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Organizaciones defienden el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño

21 de septiembre de 2018

En base a estudio realizado en América Latina y el Caribe, representantes de CLADE, OMEP y EDUCO presentaron retos y recomendaciones

Representantes de CLADE, OMEP – Vicepresidencia Regional para América Latina y Fundación Educación y Cooperación EDUCO participaron este 18 de septiembre en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra, Suiza. En esta ocasión, defendieron la plena realización de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como la promoción de un enfoque coordinado, integral y multisectorial para la atención y la educación en la primera infancia.

Los planteamientos son resultado del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, iniciativa conjunta de las organizaciones. La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.

Se señala la necesidad de profundizar en la relevancia y prioridad de la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI, concebida para niñas/os de 0 a 8 años de edad) en los marcos jurídicos, políticos, presupuestarios e institucionales, de manera que los mismos tengan un mayor arraigo en el interés superior del niño y otorguen una mayor protección a sus derechos. “Defendemos un enfoque integral de la atención y educación en la primera infancia desde el nacimiento hasta los 8 años, haciendo hincapié en su valor inherente por encima de la preparación para las próximas etapas educativas”, afirmó Mercedes Mayol Lassalle, de OMEP.

Dicho estudio demuestra el insuficiente desarrollo de las políticas estatales para la etapa que va del nacimiento a los 3 años de vida – lo que resulta en que para muchas familias, niños y niñas la educación y el cuidado en la primera infancia es todavía, en la práctica, un privilegio y no un derecho, ampliando aún más las brechas sociales en una región ya desigual como América Latina y el Caribe.

Asimismo, se identifica y denuncia la cobertura insuficiente en la AEPI, lo que afecta especialmente a los sectores sociales económicamente más rezagados, así como una infraestructura inadecuada para esta etapa educativa en términos de seguridad y accesibilidad para todas las personas. También se señala que la gratuidad de la AEPI todavía no se garantiza para todas y todos en la región, y que falta avanzar en la formación y valorización de las y los maestras/os de esta etapa educativa.

Una preocupación expuesta ante el Comité ha sido la tendencia creciente de centrar atención en los éxitos de carácter académico, conllevando además al sometimiento de niñas y niños cada vez más pequeñas/os a pruebas estandarizadas, en detrimento de sus derechos al juego, la creatividad, la cooperación, la autoconfianza y la autonomía. “Esa tendencia contradice los principios de la CDN y de sus Observaciones Generales, en particular el principio de la evolución de las facultades del niño”, señaló Mikel Egibar, de EDUCO.

Frente a este contexto, las organizaciones recomiendan: que los principios de la CDN integren de manera más exhaustiva y coherente los marcos legales, políticos y presupuestarios relacionados a la educación y al cuidado en la primera infancia; que el derecho humano a la educación de niñas y niños del nacimiento a 3 años sea plenamente garantizado; que se desarrollen formas de evaluación y modelos educativos para la AEPI que respeten las características específicas de esta etapa de vida, así como los conceptos y propósitos de la educación previstos en la CDN; y el fortalecimiento de sistemas de educación y cuidado en la primera infancia públicos y universales, como forma de superar las desigualdades y discriminaciones.

CLADE, OMEP y EDUCO hicieron un llamado al Comité para que apoye a los Estados miembros en la realización del derecho a la educación en la primera infancia, en diálogo con otros actores relevantes, desarrollando para ello orientaciones hacia la articulación de sus Comentarios Generales a las políticas de AEPI; y solicitando informaciones fiables y sólidas a los Estados de América Latina y el Caribe, sobre en qué medida están garantizando este derecho.

“Reafirmamos ante el Comité nuestro compromiso con la realización y el avance del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en nuestra región, y nuestra disposición de seguir colaborando y dialogando en ese sentido”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en el cierre de la audiencia.

Estudio completo – La investigación completa, intitulada “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, será lanzada el 18 de octubre de 2018, a las 12h00 de Brasil (GMT -3), con un seminario virtual que tendrá la presencia de Jorge Cardona Llorens, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, al lado de otras/os invitadas/os. En breve, compartiremos una invitación virtual con otras informaciones sobre cómo participar en este evento. Descargue el sumario ejecutivo de la investigación:

Archivo CLADE

CLADE participa en Reunión Regional de Ministros de Educación

1 de agosto de 2018

La II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe se realizó en Cochabamba, Bolivia, los días 25 y 26 de julio, con el objetivo de construir una Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación, y la Agenda de Educación 2030 (E2030) en América Latina y el Caribe. (más…)

Foto: Archivo CLADE

Vernor Muñoz: “La lucha por una escuela inclusiva no puede darse dentro de una comunidad excluyente”

27 de julio de 2018

Como insumos para los debates de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, el consultor presentó los resultados de estudios realizados en las temáticas aprendizaje a lo largo de la vida, docentes, calidad, equidad e inclusión

La II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe tuvo lugar los días 25 y 26 de julio en Cochabamba, Bolivia, con miras a discutir y elaborar una Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación, y la Agenda de Educación 2030 (E2030) en América Latina y el Caribe.

En este marco, Vernor Muñoz, quien estuvo a cargo de coordinar estudios para el encuentro, presentó los resultados de estas investigaciones en las temáticas: aprendizaje a lo largo de la vida; docentes; calidad; equidad e inclusión.

Sobre inclusión y equidad, Muñoz afirmó que la pobreza agrava la discriminación que sufren pueblos y personas históricamente marginadas por razones ideológicas, políticas o culturales. Asimismo, señaló que la violencia, el castigo corporal, la intimidación y la actuación de pandillas igualmente afectan la inclusión y la equidad en la educación.

Expuso que la lucha por una escuela inclusiva no puede darse dentro de una comunidad excluyente o de un Estado intolerante. “Sistemas educativos basados en jerarquías alimentan el imaginario político e ideológico, contribuyendo a constituir sistemas políticos neocoloniales, que definen a su vez modelos de sociedad, de Estado y de escuela”, destacó.

Respecto a la calidad educativa, Muñoz subrayó que esta es una categoría disputada por diversas ideologías, y criticó las concepciones que priorizan el rendimiento escolar, el desarrollo de competencias y el capital humano.

“Las realidades comunitarias en Estados multiétnicos y pluriculturales, como los de nuestra región, conducen al cuestionamiento de modelos educativos homogeneizantes que impiden encontrar sentido en lo complejo y en lo diverso”, apuntó, destacando que la calidad educativa no puede ser unívoca en su contenido.

Sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, el consultor afirmó que no debe limitarse a la formación para el empleo, y destacó que es necesario garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación para personas jóvenes y adultas (EPJA), con la elaboración de currículos, directrices y estándares de calidad, desde la perspectiva de derechos humanos. Recomendó, además, la ampliación del acceso de grupos históricamente excluidos a la educación superior, así como la revisión de los alcances, estrategias y métodos de las modalidades formal y no formal de educación.

Por fin, en relación a la cuestión de las y los docentes, afirmó que la preparación técnico-académica no es suficiente para fortalecer la profesión y promover buenos resultados de las y los estudiantes. “No se puede esperar que docentes produzcan los cambios que no se realizan en la esfera política”.

Señaló que es necesario volver atractiva la profesión docente. “Docentes de pre-escolar y primaria ganan por hora entre 32% y 40% menos que otros profesionales y técnicos. Docentes de secundaria ganan por hora entre 12% y 26% menos que los otros profesionales”. Según Muñoz, para mejorar las condiciones laborales de las y los docentes, es preciso reconocer que sus sindicatos son actores fundamentales para las reformas y políticas educativas.

Lea la intervención completa de Vernor Muñoz aquí.

<em>Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018.</em><!--more--> Este evento, conocido como el más importante del Sistema de Educación Superior de la región, reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo superior en la región y delinear un plan de acción para la próxima década, orientado hacia la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado. La CLADE participó en la Conferencia, representada por Eva Da Porta, docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), y Luis Bonilla-Molina, coordinador internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa. En los debates de la Conferencia, se recordó el legado y el centenario de la reforma universitaria y del <a href=manifiesto de Córdoba y se destacó el rol de las universidades y la academia en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e igualitarias. Además, se subrayaron retos como: la preocupación por el avance de la mercantilización de la educación superior y la necesidad de plantear una universidad comprometida con la mejora de la sociedad y que no esté al servicio del mercado y de la generación de ganancias; el reclamo de la centralidad del Estado como garante de derechos y el reconocimiento de la educación superior como parte del derecho a la educación. Asimismo, se establecieron siete simposios participativos, donde se elaboraron objetivos y principios de acción respecto a distintos temas, para su inclusión en la declaración final del evento. Esta declaración, entre otras recomendaciones para las universidades de la región, enfatiza la autonomía universitaria como elemento clave y defiende el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso. Insta también a los Estados para que promuevan políticas de ampliación de la oferta de educación universitaria, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema y la generación de políticas de acción afirmativas - en base al género, etnia, clase y capacidades diferentes - para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación, así como el diálogo de saberes y culturas en la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional. “El acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”, afirma la declaración. Como aporte a este debate, en el contexto de la CRES 2018, la CLADE presentó un posicionamiento en el que se reafirma la educación como un bien público y un derecho humano fundamental ante las pretensiones de sectores empresariales que quieren convertirla en mercancía, y además se defiende el derecho de las y los jóvenes y estudiantes a estar en la vanguardia de las luchas por la renovación universitaria y la transformación de nuestras sociedades. En ese sentido, la CLADE y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) apoyaron la participación de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Victoria Valverde, en la Conferencia. Lea también: Luis Bonilla-Molina: "El derecho humano a la Educación Superior está en una nueva encrucijada en América Latina y el Caribe” Eva Da Porta: “La CRES 2018 señaló que la educación superior es parte del derecho humano a la educación y debe ser garantizada por el Estado” Mauricio Chiluisa: “La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica” Declaración de los sindicatos de educación superior e investigación de la Internacional de la Educación para América Latina en el marco de la CRES 2018  ">

Conferencia Regional de Educación Superior subraya el rol de la universidad pública, gratuita y de amplio acceso en la construcción de sociedades justas, sostenibles e igualitarias​

21 de junio de 2018

Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018. (más…)

<em>Se realizó la semana pasada en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018, evento que reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo superior en la región y delinear un plan de acción para la próxima década.</em> <!--more--> En este marco, entrevistamos a Eva Da Porta, docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, quien acompañó algunos de los debates de la Conferencia y comparte a continuación un balance de los principales retos y avances de la educación superior en la región, que se destacaron durante el evento. <strong>¿En cuáles paneles y actividades de la Conferencia has participado y qué balance haces de estas discusiones?</strong> Participé en la mesa inaugural de la jornada de la CRES, y fue particularmente interesante porque marcó los diversos posicionamientos de la Universidad Nacional de Córdoba, de representantes de la CRES y de UNESCO respecto del lugar de la educación Superior en el contexto actual. Este momento tuvo una clara dimensión política, no solamente en relación a la educación universitaria en América Latina, sino también en lo que toca a la política nacional argentina, donde se evidenció una tensión fuerte con el gobierno del presidente del país Mauricio Macri, que es claramente de corte neoliberal. En este punto, se destacó el posicionamiento del ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, quien, respondiendo a una funcionaria de “Cambiemos” que hizo una afirmación muy desafortunada sobre que “no habría que abrir más universidades, porque los pobres no llegan a la universidad”, planteó que si la pobreza es un problema para el acceso a la universidad, lo que hay que resolver es la pobreza, y no cerrar las universidades. Esta apertura estableció el tono político de la Conferencia y contó con la presencia del Ministro de Educación de Argentina, Alejandro Finocchiaro, quien fue silbado por el público y terminó no pudiendo hablar y tratando de fascistas a las y los estudiantes y docentes que lo interpelaban. A su vez, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Oscar Juri, destacó la necesidad de retomar las banderas de la reforma universitaria de Córdoba en el 1918, y durante todo el evento, se relacionó la discusión de la CRES con el aniversario de 100 años de dicha reforma. También se destacó la temática de la interculturalidad y el diálogo de saberes especialmente en el marco de la Conferencia inaugural pronunciada por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos tituladad: “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”. En esta ocasión, se profundizó en el contenido del manifiesto de 1918 que planteó la reforma universitaria de Córdoba y se definió claramente el posicionamiento que debe tener la universidad frente al modelo neoliberal, como espacio no solo de resistencia, sino también de proposición política. Su ponencia también señaló claras líneas de trabajo en el sentido de abrir la universidad a los sectores populares excluidos en una perspectiva de diálogo de saberes. Fue el momento más político de la ceremonia inaugural. Luego, participé en mesas referidas a los desafíos de la educación superior frente a las nuevas tecnologías, la democratización del conocimiento, el conocimiento abierto y los desafíos de la cooperación sur-sur para la educación superior. En estos espacios se subrayaron como ejes: la preocupación por el avance de la mercantilización de la educación superior, el reclamo de la centralidad del Estado como garante de derechos y el reconocimiento de la educación superior como parte del derecho a la educación. Asimismo, participé en la dinámica de simposios, donde se trabajaron y se discutieron siete ejes temáticos distintos que deberían constar en la declaración final de la CRES, a partir de documentos trabajados en otras instancias previas por docentes e investigadores. En estos espacios, pudimos analizar los objetivos propuestos y presentar y plantear críticas o la reestructuración de los objetivos previstos para los distintos ejes. Participé particularmente en el simposio sobre la investigación científica y tecnológica y la innovación como motores del desarrollo humano, económico y social para América Latina y el Caribe (simposio/eje de número 5), donde se abordaron temas polémicos respecto de la propiedad del conocimiento, la relación entre empresas y universidades, los avances de la privatización y la defensa del conocimiento como un bien público. <strong>¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y qué implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil-universitario a nivel regional?</strong> La Conferencia fue un espacio significativo de encuentro y posibilidad de intercambio, cooperación y debate sobre el rol de la educación superior hoy. Han sido muy interesantes los espacios donde se pudieron desarrollar discusiones y opiniones contrapuestas en torno a los puntos neurálgicos de esta cuestión y que requieren de la tarea cooperativa para enfrentarlos los problemas mas acusiantes. El evento dejó clara la necesidad de que las universidades se pongan en vínculo con otras universidades y no solamente a nivel de las y los rectoras/es, si no a nivel de facultades, equipos de investigación, redes de docentes y estudiantes. Si bien la figura de las y los rectoras/es de las universidades fue bastante determinante en la conformación de los paneles, hubo también lugar para expertas/os y estas otras instancias de diálogo e intercambio como foros, simposios y mesas, donde también investigadoras/es, estudiantes, docentes, personas provenientes de distintas regiones y de la sociedad civil pudieron participar, planteando sus perspectivas críticas y propuestas. Creo que en este espacio se fue evidenciando que determinados problemas son compartidos y que es necesario trabajar la cooperación sur-sur, como plantea Boaventura, con miras a plantear estrategias para enfrentar las dificultades y desafíos que plantea la realidad de la region. También se reafirmó en los distintos espacios la idea de que la educación superior es parte del derecho humano a la educación y debe ser garantizada por el Estado y ese es un punto muy importante que debe guiar las estrategias compatidas. <strong>¿Cuáles son los principales desafíos y avances de la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia?</strong> El desafío destacado más importante, y que se incluye en el documento final del evento, es el de enfrentar la mercantilización de la educación universitaria, que aparece como una problemática bien marcada de estas últimas décadas. Asimismo, se abordó cuáles son las herramientas con las que contamos hoy y los posicionamientos políticos que hay que asumir para la defensa de la educación como un bien común. Otro desafío subrayado es la demanda por más participación de las mujeres y el reclamo contra el actual tono patriarcal de la universidad. Este eje se filtró en todas las mesas en que participé. Aunque no fue un eje convocante si claramente fue un eje emergente. También se señaló la relevancia de la participación de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas en reivindicar el reconocimiento de otros modos de producción de conocimiento que no deben ser formateados por el modelo de la universidad tradicional, sino que debe haber un espacio de diálogo. Creo que los tres ejes más significativos a destacarse fueron: la cuestión del financiamiento y la mercantilización de la educación; la cuestión de género; y el diálogo de saberes, así como la necesidad de que la universidad revea sus estrategias y vínculos con las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas que están construyendo sus propias universidades. <strong>¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que sean más justas, sostenibles e igualitarias?</strong> Participantes de la Conferencia enmarcaron que la autonomía universitaria es importante, pero el fin último de las universidades es contribuir con sociedades más justas e igualitarias. Eso me pareció también significativo en el marco de la discusión por la reforma universitaria, donde se valora la autonomía universitaria como un requisito para la democratización y la pluralidad del conocimiento, pero también la necesidad de pensar la universidad inserta en la sociedad con miras a generar transformaciones sociales hacia la igualdad y la construcción de sociedades sostenibles y justas. Este debate fue planteado no solo por expositoras/es, sino también por participantes de la CRES. Respecto del interrogante en torno de la pregunta sobre el rol de la universidad si bien se escucharon algunas voces mas cercanas al mercado o a la rentabilidad, creo que se impuso la reivindicación de su rol social y político en la transformación de las sociedades en busqueda de justicia y de equidad. Si bien su rol tradicional vinculado a la producción del conocimiento estuvo presente en los debates, se indagó acerca de qué se entiende por conocimiento, cómo se produce ese conocimiento y quiénes serían sus destinatarios. La problemática del contexto neoliberal y las tendencias a la privatización y producción de conocimiento útil para generar ganancias también se enfatizó, demostrándose que el modelo neoliberal estimula la construcción de un tipo de conocimiento que pueda ser vendible y mensurable como una mercancía, que de ganancias. Si bien algunas voces estuvieron a favor de esta perspectiva, fue cuestionada en muchos espacios y escenarios de la CRES, y se planteó, no solo la necesidad de contar con instrumentos y estrategias para favorecer el acceso igualitario a la universidad, sino también para garantizar la permanencia y el egreso de la enseñanza superior, así como la posibilidad de que estos conocimientos tengan una utilidad social, más allá de las ganancias que generen, especialmente siendo útiles para aquellos sectores que más necesitan el conocimiento para el desarrollo inclusivo e igualtario. Si bien se plantearon debates, porque había la presencia de universidades privadas, y expositores a favor de un modelo mas de tipo mercantilista creo que el tono dominante fue el reclamo por el reconocimiento del derecho humano a la educación y la necesidad de implementar políticas y estrategias concretas para garantizarlo. Hubo también un reclamo fuerte por el desarrollo de planes estratégicos concretos para favorecer el acceso a la educación, el fortalecimiento de las universidades públicas, las redes de investigadoras/es y de estudiantes, y un conjunto de estrategias concretas de producción de conocimientos, de regulaciones y acuerdos entre las universidades, para la protección de este patrimonio común que es el reconocimiento y la posibilidad del acceso, del transito y del egreso universitario de la mayoría de la población. <strong>¿Cómo garantizar la educación superior como derecho humano fundamental y desde la perspectiva de derechos en un escenario regional con fuertes tendencias a la privatización e instrumentalización de esta etapa de enseñanza?</strong> Creo que en relación al momento político particular que esta atravesando la región, no es menor que en la CRES mayoritariamente se haya reconocido el derecho a la educacón como un derecho fundamental y que se haya planteado como una amenaza para su logro las tendencias privatizadoras y el avance de la lógica mercantil asi como se reconoció el rol central de los estados y de las políticas publicas para su logro. Si bien, como se planteó estas declaraciones no son suficientes y requieren de planificaciones estratégicas, ha sido significativo que el foco de la CRES haya estado allí y no en la discusión sobre la calidad académica u otros temas como la innovación o la internacionalización, que si bien son importantes son consecuencia quizás de esos fundamentos primeros. Asimismo se evidenció la necesidad de un trabajo colaborativo y en red para el desarrollo de estrategias que pueden ir en esa linea y que puedan evaluarse de acá a diez años cuando la nueva CRES se desarrolle y no haya sido solo una cuestión declamada. De hecho, en la CRES 2018, se planteo con claridad la necesidad de contar con instrumentos y planes de acciones concretas para logar esos puntos de acuerdo que se plamaron en la declaración final que reconoce a la eduación superior como un derecho universal, un bien público y un deber de los estados. Ojalá que en esta ocasión no queden esos principios en una mera declaración y se pueda avanzar en el logro y evaluación de los objetivos propuestos que son muy potentes si efectivamente se implementan.

“La CRES 2018 señaló que la educación superior es parte del derecho humano a la educación y debe ser garantizada por el Estado”

19 de junio de 2018

Se realizó la semana pasada en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018, evento que reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo superior en la región y delinear un plan de acción para la próxima década.

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<em>Luis Bonilla-Molina en entrevista exclusiva para la CLADE sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba, Argentina</em><!--more--> Organizada por el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC UNESCO) y la Universidad Nacional de Córdoba, se realizó en Córdoba, Argentina, la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES2018). La cita más importante del sector universitario de la década se realizó entre el 11 y el 14 de junio de 2018 en los espacios académicos que hace 100 años fueron escenarios del Grito rebelde de Córdoba y su Manifiesto Liminar. Organizaciones de la sociedad civil miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvieron allí presentes, entre ellas la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, que es también integrante del Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO. Luis Bonilla-Molina, coordinador internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, nos concedió una breve entrevista sobre esta importante reunión de los y las universitarios/as en la región. Lea a continuación. <strong>¿En cuáles paneles y actividades de la CRES2018 has participado y que balance haces de estas discusiones?</strong> La CRES2018 es una construcción temática y organizativa en la cual he estado involucrado en los dos últimos años. Primero en su definición conceptual y esquema organizativo en mi condición de presidente del Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO (2015-2017) y luego como miembro pleno de esta instancia, desde el 2018. Me correspondió participar activamente en el diseño y sistematización del Foro virtual de la CRES2018 que se desarrolló entre junio y noviembre de 2017, en el cual participaron casi 900 foristas quienes desarrollaron aproximadamente 20.000 interacciones en los siete ejes temáticos de la Conferencia (Vea síntesis de este foro virtual <a href=aquí). En el encuentro central de la CRES2018 se estructuraron los siguientes ejes temáticos a) la Educación Superior como parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe; b) la Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina; c) la Educación Superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe; d) el Rol de la Educación Superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe; e) la investigación científica y tecnológica y, la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe; f) el papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe; g) a cien años de la reforma de Córdoba. En mi caso, me correspondió participar en los paneles sobre el rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales en ALC y, coordinar la mesa referida al “impacto de las nuevas tecnologías en la educación superior”. Además, tuve la oportunidad de participar en múltiples encuentros con estudiantes y organizaciones tanto estudiantiles como académicas. ¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y que implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil universitario a nivel regional? La CRES2018 es un movimiento singular de la corriente histórica social universitaria continental. Es la continuación de las reuniones de La Habana, Cuba (1996), y Cartagena, Colombia (2008), que impulsaron la realización de las dos ediciones de la Conferencia Mundial de Educación Superior organizadas por UNESCO y realizadas en París (1998-2008). Quizá abusando de la síntesis, podríamos señalar que mientras la primera Conferencia expresó la especificidad de la mirada Latinoamericana y Caribeña respecto al desembarco del neoliberalismo y la tercera revolución industrial, la segunda expresó la vocación unitaria de las y los universitarias/os de la región en defender la educación universitaria como un bien público y un derecho humano. La CRES2018 se convoca asociada al centenario del más importante hito de la historia universitaria regional como lo fue el movimiento de la Reforma de Córdoba de 1918, en un momento en el cual el neoliberalismo acentúa y reconfigura sus orientaciones para el sector, queriendo impulsar una neo privatización del mundo universitario en el marco de la reestructuración del modo de producción capitalista como resultado de la cuarta revolución industrial. La CRES2018 se realiza en medio de inusitadas iniciativas de los organismos económicos globales para privatizar el conocimiento, virtualizar la enseñanza superior y convertir los contenidos de aprendizaje en simples repositorios en la nube tecnológica, con una lógica de mercancía y mercado. Si bien es cierto que las instituciones universitarias en la región superan el número de las 13000 y en muchos lugares la cobertura alcanza el 50%, también es cierto que esta dinámica se concentra fundamentalmente en cuatro países con una marcada expansión del sector privado de la enseñanza en ALC. La ideología del mercado y la educación superior como mercancía, desembarcaron bajo el discurso de las competencias y ahora tiene un capítulo especial en los rankings universitarios que orientan para la lógica del capital la actividad del sector. Esto afecta las dinámicas académicas y la propia libertad de pensamiento de las y los estudiantes. Por ello, transversalmente en cada uno de los debates de la CRES2018, se expresaron estas tensiones con un protagonismo de profesoras/es y estudiantes en las resistencias contra la imposición de la lógica del mercado en lo universitario. Córdoba 2018 expresa un balance de lo actuado en materia de defensa de la educación universitaria como bien público y derecho humano fundamental, pero nos muestra también retos y desafíos en su sostenimiento que demandan la unidad de todos los actores sociales interesados. La CLADE está llamada a desarrollar una articulación especial en esa dirección en los próximos años. Córdoba también expresó las tensiones que generan las nuevas narrativas del capital interesado en novedosas formas de privatización y mercantilización que en muchos casos apenas si son percibidas y analizadas por quienes construimos alternativas. ¿Cuáles son los principales desafíos para la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia? En la CRES2018 se manifestó una conciencia generalizada respecto a pasar definitivamente de las declaraciones a un plan de acción regional que permita unificar los esfuerzos por una educación pública, gratuita y de calidad comprometida con la transformación regional y la justicia social. Buena parte de la construcción de ciencia, conocimiento y referencia ética regional sigue pasando por el mundo universitario, quedando en evidencia en los debates la necesidad de actualizar sus dinámicas y performance a las nuevas realidades del siglo XXI si queremos seguir teniendo este rol estelar. Desde mi perspectiva el gran desafío está en la actualización de las narrativas de resistencia a la ideología del mercado, para dar cuenta del impacto del mundo tecnológico no solo en la educación como derecho humano, sino en la sociabilidad, el encuentro y la posibilidad de construir juntos el futuro. Son enormes las oportunidades para la educación superior que se abren con el desarrollo tecnológico, pero es urgente prevenir respecto a las pretensiones de sectores del capital global, que no trabajan para usar sus bondades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino para virtualizar el mundo universitario en su totalidad. A muchos sectores progresistas esto les parece una posibilidad remota y no real y tangible en el corto plazo, eso puede afectar estratégicamente la defensa de la educación como derecho humano para aprender a convivir y construir juntos un mundo mejor. Cada momento histórico tiene sus tareas nuevas para estudiantes y profesoras/es comprometidas/os con el cambio social y este no es la excepción. ¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que estas sean más justas, sostenibles e igualitarias? Hace 200 años la segunda revolución industrial anunció mayores niveles de bienestar para la humanidad. Hoy 1300 millones de personas, es decir una séptima parte de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. La tercera revolución industrial nos anunció que la internet posibilitaría mayores niveles de democratización de la comunicación y la información, pero hoy solo el 38% de la población tiene acceso a la conectividad y en la región este porcentaje cae brutalmente. Es hora de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento sean realmente democratizados y sirvan para alcanzar justicia social en equilibrio con la naturaleza. La universidad no puede ser una fábrica de tituladas/os sin compromiso social ni puede estar ajena a las crecientes desigualdades que está generando el neoliberalismo en el siglo XXI. De allí que el plano ético del mundo universitario y su compromiso con fomentar un pensamiento crítico actualizado estén a la orden del día en la agenda de transformaciones. La universidad tiene que repensarse a sí misma. Por ejemplo, atreverse a pensarse en sus orígenes y procesos ya no como una universidad limitada en la práctica a lo formativo, sino dar el auténtico salto a lo investigativo enraizado con las aspiraciones del movimiento popular como epicentro de su actividad. Debemos romper con los prejuicios anti científicos que esconden la aceptación sumisa a la diferencia y atrevernos a construir otras formas de usar los avances científicos para romper desigualdades y alcanzar una sociedad donde el bienestar se democratice realmente. Debemos atrevernos a interrogarnos respecto a la universidad que requiere el presente en el continente, en clave de superación de la concentración de la riqueza. Tenemos que atrevernos a desafiar el peso de la costumbre, atreviéndonos por ejemplo a pensar si la universidad del presente no debe ser más bien una universidad del territorio que rompa con las franquicias derivadas de universidades nacionales. Los desafíos conceptuales y operativos son múltiples y considero que la CLADE puede jugar un papel estelar en el futuro cercano en la reconfiguración de estos debates. ¿Cómo garantizar la educación superior como derecho humano fundamental y desde la perspectiva de derechos, en un escenario regional con fuertes tendencias a la privatización e instrumentalización de esta etapa de enseñanza? Lo urgente para resistir es actualizar nuestros análisis. Hay una mutación radical del modo de producción capitalista que impactará en el corto plazo al mundo universitario. No es osado pensar que la universidad como espacio de encuentro, sociabilidad y construcción compartida de un destino común está amenazada por “nuevas” formas de aprendizaje centradas en lo cognitivo y no en lo social. La privatización de la segunda década del siglo XXI desarrolla nuevas expresiones y formas que era imposible prever en la década de los noventa del siglo XX. Si usamos argumentos del pasado para enfrentar las ofensivas del presente los esfuerzos en defensa de la educación superior como derecho humano, pueden verse limitadas o resultar insuficientes para enfrentar la mercantilización del presente. Tenemos que romper la “pulsión de fuga” que se expresa en la apelación a viejos análisis y consignas que hoy pueden resultar significantes vacíos si no los actualizamos. Mi gran preocupación reside en la constatación que mientras los intereses centrados en el mercado usan la innovación para impulsar sus iniciativas, buena parte de las resistencias al modelo educativo del mercado se están quedando petrificadas en la tradición. Es urgente asociar tradición con innovación en los análisis y la articulación de iniciativas en defensa de la educación superior como derecho humano.">

“El derecho humano a la Educación Superior está en una nueva encrucijada en América Latina y el Caribe”

Luis Bonilla-Molina en entrevista exclusiva para la CLADE sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba, Argentina (más…)

<em>La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 discutió sobre la situación del sistema educativo en la región y delineó un plan de acción para la próxima década. Para profundizar en los debates que tuvieron lugar en el evento, entrevistamos al participante Mauricio Chiluisa, que es presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador</em> <!--more--> Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018. Este evento, conocido como el más importante del Sistema de Educación Superior de la región, reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo en la región y delinear un plan de acción para la próxima década, orientado hacia la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, participó en la Conferencia y concedió una entrevista a la CLADE, en la que presenta algunos de los principales debates del encuentro y su importancia para las luchas del movimiento estudiantil universitario en la región. <strong>¿En cuáles paneles o actividades de la Conferencia has participado y qué balance haces de estas discusiones?</strong> Participé en los paneles sobre el Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba y los desafíos de la educación universitaria en la actualidad. A la vez, también acompañé el foro organizado por Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) con las distintas federaciones de estudiantes universitarias/os del continente. Consideramos la CRES como un espacio de debate y criticidad frente al sistema educativo, pero creo que hizo falta en la Conferencia tomar en cuenta más a las y los universitarias/os vulnerables y hacer más diálogos con los movimientos estudiantiles. <strong>¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y qué implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil-universitario a nivel regional?</strong> Para el movimiento estudiantil universitario, esta Conferencia es muy importante porque se definen ejes de acción para los próximos diez años en el continente. Consideramos que es un espacio muy importante donde se discuten los principales problemas de la educación universitaria y cómo darles salida. <strong>¿Cuáles son los principales desafíos y avances de la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia?</strong> Los principales aspectos de la Conferencia fueron: la inclusión de la no discriminación, la defensa de la autonomía universitaria y del co-gobierno en las universidades, y el reconocimiento de la lucha del movimiento estudiantil y del derecho a la participación. Como movimiento estudiantil, hemos planteado que se pueda respetar el co-gobierno y se pueda generar un espacio de debate en la Conferencia, para que en estos diálogos exista la defensa del co-gobierno, la equidad de género, la accesibilidad y el libre ingreso a las universidades. <strong>¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que sean más justas, sostenibles e igualitarias?</strong> La universidad no debe estar fuera o excluida de los eventos sociales, políticos o culturales que suceden en los países de la región. La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica.

CRES 2018: “La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica”

18 de junio de 2018

La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 discutió sobre la situación del sistema educativo en la región y delineó un plan de acción para la próxima década. Para profundizar en los debates que tuvieron lugar en el evento, entrevistamos al participante Mauricio Chiluisa, que es presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador

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Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación

6 de junio de 2018

Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”. (más…)

<p style=Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”.

Participaron Ingrid Sánchez Tapia, de United Nations Girls' Education Initiative (UNGEI/ONU), Luisa Martínez, de UNICEF Perú, y Gloria Oqueli, diputada del PARLACEN por Honduras y Presidenta del Foro de la Mujer de Eurolat.

En su intervención, Ingrid Sánchez Tapia presentó el panorama mundial sobre la violencia de género en las escuelas, señalando que son múltiples las formas de violencia presentes en estos espacios, como castigos corporales, acoso verbal, violación y tocamientos no consentidos. De acuerdo con la representante de UNGEI, se estima a nivel mundial que cerca de 246 millones de niños y niñas sean víctimas de acoso o abuso sexual en las escuelas o su entorno a cada año, aunque muchos de los casos no se registren o denuncien como deberían. Presentó, además, otros datos alarmantes: 1 en cada 4 niñas en el mundo tiene temor a usar el baño en las escuelas por miedo de sufrir violencia; 1 en cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años de edad padece por intimidación o matoneo de forma regular en su centro educativo; las niñas y niños que son objeto de violencia en la escuela pierden un año escolar en promedio; y la violencia homofóbica también ha hecho que muchas niñas y niños abandonen los estudios. Estos y otros datos pueden ser consultados en la página de UNGEI/ONU: http://www.ungei.org/srgbv/index.html

La violencia de género en la educación también implica otros riesgos, añadió Tapia, como: explotación sexual, embarazos no deseados, enfermedades transmitidas sexualmente, adicciones, etc.

“Es necesario adoptar medidas integrales, integradas y multisectoriales para prevenir y responder a la violencia basada en género en la educación, además de mejorar la gobernanza escolar al respecto, desde la elaboración de guías, la inclusión del abordaje de esta temática en los currículos y acciones de prevención de la violencia y de promoción de los derechos de las niñas y niños, de la igualdad de género y de la educación sexual y sobre enfermedades sexualmente transmisibles en las escuelas. También los gobiernos deben adoptar materiales educativos y prácticas pedagógicas y presentar informes sobre los avances y desafíos pendientes en esta temática. Los programas educativos deben abordar los estereotipos de género, las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, y también las dinámicas que interactúan con la pobreza”, señaló.

Enfatizó también que las niñas y los niños deben tomarse como participantes clave en el debate sobre la violencia por razón de género en la educación. Afirmó que es igualmente necesario que los gobiernos inviertan recursos en el desarrollo de investigaciones formativas y datos diagnósticos fiables sobre esta problemática, elaborando planes sectoriales de educación a partir de estas informaciones. Asimismo, destacó la importancia de involucrar a donantes, autoridades, asociaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros actores, en el diseño e implementación de medidas de enfrentamiento a la discriminación y violencia de género en la educación.

A su vez, Luisa Martínez, de Unicef Perú, subrayó en su aporte la diversidad que caracteriza a las niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, que son 107 millones de personas con entre 0 y 19 años de edad, y considerándose que ⅓ de los hogares de la región se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

“Hubo avances en el enfrentamiento de la mortalidad infantil y en la creación de marcos normativos para la igualdad de género, pero hay desafíos importantes, como el embarazo adolescente, que aumentó en los últimos 20 años en todos los países de la región. Esto ha llevado a la expulsión de las niñas de las escuelas. América Latina y el Caribe tiene la segunda mayor tasa de embarazo adolescente en el mundo, siendo que 1 de cada 4 niñas con menos de 18 años en la región que no ha completado ningún nivel escolar se encuentra en matrimonio o en unión estable temprana – el doble de la tasa identificada entre las adolescentes y niñas que completan la secundaria”, afirmó.

Según Martínez, la violencia de género contra mujeres y niñas tiene como factores comunes que se repiten: la normalización de la violencia, castigos corporales, conflictos de parejas, conflictos armados, la falta de empoderamiento de niñas y mujeres, abusos en la infancia, madres víctimas de violencia, etc. Estas prácticas, de acuerdo con ella, generan impactos graves en el bienestar y la salud física y mental de las niñas y mujeres, además de en algunos casos traer como consecuencia el embarazo no deseado o temprano. Añadió que la violencia sexual en la región prevalece entre niñas de 15 a 19 años de edad, y que la violencia emocional contra niñas y mujeres es más frecuente en América Latina y el Caribe que en otras regiones del mundo.

En las escuelas, subrayó que son comunes situaciones de violencia sexual, física y psicológica dentro y alrededor de la escuela debido a las normas, roles o estereotipos atribuidos a los sexos y las identidades de género, y que es un desafío medir exactamente en qué cantidad y con qué frecuencia estos casos ocurren.

“Hay países con disposiciones legales para la prevención de la violencia, sin embargo, no hay armonización entre las leyes generales sobre la violencia de género y las leyes generales de educación”, afirmó.

Finalmente, mencionó la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, de la Organización de Naciones Unidas, cuyos tres pilares para América Latina y el Caribe son: “Alto a la impunidad”, que tiene por objetivo implementar marcos normativos y actualizar y armonizar leyes, así como promover la sensibilización contra la violencia de género en las escuelas y mejorar la información al respecto; “Ni una más”, campaña de atención a las víctimas y prevención de la violencia, con visitas domiciliarias y programas de formación para padres y madres, así como fortalecimiento de los servicios públicos de salud y educación para que sean sensibles a la perspectiva de género, incluyéndose formación docente, abordaje de los currículos, ubicación de baños en las escuelas, etc; y “Responsabilidad de Todos”, que fomenta la movilización social y la participación proactiva de socios no tradicionales, especialmente hombres jóvenes.

En su intervención, la diputada Gloria Oqueli subrayó que hay buenas leyes para la superación de la violencia de género en la educación en Centro América, pero no se ha avanzado en las asignaciones presupuestarias del Sistema de Integración Centroamericana para implementarlas. “Necesitamos democratizar la educación y el conocimiento, pues se trata de un derecho, no un privilegio”, afirmó.

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Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación

Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”. (más…)

Encuentro Centroamericano discute Igualdad de Género, Violencia y Educación

2 de junio de 2018

La CLADE realizó en San Salvador, El Salvador, el Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación. Con el apoyo de UNICEF y la RESALDE como anfitriona local, el evento se desarrolló entre los días 28 y 30 de mayo, con miras a trazar un panorama para la región de Centroamérica sobre la discriminación y violencia por razón de género contra niñas, mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) en los espacios educativos, formulando recomendaciones al respecto.

“Apostamos en el fortalecimiento de sistemas educativos públicos y laicos, donde se garantice una educación emancipadora y garante de derechos, que permita cuestionar los actuales patrones sociales, de distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, para impulsar una transformación”, enfatizó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en la apertura del encuentro.

Estuvieron presentes más de 40 personas de 17 países, entre ellas representantes de Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, UNICEF, UNGEI/ONU, CECC/SICA, OEI, Campaña Mundial por la Educación, tres parlamentarias del Parlacen, foros nacionales de educación miembros de CLADE en Centroamérica y el Caribe, ONGs locales, representantes estudiantiles y redes regionales como ALER y CLADEM.

En su participación, María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, subrayó la importancia de asegurar planes de estudio y materiales educativos inclusivos y formar y apoyar a las/os docentes para que combatan las discriminaciones. “Una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino que también contribuye para la democracia”, afirmó.

Estuvieron en debate las leyes, políticas e iniciativas concretas para la prevención y superación de discriminaciones y violencia de género en y desde la educación. En el campo normativo, fue posible conocer los avances más recientes a nivel internacional, como las recomendaciones generales 35 y 36 de CEDAW, además del panorama regional y centroamericano, así como los avances que se dan desde el SICA.

Adelaida Entenza, asesora de Políticas de la CLADE, presentó las tendencias de los marcos normativos nacionales en la región y los principales instrumentos de derechos humanos del Sistema Interamericano que abordan la violencia y la discriminación de género, entre ellos la Convención de Belém do Pará y el posicionamiento reciente del Comité de Expertas de Seguimiento a esta Convención, que expresa preocupación por los discursos anti-derechos que catalogan el género como una ideología, instando los Estados a garantizar y proteger el derecho a la igualdad de género. “Los Estados de la región tienen el reto de dar respuesta, desde al ámbito de la educación, a los retrocesos que se observan en el campo de los derechos humanos, los derechos de las niñas y las mujeres, la igualdad de género, así como para la protección de los derechos de las personas LGBTI”, afirmó Entenza.

A su vez, representantes de los Ministerios de Educación de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, además de CECC/SICA, fueron invitadas/os a compartir las iniciativas en marcha en sus países, lo que se avanzó y lo que queda por hacerse. “Las políticas para la superación de la violencia de género y la promoción de la igualdad de género deben construirse de manera intersectorial y desde las bases, para responder a las necesidades de la población”, afirmó en este diálogo Adriana de Sequeira, del Ministerio de Educación de Costa Rica.

Finalmente, se compartieron prácticas y experiencias inspiradoras de enfrentamiento a la problemática, por parte de ONGs y redes regionales, y se realizaron visitas de campo a escuelas de El Salvador, en las que UNICEF y OXFAM desarrollan proyectos por la prevención de la violencia de género.

Declaración final – La variada y representativa asistencia al seminario permitió la construcción de un panorama amplio de la temática en Centroamérica, con la identificación de rasgos comunes también a los demás países de la región latinoamericana y caribeña, como muestra la declaración final del encuentro.

El documento presenta los retos para el enfrentamiento de la violencia y discriminación de género a nivel regional, subraya instrumentos de derechos humanos relevantes y señala recomendaciones a las autoridades, en lo que toca a los frentes: cambio de patrones socioculturales; realización de una educación emancipadora y garante de derechos; marcos legales, políticos e institucionales. Respecto a este último, se señaló el rol de los Estados como garantes de derechos, que deben poner en marcha políticas públicas intersectoriales de enfrentamiento a las desigualdades y la violencia en la educación, asignando y ejecutando para ello un presupuesto suficiente y transparente.

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