La vigésima cuarta edición de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), coordinada a nivel global por la Campaña Mundial por la Educación (CME) y en la región por la CLADE, se desarrolló entre el 20 y el 25 de abril de 2026 en un contexto desafiante. Los reportes internacionales advierten sobre el riesgo inminente de incumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, registrando a más de 272 millones de niñas, niños y jóvenes fuera del sistema escolar y un déficit global de 50 millones de docentes.
En América Latina y el Caribe la crisis de financiamiento se acentúa por la persistencia de sistemas tributarios regresivos, altos niveles de evasión fiscal y el peso desproporcionado del servicio de las deudas externas. Mientras los presupuestos destinados a los servicios públicos sufren severos recortes y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) experimenta caídas constantes, el gasto militar mundial alcanzó cifras récord que evidencian un grave desequilibrio en las prioridades de los gobiernos.
Frente a este escenario las organizaciones de la sociedad civil exigen a los Estados cumplir con los parámetros internacionales de destinar entre el 4% y el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y entre el 15% y el 20% del gasto público a la educación. De igual modo se reclama una regulación estricta del sector privado, la protección de las partidas presupuestarias contra las medidas de austeridad y el aseguramiento de condiciones laborales dignas para el magisterio.
Durante el evento regional “Financiar la educación, transformar la región” celebrado el 24 de abril, la coordinadora general de la CLADE, Nelsy Lizarazo, y activistas juveniles como Tatiana Cardona enfatizaron que el financiamiento representa una decisión eminentemente política. En sus intervenciones reivindicaron la justicia fiscal como la vía estructural para garantizar recursos suficientes, combatir las desigualdades de género y promover la justicia redistributiva en favor de las comunidades vulneradas.
Acumulando una historia colectiva de más de veinticinco años, iniciado con el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, la movilización de la SAME ratifica la importancia de la acción colectiva para interpelar a los gobiernos y organismos internacionales. La defensa irrenunciable del financiamiento público suficiente constituye la única garantía para proteger a la educación como un bien común indivisible que transforma realidades socioambientales en todo el continente.
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