Ante un llamado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), la <a href=Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, envió al órgano informaciones sobre el estado de los derechos de la niñez en el país, respecto a los campos temáticos que se enfocarán en la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en julio de este año. La revisión tendrá lugar en el Foro Político de Alto Nivel, que se realizará del 9 al 18 de julio en Nueva York, enfocando el ODS 4 - referido a la educación - y también los objetivos de número 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 10 (reducción de las desigualdades), 13 (acción por el clima), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los objetivos). El OHCHR está elaborando un informe sobre los derechos de la niñez y los ODS que se presentará en el Foro Político de Alto Nivel y, para contribuir con su contenido, abrió dicha convocatoria al envío de aportes desde la sociedad civil. Los insumos enviados al órgano por la Campaña Nacional de Brasil señalan fuertes riesgos de que los ODS 4, 8 y 16 no se realicen en el plazo previsto en el país, debido a una serie de medidas implementadas por el actual gobierno. Asimismo, recogen datos alarmantes sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, como: el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024; el congelamiento de gastos públicos en educación y la no implementación de los mecanismos Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi) y Costo Alumno Calidad (CAQ), que establecen parámetros para el financiamiento de la educación pública de calidad; millones de niñas, niños y adolescentes sin acceso a la educación básica; el avance de la iniciativa “Escuela sin Partido”, que quiere prohibir la discusión de temas como política, igualdad racial e igualdad e identidad de género en las escuelas; una perspectiva reduccionista de la educación en la infancia y retrocesos para la educación inclusiva y la inserción de personas con discapacidad en el sistema público; el intento de reglamentar la educación domiciliar, como forma de incentivar la privatización de la enseñanza a distancia e impedir la socialización y el contacto de estudiantes con la pluralidad; el agravamiento de la situación de niñas, niños y adolescentes en condiciones de trabajo precarias, con la reforma laboral que flexibiliza derechos; y el cierre de espacios de participación de la sociedad civil en las políticas públicas, así como la eliminación de órganos administrativos participativos, afectando gravemente áreas como: derechos humanos, igualdad racial, indígenas, poblaciones rurales, población LGBTI y medio ambiente. “En este contexto alarmante, instamos a que el OHCHR recomiende al Estado brasileño la restauración y el fortalecimiento de las instancias democráticas de participación de la sociedad civil, así como la reversión de los actuales retrocesos. También urgimos a que se respeten la Convención sobre los Derechos de la Niñez de la ONU y las observaciones hechas al Brasil por el Comité que hace seguimiento a dicha Convención. El Comité hizo un llamado para que el Estado brasileño asuma su responsabilidad por la garantía de recursos financieros adecuados para la implementación del Plan Nacional de Educación, inclusive en situaciones de crisis económica e inestabilidad política”, afirma Andressa Pellanda, coordinadora ejecutiva de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. En el informe que envió a la ONU, la Campaña presenta recomendaciones para la garantía del derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva, igualitaria y de calidad, desde la primera infancia y en base a una perspectiva de derechos.">
La Campaña envió informaciones sobre el actual escenario regresivo en el país, en respuesta a un llamado de Naciones Unidas, para que la sociedad civil comparta el estado de los derechos de la infancia y del desarrollo sostenible en sus contextos

Brasil: En mensaje a la ONU, Campaña Nacional expresa preocupación con los derechos de niñas, niños y adolescentes

2 de junio de 2019

Ante un llamado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, envió al órgano informaciones sobre el estado de los derechos de la niñez en el país, respecto a los campos temáticos que se enfocarán en la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en julio de este año.

La revisión tendrá lugar en el Foro Político de Alto Nivel, que se realizará del 9 al 18 de julio en Nueva York, enfocando el ODS 4 – referido a la educación – y también los objetivos de número 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 10 (reducción de las desigualdades), 13 (acción por el clima), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

El OHCHR está elaborando un informe sobre los derechos de la niñez y los ODS que se presentará en el Foro Político de Alto Nivel y, para contribuir con su contenido, abrió dicha convocatoria al envío de aportes desde la sociedad civil.

Los insumos enviados al órgano por la Campaña Nacional de Brasil señalan fuertes riesgos de que los ODS 4, 8 y 16 no se realicen en el plazo previsto en el país, debido a una serie de medidas implementadas por el actual gobierno.

Asimismo, recogen datos alarmantes sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, como: el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024; el congelamiento de gastos públicos en educación y la no implementación de los mecanismos Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi) y Costo Alumno Calidad (CAQ), que establecen parámetros para el financiamiento de la educación pública de calidad; millones de niñas, niños y adolescentes sin acceso a la educación básica; el avance de la iniciativa “Escuela sin Partido”, que quiere prohibir la discusión de temas como política, igualdad racial e igualdad e identidad de género en las escuelas; una perspectiva reduccionista de la educación en la infancia y retrocesos para la educación inclusiva y la inserción de personas con discapacidad en el sistema público; el intento de reglamentar la educación domiciliar, como forma de incentivar la privatización de la enseñanza a distancia e impedir la socialización y el contacto de estudiantes con la pluralidad; el agravamiento de la situación de niñas, niños y adolescentes en condiciones de trabajo precarias, con la reforma laboral que flexibiliza derechos; y el cierre de espacios de participación de la sociedad civil en las políticas públicas, así como la eliminación de órganos administrativos participativos, afectando gravemente áreas como: derechos humanos, igualdad racial, indígenas, poblaciones rurales, población LGBTI y medio ambiente.

“En este contexto alarmante, instamos a que el OHCHR recomiende al Estado brasileño la restauración y el fortalecimiento de las instancias democráticas de participación de la sociedad civil, así como la reversión de los actuales retrocesos. También urgimos a que se respeten la Convención sobre los Derechos de la Niñez de la ONU y las observaciones hechas al Brasil por el Comité que hace seguimiento a dicha Convención. El Comité hizo un llamado para que el Estado brasileño asuma su responsabilidad por la garantía de recursos financieros adecuados para la implementación del Plan Nacional de Educación, inclusive en situaciones de crisis económica e inestabilidad política”, afirma Andressa Pellanda, coordinadora ejecutiva de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación.

En el informe que envió a la ONU, la Campaña presenta recomendaciones para la garantía del derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva, igualitaria y de calidad, desde la primera infancia y en base a una perspectiva de derechos.


Foto: Unicef

Educación preescolar: 175 millones de niños y niñas están fuera de la escuela

15 de abril de 2019

Según informe ‘Un mundo listo para aprender’, de UNICEF, falta inversión en la educación preescolar (0 a 6 años) en la mayoría de los países del mundo

Más de 175 millones de niñas y niños – alrededor de la mitad de las personas en edad preescolar de todo el mundo – no están matriculadas/os en educación preescolar, perdiendo así una oportunidad fundamental y sufriendo profundas desigualdades desde el comienzo de sus vidas. Es lo que presenta el primer informe mundial de UNICEF “Un mundo listo para aprender: Dar prioridad a la educación de calidad en la primera infancia.”

Según el informe, la riqueza de los hogares, el nivel de educación de las madres y padres, o su ubicación geográfica son algunos de los principales factores que determinan la asistencia o no a programas de enseñanza preescolar. Sin embargo, el principal factor determinante es la pobreza.

“En 64 países los niños más pobres tienen siete veces menos probabilidades que los niños de familias más ricas de asistir a los programas de educación en la primera infancia”, dice el documento.

La investigación afirma que, en 2017, un promedio del 6,6% de los presupuestos nacionales de educación en todo el mundo se dedicó a la educación preescolar, pero casi el 40% de los países sobre los que se dispone de datos asignan menos del 2% a esta partida.

“Esta falta de inversión mundial en la educación preescolar provoca a su vez una grave escasez de maestros capacitados en este ciclo educativo: en los países de ingresos bajos y medianos, donde viven más del 60% de los niños en edad preescolar del mundo, apenas hay un 32% de maestros de enseñanza preescolar”, señala el informe.

“De hecho, solo hay 422.000 profesores de preescolar enseñando actualmente en países de bajos ingresos. Con el aumento de la población y suponiendo que la proporción ideal de alumnos por maestro es de 20 a 1, el mundo necesitará 9,3 millones de nuevos maestros de preescolar para alcanzar la meta universal”, dice el documento.

>> Descargar el informe

 

Primera infancia en América Latina

Con miras profundizar en un mayor conocimiento del panorama de las leyes y políticas de educación en la primera infancia en América Latina y el Caribe, así como de su financiamiento y procesos de justiciabilidad, identificando avances y también desafíos relevantes para su realización como derecho humano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó en octubre de 2018, al lado de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) – Vicepresidencia Regional para América Latina – y con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, el estudio El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América Latina y el Caribe.

Lee +:

Primera infancia: todas las niñas y niños tienen derecho a la educación y al cuidado desde su nacimiento

Este estudio refuerza los hallazgos del informe de UNICEF respecto al acceso y a la calidad de la educación en la primera infancia.

“Las grandes desigualdades en la calidad de los establecimientos y programas están definidas tanto por la poca y discordante inversión en la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI), como por la parcialidad en sus propósitos y la propuesta educativa que fluctúa desde los centrados en cubrir sólo la supervivencia de los más pequeños, hasta los enfocados en propuestas integrales y holísticas. La oferta de baja calidad suele correlacionarse con las experiencias dirigidas a los niños y niñas que viven en contextos de pobreza, por lo que se redobla la injusticia de no acceder a sus derechos ni en el hogar, ni en las instituciones”, afirma la publicación de CLADE, OMEP Latinoamérica y EDUCO.

La investigación también demuestra que persiste una gran dispersión, fragmentación y, algunas veces, contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos establecida en la  Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN).  

>> Descargar la publicación

 


<i><span style=Según estudio elaborado por CLADE y OMEP América Latina, con el apoyo de EDUCO, es fundamental crear y cumplir legislaciones y políticas públicas con presupuesto adecuado, para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, febrero es el mes en que se inician las clases, época en que millones de niñas, niños y personas jóvenes y adultas dedican parte de su día al aprendizaje. Muchas niñas y niños en la primera infancia no solamente inician las clases, sino que también empiezan su trayectoria escolar: es un momento en que están conociendo sus docentes, colegas y toda una nueva manera de socialización, diálogo y construcción conjunta de conocimientos y vivencias en las escuelas y centros educativos que ofrecen la educación en la primera infancia. Pero, ¿hasta qué punto se garantiza en la región el derecho a la educación y al cuidado de las niñas y niños pequeñas/os con calidad? Esta pregunta es clave en el actual momento, pues en septiembre de 2019 llegaremos a 4 años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en noviembre la Convención de los Derechos del Niño de la ONU cumple 30 años de existencia. Estos acuerdos internacionales establecen que el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia deben ser garantizados por los Estados, como un derecho humano y un elemento clave para que podamos alcanzar un desarrollo sostenible, con justicia e igualdad.
¿Qué es la primera infancia y qué población se encuentra en esta etapa en América Latina y el Caribe? Los primeros años de vida constituyen un período fundamental en la existencia humana, ya que allí se forman las bases de nuestra estructura física, psíquica, cognitiva y social como personas. El concepto de primera infancia que se toma en cuenta en leyes, políticas y prácticas educativas, así como los años de edad que son abarcados en esta etapa educativa, ha presentado variaciones según los países y organismos públicos a cargo de garantizar este derecho. Sin embargo, la Observación General nº 7 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU define por primera infancia la etapa que se inicia en el nacimiento y primer año de vida, pasando por el período preescolar hasta la transición al período escolar. En consecuencia, el Comité establece como primera infancia el período comprendido desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2018, existen 93,1 millones de niños y niñas entre el nacimiento y los 8 años de edad en América Latina y el Caribe, o 15,3% de la población total de la región.
Con miras a presionar por la garantía de la educación y del cuidado en la primera infancia como un derecho humano y con calidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó en octubre del año pasado, al lado de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) - Vicepresidencia Regional para América Latina - y con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, el estudio El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América Latina y el Caribe. “Partimos de la premisa de que el primer paso para alcanzar la realización del derecho a la educación para todos los niños y niñas entre el nacimiento y los 8 años es su pleno reconocimiento en las legislaciones y su concreción a través de políticas públicas, institucionalizadas y con recursos suficientes para garantizar todas las especificidades de esta etapa, así como la existencia de mecanismos legales y judiciales que permitan la protección de los intereses, derechos y la reparación en casos de vulneración”, dice la publicación. En ese sentido, el estudio busca profundizar en un mayor conocimiento del panorama de las leyes y políticas de educación en la primera infancia en América Latina y el Caribe, así como de su financiamiento y procesos de justiciabilidad, identificando avances y también desafíos relevantes para su realización como derecho humano. “Queremos entender, asimismo, cómo los principios y propósitos de la educación plasmados en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) y sus Observaciones Generales, están presentes en dichas legislaciones y políticas públicas educativas. Esperamos, con esta mayor comprensión, poder contribuir a consolidar el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho y de la educación en la primera infancia como un derecho humano fundamental”, afirman las organizaciones que impulsaron el estudio.

Calidad de la Educación en la Primera Infancia

Para las organizaciones que realizaron la publicación, el derecho a la educación y al cuidado no solo implica acceder a instituciones y programas, sino que requiere que estos tengan calidad y respeten las especificidades de la primera infancia, desarrollándose desde un enfoque coordinado, integral y multisectorial de esta etapa de vida, según plantea la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU. “Una educación de buena calidad será aquella que permita la construcción de conciencias, conocimientos y acciones que protejan y desarrollen la dignidad de la vida y los derechos humanos de todas las personas. Lo contrario: una educación que no realice los derechos humanos es una educación de baja calidad”, describen los artículos 28 y 29 de la CDN. Asimismo, la meta 4.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, establece a los Estados miembros de Naciones Unidas la obligación de: “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”. En 2019, la CDN completa 30 años y se suman 4 años desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el estudio de CLADE, OMEP y EDUCO revela que aún persisten amplias desigualdades en el acceso a la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI) de calidad entre distintos sectores sociales y países, siendo que las mayores diferencias se correlacionan con los ingresos económicos de las familias. “Las grandes desigualdades en la calidad de los establecimientos y programas están definidas tanto por la poca y discordante inversión en la AEPI, como por la parcialidad en sus propósitos y la propuesta educativa que fluctúa desde los centrados en cubrir sólo la supervivencia de los más pequeños, hasta los enfocados en propuestas integrales y holísticas. La oferta de baja calidad suele correlacionarse con las experiencias dirigidas a los niños y niñas que viven en contextos de pobreza, por lo que se redobla la injusticia de no acceder a sus derechos ni en el hogar, ni en las instituciones”, dice la publicación. La investigación también demuestra que persiste una gran dispersión, fragmentación y, algunas veces, contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos establecida en la CDN. “Defendemos un enfoque integral de la AEPI desde el nacimiento hasta los 8 años, enfatizando su valor inherente más allá de la preparación para las próximas etapas de la educación. En ese sentido, se considera que es necesario alejarse de las tendencias actuales de las evaluaciones estandarizadas centradas en resultados académicos, asegurando a las niñas y niños el derecho a jugar, a la cultura, a la creatividad y al júbilo”, afirman CLADE, OMEP y EDUCO.

¿Cómo garantizar educación y cuidado de calidad para niños y niñas pequeños/as?

Según la publicación, es necesario que los Estados definan criterios y fundamentos, desde una perspectiva integral y de derechos, en diversos ámbitos:
  • Gobernabilidad e institucionalidad: es decir, coordinación, articulación, definición de estrategias y orientaciones de contenidos de las políticas;
  • Regulación y orientación del funcionamiento de instituciones públicas y privadas;
  • Financiamiento suficiente y pertinente;
  • Enfoque y programa educativo;
  • Participación de educadoras y educadores, familias, comunidades, niños y niñas;
  • Condiciones adecuadas de los establecimientos y su equipamiento;
  • Formatos institucionales y programáticos flexibles;
  • Políticas complementarias más allá de la educación (alimentación, salud, etc.).
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Según estudio elaborado por CLADE y OMEP América Latina, con el apoyo de EDUCO, es fundamental crear y cumplir legislaciones y políticas públicas con presupuesto adecuado, para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano

Primera infancia: todas las niñas y niños tienen derecho a la educación y al cuidado desde su nacimiento

22 de febrero de 2019

Según estudio elaborado por CLADE y OMEP América Latina, con el apoyo de EDUCO, es fundamental crear y cumplir legislaciones y políticas públicas con presupuesto adecuado, para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano (más…)


Te invitamos a conocer el estudio<em> <a href=El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América Latina y el Caribe, una iniciativa de la CLADE y la OMEP - Vicepresidencia Regional para América Latina, con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO). La investigación tiene como punto de partida la visión de los niños y las niñas como sujetos de derecho y la concreción de los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, así como la promoción de un enfoque coordinado, integral y multisectorial de la primera infancia. Ratificando que la educación es un derecho humano fundamental desde el nacimiento, el estudio analiza los sentidos que se le otorgan a la atención y educación en la primera infancia (AEPI) en los marcos políticos y legislativos de América Latina y el Caribe. El estudio revela que el acceso a la educación desde los 4 años ha mejorado en promedio entre el 2000 y el 2012, pero persisten amplias desigualdades en el acceso entre distintos sectores sociales y países. Las mayores diferencias se correlacionan con los ingresos económicos de las familias: mientras que el quintil más pobre muestra una tasa de matriculación del 71%, el quintil más alto llega al 95% para niñas y niños de 5 años. Las brechas se agudizan al mirar el acceso a la educación hasta los 3 años de edad: la ausencia del Estado en la oferta educativa para esta franja incrementa las desigualdades y las dificultades en la garantía de una educación de calidad para todas y todos. La investigación también demuestra que persiste una gran dispersión, fragmentación y, algunas veces, contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos. En base a estos hallazgos, la investigación presenta algunas recomendaciones a los Estados, entre ellas: que los principios expresados por la CDN y los Comentarios Generales del Comité de los Derechos del Niño de la ONU informen de manera más completa y coherente todos los marcos legales, políticos, institucionales y presupuestarios relacionados con la AEPI en la región; que se garantice el derecho a la educación de niñas y niños menores de 3 años de manera plena y efectiva; que la evaluación de los programas de AEPI respete las características de la primera infancia y los objetivos de la educación expresados por la CDN; y que se fortalezcan los sistemas públicos universales de la AEPI, superando desigualdades y discriminaciones. Igualmente, se defiende un enfoque integral de la AEPI desde el nacimiento hasta los 8 años, enfatizando su valor inherente más allá de la preparación para las próximas etapas de la educación. En ese sentido, se considera que es necesario alejarse de las tendencias actuales de las evaluaciones estandarizadas centradas en resultados académicos, asegurando a las niñas y niños el derecho a jugar, a la cultura, a la creatividad y al júbilo. • Descarga aquí el estudio completo • Descarga aquí el sumario ejecutivo

Lanzamiento

La investigación se presentó el 18 de septiembre ante el Comité de los Derechos del Niño y se lanzó públicamente el 18 de octubre, en un seminario virtual que contó con la participación de cerca de 100 personas. El estudio fue presentado por Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de OMEP; y Mikel Egibar, responsable de educación del área de Calidad de Programas de Fundación EDUCO. El evento contó con la participación y comentarios de Esmeralda Arosemena, relatora sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU; y Vital Didonet, experto en educación infantil, consultor internacional y socio honorario de OMEP [haz clic aquí para leer más]. • Ve aquí la grabación del encuentro.">
Esta realidad se comprueba en el nuevo estudio realizado por la CLADE, OMEP y EDUCO, que muestra el panorama de las legislaciones y políticas para esta etapa educativa en la región

El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia sigue siendo una deuda en la región

8 de noviembre de 2018

Te invitamos a conocer el estudio El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América Latina y el Caribe, una iniciativa de la CLADE y la OMEP – Vicepresidencia Regional para América Latina, con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO). (más…)


La investigación revela que persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.<!--more-->

<a href=Descarga la publicación aquí.">

El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe

6 de noviembre de 2018

La investigación revela que persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado. (más…)


Captura de pantalla del seminario virtual de lanzamiento del estudio, mostrando las y los oradoras/es y la portada del documento
Archivo CLADE

Con seminario virtual, lanzamos estudio sobre el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe

El evento contó con la participación de representantes de las organizaciones que impulsaron la publicación y representantes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de la CIDH, así como un experto en educación infantil. (más…)


El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe

La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.


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Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el <a href=informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad. Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”. Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”. Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”. Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”. Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.">
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos

Informe anual de la CIDH llama la atención sobre los alarmante niveles de violencia contra la niñez

24 de octubre de 2018

Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad.

Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”.

Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”.

Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”.

Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”.

Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.


El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe (Sumario Ejecutivo)

21 de septiembre de 2018

La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.


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Archivo CLADE

Defendemos el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en audiencia ante el Comité de los Derechos del Niño

En base a estudio realizado en América Latina y el Caribe, representantes de CLADE, OMEP y EDUCO presentaron retos y recomendaciones (más…)