Foto: CADE

Argentina: Repudio al secuestro y tortura de maestra

13 de septiembre de 2018

En el contexto de  las manifestaciones de la comunidad educativa para demandar una infraestructura escolar adecuada y en condiciones de seguridad que se impulsan en Moreno, Argentina, una maestra de esta ciudad fue torturada (más…)

Niñas y niños en el patio de una escuela
Fernando Santos

Argentina: Sociedad civil exige infraestructura escolar segura

10 de agosto de 2018

Ante la tragedia que tuvo lugar en la escuela nº 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) pone en marcha una petición para exigir la garantía de la seguridad de la infraestructura escolar. (más…)

Argentina: Lanzan síntesis de los debates del seminario “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”

27 de julio de 2018

La publicación reúne los resultados del seminario internacional “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”, que se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) en Buenos Aires, Argentina, entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre de 2017, con el objetivo de avanzar en el debate y la comprensión del fenómeno de la mercantilización y privatización de la educación, así como el análisis de alternativas de resistencia. (más…)

<em>Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018.</em><!--more--> Este evento, conocido como el más importante del Sistema de Educación Superior de la región, reunió a rectores y rectoras, directores y directoras, académicas/os, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo superior en la región y delinear un plan de acción para la próxima década, orientado hacia la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado. La CLADE participó en la Conferencia, representada por Eva Da Porta, docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), y Luis Bonilla-Molina, coordinador internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa. En los debates de la Conferencia, se recordó el legado y el centenario de la reforma universitaria y del <a href=manifiesto de Córdoba y se destacó el rol de las universidades y la academia en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e igualitarias. Además, se subrayaron retos como: la preocupación por el avance de la mercantilización de la educación superior y la necesidad de plantear una universidad comprometida con la mejora de la sociedad y que no esté al servicio del mercado y de la generación de ganancias; el reclamo de la centralidad del Estado como garante de derechos y el reconocimiento de la educación superior como parte del derecho a la educación. Asimismo, se establecieron siete simposios participativos, donde se elaboraron objetivos y principios de acción respecto a distintos temas, para su inclusión en la declaración final del evento. Esta declaración, entre otras recomendaciones para las universidades de la región, enfatiza la autonomía universitaria como elemento clave y defiende el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso. Insta también a los Estados para que promuevan políticas de ampliación de la oferta de educación universitaria, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema y la generación de políticas de acción afirmativas - en base al género, etnia, clase y capacidades diferentes - para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación, así como el diálogo de saberes y culturas en la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional. “El acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”, afirma la declaración. Como aporte a este debate, en el contexto de la CRES 2018, la CLADE presentó un posicionamiento en el que se reafirma la educación como un bien público y un derecho humano fundamental ante las pretensiones de sectores empresariales que quieren convertirla en mercancía, y además se defiende el derecho de las y los jóvenes y estudiantes a estar en la vanguardia de las luchas por la renovación universitaria y la transformación de nuestras sociedades. En ese sentido, la CLADE y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) apoyaron la participación de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Victoria Valverde, en la Conferencia. Lea también: Luis Bonilla-Molina: "El derecho humano a la Educación Superior está en una nueva encrucijada en América Latina y el Caribe” Eva Da Porta: “La CRES 2018 señaló que la educación superior es parte del derecho humano a la educación y debe ser garantizada por el Estado” Mauricio Chiluisa: “La academia y la universidad deben transformar la realidad de Latinoamérica” Declaración de los sindicatos de educación superior e investigación de la Internacional de la Educación para América Latina en el marco de la CRES 2018  ">

Conferencia Regional de Educación Superior subraya el rol de la universidad pública, gratuita y de amplio acceso en la construcción de sociedades justas, sostenibles e igualitarias​

21 de junio de 2018

Se realizó del 11 al 14 de junio en Córdoba, Argentina, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018. (más…)

La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la <strong>Semana de Acción Mundial por la Educación 2018</strong> y de la iniciativa regional <strong>“¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”</strong>.<!--more--> Como parte del tercer panel del encuentro, con el tema “¿Qué podemos aprender de las experiencias internacionales?”, Adrián Falco, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe hizo una presentación enfocada en señalar los efectos nocivos para el financiamiento de la educación y de otros derechos humanos, que provocan los beneficios y fugas fiscales que favorecen las empresas multinacionales, especialmente en países en desarrollo. “Estas empresas a cambio no dan nada. Prometen crear puestos de trabajo y otros avances en los países, pero eso no sucede finalmente. Lo que sí hacen, es que los países tengan que dejar sus presupuestos públicos en muy baja proporción respecto a lo que conceden en beneficios fiscales”, afirmó. Subrayó, asimismo, que la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe está desarrollando, en alianza con la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), un paquete comunicativo con miras a elaborar y difundir mensajes claros y directos para la ciudadanía, especialmente a través de las redes sociales, que expongan en números el impacto de la cuestión tributaria en el financiamiento de la educación pública en nuestra región. Asimismo, presentó la iniciativa “Paguen lo Justo” que la Alianza Global por Justicia Tributaria, en la cual la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe forma parte, impulsa con miras a demandar justicia tributaria como forma de garantizar recursos para la realización de los derechos humanos en todo el mundo, en alianza con medios de comunicación, redes de justicia fiscal, parlamentarias/os, etc. En el marco de esta campaña pública, se han hecho giras por distintos continentes con el objetivo de dialogar con movimientos y organizaciones sociales de distintos sectores en los países y generar, a partir de estos intercambios, una base crítica y argumentos sólidos para luchar por un mejor financiamiento para la educación y los derechos humanos. La gira de la campaña por América Latina y el Caribe, en los próximos días, incluye visitas a República Dominicana (29 y 30 de mayo), Haití (1º y 2 de junio), Cuba (4 y 5 de junio) y Perú (12 de junio). Falco subrayó, además, la importancia de que la sociedad civil presione por la creación de un organismo intergubernamental - convocado por Naciones Unidas - con el rol de establecer y hacer cumplir normas tributarias mundiales, que detengan los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión de impuestos, así como los incentivos fiscales nocivos, promoviendo a la vez la transparencia y el intercambio entre países en el tema justicia tributaria. En seguida, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), informó que la brecha estimada en el financiamiento global para garantizar el derecho a la educación de todas y todos es de 39 mil millones de dólares al año. Presentó, además, la arquitectura del financiamiento educativo a nivel mundial y las disputas presentes en este escenario. Señaló que la Comisión de Educación, creada y presidida por Gordon Brown, Enviado Especial de la ONU para la Educación Global y ex primero Ministro del Reino Unido, se ha posicionado en la defensa de tres mecanismos principales para la arquitectura global del financiamiento educativo: la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés); el fondo para educación en contextos de emergencia llamado “Education can not wait” (“La educación no puede esperar”); y el International Finance Facility for Education (IFFed), mecanismo que es propuesto por dicha Comisión y prevé la promoción de préstamos para la implementación de políticas educativas en países de bajos y medianos ingresos, contribuyendo a profundizar y a mantener el endeudamiento y la dependencia de los países a fondos apoyados por donantes, fundaciones empresariales e instituciones financieras, en detrimento del financiamiento público doméstico. En América Latina, el IFFed pretende estar en Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. “El IFFed todavía se está desarrollando, pero es planteado por la Comisión de Educación y otros actores como algo establecido y que debe impulsarse al lado de otros mecanismos de financiación global ya consolidados, como la GPE y el Education can not wait. Desde la CME, queremos romper la idea de que hay un consenso mundial alrededor de estos tres mecanismos como únicas formas de financiamiento educativo a nivel mundial. Tenemos que darle una perspectiva más compleja y amplia al debate sobre el financiamiento educativo en el plan internacional, que va más allá de la cooperación internacional y tome en cuenta el necesario fortalecimiento del financiamiento educativo desde los Estados. En ese sentido, la lucha por justicia tributaria es clave”, afirmó Croso. Alertó, asimismo, para las disputas sobre los sentidos de la educación que están en juego por detrás del debate sobre el financiamiento educativo, ya que, más que apoyar financieramente la educación, dichas instituciones, mecanismos financieros y fondos internacionales articulados al sector privado con fines de lucro imponen agendas educativas economicistas y promueven la deuda pública, en vez de fortalecer y favorecer la sostenibilidad, soberanía e independencia de los países en desarrollo. “Debemos resistir para que se mantengan los compromisos de los Estados con el cumplimiento de una educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, según determina la Agenda de Educación 2030, y es clave la articulación entre movimientos y organizaciones sociales que defienden la educación y la justicia tributaria para presionar por el establecimiento de un mecanismo global que promueva la justicia tributaria desde Naciones Unidas”, subrayó. Por otro lado, recordó los logros alcanzados en la Conferencia de financiación para el reabastecimiento de la GPE, realizada en Senegal los días 1º y 2 de febrero de 2018, en la cual países donantes se comprometieron a colaborar con 2,3 mil millones de dólares para la educación, y 50 países en desarrollo anunciaron que aumentarán su gasto público en educación en 30 mil millones de dólares, en el período de 2018 al 2020. A su vez, Javier González, de la Fundación Summa de Chile, destacó que, cuando se habla del financiamiento educativo, más que mirar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se gasta en educación, es importante considerar el monto total de recursos que se asignan a este campo. Compartió, asimismo, que la privatización y las lógicas de mercado presentes en el sistema educativo de Chile y otros países de la región proponen un modelo de búsqueda constante por calidad, en base al estímulo a la competencia entre centros educativos y un “ranking” de escuelas, creado según sus resultados en pruebas estandarizadas aplicadas en larga escala. Enfatizó que, según estudios y consultas al respecto, estas prácticas no han generado impactos positivos sobre la calidad educativa de Chile. “Por lo contrario, estas lógicas han aumentado la desigualdad y segregación entre estudiantes, familias y escuelas en el país”, afirmó. González también destacó que la migración de las clases media y alta de la población chilena para la educación privada, en los últimos años, ha contribuido mucho para la reducción de la base de impuestos en Chile, puesto que estas clases pasaron a defender la reducción de los encargos tributarios y el no pago por ellos. Añadió que es necesario avanzar en la reglamentación y responsabilidad del sector educativo privado, de manera que el Estado le exija el respeto a padrones mínimos de calidad y equidad en la oferta educativa. Defendió, además, que es necesario aumentar y mejorar el gasto público en la educación pública, para que tengamos diversidad de clases sociales y personas al interior de los centros educativos, y no diversidad y competencia entre los centros educativos, según plantea el mercado. A continuación, Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, compartió algunos retos para la realización del derecho humano a la educación a nivel nacional: garantizar el acceso a la educación pre-primaria al 50% de las niñas y niños de 0 a 3 años del país; incluir 500 mil estudiantes que están fuera de la escuela en la educación primaria, y 1 millón de adolescentes en la secundaria; y cubrir un déficit de cobertura de 13 millones de matrículas en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y programas de alfabetización. “Son desafíos muy graves, y para superarlos necesitamos financiamiento que posibilite la creación de nuevas matrículas con calidad”, afirmó. En este contexto, la Campaña Nacional desarrolló los mecanismos CAQi (Costo Alumno-Calidad Inicial) y CAQ (Costo Alumno-Calidad), en alianza y diálogo con investigadoras/es, economistas, parlamentarias/os, estudiantes y docentes, entre otros actores, con miras a establecer conceptos e indicadores de financiación educativa de acuerdo a patrones mínimos de calidad, que deberían adoptarse en todas las escuelas públicas del país. En el 2014, la Campaña Nacional logró que se incluyeran los conceptos del CAQi y del CAQ en el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024. Según el Plan, estos indicadores deberían implementarse hasta julio de 2016, pero esto no se cumplió. “Vivimos un golpe institucional y nuestra democracia está en riesgo desde el impeachment de Dilma Rousseff en el 2016. Habíamos logrado incluir el CAQ y el CAQi en el PNE y aprobar en el parlamento nacional una ley que determina que el 75% de los royalties por la extracción de los campos petrolíferos en la capa pre-salina, recibidos por el gobierno brasileño, debe invertirse en la educación pública, pero el golpe y las medidas regresivas del actual gobierno impidieron la realización de estas conquistas”, explicó. En noviembre de 2016, el presidente Michel Temer anunció la apertura al capital extranjero de la explotación de dichos recursos petrolíferos, hasta entonces restricta a la empresa estatal Petrobras. Se prevé que esta medida disminuirá aún más los recursos que llegan al Ministerio de Educación, ya reducidos debido a la Enmienda Constitucional 95, aprobada por el parlamento nacional en diciembre de 2016, la cual congela los gastos públicos en salud, educación y asistencia social por 20 años. En seguida, José Marcelino de Rezende Pinto, profesor de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto - Universidad de São Paulo (USP) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, destacó que, para evaluar el esfuerzo de los gobiernos en el financiamiento educativo, y posibilitar un parámetro de comparación entre los Estados, es más importante verificar cuánto se gasta en dólares para cada estudiante al año, pues evaluar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se invierte en educación resulta en un análisis limitado, siendo grandes las diferencias de tamaño entre los PIB de los distintos países. “En el CAQ y el CAQi establecemos un mínimo de inversiones por estudiante necesario, para alcanzar un nivel de calidad educativa adecuado en las escuelas, el cual abarca: salario digno para las y los maestras/os y respeto al piso salarial docente establecido en ley nacional; un número máximo de estudiantes por sala de aula; biblioteca; laboratorio de informática; sala para gremios estudiantiles, etc. Se recuerda también que cada nivel educativo tiene peculiaridades, y por lo tanto los gastos necesarios para cada etapa se diferencian”, explicó. Añadió que, en América Latina y el Caribe, se tributa muy poco a las personas más ricas. “Nuestra Constitución Federal establece una vinculación de recursos para la educación de 18% del presupuesto nacional, y del 25% del presupuesto de las provincias y municipios. Esta asignación es importante, pero no es suficiente ya que la base de impuestos cambia de acuerdo con la economía, mientras que nuestro sistema tributario es injusto”, afirmó. Enfatizó también que son necesarios mayores aportes financieros del gobierno federal a la educación, con miras a reducir las desigualdades entre regiones y entre escuelas municipales y provinciales, y que el Plan Nacional de Educación establece la meta de alcanzar el 10% del PIB en inversiones para la educación, lo que está lejos de lograrse ante los actuales recortes del gasto público implementados por la gestión Temer.

Jornada destaca el rol clave de la justicia tributaria para la garantía de un financiamiento educativo justo

20 de mayo de 2018

La justicia tributaria como elemento fundamental para asegurar recursos adecuados, suficientes y sostenibles para el derecho humano a la educación fue uno de los temas más destacados durante la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad”, realizada por la Campana Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) el 17 de mayo, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2018 y de la iniciativa regional “¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”. (más…)

Divulgación

Jornada en Argentina discute el financiamiento de la educación en el país y la región

El 17 de mayo tuvo lugar la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad” en Buenos Aires, Argentina

El encuentro, organizado por el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo (GCFE), en el cual forma parte la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), reunió a diversos actores y expertas/os de la educación en Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, para debatir sobre el financiamiento necesario para una educación de calidad y los mecanismos para garantizarlo.

La jornada ocurrió en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que este año se celebra con la consigna “¡Cumplan sus compromisos con la educación!”, demandando a los gobiernos que realicen la Agenda de Educación 2030 y rindan cuentas a la ciudadanía al respecto, garantizando la participación de la sociedad civil en el seguimiento a la realización de estas metas educativas.

Se realizaron tres paneles de discusión a lo largo del día, siendo que los dos primeros enfocaron el financiamiento educativo en Argentina, y en el último se compartieron experiencias a nivel regional e internacional.

El primer panel, intitulado Política y financiamiento educativo, discutió el financiamiento educativo al nivel de gobierno (ejecutivo y legislativo), dando a conocer su estado actual. En esta ocasión, José Luís Riccardo y Daniel Filmus, diputados nacionales, presentaron diferentes miradas acerca de la situación del financiamiento educativo en el país, señalando que es necesario presionar por una inversión pública en la educación nacional de como mínimo el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) e instar el gobierno nacional para que cumpla la Ley de Educación Nacional.

A su vez, Diego Guilisasti, de la Asociación Conciencia e integrante del Grupo de Compromiso con el Financiamiento Educativo, apuntó hacia la dificultad en mantener este porcentaje de inversiones, con el fin de la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo y desde una perspectiva integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen provincias cuya inversión por estudiante es muy inferior a la media nacional, aunque dediquen un gran porcentaje de su presupuesto para la educación.

El siguiente panel, con el tema Aspectos técnicos del financiamiento educativo, presentó los resultados de investigaciones y estudios que analizan el financiamiento educativo nacional. Axel Rivas y Daniela Dborkin, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentaron su informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto educativo.

El documento confirma lo que se había discutido en el panel anterior: que las políticas educativas actuales no han sido capaces de disminuir la desigualdad entre las regiones argentinas en lo que toca al financiamiento educativo. También se destacó en este debate la cuestión salarial de las y los docentes, siendo que el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que deroga las paritarias docentes, comisiones especiales integradas por representantes sindicales y del gobierno para discutir, entre otras cosas, el salario mínimo de esta categoría profesional.

En ese panel, también se discutió la utilización de los resultados de pruebas estandarizadas de evaluación educativa como base para el desarrollo de políticas y la definición sobre dónde se deben invertir los recursos. Oscar Cetrángolo, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), señaló que es necesario cuidado al abordar y aplicar los resultados de estas pruebas. Subrayó, además, los riesgos para la realización del derecho humano a la educación, en condiciones de igualdad y gratuidad, que implica la decisión de diseñar e implementar políticas educativas en base a estas pruebas, pues sus resultados suelen utilizarse para justificar el discurso de que la escuela pública tiene peor calidad que la privada.

En el cierre del evento, Alberto Croce, Secretario Nacional de la CADE, reiteró lo que había señalado al comenzar la jornada: “Una Educación de Calidad solo es posible con un Presupuesto Educativo de Calidad”.

Foto de Alberto Croce

Alberto Croce: “Seguimos en deuda con la educación de los sectores más pobres”

4 de octubre de 2017

En el marco de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) está realizando entrevistas radiofónicas para debatir los temas de esta movilización regional que promueve la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). (más…)

Foto: CADE

Argentina: el derecho a la educación en cuestión

27 de septiembre de 2017

Privatización, desinversión y precarización educativa (más…)

Foto de Alberto Croce
Transformar la Secundaria

Argentina: “Exigimos la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo”

18 de septiembre de 2017

En entrevista, Alberto Croce, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), analiza la situación actual de la educación en el país y, particularmente, el debate en torno al financiamento de la educación pública. (más…)

Se realizó entre el 10 y el 19 de julio en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (High Level Political Forum – HLPF, por su acrónimo en inglés), la plataforma internacional para el seguimiento y revisión del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales fueron adoptados por los Estados miembros en septiembre de 2015.<!--more--> Cada año, se elige un conjunto de ODS para que esta instancia los analice en profundidad. En el HLPF de este año se discutió la implementación de los siguientes Objetivos: ODS 1 (Poner fin a la pobreza); ODS 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible); ODS 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas/os en todas las edades); ODS 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas); ODS 9 (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación); ODS 14 (Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible); y Objetivo 17 (Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible). Durante este evento, en que se promovieron múltiples debates, se evaluó también el estado de implementación de los ODS en 44 países, los cuales presentaron sus revisiones nacionales voluntarias (VNR) del 17 al 19 de julio. De América Latina y el Caribe, dieron a conocer sus informes los siguientes Estados: Argentina, Brasil, Belice, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá; Perú y Uruguay. En el contexto del HLPF, el Grupo de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group – EASG por su acrónimo en inglés), que compone la estructura de participación de la sociedad civil en los debates sobre los ODS en Naciones Unidas, <a href=impulsó una consulta a la comunidad educativa y activistas que defienden el derecho humano a la educación en distintos países del mundo sobre el cumplimiento de los ODS en sus contextos nacionales. La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una de las cuatro organizaciones impulsoras del EASG, al lado del Consejo Internacional para la Educación de Personas Adultas (ICAE), de la Unión Europea de Estudiantes (European Students’ Union) y de la Internacional de la Educación (IE).
Análisis de las revisiones nacionales voluntarias
Específicamente para la membresía de las organizaciones del EASG que viven en los Estados que presentaron sus revisiones nacionales voluntarias este año, se hizo una invitación para que formularan comentarios y preguntas respecto al contenido de los informes divulgados por los gobiernos de estos países. Como resultado, lo que se observa es que la mayoría de las revisiones nacionales voluntarias no hace cualquier referencia específica al ODS 4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible referido al derecho a la educación). Gran parte de estos informes, a la vez, se ha limitado a comentar apenas los ODS que se deberán profundizar en el Foro Político de Alto Nivel 2017. Sin embargo, es importante que los Estados presenten los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030 como un todo y es clave que el conjunto de los Objetivos sea abordado en cada edición del HLPF, pues de otra manera cada ODS sería analizado apenas una vez cada cuatro años. Esta recomendación es especialmente importante en lo que toca a la implementación del ODS 4, que se refiere al derecho humano a la educación, pues es promotor de la realización de todos los demás derechos humanos, así como de la concreción de toda la Agenda 2030. También se constató que en la mayoría de los países todavía no existen espacios institucionalizados para el seguimiento y revisión de la Agenda de Desarrollo 2030 en los que se permita y garantice la participación de la sociedad civil. Integrantes del EASG tuvieron la oportunidad de hacer algunas preguntas a los Estados que presentaron sus revisiones nacionales voluntarias al Foro Político de Alto Nivel.
Revisiones voluntarias de América Latina y el Caribe
En lo que se refiere a los Estados de esta región que presentaron sus revisiones voluntarias en el HLPF 2017, la membresía de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) planteó algunas reflexiones y preguntas sobre el contenido de los informes de estos países. Se señalaron dos principales preocupaciones en la mayor parte de estas revisiones: la reducción de inversiones públicas en los sistemas educativos públicos, afectando la gratuidad educativa, y retrocesos y retos relacionados a la igualdad de género y la educación. Asimismo se subrayó como punto positivo que los informes de Uruguay y Perú mencionan compromisos claros con el cumplimiento del ODS 4 y la garantía de la participación de la sociedad civil en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Para conocer algunas reflexiones y preguntas específicas sobre las revisiones voluntarias por país de la región, acceda a nuestro comunicado completo aquí.">

11 Estados de América Latina y el Caribe presentan a la ONU sus revisiones nacionales voluntarias sobre el cumplimiento de la Agenda 2030

20 de julio de 2017

Se realizó entre el 10 y el 19 de julio en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (High Level Political Forum – HLPF, por su acrónimo en inglés), la plataforma internacional para el seguimiento y revisión del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales fueron adoptados por los Estados miembros en septiembre de 2015. (más…)

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