Bajo el lema “Contra la crueldad: una educación humanizada y humanizadora”, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) celebrará su XIV Asamblea General, principal espacio de deliberación y toma de decisiones de la red. El encuentro será realizado del 26 a 30 de octubre de 2026 y reunirá a representantes de organizaciones sociales, foros nacionales y redes regionales comprometidas con la defensa del derecho humano a la educación.
La Asamblea se realizará en Brasil y contará con la coorganización de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, foro nacional integrante de la CLADE y referente en la defensa y promoción de la educación pública en el país. La realización conjunta del encuentro reafirma la importancia de la articulación regional y el papel estratégico de las coaliciones nacionales en la construcción de agendas colectivas para la garantía del derecho a la educación.
La Asamblea tendrá lugar en un contexto marcado por el crecimiento de las desigualdades, el debilitamiento de los derechos humanos, los desafíos para la democracia y la creciente naturalización de distintas formas de violencia, discriminación y exclusión. Frente a esta realidad, las y los participantes reflexionarán sobre las transformaciones que atraviesan la región y los impactos que estas tienen en la garantía del derecho a la educación.
El lema de esta edición expresa una preocupación compartida por las organizaciones de la red: comprender cómo distintas expresiones de crueldad se instalan y normalizan en nuestras sociedades, al tiempo que se fortalecen respuestas colectivas basadas en la solidaridad, el cuidado, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, la Asamblea buscará identificar caminos para avanzar hacia una educación pública humanizada y humanizadora, capaz de reconocer la dignidad de todas las personas y contribuir a la construcción de sociedades más democráticas e inclusivas.
Las cartas temáticas reflejan las 13 causas institucionales que han orientado y orientan el accionar de la red CLADE y responden a una nueva convocatoria de su Asamblea General que con contundencia quiere enfrentar las pedagogías de la crueldad y los marcos neocoloniales que amenazan la educación en la región.
Estas cartas nos orientan como una brújula de posicionamiento institucional que permite a la CLADE identificar y demandar desafíos estructurales críticos, tales como el colonialismo digital, el extractivismo económico y el desfinanciamiento regresivo que erosiona la dignidad humana y los derechos humanos.
La red articula su estrategia territorial situada que reconoce a los/as sujetos/as en sus contextos y territorios, desde la primera infancia hasta la educación de personas adultas mayores, para superar las exclusiones históricas mediante una perspectiva interseccional que entrelace género, raza, clase y discapacidad.
De cara a los años venideros, este conjunto de cartas traza el camino a seguir para consolidar una educación profundamente humanizada que actúe como motor de transiciones justas y defensora de la esfera pública frente a las crecientes tendencias privatizadoras y autoritarias.
La integración de estas causas garantiza que el accionar sea coherente con la visión de la educación como un derecho humano habilitante, universal e indivisible, capaz de fortalecer la soberanía tecnológica, la justicia climática y la convivencia democrática. Solo a través de esta visión holística será posible transitar hacia una praxis pedagógica emancipadora que, inspirada en legados como el de Paulo Freire, empodere a las comunidades educativas para cuestionar y transformar las estructuras de opresión que enfrentan en sus sociedades.
La carta enfatiza que la educación es la base para una vida digna, pues habilita el ejercicio de todos los demás derechos humanos; sin ella, las personas quedan vulnerables ante sistemas de opresión. Se denuncia la educación bancaria como una práctica cruel que deshumaniza al estudiantado, tratándolo como un depósito pasivo de información en lugar de un sujeto crítico.
Frente a la deshumanización, se resalta el legado de Paulo Freire con sus pedagogías del oprimido y de la esperanza para transformar la educación en espacios de emancipación y autonomía. En tal sentido, la demanda de sistemas públicos gratuitos que superen la visión instrumental de la instrucción, y en su lugar potencie a las personas para cuestionar las injusticias educativa y sociales.
Se evidencia la crueldad de la invisibilización de las infancias de 0 a 3 años, cuya educación ha sido delegada mayoritariamente al mercado privado o a la carga familiar mayoritariamente asumida por mujeres. Se exige que los Estados garanticen la atención integral y educación (AEPI) desde el nacimiento como un bien público gratuito, laico y universal.
Una visión humanizada reconoce el derecho al juego como una forma fundamental de aprendizaje y socialización, integrando salud, nutrición y protección en sistemas públicos coordinados. Erradicar la marginación estatal de las infancias asegura que la educación inicial sea una clave de justicia redistributiva que no deje a ninguna niña o niño atrás.
Los contextos de violencia estructural, migración forzada y desastres ambientales afectan las vidas de las personas y en muchos casos también las trayectorias educativas. Estas situaciones ratifican que la educación no es un privilegio, sino un derecho que los Estados deben garantizar en la protección, la salud socioemocional y la reconstrucción de la esperanza.
Una respuesta educativa humanizada en crisis prolongadas exige modalidades flexibles de reintegración, apoyo psicosocial y el reconocimiento de la educación en movimiento para quienes están en tránsito. El camino a seguir implica construir escuelas seguras que integren saberes tradicionales y protejan a los grupos en situaciones de vulnerabilidad con diferentes expresiones como la trata y la violencia de género.
La militarización, el autoritarismo y la erosión del tejido social por el crimen organizado son factores que con frecuencia normalizan la crueldad, la violencia y hacen el camino para que los Estados criminalicen las movilizaciones docentes y estudiantiles.
Educar para la paz no significa fomentar la docilidad, sino construir pedagogías de resistencia activa contra el odio, el racismo y la explotación. Humanizar la convivencia democrática implica transformar los espacios educativos en lugares de encuentro que resuelvan conflictos de forma no violenta y reparen la memoria histórica frente a genocidios y desapariciones.
Una democracia sustantiva apela por la comprensión de la Educación Sexual Integral (ESI) y de los entornos libres de acoso como condiciones básicas para la dignidad humana, integrando alianzas intersectoriales que entre otras cosas generan factores de protección de las comunidades educativas, incluso frente al creciente reclutamiento de juventudes.
La EPJA denuncia la crueldad de una interpretación restrictiva del derecho a la educación que excluye a millones de personas por su edad, condenándolas a la invisibilidad y privándolas de herramientas para su autonomía. Superar la visión compensatoria o remedial es urgente para reconocer que el derecho a aprender no tiene fecha de caducidad y es fundamental para la dignidad humana a lo largo de toda la vida.
Una educación humanizadora en este ámbito implica recuperar la pedagogía popular y los saberes de los sujetos y sujetas, garantizando programas con pertinencia cultural y financiamiento público que eliminen barreras de género, tecnología y discapacidad.
Si las personas jóvenes, adultas y adultas mayores no gozan de sus derechos, no podrán participar corresponsablemente en la protección de las infancias, situando a la EPJA como un eje de justicia intergeneracional.
Los currículos neocoloniales, capitalistas y patriarcales niegan las epistemologías locales y reducen la educación a la formación de competencias laborales para el mercado. Por ello, la CLADE llama a una transformación institucional que recupere el sentido emancipador de la educación, alejándola del interés comercial privatista para centrarla en la profundización de derechos humanos. La privatización limita el derecho como privilegio apenas para las familias que pueden pagar a los centros educativos.
Para humanizar la educación, es imperativo descolonizar los planes de estudio e integrar el diálogo intercultural e intergeneracional como base del aprendizaje significativo. Se requiere una gobernanza democrática que tenga como protagonistas a estudiantes y docentes como actores centrales de la comunidad educativa, y que genere un ambiente que promueva la justicia social.
El sistema patriarcal y las violencias basadas en género amenazan el reconocimiento de las identidades diversas y limitan el desarrollo de personas LGBTQI+. Promover un enfoque de interseccionalidad e imbricaciones de opresiones ayuda a comprender cómo el género, la raza y la clase se entrelazan para generar formas complejas de exclusión que deben ser desmontadas desde la escuela y el resto de centros educativos.
La educación humanizadora de género cuestiona las relaciones de poder desiguales y transforma los estereotipos a través de currículos inclusivos y la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) basada en derechos. En tal sentido es indispensable integrar los cuidados en las políticas públicas para eliminar a las niñas y las mujeres de sobrecargas que rivalizan con sus trayectorias educativas.
La evasión de multinacionales y el pago de deudas externas ilegítimas, recursos que se arrebatan a la educación pública y condenan a la precariedad a los hogares son interpretados como expresiones de crueldad en el contexto contemporáneo. Se promueve un nuevo pacto mundial que detenga la privatización y exija sistemas tributarios progresivos en los cuales quienes más tienen contribuyan más para garantizar el derecho humano a la educación de todas las personas.
Un financiamiento humanizado debe reconocer que sin justicia fiscal no puede haber justicia social, el financiamiento público para ser redistributivo debe priorizar a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad para romper los ciclos de desigualdad y exclusión. Se promueve el indicador del Costo Alumno Calidad (CAQ) para asegurar condiciones materiales dignas y salarios justos para el personal docente.
La inclusión y la segregación son incompatibles, por ello, es vital transformar las instituciones para que dejen de exigir que las personas se adapten a una normalidad inexistente. En esta dirección todas las prácticas que hagan énfasis en las diferencias de las personas para excluirlas y segregarlas atenta contra los derechos humanos. Con frecuencia estas diferencias no son consideradas en la potencialidad de la diversidad, cuanto son forzadas a sistemas paralelos precarizados en lugar de considerarles titulares plenos de derechos.
Si sumamos esfuerzos hacia una educación humanizada también se exige la accesibilidad universal y los ajustes razonables como una obligación estatal irrenunciable, no como un acto de caridad. Esta visión interseccional reconoce que la diversidad enriquece el aprendizaje y demanda que todas las personas participen en todas las decisiones políticas que les afecten.
La crisis climática es entendida como una crisis civilizatoria que impacta con especial crueldad a las poblaciones históricamente en exclusión, subordinando la vida a modelos extractivistas y lógicas de consumo insostenibles. La educación humanizada problematiza estas causas estructurales, cuestionando el racismo ambiental y el patriarcado que agotan los bienes naturales y amenazan la sostenibilidad de la vida.
La propuesta humanizadora reside en una praxis que fortalece la justicia climática y de género, formando sujetas y sujetos políticos capaces de impulsar transiciones justas y defender sus territorios frente a los desalojos forzados y la criminalización de defensores/as del ambiente. Esta educación intercultural y situada retoma los saberes ancestrales como caminos de resistencia y esperanza para un nuevo contrato social basado en la cooperación y el cuidado.
Las voces de las juventudes como sujetos políticos con pleno derecho a incidir desde la formulación de la agenda hasta la evaluación de las políticas educativas enfrenta de forma permanente prácticas arbitrarias como el adultocentrismo y el tokenismo (visibilización apenas simbólica) que reducen la participación a lo instrumental sin tener un impacto real en la toma de decisiones.
El diálogo intergeneracional y el fortalecimiento de liderazgos diversos asegura que el activismo juvenil cuente con financiamiento y espacios democráticos sostenibles al integrar la creatividad y las demandas de renovación generacional, el movimiento educativo se democratiza cuestionando prácticas autoritarias.
La precarización laboral y los intentos corporativos de sustituir al docente por sistemas de autoaprendizaje digital degrada la calidad de la enseñanza y limita el poder transformador de la socialización y convivencia dentro de las comunidades educativas. Las y los docentes son el corazón humano del sistema educativo y su bienestar es una condición indispensable para garantizar el derecho a la educación.
Humanizar la labor docente requiere asegurar salarios competitivos, estabilidad laboral y autonomía pedagógica para que docentes y personal de apoyo en los centros educativos puedan ser agentes de cambio frente a los autoritarismos. Se exige inversión en formación continua e inclusiva, reconociendo especialmente la labor de las mujeres docentes y protegiéndolas de la represión y criminalización en contextos de protesta democrática.
Se destaca la urgencia de enfrentar el colonialismo digital y el extractivismo de datos que operan como nuevas formas de crueldad sistémica, mercantilizando el aprendizaje a través de acuerdos opacos con corporaciones. Frente a esto, se propone una soberanía digital que devuelva el control a las comunidades, garantizando que la tecnología sea un bien público y no un mecanismo de vigilancia que erosione la interacción humana.
Hacia una educación humanizada, el enfoque transita de la mera conectividad técnica hacia una alfabetización digital crítica, en cual la comunidad educativa sea espacio de ciudadanía con autonomía más allá de los algoritmos. Se defiende la presencialidad y la diversidad como pilares que rechazan visiones reduccionistas que muchas veces pretenden sustituir el vínculo pedagógico.
