Transformar la Secundaria

Argentina: “Exigimos la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo”

18 de Septiembre de 2017

En entrevista, Alberto Croce, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), analiza la situación actual de la educación en el país y, particularmente, el debate en torno al financiamento de la educación pública.

Recientemente, la CADE lanzó un documento en que analiza las políticas educativas en Argentina desde que tuvo inicio el gobierno de Mauricio Macri, hasta el día de hoy. Nos podrías comentar, por favor, ¿cómo está la situación del financiamiento educativo en el país, según dicho informe?

La situación del financiamiento educativo en Argentina tiene distintos puntos de abordaje. Hay una cuestión más estructural y otra más ejecutiva.

Respecto de la segunda, el gobierno sostiene que con los fondos que la Ley de Educación Nacional asigna, se pueden cubrir los requerimientos actuales del sistema educativo. Entonces, quieren que los cambios que proponen se financien con los recursos de los que ya disponen las diferentes provincias.

Nosotros creemos que esto no es posible. Solamente en la educación secundaria, si se es eficaz en términos de inclusión, deberían crearse más de 20.000 nuevos grupos de clases sobre un total de 50.000 que hay en la actualidad. Un salto de esta magnitud no puede darse con los recursos actualmente disponbiles.

Por otra parte, en el informe señalamos que hay subejecución de muchas partidas. Una de las más notables es la que tiene que ver con una propuesta muy anunciada y publicitada que consistia en crear 3000 nuevos jardines infantiles (educación inicial). Hasta el momento se han construido 17, y el nuevo ministro ha anunciado que esta iniciativa se suspende.

Adicionalmente, la paritaria nacional docente, que es el espacio en el que se discuten los salarios, está suspendida porque el gobierno dice que ha generado un mecanismo de actualización automática y por tanto, no es necesaria. Obviamente, el conjunto de los sindicatos docentes está en contra de esa decisión unilateral y exige la reapertura de esta instancia, que, por otro lado, está indicada en la Ley de Educaciòn Nacional.

Finalmente, está la cuestión más estructural: la CADE, junto con otras organizaciones y redes, exigimos que se trabaje y sancione una nueva LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO, acompañando el reclamo que hacen los sindicatos docentes, para que se lleve al 10% del PBI [Producto Bruto Interno], el monto asignado a la educación. Hay varios proyectos presentados en el congreso nacional a la espera de discusión, debate, y tratamiento.

Desde la perspectiva de la CADE, ¿qué se debe demandar y recomendar al Estado, en términos de gasto público, para que se pueda garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos en Argentina?

Como señalamos arriba, exigimos la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo con una asignación del 10% del PBI. Pero creemos también que debemos acordar algunas metas que acompañen la sanción de esta Ley. Metas que hagan referencia a la calidad educativa que pretendemos, por ejemplo, la extensión de jornada educativa, y a garantizar que adolescentes y jóvenes puedan estar en la escuela y aprender en ella. En estos parámetros hay que incluir una buena formaciòn docente y un fortalecimiento de la gestón escolar y directiva.

¿Cuáles son los principales retos y avances recientes para la realización del derecho humano a la educación en Argentina?

La educación en Argentina tiene cinco grandes retos a enfrentar y resolver en un futuro próximo:

  • Garantizar los espacios escolares que requiere la educación inicial para que todos los niños de 3 a 5 años puedan incorporarse al sistema educativo.
  • Generar transformaciones en la escuela secundaria en términos de inclusión, organización escolar, régimen académico y de aprendizaje.
  • Dinamizar y fortalecer la formación docente inicial y continua.
  • Transformar la educación superior para que esté al servicio del desarrollo nacional.
  • Todo esto, sostenido en una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que garantice los recursos necesarios para enfrentar los mencionados retos.