Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2021: ¿Qué está en juego y cuál es su importancia para América Latina y el Caribe?
12 de julio de 2021En el 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron una agenda internacional con objetivos comunes para alcanzar un mundo más sostenible, justo e inclusivo, que deberían cumplirse hasta el 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o Agenda 2030. Pasada la mitad del plazo previsto para el logro de esta agenda, falta mucho por hacer y son incontables los desafíos pendientes, especialmente en lo que toca la realización del ODS 4, referido al derecho a la educación. Tales retos y rezagos se desnudaron, e incluso se profundizaron a partir del año pasado con el inicio de la pandemia COVID-19.
La crisis sanitaria global ha traído graves consecuencias, impactando de manera diferente a las distintas poblaciones, exacerbando las desigualdades estructurales históricas, y poniendo aún más en evidencia la debilidad de las políticas y sistemas públicos de atención a la salud, educación, empleo, protección social, entre otros, como se abordó en esta serie de reportajes de la CLADE.
El derecho humano a la educación se ha vulnerado aún más durante la pandemia, amenazando la garantía de una educación pública, gratuita, laica y de calidad, a lo largo de toda la vida. Alrededor de 800 millones de estudiantes en el mundo no retoman aún su trayecto educativo, con grave perjuicio en términos de aprendizaje, especialmente para las niñas y las mujeres; se han deteriorado las condiciones estructurales para el ejercicio docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se ha profundizado la brecha digital sobre todo en las zonas rurales, ahondando aún más las desigualdades de acceso, la deserción y la continuidad de estudios. El cuadro se complejiza ante las proyecciones de disminución de presupuestos públicos, ya insuficientes.
En este contexto, se llevan a cabo las actividades y los debates del Foro Político de Alto Nivel de la ONU (FPAN 2021), que tienen lugar del 6 al 15 de julio. Se trata de la principal instancia de seguimiento y monitoreo de los ODS en ámbito internacional.
En esta segunda semana de Foro, que arranca hoy [12 de julio], se hace la presentación de las revisiones nacionales voluntarias sobre el estado de cumplimiento de los ODS, por parte de los Estados. De América Latina y el Caribe, rinden cuentas en esta edición del Foro, los países Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Las sesiones de revisiones nacionales voluntarias se transmitirán en vivo, con la posibilidad de que se presenten preguntas desde la sociedad civil a los gobiernos. Foros de sociedad civil nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Bolivia, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana participarán en los debates y/o presentarán informes luces, como contribución al seguimiento al ODS 4 en sus contextos.
>> Mira las recomendaciones regionales al Foro Político de Alto Nivel:
¿Qué está en juego para América Latina y el Caribe?
En el 2016, la CLADE logró status consultivo en el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas (ECOSOC), lo que le ha permitido participar de manera calificada en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN). Es así que la CLADE presentó un posicionamiento regional, como contribución a la edición 2021 del FPAN, en el cual afirma la centralidad del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como derecho sinérgico y habilitante para el logro de todos los ODS y como una obligación de los Estados.
“Es urgente el máximo esfuerzo de los Estados en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y en su rol de garantes de los derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad, considerando la indivisibilidad de los mismos. Asimismo, es indispensable garantizar la participación amplia, inclusiva, sustantiva y permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones en los asuntos públicos”, afirma la CLADE.
+ Lee aquí el posicionamiento completo en español. El documento fue incorporado y reconocido por el ECOSOC como aporte desde la sociedad civil al Foro Político de Alto Nivel.
Siendo integrante de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU, espacio de participación de la sociedad civil en el seguimiento a los ODS, la CLADE también se suma a un llamado para que esta semana, en el cierre del FPAN 2021, se adopte una Declaración Ministerial consensuada que formalice compromisos para hacer cumplir la Agenda 2030.
Participación de la CLADE en las revisiones nacionales voluntarias
Bolivia: La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) participa en el Grupo de Trabajo (GT) nacional de desarrollo de un posicionamiento desde la sociedad civil respecto a la revisión del Estado Boliviano. La CBDE elaboró un informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en Bolivia, y trabaja para que se incluya el tema educativo en la intervención de la sociedad civil durante la sesión oficial de revisión al país.
>> Lee las cinco preguntas de la CBDE al gobierno boliviano
Colombia: La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación participa en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado colombiano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde la sociedad civil, pero el foco será denunciar las persecuciones a activistas y defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Guatemala: El Colectivo de Educación para Todas y Todos participó en la redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Guatemalteco. Incluyó el tema educativo y será el vocero del grupo en la sesión oficial, destacando puntos del informe luz que ha elaborado sobre el estado del ODS 4 en Guatemala.
>> Accede aquí a folleto que destaca los principales desafíos de la educación en el país
>> Mira a continuación las recomendaciones del Colectivo al gobierno de Guatemala, para que se cumpla el ODS 4.
México: La Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) participó en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Mexicano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde sociedad civil en la revisión oficial, pero los focos principales de la indagación al gobierno serán la crisis ambiental y de participación ciudadana.
República Dominicana: El Foro Socioeducativo (FSE), igualmente, participa en las discusiones sobre el posicionamiento desde sociedad civil ante la revisión del Estado dominicano, tratando de darle más visibilidad al tema educativo. Elaboró, así mismo, este informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en el país. Lee también:
>> resumen ejecutivo del informe
>> folleto con principales desafíos de la educación en República Dominicana
>> Mira a continuación las recomendaciones del FSE al gobierno dominicano:
52 años de Stonewall: Por el derecho de aprender, enseñar, ser y amar a quienes queramos
30 de junio de 2021
Thais Iervolino
Thais Iervolino es periodista con maestría en Sociología por la Pontifícia Universidad Católica de São Paulo. Ha actuado en movimientos y organizaciones sociales desde los años 1990 y tiene experiencia en el área ambiental y de derechos humanos - principalmente relacionados a educación, estudios de género y migración. Actualmente es asesora de comunicación de la CLADE, además de participar como investigadora en otras organizaciones de educación y movimientos feministas y LBTs (Lesbianas, Bisexuales y Transgeneros).
Era la madrugada del 28 de junio de 1969 cuando lesbianas, travestis y gays iniciaron una protesta en Nueva York que duró seis días, la cual quedó conocida como los “Disturbios de Stonewall”. En aquella ocasión, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la comunidad LGBTQIA+ [Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queers, Intersexuales, Asexuales] luchó contra un sistema opresor, con el beneplácito del gobierno.
En Brasil, esa lucha empezó en la misma época, en la década de 1970, a través de reuniones realizadas en ambientes privados – clubes, bares – ya que era un tiempo en que la Dictadura Militar se acercaba a su auge. Aún así, lograron publicar periódicos en defensa de la comunidad y temas LGBTQIA+ que son refenecia hasta el día de hoy, además de acciones como la Protesta en el Ferros Bar, cuando en 1983 lesbianas forzaron su entrada en en bar y leyeron un manifiesto sobre los derechos de las mujeres lesbianas y contra la represión, aumentando su referencia y actuación política en São Paulo.
Más de 50 años después de los Disturbios de Stonewal, la lucha LGBTQIA+ sigue fuerte y cotidiana. Sin ella, Brasil no sería una referencia en la confrontación de la epidemia de SIDA y de las enfermedades sexualmente transmisibles. Eso sin citar la importancia del intento por construir un país menos violento al lograr la criminalización de la homofobia en la Suprema Corte.
Todas esas luchas nos enseñan a nosotres, educadores, educadoras, que la libertad de un pueblo es algo que tiene que estar en nuestro horizonte siempre: la libertad de aprender, de enseñar, ser y amar. Más que una enseñanza, la lucha LGBTQIA+ nos invita a que seamos parte de esa misma bandera para garantizar lo que nuestra Constitución Federal de 1988 presenta en su artículo 205:
“La educación, derecho de todas y todos y deber del Estado y de la família, será promocionada e incentivada con la colaboración de la sociedad, teniendo como objetivo el pleno desarrollo de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo”.
Es importante recordar que la escuela es el lugar de las diferencias. Son ellas las que nos hacen mover y nos enseñan. Además de eso, no hay ciudadanía sin el establecimiento de las libertades plenas. Y la educación tiene un rol fundamental en la garantía de esta ciudadanía a través de una pedagogía crítica y libertaria que Paulo Freire tanto nos ha enseñado.
Lamentablemente vivimos en un contexto que se aleja de la garantía de nuestras libertades: Brasil es el país que más mata travestis en el mundo, el movimiento ultraconservador y anti-derechos sigue fuerte y la comunidad educativa se ve presionada y muchas veces criminalizada por defender los derechos de todas, todos y todes.
Y justamente por causa de los retrocesos que hemos vivido es que la fecha celebrada todos los 28 de junio por los Disturbios de Stonewall se hace tan importante. Ella muestra que todavía en contextos más represivos hay resistencia y no estamos solas y solos en las luchas. Más allá de eso, otras luchas también son parte de la nuestra.
Luchemos por una educación pública para todas y todos, por las libertades, por el derecho a aprender, enseñar, amar y construir un país libre de la LGBTfobia. ¡La lucha por derechos y libertades LGBTQIA+ también es nuestra lucha!
Sistematización de Experiencias de Atención y Educación en la Primera Infancia en América Latina y el Caribe en el Marco de la Emergencia Causada por la Pandemia del COVID-19
29 de junio de 2021Esta sistematización presenta experiencias claves de América Latina y el Caribe que constituyen buenas prácticas de la Atención y Educación Integral a la Primera Infancia (AEPI) y permiten abrir líneas de trabajo y de política pública útiles para el actual momento y para la post pandemia.
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[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución? [2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261. [3] Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran. [4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia. [5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728. [6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs. [7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web. ">
Educación y poder constituyente en Chile
20 de mayo de 2021La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal. El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados. El Estado pierde su iniciativa educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.
Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]
Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]
Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional, en un fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]
Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.
Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]
¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público? No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.
¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite. Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones, agencias, programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.
El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional. Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria. Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]
¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite? No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.
El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.
Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso. ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.
Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.
[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?
[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.
[3] Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.
[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.
[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.
[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.
[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.
Declaración de la CME sobre el impacto militar en las escuelas de Gaza
#ProtectEducation #EducationUnderAttack #SafeSchoolsDeclaration La Campaña MundiEl uso intensivo de ataques aéreos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel contra objetivos en la Franja de Gaza ha provocado daños muy importantes a la población civil, pérdida de vidas y la destrucción de escuelas, otros edificios públicos y propiedades residenciales.al por la Educación (CME) está extremadamente preocupada por el uso de escuelas e infraestructura civil como objetivos militares en la Franja de Gaza, lo que conlleva daños y muerte de niños y maestros y la destrucción de centros educativos y viviendas. El reciente informe Education Under Attack 2020 (La Educación Bajo Ataque 2020) (GCPEA, 2021 por sus siglas en inglés) revela que Palestina se ha visto gravemente afectada por ataques a escuelas durante los últimos años, donde se han reportado más de 500 incidentes entre los años 2015 y 2019. De hecho, Palestina ocupa el tercer lugar del mundo entre los países más afectados por los ataques a estudiantes, profesores y otro personal educativo durante el mismo período y el uso de escuelas y universidades con fines militares también ha sido de gran envergadura. En el último año, más de 23.000 niños se han visto afectados. 113 de los 118 incidentes fueron cometidos por fuerzas israelíes y los cinco restantes por colonos israelíes (ONU, 2019). Estos incidentes se han caracterizado por enfrentamientos militares en áreas cercanas a las escuelas, operativos de arresto en escuelas, violencia de colonos contra escuelas, restricciones al acceso a la educación, arresto e intimidación de estudiantes y maestros, y presencia militar en las cercanías de escuelas. A pesar de que las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarios establecen claramente que los estados y la comunidad internacional son responsables de garantizar el derecho a la educación en contextos de emergencia, los ataques recientes han dañado al menos 36 escuelas y afectado a cientos de estudiantes y maestros. Los informes también indican que varias escuelas están siendo utilizadas como refugios temporales no planificados por personas desplazadas en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza. La CME pide al Gobierno de Israel que cumpla de forma inmediata y permanente con las leyes humanitarias internacionales y con los Convenios de Ginebra. La CME también recuerda al Gobierno de Israel que está obligado a respetar la Declaración de Escuelas Seguras y abstenerse de atacar o utilizar escuelas con fines militares.">CME: Fuerzas militares israelíes han afectado a más de 23 mil niñas y niños palestinos
18 de mayo de 2021La Campaña Mundial por la Educación (CME) publicó nota el 15 de mayo sobre el impacto militar en las escuelas de Gaza. “Campaña Mundial por la Educación (CME) está extremadamente preocupada por el uso de escuelas e infraestructura civil como objetivos militares en la Franja de Gaza, lo que conlleva daños y muerte de niños y maestros y la destrucción de centros educativos y viviendas”, se afirma en el comunicado.
El reciente informe Education Under Attack 2020 (La Educación Bajo Ataque 2020) (GCPEA, 2021 por sus siglas en inglés) revela que Palestina se ha visto gravemente afectada por ataques a escuelas durante los últimos años, donde se han reportado más de 500 incidentes entre los años 2015 y 2019. En el último año, más de 23.000 niños y niñas se han visto afectados/as. 113 de los 118 incidentes fueron cometidos por fuerzas israelíes y los cinco restantes por colonos israelíes (ONU, 2019). “Estos incidentes se han caracterizado por enfrentamientos militares en áreas cercanas a las escuelas, operativos de arresto en escuelas, violencia de colonos contra escuelas, restricciones al acceso a la educación, arresto e intimidación de estudiantes y maestros, y presencia militar en las cercanías de escuelas”, afirma la nota.
Según la CME, “a pesar de que las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarios establecen claramente que los estados y la comunidad internacional son responsables de garantizar el derecho a la educación en contextos de emergencia, los ataques recientes han dañado al menos 36 escuelas y afectado a cientos de estudiantes y maestros. Los informes también indican que varias escuelas están siendo utilizadas como refugios temporales no planificados por personas desplazadas en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza”.
Lee la nota completa a continuación:
Declaración de la CME sobre el impacto militar en las escuelas de Gaza
#ProtectEducation #EducationUnderAttack #SafeSchoolsDeclaration
La Campaña MundiEl uso intensivo de ataques aéreos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel contra objetivos en la Franja de Gaza ha provocado daños muy importantes a la población civil, pérdida de vidas y la destrucción de escuelas, otros edificios públicos y propiedades residenciales.al por la Educación (CME) está extremadamente preocupada por el uso de escuelas e infraestructura civil como objetivos militares en la Franja de Gaza, lo que conlleva daños y muerte de niños y maestros y la destrucción de centros educativos y viviendas.
El reciente informe Education Under Attack 2020 (La Educación Bajo Ataque 2020) (GCPEA, 2021 por sus siglas en inglés) revela que Palestina se ha visto gravemente afectada por ataques a escuelas durante los últimos años, donde se han reportado más de 500 incidentes entre los años 2015 y 2019. De hecho, Palestina ocupa el tercer lugar del mundo entre los países más afectados por los ataques a estudiantes, profesores y otro personal educativo durante el mismo período y el uso de escuelas y universidades con fines militares también ha sido de gran envergadura. En el último año, más de 23.000 niños se han visto afectados. 113 de los 118 incidentes fueron cometidos por fuerzas israelíes y los cinco restantes por colonos israelíes (ONU, 2019). Estos incidentes se han caracterizado por enfrentamientos militares en áreas cercanas a las escuelas, operativos de arresto en escuelas, violencia de colonos contra escuelas, restricciones al acceso a la educación, arresto e intimidación de estudiantes y maestros, y presencia militar en las cercanías de escuelas.
A pesar de que las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarios establecen claramente que los estados y la comunidad internacional son responsables de garantizar el derecho a la educación en contextos de emergencia, los ataques recientes han dañado al menos 36 escuelas y afectado a cientos de estudiantes y maestros. Los informes también indican que varias escuelas están siendo utilizadas como refugios temporales no planificados por personas desplazadas en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza.
La CME pide al Gobierno de Israel que cumpla de forma inmediata y permanente con las leyes humanitarias internacionales y con los Convenios de Ginebra. La CME también recuerda al Gobierno de Israel que está obligado a respetar la Declaración de Escuelas Seguras y abstenerse de atacar o utilizar escuelas con fines militares.
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.">
Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
11 de mayo de 2021
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.
Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios.
Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.
Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.
¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.
Derecho humano a la educación en el contexto COVID-19 – Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
Con la intención de brindar elementos de reflexión al ámbito de CLADE y de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se elabora el presente documento de carácter exploratorio, sobre la actividad parlamentaria en el contexto del COVID 19.
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Panel en el CIES discute el rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4
4 de mayo de 2021Los hallazgos de la evaluación externa del Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF, por su acrónimo en inglés) fueron tema de debates de un panel realizado en el marco de la 65a Conferencia Anual de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional (CIES 2021). Organizada el día 28 de abril del 2021, la mesa “Rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4: Lecciones aprendidas y caminos hacia futuro”, contó con las participaciones de Jenny Price, investigadora de National Foundation for Educational Research, que realizó la evaluación externa del CSEF; Ram Gaire, coordinador de NCE-Nepal; Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE; y Vernor Muñoz, Jefe de Políticas de la Campaña Mundial por la Educación (CME). La moderación del panel quedó a cargo de Luis Eduardo Pérez Murcia, asesor de políticas e investigación de la CME.
Jenny Price abrió el panel, explicando que la evaluación externa se concentró especialmente en la última etapa del CSEF (2016-2019) y adoptó una metodología participativa, que cruzó en análisis de documentos producidos por la iniciativa con grupos focales, encuestas y entrevistas a los participantes del CSEF y actores externos. Entre los principales resultados del programa, ella destacó: la ampliación de la diversidad de actores que integran el movimiento el derecho a la educación, tanto al interior de cada una de las coaliciones nacionales como de las coaliciones regionales y de la propia CME; la ampliación de la credibilidad y legitimidad del movimiento para presionar a los gobiernos por el cumplimiento del DHE; la ampliación de la cohesión social del movimiento; la buena coordinación para difusión de mensajes al interior del movimiento; y la importancia de hacer incidencia a partir de la evidencia, destacando la multiplicidad de investigaciones elaboradas por las coaliciones con el apoyo del CSEF.
Asimismo, ella apuntó que el financiamiento de largo plazo ofertado a las coaliciones, especialmente para elementos institucionales, así como el apoyo que recibieron de las coaliciones regionales y de la CME, y los procesos de intercambio y colaboración Sur-Sur, fueron fundamentales para alcanzar dichos resultados. Por otro lado, consideró que la participación significativa de las coaliciones en la toma de decisión sobre las políticas públicas y la promoción de cambios concretos fue un desafío, porque en el periodo analizado hubo un incremento de tendencias conservadoras en todas las regiones, que restringieron la participación democrática y aumentaron la criminalización de la protesta.
Ram Gaire destacó que otro elemento que complejizó la acción política de la sociedad civil que actúa en la defensa y promoción del derecho a la educación es la entrada del sector privado en el campo educativo y su creciente articulación con los gobiernos en los últimos años, sea a través de alianzas público privadas o de su influencia en la definición e implementación de las políticas.
El activista subrayó que este nuevo elemento viene debilitando la educación pública en su país y destacó que, para hacer frente esa tendencia, es fundamental aumentar la movilización ciudadana, generar mayor solidaridad entre movimientos más allá del campo educativo, y hacer incidencia en base a la evidencia científica.
El desarrollo de investigaciones para contrarrestar mitos difundidos por actores que no trabajan la educación desde la perspectiva de derechos humanos, como las ideas de que la educación privada es siempre mejor que la educación pública o de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya invierten suficientes recursos en la educación también fue destacada por Laura Giannecchini. Ella presentó la experiencia de desarrollo del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, una plataforma en línea que reúne información sobre la inversión educativa de 20 países de la región, entre 1998 y 2018. El Sistema, que contó con el apoyo del CSEF y otros financiadores, recoge datos reportados por los Estados a las bases de datos de UNESCO, CEPAL y Banco Mundial, analizándolos bajo tres dimensiones: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos y equidad en el acceso escolar.
Dicha plataforma permitió a la CLADE identificar, por ejemplo, que todos los países analizados invertían menos de la mitad del monto asignado por persona en edad escolar en los países más pobres de la OCDE. Algunos países, como Nicaragua, incluso invertían 20 veces menos, lo que puso en evidencia la necesidad de seguir presionando los gobiernos de la región para ampliar el financiamiento doméstico para la educación, y aún más en contextos de crisis, como la actual pandemia del COVID-19.
Finalmente, Vernor Muñoz destacó que muchos de los actuales sistemas educativos en el mundo están caracterizados por la exclusión y la discriminación. Vernor remarcó que la educación es un derecho fundamental habilitador de la realización de los demás derechos humanos y que el sentido de la educación debe responder a los modelos de sociedad que aspiramos. También recordó que, aunque la CME apoye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la perspectiva de educación como derecho humano es más amplia que dicha Agenda, e incluye las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, gobernanza y participación en la educación.
Luego de las presentaciones, se dio una discusión con la audiencia sobre el sentido de la educación y del desarrollo que deseamos y la necesidad de construir narrativas potentes que permitan superar una mirada única de desarrollo, pautada en el modelo de desarrollo de los países industrializados.
>> Lee la nota completa aqui: El dererecho a la educación y el cuidado de la salud - Declaración ante la segunda ola de COVID 19
Guía Protección del Derecho Humano a la Educación
Organizada por la red de colectivos y activistas que compone la CLADE, la guía presenta 32 recomendaciones y orientaciones para garantizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia en la región y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.
>> Lee el documento completo: Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021
">Argentina: La presencialidad es la mejor forma de garantizar el derecho a la educación, pero NO es la única alternativa para hacerlo posible
30 de abril de 2021“Afirmamos enfáticamente que el derecho a la educación puede ser ejercido de diversas formas. La presencialidad es la mejor, pero NO es la única alternativa para hacerlo posible”, se afirma en la nota publicada por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en apoyo al gobierno nacional, que determinó el cierre de las escuelas tras el aumento de casos de COVID-19. En la nota, la CADE comenta la grave crisis social y educativa que se encuentra en Argentina.
“También reafirmamos que, en particular los sectores más pobres de nuestra sociedad, quedarán fuera de la educación virtual no presencial si no cuentan con los equipamientos y la conectividad necesarios y con los edificios escolares en las condiciones que la pandemia exige. Como ya hemos dicho anteriormente, si bien celebramos que se manifieste la conectividad como un derecho social, no alcanza con declamarlo o afirmarlo si no se garantiza su efectividad para nuestro pueblo y, en particular, para nuestras comunidades educativas. En este contexto mundial se es consciente que la presencialidad será intermitente. Hay que lograr que la vinculación con las escuelas pueda ser resuelta con formatos pedagógicos de acompañamiento adecuados y contextuales, lo que implica un importante trabajo de docentes y directivos, que han estado realizando y sabemos que seguirán haciéndolo, compromiso que desde ya reconocemos y valoramos”, afirma la CADE a través de la nota.
La Campaña Argentina también rechaza la presión ejercida por el sector privado para la reapertura de las escuelas. “Rechazamos las actitudes de amenazas o apremios de algunos sectores hacia instituciones educativas privadas que violentan todo pacto de cuidado y educación hacia sus estudiantes y desconocen el enorme esfuerzo realizado por directivos y docentes de dichas escuelas durante todos los meses tan difíciles que hemos atravesado desde que comenzó la pandemia. Queremos que las escuelas funcionen con presencialidad cuidada en todo el territorio nacional cuando esto sea efectivamente posible”, afirma la Campaña.
Según la CADE, para que las escuelas sean un lugar seguro para los y las profesionales y estudiantes, se requiere una sociedad que se comprometa seriamente con el cuidado de todos y todas, contribuyendo a reducir radicalmente las posibilidades de contagio. “Si no nos cuidamos y no cumplimos estrictamente con las medidas indicadas por todos los especialistas, paradójicamente, en lugar de defender la presencialidad estaremos atentando contra ella”, enfatiza.
>> Lee la nota completa aqui: El dererecho a la educación y el cuidado de la salud – Declaración ante la segunda ola de COVID 19
Guía Protección del Derecho Humano a la Educación
Organizada por la red de colectivos y activistas que compone la CLADE, la guía presenta 32 recomendaciones y orientaciones para garantizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia en la región y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.
>> Lee el documento completo: Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021
El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe
28 de abril de 2021La presente publicación resulta de una investigación con el propósito de evidenciar si y en qué grado los marcos legales de la región permiten el lucro en la educación en su etapa obligatoria. El estudio incluyó a nueve países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú. Nuestro punto de partida y referencial para realizarla es el marco de los derechos humanos y su reafirmación por encima de los intereses económicos.
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