Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação. Subsídios para uma análise a partir de raça e gênero

13 de diciembre de 2021

Año de publicación: 2021

Publicado por: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Este cuaderno, que da continuidad al estudio “Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do estado entre 2016 e 2021 na educação”, analiza las reformas realizadas en los últimos 5 años en Brasil y sus efectos en las políticas educativas, con enfoque en los marcadores de género y raza. En el documento se recogen diversos datos y perspectivas de esta situación. El documento también está disponible en inglés


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Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação

Año de publicación: 2021

Publicado por: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Este estudio hace un análisis sobre las reformas del Estado realizadas en Brasil a partir del 2016 y sus resultados. Según el documento, las reformas forman parte de un proyecto de reducción del papel del Estado en la garantía de los derechos humanos, lo que pone bajo riesgo el bienestar de la población y la democracia. Además de en portugués, la publicación está disponible en inglés.


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Foto: Proyecto Lechuza/Alexander Reyes Guevara

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar: Necesitamos superar la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales

5 de noviembre de 2021

Los Estados miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, el cual se celebró ayer, 4 de noviembre de 2021. Se busca reconocer así que la violencia en el entorno escolar, bajo todas sus formas, atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su salud y bienestar.

El bullying o acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona, ya sea de forma verbal o física, que causa un daño temporal o permanente en la víctima. Consiste en un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, en el cual la persona sufre de amenazas, intimidación, manipulación e inclusive agresiones físicas. Es un enemigo silencioso que se nutre de la soledad, la tristeza y el miedo.

De acuerdo con estudios realizados por UNICEF referenciados por el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, de Argentina, un alto porcentaje de los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo sufre de acoso escolar en alguna oportunidad, por lo que se estima que uno de cada tres es víctima de este tipo de comportamiento. Quienes cometen estos actos de violencia y acoso en el entorno escolar son principalmente los propios compañeros y compañeras, pero en algunos casos también docentes y personal escolar.

La violencia de género, una de las formas de violencia presentes en los espacios educativos, se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas y patriarcales. El término se utiliza para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres, las niñas y todas las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas a los patrones heteronormativos, en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia y discriminación.

Según María Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CADEM), la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la víctima, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. “La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado”, explica.

Para responder a esta problemática, planteando formas de superarla, se impulsa el proyecto “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”, iniciativa que se implementa entre 2021 y 2023 en Nicaragua, Honduras y Haití, bajo la coordinación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con Alternatives (Canadá) y en los países con Foro Dakar Honduras, Reagrupación para Todas y Todos de Haití y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.

Con el enfoque de investigación acción participativa, el proyecto se propone desarrollar el conocimiento y la capacidad local para identificar y prevenir las múltiples expresiones de violencia y de violencia de género y para diseñar y adaptar las herramientas e instrumentos existentes, contribuyendo así para incorporar este tema en las prácticas locales y de las comunidades educativas, y también en los instrumentos de política nacional y regional. Todo el proceso contará con una estrategia comunicativa y educomunicativa que dará cuenta del mismo en cada una de sus etapas, como una forma de compartir aprendizajes con toda CLADE y con los aliados nacionales, regionales y globales.

>> Lee más sobre la iniciativa aquí.


Fase inicial: Entérate de algunos hallazgos preliminares del proceso de diagnóstico que se está desarrollando en los tres países, sobre la violencia escolar

1. En Nicaragua, la violencia escolar de género se vive desde agresiones, intimidaciones, exclusión y coacción, hostigamiento verbal y hasta robos. Además, el bullying ejercido por autoridades educativas va desde el menosprecio, la exclusión, las notas injustas, burlas e insinuaciones sexuales, mayormente por personal del género masculino.

2. En Honduras, se verifica que las violencias que sufren niñas y niños siguen creciendo en el país, particularmente por la presión de maras y pandillas, así como por el incremento en el número de niños/as (particularmente en varones) que consumen drogas tanto lícitas (alcohol, tabaco), como ilícitas (principalmente mariguana).

Otro fenómeno que se ha extendido en algunas regiones del país es el llamado prepago, modalidad de explotación sexual comercial de niños y niñas. Una exploración preliminar ha permitido identificar el surgimiento de violencias desde nuevos residentes, principalmente en el municipio de Ojojona, donde se han asentado pobladores provenientes de la capital, Tegucigalpa.

Por un lado, se observa una gran disponibilidad por parte de docentes, madres y padres de familia y diversos sectores, por la puesta en marcha de la temática del enfrentamiento a la violencia; por otro lado alguna incomodidad o temor de identificación de posibles casos de los cuales todos en la comunidad están enterados, pero que solo se quedan entre ellos.

Además, como resultado de la exploración preliminar, se considera que se encontrarán diversas expresiones de violencia, sin abordajes o con abordajes muy superficiales, que no contribuyen a su resolución, e incluso constituyen una especie de cortina para mantenerlas fuera de la mirada pública.

3. En Haití, el contexto actual es de muchas violencias de grupos armados en los entornos educativos. Recientemente invadieron un centro educativo en Puerto Príncipe, la capital, para matar y herir a un padre de familia y estudiantes. En este escenario, es imperativo proteger a la sociedad de la violencia y, con ella, los espacios y establecimientos escolares, asegurando que no haya violencia en las escuelas.

Los espacios escolares no son zonas de delincuencia y de guerra, y las autoridades y la sociedad son responsables de protegerlos de cualquier tipo de violencia.


Foto: Coalición Colombiana

CLADE realizó serie de diálogos para compartir experiencias sobre incidencia legislativa

28 de octubre de 2021

El grupo de trabajo de miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sobre incidencia legislativa realizó, durante las últimas semanas, una serie de tres diálogos virtuales, donde se compartieron experiencias de organizaciones de la sociedad civil en la defensa del derecho humano a la educación ante parlamentos y autoridades del poder legislativo en diferentes países de la América Latina y el Caribe.

Los aprendizajes intercambiados en estos encuentros se sistematizarán y servirán como insumos para la elaboración de una guía de incidencia legislativa en ámbito regional.

Mira a continuación la grabación de estos encuentros.

Experiencias de la subregión Camexca: El Salvador y Honduras (20/10)


Experiencias de la Región Andina: Bolivia, Colombia y Perú (13/10)


Experiencias desde Argentina, Brasil y Chile (6/10)


Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estudio revela que no es crisis, es un proyecto: las reformas estructurales que reducen el Estado y limitan el derecho a la educación en Brasil

19 de octubre de 2021

Estudio elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE) demuestra que las reformas recientes realizadas en Brasil, en base al discurso de la austeridad económica y la crisis financiera, han reforzado desigualdades estructurales, a contracorriente de la necesidad de aumentar financiamiento para derechos sociales en el país, entre ellos el derecho a la educación.

Estas reformas, al tiempo en que reducen el rol del Estado brasileño como garante de derechos, impactan de manera negativa los avances en los campos sociales que se habían conquistado en las últimas décadas en el país, precarizando los servicios públicos. Con características de complementariedad y continuidad, las medidas que están en línea con las demandas de las élites económicas atacan a las bases del funcionalismo público, incluyendo la educación pública, y refuerzan desigualdades estructurales del contexto brasileño, situación que se agrava en el contexto de pandemia.

Estos son hallazgos del estudio intitulado “No es una crisis, es un proyecto: los efectos de las Reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación” (en portugués), elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE), con el apoyo de ActionAid, y en colaboración técnica de Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Plataforma DHESCA y coalición “Direitos Valem Mais”.

El estudio es la colaboración brasileña a una investigación global coordinada por ActionAid sobre cómo las políticas de austeridad económica están precarizando el trabajo de servidores y servidoras públicas/os, en especial de la educación, en diversos países donde la organización actúa. En este esfuerzo, los países mapearon los impactos de las reformas de austeridad fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus contextos.

La investigación en Brasil observa las reformas implementadas en el país a partir de 2016, cuando tuvieron lugar el impeachment de Dilma Rousseff y la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, la cual estableció un techo para los gastos públicos, congelando inversiones en educación, salud y asistencia social por 20 años. Luego, mira la serie de reformas que fueron impulsadas en el país bajo el argumento de la crisis financiera: las reformas laboral, tributaria y administrativa que fueron aprobadas, o están en debate en el Congreso Nacional brasileño. El estudio sistematiza informaciones esenciales y analiza las justificativas que se presentaron para las medidas, presentando argumentos contrarios que demuestran el impacto y los riesgos de las reformas para los campos sociales, especialmente la educación. Se verifica que las medidas analizadas tienen múltiples camadas, como la reducción del papel del Estado, la precarización de vínculos laborales y el desmonte de servicios públicos.

“Hace años que estamos denunciando y actuando sistemáticamente contra una serie de reformas propuestas en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Brasil, que han dañado los derechos sociales, especialmente el derecho a la educación. Este estudio va de la mano con ese trabajo, mostrando en detalle que se trata de una agenda amplia que está en curso, combinada y complementaria, de reformas que contrarían principios constitucionales y de derechos, buscando deformar el rol del Estado”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora general de la CNDE y una de las coordinadoras del estudio en Brasil.

>> Descarga el estudio completo aquí.

Mira la grabación del evento de lanzamiento de la publicación:


Parte 2: Un análisis de la austeridad a partir de la raza y del género

Las reformas que reducen la capacidad del Estado brasileño de atender a su población impactan de manera más grave a las mujeres y niñas negras, de acuerdo con la segunda parte del estudio elaborado por la Campaña Brasileña [disponible aquí – en portugués].

El análisis “No es crisis, es un proyecto: los efectos de las reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación – Subsidios para un análisis desde la raza y el género” hace un mapeo de parte de las medidas de austeridad implementadas y en debate en el país, poniendo luz en la lógica del obstáculo que crean a las políticas públicas.

En esta parte 2, la investigación se enfoca en mostrar que la desfinanciación de políticas públicas y protección social generadas por estas medidas profundizan desigualdades educativas. Grupos de la población históricamente marginalizados, en especial mujeres y niñas negras, son las personas más afectadas.

Mira a continuación la grabación del lanzamiento de la segunda parte del estudio de la Campaña Brasileña.


Pedido de impeachment contra el ministro de Economía Paulo Guedes

Poco antes del lanzamiento del estudio de la CNDE, la coalición “Direitos Valem Mais” [Derechos valen más], una articulación que reúne a más de 200 entidades de Brasil, entre ellas la Campaña Brasileña, presentó una demanda ante la máxima corte judicial del país, el Supremo Tribunal Federal (STF), en la que se hace un pedido de impeachment contra el ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.

En la denuncia, se acusa al ministro de crimen de responsabilidad durante la gestión de la pandemia COVID-19. En septiembre, la Coalición “Direitos Valem Mais” y la Plaforma Dhesca Brasil presentaron los principales argumentos de la denuncia en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual abordó violaciones de derechos cometidas por el Estado brasileño en el contexto de pandemia.

El principal punto de la acusación es que el ministro Paulo Guedes dejó de asignar en la propuesta de presupuesto para el año 2021, enviada para aprobación por el Congreso Nacional, recursos para el enfrentamiento de la COVID-19 este año, enfermedad que tuvo hasta el mes de agosto de 2021 aproximadamente el 65% de muertes y el 62% de contagios desde el inicio de la pandemia. El ministerio de Economía brasileño confesó ante comisión parlamentaria del Congreso Brasileño, que no dedicó recursos específicos para combatir la pandemia en la ley presupuestal de 2021, la cual fue elaborada por el gobierno en el 2020.

“Bloquear el presupuesto público brasileño e impedirlo de servir a la concretización de derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal es crimen de responsabilidad, en la medida que representa violación a los principios de la Ley Presupuestal”, afirma la abogada Eloísa Machado, representante de la coalición “Direitos Valem Mais”.

El pedido de impeachment también llama la atención para los impactos negativos a las políticas sociales y ambientales causados por la gestión de Paulo Guedes, quien ocupa el puesto desde enero de 2019. Según “Direitos Valem Mais”, el ministro viene actuando en el sentido de profundizar la pobreza en el país. De acuerdo con datos del Cadastro Único para programas sociales (CadÚnico), la pandemia profundizó la desigualdad social, aumentando el número de personas en situación de extrema pobreza en Brasil. En marzo de 2020, inicio de la pandemia, había cerca de 13,5 millones de personas en esta situación. El número aumentó para 784 mil personas em marzo de este año, representando un crecimiento de 5,8%.

>> Lee más aquí (en portugués).


Paulo Guedes y otras autoridades de la región son acusadas de evasión fiscal

Cinco años después de los escándalos de Panamá Papers, acción que expuso la existencia de cuentas de millonarios de todo el mundo en paraísos fiscales, una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), llamada Pandora Papers, revela que jefes de Estado y autoridades están escondiendo montos grandes de dinero bajo el nombre de empresas fraudulentas y enviando sus recursos a países donde son más bajas las tasas de tributos, y son menos transparentes las reglas e informaciones fiscales.

Entre las autoridades de todo el mundo denunciadas porque estarían enviando grandes montos de recursos propios o sin origen claro, a destinos considerados paraísos fiscales, como Dubai, Singapura y Hong Kong, están 14 líderes de América Latina y el Caribe, entre ellos Paulo Guedes y el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, así como Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana, entre otros.

Estas noticias e investigaciones refuerzan la necesidad de articular la lucha contra la austeridad económica y por justicia fiscal, a la demanda por más recursos públicos para la educación pública y gratuita, entre otros derechos humanos fundamentales.

>> Lee más aquí (en portugués).


El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile ha formado parte de un intenso debate sobre el concepto de “libertad de enseñanza”
Imagen divulgación / Derecho a la educación pública

Derecho a la educación pública en Chile: un debate popular necesario

15 de octubre de 2021

Para ello, el FODEP divulgó una declaración e impulsa una campaña de comunicación, así como una serie de diálogos con la sociedad civil, con el objetivo de hacer un llamamiento en desarbolar el concepto de la “libertad de enseñanza” que usan las élites del país como forma de defender la privatización educativa.

“El artículo 19.11 de la Constitución chilena actual establece que la libertad de enseñanza es, básicamente, la ‘Libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales’. Esta definición de ‘libertad de enseñanza’ puede ser caracterizada, más bien, como una ‘libertad de empresa’. Es esta la libertad que defienden los argumentos conservadores en Chile, alejándose mucho de lo que comúnmente se puede considerar libertad de enseñanza: libertad de cátedra, adecuaciones curriculares, libertad de formas de aprendizaje, libertad de participar en la enseñanza, etc”, afirma el FODEP.

Desde el Foro se insta a repensar el Derecho a la Educación Pública, especialmente ante el actual proceso constituyente por el que pasa el país. En su posicionamiento y su campaña, FODEP convoca a las organizaciones de base (sindicatos, gremios, asambleas, colectivos estudiantiles, docentes, comunidades educativas, etc.) a que se formen y a que discutan en cada espacio y territorio el Derecho a la Educación Pública.

“Como organizaciones defensoras al derecho a la educación pública, inclusiva, emancipatoria y no sexista, debemos organizarnos y enfrentar la desinformación, construir argumentos y socializar la información. De esta manera, evitaremos que la elite continúe amparándose en la libertad de mercado, que solo los beneficia a ellos en deterioro del Derecho a la Educación Pública de todas las personas”, afirma el Foro.

Para leer el llamamiento realizado por El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, haz clic aquí: DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE POPULAR NECESARIO.


Seminario Internacional: Nudos problemáticos de la educación como derecho social en Chile

Para aportar al debate constituyente en Chile, buscando promover que en él se garantice el derecho a la educación pública y gratuita, el FODEP impulsa un seminario virtual que se realiza en tres sesiones, los días 21 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre.

“Con este seminario se espera animar el debate popular en las escuelas y en las organizaciones de actores educativos, en las familias ¿Que educación queremos? Esto es fundamental para construir un proyecto educativo que haga sentido a las mayorías, que no se construya dentro de cuatro paredes o por un comité de expertos, como nos tenían acostumbrados en estos últimos 40 años de neoliberalismo y como muchas fuerzas políticas tradicionales están funcionando hoy en día, incluso dentro de la misma convención.  Este debate requiere masividad y tiempo, quizás más que los escasos meses que le quedan a la convención, sin embargo, la coyuntura constituyente permite avanzar en instalar ciertas preguntas fundamentales en el debate público y, porque no, algunos de nuestros como horizonte de los cambios que requiere nuestro pueblo”, afirma Juan González, del FODEP.

“Los movimientos sociales por la educación en Chile han sostenido una lucha creciente contra el modelo extremo de mercado, competencia y privatización que ha impedido el ejercicio pleno del derecho a la educación. Los y las estudiantes secundarios/as han sido parte central de estos movimientos desde hace 20 años (2001, 2006, 2011) y fueron ellos y ellas quienes, con sus movilizaciones de protesta contra la represión en las escuelas y las alzas del transporte, alentaron al conjunto de los sectores populares chilenos a protagonizar la gran revuelta social de octubre de 2019. Gracias a estos intensos años de movilizaciones Chile está hoy debatiendo qué país queremos y se apronta a redactar una nueva constitución en reemplazo a la actual impuesta en dictadura en 1980”, afirma el Foro en nota conceptual elaborada para guiar los debates.

Mira a continuación la grabación del seminario:

Primera sesión

Segunda sesión

Tercera sesión 


>> Lee aquí la nota conceptual del seminario.
>> Más información sobre el seminario.
>> Enlace para enterarte más sobre la campaña y las acciones que mueve el Foro Chileno aquí.


Financiamiento justo para la educación: la Campaña Global por la Educación y Ayuda en Acción El Salvador presentan resultados sobre el tema. Print de la ocasión muestra una niña en la tela, a la izquierda, y a la derecha trae la imagen del participante del encuentro
Imagen de la transmisión del lanzamiento del estudio

El Salvador: Un financiamiento justo para la educación

13 de octubre de 2021

La investigación responde a procesos que la Campaña Mundial por la Educación (CME) ha desarrollado en siete países a nivel Mundial sobre mecanismos de alivio de la deuda y financiamiento de la educación, por lo que RESALDE como miembro de la CME ha colaborado en la misma. El estudio es producto de la sistematización y el análisis de datos aportados por instituciones oficiales, nacionales e internacionales, así como investigaciones académicas y de organismos no gubernamentales y tiene como base el alivio de la deuda y el financiamiento educativo en El Salvador.

Para RESALDE el estudio tiene como eje principal garantizar el pleno derecho a la educación y para el caso de El Salvador, es urgente y requiere de recursos financieros adicionales que permitan el retorno a clases, recuperar los aprendizajes, reorientar la base curricular y replantear el horizonte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente al ODS 4, Educación de calidad.

Así mismo, el documento revela que “el canje” de deuda y la cooperación financiera han sido mecanismos favorables para la ejecución de proyectos específicos de educación o salud para la niñez y la juventud. Los canjes de deuda e incluso préstamos específicos han sido efectivos en la medida en que se orientan directamente a programas y proyectos educativos, pero a su vez tienen condiciones especiales como la transparencia, la participación, la contraloría y la rendición de cuentas.

RESALDE mantiene una campaña permanente enfocada a garantizar el derecho a la educación y asegurar los recursos fundamentales para su logro consignados en las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tratados internacionales.

Por lo que, consideran que el estudio deja una hoja de ruta para “la protección a la inversión social”, “educación y salud”, “reprogramaciones de canje de deuda”, entre otros.

Mira el vídeo del lanzamiento del estudio:


El derecho humano a la educación en México: las heridas desde la violencia

23 de abril de 2021

La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que México ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.


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Asamblea global discute el fortalecimiento del papel de las y los jóvenes en la Campaña Mundial por la Educación

23 de marzo de 2021

Arrancó hoy la Asamblea Mundial de la Campaña Mundial por la Educación (CME), con el tema “Fortalecimiento del Papel de las y los Jóvenes en el Movimiento de la CME y Más Allá”.

En noviembre del 2018, se aprobó una resolución durante la sexta Asamblea Mundial de la CME, para agregar un segundo cupo a la circunscripción de jóvenes en la Junta de la CME. Esta Junta, entonces, decidió convocar una Asamblea Mundial Virtual para permitir que los miembros de la Campaña Mundial respaldasen dicha resolución. Los miembros también discutirán durante el evento las prioridades de incidencia política, campañas, comunicación, participación e investigación para el movimiento.

La Asamblea Mundial Virtual se lleva a cabo del 23 al 25 de marzo de 2021 entre las 13:00 y las 16:00 hora SAST.

Miembros de la CME, entre ellos la CLADE, participan en el evento con una persona representante con derecho a voto y hasta 9 observadores.


La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), junto con las redes y organizaciones abajo firmantes, expresa su profunda preocupación ante la creciente afronta a los derechos humanos y la democracia que vive el pueblo chileno, bien como la creciente militarización y criminalización de activistas y especialmente de estudiantes, que viene manifestándose no apenas durante las movilizaciones sociales en curso, sino que incluso al interior de las escuelas, lo que configura una grave violación al derecho humano a la educación y a otros derechos civil y políticos.<!--more-->

Nos solidarizamos con el pueblo chileno y con los y las estudiantes que han salido a defender sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta y libertad de expresión, y rechazamos el uso excesivo de la fuerza policial y del ejército, bien como la violencia extrema que viene siendo aplicada, conllevando a graves situaciones de abusos, torturas, arbitrariedades, detenciones y violaciones en contra de la vida. Los reclamos del pueblo han de ser escuchados y atendidos, siendo resultado no apenas del reciente aumento de las tarifas de transporte (ahora revocado tras las protestas), sino que de la insatisfacción social de los sectores populares que viene de larga fecha tras el achicamiento de lo público, reflejando el agotamiento del modelo neoliberal que perdura en el país, con consecuencias en la esfera de la educación, salud, pensiones, transporte, recursos naturales, la distribución de las riquezas, entre otras, y que ha conllevado a violaciones de derechos humanos, sociales y medioambientales así como a la ampliación de las desigualdades.

Condenamos vehementemente la legislación “aulas seguras”, en vigor desde inicios de este año, que implica la presunción de criminalidad de los y las estudiantes y que, al contrario de lo que supuestamente predica, viene transformando las escuelas en espacios de violencia institucionalizada. Hacemos un llamado por su inmediata revocación, devolviendo a las escuelas su carácter de espacios protegidos del uso de la violencia y reconociendo a los y las estudiantes como sujetos de derecho.

Asimismo, hacemos un llamado por el inmediato cese de toda forma de violencia institucionalizada, el restablecimiento del orden democrático en el país, y que el Estado Chileno actúe en conformidad a los protocolos internacionales de derechos humanos, incluso la Carta Democrática Interamericana, la cual afirma el respeto, protección y realización de los derechos humanos y de las democracias. Hacemos un llamado por un urgente apoyo de instancias internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas bien como los Comités Internacionales de Derechos, entre ellos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño. Como activistas del derecho a la educación, reconocemos la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos y seguiremos defendiendo políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales que conduzcan a un horizonte de bien estar y dignidad para todos y todas.

América Latina y el Caribe, 21 de octubre 2019

Firman:

<strong>Redes y Organizaciones Regionales/ Internacionales:</strong>
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Asociación Latinoamericana de Educación Popular (ALER)
Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de la Mujer (CLADEM)
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)
Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM)
Federación Internacional de Fe y Alegría
Agencia de Noticias de Paz y no Violencia Pressenza
Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP Latinoamérica)
Observatorio Internacional de Reformas Educativas
Portal Otras Voces en Educación

<strong>Redes Nacionales:</strong>
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (Argentina)
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (Bolivia)
Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (Brasil)
<span style=Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (Colombia) Agenda Ciudadana por la Educación - ACED (Costa Rica) Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (El Salvador) Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala (Guatemala) Reagrupación Educación para Todos y Todas - REPT (Haití) Foro Dakar Honduras (Honduras) Campaña por el Derecho a la Educación en México (México) Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (Nicaragua) Foro Nacional por el Derecho a la Educación (Panamá) Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (Perú) Foro Socioeducativo (República Dominicana) Organizaciones Nacionales: Fundación SES (Argentina) ETIS (Argentina) EDUCARE (Argentina) Comité Argentino de Seguimiento a la Convención de los DDNNAA (CASACIDN) (Argentina) Grupo de Estudio sobre Educación en las Cárceles (GESEC) (Argentina) Fundación VOZ (Argentina) Programa Comunicación y Educación Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) Fundación Alternativa Popular en Comunicación (Argentina) Fundación Atreuco (Argentina) UNTER Río Negro (Argentina) Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli de Forencio Varela (Argentina) Red Nacional de Líderes Migrantes en la Argentina (Argentina) Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz (Colombia) Colectivo Voces y Colores (Colombia) Centro Internacional de Pensamiento Crítico “Eduardo del Río” de Zamora (México) Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco (México) Red Nacional de Bachilleratos Disruptivos (México) Colectivo por una Educación Intercultural (México) Colectivo Insurgencia Magisterial (México) RedTEC (México) Asociación de Profesores de Panamá (Panamá) Sociedad Venezolana de Educación Comparada (Venezuela)">
La CLADE, junto con las redes y organizaciones abajo firmantes, expresan su profunda preocupación ante la creciente afronta a los derechos humanos y la democracia que vive el pueblo chileno

Redes y organizaciones se solidarizan con el pueblo chileno y condenan las amenazas al estado democrático de derechos

21 de octubre de 2019

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), junto con las redes y organizaciones abajo firmantes, expresa su profunda preocupación ante la creciente afronta a los derechos humanos y la democracia que vive el pueblo chileno, bien como la creciente militarización y criminalización de activistas y especialmente de estudiantes, que viene manifestándose no apenas durante las movilizaciones sociales en curso, sino que incluso al interior de las escuelas, lo que configura una grave violación al derecho humano a la educación y a otros derechos civil y políticos. (más…)