Movilizar, presupuestar y asignar recursos financieros suficientes para el aprendizaje y la educación, según las prioridades sociales de cada Estado y en base al uso de los recursos disponibles de manera sostenible, eficaz, eficiente, democrática y responsable; priorizar la inversión en inclusión, alfabetización, así como al aprendizaje y la educación de forma continuada. La financiación de la educación debe estar alineada con sus objetivos. Aumentar los presupuestos escolares no es suficiente si no se promueve la democratización de la inversión. La sensibilidad del presupuesto es clave para priorizar a las poblaciones históricamente excluidas.
