Conversaciones KIX: Fortalecimiento de la Educación Pública en Haití
11 de febrero de 2022La entrevista fue realizada por la investigadora del KIX LAC, Maciel Morales Aceitón.
En la conversación con Thelusmond se enfatizó que la tasa de privatización de las escuelas es altísima y por tanto el concepto de educación pública y universal para todas y todos los niños es precario, lo que representa para el entrevistado el fenómeno central de los problemas de la educación en Haití.
En este contexto cabe recordar que Haití fue un país pionero en la región, instaurando una Ley de Educación Obligatoria, sin embargo, su sistema educativo es uno de los más privatizados. Alrededor del 90% de sus escuelas son privadas y se encuentran bajo la dirección de las iglesias, ONG o pequeños empresarios, donde estudian el 80% de la población escolar. La tasa de alfabetización adulta no llega al 60% y la de niños que asisten a un centro educativo no supera el 50% (ONU, 2018).
En referencia a su trabajo en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación llevada adelante por REPT en Haití, creado para promover el derecho a la educación en todos los niveles en consonancia con la forma del movimiento global, y defender y trabajar para la educación pública, Thelusmond asegura que la única manera de hacer realidad este derecho es mediante la educación pública, principalmente convocando y agrupando a los titulares del derecho a la educación, a sus socios, a las organizaciones y aliados que apoyan este objetivo. “Debe haber un compromiso claro para desarrollar escuelas públicas con buenos planes de estudio, buenos maestros y maestras, buenas condiciones de trabajo y de vida, buenos materiales e infraestructura”. En esta línea, el entrevistado destacó los principales ejes de la estrategia de REPT: la investigación sobre lo que ocurre en el sistema público, la difusión y concientización de sus condiciones, las alianzas con organizaciones de trabajadores de la educación, mujeres, jóvenes, y un cuarto eje referido a la realización de esfuerzos regionales e internacionales para apoyar los procesos en Haití.
Por último, nuestro entrevistado defendió la tesis de que “en Haití podemos ver como aumenta la desigualdad y la discriminación, por lo que la educación pública ayudará a promover la igualdad y la convivencia, a luchar contra la discriminación y a no producir categorías de ciudadanos”.
>> Documental Dignité The Human Right to Education in Haiti
Elaborado por la CLADE en alianza con la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití, presenta un conjunto de testimonios de haitianos y haitianas sobre la educación en su país. Estudiantes, docentes, directoras y directores, padres y madres, personas estudiosas, activistas, representantes de gobierno y de organismos internacionales, hablan sobre los desafíos de la educación nacional y plantean propuestas para la construcción de un sistema educativo garante de derechos. Fue lanzado el 24 de abril de 2015, en la Universidad del Estado de Haití, en Puerto Príncipe, durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME).
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país. “Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas: 1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio. 2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa. 3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías. 4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo. 5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros. 6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo. 7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura. 8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
">Entre 2016 y el presente: la educación argentina presenta avances y retrocesos
8 de febrero de 2022Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030.
“La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país.
“Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.
Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas:
1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.
2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa.
3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías.
4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo.
5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros.
6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo.
7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura.
8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.
* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
Ruta de Incidencia por el Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas – Guía para Organizaciones Sociales de Cara a la VII CONFINTEA
7 de febrero de 2022De carácter informativo y didáctico, esta publicación tiene el objetivo de apoyar a que las organizaciones de la sociedad civil interesadas en profundizar sobre los procesos de incidencia por la EPJA se involucren más fuertemente en el proceso preparatorio de la VII Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA).
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La Educación Pública Funciona: cinco lecciones de países de bajos y medianos ingresos
31 de enero de 2022Al revisar seis ejemplos de educación pública en países en desarrollo, entre ellos cuatro de América Latina y el Caribe (Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador), este resumen en español de una investigación originalmente publicada en inglés, por el Consorcio Internacional sobre Derechos Humanos y Privatización, muestra que, en contraste directo con ideas ampliamente difundidas, la educación pública puede ser un abordaje más eficaz y transformador, y lo más importante: es posible desarrollar una educación pública de calidad en todas las partes del mundo.
>> Nota con mensajes-clave del estudio (en español).
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Educación para personas jóvenes y adultas migrantes y refugiadas en América Latina Contexto, experiencias y situación en el marco de la pandemia
28 de enero de 2022Este documento, que se elaboró a partir de la actualización y ampliación de un trabajo previo de la CLADE (2020), destaca no solo los marcos más recientes en la materia (jurídicos, políticos e institucionales), sino también una sistematización de experiencias de políticas públicas en torno a la educación de personas jóvenes y migrantes existen vivencias muy diversas en Brasil, Ecuador, El Salvador, Bolivia y México que ofrecen importantes elementos para la consolidación de ofertas educativas a las personas en movilidad). Asimismo, aborda los desafíos encontrados en el marco de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 desde 2020 y formula una serie de recomendaciones en materia de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones.
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Necesidades y demandas de la sociedad civil colombiana en torno a la educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida para personas jóvenes y adultas
Con la realización del Encuentro Nacional de Colombia hacia la Confintea VII en 2022: “Necesidades y demandas de la sociedad civil colombiana en torno a la educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida para personas jóvenes y adultas”, realizado en septiembre 25, en el Salón Constitución del Capitolio Nacional del Congreso de la República de Colombia, buscamos visibilizar y sensibilizar acerca de la situación de la EPJA en Colombia, y construir un marco de recomendaciones, a ser incluidas en los documentos que surjan de la CONFINTEA VII que se realizará en 2022, evento mundial de educación de personas jóvenes y adultas, que desde UNESCO convoca
a los gobiernos de los países de diferentes regiones del mundo para revisar las políticas de la EPJA y que se realiza cada 12 años.
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Derechos humanos, comunicación y liderazgo – pistas para defender el derecho humano a la educación
La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación en conjunto con la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y la sociedad civil ha dado la lucha para que el Estado garantice que todos y todas puedan acceder a la educación, y en este marco se vio la necesidad de fortalecer a los y las estudiantes en el acercamiento y apropiación tecnológica y en el conocimiento de herramientas o acciones constitucionales para defender su Derecho Humano a la Educación.
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Informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el trabajo infantil y educación en países de Sudamérica
23 de diciembre de 2021Año de publicación: 2021
Publicado por: Marcha Global Contra el Trabajo Infantil
Este documento, escrito durante la crisis sanitaria causada por COVID-19, tiene el objetivo de evaluar cuáles fueron sus impactos en la educación y en el trabajo infantil. Para ello, recopiló información en siete países de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), a partir de fuentes secundarias de organismos multilaterales, organizaciones Internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de sociedad civil.
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La situación de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe en contexto de pandemia (Resumen ejecutivo)
Síntesis, recomendaciones y líneas estratégicas con base en diagnóstico que ofrece una mirada descriptiva y analítica de las iniciativas impulsadas en América Latina y el Caribe en Educación con Personas Jóvenes y Adultas durante el ciclo pandémico. Tiene como propósito contribuir, desde la región, al proceso de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII), que a nivel de América Latina y el Caribe fue realizada en julio y a nivel internacional tendrá lugar en Marruecos durante el año 2022.
>> Mensajes clave del documento.
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La situación de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe en contexto de pandemia
El estudio ofrece una mirada descriptiva y analítica de las iniciativas impulsadas en América Latina y el Caribe en Educación con Personas Jóvenes y Adultas durante el ciclo pandémico. Encargado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), tiene como propósito contribuir, desde la región, al proceso de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII), que a nivel de América Latina y el Caribe fue realizada en julio y a nivel internacional tendrá lugar en Marruecos durante el año 2022.
>> Mensajes clave del documento.
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