Whatsapp y Telegram: nuevos espacios de comunicación CLADE
31 de agosto de 2021Además de la página web y de sus redes sociales, la CLADE ahora está también en Telegram y Whatsapp. La idea es crear una red de información con noticias, entrevistas, informes y otros contenidos sobre la educación en América Latina y el Caribe.
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Venezuela: “Seguimos presentando las mismas situaciones complejas para asumir el derecho a la educación”
25 de agosto de 2021Hace cerca de un año, un nuevo foro nacional se sumó a la membresía de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE): el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE). Nacido del empuje y deseo de un grupo de docentes, académicas/os, maestras/os y dirigentes sociales de Venezuela, el Foro se propone abrir espacios de debate y reflexión sobre las posibilidades de generar alternativas que garanticen la continuidad y expansión del derecho a la educación en el país.
En el marco de los análisis sobre los impactos de la pandemia en la educación latinoamericana y caribeña entre 2020 y 2021, reunidos en siete especiales CLADE, entrevistamos a Rose Mary Hernández Román. La Coordinadora del FOVEDE, Rose Mary, comenta la situación de la educación pública en el país, los desafíos para que este derecho sea garantizado y el rol del foro en esta lucha.
A continuación, lee la entrevista completa:
¿Cuáles son los grandes desafíos para la educación de Venezuela que todavía siguen presentes en el 2021?
Rose Mary Hernández Román – Venezuela, es un país que se encuentra polarizado en el plano político, en tensión social ante la convulsionada o colapsada economía que se vive desde el año 2015 cuando el ex presidente estadounidense la declara como “una amenaza para la seguridad nacional” y con ello se inicia un conjunto de sanciones económicas perversas que se cruzan con el manejo errado en economía nacional.
Esta situación nos ha puesto de frente a grandes desafíos de subsistencia como pueblo y ante una educación que se encuentra en un vertiginoso desplome que se agudiza con la suspensión del proceso escolar presencial ante la llegada de la pandemia del Covid-19, la cual conllevó a un confinamiento como medida de prevención y resguardo a la vida, acompañado de una nueva forma de asumir la continuidad escolar a través de las clases a distancia, que no han tenido el éxito deseado por ser una decisión tomada sin evaluación previa de la realidad de pobreza en la cual está más del 80% de la población que depende de la Administración Pública con un salario precarizado, el cual no supera 10 dólares mensuales como pago, y, por tanto, es imposible cubrir necesidades básicas como alimentación, vestido, calzado, medicina, recreación, así como tampoco permite poseer equipos de tecnología como computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, o acceder a la Internet para realizar conexión o al servicio de electricidad que posterior al mega-apagón general en el país en el año de 2019, no ha logrado estabilizarse.
“Seguimos presentando las mismas situaciones complejas para asumir el derecho a la educación, nos encontramos con los mismos nudos críticos como sociedad y país”
Rose Mary Hernández Román
Esta realidad, a pesar de que se ha tratado de paliar desde los Ministerios de Educación asignándole a la fecha equipo de tecnología a las y los Docentes de carga laboral alta, no ha logrado dar continuidad al Programa escolar y universitario por lo que no cubre al universo de la población (docentes y estudiantes) en general, lo cual sigue siendo una problemática real y constante, que se junta con las carencias propias ante un salario efímero.
Testimonios de docentes, padres y representantes – muchos de ellos hechos públicos en las redes sociales y otros medios de comunicación – denuncian la imposibilidad que tuvieron de realizar las actividades, enviarlas y revisarlas.
Hoy, a mediados del tercer trimestre del año 2021, con la misma existencia del virus y una aparición de una nueva cepa, seguimos presentando las mismas situaciones complejas para asumir el derecho a la educación, nos encontramos con los mismos nudos críticos como sociedad y país. El desafío de las escuelas e instituciones educativas cerradas, así como el impacto del salario pulverizado, debe invitar al Estado a proveer en este contexto de pandemia tres cosas fundamentales: condiciones para preservar el derecho a la vida, condiciones para el desarrollo de la educación como derecho humano, y condiciones para el desarrollo de un trabajo que cuente con seguridad, salario digno y los instrumentos pedagógicos y tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los docentes deben reivindicar su rol pedagógico, y los representantes deben restablecer su papel de contralor social.
¿Cuáles son las expectativas para el sistema educativo nacional en el 2021, especialmente en un contexto de reapertura de las escuelas y pandemia?
Rose Mary Hernández Román – Teniendo en cuenta que, la función de las, los y les educadores se ha desvalorizado y descontextualizado en el intento de una educación a distancia, al trasladar la labor pedagógica a los padres y dejar la función del docente reducida a recibir y corregir tareas y actividades, sin desarrollar ningún proceso de enseñanza, produciendo una sobrecarga de horas de trabajo que al final fueron improductivas desde el punto de vista académico porque la comprobación del aprendizaje no se pudo evaluar realmente, genera expectativas para el sistema educativo nacional en el 2021, especialmente en un contexto de reapertura de las escuelas y pandemia.
Las mismas están enmarcadas en un acoplamiento a las exigencias que imponen en primer orden el derecho a la salud y bienestar, que se exacerban las desigualdades y se pueda garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes. Este contexto requiere revisar la organización de la escuela, el trabajo de los equipos docentes y las condiciones de toda la comunidad educativa: docentes, no docentes, estudiantes y sus familias.
Para ello, urgen programas y políticas en la educación pública adecuadas a las necesidades: 1) salario ajustado al Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantice la Canasta Básica Alimentaria. 2) planificación en contextos de emergencias; 2) el acompañamiento al equipo docente, las familias y las y los estudiantes; 3) la contención emocional del equipo docente y de las familias; 4) la retroalimentación de las actividades escolares; 5) el desarrollo de nuevas praxis de enseñanza, y 6) el regreso a las clases presenciales en contexto seguro.
¿Cómo nació el Fovede y cuáles son las principales líneas de acción del Foro en el 2021?
Rose Mary Hernández Román – El Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE) nace del empuje y deseo de un grupo de docentes, académicos, maestros pueblo y dirigentes sociales del país, que deseaban poder vincular este espacio a la Campaña Latinoamericana por el derecho a la educación (CLADE), la más importante coalición en la materia en América Latina y el Caribe.
“En FOVEDE, nos hemos propuesto abrir espacios de debate y reflexión sobre este impacto y las posibilidades de generar alternativas que garanticen la continuidad y expansión del derecho a la educación”
Rose Mary Hernández Román
Entre sus fundadores se encuentran destacados(as) pedagogos(as) venezolanos(as). Sus integrantes, organizados por Luis Bonilla-Molina, Rose Mary Hernández, Luz Palomino, Luis Peñalver, entre otras y otros, manifiestan la defensa del derecho a la educación, no como una consigna, sino como un compromiso. Pero esta tarea adquiere características muy específicas en cada momento histórico y coyuntura nacional.
En FOVEDE, nos hemos propuesto abrir espacios de debate y reflexión sobre este impacto y las posibilidades de generar alternativas que garanticen la continuidad y expansión del derecho a la educación en las materias de: formación docente; programas de estudio; infraestructura escolar; salarios y remuneraciones de los y las docentes; educación científica y laica en las escuelas; nuevas profesiones en un mundo cambiante; sistemas de Postgrados, entre otros temas.
En esta etapa de pandemia, se estarán realizando en alianza con otras instituciones, foros virtuales y conferencias en línea, que se presentan a través del canal de YouTube de Otras Voces en Educación. Todo este conglomerado es entendido como dinámicas propositivas que cumplirán su trabajo, convocando a un panel plural que responda a tres interrogantes que permitan generar propuestas para fortalecer las cosas que estén bien hechas, corregir aquellas que han tenido una definición y aplicación equivocada, así como lanzar al vuelo nuevas ideas.
¿Cuál es la importancia de haberse sumado a la red CLADE?
Rose Mary Hernández Román – Desde el FOVEDE agradecemos a la CLADE por permitirnos formar parte de ella, un espacio de activismos en pro del Derecho a la Educación, derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de ambas instituciones. Mantenernos en trabajo armonizado y/o en sintonía para exigir que exista igualdad de oportunidades y el acceso universal permite allanar el camino de la buena gobernanza, de los sistemas educativos transparentes y de responsables capaces de responder a las necesidades de tod@s l@s educandos. Los responsables políticos deben garantizar que la educación y los compromisos contraídos a nivel internacional queden debidamente reflejados en sus programas legislativos y políticos en el plano nacional, pero son las organizaciones como las aquí mencionadas, una constitución de poder de hacer que los Estados rindan cuentas a la luz de sus obligaciones legales.
Observatorio monitorea organismos multilaterales de América Latina y el Caribe
23 de agosto de 2021Monitorear en el plano educativo las actividades de organismos multilaterales, bancas de desarrollo, corporaciones tecnológicas y filantropía es el objetivo del observatorio recién lanzado por el Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE) junto a la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa.
Al ser lanzado, el Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía, presenta un reporte sobre las actividades en curso en la región del Grupo Banco Mundial, la Corporación Facebook, la Fundación Gates y el IESALC de la UNESCO, haciendo una revisión exhaustiva del trabajo de estas instancias.
“Para el trabajo que se inicia con este informe, el Observatorio latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía informa que está abierta la convocatoria para sumar voces al trabajo que realizan, en el entendido que la labor que inician solo es sostenible con un tejido social alternativo. Para ello pueden escribir a contacto@otrasvoceseneducacion.org”, afirman los organizadores.
Según el reporte, en ninguna otra época de la historia fue tan determinante la presión internacional explícita sobre lo nacional en materia educativa. “La normalización y estandarización de las políticas educativas se produce mediante consensos inducidos por el multilateralismo de post guerra fría, formulación de coordenadas mínimas y máximas establecidas por el G-7, fondo monetario internacional y bancas de desarrollo, afianzados a través de la corporativización de la agenda educativa y el financiamiento filantrópico de las multinacionales condicionado por las prioridades del mercado”.
>> Lee el reporte completo
Ecuador: Corte Constitucional ratifica la constitucionalidad de la LOEI
12 de agosto de 2021Mediante Sentencia realizada este miércoles, 11 de agosto de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ha emitido su dictamen respecto a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y declara la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
La sentencia absuelve todos los puntos impugnados por los recurrentes, quienes buscaron mediante varios argumentos jurídicos que se declare la inconstitucionalidad de todas las reformas a la LOEI.
Según la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador, la reforma modifica alrededor del 80% de la normativa que rige desde el año 2011. Ella tiene una visión incluyente e intercultural, incorpora el mejoramiento de instrumentos para enfrentar la violencia y el abuso sexual y para establecer una cultura de paz en los contextos educativos, contempla el cambio en los currículos, la reapertura de escuelas rurales, fomento de la Educación Intercultural Bilingüe, fortalecimiento de la etnoeducación, mejoramiento de condiciones para el desarrollo integral docente, entre otros. La Comisión de Educación de la Asamblea informó que recogieron aportes de diversos sectores para elaborar esta propuesta de reformas, entre ellos representantes de docentes.
La decisión de la Corte, que según especialistas legitima diversos avances en el derecho de la educación en Ecuador, solo fué tomada trás diversas protestas de organizaciones, activistas y educadores.
Historico
El mes de marzo de 2021 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI.
En el mes de mayo de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador admitió para tramitar dos demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la LOEI. Los demandantes afirmaron que los cambios aprobados no son sostenibles económicamente, principalmente los que se relacionan con el aumento salarial y la jubilación sin límite de edad. Esta acción suspendió temporalmente la vigencia de la Ley y motivó a docentes, familias y estudiantes a expresar su protesta.
El 12 de julio de 2021 más de 30 docentes iniciaron una huelga de hambre en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, en defensa de las reformas a la LOEI, piden a la Corte Constitucional que disponga la implementación de la normativa. Actualmente esta protesta se ha extendido a 12 de las 24 provincias del país, con un total de 80 manifestantes. Otras medidas adoptadas por los educadores fueron el encadenamiento, cierre de vías, y movilizaciones masivas en las provincias.
Frente a esta situación la Asamblea Nacional del Ecuador instaló el 28 de julio una Mesa de Concertación con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan levantar la medida de hecho. La mesa se reunió en 3 ocasiones a día seguido, con la participación de delegados de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Unión Nacional de Educadores (UNE)
>> Mira el pronunciamiento completo de la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador
Haití: “Estamos sin garantías constitucionales para la libertad de expresión, de organización”
30 de julio de 2021“La gente está muy inquieta, esperando lo que va a venir o no sabiendo lo que va a venir, porque generalmente cuando hay este tipo de cosa o golpe de Estado, ahí siguen las represiones”, así explicó Willian Thelusmond, de la Reagrupación por la Educación para Todos y Todas al explicar el escenario que vivió los habitantes del país un día después del asesinato del presidente Jean-Bertrand Aristide, el 7 de julio de 2021.
La entrevista fue realizada originalmente por Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE, en audio y hace parte del programa Cuatro Elementos, de Pressenza, el 8 de julio.
Lee a continuación la entrevista completa:
Nelsy Lizarazo: Hace un poco más de 24 horas del asesinato del presidente y quisiéramos saber, primero que todo, ¿Cuál es el clima que se vive en Haití? ¿Cómo están en este momento? ¿Cómo está la población?
Willian Thelusmond: Humanamente es muy difícil entender. La población está en sus casas, hasta ahora no hay casi en las calles, no hay vehículos, realmente la gente no sale, se queda encerrada en su casa. La gente está muy inquieta, esperando lo que va a venir o no sabiendo lo que va a venir, porque generalmente cuando hay este tipo de cosa o golpe de Estado, ahí siguen las represiones.
Este gobierno tiene muchos grupos armados. Uno no sabe si este grupo va a salir a levantarse en contra de los miembros de la oposición, los miembros de la oposición del sector popular, en los barrios populares, entonces no sabemos por qué se ha hecho eso, y qué va a venir después.
La segunda preocupación, que viene desde hace unos días antes, es que hubo muchos grupos armados en las calles y estaban haciendo lo que querían y uno inmediatamente piensa si tal vez eso no es una preparación para una invasión militar, de otros países o para una nueva ocupación militar ya sea con la ONU o con los EEUU.
Si hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uno teme en casa desde ahora que decidan enviar otra misión. Esto puede suceder y lo rechazamos desde ahora y pedimos, también, solidaridad para que se diga “NO” a eso, a la ocupación militar que viene de allá. Solicitamos la solidaridad primero que todo.
Las dos principales preocupaciones por el momento son: que por un lado haya la ocupación y la represión descarada y, por otro, el hecho de que estamos sin garantías constitucionales para la libertad de expresión, de organización porque los nuevos responsables políticos han decretado el Estado de Sitio.
Asesinaron al presidente y se quedó todo el aparato intacto y no hay ningún cambio, el control sigue y se podría decir que lo que pasó no viene de muy lejos.
Nelsy Lizarazo:¿Qué hipótesis hay sobre la responsabilidad de ese asesinato? ¿Qué se piensa al respecto? ¿Qué hipótesis hay en el escenario?
Willian Thelusmond: Hay dos escenarios que podrían ser verdaderos. Uno se inclina más a pensar que se podría tratar de una lucha interna para las próximas elecciones. Se trata de una coalición de poder muy heteróclita, con muchos grupos, de bandidos, de drogas (narcotráfico), hay de todo. Dentro de esta coalición, había un grupo que estuvo en el control por cinco años y hay dos integrantes en este grupo que quieren candidatearse a presidente para las próximas elecciones y parece que el presidente se estaba inclinando hacia uno, por eso quería hacer las elecciones muy temprano y lo más rápido posible.
El presidente acababa de darle, el domingo, la bendición a un grupo de ministros y ex primer ministro, diciendo que ya estaban libres y que podrían presentarse como candidatos. Es decir, que ellos ya no tenían deudas fiscales y no tendrían que rendir cuentas de su gestión.
Si el presidente no hubiera hecho eso, el primer ministro no podría ser candidato. Este hecho llamó la atención de que tal vez el asesinato puede tener origen del propio gobierno del presidente.
No creo que haya cuestiones para decir “mira, parece que es la oposición, la élite política”. Están buscando a los autores materiales, como decirle a un comando de extranjeros venezolanos y colombianos que hablaban inglés y español y vinieron con siete vehículos y ahora dicen que han matado a cuatro y han detenido a dos.
Nelsy Lizarazo: o sea, todo muy oscuro, muy raro
Willian Thelusmond: Sí. La segunda hipótesis es que sí haya fuerzas en contradicción y entre el poder nacional y otros intereses extranjeros. El presidente no ha seguido las recomendaciones de la OEA [Organización de los Estados Americanos] por presión de la oposición, aunque la OEA lo estaba apoyando, así como los Estados Unidos.
Pero lo que hizo en desacuerdo de la OEA fue algo muy tímido, como no haber hecho cambios en el consejo electoral. No creemos que para ellos hubiera sido necesario llegar tan lejos para conseguir del presidente lo que querían.
Nelsy Lizarazo: claro, por supuesto.
Willian Thelusmond: De cualquier manera, el grupo del poder que ha estado luchando contra es presidente no hubiera podido actuar totalmente solo, sin esa tolerancia, sin que se hayan hecho “a ciegas”, ¿verdad?
[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución? [2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261. [3] Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran. [4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia. [5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728. [6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs. [7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web. ">
Educación y poder constituyente en Chile
20 de mayo de 2021La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal. El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados. El Estado pierde su iniciativa educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.
Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]
Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]
Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional, en un fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]
Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.
Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]
¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público? No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.
¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite. Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones, agencias, programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.
El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional. Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria. Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]
¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite? No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.
El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.
Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso. ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.
Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.
[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?
[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.
[3] Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.
[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.
[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.
[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.
[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.
>> Lee el posicionamiento completo aquí.
">Bolivia: “Observamos con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional”
10 de mayo de 2021Desarrollo de plan educativo integral e intersectorial; inversión – por parte del Ministerio de Educación – en conectividad, equipamientos y formación a los y las docentes y desarrollo de directrices para la distribución de insumos, adecuación de infraestructura y protocolos de bioseguridad que permitan a las y los estudiantes, educadores/as y al personal de los Centros Educativos el retorno a las clases de manera presencial y semipresencial de forma segura y paulatina. Esas son algunas demandas que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) afirma como fundamentales para la garantía del derecho a la educación durante la pandemia.
Las demandas fueron presentadas en un pronunciamiento publicado en la última semana de abril, durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). “Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional y la respuesta escasa y poco pertinente del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema y garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad”, afirma la Campaña Boliviana en su pronunciamiento.
Según el comunicado, “el periodo de crisis sanitaria desnudó la falta de acceso a la educación libre y gratuita, así como el acceso a las nuevas tecnologías y desde el Estado no se pudo garantizar conectividad a Internet en gran parte del territorio nacional”.
>> Lee el posicionamiento completo aquí.
“Alerta por una Colombia en paz: exigimos un alto a la militarización y el respeto a la protesta social”
4 de mayo de 2021Garantías y libertades democráticas constitucionales a la movilización y la protesta; desmilitarización de las ciudades; el fortalecimiento de una masiva vacunación y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad y salud son algunas de las demandas que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación presenta en su pronunciamiento recién publicado.
Firmado por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil nacionales e internacionales, el comunicado también denuncia el Estado Colombiano por los casos de represión contra los y las manifestantes que llevan seis días de protestas en las principales ciudades y campos del país, especialmente en oposición a las reformas tributaria y de salud que impulsa el gobierno nacional. La represión violenta de las protestas ha resultado en 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 personas detenidas y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros/as independientes.
“Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH), como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes”, dice el posicionamiento.
Lee el comunicado completo:
COMUNICADO A LA OPICIÓN PÚBLICA
ALERTA POR UNA COLOMBIA EN PAZ, EXIGIMOS UN ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y RESPETO A LA PROTESTA SOCIAL
Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se está movilizando en el gran Paro Nacional frente a la Reforma Tributaria, que pretendía incrementar los impuestos a la población más empobrecida, precarizando aún más la vida de la ciudadanía en medio de la actual crisis sanitaria por Covid-19; otras causas de la movilización han sido el hartazgo frente a la corrupción, la violación de los derechos humanos elementales, las políticas extractivistas, el desempleo, el incremento de la pobreza y del hambre, la privatización y pésima atención de la salud, que se evidencia con mayor fuerza en la pandemia, los recortes presupuestales a los programas sociales incluidas la educación y la salud, los asesinatos a líderes y lideresas sociales y el abuso del poder.
En Colombia, durante este gobierno los niños, niñas y jóvenes también han sido víctimas de distintas estrategias de deshumanización por parte de grupos armados ilegales y del Estado mismo. Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable.
En medio de las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 10 de mayo se han presentado los siguientes casos de vulneración de los derechos humanos por parte de la fuerza pública del Estado colombiano hacia los y las manifestantes en las principales ciudades y campos, que según la organización “Defender la Libertad Asunto de Todas”, han dejado a 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 489 personas heridas, 33 por lesiones oculares, 48 personas lesionadas por armas de fuego, 15 víctimas de violencias basadas en género, 435 personas presuntamente desaparecidas, 69 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes , 1365 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas y o a tratos crueles e inhumanos, 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
El Comité Nacional de Paro manifiesta su decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional levantando como objetivos centrales para este momento: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta.
Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.
Negociación con el Comité Nacional de Paro y con las organizaciones del Pliego de emergencia así resumido:
1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación.
2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.
3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes, empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad, salud y vacunación contra el COVID – 19 a toda la comunidad educativa del país.
5. No a la discriminación por razones de género, diversidad sexual y étnica y
6. No a las privatizaciones de los bienes públicos y la derogatoria del decreto 1174. Además, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato; y el retiro de la fuerza pública, ESMAD y GOES de las movilizaciones sociales.
Por ello, como organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Estado colombiano adoptar de manera urgente medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por los hechos anteriormente descritos.
Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes y servir de garantes en la negociación del pliego arriba descrito.
¡POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA!
4/5/2021
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Apoyan y acompañan esta declaración:
- Action Aid
- Agencia Pressenza
- Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
- Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) – Colombia
- Asociación Tierra de Esperanza
- Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
- Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
- Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
- Campaña Lationamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
- Campaña Mundial por la Educación (CME)
- Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
- Campaña por el Derecho a la Educación de México (CADEM)
- Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
- Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
- Contrato Social por la Educación en el Ecuador
- COPROBA – Argentina
- Educare – Argentina
- Federación Internacional Fe y Alegría
- Foro por el Derecho a la Educación Publica de Chile
- Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fodeve)
- Fraternidad Franciscana Sembradores de la Palabra
- Fundacion SES
- Fundación VOZ
- Instituto Edesio Passos
- Jovenes Solidarios
- Liderezas de Suba
- Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
- Mujeres Indígenas de Pueblo Tolupan
- Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
- Oxfam
- Psinergia
- Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
- Red Estrado Colombia
- Red Global/Glocal por la calidad educativa
- Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) – Colectivo Nacional de Colombia
- Natalia Cogliati
- Susana Papale
- Luz Marina Peña
- Diego Arévalo Ligarda
- Isabel Moyano Rojas
Panel en el CIES discute el rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4
Los hallazgos de la evaluación externa del Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF, por su acrónimo en inglés) fueron tema de debates de un panel realizado en el marco de la 65a Conferencia Anual de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional (CIES 2021). Organizada el día 28 de abril del 2021, la mesa “Rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4: Lecciones aprendidas y caminos hacia futuro”, contó con las participaciones de Jenny Price, investigadora de National Foundation for Educational Research, que realizó la evaluación externa del CSEF; Ram Gaire, coordinador de NCE-Nepal; Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE; y Vernor Muñoz, Jefe de Políticas de la Campaña Mundial por la Educación (CME). La moderación del panel quedó a cargo de Luis Eduardo Pérez Murcia, asesor de políticas e investigación de la CME.
Jenny Price abrió el panel, explicando que la evaluación externa se concentró especialmente en la última etapa del CSEF (2016-2019) y adoptó una metodología participativa, que cruzó en análisis de documentos producidos por la iniciativa con grupos focales, encuestas y entrevistas a los participantes del CSEF y actores externos. Entre los principales resultados del programa, ella destacó: la ampliación de la diversidad de actores que integran el movimiento el derecho a la educación, tanto al interior de cada una de las coaliciones nacionales como de las coaliciones regionales y de la propia CME; la ampliación de la credibilidad y legitimidad del movimiento para presionar a los gobiernos por el cumplimiento del DHE; la ampliación de la cohesión social del movimiento; la buena coordinación para difusión de mensajes al interior del movimiento; y la importancia de hacer incidencia a partir de la evidencia, destacando la multiplicidad de investigaciones elaboradas por las coaliciones con el apoyo del CSEF.
Asimismo, ella apuntó que el financiamiento de largo plazo ofertado a las coaliciones, especialmente para elementos institucionales, así como el apoyo que recibieron de las coaliciones regionales y de la CME, y los procesos de intercambio y colaboración Sur-Sur, fueron fundamentales para alcanzar dichos resultados. Por otro lado, consideró que la participación significativa de las coaliciones en la toma de decisión sobre las políticas públicas y la promoción de cambios concretos fue un desafío, porque en el periodo analizado hubo un incremento de tendencias conservadoras en todas las regiones, que restringieron la participación democrática y aumentaron la criminalización de la protesta.
Ram Gaire destacó que otro elemento que complejizó la acción política de la sociedad civil que actúa en la defensa y promoción del derecho a la educación es la entrada del sector privado en el campo educativo y su creciente articulación con los gobiernos en los últimos años, sea a través de alianzas público privadas o de su influencia en la definición e implementación de las políticas.
El activista subrayó que este nuevo elemento viene debilitando la educación pública en su país y destacó que, para hacer frente esa tendencia, es fundamental aumentar la movilización ciudadana, generar mayor solidaridad entre movimientos más allá del campo educativo, y hacer incidencia en base a la evidencia científica.
El desarrollo de investigaciones para contrarrestar mitos difundidos por actores que no trabajan la educación desde la perspectiva de derechos humanos, como las ideas de que la educación privada es siempre mejor que la educación pública o de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya invierten suficientes recursos en la educación también fue destacada por Laura Giannecchini. Ella presentó la experiencia de desarrollo del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, una plataforma en línea que reúne información sobre la inversión educativa de 20 países de la región, entre 1998 y 2018. El Sistema, que contó con el apoyo del CSEF y otros financiadores, recoge datos reportados por los Estados a las bases de datos de UNESCO, CEPAL y Banco Mundial, analizándolos bajo tres dimensiones: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos y equidad en el acceso escolar.
Dicha plataforma permitió a la CLADE identificar, por ejemplo, que todos los países analizados invertían menos de la mitad del monto asignado por persona en edad escolar en los países más pobres de la OCDE. Algunos países, como Nicaragua, incluso invertían 20 veces menos, lo que puso en evidencia la necesidad de seguir presionando los gobiernos de la región para ampliar el financiamiento doméstico para la educación, y aún más en contextos de crisis, como la actual pandemia del COVID-19.
Finalmente, Vernor Muñoz destacó que muchos de los actuales sistemas educativos en el mundo están caracterizados por la exclusión y la discriminación. Vernor remarcó que la educación es un derecho fundamental habilitador de la realización de los demás derechos humanos y que el sentido de la educación debe responder a los modelos de sociedad que aspiramos. También recordó que, aunque la CME apoye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la perspectiva de educación como derecho humano es más amplia que dicha Agenda, e incluye las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, gobernanza y participación en la educación.
Luego de las presentaciones, se dio una discusión con la audiencia sobre el sentido de la educación y del desarrollo que deseamos y la necesidad de construir narrativas potentes que permitan superar una mirada única de desarrollo, pautada en el modelo de desarrollo de los países industrializados.
>> Lee la nota completa aqui: El dererecho a la educación y el cuidado de la salud - Declaración ante la segunda ola de COVID 19
Guía Protección del Derecho Humano a la Educación
Organizada por la red de colectivos y activistas que compone la CLADE, la guía presenta 32 recomendaciones y orientaciones para garantizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia en la región y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.
>> Lee el documento completo: Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021
">Argentina: La presencialidad es la mejor forma de garantizar el derecho a la educación, pero NO es la única alternativa para hacerlo posible
30 de abril de 2021“Afirmamos enfáticamente que el derecho a la educación puede ser ejercido de diversas formas. La presencialidad es la mejor, pero NO es la única alternativa para hacerlo posible”, se afirma en la nota publicada por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en apoyo al gobierno nacional, que determinó el cierre de las escuelas tras el aumento de casos de COVID-19. En la nota, la CADE comenta la grave crisis social y educativa que se encuentra en Argentina.
“También reafirmamos que, en particular los sectores más pobres de nuestra sociedad, quedarán fuera de la educación virtual no presencial si no cuentan con los equipamientos y la conectividad necesarios y con los edificios escolares en las condiciones que la pandemia exige. Como ya hemos dicho anteriormente, si bien celebramos que se manifieste la conectividad como un derecho social, no alcanza con declamarlo o afirmarlo si no se garantiza su efectividad para nuestro pueblo y, en particular, para nuestras comunidades educativas. En este contexto mundial se es consciente que la presencialidad será intermitente. Hay que lograr que la vinculación con las escuelas pueda ser resuelta con formatos pedagógicos de acompañamiento adecuados y contextuales, lo que implica un importante trabajo de docentes y directivos, que han estado realizando y sabemos que seguirán haciéndolo, compromiso que desde ya reconocemos y valoramos”, afirma la CADE a través de la nota.
La Campaña Argentina también rechaza la presión ejercida por el sector privado para la reapertura de las escuelas. “Rechazamos las actitudes de amenazas o apremios de algunos sectores hacia instituciones educativas privadas que violentan todo pacto de cuidado y educación hacia sus estudiantes y desconocen el enorme esfuerzo realizado por directivos y docentes de dichas escuelas durante todos los meses tan difíciles que hemos atravesado desde que comenzó la pandemia. Queremos que las escuelas funcionen con presencialidad cuidada en todo el territorio nacional cuando esto sea efectivamente posible”, afirma la Campaña.
Según la CADE, para que las escuelas sean un lugar seguro para los y las profesionales y estudiantes, se requiere una sociedad que se comprometa seriamente con el cuidado de todos y todas, contribuyendo a reducir radicalmente las posibilidades de contagio. “Si no nos cuidamos y no cumplimos estrictamente con las medidas indicadas por todos los especialistas, paradójicamente, en lugar de defender la presencialidad estaremos atentando contra ella”, enfatiza.
>> Lee la nota completa aqui: El dererecho a la educación y el cuidado de la salud – Declaración ante la segunda ola de COVID 19
Guía Protección del Derecho Humano a la Educación
Organizada por la red de colectivos y activistas que compone la CLADE, la guía presenta 32 recomendaciones y orientaciones para garantizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia en la región y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.
