Es un principio político y ético que propone sistemas tributarios equitativos, progresivos y suficientes, orientados a la redistribución de la riqueza y la garantía de los derechos humanos, especialmente el derecho a la educación. Implica que quienes tienen mayores ingresos contribuyan más, se enfrente la evasión y la elusión fiscal para proteger los recursos públicos, se garantice un financiamiento estatal sostenido para una educación pública, gratuita e inclusiva, y que la gestión de estos recursos sea transparente, con rendición de cuentas y participación social, entendiendo la política fiscal como una herramienta central para reducir desigualdades estructurales y asegurar derechos.
