Brasil: En mensaje a la ONU, Campaña Nacional expresa preocupación con los derechos de niñas, niños y adolescentes
2 de junio de 2019Ante un llamado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, envió al órgano informaciones sobre el estado de los derechos de la niñez en el país, respecto a los campos temáticos que se enfocarán en la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en julio de este año.
La revisión tendrá lugar en el Foro Político de Alto Nivel, que se realizará del 9 al 18 de julio en Nueva York, enfocando el ODS 4 – referido a la educación – y también los objetivos de número 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 10 (reducción de las desigualdades), 13 (acción por el clima), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).
El OHCHR está elaborando un informe sobre los derechos de la niñez y los ODS que se presentará en el Foro Político de Alto Nivel y, para contribuir con su contenido, abrió dicha convocatoria al envío de aportes desde la sociedad civil.
Los insumos enviados al órgano por la Campaña Nacional de Brasil señalan fuertes riesgos de que los ODS 4, 8 y 16 no se realicen en el plazo previsto en el país, debido a una serie de medidas implementadas por el actual gobierno.
Asimismo, recogen datos alarmantes sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, como: el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024; el congelamiento de gastos públicos en educación y la no implementación de los mecanismos Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi) y Costo Alumno Calidad (CAQ), que establecen parámetros para el financiamiento de la educación pública de calidad; millones de niñas, niños y adolescentes sin acceso a la educación básica; el avance de la iniciativa “Escuela sin Partido”, que quiere prohibir la discusión de temas como política, igualdad racial e igualdad e identidad de género en las escuelas; una perspectiva reduccionista de la educación en la infancia y retrocesos para la educación inclusiva y la inserción de personas con discapacidad en el sistema público; el intento de reglamentar la educación domiciliar, como forma de incentivar la privatización de la enseñanza a distancia e impedir la socialización y el contacto de estudiantes con la pluralidad; el agravamiento de la situación de niñas, niños y adolescentes en condiciones de trabajo precarias, con la reforma laboral que flexibiliza derechos; y el cierre de espacios de participación de la sociedad civil en las políticas públicas, así como la eliminación de órganos administrativos participativos, afectando gravemente áreas como: derechos humanos, igualdad racial, indígenas, poblaciones rurales, población LGBTI y medio ambiente.
“En este contexto alarmante, instamos a que el OHCHR recomiende al Estado brasileño la restauración y el fortalecimiento de las instancias democráticas de participación de la sociedad civil, así como la reversión de los actuales retrocesos. También urgimos a que se respeten la Convención sobre los Derechos de la Niñez de la ONU y las observaciones hechas al Brasil por el Comité que hace seguimiento a dicha Convención. El Comité hizo un llamado para que el Estado brasileño asuma su responsabilidad por la garantía de recursos financieros adecuados para la implementación del Plan Nacional de Educación, inclusive en situaciones de crisis económica e inestabilidad política”, afirma Andressa Pellanda, coordinadora ejecutiva de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación.
En el informe que envió a la ONU, la Campaña presenta recomendaciones para la garantía del derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva, igualitaria y de calidad, desde la primera infancia y en base a una perspectiva de derechos.
Educación preescolar: 175 millones de niños y niñas están fuera de la escuela
15 de abril de 2019Según informe ‘Un mundo listo para aprender’, de UNICEF, falta inversión en la educación preescolar (0 a 6 años) en la mayoría de los países del mundo
Más de 175 millones de niñas y niños – alrededor de la mitad de las personas en edad preescolar de todo el mundo – no están matriculadas/os en educación preescolar, perdiendo así una oportunidad fundamental y sufriendo profundas desigualdades desde el comienzo de sus vidas. Es lo que presenta el primer informe mundial de UNICEF “Un mundo listo para aprender: Dar prioridad a la educación de calidad en la primera infancia.”
Según el informe, la riqueza de los hogares, el nivel de educación de las madres y padres, o su ubicación geográfica son algunos de los principales factores que determinan la asistencia o no a programas de enseñanza preescolar. Sin embargo, el principal factor determinante es la pobreza.
“En 64 países los niños más pobres tienen siete veces menos probabilidades que los niños de familias más ricas de asistir a los programas de educación en la primera infancia”, dice el documento.
La investigación afirma que, en 2017, un promedio del 6,6% de los presupuestos nacionales de educación en todo el mundo se dedicó a la educación preescolar, pero casi el 40% de los países sobre los que se dispone de datos asignan menos del 2% a esta partida.
“Esta falta de inversión mundial en la educación preescolar provoca a su vez una grave escasez de maestros capacitados en este ciclo educativo: en los países de ingresos bajos y medianos, donde viven más del 60% de los niños en edad preescolar del mundo, apenas hay un 32% de maestros de enseñanza preescolar”, señala el informe.
“De hecho, solo hay 422.000 profesores de preescolar enseñando actualmente en países de bajos ingresos. Con el aumento de la población y suponiendo que la proporción ideal de alumnos por maestro es de 20 a 1, el mundo necesitará 9,3 millones de nuevos maestros de preescolar para alcanzar la meta universal”, dice el documento.
Primera infancia en América Latina
Con miras profundizar en un mayor conocimiento del panorama de las leyes y políticas de educación en la primera infancia en América Latina y el Caribe, así como de su financiamiento y procesos de justiciabilidad, identificando avances y también desafíos relevantes para su realización como derecho humano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó en octubre de 2018, al lado de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) – Vicepresidencia Regional para América Latina – y con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, el estudio El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América Latina y el Caribe.
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Este estudio refuerza los hallazgos del informe de UNICEF respecto al acceso y a la calidad de la educación en la primera infancia.
“Las grandes desigualdades en la calidad de los establecimientos y programas están definidas tanto por la poca y discordante inversión en la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI), como por la parcialidad en sus propósitos y la propuesta educativa que fluctúa desde los centrados en cubrir sólo la supervivencia de los más pequeños, hasta los enfocados en propuestas integrales y holísticas. La oferta de baja calidad suele correlacionarse con las experiencias dirigidas a los niños y niñas que viven en contextos de pobreza, por lo que se redobla la injusticia de no acceder a sus derechos ni en el hogar, ni en las instituciones”, afirma la publicación de CLADE, OMEP Latinoamérica y EDUCO.
La investigación también demuestra que persiste una gran dispersión, fragmentación y, algunas veces, contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos establecida en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN).
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Informe anual de la CIDH llama la atención sobre los alarmante niveles de violencia contra la niñez
24 de octubre de 2018Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.
En el informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad.
Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.
Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”.
Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”.
Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”.
Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”.
Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.
El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe (Sumario Ejecutivo)
21 de septiembre de 2018La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
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