Resalde: Boletín Inclusión de juventudes en la lucha por el derecho a la educación
15 de diciembre de 2023Registro de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) sobre iniciativa que reunió 10 asociaciones juveniles en El Salvador para trabajar y dar a conocer el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sobre educación inclusiva, equitativa y de calidad”
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Haití: Reagrupación Educación para Todos demanda medidas para combatir la violencia contra las mujeres y niñas
29 de noviembre de 2023Preocupada con la difícil situación que atraviesa el país, donde la inseguridad hace estragos en muchas zonas de Puerto Príncipe y en las provincias y promueve un ambiente todavía más vulnerable a las mujeres y niñas, expuestas a todo tipo de violencia, la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT) publicó un pronunciamiento esta semana, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre.
“La Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT) hace un llamamiento a las autoridades para que tomen las medidas adecuadas para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el país. La REPT pide a los responsables gubernamentales que tomen medidas para prevenir la violencia en las escuelas y que presten el apoyo necesario a todas las víctimas de la violencia”, dice la nota.
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¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Plan Estratégico CLADE 2023-2026. Versión Español.
11 de julio de 2023Presentamos el Plan Estratégico CLADE 2023-2026, este documento es el resultado del trabajo colaborativo, consensuado con las organizaciones que integran la membresía de la CLADE; y, cuenta también con las valiosas contribuciones de socios, aliados y colaboradores.
Refleja las voces, valoraciones, propuestas y sugerencias de quienes, desde diferentes lugares, han sido parte de la construcción del camino de la CLADE en la lucha por la defensa del derecho humano a la educación.
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Educación y refugio en el día Internacional de las personas refugiadas
23 de junio de 2023Analizar si los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y las emergencias relacionadas con el medio ambiente y el cambio medioambiental que afectan a los derechos de las personas a la educación, y cómo lo hacen. Ese fue el princial objetivo del encuentro “Comunidad de Aprendizaje sobre Educación en Situaciones de Emergencia de la CME”, realizado el martes (23/6) a proposito de la celebración del Día Mundial de los Refugiados.
“La importancia de celebrar el Día Internacional de las Personas Refugiadas implica no sólo reivindicar las riquezas que las mismas traen a las sociedades de acogida sino discutir las acciones para garantizar el derecho a la educación para ellas; y esas soluciones apuntan a la consolidación de sistemas educativos participativos, gratuitos, laicos y universales”, afirma Patricia Gainza, miembro del Comité Ejecutivo de Rede Sem Fronteiras y del Comité Directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), una de las panelistas del evento.
La sesión contó también con la participación de Luis Eduardo Pérez Murcia, miembro de GCE, Giulia McPherson, Servicio Jesuita para los refugiados de Estados Unidos, Ahmed Badawy, Fundación Egipcia para los derechos de los Refugiados, Adeleke Damian-Mary, Coalición de Acción de la Sociedad Civil por la Educación para Todos (CSACEFA) y Macarena Romero Álvaro, GCE de España.
Refugiadas y refugiados en América Latina y el Caribe
Según la Agencia ONU para Refugiados (Acnur), actualmente, existen aproximadamente 20 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe (ACNUR, 2022). Esto incluye personas refugiadas, solicitantes de asilo, solicitantes de ayuda internacional, desplazadas internas.
“Si bien los grandes titulares de prensa suelen centrarse en las personas que se desplazan hacia los Estados Unidos, la mayor parte de estos 20 millones de refugiados latinoamericanos, se asientan en otros países de América Latina y el Caribe. Es más, el 76% del total de las personas refugiadas del mundo son acogidas por países de renta media y baja”, afirmó Patricia Gainza.
De acuerdo con Unicef, existen 6.8 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo (UNICEF, 2022) y 5.7 millones de estas personas venezolanas refugiadas y migrantes son recibidas y acogidas en otros países de América Latina.
Violencia y crisis socioeconómica
Se mencionaron los principales puntos de alertas referidas al tema en América Latina a saber: la crisis económica y social y la incipiente violencia en la región Centroamericana (que ya ha desplazado a más de un millón de personas); el crecimiento del número de solicitudes de refugio y personas refugiadas en México; el crecimiento de las solicitudes también en la región Andina, especialmente en Colombia, Perú y Ecuador con origen venezolano; la emergencia existente en la región del Darién, que en lo que va de 2023 ya ha registrado la llegada de más de 150 mil personas en una zona totalmente inhóspita y no presparada para gestionar este número de personas en el medio de la selva.
Las principales barreras de acceso a los sistemas educativos en los países receptores de la región son muchas y diversas: carencia de documentación, como pasaporte, tarjeta migratoria o documentación de estudios cursados desde los países de origen; dificultades con el idioma del país receptor, en el caso de Brasil con el potugués pero también con el español en los casos de personas que hablan lenguas indígenas originarias; otras barreras lingüísticas y culturales que se presentan en situaciones como en el acceso a la salud, desafíos pedagógicos en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones traumáticas o estresantes y necesidades socioemocionales específicas; desafíos para la re-inclusión de personas adultas que abandonaron los estudios tempranamente; desescolarización y falta de documentación oficial de estudios en el país de origen, falta de flexibilidad para abordar las diferencias de calendarios escolares entre los países, debilidad de los sistemas para el reconocimiento, la validación y la acreditación de los aprendizajes previos de las personas en movimiento; xenofobia, discriminación, estigmatización y acoso escolar (bullying); infraestructura limitada, así como déficit de cupos disponibles para estudiantes y falta de docentes; pobreza crítica y desnutrición que son serios obstáculos para el acceso al derecho a la educación.
Integración social
Se enumeraron algunas buenas prácticas como ser la Tienda de Ciudadanía, del Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), Brasil; cuyo objetivo es “Favorecer la integración social y cultural de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, valorando la diversidad cultural y promoviendo una cultura de paz en el ámbito escolar, comunitario y familiar”.
Sus ejes de trabajo son: 1. Promover entre las niñas y los niños migrantes y refugiados la valoración de la diversidad cultural y la lucha contra la discriminación y el acoso escolar a través de actividades lúdicas. 2. Promover la asesoría y capacitación de los actores del sistema educativo público. 3. Fortalecer a las familias de las niñas y los niños atendidos mediante apoyo psicosocial, jurídico, social y de regularización migratoria.
Capacitación con vistas al mercado laboral
Una segunda buena práctica mencionada fue las Capacitaciones para personas refugiadas llevadas adelante por la Intendencia de Montevideo, Uruguay cuyo objetivo es que “La población refugiada obtenga las herramientas necesarias para ingresar al mercado laboral”. Es una iniciativa que depende de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo y realiza tres cursos en coordinación con ACNUR, los cuales son gratuitos y están dirigidos específicamente a personas refugiadas y solicitantes de asilo mayores de 18 años y residentes en Montevideo.
Las temáticas abordadas son: 1. Ventas, atención al cliente, marketing y logística. 2. Atención a la dependencia. 3. Ventas con e-commerce. Los cursos se dictan de manera presencial y/o semipresencial en la Casa de la Mujer de la Unión, lo cual también facilita el acceso otra serie de recursos para las personas involucradas, especialmente en combate a la violencia de género.
Puertas abiertas
La tercera práctica mencionada fue Puertas Abiertas de la Prefeitura de São Paulo, Brasil cuyo objetivo es “Enseñar gratuitamente el portugués a inmigrantes y refugiados en Brasil”.
El material didáctico de esta segunda edición está destinado a la enseñanza pública y gratuita del portugués a inmigrantes, trayendo como metodología pionera la enseñanza de la lengua portuguesa como herramienta de acogida y garantía de derechos de la población en movilidad. Los materiales creados buscan dialogar con la dinámica cotidiana de las personas inmigrantes en la ciudad, para discutir el acceso a sus derechos y servicios públicos. Entre los temas tratados en el material se encuentran el derecho al trabajo digno, la salud, la educación e interculturalidad, el ocio y el deporte, entre otros. Los contenidos están disponibles para docentes, inmigrantes y público en general con fines pedagógicos y educativos.
Por último, la exposición buscó plantear líneas de acción que contribuyan a la garantía del derecho a la educación de las personas refugiadas en la región. Algunas de estas ideas son:
- Marco legal y políticas inclusivas: Los gobiernos deben desarrollar marcos legales y políticas inclusivas que reconozcan y protejan EXPRESAMENTE el derecho a la educación de las personas refugiadas. Estas normativas deben asegurar el acceso igualitario a la educación, la no discriminación y la inclusión de programas específicos para atender las necesidades educativas de las personas refugiadas.
- Acceso y matrícula: Se deben eliminar las barreras administrativas y financieras que dificultan el acceso y la incorporación de las personas refugiadas en las escuelas. Esto implica simplificar los procedimientos de inscripción, reducir los costos asociados y brindar becas o programas de apoyo financiero para aquellos que lo necesiten.
- Programas de aprendizaje de idiomas: Es importante y una buena estrategia incluir a las personas refugiadas a través del aprendizaje del idioma cuando la lengua nativa difiere del idioma predominante en el país de acogida. Estos programas deberían ser accesibles y brindar apoyo adicional para que los estudiantes refugiados puedan adquirir rápidamente las habilidades lingüísticas necesarias para participar plenamente en el sistema educativo así como educar al sistema educativo para que contemple la diversidad lingüística de sus estudiantes.
- Adaptación curricular y apoyo pedagógico: Los gobiernos deben promover la adaptación curricular y proporcionar apoyo pedagógico adecuado para abordar las necesidades específicas de los estudiantes refugiados. Esto implica el desarrollo de materiales didácticos adaptados, la capacitación de docentes en la atención a la diversidad y la provisión de recursos adicionales o personal de apoyo en las escuelas.
- Programas de apoyo socioemocional: Los refugiados a menudo han experimentado situaciones traumáticas y estresantes. Las escuelas deben incorporar a los estudiantes refugiados a sus programas de apoyo socioemocional y servicios de salud mental, para contribuir a la superación de las dificultades emocionales y promover su bienestar integral.
- Sensibilización y capacitación: Es fundamental promover la sensibilización y la capacitación entre el personal docente y la comunidad educativa en general sobre las necesidades y derechos de los estudiantes refugiados. Esto ayudará a fomentar un entorno inclusivo y respetuoso, y a combatir la discriminación y el estigma.
- Cooperación internacional y regional: Los gobiernos deben fortalecer la cooperación internacional y regional para compartir buenas prácticas, recursos y experiencias en la educación de personas refugiadas. Esto implica trabajar con organizaciones internacionales, ONG y otros países para obtener apoyo y asistencia técnica en la implementación de políticas y programas eficaces.
- Programas de educación de adultos: Los gobiernos para garantizar el derecho a la educación a lo largo de toda la vida deben establecer programas de educación de personas adultas que estén diseñados específicamente para atender las necesidades educativas de las personas refugiadas. Estos programas deberían ofrecer oportunidades de aprendizaje flexibles, adaptadas a las circunstancias y responsabilidades de las personas refugiadas adultas.
- Reconocimiento de estudios previos: Los gobiernos deben facilitar el reconocimiento y la validación de los estudios previos de las personas adultas refugiadas y todas las personas. Esto implica establecer procedimientos claros y accesibles para evaluar y acreditar los logros educativos obtenidos en sus países de origen, lo cual puede facilitar su acceso a niveles educativos superiores.
- Acceso a la educación vocacional y técnica: Los gobiernos pueden promover el acceso de las personas adultas refugiadas a la educación vocacional y técnica, brindando oportunidades de capacitación en habilidades prácticas y demandadas en el mercado laboral. Esto puede ayudar a mejorar su empleabilidad y facilitar su integración económica y social en la sociedad de acogida.
- Flexibilidad en horarios y modalidades de aprendizaje: Los gobiernos deben contribuir a que los distintos sectores ofrezcan opciones flexibles en cuanto a horarios y modalidades de aprendizaje para las personas adultas refugiadas. Esto puede incluir programas educativos en horarios nocturnos, educación a distancia, educación en línea o educación modular que les permita equilibrar sus responsabilidades familiares, laborales y educativas.
- Acceso a servicios de apoyo: Los gobiernos deben garantizar el acceso de las personas adultas refugiadas a servicios de apoyo complementarios, como asesoramiento educativo, orientación vocacional, servicios de apoyo socioemocional y servicios de atención de salud mental. Estos servicios pueden contribuir a su bienestar general y a superar posibles barreras para su participación en la educación y otros ámbitos de la vida social.
