<em>María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, expone la realidad regional de violencia contra niñas y mujeres, así como por identidad de género y orientación sexual en la educación</em><!--more--> En el contexto del “<a href=Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realiza del 28 al 30 de mayo en El Salvador, María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco, México, participó ayer en el panel “Estrategias de transformación hacia una educación promotora de igualdad de género y no violencia”. En su ponencia, destacó que “los conceptos de violencia, derechos humanos y derechos de las mujeres se encuentran estrechamente vinculados; no obstante la universalidad de los derechos humanos en general, las mujeres en lo particular no han gozado esta misma protección”. Según Ponce, en los primeros intentos de visibilizar la violencia de género, se consideró a las mujeres como víctimas en su papel de esposas y madres de familia maltratadas. Se dejaba fuera las múltiples violencias que viven las niñas y mujeres no solo a lo largo de su vida, sino en los diversos entornos en los que se desarrollan, incluyendo la escuela. Sin embargo, en los años 1990, se impulsaron reformas legales en la región y la aprobación de leyes que hoy se conocen como “de primera generación”. En este proceso, de acuerdo con la representante de CLADEM, quedó clara la evolución de los conceptos acerca de la violencia contra las mujeres: de un tema restricto al ámbito doméstico se pasó al reconocimiento pleno de los derechos de las niñas y mujeres a nivel internacional. “Desde entonces se considera la violencia contra las niñas y mujeres como un asunto de derechos humanos, siendo una obligación de los Estados prevenirla, sancionarla y erradicarla”, añadió. Ponce también abordó la cuestión de la violencia contra niñas y mujeres en las escuelas en su intersección con otras formas de discriminación, como por pobreza, orientación sexual, etnia e identidad de género, entre otras. Expuso, asimismo, algunos resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia basada en Orientación Sexual e Identidad de Género en México, un estudio para el que fueron consultadas/os 1.770 estudiantes de secundaria y preparatoria que se reconocieron como LGBTI en todo el país. En la encuesta, el 49.75% de las y los entrevistadas/os afirmó ser víctima de acoso o bullying de manera regular. Según el estudio, la violencia es más común para la comunidad trans que estudia secundaria y preparatoria, ya que el 61% y el 55%, respectivamente, han sido objeto de burlas transfóbicas y agresiones físicas; la cifra para lesbianas es de 43%, y de 40% para homosexuales. Ponce citó también un estudio de UNESCO, en el cual se señala que la violencia LGBTfóbica en la escuela afecta la educación, las perspectivas de empleo y el bienestar de las y los estudiantes. Esta investigación revela que en México el 59% de las y los estudiantes utilizó expresiones homofóbicas en la escuela, cifra mayor que la registrada en otros países de la región, como Guatemala (57%), Perú (56%) y Chile (50%). Por otro lado, el 60% de las y los estudiantes entrevistadas/os dijo que no ha reportado estos incidentes al personal escolar por miedo a sufrir discriminación o verse obligadas/os a “sacarse del clóset” ante sus madres y padres. De las personas que sí reportaron estos incidentes al personal escolar, sólo la mitad tuvo una respuesta positiva de sus maestras/os, lo que muestra que la homofobia también existe entre las y los profesionales de educación. La integrante de CLADEM mencionó igualmente los datos de un estudio del Ministerio de Educación salvadoreño sobre la violencia de género en los espacios educativos del país. Un total de 24 casos de violencia sexual identificados en las 12 escuelas consultadas fue capturado a través de teléfonos celulares. Asimismo, el 10,3% de las y los estudiantes entrevistadas/os dijo conocer la existencia de un caso de abuso sexual o violencia en su escuela. Más de la mitad de los/as estudiantes que afirmaron haber sufrido violencia no continuaron sus estudios. Para concluir su ponencia, Ponce listó algunas propuestas y recomendaciones hacia cambios importantes, considerando que todas estas violencias constituyen un obstáculo para la realización del derecho humano fundamental a la educación de calidad de todas las niñas, niños y jóvenes. Entre sus planteamientos, subrayó la importancia de: hacer el monitoreo permanente de la violencia en establecimientos educativos, incluyendo la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género; asegurar planes de estudio y materiales educativos inclusivos; promover la presentación de quejas de casos de violencia sexual; y capacitar y apoyar a docentes y al personal que trabaje en la escuela para que combatan las discriminaciones. “Promovamos pues una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos. Una educación así fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino que también contribuye para la construcción de Estados democráticos y respetuosos de los derechos humanos”, concluyó.">

¿Cómo la violencia por orientación sexual e identidad de género afecta las y los estudiantes en América Latina y el Caribe?

30 de mayo de 2018

María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, expone la realidad regional de violencia contra niñas y mujeres, así como por identidad de género y orientación sexual en la educación (más…)

<em>Se realiza en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local.</em><!--more--> Entre las actividades del encuentro de ayer (29/5), la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) y la Asociación de Radios Participativas de El Salvador (ARPAS) transmitieron en vivo el
  • regionalizar las políticas y garantizar su interseccionalidad e intersectorialidad;
  • los Estados deben desarrollar estadísticas y datos desagregados sobre la violencia y la desigualdad de género, por ejemplo con la incorporación de datos sobre las personas LGBTIQ y la población migrante entre las informaciones sobre la violencia e igualdad de género en los centros educativos;
  • unificar y articular políticas para la equidad y la igualdad de género que se encuentran dispersas en distintos sectores gubernamentales y documentos;
  • garantizar formación inicial y capacitación para docentes, así como desarrollar currículos desde la perspectiva de la igualdad de género;
  • garantizar presupuesto adecuado y suficiente para las acciones desde el momento en que se planifican las políticas y los proyectos;
  • crear indicadores y líneas de base para evaluar el impacto de cada política y rendir cuentas al respecto a la ciudadanía, utilizando además estas estadísticas en el diseño y planificación de las acciones;
  • desarrollar políticas de Estado sobre la temática, de mediano y largo plazo y con recursos financieros suficientes y sostenibles, garantizados como responsabilidad de los Estados y no condicionados o dependientes de la cooperación internacional;
  • la garantía de una educación laica como elemento fundamental para permitir que se incluya la cuestión de género en las escuelas;
  • la participación de las comunidades educativas en el diseño e implementación de las políticas educativas, y el diálogo con docentes, niñas y niños, adolescentes, y especialmente madres y padres de familia, con miras a superar los mitos acerca de la cuestión de género y la sexualidad.
    • Escuche la grabación del diálogo completo aquí.">

    Encuentro Centroamericano reúne a autoridades para discutir desafíos y estrategias de transformación hacia la igualdad de género

    Se realiza en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local. (más…)

    Arranca en El Salvador el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”

    29 de mayo de 2018

    Tuvo inicio ayer (28/5) en San Salvador, El Salvador, el “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realiza entre los días 28 a 30 de mayo, como una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como anfitriona local. (más…)

    La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la <strong>Semana de Acción Mundial por la Educación 2018</strong> y de la iniciativa regional <strong>“¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”</strong>.<!--more--> Como parte del tercer panel del encuentro, con el tema “¿Qué podemos aprender de las experiencias internacionales?”, Adrián Falco, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe hizo una presentación enfocada en señalar los efectos nocivos para el financiamiento de la educación y de otros derechos humanos, que provocan los beneficios y fugas fiscales que favorecen las empresas multinacionales, especialmente en países en desarrollo. “Estas empresas a cambio no dan nada. Prometen crear puestos de trabajo y otros avances en los países, pero eso no sucede finalmente. Lo que sí hacen, es que los países tengan que dejar sus presupuestos públicos en muy baja proporción respecto a lo que conceden en beneficios fiscales”, afirmó. Subrayó, asimismo, que la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe está desarrollando, en alianza con la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), un paquete comunicativo con miras a elaborar y difundir mensajes claros y directos para la ciudadanía, especialmente a través de las redes sociales, que expongan en números el impacto de la cuestión tributaria en el financiamiento de la educación pública en nuestra región. Asimismo, presentó la iniciativa “Paguen lo Justo” que la Alianza Global por Justicia Tributaria, en la cual la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe forma parte, impulsa con miras a demandar justicia tributaria como forma de garantizar recursos para la realización de los derechos humanos en todo el mundo, en alianza con medios de comunicación, redes de justicia fiscal, parlamentarias/os, etc. En el marco de esta campaña pública, se han hecho giras por distintos continentes con el objetivo de dialogar con movimientos y organizaciones sociales de distintos sectores en los países y generar, a partir de estos intercambios, una base crítica y argumentos sólidos para luchar por un mejor financiamiento para la educación y los derechos humanos. La gira de la campaña por América Latina y el Caribe, en los próximos días, incluye visitas a República Dominicana (29 y 30 de mayo), Haití (1º y 2 de junio), Cuba (4 y 5 de junio) y Perú (12 de junio). Falco subrayó, además, la importancia de que la sociedad civil presione por la creación de un organismo intergubernamental - convocado por Naciones Unidas - con el rol de establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales, que detengan los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos, promoviendo a la vez la transparencia y el intercambio entre países en el tema justicia tributaria. En seguida, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), informó que la brecha estimada en el financiamiento global para garantizar el derecho a la educación de todas y todos es de 39 mil millones de dólares al año. Presentó, además, la arquitectura del financiamiento educativo a nivel mundial y las disputas presentes en este escenario. Señaló que la Comisión de Educación, creada y presidida por Gordon Brown, Enviado Especial de la ONU para la Educación Global y ex primero Ministro del Reino Unido, se ha posicionado en la defensa de tres mecanismos principales para la arquitectura global del financiamiento educativo: la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés); el fondo para educación en contextos de emergencia llamado “Education can not wait” (“La educación no puede esperar”); y el International Finance Facility for Education (IFFed), mecanismo que es propuesto por dicha Comisión y prevé la promoción de préstamos para la implementación de políticas educativas en países de bajos y medianos ingresos, contribuyendo a profundizar y a mantener el endeudamiento y la dependencia de los países a fondos apoyados por donantes, fundaciones empresariales e instituciones financieras, en detrimento del financiamiento público doméstico. En América Latina, el IFFed pretende estar en Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. “El IFFed todavía se está desarrollando, pero es planteado por la Comisión de Educación y otros actores como algo establecido y que debe impulsarse al lado de otros mecanismos de financiación global ya consolidados, como la GPE y el Education can not wait. Desde la CME, queremos romper la idea de que hay un consenso mundial alrededor de estos tres mecanismos como únicas formas de financiamiento educativo a nivel mundial. Tenemos que darle una perspectiva más compleja y amplia al debate sobre el financiamiento educativo en el plan internacional, que va más allá de la cooperación internacional y tome en cuenta el necesario fortalecimiento del financiamiento educativo desde los Estados. En ese sentido, la lucha por justicia tributaria es clave”, afirmó Croso. Alertó, asimismo, para las disputas sobre los sentidos de la educación que están en juego por detrás del debate sobre el financiamiento educativo, ya que, más que apoyar financieramente la educación, dichas instituciones, mecanismos financieros y fondos internacionales articulados al sector privado con fines de lucro imponen agendas educativas economicistas y promueven la deuda pública, en vez de fortalecer y favorecer la sostenibilidad, soberanía e independencia de los países en desarrollo. “Debemos resistir para que se mantengan los compromisos de los Estados con el cumplimiento de una educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, según determina la Agenda de Educación 2030, y es clave la articulación entre movimientos y organizaciones sociales que defienden la educación y la justicia tributaria para presionar por el establecimiento de un mecanismo global que promueva la justicia tributaria desde Naciones Unidas”, subrayó. Por otro lado, recordó los logros alcanzados en la Conferencia de financiación para el reabastecimiento de la GPE, realizada en Senegal los días 1º y 2 de febrero de 2018, en la cual países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares para la educación, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares, en el período de 2018 al 2020. A su vez, Javier González, de la Fundación Summa de Chile, destacó que, cuando se habla del financiamiento educativo, más que mirar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se gasta en educación, es importante considerar el monto total de recursos que se asignan a este campo. Compartió, asimismo, que la privatización y las lógicas de mercado presentes en el sistema educativo de Chile y otros países de la región proponen un modelo de búsqueda constante por calidad, en base al estímulo a la competencia entre centros educativos y un “ranking” de escuelas, creado según sus resultados en pruebas estandarizadas aplicadas en larga escala. Enfatizó que, según estudios y consultas al respecto, estas prácticas no han generado impactos positivos sobre la calidad educativa de Chile. “Por lo contrario, estas lógicas han aumentado la desigualdad y segregación entre estudiantes, familias y escuelas en el país”, afirmó. González también destacó que la migración de las clases media y alta de la población chilena para la educación privada, en los últimos años, ha contribuido mucho para la reducción de la base de impuestos en Chile, puesto que estas clases pasaron a defender la reducción de los encargos tributarios y el no pago por ellos. Añadió que es necesario avanzar en la reglamentación y responsabilidad del sector educativo privado, de manera que el Estado le exija el respeto a padrones mínimos de calidad y equidad en la oferta educativa. Defendió, además, que es necesario aumentar y mejorar el gasto público en la educación pública, para que tengamos diversidad de clases sociales y personas al interior de los centros educativos, y no diversidad y competencia entre los centros educativos, según plantea el mercado. A continuación, Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, compartió algunos retos para la realización del derecho humano a la educación a nivel nacional: garantizar el acceso a la educación pre-primaria al 50% de las niñas y niños de 0 a 3 años del país; incluir 500 mil estudiantes que están fuera de la escuela en la educación primaria, y 1 millón de adolescentes en la secundaria; y cubrir un déficit de cobertura de 13 millones de matrículas en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y programas de alfabetización. “Son desafíos muy graves, y para superarlos necesitamos financiamiento que posibilite la creación de nuevas matrículas con calidad”, afirmó. En este contexto, la Campaña Nacional desarrolló los mecanismos CAQi (Costo Alumno-Calidad Inicial) y CAQ (Costo Alumno-Calidad), en alianza y diálogo con investigadoras/es, economistas, parlamentarias/os, estudiantes y docentes, entre otros actores, con miras a establecer conceptos e indicadores de financiación educativa de acuerdo a patrones mínimos de calidad, que deberían adoptarse en todas las escuelas públicas del país. En el 2014, la Campaña Nacional logró que se incluyeran los conceptos del CAQi y del CAQ en el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024. Según el Plan, estos indicadores deberían implementarse hasta julio de 2016, pero esto no se cumplió. “Vivimos un golpe institucional y nuestra democracia está en riesgo desde el impeachment de Dilma Rousseff en el 2016. Habíamos logrado incluir el CAQ y el CAQi en el PNE y aprobar en el parlamento nacional una ley que determina que el 75% de los royalties por la extracción de los campos petrolíferos en la capa pre-salina, recibidos por el gobierno brasileño, debe invertirse en la educación pública, pero el golpe y las medidas regresivas del actual gobierno impidieron la realización de estas conquistas”, explicó. En noviembre de 2016, el presidente Michel Temer anunció la apertura al capital extranjero de la explotación de dichos recursos petrolíferos, hasta entonces restricta a la empresa estatal Petrobras. Se prevé que esta medida disminuirá aún más los recursos que llegan al Ministerio de Educación, ya reducidos debido a la Enmienda Constitucional 95, aprobada por el parlamento nacional en diciembre de 2016, la cual congela los gastos públicos en salud, educación y asistencia social por 20 años. En seguida, José Marcelino de Rezende Pinto, profesor de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto - Universidad de São Paulo (USP) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, destacó que, para evaluar el esfuerzo de los gobiernos en el financiamiento educativo, y posibilitar un parámetro de comparación entre los Estados, es más importante verificar cuánto se gasta en dólares para cada estudiante al año, pues evaluar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se invierte en educación resulta en un análisis limitado, siendo grandes las diferencias de tamaño entre los PIB de los distintos países. “En el CAQ y el CAQi establecemos un mínimo de inversiones por estudiante necesario, para alcanzar un nivel de calidad educativa adecuado en las escuelas, el cual abarca: salario digno para las y los maestras/os y respeto al piso salarial docente establecido en ley nacional; un número máximo de estudiantes por sala de aula; biblioteca; laboratorio de informática; sala para gremios estudiantiles, etc. Se recuerda también que cada nivel educativo tiene peculiaridades, y por lo tanto los gastos necesarios para cada etapa se diferencian”, explicó. Añadió que, en América Latina y el Caribe, se tributa muy poco a las personas más ricas. “Nuestra Constitución Federal establece una vinculación de recursos para la educación de 18% del presupuesto nacional, y del 25% del presupuesto de las provincias y municipios. Esta asignación es importante, pero no es suficiente ya que la base de impuestos cambia de acuerdo con la economía, mientras que nuestro sistema tributario es injusto”, afirmó. Enfatizó también que son necesarios mayores aportes financieros del gobierno federal a la educación, con miras a reducir las desigualdades entre regiones y entre escuelas municipales y provinciales, y que el Plan Nacional de Educación establece la meta de alcanzar el 10% del PIB en inversiones para la educación, lo que está lejos de lograrse ante los actuales recortes del gasto público implementados por la gestión Temer.

    Jornada destaca el rol clave de la justicia tributaria para la garantía de un financiamiento educativo justo

    20 de mayo de 2018

    La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2018 y de la iniciativa regional “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”. (más…)

    La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).<!--more--> La CLADE, con otras 32 organizaciones, entre ellas REPEM y la Mesa de Articulación ETIS, integró la Comisión Transitoria de sociedad civil que durante el año pasado trabajó en el diseño de un borrador de los objetivos, principios y estructura del mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible mencionado. En el encuentro, se consensuó el mecanismo, que deberá facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de la sociedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Esta vinculación y participación se dará también en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte y evaluación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región y las plataformas relacionadas a la misma. Asimismo, el mecanismo tendrá la misión de generar un espacio de rendición de cuentas entre gobiernos y sociedad civil sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. El mecanismo estará integrado por organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que se postulen para participar y trabajen por la justicia social, económica y ambiental, y en cualquiera de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A la vez, su estructura de gobernanza será formada por 4 sub-regiónes (Centro América, México y Caribe Hispano-hablante; Caribe Anglófono y Francófono; Zona Andina; y Conosur); 13 grupos de personas/colectivos (Niñas, niños, Adolescentes y Jóvenes; Mujeres; Personas adultas mayores; Personas afro-descendientes; Personas agropecuarias de pequeña escala, rurales y costeras; Personas con discapacidad; Personas con VIH y personas afectadas por el VIH; Personas defensoras de derechos humanos y territorios; Personas LGBTI; Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos; Pueblos indígenas; Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG; Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales); y 3 grupos temáticos (Economías sociales y solidarias; Educación, academia, ciencia y tecnología; Justicia ecológica y ambiental). Las organizaciones, redes y colectivos pueden inscribirse para participar en uno o más grupos y, como próximo paso, se convocará a la sociedad civil a integrar una nueva Comisión de Trabajo transitoria, que durante 6 meses se hará cargo de definir los términos de referencia de cada grupo y el proceso para elegir a sus representantes en la mesa de vinculación del mecanismo, la cual será encargada de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del foro, para asegurar el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones intergubernamentales relacionadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región. También deberá mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre los acuerdos adquiridos. La CLADE ya manifestó su interés en participar en esta comisión y contribuirá con la consolidación del grupo temático de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología [para saber más, <a href=acceda aquí al término de referencia sobre el mecanismo]. “Ha sido un proceso muy interesante y exitoso, que se vino construyendo desde el Foro del año pasado en México. Ahora tenemos consensuada nuestra primera experiencia para dialogar sobre la Agenda 2030 con los países a nivel regional. Se trata de un proceso aún en construcción, pero definitivamente, haber logrado un espacio para educación en el mecanismo regional de seguimiento a los ODS es una conquista”, afirmó la coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE. Previamente al Foro de CEPAL, se realizó una reunión de la sociedad civil para discutir la construcción del mecanismo formal de participación mencionado y también redactar una declaración de sociedad civil que fue leída en la plenaria del Foro de los Países. El documento “Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar” denuncia el hecho de que la sociedad civil no haya sido invitada a participar en la Declaración Intergubernamental presentada al final del Foro de Países y critica su contenido, así como las restricciones democráticas en la región y las múltiples formas de violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Exige además que los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales e integren a la sociedad civil en la toma de decisiones. Respecto a la educación, la declaración denuncia la reducción en el último año de los presupuestos para este derecho, así como para salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo. “Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género”, afirma el documento.">

    Se creó el mecanismo de participación de la sociedad civil en el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

    2 de mayo de 2018

    La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). (más…)

    Seminario virtual con estudiantes de la región: “¿Hacia dónde caminan las reformas educativas en América Latina y el Caribe?”

    13 de abril de 2018

    La CLADE realizó el 11 de abril de 2018, con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, el seminario virtual con estudiantes de la región intitulado “¿Hacia dónde caminan las reformas educativas en América Latina y el Caribe?”. El objetivo de esta iniciativa fue dialogar con las y los estudiantes de la región sobre los rumbos y sentidos de las reformas educativas actualmente en curso en diferentes países del continente.

    Participaron: Ariana Rodriguez, estudiante de Docencia de Argentina; Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; Carlos Noveroy, participante del movimiento estudiantil de Chile; Teise Garcia, profesora de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto, en Brasil; y Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación.

    En este diálogo, se subrayaron, entre otros retos: la direccionalidad política de las reformas educativas, que deja de tener una concepción holística e integral de la educación para concentrarse en aspectos que responden a las necesidades del mercado; la mala situación del sector docente (precariedad en todos los ámbitos, no solamente en las condiciones de trabajo, sino también en el rol que juegan); la centralidad de la financiación y la problemática de los recortes del gasto público en educación y otros sectores públicos en general; y la existencia de políticas regresivas y restrictivas, que no tocan los intereses de quienes deberían contribuir con mayor decisión al financiamiento del Estado.

    Asimismo, las/os estudiantes presentes subrayaron entre sus principales demandas: el fin al lucro en la educación, la democratización de la escuela y de la universidad, el derecho a la movilización y participación directa de estudiantes, la estatización de la educación y el financiamiento público directo para este derecho, una mejor educación técnica-profesional y una educación feminista y no-sexista. A la vez, se compartieron críticas a los métodos de ingreso a la universidad y las pruebas PISA, programa internacional de evaluación de estudiantes, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    Descargue aquí a la sistematización de los debates del encuentro.

    Dos niñas adolescentes escribiendo en un sujetapapeles frente a una pared amarilla. A la izquierda, un perro duerme.
    Pablo Venegas

    CIES 2018: CLADE participa en la Conferencia, donde expone la coyuntura de la educación secundaria en América Latina y el Caribe

    29 de marzo de 2018

    La Conferencia Anual de la Sociedad Educativa Comparada e Internacional (CIES, por su acrónimo en inglés), se realiza en la Ciudad de México entre los días 26 y 29 de marzo. La CIES 2018 se impulsa bajo el lema “Re-mapeando la educación global”, y tiene miras a sumar esfuerzos para mejorar los diálogos entre los países desarrollados y en desarrollo respecto a esta temática. (más…)

    Foto: UNESCO/Carolina Jerez

    Se realizó cita de seguimiento a la Reunión Regional de Ministras/os de Educación

    3 de marzo de 2018

    Reunión, que contó con la presencia de Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, tuvo lugar en Santiago de Chile los días 15 y 16 de febrero

    Con informaciones de UNESCO

    Como segundo seguimiento técnico de la Reunión Ministerial de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: Educación y Habilidades para el siglo 21”, uno de los objetivos de esta edición fue revisar los avances de los compromisos asumidos en la reunión de Buenos Aires y preparar la próxima Reunión Regional Ministerial de Educación, que se celebrará en julio de 2018 en Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia.

    Otro de los objetivos de esta cita fue preparar la participación regional en el Comité Directivo Mundial del ODS4-Educación 2030, que tuvo lugar del 28 de febrero al 2 de marzo en París. Para ello, fueron analizados con mayor profundidad el funcionamiento y los métodos de trabajo del Comité Directivo Regional para América Latina y el Caribe, con el fin de garantizar la coherencia, coordinación y el trabajo colectivo desde esta región del mundo. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participa en este grupo de seguimiento a la realización de la Agenda de Educación 2030 en la región, y su coordinadora general, Camilla Croso, en la calidad de presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), también participó en la reunión del Comité Directivo Mundial de la Educación 2030 en París.

    Asimismo, en la reunión de Santiago se iniciaron las actividades de la Hoja de Ruta de Implementación del ODS 4 – E2030 para América Latina y el Caribe.

    El evento avanzó en discutir temáticas centrales para la implementación de la Agenda de Educación 2030 en nuestra región, en especial el financiamiento educativo, conceptos amplios de calidad educativa y la inclusión y no discriminación en la educación. Asimismo, se discutió la creación de cuatro grupos de trabajo en el Comité Directivo de la Educación 2030 regional, en los cuales la CLADE tendrá presencia: financiamiento; monitoreo; comunicación y políticas. Un éxito importante, fruto de una propuesta de CLADE que tuvo apoyo de otras/os integrantes del Comité, fue la apertura de un nuevo cupo de sociedad civil en el Comité Directivo de la Educación 2030 para América Latina y el Caribe, destinado a una representación estudiantil.

    En el encuentro participaron representantes de los países de la región miembros del Comité Ejecutivo Global de la Educación 2030 (Bolivia, Argentina y Brasil), más un representante del Caribe anglófono (Granada) y especialistas de educación del UNICEF y de la UNESCO. También asistieron representantes de la CLADE, Internacional de la Educación (IE), Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Comunidad del Caribe (CARICOM), Organización de Estados Americanos (OEA) y del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC-SICA).

    <em>Países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares en el período de 2018 al 2020</em><!--more--> Los días 1º y 2 de febrero, en Dakar, Senegal, la Alianza Mundial por la Educación (AME) celebró una conferencia histórica sobre el financiamiento educativo. Por primera vez la conferencia de financiación para el reabastecimiento de la AME se realizó en un país en desarrollo, co-convocada por los presidentes de Senegal y Francia. Fue una oportunidad única para ampliar el compromiso de países de todos los continentes con la asignación de más recursos para la educación en el período 2018-2020, bajo los parámetros de la Agenda de Educación 2030. Diez jefas/es de Estado, tres ex representantes de gobiernos nacionales y más de 60 Ministerios de Educación estuvieron presentes en el evento, que tuvo la participación de 1200 personas, incluyendo altos representantes de distintas agencias de las Naciones Unidas, como UNESCO y UNICEF, además de representantes de la sociedad civil y del sector privado. Como resultado de la Conferencia, países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares a la AME para los próximos tres años, un aumento representativo en comparación con el 1,3 mil millones que la Alianza Mundial ha recibido en donaciones en los últimos tres años. A la vez, 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en el período de 2018 al 2020 para un total de 110 mil millones de dólares, lo que representa un importante avance en comparación con los 80 mil millones que invirtieron entre el 2015 y el 2017. Dos tercios de estos países se comprometieron en alcanzar una inversión en educación del 20% de su gasto público total hasta el 2020, lo que era una reivindicación de la AME, apoyada por la CLADE, la Campaña Mundial por la Educación (CME) y otras redes y organizaciones de la sociedad civil que vienen participando activamente en este proceso de reabastecimiento. La CLADE estuvo presente en la Conferencia con una delegación formada por: Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación; Francisco Feliz, del Foro Socioeducativo de la República Dominicana; Jorge Mendoza, del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua; José Javier Acevedo, del Foro Dakar Honduras; y Laura Giannecchini, coordinadora de desarrollo institucional de la CLADE y representante de las organizaciones de sociedad civil de los países en desarrollo en el Consejo de Administración de la Alianza Mundial por la Educación. “Este fue un momento clave para lograr el apoyo prioritario de los países en desarrollo y de la comunidad internacional para la educación, buscando reverter la actual tendencia de disminución de los fondos de la ayuda internacional al desarrollo para la educación. Una vez anunciadas las promesas, la sociedad civil de todo el mundo tendrá el papel crucial de hacer el seguimiento a esos compromisos, garantizando que se cumplan de manera transparente y que sean sostenibles a lo largo de los años”, afirmó Laura Giannecchini. Otro avance de la Conferencia ha sido el énfasis que se ha puesto en la justicia tributaria como principio fundamental para garantizar un financiamiento educativo justo, sostenido y que respete la soberanía de los países. Esta perspectiva fue defendida fuertemente por Noruega, que prometió apoyar a los países en desarrollo que deseen promover reformas tributarias progresivas, y Gana, que convocó a sus colegas de continente a luchar contra la corrupción, los flujos ilícitos de recursos y las evasiones fiscales, con miras a garantizar los fondos necesarios para implementar una educación gratuita, universal y de calidad. “Durante la Conferencia, también quedó claro que la disputa alrededor de qué educación queremos es intensa y que debemos seguir avanzando en la lucha por una educación emancipadora y garante de derechos”, afirmó Camilla Croso. Croso participó en un panel de la Conferencia de Financiamiento, al lado de UNESCO, Internacional de la Educación (IE), Save the Children y el ex Ministro de Educación de Tanzania. En esta oportunidad, dio a conocer los puntos centrales de la <a href=Declaración de la Sociedad Civil ante la Conferencia. Entre los principales puntos, destacó el rol de los Estados como garantes del derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad y que el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos debe ser una prioridad para la AME, la cual debe ser explícita en no usar sus recursos para financiar la educación privada, negocios educativos con fines de lucro o cualquier reforma educativa que promueva la estratificación de los sistemas educativos. “Invitamos a todos los socios de la AME a abordar no solo el porcentaje que se invierte en educación, sino también el tamaño de los presupuestos de los gobiernos, a través de reformas tributarias progresivas y justicia tributaria. Exhortamos a la AME para que sume su voz a la convocatoria de un organismo intergubernamental con los recursos necesarios para establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales. Para ello, deben detenerse los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos”, afirmó la presidenta de la CME. Destacó también que el marco de financiamiento de la AME debe asegurar que los países que reciben recursos promuevan una efectiva participación de la sociedad civil y el respecto por los derechos humanos [lea aquí su ponencia completa]. Encuentro de la sociedad civil - En preparación a la Conferencia de la AME, la Campaña Mundial por la Educación, en alianza con ANCEFA y COSYDEP, realizó el 31 de enero el evento de la sociedad civil “Financiación sostenible de la educación”, en el cual la delegación CLADE estuvo presente al lado de otras/os activistas y representantes de organizaciones aliadas. Además de hacer un análisis global de las tendencias sobre el financiamiento educativo y la problemática de la privatización y de la urgente necesidad de promover justicia tributaria, la reunión enfatizó cuatro dimensiones clave: el monto total de recursos disponibles para la educación (y para ello la justicia tributaria como estrategia fundamental); el porcentaje del gasto público que se invierte en educación; la importancia de asegurar una inversión de recursos sensible a la inclusión y calidad educativa y la necesidad de un seguimiento a la ejecución presupuestaria por la sociedad civil. En el cierre de este encuentro, 250 representantes de la sociedad civil de 40 países acordaron un posicionamiento conjunto sobre el financiamiento educativo y el proceso de reabastecimiento de la AME, el cual se presentó a Jefas/es de Estado y aliados de la Alianza Mundial por la Educación, en el marco de la Conferencia [lea aquí el posicionamiento completo].">
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