¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?
8 de junio de 2020La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc.
En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas.
Argentina
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras.
En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne.
“Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”
En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.
De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.
“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.
Brasil
El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.
Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”
Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo.
La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva.
“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.
Nicaragua: Organizaciones exigen la inmediata suspensión de las clases presenciales durante la pandemia
“En el contexto de crisis socio política y la pandemia, denunciamos que la falta de acceso a estadísticas confiables, claras y actualizadas, que imposibilita conocer el estado de situación en que se encuentran y las afectaciones que sufren. (…) La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares”, afirma la nota divulgada por la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), en el marco de la realización de la Semana de la Niñez y Adolescencia en el país.
Diferente de otros países de América Latina y el Caribe, Nicaragua todavía no ha cerrado las escuelas. “La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares. Exigimos al Estado nicaragüense aplicar de manera urgente las medidas sanitarias recomendadas por la OMS [Organización Mundial de Salud] y la inmediata suspensión de las clases presenciales a nivel nacional para reducir los riesgos de contagios en los más de 1 millón 800 mil estudiantes, docentes y personal administrativo del sistema de educación y sus familias, debido a la falta de agua potable y condiciones básicas de higiene y salud en los centros de educación pública”, dice la nota.
En el comunicado, también se condena la agudización de la violencia sexual, el embarazo adolescente, la maternidad impuesta y los feminicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes se encuentran en la indefensión por la inoperancia del Estado, al no garantizar las medidas de protección pertinentes. “Demandamos al Estado asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la implementación de acciones que los proteja; destinar los recursos económicos necesarios para las instituciones públicas y realizar investigaciones transparentes ante las situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, para determinar los responsables y alcanzar justicia y reparación a las víctimas”.
>> Nota completa.
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), socio de la CLADE en el país, es miembro de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).
México: Campaña impulsa diálogos con jóvenes y educadoras/es sobre el derecho a la educación ante los desafíos de la pandemia COVID-19
3 de junio de 2020En México, se celebró el Día del Estudiante el 23 de mayo, en recuerdo del movimiento estudiantil de 1929, que logró la autonomía de la Universidad Nacional. En México, hay larga historia donde el movimiento estudiantil ha exigido sus derechos y ha obtenido tristemente la represión del Estado, basta recordar el movimiento del 68 o la trágica desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Recientemente, el gobierno de Michoacán ha reprimido fuertemente a docentes y estudiantes de la Normal Tiripetío, donde ya hay estudiantes encarcelados y docentes cesados.
En el país, respondiendo a las circunstancias de la pandemia COVID-19, se crearon alternativas de educación a distancia, la premura y la urgencia llevaron a la autoridad a crear opciones como el programa “Aprende en casa“. Para estas nuevas circunstancias, la mayoría nos sentimos como que nos aventaron al agua sin saber nadar. Si bien nos hemos adaptado, sigue habiendo reclamos en relación a las condiciones de desigualdad todavía existentes para garantizar el derecho humano a la educación en muchos ámbitos.
Un reclamo generalizado de docentes fue que se les tomó muy poco en cuenta para planear todo el trabajo a distancia, pero también, que quien está en los puestos estatales no tiene formación pedagógica.
Ante estos contextos actuales e históricos es importante preguntarnos por qué la autoridad educativa no ha tomado en cuenta al profesorado para programar las actividades escolares a distancia y también si ¿se le ha dado la voz al estudiantado en las actividades y tareas escolares que tienen que realizar en las circunstancias actuales?
El afán verticalista en las prácticas estatales de diferentes lugares, y que se reproduce en las prácticas escolares nos remite a insistir en dar la voz a las y los estudiantes que siguen en movimiento.
Es por eso que la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el país, invita a estudiantes de nivel medio superior y universitario, a participar de manera virtual en los encuentros nacionales estudiantiles “Juventud, educación y pandemia”. La juventud de todo el país tendrá un espacio para participar virtualmente expresando sus “sentipensamientos” en relación a las condiciones escolares. Podrán expresar sus juicios sobre las prácticas de las autoridades escolares y de gobierno, y analizar las realidades del derecho a la educación en México.
El estudiantado de educación media superior y universitaria del país tendrá dos espacios de expresión los días 11 y 25 de junio, cuando se realizarán diálogos virtuales transmitidos en vivo a través del Facebook de la CADEM. El interés ha crecido entre la juventud por participar, tanto jóvenes de organizaciones civiles y sociales, como estudiantes de bachillerato y universidad, quienes han expresado su intensión de participar en estos encuentros nacionales virtuales.
Para más información, puede escribir al correo: campanaderechoeducacionmexico@gmail.com
Jóvenes del país también han enviado fotos, fanzines, carteles y diseños, entre otras formas de expresión, a la CADEM, como forma de manifestar sus miradas y perspectivas sobre el derecho humano a la educación, en el contexto de distanciamiento social por la pandemia COVID-19.
Perspectiva latinoamericana de la educación frente a los nuevos desafíos
El 1º de junio, CADEM, en alianza con el Bachillerato CDEZ, realizó el diálogo virtual “Perspectiva latinoamericana de la educación frente a los nuevos desafíos”, celebrando el aniversario de 18 años del CDEZ. Participaron en el evento: Iliana Lo Priore, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) en Venezuela; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME); Carlos Fritzen, de la Federación Internacional Fe y Alegría; Ernesto Rodríguez, del Centro Latinoamericano sobre Juventud, de Uruguay; y mi persona, Jesús Juárez Reyes, en representación de CDEZ y CADEM.
>> Grabación del diálogo
Encuentro
Jóvenes de diferentes instituciones del país, especialmente de bachillerato y universidades, hablaron en la primera parte de un encuentro nacional el 11 de junio sobre lo que piensan, sienten y hacen en medio de este tiempo inédito. A continuación lee algunos de los testimonios de los y las jóvenes:
“El modelo educativo parece inmovible, producto de la sociedad industrial y post industrial, donde muchas veces los maestros están distantes, quieren terminar un curriculum sobrecargado y extenso, lo social y lo emocional casi no importa y no parecen visibilizar que hay muchos espacios de pobreza, donde apenas si hay acceso a lo indispensable, por lo que pretender trabajar vía internet, aumenta la brecha digital ya de por sí existente”.
“El coronavirus de pronto, se convierte en lo menos importante porque desenmascaró las oportunidades educativas, las piezas de un sistema a modo, en donde el gran tema a discutir es el de la dignidad. A la educación formal le vino un shock, donde la escuela fue rebasada y en los hogares se problematizó de manera muy evidente, ya que muchas padres y madres obligaron a sus hijos a hacer las tareas a partir de muchos regaños y castigos”.
“Nos quitaron uno de los espacios más importantes para la expresión juvenil, porque los estudiantes muchas veces huyen de los problemas que hay en su casa en diferentes espacios y la escuela es el principal. La escuela representa no solo conocimientos, implica ayudarte a la vida, donde muchos llegamos a veces, con pesimismo y frustración, pero ese entorno habilita los lazos emocionales y nos hace sentirnos mejor”.
Grabación del encuentro
https://www.facebook.com/CEAAL/videos/3998153410257684/
Estos testimonios fueron publicados originalmente en la página e-consulta.com, en el texto “Las voces de los jóvenes en este tiempo de aprender”.
CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19
27 de mayo de 2020Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.
“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.
El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.
A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.
>> Nota de la CLADE completa.
El Salvador: especialistas discutirán los impactos de la pandemia COVID-19 en la educación
26 de mayo de 2020¿Qué esperamos de la educación después del COVID-19? Para discutir y reflexionar sobre esa y otras cuestiones respecto a los impactos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia a la educación pública, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) realizará este jueves, 28 de mayo, a partir de las 14:00 de El Salvador (GMT-6), un conversatorio virtual. El evento se transmitirá a través de la página de RESALDE en el Facebook.
Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, será una de las panelistas del encuentro, que también contará con la participación de Vernor Muñoz, director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME); Felipe Rivas, de la RESALDE; Carlos Rodríguez, coordinador del Instituto Nacional de Formación Docente de El Salvador (Infod); y Jazmin Elena, representante estudiantil y miembro de RESALDE.
>> Para participar, solo debes llenar el formulario de inscripción.
Ecuador: Contrato Social por la Educación respalda decisión judicial que suspende el recorte de financiamiento para la educación superior
18 de mayo de 2020Tras la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades y que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país, el Contrato Social por la Educación (CSE) divulgó una nota pública, en la que respalda la decisión y exhorta a la Corte para que falle de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno.
“Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otros”, dice la nota.
Según informaciones de la Agencia Pressenza, el recorte de casi 100 millones de dólares afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior del país. Pressenza también informa que las medidas cautelares de la Corte Constitucional del Ecuador responden a una acción de incumplimiento interpuesta por el colectivo Acción Jurídica Popular y disponen al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las autoridades de la función ejecutiva pertinentes, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Adicionalmente, la Corte detuvo los efectos de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, emitida por el Ministerio de Economía, en relación a los presupuestos de las instituciones de educación superior.
En las próximas semanas, la Corte Constitucional analizará los argumentos de fondo y determinará si, en efecto, ha habido incumplimiento a los parámetros constitucionales que deben regir lo referido al presupuesto para la educación en estado de excepción. La Corte también deberá decidir sobre otras causas pendientes de resolución por el mismo tema, entre ellas una acción por incumplimiento interpuesta por varias universidades.
“Es indispensable que organizaciones sociales, movimientos, estudiantes y docentes mantengan activas las formas de exigibilidad social y también la recopilación de información y envío de escritos de amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos estos elementos serán de utilidad para que este órgano jurisdiccional adopte la decisión más favorable en la protección del derecho a la educación”, afirma el artículo publicado por Agencia Pressenza.
Educación básica y regular
Para el Contrato Social por la Educación, el recorte de financiamiento a las universidades es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica en el país, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas”, subrayó el CSE en su nota.
Lee a continuación el posicionamiento completo:
Respaldo a la decisión de la Corte Constitucional
La educación es un derecho humano fundamental que promueve el ejercicio de otros derechos. Es un bien público y estratégico que se debe proteger y potenciar.
Como Contrato Social por la Educación respaldamos la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de suspender el recorte presupuestario a las universidades y la disposición al Ministerio de Economía y Finanzas de abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior.
Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otras.
Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas.
Afectación a programas de alfabetización, despidos de docentes con contratos ocasionales, recortes en los niveles preescolares, ajustes en programas de educación de adultos son algunas de las consecuencias.
Exhortamos a la Corte Constitucional por una sentencia definitiva frente al recorte presupuestario y a las autoridades de gobierno que canalicen esfuerzos que protejan y garanticen el derecho a la educación como herramienta de desarrollo.
Quito, mayo de 2020
Brasil: Financiamiento de la educación no puede poner en riesgo a otros programas esenciales
“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas que están verdaderamente comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo.
Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que será llevada a cabo en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca a los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19.
>> Lee el texto completo en portugués: “O Fundeb em novo cenário: a pandemia da COVID-19”
Ecuador: Comunidad educativa rechaza medidas económicas que afectan la educación
8 de mayo de 2020El Contrato Social por la Educación (CSE) divulga una nota pública, en la que demanda acciones para mitigar los impactos a la educación de la crisis económica y sanitaria en el contexto del COVID-19.
La nota fue publicada días después que el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de 98 millones de dólares del financiamiento público para la educación superior en el país, decisión que afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. La medida es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Este paquete de medidas contra la educación – sin sustento ni información suficiente – viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades. Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atenta además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad”, dice la nota.
Para contener retrocesos al derecho a la educación en Ecuador, el CSE plantea:
- Solicitar al presidente del país dejar sin efecto las afectaciones contra la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos;
- Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento;
- Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema;
- Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo.
>> Posicionamiento del CSE completo.
Bolivia: Demanda por protección social y educación de calidad en el contexto de la pandemia
7 de mayo de 2020La entrega del bono familiar a toda la población estudiantil en Bolivia; estrategias para que los medios de comunicación generen programas e insumos educativos; y el diseño de protocolos que garanticen el desarrollo educativo en el contexto de la pandemia COVID-19 son algunas de las demandas que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) presenta al Ministerio de Educación boliviano en pronunciamiento.
En el comunicado, la Campaña “reconoce el Derecho a la Educación como derecho básico y habilitante para ejercer los demás derechos humanos, por lo que ante la emergencia sanitaria global a causa de la propagación del COVID-19, manifiesta su preocupación por que en esta etapa de cuarentena total y post cuarentena se garantice el derecho a la educación asumiendo medidas integrales, adecuadas, pertinentes y oportunas”.
Para la CBDE, todas las medidas propuestas deben traducirse en lineamientos claros desde el Ministerio de Educación y otras instancias del Estado, para garantizar el derecho a la educación, en articulación con maestros, maestras, padres y madres de familia, estudiantes y sociedad civil en su conjunto.
Lee el pronunciamento completo.
Educación Técnica, tecnológica y productiva
La CBDE también organizó el conversatorio en línea “Educación Técnica, tecnológica y productiva: desafíos y oportunidades en el contexto del COVID-19 caminando hacia la transformación digital”.
Mira la grabación:
https://www.facebook.com/CampanaBolivianaPorElDerechoALaEducacion/videos/1067044507010824/
Diógenes Sánchez Pérez[/caption]
¿Cómo está la situación de Panamá ante el COVID-19? ¿De qué manera las comunidades educativas y activistas por el derecho a la educación están actuando o se organizando para contribuir en mitigar los efectos de la crisis en el campo educativo nacional?
Lamentablemente, Panamá no estaba preparado para una crisis de esta naturaleza y dimensión. La situación de la educación fue agravada porque el Ministerio de Educación (Meduca) no cuenta con plataformas virtuales para que, en los sectores de la sociedad que tienen acceso a la Internet, se pueda desenvolver una educación a distancia. Son muy pocos los y las docentes que han podido interactuar con sus estudiantes a través de blogs, WhatsApp, o correo electrónico, pero nada oficial. Esto nos pone a repensar el tema de la educación virtual y a ver cómo el Meduca debe desarrollar plataformas para el caso de emergencias.¿Con qué misión nace la Coalición Panameña y cuáles son sus objetivos y líneas de acción prioritarios?
Desde el principio, la misión de la Coalición ha sido la garantía de una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad para todo el pueblo panameño, garantizando también la equidad educativa para todas y todos. Lamentablemente, aunque el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá ha crecido más del 5% al año, hace 15 años, seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Esto se refleja también en nuestro sistema educativo, siendo que aún tenemos cerca de 1.200 “aulas rancho”, que son escuelas improvisadas con techo de paja y piso de tierra, ubicadas principalmente en las comarcas indígenas. Uno de nuestros objetivos principales es mejorar este tipo de escuela.¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para la realización del derecho humano a la educación en Panamá actualmente?
Entre los desafíos, se destaca la dificultad en llevar la educación a los rincones más apartados, no solo en las comarcas pero también en las áreas campesinas. El 35% de las áreas del país no cuentan con escuelas secundarias, y por lo tanto otro de nuestros objetivos es extender el sistema educativo, para generar condiciones de igualdad para que estas poblaciones puedan salir de la pobreza. La educación es el único instrumento capaz de realizar esto y, por lo tanto, la consideramos como una oportunidad para mejorar la vida de las personas en nuestro país.¿Cuáles son las principales demandas de la sociedad civil para el derecho a la educación en el país?
Tenemos la ventaja de que la educación primaria se ha extendido por casi todo el país, pero el acceso a la educación media y superior sigue en falta, y esto es una de las principales reivindicaciones de la población. Además, una demanda no solo de la sociedad civil, sino de toda la comunidad educativa, sería mejorar la calidad de la educación. Otra demanda tiene que ver con el financiamiento educativo. Según la Ley Orgánica de Educación de 1995, Panamá debería invertir el 6% de su PIB en la educación, lo que fue reforzado 20 años después con la Agenda de Educación 2030. Sin embargo, el país solo destina el 3,5% de su PIB a la educación, y garantizar el cumplimiento de dicha ley es una gran cuestión para nosotros.¿Desde la mirada de la Coalición Panameña, ¿cuál es la importancia de haberse integrado a la CLADE y por qué?
Primeramente, consideramos importante poder incidir en proyectos comunes en nuestra región para la defensa del derecho humano a la educación. Poder vincularnos a una red es algo que consideramos fundamental. Segundo, creemos en el intercambio de experiencias y aprendizajes con otras latitudes para que podamos integrarlos a nuestras acciones como educadores de Panamá. Además, muchas de las políticas neoliberales que se han implementado en América Latina también están se imponiendo aquí, y este intercambio es importante para que podamos nutrirnos de estos conocimientos de lucha. Por esto consideramos importante sumarnos a la CLADE, pues para nosotros es fundamental participar de estos procesos.">CLADE tiene un nuevo miembro: la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación se suma a la red
27 de abril de 2020La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) acaba de recibir la adhesión de un nuevo miembro: la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación.
“Creemos en el intercambio de experiencias y aprendizajes con otras latitudes para que podamos integrarlos a nuestras acciones como educadores de Panamá”, afirma Diógenes Sánchez Pérez, miembro de la Coalición Panameña.
Para conocer cuáles son las expectativas de la coalición, ante su integración a la CLADE, y también para saber más sobre el escenario de la lucha por el derecho humano a la educación en Panamá, especialmente ante la actual coyuntura de la pandemia COVID-19, invitamos Sánchez Pérez para una entrevista.
Lee el diálogo a continuación. (más…)
