Ministras y ministros se reúnen para analizar las metas de educación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe
26 de mayo de 2022¿Cómo recuperar y transformar la educación en América Latina y el Caribe? Para responder a esa y otras cuestiones sobre el derecho a la educación en nuestra región y trazar una propuesta de Hoja de Ruta Regional para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que trata de la educación (ODS 4) en la Agenda 2030, se realizará entre los días 26 y 27 de mayo la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe.
Durante el encuentro, también se presentará el Informe Regional de Monitoreo del ODS4/E2030 y para conocer los avances en el cumplimiento del ODS 4 de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe y realizar una revisión para el logro de las metas propuestas y los desafíos para alcanzarlas considerando el profundo impacto de la pandemia en los sistemas educativos.
Participación de la CLADE
Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la región enfrenta un contexto muy complejo y que exige la toma de medidas urgentes para fortalecer los sistemas educativos de América Latina y el Caribe construídos desde los principios de igualdad y justicia que no permitan dejar a nadie atrás.
La CLADE, que actúa de manera permanente en el Comité, ha participado activamente en la propuesta del nuevo modelo de gobernanza del Comité Regional 2030, buscando su mayor operatividad, la profundización de los mecanismos de participación horizontal de todos los miembros del comité y la insistencia en los logros planteados en el ODS 4, superando de modo urgente la situación que nos ha dejado la pandemia con el énfasis en los compromisos de financiamiento doméstico y cooperación internacional solidaria, en los porcentajes ya comprometidos en Incheon.
“Esperamos que el documento trabajado previamente sea aprobado por los ministros, comprometiendo así a los Estados con el avance urgente de nuestra región en relación con el ODS 4”, afirma la coordinadora general de la CLADE, Nelsy Lizarazo.
Chile escribe la historia: Derecho Humano a la Educación está en la Constitución
19 de mayo de 2022
Proceso Constituyente
El 25 de octubre de 2020, Chile aprobó por plebiscito habilitar la Convención para que tenga como misión redactar y aprobar la propuesta de una nueva constitución de la República.
Los textos serán sometidos a un plebiscito con voto obligatorio, para que se apruebe o rechace, previsto para el próximo 4 de septiembre. Este proceso tiene su origen en la ley 21.200 de reforma constitucional que convocó a las elecciones de convencionales del 15 y 16 de mayo de 2021 y que incluyó, por primera vez, paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados para los pueblos originarios.
En este marco dialogamos con Eduardo González Navarro, que es docente de secundaria, dirigente sindical, integra el Colegio de Profesores y Profesoras, así como el movimiento por la unidad docente que integra el Foro por el Derecho a la Educación, representante de Chile en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Momento histórico en Chile para el derecho a la educación
Hay varios elementos que veníamos instalando como movimiento social desde hace muchos años. Debemos recordar que Chile es el país con mayor privatización del mundo, en la Constitución se negaba el derecho a la educación, tal como lo conocemos en los tratados internacionales, es decir, entendido como un derecho humano fundamental.
Una cuestión que parece muy obvia, es que en Chile no existía esta definición y que ese derecho debía ser por tanto dado, tutelado, protegido por el Estado y que todas las personas son importantes, y que nuestros niños y niñas son sujetos de derecho.
Esa cuestión que a veces puede sonar muy obvia en el plano internacional, en Chile no existía. Porque acá el derecho fue definido bajo una ideología muy conservadora, bajo una perspectiva neoliberal que redefinió el derecho a la educación como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es decir el derecho de los padres a educar.
[Esa perspectiva] generó todo un dispositivo de privatización vinculándolo a una definición de la libertad de enseñanza como una libertad de enseñanza empresarial. Entonces los elementos que hoy en día se consagran, yo diría de manera inédita, y con dificultad, es que la Constitución que necesitamos que se apruebe, el próximo 4 de septiembre consagre en el plebiscito, consagre el derecho a la educación como un derecho humano fundamental.
Que ese derecho a la educación es un derecho de todas las personas y es deber del Estado su protección, y la Constitución es una función del Estado de manera primordial e ineludible. Es muy importante junto a esa definición de principio el cómo entender el derecho a la educación, por lo que se establecen cuatro o cinco que son relevantes que nosotros, como movimientos sociales.
Principios y fines de la educación
Primero había que definir cuáles eran los fines y principios de la educación, que daban cuenta del proyecto de país y cómo la educación contribuye en esa perspectiva.
Hay elementos que, si bien pueden existir matices con respecto a los énfasis, creemos que también tienen una perspectiva democratizante, pues la educación se funda en el principio de la cooperación, el principio de la solidaridad y el principio de la interculturalidad, debe tener un enfoque de género, una educación no sexista alineada las realidades regionales y de cada territorio.
Propuestas frente a la estandarización
Nosotros lo entendemos [la educación] como el inicio de un proceso de desmontaje, la estandarización curricular, la homogeneización cultural educativa y hablan del tipo de país que esperamos que se pueda ir consolidando a partir de los procesos que hoy día se están discutiendo en la convención [constitucional].
Conformación de un Sistema Nacional de Educación
Un tercer elemento que se establece, tiene que ver con cómo se concreta en la práctica y se constituye un Sistema Nacional de Educación, en donde se entiende que están las instituciones privadas y las instituciones públicas. Pero, hay algo muy relevante que se establece en un par de incisos que asumen la labor primordial del Estado precisamente para fortalecer y ampliar un Sistema de Educación Pública.
Nuestros auditores deben saber que Chile es uno de los países de mayor privatización, ya lo decía al inicio. La educación pública concentra el 33% de la matrícula. Por cada dólar, por decirlo así, o por cada peso chileno, el Estado entrega más del 50% de los recursos a instituciones que son privadas, y no a las escuelas que son del Estado.
Entonces, que la Constitución establezca que va a ser primordial fortalecer y ampliar un sistema de educación pública es una cuestión relevante, porque ese elemento está ligado a dos planteamientos centrales:
Primero que la educación debe tener un financiamiento específico, contar con un mecanismo que permita garantizar y generar las condiciones, y ese financiamiento, es lo que nosotros denominamos como un financiamiento de tipo basal, es decir, que se va a sostener según la necesidad contextual, y que no va a estar sujeto a las contingencias del voucher o la contingencia de asistencia de los estudiantes como acá ocurre [en Chile].
Lo segundo es una cuestión que en el ámbito internacional puede ser muy obvia, pero acá no lo era: la educación pública es la educación del Estado.
La educación pública se vive y experimenta en las instituciones que son de propiedad y de provisión del Estado. Acá hay instituciones que tienen un dueño privado y que reciben aporte público, existían ciertos sectores que planteaban que el hecho de recibir financiamiento público los hace una institución pública o del Estado. Esa tesis fue derrotada porque ahora se asume que las escuelas públicas son propiedad del Estado, que es obvio en todo el mundo, pero acá se logró consagrar la educación pública.
Participación como educación democrática
Se establece un principio democratizador que logró consagrarse también como elemento sustantivo, el derecho de las comunidades a participar en las definiciones de la política educativa.
El concepto que ahí se acuña, es que ese derecho está consagrando una participación de carácter vinculante.
El mismo Foro [Chileno por el Derecho a la Educación] lo ha dicho: que no hay educación, si no hay participación. Se ha dicho en un principio, en un artículo específico que precisamente habla de la participación de la comunidad escolar.
Ahora se establece en la Constitución de manera explícita, la participación de las comunidades escolares en el ejercicio del derecho a la educación.
La Constitución establece que las comunidades tienen derecho a una participación vinculante, [ese es el concepto, participación vinculante ] en la configuración del proyecto educativo, en la elaboración, en el monitoreo y la evaluación de las políticas educativas, que se desarrollan a escala nacional y local.
Por lo tanto, creemos que es importante que el mismo foro acá en Chile lo ha señalado con mucha fuerza, y se relaciona con el hecho de que el derecho a la educación implica el derecho a la participación. No hay derecho a la educación efectiva, si no hay participación de las comunidades, es un elemento que quedó expreso [en la Convención].
Disputas de sentido sobre la enseñanza
Un cuarto elemento es la relación de cómo se entiende la libertad de enseñanza en Chile, ya que es muy fuerte en los sectores conservadores que la entendían bajo una lógica empresarial. Hoy en día, la enseñanza para Chile está en función del derecho a la educación.
En la Constitución que se está acabando, la Constitución del año 1980, se establecía que la libertad de enseñanza estaba por sobre el derecho a la educación. Hoy en día, la libertad de enseñanza queda supeditada al ejercicio del derecho a la educación.
La libertad de enseñanza era entendida en la Constitución [vigente] como libertad y no como derecho. En Chile, por ejemplo, los privados tenían el derecho a fundar, mantener el establecimiento y el Estado debía financiarlo.
Actualmente se entiende única y exclusivamente como libertad que, en este caso, las familias van a poder optar por el tipo de educación que según sus convicciones morales, religiosas puedan tener.
Entonces el concepto de libertad de enseñanza se pone en una perspectiva que establecen los tratados internacionales y no erosionando el concepto de derecho a la educación, y sí garantizando este elemento que a nosotros nos parece importante, que las familias puedan optar según sus convicciones, pero en el marco del derecho a la educación. Porque incluso tiene límites, hoy en día, esa elección de las familias, es decir, que siempre sea respetando el interés superior de los niños y las niñas. Queremos que se instale una perspectiva de los niños y las niñas como sujetos de derecho.
Y en segundo lugar, están instituciones que se puedan fundar por fuera del Estado, son instituciones que deben respetar los fines y principios de la educación, es decir, si un privado puede y quiere fundar un establecimiento distinto a aquel del Estado, lo puede hacer, pero debe en primer término asumir los fines y principios que el país ha definido como principios educativos.
Vale decir, si el principio educativo es el que una sociedad va a configurar en base a la interculturalidad, en la educación no sexista y entorno a principios de cooperación. Los proyectos educativos de establecimientos [privados] deben respetar esos fines y principios.
Agenda antiderechos
El jueves 12 de mayo, una vez que se aprobó esto en la convención, la derecha y los sectores conservadores salieron con una crítica feroz, indicando que esto implica básicamente un totalitarismo, un pensamiento comunista, etcétera. Da cuenta de la profundidad del debate, porque cuando uno va a los tratados internacionales está explícito en el Pacto internacional sobre Derechos Económicos Sociales, artículo 13.4, se establece la libertad de estos privados, y el derecho del mismo Estado a que pueda establecer los principios centrales del proyecto educativo del país; que los privados pueden y deben respetar esos principios, entonces no estamos haciendo nada con relación a eso.
En realidad se establece una cuestión decente mínima para un sistema educativo del país.
Condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación
Los últimos dos elementos que son centrales que yo quisiera destacar o el último en realidad, es en relación con el hecho que se establecen en la Constitución lo que nosotros denominamos, el reconocimiento a la función de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
La Constitución reconoce la importancia y le da un estatus a la función que cumplen los profesores y las profesoras, los asistentes de la educación, que nosotros denominamos en Chile, que son aquellos trabajadores que cumplen otras funciones fuera del aula, en el ejercicio del derecho a la educación y que por tanto, establece condiciones que el Estado debe cumplir para que puedan ejercer su trabajo, entendiendo que si esas condiciones no están, se vulneran las condiciones del trabajo y por tanto se vulnera el derecho a la educación.
Y que, en el marco actual de Chile existe mucha división, mucha fragmentación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, puede existir una maestra que trabaja en una escuela de un lugar, y de otro lado, está un maestro, que está a tres cuadras más allá, un par de metros más, trabajando en otra escuela, este último tiene otros derechos [diferentes a la maestra], a pesar que cumple la misma función.
Ahora se establece en la Constitución que deben tener todos los mismos derechos como trabajadores de la educación. Entonces, ese es un elemento que es central como principio constitucional y comprenderán que ahora se abre todo un proceso posterior para poder concretarlo y que esto no solamente en el plano de las buenas intenciones o como principios constitucionales, sino que se puedan implementar, y que es un segundo momento de lucha.
Educación universitaria y la formación militar
Ya está también referida [en la nueva Constitución] la educación superior. [En la carta magna] se establece por primera vez que debe tener un carácter gratuito y por lo tanto el Estado debe avanzar en esa dirección de la gratuidad.
Lo importante es que se incorpora dentro de la concepción del sistema de educación superior a la escuela de formación de militares. Hasta ahora la escuela militar tenía una autonomía completa con respecto a la formación de sus planes de estudio y ahora se establece que las escuelas de formación de los militares se insertan dentro de la lógica de la Educación Superior.
Y esas escuelas deben regirse también por fines y principios de la educación, vale decir, este proyecto [responde] define principios que orientan al sistema, desde el respeto a los derechos humanos, los señalados anteriormente como interculturalidad, enfoque de género, contextualizada, solidaridad.
Deben expresarse, también, en las formaciones de los futuros militares en Chile y eso es muy relevante, porque actualmente tienen una plena autonomía, fijada por una ley que se creó en la dictadura.
Se consagra, también, el elemento del derecho de los pueblos originarios a desarrollar sus propios procesos de educación, recogiendo sus tradiciones, sus saberes específicos como pueblos originarios, que también se reconocen en la Constitución.
Son varios aspectos que se enuncian con la perspectiva en que íbamos, dan cuenta a mi juicio y de muchas organizaciones, que se está avanzando en desmontar el proceso de privatización que se había establecido en la constitución que se creó en plena dictadura militar y que no había tenido ninguna legitimidad ni participación de la soberanía popular tácticamente.
Balance de las propuestas
A mi juicio el balance es positivo. No solo creemos que lo que se logró, en el contexto en el cual funciona la convención, ese contexto es importante que ustedes lo sepan, es de una convención en la cual los sectores conservadores intentaron amarrar para limitar la expresión de la soberanía popular, de hecho, para que las normas alcancen un quórum de aprobación, para que se expresen en el borrador de la nueva constitución se requerían dos tercios de todos los convencionales, y eso es muy alto dos tercios, eso implicaba un acuerdo muy transversal con sectores que están situados, digamos, en un espectro político de centro, muy liberales y no vinculados a los movimientos sociales.
El contexto de haber logrado definiciones de esta naturaleza, vemos que da cuenta de lo que ha sido la trayectoria del movimiento social educativo en Chile, desde hace 30 o 40 años, que ya tenía una propuesta clara, y que por lo tanto podíamos poner en el debate, no solamente exigir, sino ir con propuestas muy sustantivas.
En ese marco evidentemente creo yo, que a pesar de esa camisa de fuerza, se lograron integrar funciones muy relevantes, el hecho que la Constitución defina a la educación como un derecho humano de todas las personas y se fije claramente el rol del Estado es importante.
En el balance general nosotros creemos que efectivamente se rompió algo que denominamos como la igualdad de trato. O sea, el eje de la privatización estaba en esa igualdad de trato, que el Estado establece entre la educación privada y la educación pública. Y esa igualdad de trato, tanto en el financiamiento, porque acá en Chile se entrega, por cada peso que se le entrega a la escuela pública, se le entrega ese mismo peso a la escuela privada.
Eso llevó a una crisis rotunda de la educación pública y por tanto el Estado renunciaba a ejercer una labor específica propia con respecto a sus instituciones, eso hoy día se acabó.
En este sentido, la escuela pública, ya lo decía anteriormente, va a tener un rol distinto, una protección, un financiamiento distinto por parte del Estado, la saca de la lógica de mercado, de la competencia, es un elemento que creemos que es importante.
Y además, que se entiende el derecho a la educación en una perspectiva ampliada, vale decir, no solamente limitándolo a las condiciones materiales del financiamiento, sino que también vinculándolo a la idea de un proyecto de país, a un proyecto de sociedad, al tipo de seres humanos que queremos formar, para lo que nosotros estamos denominando el “nuevo Chile”, porque esta constitución que tratamos de construir con muchas dificultades se sitúa en un proceso histórico y busca desmontar la sociedad de mercado, desmontar la privatización, desmontar el neoliberalismo.
Ese proceso ciertamente tiene exigencias de carácter económico, materiales, pero también tiene una dimensión cultural e ideológica.
Es cierto que la educación bajo esa perspectiva tiene mucha responsabilidad, que se hayan logrado instalar principios y fines educativos que dan cuentan de la nueva sociedad que se quiere construir y que debe acompañar la superación, seguramente compleja que va a ser, y no fácil, pues esto no se dará en dos, tres, cuatro o cinco años, sino que es un proceso.
Creemos que esos fines y principios dan cuenta de ese proceso, también, más estratégico, más de largo plazo y sin duda alguna creemos que es importante, porque son fines y principios que no solamente son exigibles para la educación pública (que hoy día sería el 33%), sino que da cuenta de una idea de proyecto de país, entorno a eso la educación se pone al servicio, es un elemento que hay que rescatar.
La ruta al plebiscito
La convención debe procesar todo lo que se votó, ordenarlo y el hito [siguiente] más importante, es el 4 septiembre, cuando se somete [la carta] al plebiscito, y por lo tanto la ciudadanía debe ratificar la propuesta que emana de la convención o rechazarla.
Si se rechaza, se mantiene la Constitución de la dictadura, de Augusto Pinochet, la constitución de 1980. Si se prueba [la carta] podemos avanzar, recién, en el trabajo de implementación de los principios constitucionales. Por ello, el clima en Chile, del contexto del país está muy marcado por lo que ya va a ser el plebiscito del 4 de septiembre.
Esta semana sábado y domingo [hasta el 15 de mayo] se cerró todo el proceso de elaboración de esta norma. Ya la convención cerró una propuesta y vamos al plebiscito del 4 septiembre.
Estamos en un contexto en el cual la derecha viene trabajando hace tres o cuatro meses, con mucha intensidad en torno al rechazo y se va a agudizar un clima de posiciones con respecto al apruebo o rechazo.
En septiembre es el hito fundamental que ojalá nos puedan acompañar, ya que este proceso no está exento de dificultades, muy consciente de los límites que tiene, creemos que sin duda alguna expresa cómo son las luchas, llenas de contradicciones, de complejidades, pero se avanza en algunos aspectos, quizás en otro se estanca, pero hoy día la educación en Chile está dando un paso adelante, solo tenemos que defenderla el 4 de septiembre.
Palabras al cierre
Estamos con mucha esperanza, esperamos que se envíen saludos, esperamos que puedan acompañar, sabiendo lo que esta Convención significa. Pueden enviar saludos, es muy importante el vínculo con las organizaciones latinoamericanas porque entendemos que esta lucha no es solamente una lucha al pueblo chileno, sino que esta lucha es de todos los pueblos de Nuestra América, en la medida que se avanza en determinado país, todos los pueblos avanzan también.
Agradecerles la solidaridad que permanentemente han dado desde muchos sindicatos de maestros y maestras de América Latina. El Foro por el Derecho a la Educación cumplió un rol importante, en el fortalecimiento del debate, de la argumentación en las organizaciones de base, en el cual se tiene que sostener esta transformación, nos seguimos encontrando en la lucha y muchas gracias en realidad por el apoyo.
Diálogo con Eduardo González Navarro
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CLADE rechaza la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y también la de otras 24 organizaciones más del país
4 de mayo de 2022“Repudiamos la reciente solicitud de cancelación arbitraria de la personería jurídica de al menos 25 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de actividades para garantizar derechos humanos como el de la educación, entre otros, por parte del gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional. Rechazamos, de manera particular, la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua – FEDH-IPN, miembro histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de cuyo trabajo comprometido por el derecho humano a la educación hemos sido testigos y acompañantes”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en nota publicada hoy (4/5) y firmada por varias organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.
Según la nota, la cancelación solicitada por el gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional implica un ataque a los mecanismos sociales de defensa y promoción del derecho por parte de la ciudadanía en un contexto evidente de persecución política.
“Señalamos que estas acciones afectan directamente la integridad ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía dejando a los habitantes de Nicaragua en indefensión y a merced de un Estado totalitario. Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por cualquier situación que vulnere la integridad física de los compañeros y compañeras a quienes se les ha violado el derecho a asociarse y a ejercer su ciudadanía”, afirma la CLADE en nota.
A continuación, lee el documento completo:
NOTA PÚBLICA
América Latina y el Caribe, 3 de mayo de 2022
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en atención a los principios fundamentales de libertad de asociación, libertad de expresión, igualdad de trato, justicia, bien común y dignidad humana declara lo siguiente:
- Repudiamos la reciente solicitud de cancelación arbitraria de la personería jurídica de al menos 25 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de actividades para garantizar derechos humanos como el de la educación, entre otros, por parte del gobierno de Nicaragua y su Asamblea Nacional.
- Rechazamos, de manera particular, la cancelación del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua – FEDH-IPN, miembro histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de cuyo trabajo comprometido por el derecho humano a la educación hemos sido testigos y acompañantes.
- Denunciamos la precaria argumentación jurídica en la que se fundamenta la medida y la catalogamos como política y violadora de derechos; hacemos responsable de este atentado a la democracia a los Ortega- Murillo. Es un acto contra los principios elementales de los derechos humanos.
- Implica además un ataque a los mecanismos sociales de defensa y promoción del derecho por parte de la ciudadanía en un contexto evidente de persecución política.
- Señalamos que estas acciones afectan directamente la integridad ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía dejando a los habitantes de Nicaragua en indefensión y a merced de un Estado totalitario.
- Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por cualquier situación que vulnere la integridad física de los compañeros y compañeras a quienes se les ha violado el derecho a asociarse y a ejercer su ciudadanía.
- Reivindicamos la importancia de la democracia para garantizar el respeto a los derechos humanos y la libre determinación de sus gobiernos por parte de la elección ciudadana.
- Reconocemos en el pueblo nicaragüense su esfuerzo para buscar una salida pacífica y llamamos a la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región a que apoyen a las recién debilitadas jurídicamente ONG’s nicaragüenses.
- Llamamos a los operadores del derecho internacional a que identifiquen mecanismos de apoyo a organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan por la reivindicación de los derechos humanos y que son perseguidos por los Estados.
- La CLADE se ofrece para ayudar a buscar las salidas más conducentes que busquen restablecer estas condiciones propias del estado de derecho y que garanticen la integridad de los y las ciudadanas involucradas.
En solidaridad con nuestros compañeros y compañeras del FEDH-IPN, firmamos:
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
Alternatives
Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
Campaña por el Derecho a la Educación de México
Centro Cultural Poveda – República Dominicana
Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Contrato Social por la Educación en el Ecuador
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – República Dominicana
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Federación Internacional Fe y Alegría
Federación Internacional Fe y Alegría – República Dominicana
Foro Dakar Honduras
Foro Socioeducativo
Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
Fundación Sur Futuro – República Dominicana
Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda – República Dominicana
Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
Misión Educativa Lasallista – República Dominicana
Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
Pressenza
Radio Seybo – República Dominicana
Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
Red de Comunicadoras Indígenas de Guatemala
Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia
Red de Educación Popular entre Mujeres de AL y el Caribe (REPEM)
Red Estrado Nodo Colombia
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Red Sin Fronteras
Unión de Emisoras Católicas de República Dominicana (UDECA)
Word Vision – República Dominicana
CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
21 de marzo de 2022Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
9 de marzo de 2022En el marco de la “Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, organizada por la CEPAL, Nora González Chacón, punto focal del grupo de educación, ciencia y tecnología del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil ante el Foro, participa hoy [9 de marzo], en la mesa con el tema “Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Chacón es coordinadora de la Agenda Ciudadana por la Educación (ACED) y miembro del comité directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Según su intervención, son elementos del contexto regional que impiden alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
1. La profundización de la desigualdad económica, social, política y de género, desigualdad estructural que afecta de manera profunda y especial a las mujeres, siendo un problema mediado por el patriarcado.
2. Asimetrías en el acceso a la educación: efecto inmediato en la niñez y adolescencia, y
especialmente a niñas y mujeres. Las etapas preescolar y primera infancia prácticamente se han invisibilizado también luego de la pandemia.
3. Asimetrías en el acceso a la salud por la vacuna contra el COVID-19, que se profundiza por la incapacidad económica de algunos países para adquirirla y por la incapacidad de producirla regionalmente por razones económicas y de acceso al conocimiento de la fórmula.
“En este contexto, es necesario redimensionar la educación como un derecho humano en todas las etapas de formación incluyendo la universitaria, y abarcando los ciclos de la vida desde el nacimiento hasta la etapa de adulto mayor. Una educación con enfoque de género intercultural, emancipadora, transformadora, despatriarcal, decolonizadora, antirracista, intercultural, laica, gratuita, accesible, de calidad, con presupuesto que lo garantice”, subrayó Nora Chacón.
Agregó como otra necesidad fundamental el acceso a internet como derecho humano, un bien y un servicio público garantizado por el Estado, así como la inclusión de temas de sexualidad y género en la educación.
Participan en el panel al lado de Nora González Chacón: Claudia Uribe, Directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); María Carmelina Londoño, Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Marcela Guerrero, Ministra de Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica; María-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres; Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México; Lucy Garrido, de la Articulación Feminista Marcosur; y Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
Por la igualdad de género y los derechos de las niñas y mujeres
Como punto focal y representante del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Nora Chacón basó su intervención en la declaración que salió de la “Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, realizada el 6 de marzo.
Este documento fue entregado a las autoridades de la CEPAL y puede ser descargado aquí.
Respecto al ODS 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas -, los principales mensajes de la sociedad civil presentes en el documento son los siguientes:
● Reclamamos la promoción y aplicación efectiva de medidas inclusivas que no dejen a las mujeres atrás y en particular a las trabajadoras sexuales, las trabajadoras a domicilio, especialmente en forma independiente e informal, mujeres con discapacidades, mujeres migrantes y desplazadas e indígenas y mujeres del colectivo trans han sido los principales colectivos excluidos y que en período de recuperación de la pandemia sea una prioridad de los gobiernos la creación de trabajo decente.
● Reclamamos a los Estados que prioricen las inversiones en la economía del cuidado; la eliminación de la brecha salarial de género, y la promoción del empleo para las jóvenes, mujeres, en todas sus diversidades.
● Reafirmamos el “Marco de las 5 R para el trabajo de cuidados decente” de la OIT: Reconocer, Reducir y Redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, Recompensar y Representar a los trabajadores y trabajadoras del cuidado, e instamos a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, la sanción y cumplimiento de normas laborales para este sector en los países.
● Es urgente el reconocimiento y garantía de derechos para todos y todas las trabajadores/as informales, los/as trabajadores/as, trabajadores comunitarios, economía social y solidaria, y cuentapropistas, incluido al sector de las personas que ejercen el trabajo sexual.
● Teniendo en cuenta que las violencias son tanto individuales y colectivas, exigimos que todos los países ratifiquen el Convenio 190 de OIT, “Sobre Violencia y Acoso” y adopten medidas de protección a las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, orientadas a disminuir la violencia basada en género, lo que implica inversión en prevención y atención, incluido el asesoramiento legal gratuito y la aplicación de justicia efectiva.
● Que los Estados generen los mecanismos necesarios para contar con estadísticas o datos sobre las distintas formas de violencias contra niñas, jóvenes y mujeres, sobre todo en aquellas que viven en una situación de mayor vulneración, como son población indígena, afrodescendiente, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual, entre otras.
● En reconocimiento al liderazgo permanente de las mujeres, a pesar de verse limitadas por sus tareas de cuidados, resulta imperativo garantizar el involucramiento de la los pueblos indígenas y tribales, mujeres campesinas, productoras rurales y de base en los proyectos dirigidos a ellas, desde el planeamiento hasta la ejecución y evaluación, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, así como también de las ya que esto compromete su bienestar.
>> Lee más sobre la reunión y las propuestas de la sociedad civil ante el Foro.
>> Descarga la presentación de Nora Chacón aquí.
Video de la reunión:
“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”
En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.
El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.
Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.
El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.
Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.
“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.
Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región
Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.
En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.
En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.
5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS
El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:
1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.
2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.
3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.
4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.
5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.
“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.
Video de la reunión:
“Es indispensable un cambio radical y la implementación de nuevos modelos de producción y desarrollo que garanticen los derechos humanos”
Para influenciar los debates de la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que culmina hoy, en Costa Rica, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el continente, tuvo lugar el 6 de marzo la “Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe”.
En este encuentro, representantes de la sociedad civil, entre ellas/os integrantes de la CLADE, intercambiaron ideas, experiencias y propuestas, respecto a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en los países de la región, considerando especialmente el impacto del COVID-19 y la necesidad de adecuar la respuesta de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto.
De este foro de sociedad civil resultó un documento con propuestas, análisis y demandas, el cual ya fue enviado a la CEPAL para que las autoridades tomen en cuenta en la declaración final del Foro que será adoptada hoy, y también en sus compromisos y acciones políticas.
En el documento de sociedad civil mencionado, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil vinculado a la CEPAL solicita que el próximo Foro de Países de América Latina y el Caribe permita que a los informes preliminares presentados por los países sobre el estado de cumplimiento de los ODS, se añadan los informes paralelos que realicen las organizaciones sociales de los países respectivos. Así mismo, solicita que incluyan a la sociedad civil en los debates preliminares del documento oficial de este Foro.
“Nos sigue preocupando la continuidad de las políticas neoliberales y de ajuste adoptadas por la mayoría de los países de la región, que sin duda obstaculizan el logro de los ODS. Para la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030 es indispensable un cambio radical en la acción de los gobiernos, y la implementación de nuevos modelos de producción y desarrollo, que garanticen los derechos humanos. Constatamos el déficit de indicadores y la ausencia de datos desagregados, que son indispensables para planificar medidas concretas e inclusivas bajo una perspectiva holística de interculturalidad e interseccionalidad. Observamos con gran preocupación el avance de intereses corporativos que amenazan con incidir de manera decidida sin legitimación democrática sobre el sistema multilateral de Naciones Unidas y en las modalidades de implementación de la Agenda 2030”, afirman las organizaciones de sociedad civil que forman parte del Mecanismo.
Los mensajes clave de esta declaración de la sociedad civil serán leídos hoy ante las autoridades presentes en el Foro de Países de América Latina y el Caribe, con una intervención de Laura Hernández Pérez, indígena del pueblo nahua de México e integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), además de representante del grupo de Pueblos Indígenas del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible.
Retos y propuestas para hacer cumplir el ODS 4
Cada año, las revisiones oficiales sobre el cumplimiento de los ODS se enfocan en objetivos específicos. En el año 2022, se analiza especialmente el estado de cumplimiento de los siguientes objetivos: ODS 4 (Educación); ODS 5 (Igualdad de Géneros); ODS 14 (Océanos y Mares); ODS 15 (Ecosistemas Terrestres); ODS 17 (Alianzas Inclusivas).
En relación al ODS 4, Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, los principales mensajes de la sociedad civil son:
● Es indispensable reforzar la educación pública como derecho humano fundamental desde la infancia y a lo largo de la vida, incluyendo a las personas adultas mayores. Es importante garantizar este derecho en todos los niveles obligatorios, asegurando una educación de calidad y permanente desde el nacimiento hasta el nivel superior. Ello incluye la educación universitaria y garantizar su carácter gratuito, de calidad, accesible, asegurando el presupuesto necesario.
● La educación debe entenderse como un bien público de acceso irrestricto, laico, a lo largo de la vida y que garantice ofertas para personas jóvenes adultas, adultas y adultas mayores que no han tenido la oportunidad de acceder al derecho a la educación en los tiempos previstos, sin considerar el estatus migratorio, económico, étnico, credo, sexual, etario, género, ni ningún tipo de discriminación y que incluyan a las personas que por conflictos con a ley se encuentran privadas de su libertad. Se aboga por una educación intercultural, emancipadora, transformadora, despatriarcal, decolonizadora, antirracista e intercultural que contemple la participación activa de toda la comunidad educativa.
● Considerando la situación de pandemia y las necesidades propias de la sociedad del conocimiento hay que determinar el fortalecimiento de las radios comunitarias, el acceso a internet como un derecho humano; garantizar equilibrios regionales y una cobertura amplia en términos de conectividad, equipamiento y competencias digitales sin discriminación alguna. El efectivo acceso a la conectividad como derecho requiere su consideración como bien y servicio público por los Estados, con la garantía sobre la soberanía de contenidos, acceso libre en los espacios públicos y escuelas, libre de lucro, vigilancia y la intrusión en la órbita íntima de cada persona.
● Es indispensable una reforma fiscal que disminuya la regresividad de los actuales esquemas impositivos en la región y aumentar la proporción de presupuesto nacional dedicado a la educación. Se requiere que los países cumplan con la Asistencia Oficial para el Desarrollo comprometida en el marco de la Declaración de Incheon. Es en este marco, los países de nuestra región se comprometieron a asignar y cumplir con un mínimo del 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional para la educación.
● Las políticas complementarias que coadyuvan a garantizar el derecho humano a la educación se centran en la protección social universal, la promoción del ingreso básico universal como derecho ciudadano, así como el apoyo dirigido a hogares encabezados por madres solas o monoparentales.
● Se solicita cumplimentar la educación sexual integral y avanzar en el marco normativo y la institucionalidad para hacer frente a la discriminación, violación de derechos humanos, y a todo tipo de violencia, con especial urgencia y políticas que pongan fin a la violencia por razones de género y que afectan especialmente a refugiadas, afrodescendientes e indígenas, trabajadoras sexuales, rurales, poblaciones LGTBQ+, a las mujeres migrantes, personas con discapacidad en los ambitos educativos.
● Reconocer y respaldar las distintas formas de educación en las comunidades y pueblos. Los saberes ancestrales, conocimientos y la relación con la naturaleza y comunidad en diálogo permanente con los pueblos y comunidades involucradas.
● Es necesario considerar medidas de estímulo a la escolarización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con transferencias de ingresos familiares asociados a la concurrencia a la escuela y de educación sexual integral promotores de derechos como estrategia fundamental para promover la equidad de género y el respeto a las diversidades sexuales, y prevenir los embarazos no planificados en la adolescencia, la violencia obstétrica, así como las uniones o matrimonios precoces y el abuso sexual infantil.
● Debido a la crisis humanitaria de migración es indispensable que a las niñas, niños y adolescentes migrantes se les garantice el derecho a la educación.
Las juventudes y los ODS
También previamente al Foro de la CEPAL, tuvo lugar el 4 de marzo el “Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030: Rumbo a la Quinta Sesión del Foro de Países de ALC Sobre Desarrollo Sostenible y al 11° Foro de Juventudes del ECOSOC”. En este espacio, las juventudes participantes compartieron sus opiniones y recomendaciones sobre los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados este año para las revisiones de la Agenda 2030.
Los resultados de estas consultas fueron incluidos como insumos a los posicionamientos de juventudes entregados y presentados ante la CEPAL y en los diferentes espacios preparatorios al Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas 2022 – instancia de la ONU para la revisión de los ODS -, así como otros espacios intergubernamentales relevantes.
El 68% de las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible continúa insuficiente para su logro hacia 2030
8 de marzo de 2022En el primer día del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, organizado por la CEPAL, la secretaria de este órgano regional, Alicia Bárcena, presentó un balance del estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región.
El informe completo, cuyos hallazgos centrales Bárcena presentó en la mañana de ayer, 7 de marzo, es intitulado “Una década de acción para un cambio de época”, y puede ser descargado aquí.
Entre los mensajes clave del informe, que evalúa el grado de cumplimiento de los ODS en la post pandemia, se destacan los siguientes:
- se observaron crecientes asimetrías globales entre países desarrollados y países en desarrollo;
- en términos de efectos económicos, sociales y políticos de la pandemia, la América Latina es la región más golpeada del mundo;
- el rol del Estado ha sido central para enfrentar los costos económicos y sociales de corto plazo, pero las medidas de recuperación han seguido un modelo de desarrollo que ya había mostrado sus limitaciones estructurales, y que impone costos crecientes, alejando la consecución de los ODS.
- por otro lado, la CEPAL fortaleció sus capacidades de evaluación de los avances de los ODS hacia 2030.
En conclusión, Bárcena informó que el 68% de las metas de la Agenda 2030 continúa en una tendencia insuficiente hacia el 2030, y casi un tercio de estas se encuentra en trayectorias que se alejan de alcanzar las metas. “Estos resultados refuerzan la necesidad de una década de acción para transformar el modelo de desarrollo con base en un multilateralismo eficaz”, subrayó.
Afirmó también que apenas el 32% de las metas van en ritmo adecuado, mientras que en el 22% se presentan retrocesos, y en el 46% de las metas hay un fuerte riesgo de retroceder.
Datos de la realidad que dificultan el alcance de los ODS hasta 2030
Otros mensajes clave de su intervención fueron:
– El 1% de la población regional tiene el 50% de la riqueza mundial: hay fuertes asimetrías económicas, climáticas, de acceso a la vacunación (apenas el 64% de la población regional está vacunada contra el COVID-19), y también en términos del financiamiento de respuestas a la crisis: los países desarrollados invirtieron 15 mil millones de dólares en el enfrentamiento a la pandemia, mientras que los países emergentes invirtieron menos de 3 mil millones de dólares.
– La deuda es un serio obstáculo para los países latinoamericanos y caribeños, que agudiza los problemas de la restricción externa y reduce el espacio fiscal.
– La pobreza y la pobreza extrema aumentaron en la región, pese a las ayudas de emergencia implementadas por los Estados; y el desempleo y el empleo informal son de los mayores retos.
– Se retrocedió 18 años en lo que toca la participación laboral de las mujeres en la pandemia: 1 de cada 2 mujeres continúa fuera del mercado laboral en la región, y su derecho a la educación también fue afectado con el cierre de las escuelas.
– Aumentaron en la región la violencia de género y la carga desigual de cuidados que recae sobre las mujeres: 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia física en la región.
– Se observó la aceleración de la destrucción ambiental marina y terrestre, inclusive con asesinatos de defensores del medio ambiente.
– 3 millones de niños y niñas pueden no volver a la escuela luego de la pandemia.
“Necesitamos combatir la violencia de género y fortalecer la participación política de las mujeres. Es necesario que caminemos para una sociedad del cuidado: del autocuidado, del cuidado del medio ambiente, de la distribución equitativa del poder, etc. La igualdad de género es fundamental para alcanzar los ODS”, resaltó Alicia Bárcena.
Afirmó también que el escenario actual nos presenta la oportunidad de asumir un liderazgo, como región, para caminar hacia una reconstrucción verde: se plantea desde CEPAL la reducción del 12% de la deuda de Caribe (6 mil millones de dólares) para con eso crear un fondo de resiliencia del Caribe, que reúne un conjunto de países que está entre los que más sufren actualmente con desastres provocados por los cambios climáticos.
“Necesitamos cambios importantes de producción y consumo, y también una nueva arquitectura financiera internacional que apoye los espacios de política e inversión. Para ello, es esencial modificar el actual sistema de deuda y de préstamos”, enfatizó.
Grabación de la reunión:
“Los derechos humanos son un eje fundamental de la recuperación de la pandemia y para el logro de los ODS”
Garantizar los derechos humanos para lograr alcanzar los ODS y enfrentar los impactos de la pandemia. Este fue el mensaje central que salió del panel de apertura del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo inicio hoy y se realiza hasta el 9 de marzo, organizado por la CEPAL.
Participaron en este panel: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; y Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica.
La presentación y moderación fue realizada por Rodolfo Solano Quirós, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, quien resaltó que el gobierno de su país ha promovido procesos de recuperación [de la pandemia COVID-19] basados en una agenda innovadora de financiamiento, e invitando a una nueva forma de pensar, entender y crear mecanismos frescos e innovadores para oportunidades de financiamiento del desarrollo sostenible.
“Los derechos humanos son un eje fundamental de la recuperación. Que salgamos de este Foro con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables”, añadió el Ministro.
Por un multilateralismo activo que apoye la integración regional
A su vez, Alicia Bárcenas destacó que alcanzar los ODS en un contexto de post pandemia, exige un multilateralismo activo que apoye la integración regional. “Debemos también escuchar a las mujeres, las y los jóvenes, a la sociedad civil y al sector privado, que dan forma tangible a la década de acción para la transformación que tenemos adelante”, agregó.
Señaló también como un paso fundamental para avanzar en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta el 2030: poner al multilateralismo y a las voluntades colectivas por encima de los liderazgos individuales y nacionalismos.
“La región de América Latina y el Caribe ha sido de las más golpeadas por la pandemia. Se magnificaron diferencias respecto al acceso a bienes públicos, como la salud. Las brechas entre países se profundizaron y se afectó especialmente a las naciones de ingreso medio, que son la mayoría de nuestra región”, afirmó.
Informó también que más de un tercio de la población de la región se encuentra en situación de pobreza, y que este problema es coyuntural, pero también estructural, pues ya antes de la pandemia predominaba en la región la cultura del privilegio. “El 66,7% de habitantes tienen conexión a Internet en la región. Pero, 53 millones de hogares no tienen conexión a Internet. ¿Cómo estudian las niñas y niños en estas casas, cómo trabajan sus padres?”
Bárcenas también llamó la atención al hecho de que falta financiamiento público para promover la Agenda 2030 en la región. Según la representante de CEPAL, Costa Rica es un ejemplo de cómo podemos avanzar en energías renovables, y la región debería ser referencia en este tema, así como crear una ruta regional para fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos y caribeños en la producción y distribución de medicamentos y vacunas.
Mayor inversión pública en el desarrollo sostenible
Amina Mohammed, en su intervención, destacó como un elemento clave para avanzar en el logro de la Agenda 2030, una mayor inversión pública en el desarrollo sostenible, y también en prioridades, como: mayor resiliencia y preparación para el futuro, especialmente desde los aprendizajes de la pandemia; aumentar recursos financieros para sistemas de protección social; invertir en sistemas de producción de alimentos sostenibles y en la transición hacia las energías renovables; profundizar los debates y acciones para una educación transformadora en la post pandemia, buscando soluciones desde la solidaridad; y el fortalecimiento de la igualdad de género, de la protección social universal y de la garantía de empleos formales y dignos para todas las personas.
Por fin, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, señaló en su intervención la responsabilidad moral que tenemos para liderar y resolver los problemas contemporáneos, y resaltó la migración como un desafío regional importante que es también efecto de las desigualdades. “La solidaridad cambia al mundo. La economía de acumular no garantiza la seguridad”, subrayó.
Video de la reunión:
Día Internacional de la Mujer: Foro Dakar Honduras resalta la lucha de Enma Mejía Sabonge para defender la igualdad entre los géneros y el derecho a la educación
4 de marzo de 2022El 8 de marzo de cada año se celebra a nivel Internacional el día de la Mujer, fecha conmemorativa que se celebra en muchos países del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes de ser reconocida por la ONU en 1977.
Honduras es uno de los países que se suma a la festividad del 8 de marzo “Dia Internacional de la Mujer”. Como país, en su legislación se cuenta con leyes que protegen y claman el respeto a la mujer, entre ellas las siguientes:
1. Ley del Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
2. Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer
3. Ley Contra la Violencia Doméstica
A pesar de la fuerte lucha por la defensa y el respeto a los derechos de la Mujer, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 314 mujeres fueron asesinadas en Honduras en 2021 y, según el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cada 27 horas con 33 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras (IUDPAS-UNAH, 2021).
En esta fecha especial, el Foro Dakar Honduras, en el marco de su participación en el proyecto regional “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”, resalta el arduo trabajo de la Licenciada Enma Mejía Sabonge, mujer valiente que ha dedicado parte de su vida a la defensa de los Derechos de la Mujer y a la lucha constante en temas de Género y defensa del Derecho Humano a la Educación.
La Licenciada Enma Mejía forma parte de la Asociación Acción para el Desarrollo Poblacional, que se a dedicado a trabajar con mujeres desde 1993. Dentro del legado de la licenciada Mejía es de destacar que ella formó parte, desde sus comienzos, del Movimiento Feminista donde se fundo el Albergue para Mujeres Victimas de Violencia en el año 1993. Además, formó parte del grupo de profesionales que impulsó la creación de la Fiscalía Especial de la Mujer en Honduras.
Este trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo y la subvención concedida por el Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la Educación (GPE) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.
Mira el testimonio de Mejía a continuación:
