Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible enfocará la situación del derecho a la educación

4 de marzo de 2022

Costa Rica acogerá, del 7 al 9 de marzo de 2022, la quinta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizada por la CEPAL. En el evento, altas autoridades y representantes de gobiernos, del Sistema de las Naciones Unidas, instituciones internacionales, sector privado, academia y sociedad civil se darán cita para revisar los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – en la región.

El encuentro intergubernamental, que se realizará en modalidad híbrida, será inaugurado el lunes 7 de marzo a las 08:00 a.m. hora de Costa Rica (GMT-6) por Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica, país que ejerce la presidencia pro témpore de la CEPAL; Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

>> La agenda completa del evento está disponible aquí.

>> Será posible acompañar el evento en vivo a través del Facebook de CEPAL.

El Foro regional busca proporcionar oportunidades de aprendizaje entre pares a través de exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes. Sus conclusiones son remitidas directamente al Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, mecanismo global de seguimiento de la Agenda 2030 que sesiona cada mes de julio en Nueva York.

En el marco de la reunión, Alicia Bárcena presentará el quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, titulado “Una década de acción para un cambio de época”.

Entérate más.

Participación de la sociedad civil

Dentro del programa oficial del Foro, el miércoles 9 de marzo, de 8:30 a 10:00 (horario de Costa Rica), Nora González Chacón, punto focal del grupo de educación, ciencia y tecnología del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, participará en la mesa con el tema “Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Chacón es coordinadora de la Agenda Ciudadana por la Educación (ACED) y miembro del comité directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

> Esta y otras actividades oficiales del evento podrán ser seguidas virtualmente en vivo a través del sitio web de la reunión, del portal de internet oficial de la CEPAL www.cepal.org, la página https://live.cepal.org/ y las cuentas institucionales en Twitter (https://twitter.com/cepal_onu) y Facebook (https://www.facebook.com/cepal.onu).


En el día anterior al inicio del Foro, se realizará en modalidad virtual la “Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa a la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, a celebrarse el 6 de marzo de 9.00 a 13.00 horas (horario de Costa Rica).

Este encuentro permitirá a representantes de la sociedad Civil intercambiar ideas experiencias y propuestas, respecto a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en los países de nuestra región, considerando especialmente el impacto del COVID 19 y la necesidad de adecuar la respuesta de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto.

El encuentro de la sociedad civil será exclusivamente en modalidad virtual. Para participar deberá inscribirse primero en el registro de participantes del Foro, en la página Oficial de la CEPAL (https://eventos.cepal.org/event/66/registrations/) y luego inscribirse en el registro de la reunión de la sociedad civil, completando este formulario de inscripción.

De este foro de sociedad civil resultará una declaración con propuestas, análisis y demandas que se presentará ante el Foro oficial.

>> Para saber más, descarga aquí la agenda del encuentro.


¿Qué se discutirá en el Foro y cuál es su importancia para la educación de América Latina y el Caribe?

Cada año, las revisiones oficiales sobre el cumplimiento de los ODS se enfocan en objetivos específicos. En el año 2022, con la perspectiva adoptada por la ONU sobre el carácter integral e indivisible de la Agenda 2030, se analizará especialmente el estado de cumplimiento de los siguientes objetivos:

➢ ODS 4 (Educación).
➢ ODS 5 (Igualdad de Géneros).
➢ ODS 14 (Océanos y Mares).
➢ ODS 15 (Ecosistemas Terrestres).
➢ ODS 17 (Alianzas Inclusivas).

Al final del Foro, los gobiernos participantes presentarán una declaración final que resultará de los análisis de los ODS mencionados: su situación, desafíos, avances y compromisos para fortalecer la agenda hacia futuro.

Con el objetivo de que la voz de la sociedad civil de la región quede expresada en este documento final, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible (MeSCALC), en el cual integrantes de la CLADE participan activamente, desarrolló un proceso previo de consulta a los grupos de representación temática y colectivos de la región sobre el cumplimiento de los ODS que se enfocan en la revisión de este año.

Como resultado, se identificaron desafíos y propuestas para contribuir al progreso de la Agenda 2030 en los países de la región, con la expectativa de mejorar el diálogo con los gobiernos para una contribución cualitativa. Estos hallazgos y mensajes clave fueron compartidos con la CEPAL, y se espera que sean observados por las autoridades.


Mensajes sobre el ODS 4, referido a la educación, que salieron de la consulta

1) Es indispensable reforzar la educación pública como derecho humano fundamental desde la infancia y a lo largo de la vida. Es importante garantizar este derecho en todos los niveles obligatorios, asegurando una educación de calidad y permanente desde el nacimiento hasta el nivel superior. Ello incluye la educación universitaria como derecho humano que debe garantizar el Estado de manera gratuita, de calidad, accesible, asegurando el presupuesto necesario.

2) La educación debe entenderse como un bien público de acceso irrestricto, laico, a lo largo de la vida y que garantice ofertas para personas adultas que no han tenido la oportunidad de acceder al derecho a la educación en los tiempos previstos. Se destaca la importancia de una educación emancipadora, transformadora, despatriarcalizadora, decolonizadora, antirracista e intercultural.

3) Considerando la situación de pandemia y las necesidades propias de la sociedad del conocimiento hay que determinar el fortalecimiento de las radios comunitarias, el acceso a internet como un derecho humano; garantizar equilibrios regionales y una cobertura amplia en términos de conectividad, equipamiento y competencias digitales. El efectivo acceso a la conectividad como derecho requiere su consideración como bien y servicio público por los Estados.

4) Formar en competencias digitales a la ciudadanía, sin discriminar por estatus migratorio o de otros tipos, así como transferir recursos, equipos y dispositivos necesarios a estudiantes, docentes y centros educativos para el acceso a la educación digital en todos los niveles.

5) Es indispensable y urgente aumentar la proporción de presupuesto nacional dedicado a la educación, especialmente presupuestos sensibles al género. Que los países de nuestra región se comprometieron a asignar y cumplir con un mínimo del 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional para la educación.

6) Las políticas complementarias que coadyuvan a garantizar el derecho humano a la educación se centran en la protección social universal, la promoción del ingreso básico universal como derecho ciudadano, así como el apoyo dirigido a hogares encabezados por madres solas o monoparentales. Es urgente una reforma fiscal que disminuya la regresividad de los actuales esquemas impositivos en la región de igual forma avanzar en el marco normativo y la institucionalidad para hacer frente a la discriminación, violación de derechos humanos, y a todo tipo de violencia.

7) Reconocer y respaldar las distintas formas de educación en las comunidades y pueblos: los saberes ancestrales, conocimientos y la relación con la naturaleza y comunidad son aprendizajes importantes y deben contar con los insumos necesarios, así como la consulta y el diálogo permanente con los pueblos y comunidades involucrados.

8) Es necesario considerar medidas de estímulo a la escolarización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con transferencias de ingresos familiares asociados a la concurrencia a la escuela. En este nivel, es imperante, debido a la crisis humanitaria de migración, que a las niñas, niños y adolescentes migrantes en fronteras y dentro de los países, se les garantice la educación, incluyendo materiales educativos como seguimiento de avances escolares y de educación sexual integral promotores de derechos como estrategia fundamental para promover la equidad de género y el respeto a las diversidades sexuales.

>> Para saber más, descarga aquí el documento con todos los mensajes de la sociedad civil sobre la situación de los ODS


Foto: Proyecto Lechuza/Alexander Reyes Guevara

Nicaragua: Conceptos que debes conocer sobre género y violencia de género

3 de marzo de 2022

En el marco de su participación en el proyecto regional “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”, el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) ha impulsado la iniciativa “Conceptos que debes conocer”.

El objetivo fue informar a la audiencia de las redes sociales sobre temas como el género, violencia, violencia de género, u otros tipos de violencia, así como la violencia escolar y la discriminación. Esta iniciativa cuenta con conceptos básicos necesarios para saber diferenciar e identificar los tipos de violencia que se viven en la sociedad nicaragüense. A continuación, una recopilación sobre los contenidos que se han publicado en la red de Facebook del FEDH-IPN.

Una cultura de violencia- lo que Nicaragua debe erradicar

En Nicaragua, el concepto de género ha logrado tomar un lugar en la conciencia de las personas, pues en los últimos años se ha conversado sobre el tema. Sin embargo, se espera que la conciencia sobre la violencia de género también sea parte de las problemáticas a erradicar.

Inicialmente, para entender el concepto de género es necesario distinguirlo del concepto de sexo. La diferencia entre sexo y género radica en que el primero se concibe como un dato biológico y el segundo como una construcción social, cultural e histórica. El término sexo refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, genéticas, hormonales y anatómicas a partir de las cuales las personas son caracterizadas como hombres o mujeres.

Asimismo, puede aclararse que, según la CARTILLA: VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS (CLADE, 2016), el término violencia de género se refiere a todo acto que se comete contra una persona o grupo de personas en razón de su género y que puede incluir actos que causen daño o sufrimiento físico, sexual o mental, amenazas de tales actos, coerción u otros tipos de privación de la libertad. Estos actos se expresan mediante conductas, actitudes, comportamientos y prácticas conscientes y aprendidas.

Por otra parte, de acuerdo a la misma publicación, no es lo mismo violencia de género que violencia hacia las mujeres. Pues se considera violencia hacia las mujeres todos aquellos actos dirigidos a mujeres que tengan o puedan tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada.

En Nicaragua, la violencia hacia las mujeres no ha sido visibilizada como se esperaría o debería, pues en 2019 el Observatorio Voces reportó 63 femicidios, mientras que la Policía reportó únicamente 12 casos.

Por consiguiente, existen diversas manifestaciones de violencia:

Violencia psicológica: Puede producirse en múltiples modalidades de agresiones intelectuales o morales y conductas verbales donde se produzca la desvalorización de la mujer u otros cuerpos feminizados, por el hecho de serlo. La violencia psicológica se puede producir en el ámbito familiar o fuera de él, en el ámbito social y laboral: Amenazas, insultos, acusaciones, control de las amistades, control del dinero, desprecio, intimidación, ridiculización, etc. Usualmente, es previa a la violencia física pero suele darse paralelamente con esta.
Violencia física: Se produce con cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer y otros cuerpos feminizados con posibilidad de daño producido por una persona con una relación emocional con la víctima, convivan o no juntos. Son ejemplo de este tipo de violencia los golpes, tirones de cabello, patadas, puñetazos, mordiscos, quemaduras, heridas con arma, privación del cuidado de médicos durante una enfermedad, privación de comida, “secuestro” en el hogar, expulsión violenta del hogar… Todas estas situaciones pueden derivar en homicidio.
Violencia contra las infancias: Cualquier forma de violencia ejercida sobre las infancias es injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a las infancias de muchas formas. En primer lugar, condiciona su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causa serios problemas de salud. En tercer lugar, los convierte en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer.

De igual forma, existe otro tipo de violencia que se presenta en las escuelas, en los cursos extracurriculares u otros lugares, y no ha sido visibilizada lo suficiente, como para contrarrestar sus efectos en las víctimas.

Se trata de la violencia escolar: Según la Unesco, alrededor de 246 millones de niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia escolar. Se considera violencia escolar todo comportamiento que conlleva agresión física, psicológica, verbal o amenazante dentro del entorno educativo. Este término conduce al siguiente:

La discriminación, en otro sentido, se efectúa al dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad, así como puede ser directa, indirecta o interseccional.

Finalmente, cada manifestación de violencia debe ser erradicada, pues la violencia no permite que las personas crezcan y se desarrollen plenamente en su entornos, por esta razón, las nuevas generaciones nicaragüenses deben conocer la importancia de luchar en contra de la discriminación y las diferentes formas de violencia que las mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren día a día.

Este trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo y la subvención concedida por el Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la Educación (GPE) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.


Haití: Arranca en el país proyecto de investigación-acción participativa para superar la violencia de género en las escuelas rurales

15 de febrero de 2022

El último día 30 de enero, tuvieron inicio en Haití las actividades de investigación de campo del proyecto “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”. A ser implementada de 2021 a 2023 en Nicaragua, Honduras y Haití, la iniciativa es coordinada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con Alternatives (Canadá), y en los países es realizada por el Foro Dakar Honduras, la Reagrupación para Todas y Todos de Haití (REPT) y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.

El equipo de investigación en Haití, compuesto por dos personas, acompañadas por el director ejecutivo de la REPT, William Thelusmond, visitó la Escuela Nacional de Roch Lakou, en la sección comunal de Lasidras, una escuela objetivo del proyecto ubicada en la ciudad de Saint Michel de Latalaille. En la ocasión, fue realizado con éxito el primer grupo focal con la participación de seis personas, entre ellas un educador. La reunión tuvo lugar en un salón de clases de 5° y 6° año de enseñanza fundamental.

El grupo focal previsto para el 31 de enero no se pudo llevar a cabo debido al malo estado meteorológico de la zona, que tenía las vías sumamente intransitables. Finalmente, se llevaron a cabo entrevistas y un segundo grupo focal el 1º de febrero por la tarde, con la participación de 8 personas.

La reunión demostró la comprensión de las personas sobre el tema del proyecto y su importancia. Personas entrevistadas y participantes de los grupos focales expresaron su percepción de la violencia de género. La mayoría reconoce la existencia de esta problemática en la escuela, relacionada con el bullying. Para algunas, incluso, el patio de la escuela, por no estar cercado, posibilita la violencia contra estudiantes.

Este trabajo se llevó a cabo gracias al apoyo y la subvención concedida por el Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la Educación (GPE) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.
Compartimos algunas fotos de estos primeros días de trabajo de campo a continuación.

Fotos: REPT


Conversaciones KIX: Fortalecimiento de la Educación Pública en Haití

11 de febrero de 2022

La entrevista fue realizada por la investigadora del KIX LAC, Maciel Morales Aceitón.

En la conversación con Thelusmond se enfatizó que la tasa de privatización de las escuelas es altísima y por tanto el concepto de educación pública y universal para todas y todos los niños es precario, lo que representa para el entrevistado el fenómeno central de los problemas de la educación en Haití.

En este contexto cabe recordar que Haití fue un país pionero en la región, instaurando una Ley de Educación Obligatoria, sin embargo, su sistema educativo es uno de los más privatizados. Alrededor del 90% de sus escuelas son privadas y se encuentran bajo la dirección de las iglesias, ONG o pequeños empresarios, donde estudian el 80% de la población escolar. La tasa de alfabetización adulta no llega al 60% y la de niños que asisten a un centro educativo no supera el 50% (ONU, 2018).

En referencia a su trabajo en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación llevada adelante por REPT en Haití, creado para promover el derecho a la educación en todos los niveles en consonancia con la forma del movimiento global, y defender y trabajar para la educación pública, Thelusmond asegura que la única manera de hacer realidad este derecho es mediante la educación pública, principalmente convocando y agrupando a los titulares del derecho a la educación, a sus socios, a las organizaciones y aliados que apoyan este objetivo. “Debe haber un compromiso claro para desarrollar escuelas públicas con buenos planes de estudio, buenos maestros y maestras, buenas condiciones de trabajo y de vida, buenos materiales e infraestructura”. En esta línea, el entrevistado destacó los principales ejes de la estrategia de REPT: la investigación sobre lo que ocurre en el sistema público, la difusión y concientización de sus condiciones, las alianzas con organizaciones de trabajadores de la educación, mujeres, jóvenes, y un cuarto eje referido a la realización de esfuerzos regionales e internacionales para apoyar los procesos en Haití.

Por último, nuestro entrevistado defendió la tesis de que “en Haití podemos ver como aumenta la desigualdad y la discriminación, por lo que la educación pública ayudará a promover la igualdad y la convivencia, a luchar contra la discriminación y a no producir categorías de ciudadanos”.

>> Documental Dignité The Human Right to Education in Haiti

Elaborado por la CLADE en alianza con la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití, presenta un conjunto de testimonios de haitianos y haitianas sobre la educación en su país. Estudiantes, docentes, directoras y directores, padres y madres, personas estudiosas, activistas, representantes de gobierno y de organismos internacionales, hablan sobre los desafíos de la educación nacional y plantean propuestas para la construcción de un sistema educativo garante de derechos. Fue lanzado el 24 de abril de 2015, en la Universidad del Estado de Haití, en Puerto Príncipe, durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME).


Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al <a href=Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030. “La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país. “Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.
Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas: 1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio. 2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa. 3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías. 4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo. 5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros. 6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo. 7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura. 8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.
* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
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Tras la presentación del Informe País 2021, hecho por el gobierno argentino sobre los indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación presenta una serie de recomendaciones para que el derecho a la educación a todas y todos sea garantizado en el país.

Entre 2016 y el presente: la educación argentina presenta avances y retrocesos

8 de febrero de 2022

Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030.

“La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.

Educación durante la pandemia

La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país.

“Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.

Recomendaciones*

Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas:

1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.

2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa.

3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías.

4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo.

5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros.

6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo.

7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura.

8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.


* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.

 


Ruta de Incidencia por el Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas – Guía para Organizaciones Sociales de Cara a la VII CONFINTEA

7 de febrero de 2022

De carácter informativo y didáctico, esta publicación tiene el objetivo de apoyar a que las organizaciones de la sociedad civil interesadas en profundizar sobre los procesos de incidencia por la EPJA se involucren más fuertemente en el proceso preparatorio de la VII Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA).


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La Educación Pública Funciona: cinco lecciones de países de bajos y medianos ingresos

31 de enero de 2022

Al revisar seis ejemplos de educación pública en países en desarrollo, entre ellos cuatro de América Latina y el Caribe (Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador), este resumen en español de una investigación originalmente publicada en inglés, por el Consorcio Internacional sobre Derechos Humanos y Privatización, muestra que, en contraste directo con ideas ampliamente difundidas, la educación pública puede ser un abordaje más eficaz y transformador, y lo más importante: es posible desarrollar una educación pública de calidad en todas las partes del mundo.

>> Estudio completo (en inglés).

>> Resumen ejecutivo en inglés.

>> Nota con mensajes-clave del estudio (en español).


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Educación para personas jóvenes y adultas migrantes y refugiadas en América Latina Contexto, experiencias y situación en el marco de la pandemia

28 de enero de 2022

Este documento, que se elaboró a partir de la actualización y ampliación de un trabajo previo de la CLADE (2020), destaca no solo los marcos más recientes en la materia (jurídicos, políticos e institucionales), sino también una sistematización de experiencias de políticas públicas en torno a la educación de personas jóvenes y migrantes existen vivencias muy diversas en Brasil, Ecuador, El Salvador, Bolivia y México que ofrecen importantes elementos para la consolidación de ofertas educativas a las personas en movilidad). Asimismo, aborda los desafíos encontrados en el marco de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 desde 2020 y formula una serie de recomendaciones en materia de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones.

>> Webinario de lanzamiento.


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Necesidades y demandas de la sociedad civil colombiana en torno a la educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida para personas jóvenes y adultas

Con la realización del Encuentro Nacional de Colombia hacia la Confintea VII en 2022: “Necesidades y demandas de la sociedad civil colombiana en torno a la educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida para personas jóvenes y adultas”, realizado en septiembre 25, en el Salón Constitución del Capitolio Nacional del Congreso de la República de Colombia, buscamos visibilizar y sensibilizar acerca de la situación de la EPJA en Colombia, y  construir un marco de recomendaciones, a ser incluidas en los documentos que surjan de la CONFINTEA VII que se realizará en 2022, evento mundial de educación de personas jóvenes y adultas, que desde UNESCO convoca
a los gobiernos de los países de diferentes regiones del mundo para revisar las políticas de la EPJA y que se realiza cada 12 años.


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Derechos humanos, comunicación y liderazgo – pistas para defender el derecho humano a la educación

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación en conjunto con la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y la sociedad civil ha dado la lucha para que el Estado garantice que todos y todas puedan acceder a la educación, y en este marco se vio la necesidad de fortalecer a los y las estudiantes en el acercamiento y apropiación tecnológica y en el conocimiento de herramientas o acciones constitucionales para defender su Derecho Humano a la Educación.


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