad al financiamiento y la provisión de educación pública, gratuita y de calidad, y sólo pueden financiar instituciones educativas privadas de instrucción elegibles, directa o indirectamente, si éstas cumplen con los estándares y normas de derechos humanos aplicables, y observan estrictamente todos los requisitos sustantivos, procedimentales y operativos.
Sobre el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM)
El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM, por sus siglas en inglés) de la UNESCO fue creado en 2002 como revisión de los objetivos educativos exigiendo a la comunidad mundial que rinda cuentas de los compromisos contraídos en esta materia.
CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
24 de marzo de 2023Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
Los rostros de la privatización de la educación en Chile
7 de diciembre de 2022Texto basado en la presentación en el panel “El Futuro el Público” 29 de Noviembre 2022, Casa Central Universidad de Chile
La privatización de la educación en Chile implica más que la existencia de escuelas privadas o que éstas sean parte del sistema público recibiendo subvención del Estado.
La privatización de la educación en Chile, dejó atrás la pugna del siglo XX entre la educación pública y la educación religiosa, y tiene más que el escandaloso crecimiento de la matrícula en manos de actores privados – casi el 70% en la educación obligatoria y más de un 85 % en la educación superior. Actualmente la privatización de la educación en Chile, implica una catástrofe mayor.
Según Stephen Ball, la privatización de la educación implica una orientación cada vez más mercantilista, competitiva y consumista en nuestras sociedades. Por eso la privatización de la educación opera encubierta, ocultándose tras una reforma educativa que busca “modernizar” la gestión del Estado, de las escuelas y de los aprendizajes.
La eficacia del sistema educativo en insertar a cada individuo/a a la maquinaria capitalista de turno, es el valor que toma la escuela. Se pregunta Ball ¿es la educación un servicio que se vende a un cliente? Cuesta ya imaginarnos otra cosa. Este reduccionismo mercantil tiene repercusiones en cómo se configura nuestra sociedad, ya que aunque la escuela sea privada, sus efectos siguen siendo públicos. Veamos algunos ejemplos.
En Chile, un pequeño grupo de familias pueden tener a sus hijas e hijos en escuelas privadas de élite, un 7% de la población, mientras que la mayoría se distribuye en escuelas subvencionadas, privadas o municipales, divididas en subsistemas segregados por la capacidad de pago de las familias y/o, la selección que hacen las mismas escuelas. En consecuencia, está la escuela para competir con la privada, la de clase media, la alternativa, las no tan buenas, las técnicas y las no tan malas.
A gusto del consumidor, – o del sostenedor -, así se genera la segregación educativa más alta de la región[i], encubierta en el discurso de la libre elección. La escuela pública que nunca ha cobrado, ni ha seleccionado, “la escuela de todas, todos y todes” se ha convertido paulatinamente en un ghetto, que concentra pobreza y la mayoría de los problemas sociales derivados de la desigualdad neoliberal[ii].
La desesperanza y la rabia que expresa la juventud son reducidas a un síntoma de la crisis de la escuela pública, “la violencia escolar”. Así lo han tratado las autoridades y los medios[iii].
El problema de la escuela pública es la violencia, mientras que la segregación y la desigualdad producida por la privatización queda encubierta. Un estudiante expulsado por manifestarse en su liceo nos relata: “Si ustedes van a una manifestación al liceo no gritan gritos políticos, lo que van a decir es que faltan profesores, falta mesa, faltan insumos, faltan sillas por eso están haciendo barricadas ahora por eso se está movilizando por las weas (sic) más básicas“. La escuela neoliberal al segregar vulnera el derecho a la educación. Lamentablemente para quienes más lo necesitan.
Después de la pandemia la competencia educativa continuó, faltaba tiempo, hay que “apagar incendios”, postular a proyectos, que no baje la matrícula, (porque si baja, baja también la subvención), disminuir la deserción, subir el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE).
La carrera educativa no cesa, es el fundamento de la cultura escolar neoliberal. Por medio de ella el malestar colectivo se disuelve en el sistema educativo y se transforma en malestar individual. La competencia escolar dispersa y multiplica las desigualdades, hace competir un sistema educativo contra otra persona, una escuela con la otra, una estudiante contra el otro, mientras las y los docentes se defienden del malestar estudiantil y de las evaluaciones que imponen las reformas basadas en la Nueva Gestión Pública. Por eso en la escuela neoliberal proliferan los problemas de salud mental. Si antes las y los estudiantes pedían democracia y participación, hoy, además de mejoras infraestructurales, piden contención emocional.
Las estudiantes del emblemático Liceo Carmela Carvajal de Providencia, proponían en su petitorio del 2022 “generar espacios seguros focalizados en la contención, los cuales tengan como fin último lograr una instancia de confianza y diálogo entre la comunidad donde se puedan tratar temas delicados que aquejan al estudiantado.” Agregan que, “en estos espacios deben participar psicólogos, de manera que cumplan el rol de guiar y/o contener en caso de que exista un desborde a causa del impacto que pueden llegar a generar los testimonios.”, más adelante exigen, “espacios de mínimo 10 minutos durante los bloques de 3 horas pedagógicas para ir al baño, despejarse y descansar la mente, ya que debido al estrés y fatiga mental que provocan es difícil concentrarse y entender la materia“.
Tales exigencias se repiten en varios Liceos. Piden atención psicológica, contención emocional, menos exigencias académicas, que la escuela las/los acoja. Ya que en algunos colegios el problema es muy grave, sobre todo en aquellos que son considerados emblemáticos de la competencia educacional. Sólo en la Región Metropolitana las licencias médicas de docentes de escuela públicas aumentaron hasta en un 353% en los últimos 2 años (UDP, 2022). La escuela neoliberal subsumida en la competencia vulnera el derecho en la educación, ya que es una escuela que medicaliza, disuelve el malestar colectivo en enfermedad individual.
En Alto Hospicio la comuna más pobre de Chile, hay solo un Liceo Público, el Liceo Juan Pablo II. Este Liceo es Municipal, es técnico profesional, forma jóvenes en especialidades asociadas a la explotación minera, hoy supera los 1200 estudiantes. Hace 10 años se encuentra administrado, en una alianza público privada por la Minera Collahuasi[iv] y la Fundación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura[v]. Esta última fundación administra 20 liceos públicos y privados en todo Chile, en los cuales se están formando más de 12.000 jóvenes en especialidades ligadas a la explotación minera y agropecuaria, todo esto gracias “al traspaso por parte del Ministerio de Educación de sus atribuciones administrativas a organismos privados ligados al sector productivo.” (SNA Educa).
En la IX región está la escuela rural particular subvencionada San Nicolás de Vilcún, en pleno territorio Mapuche esta escuela particular subvencionada católica, pugna en pleno siglo XXI con la reproducción de la cultura ancestral. La escuela pertenece a la Fundación para el Magisterio de la Araucanía, entidad privada ligada a la Iglesia, que tras el eslogan “Evangelizar y Educar” sostiene más de 170 escuelas entre la X y IX región, casi todas en sectores rurales, muchas en la zona de conflicto con las comunidades ancestrales que protegen ese territorio de la explotación forestal.
Como estas fundaciones hay muchas hoy en Chile, consolidadas en sectores urbanos, rurales, poblaciones, en regiones, son la alternativa a la precarizada educación pública. Belén Educa, Corporación Aprender, Fundación Arturo Irarrazabal, Fundación de la Santa Fe, otras ligadas a la cámara de comercio, de la construcción, muchas financiadas por donaciones del capital rentista y financiero Como el capitalismo mismo, actúan en red, se coordinan, colaboran, comparten recursos, e incluso intervienen, o directamente administran las escuelas del Estado, con proyectos educativos religiosos, de corte empresarial, especialmente diseñados para los sectores populares, para su gobernabilidad y explotación.
Hoy, las fundaciones controlan el territorio educativo, ante el retroceso de lo público y están organizados para defender este control. Lo demostraron en la reciente coyuntura constituyente, donde levantaron una poderosa ofensiva política y mediática en defensa de la libre elección y contra la educación estatal. Sus vocerías provocaban en el debate constituyente “¿Les gustaría que el Estado eligiera la educación para sus hijos? Eso va a ocurrir si se le quita el financiamiento estatal a las fundaciones sin fines de lucro [vi].”
Daniel Rodríguez vocero de Acción Educar en la misma línea señalaba en ese mismo debate “Quienes insistan en desvestir el santo de la educación particular subvencionada, para vestir el santo de la educación pública se quedarán con la desnudez.” Agrega que “(…) garantizada inadecuadamente, esto es sin financiamiento público, la libertad de elección puede terminar en que solo los que tengan recursos, los ricos, puedan elegir la educación que quieren”, por eso prescribe que “No basta con permitir que existan distintos colegios (…) el Estado debe promover la diversidad financiando a las familias que elijan proyectos educativos distintos al estatal”. Termina recalcando que “Hoy más de 2 millones de niños y jóvenes y más de 496.000 estudiantes de la educación superior ejercen estos derechos gracias al apoyo financiero del Estado y sus contribuyentes, privarlos de ellos es un retroceso inaceptable.”
Ambas organizaciones citadas se articulan en defensa de la educación privada, financiadas por el gran empresariado nacional, participaron activamente en el reciente debate constituyente. Nada más que decir, estamos secuestrados por el proyecto educativo empresarial. Con este tipo de influencia, el sentido y los objetivos del sistema educativo están secuestrados por el empresariado. Realmente no se puede elegir, porque la escuela neoliberal se subordina a las necesidades del mercado.
La privatización de la educación en Chile vulnera el derecho a, en y desde la educación[vii]. Segrega al estudiantado más pobre y criminaliza la protesta estudiantil, expulsando y procesando judicialmente a las y los jóvenes que se manifiestan en defensa de la educación pública. Instala proyectos educativos competitivos, que vulneran el bienestar psíquico de los actores educativos, y paulatinamente ha ido entregando el control del sistema educativo a la “iniciativa privada-mercantil”, vulnerando la democracia del sistema, y la soberanía educativa de las comunidades, que sin proyecto educativo con que oponerse, se han terminado acomodando al proyecto educativo religioso-empresarial.
La privatización de la educación en Chile significa la restauración conservadora a través de la producción y reproducción del orden social neoliberal, competencia y desigualdad, esto se implica en múltiples problemáticas en la escuela, como la explotación que viven las/s profesores, la desvalorización de las pedagogía, la precariedad y falta de pertinencia de la alimentación escolar, la desregulación mercantil con que crece la Educación Superior, y sobre todo la ausencia total de propuestas de fortalecimiento de la educación pública. Lo que no se puede hacer porque la educación privada hoy en Chile es un formidable poder político y social en manos de los grupos económicos y religiosos, que se han opuesto y combaten toda iniciativa por reconstruir la educación pública
Esta situación lleva a pensar que la educación privada nunca podrá ser simplemente regulada, sin un proyecto educativo, ni sujeto, ni poder social que se le opongan. Construir este proyecto, este sujeto, este poder, consideramos, es la tarea urgente de las fuerzas que aún creemos en el derecho social a una educación pública, comunitaria y popular.
Referencias
- Ascorra, P., Bilbao, M. Á., Gómez, G., & Morales, M. (2016). Relación entre segregación y convivencia escolar en escuelas chilenas con altos puntajes PISA 2009. Universitas psychologica, 15(1), 15-27.
- González, R. (2017). Segregación educativa en el sistema chileno desde una perspectiva comparada. Santiago, Chile: Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Santiago. Chile.
- Petitorio estudiantes Liceo Carmela Carvajal, octubre año 2022
- David Tralma (2022) “La otra cara del regreso a clases: licencias médicas de profesores crecieron hasta un 353% en la Región Metropolitana. “Sitio periodismo Universidad Diego Portales Vergara 340
- Foro por el Derecho a la Educación Pública (2020) Informe sobre Derechos Humanos y Educación. Mesa de Seguimiento FODEP.
[i] Una investigación de hace unos años sobre este tema señala que “se evidencian peores ambientes escolares en las escuelas municipales, de niveles socioeconómicos bajos y no selectivos, donde los estudiantes se sienten estigmatizados y discriminados por variables académicas, familiares y políticas.” (Ascorra , 2016)
[ii] Chile es reconocidamente un país con altos niveles de desigualdad, los cuales se observan en una desigual distribución del ingreso, expresada en altos valores para el índice de Gini. De acuerdo con este indicador, Chile es el país miembro de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución de ingresos. (González, 2017)
[iii] Tras la pandemia la crisis en las escuelas públicas se precipitó. Estudiantes secundarios/as salieron a protestar en distintos establecimientos municipales (estatales), protagonistas de esta crisis. La protesta estudiantil ha estado marcada por la acción directa y la violencia política, las estrategias de diálogo se han agotado para muchos/as de las/os estudiantes. La Noticia en prensa es esta “Casos de violencia escolar han aumentado un 21 por ciento en relación con 2019” Radio Cooperativa 17 de Noviembre de 2022.
[iv] La compañía minera Doña Inés de Collahuasi es una sociedad contractual minera cuyos accionistas son las siguientes empresas transnacionales, Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources B.V. (12%).
[v] La Sociedad Nacional de Agricultura es la unión de Gremios de los antiguos latifundistas (fundada en 1838), hoy comprometidos con el agronegocio.
[vi] Ingrid Bohn, Vocera Educación “Libre y Diversa” en defensa de sus propuestas en debate constitucional año 2022.
[vii] Más sobre la triple vulneración al derecho en el sistema educativo ver Anexo1: Entrevista a Camilla Crosso, en el Informe sobre Derechos Humanos y Educación Foro por el Derecho a la Educación Pública año 2020.
Foro Chileno apoya movilización estudiantil
6 de octubre de 2022Desde el Foro por el Derecho a la Educación Pública estamos apoyando a las estudiantes expulsadas del liceo Carmela Carvajal de Providencia.
Rechazamos las medidas desproporcionadas aplicadas a las estudiantes y apoyamos las acciones que realicen en su defensa.
¡Por el derecho a la manifestación, que nadie te deje sin educación!
Si sufres alguna vulneración a tus derechos educativos, escríbenos al correo foro.educacion.chile@gmail.com o déjanos un mensaje en privado.
#derechoalaeducación
#educacionpublica
#estudiantesenlucha
#aulasegura
¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?
A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización - hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas - y la financiarización de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras” Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas. >> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés">Educación superior: reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe
17 de mayo de 2022“La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: `El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos´, recuerda la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el documento publicado este lunes (16/5) en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO, que se realiza en Barcelona (España) esta semana, del 18 al 20 de este mes.
El documento, titulado “Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe” fue construído colectivamente por la red CLADE con representantes de Costa Rica, Argentina, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica y con integrantes de la oficina CLADE y la Campaña Mundial por la Educación (CME).
¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?
A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior.
La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras”
Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas.
>> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés
CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
21 de marzo de 2022Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
La Educación Pública Funciona: cinco lecciones de países de bajos y medianos ingresos
31 de enero de 2022Al revisar seis ejemplos de educación pública en países en desarrollo, entre ellos cuatro de América Latina y el Caribe (Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador), este resumen en español de una investigación originalmente publicada en inglés, por el Consorcio Internacional sobre Derechos Humanos y Privatización, muestra que, en contraste directo con ideas ampliamente difundidas, la educación pública puede ser un abordaje más eficaz y transformador, y lo más importante: es posible desarrollar una educación pública de calidad en todas las partes del mundo.
>> Nota con mensajes-clave del estudio (en español).
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