CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
24 de marzo de 2023Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
Los rostros de la privatización de la educación en Chile
7 de diciembre de 2022
Juan González López
Foro por el Derecho a la Educación Pública
Texto basado en la presentación en el panel “El Futuro el Público” 29 de Noviembre 2022, Casa Central Universidad de Chile
La privatización de la educación en Chile implica más que la existencia de escuelas privadas o que éstas sean parte del sistema público recibiendo subvención del Estado.
La privatización de la educación en Chile, dejó atrás la pugna del siglo XX entre la educación pública y la educación religiosa, y tiene más que el escandaloso crecimiento de la matrícula en manos de actores privados – casi el 70% en la educación obligatoria y más de un 85 % en la educación superior. Actualmente la privatización de la educación en Chile, implica una catástrofe mayor.
Según Stephen Ball, la privatización de la educación implica una orientación cada vez más mercantilista, competitiva y consumista en nuestras sociedades. Por eso la privatización de la educación opera encubierta, ocultándose tras una reforma educativa que busca “modernizar” la gestión del Estado, de las escuelas y de los aprendizajes.
La eficacia del sistema educativo en insertar a cada individuo/a a la maquinaria capitalista de turno, es el valor que toma la escuela. Se pregunta Ball ¿es la educación un servicio que se vende a un cliente? Cuesta ya imaginarnos otra cosa. Este reduccionismo mercantil tiene repercusiones en cómo se configura nuestra sociedad, ya que aunque la escuela sea privada, sus efectos siguen siendo públicos. Veamos algunos ejemplos.
En Chile, un pequeño grupo de familias pueden tener a sus hijas e hijos en escuelas privadas de élite, un 7% de la población, mientras que la mayoría se distribuye en escuelas subvencionadas, privadas o municipales, divididas en subsistemas segregados por la capacidad de pago de las familias y/o, la selección que hacen las mismas escuelas. En consecuencia, está la escuela para competir con la privada, la de clase media, la alternativa, las no tan buenas, las técnicas y las no tan malas.
A gusto del consumidor, – o del sostenedor -, así se genera la segregación educativa más alta de la región[i], encubierta en el discurso de la libre elección. La escuela pública que nunca ha cobrado, ni ha seleccionado, “la escuela de todas, todos y todes” se ha convertido paulatinamente en un ghetto, que concentra pobreza y la mayoría de los problemas sociales derivados de la desigualdad neoliberal[ii].
La desesperanza y la rabia que expresa la juventud son reducidas a un síntoma de la crisis de la escuela pública, “la violencia escolar”. Así lo han tratado las autoridades y los medios.
La desesperanza y la rabia que expresa la juventud son reducidas a un síntoma de la crisis de la escuela pública, “la violencia escolar”. Así lo han tratado las autoridades y los medios[iii].
El problema de la escuela pública es la violencia, mientras que la segregación y la desigualdad producida por la privatización queda encubierta. Un estudiante expulsado por manifestarse en su liceo nos relata: “Si ustedes van a una manifestación al liceo no gritan gritos políticos, lo que van a decir es que faltan profesores, falta mesa, faltan insumos, faltan sillas por eso están haciendo barricadas ahora por eso se está movilizando por las weas (sic) más básicas“. La escuela neoliberal al segregar vulnera el derecho a la educación. Lamentablemente para quienes más lo necesitan.
Después de la pandemia la competencia educativa continuó, faltaba tiempo, hay que “apagar incendios”, postular a proyectos, que no baje la matrícula, (porque si baja, baja también la subvención), disminuir la deserción, subir el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE).
La carrera educativa no cesa, es el fundamento de la cultura escolar neoliberal. Por medio de ella el malestar colectivo se disuelve en el sistema educativo y se transforma en malestar individual. La competencia escolar dispersa y multiplica las desigualdades, hace competir un sistema educativo contra otra persona, una escuela con la otra, una estudiante contra el otro, mientras las y los docentes se defienden del malestar estudiantil y de las evaluaciones que imponen las reformas basadas en la Nueva Gestión Pública. Por eso en la escuela neoliberal proliferan los problemas de salud mental. Si antes las y los estudiantes pedían democracia y participación, hoy, además de mejoras infraestructurales, piden contención emocional.
Las estudiantes del emblemático Liceo Carmela Carvajal de Providencia, proponían en su petitorio del 2022 “generar espacios seguros focalizados en la contención, los cuales tengan como fin último lograr una instancia de confianza y diálogo entre la comunidad donde se puedan tratar temas delicados que aquejan al estudiantado.” Agregan que, “en estos espacios deben participar psicólogos, de manera que cumplan el rol de guiar y/o contener en caso de que exista un desborde a causa del impacto que pueden llegar a generar los testimonios.”, más adelante exigen, “espacios de mínimo 10 minutos durante los bloques de 3 horas pedagógicas para ir al baño, despejarse y descansar la mente, ya que debido al estrés y fatiga mental que provocan es difícil concentrarse y entender la materia“.
Tales exigencias se repiten en varios Liceos. Piden atención psicológica, contención emocional, menos exigencias académicas, que la escuela las/los acoja. Ya que en algunos colegios el problema es muy grave, sobre todo en aquellos que son considerados emblemáticos de la competencia educacional. Sólo en la Región Metropolitana las licencias médicas de docentes de escuela públicas aumentaron hasta en un 353% en los últimos 2 años (UDP, 2022). La escuela neoliberal subsumida en la competencia vulnera el derecho en la educación, ya que es una escuela que medicaliza, disuelve el malestar colectivo en enfermedad individual.
Las fundaciones controlan el territorio educativo, ante el retroceso de lo público y están organizados para defender este control.
En Alto Hospicio la comuna más pobre de Chile, hay solo un Liceo Público, el Liceo Juan Pablo II. Este Liceo es Municipal, es técnico profesional, forma jóvenes en especialidades asociadas a la explotación minera, hoy supera los 1200 estudiantes. Hace 10 años se encuentra administrado, en una alianza público privada por la Minera Collahuasi[iv] y la Fundación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura[v]. Esta última fundación administra 20 liceos públicos y privados en todo Chile, en los cuales se están formando más de 12.000 jóvenes en especialidades ligadas a la explotación minera y agropecuaria, todo esto gracias “al traspaso por parte del Ministerio de Educación de sus atribuciones administrativas a organismos privados ligados al sector productivo.” (SNA Educa).
En la IX región está la escuela rural particular subvencionada San Nicolás de Vilcún, en pleno territorio Mapuche esta escuela particular subvencionada católica, pugna en pleno siglo XXI con la reproducción de la cultura ancestral. La escuela pertenece a la Fundación para el Magisterio de la Araucanía, entidad privada ligada a la Iglesia, que tras el eslogan “Evangelizar y Educar” sostiene más de 170 escuelas entre la X y IX región, casi todas en sectores rurales, muchas en la zona de conflicto con las comunidades ancestrales que protegen ese territorio de la explotación forestal.
Como estas fundaciones hay muchas hoy en Chile, consolidadas en sectores urbanos, rurales, poblaciones, en regiones, son la alternativa a la precarizada educación pública. Belén Educa, Corporación Aprender, Fundación Arturo Irarrazabal, Fundación de la Santa Fe, otras ligadas a la cámara de comercio, de la construcción, muchas financiadas por donaciones del capital rentista y financiero Como el capitalismo mismo, actúan en red, se coordinan, colaboran, comparten recursos, e incluso intervienen, o directamente administran las escuelas del Estado, con proyectos educativos religiosos, de corte empresarial, especialmente diseñados para los sectores populares, para su gobernabilidad y explotación.
Hoy, las fundaciones controlan el territorio educativo, ante el retroceso de lo público y están organizados para defender este control. Lo demostraron en la reciente coyuntura constituyente, donde levantaron una poderosa ofensiva política y mediática en defensa de la libre elección y contra la educación estatal. Sus vocerías provocaban en el debate constituyente “¿Les gustaría que el Estado eligiera la educación para sus hijos? Eso va a ocurrir si se le quita el financiamiento estatal a las fundaciones sin fines de lucro [vi].”
Daniel Rodríguez vocero de Acción Educar en la misma línea señalaba en ese mismo debate “Quienes insistan en desvestir el santo de la educación particular subvencionada, para vestir el santo de la educación pública se quedarán con la desnudez.” Agrega que “(…) garantizada inadecuadamente, esto es sin financiamiento público, la libertad de elección puede terminar en que solo los que tengan recursos, los ricos, puedan elegir la educación que quieren”, por eso prescribe que “No basta con permitir que existan distintos colegios (…) el Estado debe promover la diversidad financiando a las familias que elijan proyectos educativos distintos al estatal”. Termina recalcando que “Hoy más de 2 millones de niños y jóvenes y más de 496.000 estudiantes de la educación superior ejercen estos derechos gracias al apoyo financiero del Estado y sus contribuyentes, privarlos de ellos es un retroceso inaceptable.”
Ambas organizaciones citadas se articulan en defensa de la educación privada, financiadas por el gran empresariado nacional, participaron activamente en el reciente debate constituyente. Nada más que decir, estamos secuestrados por el proyecto educativo empresarial. Con este tipo de influencia, el sentido y los objetivos del sistema educativo están secuestrados por el empresariado. Realmente no se puede elegir, porque la escuela neoliberal se subordina a las necesidades del mercado.
La privatización de la educación en Chile vulnera el derecho a, en y desde la educación. Segrega al estudiantado más pobre y criminaliza la protesta estudiantil, expulsando y procesando judicialmente a las y los jóvenes que se manifiestan en defensa de la educación pública.
La privatización de la educación en Chile vulnera el derecho a, en y desde la educación[vii]. Segrega al estudiantado más pobre y criminaliza la protesta estudiantil, expulsando y procesando judicialmente a las y los jóvenes que se manifiestan en defensa de la educación pública. Instala proyectos educativos competitivos, que vulneran el bienestar psíquico de los actores educativos, y paulatinamente ha ido entregando el control del sistema educativo a la “iniciativa privada-mercantil”, vulnerando la democracia del sistema, y la soberanía educativa de las comunidades, que sin proyecto educativo con que oponerse, se han terminado acomodando al proyecto educativo religioso-empresarial.
La privatización de la educación en Chile significa la restauración conservadora a través de la producción y reproducción del orden social neoliberal, competencia y desigualdad, esto se implica en múltiples problemáticas en la escuela, como la explotación que viven las/s profesores, la desvalorización de las pedagogía, la precariedad y falta de pertinencia de la alimentación escolar, la desregulación mercantil con que crece la Educación Superior, y sobre todo la ausencia total de propuestas de fortalecimiento de la educación pública. Lo que no se puede hacer porque la educación privada hoy en Chile es un formidable poder político y social en manos de los grupos económicos y religiosos, que se han opuesto y combaten toda iniciativa por reconstruir la educación pública
Esta situación lleva a pensar que la educación privada nunca podrá ser simplemente regulada, sin un proyecto educativo, ni sujeto, ni poder social que se le opongan. Construir este proyecto, este sujeto, este poder, consideramos, es la tarea urgente de las fuerzas que aún creemos en el derecho social a una educación pública, comunitaria y popular.
Referencias
- Ascorra, P., Bilbao, M. Á., Gómez, G., & Morales, M. (2016). Relación entre segregación y convivencia escolar en escuelas chilenas con altos puntajes PISA 2009. Universitas psychologica, 15(1), 15-27.
- González, R. (2017). Segregación educativa en el sistema chileno desde una perspectiva comparada. Santiago, Chile: Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Santiago. Chile.
- Petitorio estudiantes Liceo Carmela Carvajal, octubre año 2022
- David Tralma (2022) “La otra cara del regreso a clases: licencias médicas de profesores crecieron hasta un 353% en la Región Metropolitana. “Sitio periodismo Universidad Diego Portales Vergara 340
- Foro por el Derecho a la Educación Pública (2020) Informe sobre Derechos Humanos y Educación. Mesa de Seguimiento FODEP.
[i] Una investigación de hace unos años sobre este tema señala que “se evidencian peores ambientes escolares en las escuelas municipales, de niveles socioeconómicos bajos y no selectivos, donde los estudiantes se sienten estigmatizados y discriminados por variables académicas, familiares y políticas.” (Ascorra , 2016)
[ii] Chile es reconocidamente un país con altos niveles de desigualdad, los cuales se observan en una desigual distribución del ingreso, expresada en altos valores para el índice de Gini. De acuerdo con este indicador, Chile es el país miembro de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución de ingresos. (González, 2017)
[iii] Tras la pandemia la crisis en las escuelas públicas se precipitó. Estudiantes secundarios/as salieron a protestar en distintos establecimientos municipales (estatales), protagonistas de esta crisis. La protesta estudiantil ha estado marcada por la acción directa y la violencia política, las estrategias de diálogo se han agotado para muchos/as de las/os estudiantes. La Noticia en prensa es esta “Casos de violencia escolar han aumentado un 21 por ciento en relación con 2019” Radio Cooperativa 17 de Noviembre de 2022.
[iv] La compañía minera Doña Inés de Collahuasi es una sociedad contractual minera cuyos accionistas son las siguientes empresas transnacionales, Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources B.V. (12%).
[v] La Sociedad Nacional de Agricultura es la unión de Gremios de los antiguos latifundistas (fundada en 1838), hoy comprometidos con el agronegocio.
[vi] Ingrid Bohn, Vocera Educación “Libre y Diversa” en defensa de sus propuestas en debate constitucional año 2022.
[vii] Más sobre la triple vulneración al derecho en el sistema educativo ver Anexo1: Entrevista a Camilla Crosso, en el Informe sobre Derechos Humanos y Educación Foro por el Derecho a la Educación Pública año 2020.
Foro Chileno apoya movilización estudiantil
6 de octubre de 2022Desde el Foro por el Derecho a la Educación Pública estamos apoyando a las estudiantes expulsadas del liceo Carmela Carvajal de Providencia.
Rechazamos las medidas desproporcionadas aplicadas a las estudiantes y apoyamos las acciones que realicen en su defensa.
¡Por el derecho a la manifestación, que nadie te deje sin educación!
Si sufres alguna vulneración a tus derechos educativos, escríbenos al correo foro.educacion.chile@gmail.com o déjanos un mensaje en privado.
#derechoalaeducación
#educacionpublica
#estudiantesenlucha
#aulasegura
Educación superior: reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe
17 de mayo de 2022“La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: `El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos´, recuerda la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el documento publicado este lunes (16/5) en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO, que se realiza en Barcelona (España) esta semana, del 18 al 20 de este mes.
El documento, titulado “Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe” fue construído colectivamente por la red CLADE con representantes de Costa Rica, Argentina, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica y con integrantes de la oficina CLADE y la Campaña Mundial por la Educación (CME).
¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?
A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior.
La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras”
Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas.
>> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés
CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
21 de marzo de 2022Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
La Educación Pública Funciona: cinco lecciones de países de bajos y medianos ingresos
31 de enero de 2022Al revisar seis ejemplos de educación pública en países en desarrollo, entre ellos cuatro de América Latina y el Caribe (Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador), este resumen en español de una investigación originalmente publicada en inglés, por el Consorcio Internacional sobre Derechos Humanos y Privatización, muestra que, en contraste directo con ideas ampliamente difundidas, la educación pública puede ser un abordaje más eficaz y transformador, y lo más importante: es posible desarrollar una educación pública de calidad en todas las partes del mundo.
>> Nota con mensajes-clave del estudio (en español).
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Alocación del 4% del PIB para la Educación en República Dominicana: el paradoxo del apoyo al sector privado
18 de diciembre de 2021Autor: Elisabeth Robert y Jorge Ulloa
Publicado originalmente en: NORRAG Special Issue 05, pp. 80-84
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Título original en inglés: Allocation of 4% of GDP to Education in the Dominican Republic: The Paradox of Supporting the Private Sector
>> Descarga la síntesis del estudio aquí.
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Educación en América Latina y el Caribe: Los mensajes clave de un informe sobre el cumplimiento de este derecho en la región y su relación con la privatización
17 de diciembre de 2021De acuerdo con el documento lanzado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), intitulado “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la Garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas”, la región de América Latina y el Caribe cuenta con complejos y sostenidos procesos de construcción y reproducción de desigualdades que se expresan en la educación como en otras dimensiones sociales.
El informe analiza los debates entorno a lo público y lo privado en el ámbito educativo, la inclusión y las desigualdades, el financiamiento educativo, la cuestión docente, la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales, y las disputas por los sentidos de la educación.
Con la convicción de la CLADE y de Fernanda Saforcada y Alan Baichman – autores de este escrito – de que el derecho a la educación y su garantía no están sólo en los números de las estadísticas o los reportes que se presentan, sino en la construcción política y en las disputas que cotidianamente, a niveles macro y micro, se desenvuelven, este informe desglosa su mecánica de acuerdo con los tópicos centrales, que se retoman a continuación.
La educación pública en la encrucijada: entre la garantía del derecho y los avances privatizadores
Según el estudio, desde fines del siglo pasado se han observado tendencias crecientes de privatización y de debilitamiento de la educación pública a nivel global. Estas tendencias se han extendido, profundizado y complejizado en este siglo no sólo por la expansión del sector privado, sino también por la acción de actores transnacionales de venta de servicios educativos y por la injerencia del sector empresarial en el ámbito de lo público.
Lo que se comprende por lo público y lo privado en materia educativa, así como las perspectivas en torno a cuál es el rol que el Estado debe asumir, es objeto de disputa. Las reformas neoliberales de los años 1990, en el contexto del Consenso de Washington, impulsaron nuevas formas de nominar que buscaban licuar el sentido histórico de la educación pública, al proponer que toda la educación es pública y desplazar la distinción entre público y privado a una clasificación de modos de gestión: gestión estatal o gestión particular. De este modo, la educación privada es reconocida como pública y, al mismo tiempo, la educación pública pierde su sentido histórico asociado a lo común.
Financiamiento de la educación latinoamericana: avances y retrocesos
El informe explica que, entre el 2000 y el 2014, la inversión en educación en el conjunto de la región aumentó considerablemente. Según la UNESCO y el Banco Mundial, en el 2000 América Latina y el Caribe invertía en educación el 3.86% del Producto Bruto Interno (PBI) regional, en tanto que para 2014 este valor ascendió a 5.26%. Algunos países de la región han logrado alcanzar el 6% del PBI y otros han podido acercarse. Brasil alcanzó el 6.24% en el 2015. Bolivia logró alcanzarlo desde el 2002, llegando al 7,29% en el 2014. Costa Rica lo logró desde el 2009, con 7,06% para este indicador en el 2016. Cuba superó el valor de referencia en primer lugar, presentando el 12,84% para 2010 (último año con datos disponibles) y Venezuela con 6,88% en el 2009.
Por otro lado, en términos de deuda, la mayor parte de los países no alcanza los estándares mínimos comprometidos, tanto en relación con el derecho a la educación como con el ODS 4 – Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Esta deuda es histórica y se vincula tanto con las características de nuestros Estados como con las relaciones internacionales y las exigencias de ajustes fiscales en el marco de las deudas externas de los países de la región. A pesar de que los primeros años de este siglo constituyeron un período de expansión del financiamiento público a la educación. Sin embargo, aún con tendencias de incremento de los recursos educativos en un contexto de crecimiento de las economías latinoamericanas, la mayor parte de los países no logró cumplir con las metas asumidas en esta materia (6% del PBI y 20% del total del gasto público destinados a educación).
Derecho a la educación y participación de la sociedad civil: un campo en tensión
Desde una concepción de participación positiva, los distintos sectores de la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar, opinar, criticar y debatir sobre las políticas educativas en sus distintas dimensiones y momentos, sean estos los procesos de toma de decisión, la construcción programática y planificación de la política, su implementación y desarrollo, y su evaluación. En América Latina y el Caribe, según el estudio, son habituales las protestas por parte de sindicatos docentes y de centros de estudiantes que abogan por más financiamiento para la educación, por mejores condiciones salariales para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, y mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en general. También se han llevado adelante acciones exigiendo una mayor oferta educativa estatal (sobre todo en nivel inicial y superior) debido a que las vacantes públicas no son suficientes. En los últimos años también se ha visto la incursión de interlocutores por parte de la Iglesia, otras instituciones religiosas y el sector empresarial-privado.
Las disputas por los sentidos de la educación
El ODS 4 se titula “Educación de calidad”. Se vuelve central entonces la discusión acerca de qué entendemos por calidad, quién y qué define una educación de calidad. Podría sostenerse que los aprendizajes son de “calidad” si son acordes al contexto vivido por quienes los aprenden, situados, significativos y relevantes. Se puede pensar que un sistema educativo es de calidad si está en diálogo con los problemas, los desafíos y las necesidades de una localidad determinada y su sociedad; si se orienta por un proyecto social, igualitario y colectivo. El informe presenta que la definición de qué es una educación de calidad hoy está determinada por las lógicas de las evaluaciones estandarizadas de resultados. La gravitación de la evaluación estandarizada como estrategia de regulación de la educación no atañe sólo a América Latina y el Caribe, sino que es global y resulta evidente cuando se observan las repercusiones y la eficacia, en términos de impacto político, de la iniciativa PISA, y otras medidas de evaluación aplicadas por la región.
Educación a lo largo de la vida: un panorama del acceso a la educación formal
También según el estudio, en la región, los niños y las niñas de entre 3 y 4 años tienen un promedio de que 6 de cada 10 participan en programas de educación preescolar; sin embargo, hay una alta heterogeneidad en la región: en algunos países la matriculación es casi universal; en otros se ubica en torno al 30%. UNESCO reporta que la tasa neta de matrícula de educación primaria en la región es del 93.1%. Muchos países superan el 95% en la tasa de matrícula, aunque también son numerosos los países que están por debajo de esa cifra, lo que significa una enorme cantidad de niños y niñas sin escuela, demostrando que la educación primaria es aún una deuda.
En términos de educación secundaria, la tasa neta de matrícula en la región era del 76.9% en 2017, evidenciando un crecimiento en más de 4 puntos desde el 2010 (se encontraba en el 72.8%). A pesar de un notorio avance en la región, los números son muy lejanos respecto de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 2017 la tasa bruta de matrícula en el nivel terciario para la región era del 50.6%. Datos demuestran que El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran con una tasa menor al 30%, mientras que Argentina y Chile logran superar un 85%. Existen grandes diferencias entre los países de la región y dentro de cada país se verifican muy desiguales posibilidades de acceso en base a las desigualdades socioeconómicas.
La región tiene una historia de vinculación de la educación popular, protagonizada por movimientos sociales y políticos, con la educación de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, se mantienen varios desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas. Por un lado, muchos programas todavía se concentran en el primer nivel de la alfabetización y se presta muy poca atención a los niveles siguientes. Por otro lado, hay escasa producción de datos e indicadores específicos sobre el tema que permitan elaborar mejores programas y políticas.
Educación, inclusión y desigualdades
Se identifican tres ejes en torno a la inclusión educativa en la región, según el estudio: un primer eje es que la educación inclusiva estuvo ligada únicamente a la escolaridad de personas con discapacidades; luego esta noción se amplía y se pasa a una concepción de inclusión educativa con foco en determinados grupos sociales reconocidos como aquellos excluidos; finalmente, en el contexto del pos-neoliberalismo, la inclusión educativa se articula y redefine en una perspectiva general de inclusión social, como una de las dimensiones de políticas orientadas a dar respuesta a las desigualdades.
En términos de educación y género, en América Latina y el Caribe se ve que por cada 93 niños que terminan el primer ciclo de enseñanza secundaria hay 100 niñas y que “el número de mujeres pobres que terminaron los dos ciclos de enseñanza secundaria es superior al de los varones” (UNESCO, 2018). Además, en la región, las brechas en las tasas de finalización de la educación secundaria en relación con los niveles de ingresos de las familias de las y los jóvenes son muy pronunciadas. El informe demuestra que dentro del 20% de la población con mayores ingresos, un 83% de los y las jóvenes logra culminar la secundaria, mientras que en los sectores con menos recursos solo un 35.4% culmina la secundaria.
En cuanto a la educación y migración, la UNESCO (2019) señala que “la migración y los desplazamientos requieren sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan. Los países deben reconocer en su legislación el derecho de los migrantes y refugiados a la educación y hacerlo cumplir en la práctica.”
Con respecto a los pueblos originarios UNESCO (2019) señala que “en muchos lugares, para los pueblos indígenas la educación ha implicado una asimilación forzosa a través de la escuela. Se suman a ello la pobreza y la migración a zonas urbanas, que involucran a menudo erosión cultural, pérdida de la lengua y discriminación. La pérdida de la lengua constituye un gran problema para las poblaciones indígenas urbanas. En las ciudades de México, el Ecuador y el Perú, las generaciones jóvenes tienen muchas menos probabilidades de hablar las lenguas indígenas que los jóvenes de las zonas rurales.”
Las y los docentes en América Latina y el Caribe: un panorama complejo
Las trabajadoras y los trabajadores de la educación juegan un rol esencial para pensar el derecho a la educación; en particular, si se lo piensa como derecho social. Esta consideración supone resaltar la dimensión colectiva de la tarea frente a fuertes tradiciones que tienden a individualizarla. En la región hay más de 7 millones de docentes trabajando a diario, representando el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores, trabajadoras, técnicas/os y profesionales (Banco Mundial, 2015).
A su vez, en la docencia existe una división sexual del trabajo, siendo las mujeres cerca del 75% de las y los profesoras/es de América Latina, pero el rango va desde un 62% en México hasta un 82% en Uruguay, Brasil y Chile (Banco Mundial, 2015). Los salarios docentes históricamente han sido bajos. En la región hay una brecha entre la remuneración del profesorado y de otros sectores profesionales, y a esto se suma el alto grado de trabajo no reconocido y no pago de las y los docentes.
Las condiciones básicas de trabajo –como lo son el salario y el tiempo de trabajo– aún constituyen un problema central a la hora de analizar el trabajo de las y los profesoras/es, y de pensar políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación.
Conclusión del estudio
En América Latina y el Caribe, la garantía de la educación como derecho humano fundamental y como derecho social de toda la población, en condiciones igualitarias y de calidad, es aún una deuda para grandes sectores sociales. Este informe – realizado por CLADE, con el apoyo de OXFAM, EDUCO y DVV International, presenta una mirada amplia y multidimensional del estado de situación del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, y de los avances en el cumplimiento del ODS 4.
Para leer a manera más detallada cómo este informe brinda una compleja y desafiante mirada al acceso a la educación, puedes acceder al contenido completo aquí: El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4
Mil Millones de Voces por la Educación: 4 kits para entender los impactos negativos de la privatización educativa
En el marco de la campaña “Mil Millones de Voces por la Educación”, que demanda más y mejores recursos financieros para garantizar la educación pública, gratuita e inclusiva, hemos venido destacando los riesgos del avance de la privatización educativa en América Latina y el Caribe, y cómo eso impacta de manera negativa la realización de la educación como un derecho humano, en condiciones de igualdad y gratuidad para todas las personas.
En ese sentido, elaboramos 4 kits con materiales educomunicativos, entrevistas, artículos, videos, paneles virtuales y estudios, que abordan y presentan de manera clara y accesible qué está en juego para la educación cuando hablamos de temas, como: el avance de la privatización y comercialización de servicios públicos en el contexto de pandemia COVID-19; la influencia de organizaciones multilaterales financieras como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las políticas educativas de América Latina, a través de sus préstamos; las relaciones entre los sistemas tributarios, la justicia fiscal y el financiamiento educativo; y cómo las legislaciones en los diferentes países favorecen, o no, el lucro privado en y desde la educación.
A continuación, retomamos los diferentes paquetes de materiales y piezas educomunicativas que lanzamos durante el año sobre estos temas, buscando así contribuir con el debate y la ampliación del acceso a la información y al conocimiento, sobre la necesidad de controlar la actuación de la iniciativa privada en la educación, desde los Estados y la ciudadanía, y también de fortalecer los sistemas educativos públicos y gratuitos como una responsabilidad de los gobiernos y un derecho y espacio de aprendizaje seguro y democrático para todas y todos.
Financiamiento educativo y justicia fiscal
¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribe? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública, gratuita y de calidad? ¿Qué son los flujos financieros ilícitos y cómo impactan la educación?
Aquí compartimos tarjetas informativas, folleto, animación, diálogo virtual, entrevista y artículo para crear un acercamiento a la temática. ¡Buena lectura!
Lineamientos de bancos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe
Es imposible entender la política educativa a nivel nacional, regional o global, hablar de neoliberalismo o grandes movimientos de privatización y apertura hacia la participación privada en la educación, sin considerar el papel de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero, ¿qué están financiando estos Bancos? ¿Cuáles son sus agendas y directrices en América Latina y Caribe?
En este kit, a través de tarjetas informativas, animaciones, folletos, video, documentos y una entrevista, damos a conocer la actuación del BM y del BID en nuestra región, con base en un panorama de los proyectos educativos que actualmente financian estos bancos y las directrices que orientan estos proyectos.
¿En qué medida los marcos legales de los países de nuestra región hoy permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación?
Para responder a esta pregunta, la CLADE realizó un mapeo regional, y con base en sus informaciones elaboramos y divulgamos en este boletín distintas notas y materiales, así como tarjetas explicativas y otros estudios, que ayudan a comprender el contenido de dicho mapeo, el cual se enfatizó en analizar los sistemas educativos de nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.
COVID-19 y privatización
Con la pandemia y las medidas de aislamiento social, las dinámicas cambiaron, impactando la sociedad como un todo y a la educación en particular. Uno de los impactos que se observan en el campo educativo fue la intensificación de los procesos de privatización y comercialización.
Este boletín profundiza el debate sobre estas temáticas a través de análisis, entrevista, materiales educomunicativos y publicación, para que podamos fortalecer nuestras acciones como red y en alianza con organizaciones y actores que defienden el derecho humano a la educación para todas y todos.
Para saber más:
¿Por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho humano a la educación?
Te invitamos a ver a continuación una animación y un folleto, que con base en los hallazgos de un estudio internacional elaborado por el Consorcio Internacional sobre Privatización y Derechos Humanos, en el cual la CLADE forma parte, presentan de manera sintética cinco lecciones de siete países de bajos y mediados ingresos, sobre por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho a la educación, con calidad e igualdad para todas y todos.
Animación
Marcha por el derecho a la educación pública y gratuita en Perú
15 de diciembre de 2021
Paulocesar Santos
Economista. Activista por la educación. Representante de la Organización "La Educación Se Respeta" - Red de jóvenes por la educación. Fundador del proyecto "Quillac" Desarrollo sostenible para comunidades nativas
En la última sesión de la Comisión de Educación del Congreso de la República, del viernes 10 de Diciembre de 2021 se aprobaron dos dictámenes aprobados en sesión extraordinaria.
El primer dictamen aprobado tiene como objetivo brindar facilidades a las universidades privadas con licencia denegada para que se vuelvan a presentar al proceso de licenciamiento sin haber cumplido las condiciones básicas de calidad. Con ello se beneficia a promotores y dueños de universidades privadas, permitiéndoles el regreso al sistema por la puerta falsa, lo que no solo constituye un trato discriminatorio frente a las universidades públicas y privadas que cumplieron con los estándares de calidad para obtener el licenciamiento, sino también perjudica a miles de estudiantes de universidades no licenciadas, prolongando innecesariamente la vulneración de sus derechos por parte de autoridades inescrupulosas que solo buscan beneficios económicos.
El segundo dictamen busca cambiar la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, agregando, entre otras, la figura de dos representantes de universidades públicas y dos de universidades privadas. Además, establece que la elección del Superintendente de SUNEDU será por el voto de las demás personas que conforman el Consejo Directivo. Con ello, se crea una estructura similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores, donde dichas autoridades se fiscalizaban entre ellas respondiendo a sus propios intereses, teniendo como consecuencia un sistema universitario desregulado, sin garantías de calidad, y con miles de estudiantes siendo estafados con su educación.
Los esfuerzos del Estado deben buscar generar y hacer cumplir los planes de contingencia para los miles de estudiantes y egresados/as de universidades con licencia denegada, cuyos estudios y planes de vida se han visto truncados por la indiferencia y el mal accionar de sus autoridades que, hoy, quieren hacer de las suyas de nuevo.
Los esfuerzos del Estado deben buscar generar y hacer cumplir los planes de contingencia para los miles de estudiantes y egresados/as de universidades con licencia denegada, cuyos estudios y planes de vida se han visto truncados por la indiferencia y el mal accionar de sus autoridades que, hoy, quieren hacer de las suyas de nuevo.
Necesitamos un sistema universitario de calidad, con universidades públicas fortalecidas, gratuidad educativa y un mayor presupuesto para la educación, y no agotar esfuerzos en contra de los intereses particulares que han hecho tanto daño a los/as jóvenes y al país.
Por tal motivo, desde distintos gremios estudiantiles, organizaciones y colectivos, convocamos a la ciudadanía a la MARCHA POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR #LaEducaciónSeRespeta este miércoles 15 de diciembre a las 6:30 pm en Plaza San Martín.
Necesitamos un sistema universitario de calidad, con universidades públicas fortalecidas, gratuidad educativa y un mayor presupuesto para la educación
