Incluir y no segregar: el desafío principal del sistema de educación pública

13 de diciembre de 2021

Año de publicación: 2019

Publicado por: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile

Este documento analiza de forma crítica la situación educativa de Chile. El análisis va más allá de observar las instituciones educativas, analiza asimismo el país y sus sistemas como un todo. Los autores afirman que la educación chilena aún está organizada en torno al lucro y segregada, trazando análisis, críticas y comentarios sobre el tema.


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Foto: Luis Robayo

Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’

7 de diciembre de 2021

Bajo el marco de la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA) este artículo muestra cómo los procesos de desfinanciación estructural de la canasta educativa colombiana y la asignación por estudiante como una modalidad del subsidio a la demanda, han constituido factores determinantes para la incorporación de lógicas de privatización en la provisión de la Educación Preescolar, Básica y Media (EPBM) colombiana.

El régimen de corresponsabilidad para la financiación de la EPBM pública en Colombia, implica aportes de recursos tanto del nivel nacional de gobierno, como del nivel subnacional, donde los principales fondos son recaudados a nivel nacional a través de las bases tributarias más importantes, que siguen perteneciendo a la Nación y, luego, son devueltos a municipios y departamentos a través de un esquema de transferencias territoriales. En 1993 se estableció la Ley 60, que reguló este mandato estableciendo los criterios para la distribución de las transferencias permitiendo durante los siguientes años, una ampliación progresiva de los fondos asignados a los sectores descentralizados que, para el caso de la educación pública, garantizó la entrega efectiva de la administración de las instituciones educativas a los departamentos y a un conjunto de municipios que surtieron un proceso de cumplimiento de requisitos ante las entidades nacionales.

No obstante, la crisis económica de 1999 y la ortodoxa gestión económica que le siguió, puso en cuestión estos avances y, afectó la disponibilidad de fondos para la educación pública. Frente a este contexto de crisis, el gobierno colombiano acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito que le garantizara recursos de salvamento al país en caso de descalce en los pagos de deuda externa tanto pública como privada. En este caso, se estableció un acuerdo que radicaba en recortar el ritmo de crecimiento de las transferencias territoriales. Para el sector educativo, la caída de participación de las transferencias significó la sustracción de cerca de 50 mil millones de dólares entre 2002 y 2017 frente al acuerdo constitucional establecido originalmente, recursos que junto con los que dejaron de percibir los otros sectores descentralizados (salud pública, agua potable, saneamiento básico, entre otros), fueron absorbidos por el nivel central de gobierno y, utilizados en otro tipo de competencias diferentes a los servicios sociales descentralizados.

Junto a este proceso de desaceleración de la inversión en EPBM, Colombia también realizó cambios regulatorios importantes en los mecanismos y criterios de su asignación a las entidades territoriales. En este sentido, la Ley 715 de 2001 introdujo la asignación por estudiante como principal criterio de distribución. Básicamente, este consistió en la asignación de las transferencias territoriales sobre la base de un monto por estudiante efectivamente incorporado a las aulas. Esto dejó atrás el mecanismo de asignación de acuerdo con presupuestos de oferta y cubrimiento de la nómina. La asignación por estudiante implica que la mayor parte de los recursos se distribuyen de acuerdo con la demanda educativa, favoreciendo a aquellas entidades territoriales con mayor capacidad de incorporar población a las aulas. Si bien, esta modificación se introdujo con la justificación de privilegiar el aumento en la cobertura educativa e incentivar su ampliación, sufrió un conjunto de problemáticas que terminaron por generar nuevas desigualdades educativas y graves exclusiones, además de señales favorables a la expansión de modalidades de privatización.

El mecanismo de asignación por estudiante favoreció aquellas localidades donde se concentra la población en edad escolar, puesto que privilegia las economías de escala generadas por la aglomeración y, termina discriminando negativamente aquellos lugares donde la dispersión poblacional es mayor. Como tal, la asignación por estudiante resulta poco ventajosa para las zonas rurales dispersas, puesto que no logran reunir la cantidad necesaria de estudiantes para acceder a recursos suficientes que garanticen la construcción y funcionamiento de las escuelas en estos territorios. Son precisamente las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, históricamente discriminadas en el acceso a la educación, las que, al habitar en este tipo de territorios, terminan peor situadas frente a la nueva manera de asignar los recursos.

Dados estos cambios, dos modalidades de provisión privada fueron introducidas con mayor vigor, financiadas con recursos públicos. Por un lado, 1) los convenios de contratación de cobertura, consistentes en la compra de cupos a colegios privados de bajo costo en zonas urbanas y, por otro lado, 2) la concesión de nuevas infraestructuras educativas públicas a organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Ambas modalidades vieron un crecimiento importante de su cobertura y de la cantidad de recursos dirigidos.

Estas problemáticas asociadas a la introducción del subsidio a la demanda, vinculadas a incentivos pro-aglomeración de estudiantes para disminuir los costos educativos, a una asignación por estudiante estructuralmente desfinanciada y, a la ausencia de recursos para la construcción y adecuación de infraestructura, estuvieron a la base de la rápida expansión de mecanismos de privatización de la oferta educativa pública en Colombia. A pesar de los incentivos importantes para el aumento de la matrícula pública en las zonas urbanas de mayor aglomeración, las grandes entidades territoriales optaron por contratar cupos escolares con colegios privados de bajo costo, en vez de construir infraestructura pública adecuada.

Si deseas leer más a profundidad las medidas de desfinanciación educativa en el contexto Colombiano, que han propiciado la proliferación de la privatización, puedes acceder al artículo aquí: Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’.


Foto: Unicef/México

Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación

Con el propósito de identificar tendencias y rasgos en la región Latinoamericana y del Caribe en temas de privatización educativa, en un artículo publicado recientemente en la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expone la inserción de múltiples políticas que introducen lógicas mercantiles en el campo educativo. Estos procesos han estimulado el crecimiento de industrias ligadas al lucro, así como la existencia de importantes brechas en las leyes que efectivamente permiten la realización de actividades lucrativas incluso en la etapa educativa obligatoria, creando una contradicción con la perspectiva de la educación como un derecho humano fundamental, en la medida en que se mueve el rol del Estado a la iniciativa privada.

Este esfuerzo de investigación de la CLADE parte de un entendimiento amplio del concepto de privatización educativa, que extrapola la presencia del sector privado, incluyendo los procesos de transferencia de actividades, activos y responsabilidades de los Estados a organizaciones privadas y también la subordinación de la educación pública a los intereses corporativos. Este artículo – realizado por Adelaida Entenza, Giovanna Modé, Laura Giannecchini y Nelsy Lizarazo – analiza documentos producidos por organismos multilaterales en 2020; páginas de ministerios de educación; y entrevistas con investigadoras/es y representantes de movimientos de la sociedad civil.

Según el análisis, en la región se dan diversas expresiones de privatización auspiciadas por múltiples agentes y actores que interactúan. Entre ellos está la influencia de organismos internacionales en las políticas educativas, como es el caso del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de proyectos de cooperación técnica y financiera, de procesos de recopilación de datos y de generación de conocimientos, y de sus condicionalidades (criterios definidos para otorgar préstamos), el BM y el BID logran influenciar las agendas sectoriales nacionales e incentivar la adopción de ajustes políticos y económicos estructurales en los países, determinando quiénes recibirán su apoyo, cuándo, a través de qué estructura operativa, y cuáles políticas o reformas políticas serán priorizadas en los países prestatarios. Tanto el BID como el BM actúan como actores políticos e intelectuales, con capacidad para formular y articular políticas, fomentando la participación directa del sector privado.

CLADE identifica que el proceso de control de la educación por parte de actores privados o no-estatales surge no sólo a través de formas tradicionales de alianzas público-privadas, pero también de estímulo al uso de las tecnologías de información y comunicación en el campo educativo y de fomento a nuevas empresas de educación, nuevos modelos pedagógicos y herramientas que debilitan el rol del Estado y de los sistemas públicos.
Ante este contexto pandémico, el estudio destaca tres ejes que han salido con más destaque en los procesos de privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: las complejas formas de privatización relacionadas a la instalación de plataformas para la educación a distancia, el refuerzo a formas de transferencia de fondos públicos a centros privados, y el rol de bancos multilaterales, particularmente del BID, en las iniciativas educativas que vienen buscando responder a la pandemia.

En “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia” (publicado por CLADE en el 2021), se realizó un rastreo de las páginas web de Ministerios de Educación de la región sobre las principales respuestas educativas adoptadas durante la pandemia, identificando la presencia o ausencia de plataformas, recursos, aplicaciones, servicios y paquetes que dichos ministerios contrataron para responder a la emergencia. Este levantamiento reveló que en el 56.5% de los países figuran explícitamente espacios promovidos por Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft, mientras en en el 17% constan empresas o fundaciones privadas tales como la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telefónica o The Private Sector Organisation of Jamaica, para mencionar algunas. El estudio también reveló que muchos contratos fueron establecidos de manera poco transparente, lo que puede abrir caminos para nuevos estudios que se concentren en las cláusulas establecidas por estos acuerdos, sus condiciones, tiempo de duración y montos acordados.

El relevamiento documental y las entrevistas de CLADE demostraron el fenómeno de privatización conocido en la literatura como subsidio a la demanda. Con la profundización inmediata de la crisis económica para muchos sectores y el crecimiento del desempleo, muchas familias se vieron afectadas desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Ya que muchas familias no pudieron pagar las cuotas de las escuelas privadas, aumenta la presión sobre el Estado para que este ofrezca ayuda a estas instituciones. La respuesta positiva estatal se observó de manera concreta y rápida en algunos casos, en forma de transferencia directa de fondos públicos para escuelas privadas, o indirectamente, a través de exenciones de impuestos.

Durante la emergencia sanitaria diversos actores privados ganaron terreno en el campo de la educación, colaborando entre sí y participando, activamente, en la definición de políticas y “nuevas narrativas”. Esta invasión de actores privados en la educación demanda, con urgencia, más estudios y atención, pues amenaza el ejercicio pleno del derecho humano a la educación.

Para conocer más sobre el impacto de los actores privados en los sistemas públicos de educación, puedes acceder al artículo realizado por la CLADE aquí: Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación.


Foto: Piensa Prensa Alternativa

El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo

En el periodo pos-retorno de la democracia chilena, la educación pasó progresivamente a un lugar más destacado en el proyecto político-social del país, expresado también en su relevancia presupuestaria. Las iniciativas educativas impulsadas en democracia demandaron una gran inversión fiscal ante el deterioro histórico de los indicadores educativos y sociales más relevantes del sistema. Desde entonces el gasto público del sector se ha triplicado en términos efectivos en las primeras dos décadas de democracia y más aún a partir del año 2014, producto de la implementación de leyes con gran impacto financiero que aumentaron las exigencias presupuestarias.

En este marco, el trabajo de Sebastián Donoso-Díaz, Daniel Reyes y Óscar Arias analiza la evolución del presupuesto público de educación en el país entre los años 1999 al 2018, identificando las principales tendencias en este campo. Además, se consideran las orientaciones privatizadoras y des-privatizadoras en la educación pública chilena, siendo que en el país se presenta un marcado y agresivo proceso de privatización educativa instalado desde los 80’. En Chile, los intentos por sacar al mercado de la educación fueron iniciados con gran sistematicidad en el año 2007 y fueron reiterados en el 2014.

Antecedentes

Las políticas educativas chilenas de 1990 al 2009 estuvieron sustentadas en una alianza política de centroizquierda socialdemócrata (Concertación), y posteriormente, del 2014 al 2017 por la misma coalición más la incorporación del Partido Comunista (Nueva Mayoría), en cuyo contexto se inclinó el hacer del Gobierno hacia la visión de la educación como un derecho social garantizado por el Estado.

A partir del año 1990 y hasta fines de 2020, el Estado en forma regular enfrenta en el campo educacional un conjunto de exigencias “de arrastre”, producto de la reducción significativa del gasto público en educación en la década de los 80’, la precarización salarial y laboral de las y los docentes, así como el deterioro de su formación profesional, impactando severamente la calidad de la educación. Todo esto, producto del evidente estímulo estatal a la privatización de la oferta educativa en todo nivel impulsada desde el 1981, que pauperizó la educación pública.

Cambios Presupuestarios

En materia de políticas educativas, el ciclo democrático inicial (1990-2006) realizó adecuaciones al sistema imperante, que significaron dictar el Estatuto Docente (1991), subir el valor de los subsidios escolares, impulsar la Reforma Curricular de 1995 en adelante. El ciclo político siguiente (2006-2011), marcó el avance del desgaste de las propuestas educativas de los gobiernos, alineadas con las manifestaciones sociales de las tensiones más significativas de la educación pública: la búsqueda de soluciones, y la persistencia de los efectos educativos negativos, a saber: su baja incidencia en reversar las grandes desigualdades educacionales de la sociedad, la alta segmentación socio-territorial y los problemas históricos de recursos financieros y calidad de la enseñanza. En el ciclo siguiente (2012-2018), se destaca la agudización de los conflictos públicos del sistema escolar; esencialmente transitando hacia el marco de derechos sociales de la educación, expresados en las políticas de inclusión en todas sus acepciones, de des-municipalización escolar y la gratuidad de la educación superior. Este fenómeno ha revitalizado el debate entre incremento presupuestario, rol del Estado, derecho a la educación y privatización de la enseñanza, marco en el que se desarrolla el texto.

En las décadas en estudio (1999 -2018), el presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDUC) en términos efectivos se cuadruplicó, teniendo un crecimiento promedio anual de 7,8% para estas décadas, acorde con las políticas de universalización de la educación escolar y también por el acceso a la educación superior de grupos sociales medios. El gasto en educación se amplió en forma importante, y si bien el aumento en subvención escolar ha sido en menor proporción, corresponde a un ítem muy alto, que sigue creciendo a una tasa inferior. Por otro lado, en este periodo, el contexto chileno ha visto la implementación de otras políticas, como la gratuidad de la educación superior, que requiere muchos recursos. Mientras que en 1999 el gasto en subvención escolar era dos tercios del gasto total ministerial, el 2018 se registró un bajón al 49%, tomando en cuenta dos puntos de inflexión importantes el 2007 – periodo post-manifestaciones estudiantiles de 2006 – y el 2015 – inicio de mayor gasto en educación superior.

A partir de 1999 el presupuesto para la educación superior (ES) crece 7 veces en términos reales, destinándose principalmente al financiamiento de créditos y becas estudiantiles, vinculados a la expansión de la matrícula. Por otro lado, el gasto total en Gestión y Administración ha aumentado 5,7 veces desde 1999, mientras que el gasto en personal lo ha hecho 3,5 veces. Los programas de alimentación escolar en estos años corresponden al 6% del total del gasto del Ministerio En el 2018, el 84% del gasto principal en este ítem eran los programas netamente enfocados en la alimentación, representando un 5,6% del total de gasto del MINEDUC.

El presupuesto nacional de educación creció en el periodo 1999-2018 del 3,4% al 5,9% del PIB, ratificando la importancia política y social de la educación. Los datos sostienen que esto es un elemento decisivo para el sistema educativo nacional, incluso frente al aporte municipal que es menor (2% aproximadamente). Este incremento presupuestario no implica que se haya dado pleno cumplimiento a las demandas sociales. Los sucesos de la década que finaliza exponen que, en varias de estas exigencias, sigue una insatisfacción profunda con las reformas impulsadas por los diversos gobiernos en el periodo.

En el periodo estudiado por los autores, se notan esfuerzos para “sacar a la educación del mercado” mediante un diseño muy progresivo de transformaciones que requieren el fortalecimiento del sector público. Sin embargo, aún existen procesos de privatización encubierta, por medio de la externalización de la alimentación escolar, la gestión de becas y créditos en educación superior, el diseño y aplicación de pruebas escolares nacionales e internacionales, y otras, reduciendo la visibilidad de las inversiones y el rol del sector público. El caso de Chile ocurre en un entorno lleno de tensiones políticas internas en las tres décadas de democracia, donde las políticas de educación han transitado desde un marco pro-privatización desregulado – herencia de la dictadura– hacia una regulación gradual del mercado.

Para saber más y conocer la expansión presupuestaria en Chile, puedes acceder al artículo aquí: El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo.


Seis ejemplos de educación pública en países comos Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador demuestran que la educación pública funciona. El texto reúne las conclusiones sobre el estudio y trae los links para consultarlo en inglés y profundizar en la tematica.
Imagen: Pexels

Vernor Muñoz: “La educación necesita, en primer lugar, financiación estatal y no caridad o filantropía”

12 de noviembre de 2021

La Declaración de Incheon establece que todos los países deben asignar eficazmente al menos el 4 – 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y al menos el 15 – 20% del gasto público total a la educación. A pesar de ello, existe un déficit de financiación externa de 39.000 millones de dólares, pero este cálculo ignora el déficit de financiación interna, mucho mayor”. Fue lo que afirmó Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante su participación en el Segmento de Alto Nivel de la Reunión Mundial sobre la Educación 2021 (GEM, por su acrónimo en inglés), encuentro organizado por la UNESCO que reunió a líderes de educación de 40 Estados del mundo este miércoles (10/11) para adoptar la Declaración de París

Con su intervención, Muñoz hizo un llamamiento mundial para aumentar la inversión en educación, especialmente tras la crisis de la COVID-19.

Según el director de políticas e incidencia de la CME, para que el financiamiento educativo sea garantizado, la comunidad internacional debería considerar la cancelación de la deuda y el alivio de la misma para desbloquear fondos en los presupuestos de los países en desarrollo. “Los bancos no deberían estar facultados para hacer negocios a costa de cualquier emergencia económica o humanitaria”, subrayó. 

“La Campaña Mundial por la Educación recomienda la creación de sistemas fiscales nacionales progresivos y ampliados. La elaboración de presupuestos nacionales para la Educación requiere aumentar: el tamaño de los presupuestos en general, la proporción de los presupuestos para la educación, la sensibilidad de los presupuestos para responder a los más marginados y el escrutinio de los presupuestos, para que los gobiernos rindan cuentas a la gente”, destacó también. 

>> Lee la intervención de Vernor Muñoz completa.


1.600 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela

Según la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños, niñas y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos y ellas, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. Actualmente, de acuerdo con la institución, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de estudiantes. 

“Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados”, afirma UNESCO en su página web.


Declaración de París: frente a las desigualdades educativas 

Hacemos hincapié en la urgencia de hacer frente a las crisis y a las desigualdades educativas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, que amenazan el avance arduamente logrado hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y hacen que los grupos y los estudiantes marginados y vulnerables queden aún más rezagados, especialmente los que viven en la pobreza, en áreas remotas y rurales, las mujeres y las niñas, los afectados por las crisis y los conflictos y las personas en situación de discapacidad”, afirman líderes mundiales en la Declaración de París, adoptada durante la Reunión Mundial sobre la Educación 2021.

En la declaración final del encuentro también se afirma que la educación es una inversión que requiere una financiación sostenible. “Reconocemos que los recursos nacionales, en particular a través de los ingresos tributarios, son esenciales y siguen siendo la principal fuente de financiación de la educación. Nos basamos en los llamados a la acción precedentes para priorizar, proteger y aumentar la financiación nacional de la educación, incluida la Declaración del presidente Kenyatta y de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países en desarrollo asociados a la Alianza Mundial por la Educación”.

Además, la carta insta a todos los gobiernos a cumplir sin demora con los compromisos que asumieron en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon en 2015 y en las Reuniones Mundiales sobre la Educación de 2018 y 2020, como el de asignar a la educación al menos el 4-6% del PIB y/o al menos el 15-20% del gasto público total.

>> Lee la Declaración de París completa. 


Investigaciones aportan: la consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público y en la limitación de las capacidades del Estado

Los dueños de colegios y su libertad de negocio

11 de noviembre de 2021

Janis Meneses, del Diario y Radio de Universidad de Chile, aborda la propuesta presentada por la derecha de incluir la “libertad de enseñanza” y el “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” optando por abordar el tema desde la educación en general, que fue rechazada y generó acusaciones de totalitarismo por parte de la Comisión.

Desde ahí, aporta, que cada uno que defienda la educación como un derecho humano fundamental debe integrarse a la discusión, especialmente frente fuerzas conservadoras y intereses económicos en defensa de sus negocios.

El análisis aporta a la definición de “libertad de enseñanza” que opera, a juzgar por el estado actual del sistema, como una “libertad de empresa”.

“Es esta la libertad que defienden los dueños de colegios en Chile, alejándose mucho de lo que comúnmente se puede considerar libertad de enseñanza: libertad de cátedra, adecuaciones curriculares, libertad de formas de aprendizaje, libertad de las comunidades para desarrollar proyectos educativos colectivos contextualizados y con arraigo territorial, entre otras cosas”, dijo Meneses.

Que garantice el Estado

Ella aporta a la existencia real del derecho a la educación para todos/as si garantizado por el Estado, que debe viabilizar el derecho humano fundamental que és la educación.

“Chile despertó.

Las familias chilenas despertaron para ejercer por fin sus legítimos derechos por años conculcados y ello implicará enfrentar decididamente a los fanáticos del negocio de la educación, con el fin de establecer en la nueva constitución el derecho a la educación como un derecho humano supremo y posibilitador no solo de otros derechos sino como una verdadera esperanza de anhelos personales, colectivos y de construcción de una sociedad más justa y solidaria”, analisa.

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La privatización de la educación en África subsahariana aporta: familias más pobres tienden a frecuentar escuelas privadas de bajo costo y más. Imagen trae dos niños con mochilas que se parecen estar indo estudiar
Zach Vessels/Unsplash

Desmitificar la privatización de la educación en África subsahariana: ¿Recurren los hogares pobres a la enseñanza privada por la calidad percibida, la distancia a la escuela o las bajas tasas?

4 de noviembre de 2021

Las tendencias recientes en la provisión de educación en los países en desarrollo apuntan a una creciente inversión privada en educación. La historia de la educación muestra que la inversión privada en educación no es un fenómeno nuevo, ya que se ha dado sostenidamente en distintos contextos. Moses Waithanji Ngware y Maurice Mutsiya llevaron a cabo una investigación sobre el tema, motivados por los resultados de un estudio longitudinal que mostraba una alta aceptación de las escuelas privadas de bajo costo para las personas en situación de pobreza de las ciudades, mientras que se verificaba que otros barrios no considerados pobres se caracterizaban por una alta aceptación de las escuelas gubernamentales que reciben subvenciones de capitación para la educación primaria gratuita. Con ello, los autores esperan contribuir a la literatura sobre las escuelas privadas de bajo costo en el África subsahariana, especialmente en los asentamientos urbanos informales de Kenia.

La privatización de la educación en África subsahariana

El estudio Demystifying Privatization of Education in Sub-Saharan Africa: Do Poor Households Utilize Private Schooling because of Perceived Quality, Distance to School, or Low Fees? (disponible sólo en inglés) revela que los países tienden a aplicar políticas en favor de las personas en situación de pobreza para evitar que las y los más vulnerables pierdan oportunidades sociales y económicas, como el acceso a la educación. Sin embargo, si no se aborda la causa fundamental de la desigualdad, las políticas no siempre dan los resultados esperados. Y la escolarización privada para las personas con ingresos más bajos no es una buena opción. Por ejemplo, en África Oriental, la escolarización privada suele asociarse con la probabilidad de mejorar los resultados del aprendizaje, pero no necesariamente para los niños y niñas con menos recursos. Las escuelas privadas de bajo costo tienen tensiones y compensaciones inherentes que no las convertirían en las mejores opciones para mejorar el acceso y la calidad de la educación.

Por los hallazgos del informe, se presenta interesante observar que las personas en situación de pobreza toman la decisión de utilizar escuelas privadas en presencia de escuelas públicas gratuitas. Por ejemplo, en Kenia, el 47% de los niños y niñas de los hogares con bajos recursos de las barriadas urbanas utilizan la enseñanza privada; esta cifra aumenta hasta más del 60% en el condado de Nairobi, la capital de Kenia. Los gobiernos que permiten la inversión privada en la educación de las personas en situación de pobreza se encontrarán cada vez más en un dilema de política social, pues se demuestra que estas medidas no benefician a los grupos a los que se dirige, especialmente en contextos urbanos de pobreza; por otro lado, los hogares toman decisiones deliberadas de utilizar la escolarización privada a pesar de la gratuidad de las escuelas.

Ngware y Mutsiya realizaron una encuesta longitudinal realizada por el Centro Africano de Investigación sobre Población y Salud en dos asentamientos urbanos informales: Viwandani y Korogocho. El estudio se realizó entre 2005 y 2010. La encuesta integrada en el Sistema de Vigilancia Demográfica y Sanitaria Urbana de Nairobi (NUHDSS) evaluó el impacto de la política de educación primaria gratuita introducida en 2003 en los resultados de la escolarización de los niños y niñas que viven en hogares urbanos pobres de Nairobi y las posibles intervenciones que podrían mejorar la participación escolar y la transición a la escuela secundaria.

Con esta información, los investigadores encontraron  las siguientes justificaciones para el uso de escuelas privadas por parte de los hogares con bajos recursos: 
  1. Padres y madres llevan a sus hijos e hijas a escuelas que perciben como seguras o situadas cerca de su lugar de trabajo. Esto último es importante, ya que es posible que los niños y las niñas no puedan sortear las complejidades de ir a pie a la escuela dentro de un entorno de tugurios.
  2. Se cree que los hogares con bajos ingresos no suelen verse atraídos por las escuelas que cobran tasas elevadas. Sin embargo, el estudio ve que ocurre lo contrario: los hogares siguen utilizando las escuelas privadas de bajo costo a pesar de que las escuelas públicas cobran tasas más bajas. Además, las tasas cobradas por una escuela influyen directa y significativamente en el tipo de elección de escuela, lo que implica que los hogares tienden a utilizar las escuelas que cobran tasas elevadas.
  3. Algunos padres y madres consideran que las escuelas privadas de bajo costo son de mejor calidad que las escuelas públicas, pero hay una mayor percepción de que las escuelas públicas son de mejor calidad después de la introducción de la política de educación primaria gratuita. La ventaja de las escuelas privadas, si es que la hay, podría deberse a la enseñanza/entrenamiento adicional que ofrecen, o a un sesgo de selección en el que retienen a estudiantes con alta capacidad académica mientras que expulsan a las y los estudiantes con peores resultados de aprendizaje, como ocurrió en Liberia.

El propósito de este artículo era responder a la pregunta “¿utilizan los hogares con bajos recursos la enseñanza privada por la calidad percibida, la distancia a la escuela o las bajas tarifas?” El análisis muestra que dichos hogares utilizan las escuelas privadas de bajo costo, más que nada, por la distancia a la escuela, es decir, por la proximidad o la conveniencia física. El análisis sugiere que la calidad de la educación y/o las tarifas bajas no son los únicos factores que motivan a los hogares con menos recursos a utilizar las escuelas privadas de bajo costo. La calidad percibida puede no ser la que impulsa la utilización de las escuelas privadas de bajo costo, ya que los hogares en contextos urbanos pobres tenían percepciones más fuertes sobre la calidad en las escuelas gubernamentales, que en las escuelas privadas. En la determinación de la elección del tipo de escuela, la calidad percibida media fuertemente los efectos de las características del hogar. Para revertir la expansión de las escuelas privadas, los autores hacen un llamamiento por mejorar la accesibilidad a las escuelas públicas entre los hogares urbanos en situación de pobreza y la provisión de becas de capitación dirigidas a los niños y las niñas de estos hogares, en lugar de la subvención de escuelas privadas.

Si deseas conocer más sobre este estudio y cómo los autores midieron los niveles de elección de las familias, puedes acceder al artículo (en inglés) aquí: Demystifying Privatization of Education in Sub-Saharan Africa: Do Poor Households Utilize Private Schooling because of Perceived Quality, Distance to School, or Low Fees? 


Políticas educativas en Paraguay - el imagen muestra una persona de espalda en una biblioteca e ilustra el texto sobre el tema
Imagen: StockSnap

Investigación y políticas educativas en Paraguay en tiempos de pandemia

Bajo el marco de la publicación “Estado y Derecho a la Educación en América Latina – Desafíos para la investigación educativa a partir de la pandemia, el artículo “La investigación y las políticas educativas en Paraguay en tiempos de pandemia”, de Rodolfo Elías (abril de 2021), analiza el contexto educativo en Paraguay y expande el mismo dentro de los tiempos de la pandemia. Este se propone mirar cómo se da la investigación educativa y los desafíos que la misma enfrenta durante la crisis sanitaria. Para ello, impulsa el análisis desde diferentes espacios en el país, a raíz de las diferentes situaciones educativas y por la necesidad de desarrollar propuestas de políticas que puedan constituir una alternativa a las visiones tecnocráticas y autoritarias predominantes actualmente en el ámbito nacional. 

De acuerdo con el artículo, previo a la pandemia, el contexto de Paraguay se encontraba sumergido en desigualdad, pobreza y precarización, las cuales impactan directamente en el sistema educativo. Esta situación se produce en un momento de debilidad institucional y de polarización política. En un periodo de grandes cuestionamientos a la gestión para las autoridades educativas, que en los últimos años han tenido una tendencia de recuperar prácticas autoritarias y de mayor incidencia de grupos fundamentalistas. 

Dada la pandemia, se utilizaron medidas de educación a distancia, siendo la principal la creación de la plataforma “Tu escuela en casa”. Esta plataforma entra en funcionamiento a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Educación (MEC) y MICROSOFT. Las clases en plataforma generan una serie de problemas, en un país con baja inversión, escasa infraestructura, donde uno de los primeros temas tiene que ver con el acceso a internet. 

Según unos datos publicados por UNICEF, el 22% de estudiantes paraguayos acceden a las clases a través de plataformas virtuales. El resto, en especial estudiantes de escuelas públicas y que viven en áreas rurales, no tienen acceso o lo hacen de manera irregular. Tales estudiantes reciben sus clases a través de medios como el WhatsApp, utilizados por docentes para enviar guías o por fotocopias que son retiradas por las madres, padres o los propios y propias estudiantes de sus escuelas. Por tanto, la pandemia  amplíó la brecha educativa entre estudiantes que tienen acceso a las plataformas educativas, tienen apoyo escolar por parte de su madre o padre y cuentan con condiciones en su hogar para realizar las actividades escolares y, por otra parte, estudiantes que no tienen acceso a la plataforma o lo tienen de manera irregular, que carecen de apoyo para tareas escolares y no cuentan con las condiciones mínimas en sus hogares. Además, el contexto generó nuevas exigencias a docentes, quienes deben asumir estrategias educativas y herramientas sin haber tenido experiencia ni formación en educación a distancia y en el uso de plataformas educativas.

El escenario del Covid-19

La pandemia y las medidas educativas implementadas en este contexto también han puesto en evidencia los problemas de desigualdad y en muchos casos los han profundizado: mayor énfasis en el logro de las competencias básicas a lo que se reduce el concepto de aprendizaje, énfasis en el cumplimiento de tareas, mayor uniformidad y homogeneidad en las propuestas educativas. Se trasladó la escuela al hogar, pero no se consideró las condiciones de vida, la pobreza, el nivel educativo de madres y padres, mayor presión en las mujeres, en especial en las madres para suplir la ausencia de la escuela y la falta de docentes, lo que generó en muchos casos mayor estrés, incluso más violencia en la familia y un aumento de la brecha social y educativa entre quienes tienen acceso a la tecnología y las personas que no tienen las condiciones mínimas para utilizar la plataforma educativa y realizar las tareas asignadas.

Financiamiento

El contexto paraguayo también cuenta con presión de sectores conservadores en contra del financiamiento a la investigación social a pesar de la necesidad educativa del país. Por otro lado, se ha podido reflexionar con docentes, estudiantes, madres, padres y comunidades sobre las experiencias educativas en estas circunstancias de la pandemia. Donde, a pesar de las dificultades, también se dan experiencias educativas interesantes como el mayor acercamiento de docentes a las familias, ya que se estableció una comunicación y un mayor involucramiento, en especial de las madres, con el proceso educativo de sus hijos e hijas. También, en algunos casos, se logró una mayor autonomía de estudiantes para realizar tareas, investigar, buscar información. A esto hay que sumar las innumerables iniciativas impulsadas por docentes, directoras y directores de escuelas para mantener el contacto con sus estudiantes y la presencia de la escuela, para dar soporte psicosocial y apoyar el desarrollo de actividades escolares.

Para saber más sobre la investigación y la respuesta educativa en Paraguay, así como desafíos e innovaciones implementadas durante la pandemia en el país, puedes acceder al estudio completo aquí: Estado y Derecho a la Educación.


La privatización de la educación en diferentes contextos
La privatización de la educación en diferentes contextos

Los recursos públicos en disputa: Reflexiones sobre la privatización de la educación en diferentes contextos

La Revista de Financiamiento de la Educación (FINEDUCA) ha lanzado un dossier sobre procesos de privatización y financiamiento educativo en diferentes contextos globales, haciendo hincapié en los países del Sur global. Este se ha publicado con el propósito de abogar por el derecho a la educación y conocer cuáles son los mecanismos utilizados por el sector privado para influir en la política pública educativa en todos sus niveles.


Privatización de la educación en diferentes contextos

El dossier incluye una serie de investigaciones que amplía la comprensión de los procesos de privatización y financiamiento en contextos habituales y de emergencia, como el de la actual pandemia de COVID-19. Se reconocen y abordan múltiples procesos de privatización, como la implementación de escuelas concertadas, escuelas privadas de bajo coste, deslegitimación de los Estados, avance de alianzas público-privadas y aprovechamiento de emergencias para obtener lucro en la educación. Este conjunto nos exhorta a reconocer quiénes son los actores que promueven una agenda neoliberal por medio de una sistematización de los donantes privados, el volumen de las donaciones y los principales destinatarios, demostrando una desigualdad en la dinámica de financiación educativa, con una orientación de Norte al Sur global. 

Los análisis reunidos en la revista buscan brindar conocimiento y estrategias que enfaticen la educación pública y gratuita como prioridad de la financiación gubernamental. Para ello se sugieren herramientas para la confrontación de las desigualdades educativas y asimetrías en el acceso a la educación como un derecho humano. Se hace un llamamiento para contrarrestar esta alarmante crisis y la privatización educativa y sus impactos, destacando la necesidad del trabajo en conjunto entre movimientos y actores sociales defensores del derecho a la educación. 

Para reflexionar sobre el tema y entender más sobre los procesos de justicia educativa y financiamiento educativo, puedes acceder al dossier aquí: Os Recursos Públicos em Disputa: reflexões sobre a privatização da educação em distintos contextos (en portugués)


Investigaciones aportan: la consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público y en la limitación de las capacidades del Estado

Observatorio Latinoamericano presenta el escenario de la educación y de la privatización educativa en 10 países de la región

El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) es una iniciativa del Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), creada para registrar el comportamiento de las políticas educativas en la región. En una serie de publicaciones sobre política educativa, el OLPE ofrece un análisis sobre cómo éstas se desarrollan a partir de los escenarios encontrados en los distintos países de América Latina, detallando las leyes que propician el comercio educativo y la incursión de actores privados dentro de esta arena, y alertando sobre las tendencias que buscan el debilitamiento de la educación pública en la región.

Según el análisis, por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.

El observatorio detalla las acciones y modelos educativos por cada país. A continuación, una breve descripción por país. 

El modelo de actuación del sistema educativo colombiano se caracteriza por la participación del sector privado en todos los ámbitos de la educación pública y persiste un trasiego sistemático de fondos públicos a las arcas privadas, mediante la compra pública de servicios educativos a grupos privados. Estos servicios incluyen desde la gestión de instituciones educativas hasta el diseño e implementación de modelos pedagógicos, pasando por el acompañamiento docente, la promoción de procesos de actualización profesional, la elaboración de contenidos educativos y la implementación de estos, así como los procesos de evaluación de los aprendizajes. Las autoridades educativas en Colombia han comprado al sector privado una amplia variedad de servicios educativos. Colombia es uno de los países donde más se ha avanzado con el comercio educativo a través de los modelos de alianzas público-privadas. El marco normativo que rige el Sistema General de Participaciones es el principal impulso para dirigir fondos públicos a proveedores privados de servicios educativos. Esa ley establece que hasta un 24% del presupuesto municipal se use para contratar servicios educativos con entidades no estatales. Con más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, los gobiernos han estado enfocados en el desarrollo de la guerra y su agenda y gran parte del presupuesto estatal, también. Los gobiernos colombianos han gobernado subcontratando procesos completos de política pública, dejando un vacío en el rol del Estado.

En la gestión de la política educativa de Costa Rica, lo que se observa es que el Estado costarricense ha avanzado en un formato de gestión pública-privada y, al tiempo que se disminuyen los fondos disponibles para educación y se des-responsabiliza al Estado de la gestión de la política educativa, los grupos privados y la cooperación se instauran como tomadores de decisión e implementadores de la política educativa pública mediante el modelo de las alianzas público-privadas. El crecimiento de la oferta privada en todos los niveles educativos es un rasgo de cómo el Estado costarricense ha facilitado las condiciones para el comercio educativo, pero, principalmente, cómo el Estado ha permitido el deterioro y el déficit de la oferta pública y ha dejado en manos de las familias la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de sus hijas e hijos. En general, lo que se observa es que no solamente las autoridades, sino todos los actores privados, han naturalizado la participación de grupos empresariales y del sector financiero en la toma de decisiones y en la gestión de la educación pública.

En El Salvador, el marco legislativo es favorable a la educación pública y al rol del Estado.n Sin embargo, en el país centroamericano se han establecido mecanismos paralelos, que no son superiores a las leyes vigentes, pero que están investidos del carácter de “consenso multisectorial” y que son mecanismos favorables a la participación del sector privado, las ONG, las corporaciones religiosas, la cooperación y los medios de comunicación en la toma de decisiones en educación. Estos mecanismos son el Consejo Nacional de Educación (CONED) y el Plan El Salvador Educado (PESE). Persiste una crítica de parte de los sectores de la cooperación y fundaciones externas a la inversión pública en secundaria. Esta crítica la basan, por una parte, en que la educación secundaria no está suficientemente alineada con las necesidades del sector productivo del país. Complementariamente, los actores que comercian con la educación critican que, a pesar de la inversión, no se detiene la exclusión educativa y que cada año crece el número de “desertores” escolares.

Guatemala tiene particularidades propias como un Ministerio de Educación fuerte, comprometido con la política educativa y con la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud indígena. Los modelos de escuelas subvencionadas y de centros educativos por cooperativas de enseñanza, principalmente en las zonas rurales que estuvieron afectadas por la guerra, mantienen la ausencia del Estado en esas regiones, 25 años después de finalizado el conflicto armado. Aún con esas particularidades, actores como el Banco Mundial o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), han instalado su propia agenda en la política educativa y han dado pie para que se consolide la presencia de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y grupos consultores privados en los espacios de toma de decisión, el diseño de programas y proyectos educativos y en la implementación de servicios educativos. 

En Honduras se observa una fuerte presencia de programas y proyectos educativos desarrollados por sectores privados, con el fin de implementarse en el sistema público. Estos son financiados con fondos de la cooperación internacional con la venia de la Secretaría de Educación. Lo que se observa es el avance de formatos público-privados y privados de gestión, administración e implementación de la política educativa pública. También las iniciativas de participación de las comunidades promueven la participación de grupos privados y ONG. Las principales formas de lucro percibidas no se nutren de fondos públicos, sino más bien, de fondos de cooperación que compran servicios de las ONG y grupos privados para que actúen en el ámbito de la educación pública.

En Panamá, el sistema educativo básico tiene tres niveles, 1) preescolar, primaria y premedia, 2) segundo nivel o educación media (secundaria), y 3) educación universitaria. El comercio educativo es más visible en los dos primeros niveles, que incluyen dos años de educación preescolar, seis de primaria, más tres de premedia, y tres de educación media. El país ha experimentado aumentos importantes en la cobertura educativa, por ejemplo, el aumento de 19 puntos porcentuales de cobertura de educación media del año 2011 al 2012. La legislación panameña facilita que las alianzas público-privadas atiendan las necesidades de infraestructura. La carencia de equipamiento y de acceso al agua en centros educativos, revistió aún más importancia a partir del inicio de la pandemia. En Panamá las iniciativas como el Plan Estratégico del Gobierno (PEG) 2019-2024, así como el Compromiso por la Educación y las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al país, tienen puntos de convergencia como la intención de desvalorizar la gestión pública, poner en duda la capacidad estatal para llevar adelante una gestión adecuada, avanzar en la descentralización de la gestión educativa y pensar la política educativa centrada en el desempeño. Los casos del Programa Panamá Bilingüe y de la Beca Universal, y los subsidios de matrícula, dejan al descubierto cómo los grupos privados por un lado critican la función pública, pero por otro, están dispuestos a que se transfieran millones de dólares en recursos públicos a proveedores de servicios privados.

En Paraguay se nota una tendencia de los gobiernos de facilitar la participación del sector privado en los ámbitos de toma de decisiones de la política educativa, consolidando las oportunidades para el lucro privado y favoreciendo el desmantelamiento del sistema público. Esta situación se produce en un momento de debilidad institucional y de polarización política. La pandemia ha propiciado cuestionamientos a la gestión para las autoridades educativas, que en los últimos años han tenido una tendencia de recuperar prácticas autoritarias y de mayor incidencia de grupos fundamentalistas. Al igual que otros países de la región, se observa la injerencia de la cooperación internacional en la gestión de la política pública y la aceptación por parte del Estado. En particular, se nota la gran influencia de la Unión Europea, la USAID, y la Organización de los Estados Iberoamericanos. 

En Perú se observa una creciente participación del sector privado y de la cooperación internacional (principalmente USAID) en los ámbitos de desarrollo de política pública y de toma de decisión en materia educativa. Se sobresalen dos tendencias preocupantes que pueden escalar hacia otros países de la región. Por un lado, el surgimiento de franquicias de escuelas privadas de bajo costo, como son las Innova Schools, y por otro, la inversión de grupos financieros y holdings comerciales en negocios educativos que actúan como franquicias o “cadenas” educativas.

En República Dominicana se observa una fuerte naturalización de la participación de actores privados, religiosos, de la cooperación internacional y de las instituciones financieras internacionales en los procesos de política pública, incluida la política pública en educación. Los grupos privados y empresariales están involucrados en procesos centrales de la política educativa como son la gestión interna en el Ministerio de Educación, el sistema de información interno, la carrera docente y la evaluación. Las principales tendencias de comercio educativo observadas hasta ahora están enmarcadas en el Pacto Nacional Educativo que surge a partir del Foro Nacional de Educación y de la aprobación del 4% del PIB para la educación (no exclusivamente pública) en el país. En el año 2015, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 50 000 000 para el desarrollo del Apoyo al Proyecto Nacional de Pacto Educativo para República Dominicana. Este préstamo contemplaba el reclutamiento y capacitación de maestros y maestras de escuelas primarias y secundarias, evaluación a estudiantes y docentes, evaluación de los centros de primera infancia y la gestión descentralizada de escuelas. El sector empresarial privado nacional participa activamente en el diseño de propuestas y en los niveles de toma de decisión con respecto a las políticas educativas. Igualmente, la cooperación internacional, principalmente la USAID y UNICEF también juegan un papel central en el diseño y la implementación de políticas educativas en el sector público. 

La forma de privatización mayormente observada en el Uruguay es la configuración de redes de empresas privadas que venden servicios al Estado y entre sí, para gestionar diferentes componentes de la política educativa. La legislación uruguaya garantiza espacios de participación y construcción conjunta de la comunidad educativa en el nivel de los centros educativos, tanto en los proyectos pedagógicos como en la elaboración de proyectos en convenio con otros actores, etc. Esta participación es una forma de blindar y proteger al sistema educativo público. Si bien se observan experiencias importantes en las que algunos grupos privados le venden sus servicios a otros grupos privados y no directamente al Estado, estos servicios terminan por expresarse y concretarse en el ámbito de la educación pública, generando y naturalizando la permanencia de empresas privadas en el quehacer educativo público. En Uruguay, el avance del comercio educativo y del lucro privado en este país se ha dado, incluso frente a este marco normativo que protege la educación pública y los actores privados con agenda de lucro se han instalado como actores legítimos frente a la opinión pública. Sumado a esto, en Uruguay se percibe un alto nivel de sofisticación de los negocios en educación, que se organizan en formas de clústeres y que, por tanto, tienen interés en protegerse entre sí, para permanecer vigentes en el mercado.