Derechos humanos, comunicación y liderazgo – pistas para defender el derecho humano a la educación
28 de enero de 2022La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación en conjunto con la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y la sociedad civil ha dado la lucha para que el Estado garantice que todos y todas puedan acceder a la educación, y en este marco se vio la necesidad de fortalecer a los y las estudiantes en el acercamiento y apropiación tecnológica y en el conocimiento de herramientas o acciones constitucionales para defender su Derecho Humano a la Educación.
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Contribuciones de las organizaciones que fueron incluidas en el informe EPU de Naciones Unidas
En el documento de la ONU de resumen de todos los informes enviados por las partes interesadas para el EPU de Venezuela, quedaron incluidas algunas de las contribuciones formuladas en el informe elaborado por el Foro Venezolano, la CLADE, la Red Global/Glocal y el Movimiento Magisterial de Base – Venezuela. Son ellas:- En el apartado sobre Desarrollo, medio ambiente y las empresas y los derechos humanos (párrafo 13; ver la referencia en notas 32 y 33 al final del documento).
- En el apartado sobre Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (párrafo 39, ver la referencia en nota 111 al final del documento).
- En el apartado sobre el derecho a la educación (párrafo 52, ver referencia en nota 167 al final del documento).
Proyecto Educativo Nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad
Además de las contribuciones y demandas presentadas para la ONU, las organizaciones venezolanas también publicaron, en enero de este año, una carta al presidente Nicolás Maduro exigiendo la creación del “Consejo Nacional de Planificación y Seguimiento de las Políticas Educativas”, espacio que conducirá las políticas públicas del sector de manera que involucre la participación social. La carta presenta cinco de las funciones del consejo. Son ellas:- Ser el espacio de planificación por Sexenio y a largo plazo de la educación venezolana
- Asumir las tareas de seguimiento y control de la gestión de los ministerios de educación conforme a los objetivos y metas de cada Plan Sexenal
- Ser el espacio de integración de las metas estratégicas del Estado con los requerimientos de los órganos del poder popular;
- Sugerir al presidente de la República y el alto gobierno políticas públicas en materia de formación y carrera docente, planes de estudio y en todo lo referido al sistema escolar (inicial, primaria, secundaria y universidad);
- Ser el espacio de análisis de la relación del sistema educativo nacional con las tendencias de innovación y tecnología desde una perspectiva emancipadora
Venezuela: Hay que resolver de manera inmediata el tema salarial de las y los docentes
Resolver de manera inmediata el tema salarial de los y las docentes; impulsar la conformación de un Consejo Nacional de Educación y hacer transparente la información y los datos del Estado de Venezuela en materia educativa. Estas son las principales recomendaciones que el Fovede presentó sobre la situación del derecho humano a la educación en Venezuela, en el marco de la revisión de este país ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada el último martes (25/1). El EPU es el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el monitoreo, seguimiento y promoción de los derechos humanos como responsabilidad de los Estados.
Participando en este proceso de revisión, el año pasado, el Foro Venezolano, junto con la CLADE, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, el Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE) y el movimiento magisterial de base del país, presentó al EPU un informe sobre la situación del Derecho Humano a la Educación en Venezuela 2017-2021.
En el documento, las organizaciones denunciaron la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las y los docentes del país por el deterioro de sus sueldos. De acuerdo con el Foro, la crisis económica que actualmente se vive en el país ha impactado de manera directa a la educación. Una parte importante del deterioro de los salarios docentes está asociada al bloqueo norteamericano, pero también a definiciones estructurales del gobierno sobre lo que hay que hacer en economía y en materia salarial.
“Es inconcebible que países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití, que tienen un ingreso per cápita menor que Venezuela, cuenten con salarios docentes mucho más elevados que los que se reportan para el personal docente en Venezuela. Algo similar ocurre con países con ingreso per cápita ligeramente más alto que Venezuela, como Ecuador, Perú y Cuba, quienes tienen salarios mucho más altos que Venezuela. Lo descrito demuestra que no es cierto que el problema salarial de los y las docentes sea solo por las sanciones [por parte de Estados Unidos], sino que hay un problema de perspectiva y voluntad política en la materia”, subrayan las organizaciones en el documento presentado ante el EPU.
Para garantizar el derecho a la educación en el país, el Foro recomienda que se debe cumplir una serie de premisas, como una legislación actualizada y pertinente a las necesidades y requerimientos de la sociedad y el tiempo actual, así como un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y de la inversión pública destinado a la educación.
El documento presentado a la ONU también denuncia la falta de transparencia del gobierno, que imposibilita el acceso “a la información pública en tiempo real, sobre ejecución presupuestaria, procesos de toma de decisiones, relación de los planes y programas con la ejecución presupuestaria, entre otros”, además de la falta de un Consejo Nacional de Educación que obligue a articular las políticas públicas del sector educativo.
Contribuciones de las organizaciones que fueron incluidas en el informe EPU de Naciones Unidas
En el documento de la ONU de resumen de todos los informes enviados por las partes interesadas para el EPU de Venezuela, quedaron incluidas algunas de las contribuciones formuladas en el informe elaborado por el Foro Venezolano, la CLADE, la Red Global/Glocal y el Movimiento Magisterial de Base – Venezuela. Son ellas:
- En el apartado sobre Desarrollo, medio ambiente y las empresas y los derechos humanos (párrafo 13; ver la referencia en notas 32 y 33 al final del documento).
- En el apartado sobre Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (párrafo 39, ver la referencia en nota 111 al final del documento).
- En el apartado sobre el derecho a la educación (párrafo 52, ver referencia en nota 167 al final del documento).
Lee el documento de síntesis completo
Proyecto Educativo Nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad
Además de las contribuciones y demandas presentadas para la ONU, las organizaciones venezolanas también publicaron, en enero de este año, una carta al presidente Nicolás Maduro exigiendo la creación del “Consejo Nacional de Planificación y Seguimiento de las Políticas Educativas”, espacio que conducirá las políticas públicas del sector de manera que involucre la participación social.
La carta presenta cinco de las funciones del consejo. Son ellas:
- Ser el espacio de planificación por Sexenio y a largo plazo de la educación venezolana
- Asumir las tareas de seguimiento y control de la gestión de los ministerios de educación conforme a los objetivos y metas de cada Plan Sexenal
- Ser el espacio de integración de las metas estratégicas del Estado con los requerimientos de los órganos del poder popular;
- Sugerir al presidente de la República y el alto gobierno políticas públicas en materia de formación y carrera docente, planes de estudio y en todo lo referido al sistema escolar (inicial, primaria, secundaria y universidad);
- Ser el espacio de análisis de la relación del sistema educativo nacional con las tendencias de innovación y tecnología desde una perspectiva emancipadora
“Un espacio colegiado como éste, permitiría construir un Proyecto Educativo Nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad y que permita el desarrollo de la educación, la ciencia, investigación y tecnología nacional” se afirma en la carta.
Justicia Fiscal y Derechos Humanos: Las 4 Rs y la realización de los Derechos Humanos
19 de diciembre de 2021Autor: Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network)
Fecha: Julio de 2021
Título original en inglés: Tax Justice & Human Rights: The 4 Rs and the realisation of rights.
La continua negación de la justicia fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, afirma las profundas desigualdades interseccionales que marcan nuestras sociedades.
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Leyes de Financiación para la Educación: Promesas y Carencias para Garantizar el Derecho a la Educación para Todas y Todos
Autor: Luis Eduardo Pérez Murcia
Publicado originalmente por: Campaña Mundial por la Educación
Año: marzo de 2020
Título original en inglés: Education Financing Laws: Promises and Shortfalls for Securing the Right to Education for All
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¿Cuál es el grado de compromiso? Desbloquear la financiación para la equidad en la educación
Publicado por: UNESCO (Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo)
Año: Enero 2021
Con miras a influir en la equidad de la educación, el estudio ¿Cuál es el grado de compromiso? – Desbloquear la financiación para la equidad en la educación, elaborado por UNESCO, identifica conjuntos de políticas y métodos de financiación adoptados por 78 Estados en distintas regiones del globo. Aquí presentamos una síntesis de este estudio.
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Financiamiento Educativo en América Latina: Indicadores y Análisis de Algunas Experiencias
Autor: José Marcelino de Rezende
Publicado por: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO
Fecha: mayo de 2020
Esta es una síntesis del reporte “Financiamiento Educativo en América Latina: Indicadores y Análisis de Algunas Experiencias”, que presenta los resultados de un estudio exploratorio enfocado en el gasto educativo en un grupo de 13 países de América Latina.
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La Financiación Importa: Herramientas para la financiación interna de la educación
Publicado por: Campaña Mundial Por la Educación
Año: 2016
La Campaña Mundial por la Educación (CME), en colaboración de ActionAid International (AAI) y la Internacional de la Educación (IE), desarrolló un conjunto de herramientas con el objetivo de apoyar a las y los activistas por la educación de la sociedad civil, representantes de las coaliciones nacionales de educación, sindicatos de profesores y otros actores en sus acciones de incidencia por un financiamiento adecuado del derecho humano a la educación.
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Educación en América Latina y el Caribe: Los mensajes clave de un informe sobre el cumplimiento de este derecho en la región y su relación con la privatización
17 de diciembre de 2021De acuerdo con el documento lanzado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), intitulado “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la Garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas”, la región de América Latina y el Caribe cuenta con complejos y sostenidos procesos de construcción y reproducción de desigualdades que se expresan en la educación como en otras dimensiones sociales.
El informe analiza los debates entorno a lo público y lo privado en el ámbito educativo, la inclusión y las desigualdades, el financiamiento educativo, la cuestión docente, la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales, y las disputas por los sentidos de la educación.
Con la convicción de la CLADE y de Fernanda Saforcada y Alan Baichman – autores de este escrito – de que el derecho a la educación y su garantía no están sólo en los números de las estadísticas o los reportes que se presentan, sino en la construcción política y en las disputas que cotidianamente, a niveles macro y micro, se desenvuelven, este informe desglosa su mecánica de acuerdo con los tópicos centrales, que se retoman a continuación.
La educación pública en la encrucijada: entre la garantía del derecho y los avances privatizadores
Según el estudio, desde fines del siglo pasado se han observado tendencias crecientes de privatización y de debilitamiento de la educación pública a nivel global. Estas tendencias se han extendido, profundizado y complejizado en este siglo no sólo por la expansión del sector privado, sino también por la acción de actores transnacionales de venta de servicios educativos y por la injerencia del sector empresarial en el ámbito de lo público.
Lo que se comprende por lo público y lo privado en materia educativa, así como las perspectivas en torno a cuál es el rol que el Estado debe asumir, es objeto de disputa. Las reformas neoliberales de los años 1990, en el contexto del Consenso de Washington, impulsaron nuevas formas de nominar que buscaban licuar el sentido histórico de la educación pública, al proponer que toda la educación es pública y desplazar la distinción entre público y privado a una clasificación de modos de gestión: gestión estatal o gestión particular. De este modo, la educación privada es reconocida como pública y, al mismo tiempo, la educación pública pierde su sentido histórico asociado a lo común.
Financiamiento de la educación latinoamericana: avances y retrocesos
El informe explica que, entre el 2000 y el 2014, la inversión en educación en el conjunto de la región aumentó considerablemente. Según la UNESCO y el Banco Mundial, en el 2000 América Latina y el Caribe invertía en educación el 3.86% del Producto Bruto Interno (PBI) regional, en tanto que para 2014 este valor ascendió a 5.26%. Algunos países de la región han logrado alcanzar el 6% del PBI y otros han podido acercarse. Brasil alcanzó el 6.24% en el 2015. Bolivia logró alcanzarlo desde el 2002, llegando al 7,29% en el 2014. Costa Rica lo logró desde el 2009, con 7,06% para este indicador en el 2016. Cuba superó el valor de referencia en primer lugar, presentando el 12,84% para 2010 (último año con datos disponibles) y Venezuela con 6,88% en el 2009.
Por otro lado, en términos de deuda, la mayor parte de los países no alcanza los estándares mínimos comprometidos, tanto en relación con el derecho a la educación como con el ODS 4 – Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Esta deuda es histórica y se vincula tanto con las características de nuestros Estados como con las relaciones internacionales y las exigencias de ajustes fiscales en el marco de las deudas externas de los países de la región. A pesar de que los primeros años de este siglo constituyeron un período de expansión del financiamiento público a la educación. Sin embargo, aún con tendencias de incremento de los recursos educativos en un contexto de crecimiento de las economías latinoamericanas, la mayor parte de los países no logró cumplir con las metas asumidas en esta materia (6% del PBI y 20% del total del gasto público destinados a educación).
Derecho a la educación y participación de la sociedad civil: un campo en tensión
Desde una concepción de participación positiva, los distintos sectores de la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar, opinar, criticar y debatir sobre las políticas educativas en sus distintas dimensiones y momentos, sean estos los procesos de toma de decisión, la construcción programática y planificación de la política, su implementación y desarrollo, y su evaluación. En América Latina y el Caribe, según el estudio, son habituales las protestas por parte de sindicatos docentes y de centros de estudiantes que abogan por más financiamiento para la educación, por mejores condiciones salariales para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, y mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en general. También se han llevado adelante acciones exigiendo una mayor oferta educativa estatal (sobre todo en nivel inicial y superior) debido a que las vacantes públicas no son suficientes. En los últimos años también se ha visto la incursión de interlocutores por parte de la Iglesia, otras instituciones religiosas y el sector empresarial-privado.
Las disputas por los sentidos de la educación
El ODS 4 se titula “Educación de calidad”. Se vuelve central entonces la discusión acerca de qué entendemos por calidad, quién y qué define una educación de calidad. Podría sostenerse que los aprendizajes son de “calidad” si son acordes al contexto vivido por quienes los aprenden, situados, significativos y relevantes. Se puede pensar que un sistema educativo es de calidad si está en diálogo con los problemas, los desafíos y las necesidades de una localidad determinada y su sociedad; si se orienta por un proyecto social, igualitario y colectivo. El informe presenta que la definición de qué es una educación de calidad hoy está determinada por las lógicas de las evaluaciones estandarizadas de resultados. La gravitación de la evaluación estandarizada como estrategia de regulación de la educación no atañe sólo a América Latina y el Caribe, sino que es global y resulta evidente cuando se observan las repercusiones y la eficacia, en términos de impacto político, de la iniciativa PISA, y otras medidas de evaluación aplicadas por la región.
Educación a lo largo de la vida: un panorama del acceso a la educación formal
También según el estudio, en la región, los niños y las niñas de entre 3 y 4 años tienen un promedio de que 6 de cada 10 participan en programas de educación preescolar; sin embargo, hay una alta heterogeneidad en la región: en algunos países la matriculación es casi universal; en otros se ubica en torno al 30%. UNESCO reporta que la tasa neta de matrícula de educación primaria en la región es del 93.1%. Muchos países superan el 95% en la tasa de matrícula, aunque también son numerosos los países que están por debajo de esa cifra, lo que significa una enorme cantidad de niños y niñas sin escuela, demostrando que la educación primaria es aún una deuda.
En términos de educación secundaria, la tasa neta de matrícula en la región era del 76.9% en 2017, evidenciando un crecimiento en más de 4 puntos desde el 2010 (se encontraba en el 72.8%). A pesar de un notorio avance en la región, los números son muy lejanos respecto de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 2017 la tasa bruta de matrícula en el nivel terciario para la región era del 50.6%. Datos demuestran que El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran con una tasa menor al 30%, mientras que Argentina y Chile logran superar un 85%. Existen grandes diferencias entre los países de la región y dentro de cada país se verifican muy desiguales posibilidades de acceso en base a las desigualdades socioeconómicas.
La región tiene una historia de vinculación de la educación popular, protagonizada por movimientos sociales y políticos, con la educación de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, se mantienen varios desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas. Por un lado, muchos programas todavía se concentran en el primer nivel de la alfabetización y se presta muy poca atención a los niveles siguientes. Por otro lado, hay escasa producción de datos e indicadores específicos sobre el tema que permitan elaborar mejores programas y políticas.
Educación, inclusión y desigualdades
Se identifican tres ejes en torno a la inclusión educativa en la región, según el estudio: un primer eje es que la educación inclusiva estuvo ligada únicamente a la escolaridad de personas con discapacidades; luego esta noción se amplía y se pasa a una concepción de inclusión educativa con foco en determinados grupos sociales reconocidos como aquellos excluidos; finalmente, en el contexto del pos-neoliberalismo, la inclusión educativa se articula y redefine en una perspectiva general de inclusión social, como una de las dimensiones de políticas orientadas a dar respuesta a las desigualdades.
En términos de educación y género, en América Latina y el Caribe se ve que por cada 93 niños que terminan el primer ciclo de enseñanza secundaria hay 100 niñas y que “el número de mujeres pobres que terminaron los dos ciclos de enseñanza secundaria es superior al de los varones” (UNESCO, 2018). Además, en la región, las brechas en las tasas de finalización de la educación secundaria en relación con los niveles de ingresos de las familias de las y los jóvenes son muy pronunciadas. El informe demuestra que dentro del 20% de la población con mayores ingresos, un 83% de los y las jóvenes logra culminar la secundaria, mientras que en los sectores con menos recursos solo un 35.4% culmina la secundaria.
En cuanto a la educación y migración, la UNESCO (2019) señala que “la migración y los desplazamientos requieren sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan. Los países deben reconocer en su legislación el derecho de los migrantes y refugiados a la educación y hacerlo cumplir en la práctica.”
Con respecto a los pueblos originarios UNESCO (2019) señala que “en muchos lugares, para los pueblos indígenas la educación ha implicado una asimilación forzosa a través de la escuela. Se suman a ello la pobreza y la migración a zonas urbanas, que involucran a menudo erosión cultural, pérdida de la lengua y discriminación. La pérdida de la lengua constituye un gran problema para las poblaciones indígenas urbanas. En las ciudades de México, el Ecuador y el Perú, las generaciones jóvenes tienen muchas menos probabilidades de hablar las lenguas indígenas que los jóvenes de las zonas rurales.”
Las y los docentes en América Latina y el Caribe: un panorama complejo
Las trabajadoras y los trabajadores de la educación juegan un rol esencial para pensar el derecho a la educación; en particular, si se lo piensa como derecho social. Esta consideración supone resaltar la dimensión colectiva de la tarea frente a fuertes tradiciones que tienden a individualizarla. En la región hay más de 7 millones de docentes trabajando a diario, representando el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores, trabajadoras, técnicas/os y profesionales (Banco Mundial, 2015).
A su vez, en la docencia existe una división sexual del trabajo, siendo las mujeres cerca del 75% de las y los profesoras/es de América Latina, pero el rango va desde un 62% en México hasta un 82% en Uruguay, Brasil y Chile (Banco Mundial, 2015). Los salarios docentes históricamente han sido bajos. En la región hay una brecha entre la remuneración del profesorado y de otros sectores profesionales, y a esto se suma el alto grado de trabajo no reconocido y no pago de las y los docentes.
Las condiciones básicas de trabajo –como lo son el salario y el tiempo de trabajo– aún constituyen un problema central a la hora de analizar el trabajo de las y los profesoras/es, y de pensar políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación.
Conclusión del estudio
En América Latina y el Caribe, la garantía de la educación como derecho humano fundamental y como derecho social de toda la población, en condiciones igualitarias y de calidad, es aún una deuda para grandes sectores sociales. Este informe – realizado por CLADE, con el apoyo de OXFAM, EDUCO y DVV International, presenta una mirada amplia y multidimensional del estado de situación del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, y de los avances en el cumplimiento del ODS 4.
Para leer a manera más detallada cómo este informe brinda una compleja y desafiante mirada al acceso a la educación, puedes acceder al contenido completo aquí: El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4
Mil Millones de Voces por la Educación: 4 kits para entender los impactos negativos de la privatización educativa
En el marco de la campaña “Mil Millones de Voces por la Educación”, que demanda más y mejores recursos financieros para garantizar la educación pública, gratuita e inclusiva, hemos venido destacando los riesgos del avance de la privatización educativa en América Latina y el Caribe, y cómo eso impacta de manera negativa la realización de la educación como un derecho humano, en condiciones de igualdad y gratuidad para todas las personas.
En ese sentido, elaboramos 4 kits con materiales educomunicativos, entrevistas, artículos, videos, paneles virtuales y estudios, que abordan y presentan de manera clara y accesible qué está en juego para la educación cuando hablamos de temas, como: el avance de la privatización y comercialización de servicios públicos en el contexto de pandemia COVID-19; la influencia de organizaciones multilaterales financieras como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las políticas educativas de América Latina, a través de sus préstamos; las relaciones entre los sistemas tributarios, la justicia fiscal y el financiamiento educativo; y cómo las legislaciones en los diferentes países favorecen, o no, el lucro privado en y desde la educación.
A continuación, retomamos los diferentes paquetes de materiales y piezas educomunicativas que lanzamos durante el año sobre estos temas, buscando así contribuir con el debate y la ampliación del acceso a la información y al conocimiento, sobre la necesidad de controlar la actuación de la iniciativa privada en la educación, desde los Estados y la ciudadanía, y también de fortalecer los sistemas educativos públicos y gratuitos como una responsabilidad de los gobiernos y un derecho y espacio de aprendizaje seguro y democrático para todas y todos.
Financiamiento educativo y justicia fiscal
¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribe? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública, gratuita y de calidad? ¿Qué son los flujos financieros ilícitos y cómo impactan la educación?
Aquí compartimos tarjetas informativas, folleto, animación, diálogo virtual, entrevista y artículo para crear un acercamiento a la temática. ¡Buena lectura!
Lineamientos de bancos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe
Es imposible entender la política educativa a nivel nacional, regional o global, hablar de neoliberalismo o grandes movimientos de privatización y apertura hacia la participación privada en la educación, sin considerar el papel de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero, ¿qué están financiando estos Bancos? ¿Cuáles son sus agendas y directrices en América Latina y Caribe?
En este kit, a través de tarjetas informativas, animaciones, folletos, video, documentos y una entrevista, damos a conocer la actuación del BM y del BID en nuestra región, con base en un panorama de los proyectos educativos que actualmente financian estos bancos y las directrices que orientan estos proyectos.
¿En qué medida los marcos legales de los países de nuestra región hoy permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación?
Para responder a esta pregunta, la CLADE realizó un mapeo regional, y con base en sus informaciones elaboramos y divulgamos en este boletín distintas notas y materiales, así como tarjetas explicativas y otros estudios, que ayudan a comprender el contenido de dicho mapeo, el cual se enfatizó en analizar los sistemas educativos de nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.
COVID-19 y privatización
Con la pandemia y las medidas de aislamiento social, las dinámicas cambiaron, impactando la sociedad como un todo y a la educación en particular. Uno de los impactos que se observan en el campo educativo fue la intensificación de los procesos de privatización y comercialización.
Este boletín profundiza el debate sobre estas temáticas a través de análisis, entrevista, materiales educomunicativos y publicación, para que podamos fortalecer nuestras acciones como red y en alianza con organizaciones y actores que defienden el derecho humano a la educación para todas y todos.
Para saber más:
¿Por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho humano a la educación?
Te invitamos a ver a continuación una animación y un folleto, que con base en los hallazgos de un estudio internacional elaborado por el Consorcio Internacional sobre Privatización y Derechos Humanos, en el cual la CLADE forma parte, presentan de manera sintética cinco lecciones de siete países de bajos y mediados ingresos, sobre por qué la educación pública es el mejor camino para asegurar el derecho a la educación, con calidad e igualdad para todas y todos.
Animación
Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4
“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc. “Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó. Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación. “En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó. También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.Monitoreo del financiamiento educativo
El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”. Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos. “La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.Participación de la sociedad civil
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4. “En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”. ">América Latina y el Caribe refuerzan su presencia en la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030
Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación es las nueva integrante del grupo coordinador de la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), instancia que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y a la Agenda de Educación 2030. Junto con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), que ya participaban del grupo coordinador de CCNGO representando a América Latina y el Caribe, las integrantes reforzarán en este espacio las demandas y perspectivas de la región en los debates alrededor de los avances y retos respecto a los objetivos y metas del ODS 4.
Luego del anuncio de estas nuevas participaciones de la región en el grupo, se realizó este martes (14 de diciembre) la 10ª Reunión Mundial de la CCNGO, que discutió el papel de las organizaciones sociales en la garantía del derecho humano a la educación. Organizado por UNESCO, el evento contó con la participación de cuatro representantes de organizaciones y redes de América Latina y el Caribe: Nelsy Lizarazo; Vernor Muñoz, director de Políticas, Incidencia y Campañas de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación; Mercedes Mayol Lassalle; y Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.
Grabación del evento:
Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4
“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc.
“Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó.
Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación.
“En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó.
También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.
Monitoreo del financiamiento educativo
El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”.
Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos.
“La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.
Participación de la sociedad civil
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4.
“En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”.
