Bajo el lema “Contra la crueldad: una educación humanizada y humanizadora”, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) celebrará su XIV Asamblea General, principal espacio de deliberación y toma de decisiones de la red. El encuentro será realizado del 26 a 30 de octubre de 2026 y reunirá a representantes de organizaciones sociales, foros nacionales y redes regionales comprometidas con la defensa del derecho humano a la educación.
La Asamblea se realizará en Brasil y contará con la coorganización de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, foro nacional integrante de la CLADE y referente en la defensa y promoción de la educación pública en el país. La realización conjunta del encuentro reafirma la importancia de la articulación regional y el papel estratégico de las coaliciones nacionales en la construcción de agendas colectivas para la garantía del derecho a la educación.
La Asamblea tendrá lugar en un contexto marcado por el crecimiento de las desigualdades, el debilitamiento de los derechos humanos, los desafíos para la democracia y la creciente naturalización de distintas formas de violencia, discriminación y exclusión. Frente a esta realidad, las y los participantes reflexionarán sobre las transformaciones que atraviesan la región y los impactos que estas tienen en la garantía del derecho a la educación.
El lema de esta edición expresa una preocupación compartida por las organizaciones de la red: comprender cómo distintas expresiones de crueldad se instalan y normalizan en nuestras sociedades, al tiempo que se fortalecen respuestas colectivas basadas en la solidaridad, el cuidado, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, la Asamblea buscará identificar caminos para avanzar hacia una educación pública humanizada y humanizadora, capaz de reconocer la dignidad de todas las personas y contribuir a la construcción de sociedades más democráticas e inclusivas.
Las cartas temáticas reflejan las 13 causas institucionales que han orientado y orientan el accionar de la red CLADE y responden a una nueva convocatoria de su Asamblea General que con contundencia quiere enfrentar las pedagogías de la crueldad y los marcos neocoloniales que amenazan la educación en la región.
Estas cartas nos orientan como una brújula de posicionamiento institucional que permite a la CLADE identificar y demandar desafíos estructurales críticos, tales como el colonialismo digital, el extractivismo económico y el desfinanciamiento regresivo que erosiona la dignidad humana y los derechos humanos.
La red articula su estrategia territorial situada que reconoce a los/as sujetos/as en sus contextos y territorios, desde la primera infancia hasta la educación de personas adultas mayores, para superar las exclusiones históricas mediante una perspectiva interseccional que entrelace género, raza, clase y discapacidad.
De cara a los años venideros, este conjunto de cartas traza el camino a seguir para consolidar una educación profundamente humanizada que actúe como motor de transiciones justas y defensora de la esfera pública frente a las crecientes tendencias privatizadoras y autoritarias.
La integración de estas causas garantiza que el accionar sea coherente con la visión de la educación como un derecho humano habilitante, universal e indivisible, capaz de fortalecer la soberanía tecnológica, la justicia climática y la convivencia democrática. Solo a través de esta visión holística será posible transitar hacia una praxis pedagógica emancipadora que, inspirada en legados como el de Paulo Freire, empodere a las comunidades educativas para cuestionar y transformar las estructuras de opresión que enfrentan en sus sociedades.
La carta enfatiza que la educación es la base para una vida digna, pues habilita el ejercicio de todos los demás derechos humanos; sin ella, las personas quedan vulnerables ante sistemas de opresión. Se denuncia la educación bancaria como una práctica cruel que deshumaniza al estudiantado, tratándolo como un depósito pasivo de información en lugar de un sujeto crítico.
Frente a la deshumanización, se resalta el legado de Paulo Freire con sus pedagogías del oprimido y de la esperanza para transformar la educación en espacios de emancipación y autonomía. En tal sentido, la demanda de sistemas públicos gratuitos que superen la visión instrumental de la instrucción, y en su lugar potencie a las personas para cuestionar las injusticias educativa y sociales.
Se evidencia la crueldad de la invisibilización de las infancias de 0 a 3 años, cuya educación ha sido delegada mayoritariamente al mercado privado o a la carga familiar mayoritariamente asumida por mujeres. Se exige que los Estados garanticen la atención integral y educación (AEPI) desde el nacimiento como un bien público gratuito, laico y universal.
Una visión humanizada reconoce el derecho al juego como una forma fundamental de aprendizaje y socialización, integrando salud, nutrición y protección en sistemas públicos coordinados. Erradicar la marginación estatal de las infancias asegura que la educación inicial sea una clave de justicia redistributiva que no deje a ninguna niña o niño atrás.
Los contextos de violencia estructural, migración forzada y desastres ambientales afectan las vidas de las personas y en muchos casos también las trayectorias educativas. Estas situaciones ratifican que la educación no es un privilegio, sino un derecho que los Estados deben garantizar en la protección, la salud socioemocional y la reconstrucción de la esperanza.
Una respuesta educativa humanizada en crisis prolongadas exige modalidades flexibles de reintegración, apoyo psicosocial y el reconocimiento de la educación en movimiento para quienes están en tránsito. El camino a seguir implica construir escuelas seguras que integren saberes tradicionales y protejan a los grupos en situaciones de vulnerabilidad con diferentes expresiones como la trata y la violencia de género.
La militarización, el autoritarismo y la erosión del tejido social por el crimen organizado son factores que con frecuencia normalizan la crueldad, la violencia y hacen el camino para que los Estados criminalicen las movilizaciones docentes y estudiantiles.
Educar para la paz no significa fomentar la docilidad, sino construir pedagogías de resistencia activa contra el odio, el racismo y la explotación. Humanizar la convivencia democrática implica transformar los espacios educativos en lugares de encuentro que resuelvan conflictos de forma no violenta y reparen la memoria histórica frente a genocidios y desapariciones.
Una democracia sustantiva apela por la comprensión de la Educación Sexual Integral (ESI) y de los entornos libres de acoso como condiciones básicas para la dignidad humana, integrando alianzas intersectoriales que entre otras cosas generan factores de protección de las comunidades educativas, incluso frente al creciente reclutamiento de juventudes.
La EPJA denuncia la crueldad de una interpretación restrictiva del derecho a la educación que excluye a millones de personas por su edad, condenándolas a la invisibilidad y privándolas de herramientas para su autonomía. Superar la visión compensatoria o remedial es urgente para reconocer que el derecho a aprender no tiene fecha de caducidad y es fundamental para la dignidad humana a lo largo de toda la vida.
Una educación humanizadora en este ámbito implica recuperar la pedagogía popular y los saberes de los sujetos y sujetas, garantizando programas con pertinencia cultural y financiamiento público que eliminen barreras de género, tecnología y discapacidad.
Si las personas jóvenes, adultas y adultas mayores no gozan de sus derechos, no podrán participar corresponsablemente en la protección de las infancias, situando a la EPJA como un eje de justicia intergeneracional.
Los currículos neocoloniales, capitalistas y patriarcales niegan las epistemologías locales y reducen la educación a la formación de competencias laborales para el mercado. Por ello, la CLADE llama a una transformación institucional que recupere el sentido emancipador de la educación, alejándola del interés comercial privatista para centrarla en la profundización de derechos humanos. La privatización limita el derecho como privilegio apenas para las familias que pueden pagar a los centros educativos.
Para humanizar la educación, es imperativo descolonizar los planes de estudio e integrar el diálogo intercultural e intergeneracional como base del aprendizaje significativo. Se requiere una gobernanza democrática que tenga como protagonistas a estudiantes y docentes como actores centrales de la comunidad educativa, y que genere un ambiente que promueva la justicia social.
El sistema patriarcal y las violencias basadas en género amenazan el reconocimiento de las identidades diversas y limitan el desarrollo de personas LGBTQI+. Promover un enfoque de interseccionalidad e imbricaciones de opresiones ayuda a comprender cómo el género, la raza y la clase se entrelazan para generar formas complejas de exclusión que deben ser desmontadas desde la escuela y el resto de centros educativos.
La educación humanizadora de género cuestiona las relaciones de poder desiguales y transforma los estereotipos a través de currículos inclusivos y la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) basada en derechos. En tal sentido es indispensable integrar los cuidados en las políticas públicas para eliminar a las niñas y las mujeres de sobrecargas que rivalizan con sus trayectorias educativas.
La evasión de multinacionales y el pago de deudas externas ilegítimas, recursos que se arrebatan a la educación pública y condenan a la precariedad a los hogares son interpretados como expresiones de crueldad en el contexto contemporáneo. Se promueve un nuevo pacto mundial que detenga la privatización y exija sistemas tributarios progresivos en los cuales quienes más tienen contribuyan más para garantizar el derecho humano a la educación de todas las personas.
Un financiamiento humanizado debe reconocer que sin justicia fiscal no puede haber justicia social, el financiamiento público para ser redistributivo debe priorizar a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad para romper los ciclos de desigualdad y exclusión. Se promueve el indicador del Costo Alumno Calidad (CAQ) para asegurar condiciones materiales dignas y salarios justos para el personal docente.
La inclusión y la segregación son incompatibles, por ello, es vital transformar las instituciones para que dejen de exigir que las personas se adapten a una normalidad inexistente. En esta dirección todas las prácticas que hagan énfasis en las diferencias de las personas para excluirlas y segregarlas atenta contra los derechos humanos. Con frecuencia estas diferencias no son consideradas en la potencialidad de la diversidad, cuanto son forzadas a sistemas paralelos precarizados en lugar de considerarles titulares plenos de derechos.
Si sumamos esfuerzos hacia una educación humanizada también se exige la accesibilidad universal y los ajustes razonables como una obligación estatal irrenunciable, no como un acto de caridad. Esta visión interseccional reconoce que la diversidad enriquece el aprendizaje y demanda que todas las personas participen en todas las decisiones políticas que les afecten.
La crisis climática es entendida como una crisis civilizatoria que impacta con especial crueldad a las poblaciones históricamente en exclusión, subordinando la vida a modelos extractivistas y lógicas de consumo insostenibles. La educación humanizada problematiza estas causas estructurales, cuestionando el racismo ambiental y el patriarcado que agotan los bienes naturales y amenazan la sostenibilidad de la vida.
La propuesta humanizadora reside en una praxis que fortalece la justicia climática y de género, formando sujetas y sujetos políticos capaces de impulsar transiciones justas y defender sus territorios frente a los desalojos forzados y la criminalización de defensores/as del ambiente. Esta educación intercultural y situada retoma los saberes ancestrales como caminos de resistencia y esperanza para un nuevo contrato social basado en la cooperación y el cuidado.
Las voces de las juventudes como sujetos políticos con pleno derecho a incidir desde la formulación de la agenda hasta la evaluación de las políticas educativas enfrenta de forma permanente prácticas arbitrarias como el adultocentrismo y el tokenismo (visibilización apenas simbólica) que reducen la participación a lo instrumental sin tener un impacto real en la toma de decisiones.
El diálogo intergeneracional y el fortalecimiento de liderazgos diversos asegura que el activismo juvenil cuente con financiamiento y espacios democráticos sostenibles al integrar la creatividad y las demandas de renovación generacional, el movimiento educativo se democratiza cuestionando prácticas autoritarias.
La precarización laboral y los intentos corporativos de sustituir al docente por sistemas de autoaprendizaje digital degrada la calidad de la enseñanza y limita el poder transformador de la socialización y convivencia dentro de las comunidades educativas. Las y los docentes son el corazón humano del sistema educativo y su bienestar es una condición indispensable para garantizar el derecho a la educación.
Humanizar la labor docente requiere asegurar salarios competitivos, estabilidad laboral y autonomía pedagógica para que docentes y personal de apoyo en los centros educativos puedan ser agentes de cambio frente a los autoritarismos. Se exige inversión en formación continua e inclusiva, reconociendo especialmente la labor de las mujeres docentes y protegiéndolas de la represión y criminalización en contextos de protesta democrática.
Se destaca la urgencia de enfrentar el colonialismo digital y el extractivismo de datos que operan como nuevas formas de crueldad sistémica, mercantilizando el aprendizaje a través de acuerdos opacos con corporaciones. Frente a esto, se propone una soberanía digital que devuelva el control a las comunidades, garantizando que la tecnología sea un bien público y no un mecanismo de vigilancia que erosione la interacción humana.
Hacia una educación humanizada, el enfoque transita de la mera conectividad técnica hacia una alfabetización digital crítica, en cual la comunidad educativa sea espacio de ciudadanía con autonomía más allá de los algoritmos. Se defiende la presencialidad y la diversidad como pilares que rechazan visiones reduccionistas que muchas veces pretenden sustituir el vínculo pedagógico.
En América Latina y el Caribe defender el derecho humano a la educación significa mucho más que garantizar el acceso a los centros educativos. Quienes integran el Comité Directivo (2022-2026) de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) coinciden en que la región atraviesa un escenario marcado por la privatización, las restricciones al financiamiento público, las desigualdades persistentes, las crisis socioambientales y, cada vez más, por los desafíos que plantean la inteligencia artificial y la transformación digital.
Con un ejercicio permanente de la lectura del contexto regional, las voces de los foros nacionales y organizaciones internacionales que integran al Comité Directivo subrayan una idea común en el centro del debate: la educación debe seguir siendo entendida y defendida como un derecho humano y no como una mercancía.
Durante 4 años, 8 personas de la membresía de la CLADE han alimentado las prioridades en la agenda institucional, como camino a la XIV Asamblea compartimos reflexiones de Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación; María Elena Urbano, coordinadora general de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación; Víctor Cristales, coordinador del Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala (CEPTT); Diógenes Sánchez, coordinador general de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación (COPADE); Pedro Acevedo, coordinador del Foro Socioeducativo de República Dominicana. También, de Tatyana Friedrich, coordinadora general de Red Sin Fronteras; Betsey Valdivia, Vera Viera y Montserrat Arévalo, coordinación colegiada de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM LAC); y finalmente, de Mikel Egibar, responsable global de Educación de la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO).
Frente a la pregunta sobre cuáles deberían ser las prioridades del Comité Directivo de la CLADE para los próximos años, aparece un amplio consenso que se ve con fuertes amenazas ante gobiernos conservadores y la tendencia global antiderechos. La defensa de una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad requiere, ante todo, financiamiento público suficiente, oportuno, sostenido y justo.
Andressa Pellanda, plantea la necesidad de superar las políticas de austeridad y enfrentar las distintas formas de privatización y mercantilización. Una preocupación que comparte con María Elena Urbano, quien insiste en la exigibilidad de un financiamiento adecuado y en frenar los modelos privatizadores.
Mikel Egibar advierte sobre la pérdida de prioridad que está sufriendo la educación en varios países y señala que garantizar el financiamiento del sistema público es una condición básica para hacer efectivo este derecho. Por su parte, Tatyana Fiedrich identifica la privatización abierta y encubierta como una de las principales amenazas actuales, junto con la disminución del presupuesto público.
Pero la defensa del derecho a la educación no se agota en el presupuesto. Las voces del Comité Directivo de la CLADE llaman la atención sobre grupos y territorios que enfrentan mayores barreras, como las comunidades rurales, indígenas y migrantes, mujeres y niñas, personas jóvenes y adultas y quienes viven en contextos de emergencia.
En ese sentido, Víctor Cristales, destaca la necesidad de fortalecer la educación en los propios idiomas y territorios, mientras que Betsey Valdivia, Vera Viera y Montserrat Arévalo, coordinación colegiada de REPEM LAC ponen en el centro las desigualdades de género y la necesidad de garantizar una educación inclusiva e igualitaria a lo largo de toda la vida.
A estas prioridades se suman nuevos desafíos. Diógenes Sánchez plantea la necesidad de monitorear la incorporación de la inteligencia artificial a la educación y construir propuestas pedagógicas a partir de la experiencia docente. Red Sin Fronteras advierte, por su parte, que la gobernanza digital y la tecnología deben abordarse desde una perspectiva de derechos, y en este aspecto la Campaña Brasileña incorpora la justicia climática como una dimensión indispensable del derecho a la educación. Pedro Acevedo, representante del Foro Socioeducativo de República Dominicana, explica que es indispensable fortalecer la presencia en los foros nacionales e internacionales, donde se pueda incidir en la defensa y reflexión de la educación.
Al hablar sobre el contexto regional, político y social actual, y las estrategias concretas que los foros nacionales y las organizaciones internacionales consideran clave para fortalecer la defensa del derecho humano a la educación en los próximos años, responden que no existe una única fórmula para transformar las políticas educativas. Sin embargo, sí hay concordancia en tres herramientas, movilización social, conocimiento e incidencia política.
La CCDE resume esta combinación al señalar que la movilización social activa, acompañada de incidencia técnica, ha sido una de las estrategias más efectivas. En el mismo sentido, REPEM LAC plantea que no basta con saber qué debe cambiar; también es necesario construir la fuerza social y política capaz de impulsar esos cambios.
Para las organizaciones entrevistadas, la producción de conocimiento es una herramienta de incidencia. La Coalición Panameña por el Derecho a la Educación destaca la importancia de contar permanentemente con propuestas respaldadas por investigación, mientras que la Campaña Brasileña plantea disputar las agendas dominantes utilizando datos, indicadores, comunicación y herramientas jurídicas.
También es fundamental estar presentes allí donde se toman las decisiones, lo señala Víctor Cristales quien representa al Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala destacando la necesidad de participar en debates nacionales, reuniones ministeriales y espacios regionales, mientras que Red Sin Fronteras señala la importancia de la incidencia directa ante parlamentos, ministerios y gobiernos locales, así como el uso del litigio estratégico y de instancias internacionales.
En este escenario, las redes adquieren un valor particular. EDUCO considera que los procesos articulados y coordinados permiten construir legitimidad y capacidad para provocar cambios. La experiencia de las organizaciones muestra que la incidencia colectiva tiene más posibilidades de transformar una política cuando combina investigación, movilización, comunicación, diálogo y acción jurídica.
Quienes integran al Comité Directivo de la CLADE no conciben su participación en la red como un trabajo aislado, su aporte se construye desde los territorios y se proyecta hacia una agenda regional y global.
En el caso de la Coalición Colombiana se destaca precisamente la posibilidad de llevar a la CLADE aquellas voces, demandas y aprendizajes de organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y comunidades educativas de forma constante. El Colectivo de Guatemala contribuye desde la ejecución de proyectos conjuntos y las campañas regionales, mientras que el Foro Socioeducativo de República Dominicana subraya la importancia de fortalecer la unidad y el sentido de pertenencia a la CLADE.
La producción y circulación de conocimiento es otra forma de contribuir, la Campaña Brasileña aporta investigaciones y análisis sobre financiamiento, privatización y vulneraciones del derecho a la educación, mientras que EDUCO busca que sus experiencias en distintos países tengan proyección en las políticas públicas.
En el caso de Red Sin Fronteras, el aporte tiene un rostro concreto, la defensa del derecho humano a la educación de las personas migrantes, lo que implica luchar por su acceso a centros de cuidado, escuelas, educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) y universidades, además de trabajar por el reconocimiento de sus estudios realizados en los países de origen.
REPEM LAC recuerda que participa en campañas y actividades de la CLADE y desarrolla acciones vinculadas con la igualdad en el acceso, y manejo de internet así como de las tecnologías, particularmente frente a las violencias que afectan a niñas, adolescentes y mujeres.
De esta manera, la articulación regional aparece como una suma de experiencias diversas que se encuentran en un objetivo común: hacer que las demandas locales tengan voz y fuerza en los debates regionales.
Al hablar específicamente del contexto de cada organización que integra al Comité Directivo de la CLADE, entendemos cómo los grandes desafíos regionales adquieren características particulares en cada país y población.
En Brasil, el escenario combina algunos avances institucionales con fuertes restricciones, aunque se observa una recuperación del respeto legal e institucional después de un período de ataques a la democracia, sin embargo persisten las limitaciones al financiamiento público y una agenda agresiva de mercantilización de la educación. Frente a ello, la Campaña Brasileña impulsa la defensa del nuevo Plan Nacional de Educación, fortalece a las comunidades educativas y desarrolla una estrategia permanente de comunicación mediante la diversificación de formatos, entre ellos, videos, folletos y podcasts.
La polarización política y los debates legislativos en Colombia han obligado a mantener una movilización ciudadana constante. En su lugar, la Coalición Colombiana destaca que la transformación educativa requiere escuchar a las comunidades y combinar formación de liderazgos, comunicación, investigación y mecanismos jurídicos, lo hace con firmeza cuando señala que el Estado debe continuar siendo el principal garante y financiador del derecho a la educación.
En Guatemala, el desafío tiene un fuerte componente territorial y cultural, porque la educación intercultural requiere fortalecer la formación de docentes en las distintas áreas lingüísticas, al tiempo que garantizar que las y los jóvenes puedan estudiar en sus propios idiomas y cerrar las brechas tecnológicas. Para ello, se procura que las comunidades participen en las investigaciones y en la definición de sus propias estrategias.
La Coalición Panameña señala que se enfrenta un debilitamiento del diálogo multisectorial, ya que estos espacios se encuentran prácticamente congelados y cuestiona que las opiniones del sector privado tienen un peso privilegiado. Ante ello, se plantea la creación de un espacio específico de comunicación y análisis sobre política educativa que permita posicionar propuestas y debates en la agenda pública.
La transformación educativa se encamina con el Pacto Nacional para la Reforma Educativa y los planes nacionales en República Dominicana, lo cual constituye los principales debates de la agenda. El Foro Socioeducativo ha participado en procesos de reforma legislativa y seguimiento de las políticas del Ministerio de Educación, no obstante, identifica obstáculos importantes, como por ejemplo la débil participación del magisterio en los debates educativos, la falta de articulación entre las estructuras ministeriales y los centros educativos, tanto como las limitaciones que supone sostener el trabajo principalmente mediante voluntariado.
Desde una perspectiva internacional, EDUCO coloca la educación en emergencias en el centro de su trabajo, su propuesta parte de comprender la educación en tres dimensiones: como derecho a acceder a ella, como espacio donde se garantizan derechos y como herramienta para ejercer otros derechos. En contextos de crisis, esto implica desarrollar sistemas de alerta temprana, prevenir el abandono escolar y garantizar espacios educativos inclusivos y protectores.
Para la Red Sin Fronteras el desafío está en que las personas migrantes continúan enfrentando vulneraciones específicas, su respuesta pasa por producir información, evidencia y datos desagregados, acompañado de estrategias de incidencia y el fortalecimiento de la acción colectiva para el ejercicio pleno del derecho a la educación.
REPEM LAC introduce otra dimensión indispensable: la perspectiva feminista, aunque se han conquistado derechos formales, persisten profundas desigualdades en el acceso y ejercicio efectivo del derecho a la educación. La pobreza, las normas de género, la violencia, la falta de condiciones adecuadas para la higiene menstrual, los embarazos y matrimonios tempranos continúan afectando especialmente a niñas, adolescentes y jóvenes.
Un elemento que atraviesa varias de las respuestas del Comité Directivo de la CLADE es la necesidad de disputar las narrativas sobre la educación y los derechos humanos. No basta con producir investigaciones y propuestas si estas no se socializan, ya que constituyen herramientas y estrategias para políticas públicas así como la atención de parte de los Estados.
En ese sentido, la Campaña Brasileña apuesta por una comunicación permanente y accesible. La Red Sin Fronteras se refiere a una verdadera batalla cultural y mediática, en la que es necesario utilizar evidencia, vocerías potentes e historias humanas, en tercer lugar a Coalición Panameña propone la creación de un espacio específico de comunicación dedicado al análisis y las propuestas sobre política educativa.
Lo dicho revela un desafío estratégico para la propia CLADE: convertir el conocimiento acumulado por sus organizaciones en mensajes capaces de llegar a públicos más amplios y disputar los discursos que presentan la privatización, la competencia o la tecnología sin regulación como soluciones inevitables.
Y es que defender la educación también significa contar su historia. Contar ¿qué ocurre cuando falta presupuesto? ¿Qué significa para una niña no tener un espacio seguro en la escuela? ¿Qué sucede cuando una persona migrante no puede validar sus estudios? ¿Qué implica estudiar en una lengua que no es reconocida? ¿Qué pasa cuando una emergencia obliga a abandonar las aulas en una comunidad indígena?
Ahí es donde están las historias que permiten convertir un concepto –el derecho humano a la educación– en una realidad concreta y cercana.
Aunque las reflexiones parten de contextos diferentes, todas terminan encontrándose en una misma preocupación: cómo hacer que el derecho humano a la educación se concrete para todas las personas a lo largo de toda la vida. Las organizaciones del Directivo proponen defender la educación pública, fortalecer su financiamiento, escuchar a las comunidades, reconocer las desigualdades para superarlas desde los Estados, proteger a quienes viven situaciones de vulnerabilidad y construir políticas desde la participación social.
REPEM LAC lo expresa desde una perspectiva feminista: la educación transformadora no consiste únicamente en garantizar que todas las personas entren a una institución educativa, sino en transformar los contenidos, las relaciones pedagógicas y las formas de producir conocimiento desde una perspectiva de justicia.
Incluso en las emergencias EDUCO recuerda que la educación no debe reducirse a la supervivencia: debe proteger la dignidad y los derechos de todas las personas. Y la Red Sin Fronteras muestra que la defensa del derecho requiere mirar también a quienes históricamente han quedado fuera: las personas migrantes.
En conjunto, sus miradas dejan una conclusión contundente: la defensa del derecho humano a la educación se encuentra ante una disputa profunda por el modelo de sociedad que queremos construir.
Además de conseguir más recursos para los centros educativos, y de demandar la garantía del derecho humano a la educación, implica vincularse con quienes participan en las decisiones, detallar qué conocimientos se consideran válidos, qué poblaciones son escuchadas y qué lugar ocupan la igualdad, la democracia, la justicia de género, la inclusión, la diversidad cultural y la protección del planeta.
Las voces que conforman al Comité Directivo de la CLADE son claras: frente a las amenazas actuales, la estrategia pasa por organizarse, investigar, comunicar, movilizarse y actuar colectivamente, porque si la educación es un derecho humano, su defensa no puede ser individual, es una tarea colectiva, permanente y profundamente política.
El camino apunta a profundizar las demandas antes los Estados para que la garantía de una educación pública, inclusiva, democrática, intercultural, feminista, protectora y capaz de transformar la vida de las personas deje de ser un privilegio y no dependa de la capacidad de pago de las familias, esto es que la educación sea, efectivamente, un derecho humano.
En el marco de la XIV Asamblea General de la CLADE se celebrará el evento público presencial en São Paulo, Brasil “Elementos para impulsar una educación pública humanizada y humanizadora en contextos de crueldad”. El encuentro tendrá lugar el 27 de octubre a las 18:30 (hora de Brasilia) en Ação Educativa, en la región central de São Paulo, por lo que se extiende la invitación a público en general y especialmente a activistas de derechos humanos.
Además de las coordinadoras generales de la CLADE y la Campaña Brasileña, Nelsy Lizarazo y Andressa Pellanda respectivamente, participan en el evento público las siguientes personas especialistas:
Entre los objetivos de la reunión figuran el análisis de las tendencias coexistentes en la región; el intercambio de resultados de un proceso de evaluación institucional participativa desarrollado durante los meses anteriores; la identificación de estrategias para fortalecer la red; y el debate y la aprobación del Plan Estratégico 2027-2030, elaborado colectivamente por las organizaciones miembros.
La XIV Asamblea General reafirmará el compromiso de CLADE y sus miembros de defender la educación como un derecho humano fundamental y un bien público indispensable para abordar las desigualdades, fortalecer la democracia y promover la justicia social en América Latina y el Caribe.
>> Mira la nota original (en portugués): Clade e Campanha Brasileira realizam evento público no contexto da XIV Assembleia Geral da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação.
| Coordinación editorial: | Thais Iervolino |
| Textos, diagramación y producción: | María Cianci Bastidas |
| Producción audiovisual: | Sandra Luz Cruz |
