Argentina: Sociedad civil exige infraestructura escolar segura
10 de agosto de 2018Ante la tragedia que tuvo lugar en la escuela nº 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) pone en marcha una petición para exigir la garantía de la seguridad de la infraestructura escolar. (más…)
No dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030
28 de julio de 2018En este documento, que presentamos a las autoridades reunidas en la II Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, planteamos la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la Agenda 2030
En el marco de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (AL&C), la CLADE lanzó un análisis de la situación del financiamiento educativo en la región, en base a los datos de su Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en AL&C, así como informaciones de fuentes nacionales.
>> Descargue aquí la versión actualizada del análisis, lanzada en 2020.
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Vernor Muñoz: “La lucha por una escuela inclusiva no puede darse dentro de una comunidad excluyente”
27 de julio de 2018Como insumos para los debates de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, el consultor presentó los resultados de estudios realizados en las temáticas aprendizaje a lo largo de la vida, docentes, calidad, equidad e inclusión
La II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe tuvo lugar los días 25 y 26 de julio en Cochabamba, Bolivia, con miras a discutir y elaborar una Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación, y la Agenda de Educación 2030 (E2030) en América Latina y el Caribe.
En este marco, Vernor Muñoz, quien estuvo a cargo de coordinar estudios para el encuentro, presentó los resultados de estas investigaciones en las temáticas: aprendizaje a lo largo de la vida; docentes; calidad; equidad e inclusión.
Sobre inclusión y equidad, Muñoz afirmó que la pobreza agrava la discriminación que sufren pueblos y personas históricamente marginadas por razones ideológicas, políticas o culturales. Asimismo, señaló que la violencia, el castigo corporal, la intimidación y la actuación de pandillas igualmente afectan la inclusión y la equidad en la educación.
Expuso que la lucha por una escuela inclusiva no puede darse dentro de una comunidad excluyente o de un Estado intolerante. “Sistemas educativos basados en jerarquías alimentan el imaginario político e ideológico, contribuyendo a constituir sistemas políticos neocoloniales, que definen a su vez modelos de sociedad, de Estado y de escuela”, destacó.
Respecto a la calidad educativa, Muñoz subrayó que esta es una categoría disputada por diversas ideologías, y criticó las concepciones que priorizan el rendimiento escolar, el desarrollo de competencias y el capital humano.
“Las realidades comunitarias en Estados multiétnicos y pluriculturales, como los de nuestra región, conducen al cuestionamiento de modelos educativos homogeneizantes que impiden encontrar sentido en lo complejo y en lo diverso”, apuntó, destacando que la calidad educativa no puede ser unívoca en su contenido.
Sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, el consultor afirmó que no debe limitarse a la formación para el empleo, y destacó que es necesario garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación para personas jóvenes y adultas (EPJA), con la elaboración de currículos, directrices y estándares de calidad, desde la perspectiva de derechos humanos. Recomendó, además, la ampliación del acceso de grupos históricamente excluidos a la educación superior, así como la revisión de los alcances, estrategias y métodos de las modalidades formal y no formal de educación.
Por fin, en relación a la cuestión de las y los docentes, afirmó que la preparación técnico-académica no es suficiente para fortalecer la profesión y promover buenos resultados de las y los estudiantes. “No se puede esperar que docentes produzcan los cambios que no se realizan en la esfera política”.
Señaló que es necesario volver atractiva la profesión docente. “Docentes de pre-escolar y primaria ganan por hora entre 32% y 40% menos que otros profesionales y técnicos. Docentes de secundaria ganan por hora entre 12% y 26% menos que los otros profesionales”. Según Muñoz, para mejorar las condiciones laborales de las y los docentes, es preciso reconocer que sus sindicatos son actores fundamentales para las reformas y políticas educativas.
Lea la intervención completa de Vernor Muñoz aquí.
Procurando acelerar el paso 2017 – Informe regional
23 de julio de 2018Educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe es el tema del informe regional desarrollado por “Procurando acelerar el paso 201″7. La publicación es del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), a cargo del Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), con el apoyo del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida/ UIL-UNESCO. El archivo reúne:
- Contexto y desafíos de la EPJA;
- Repensando la EPJA;
- Análisis de la evolución del marco de acción de Belem (CONFINTEA VI), en América Latina y el Caribe;
- Políticas;
- Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA): impacto en el trabajo y la salud;
- Recomendaciones generales.
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Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos
20 de julio de 2018La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.
Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).
Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.
Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.
El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.
Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.
En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.
Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.
Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13
Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:
http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/
Declaración Final del Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación
4 de julio de 2018El encuentro “Igualdad de Género, Violencia y Educación en Centroamérica: Estrategias de Transformación”, fue promovido por la CLADE, con el apoyo de UNICEF, en El Salvador. Esta Declaración Final es fruto de los debates, reflexiones y recomendaciones que se hicieron durante el encuentro.
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Movimientos y organizaciones sociales de Brasil se movilizan para proteger la educación en la primera infancia
11 de junio de 2018El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño discute la idad mínima ideal para acceder a la educación básica y la posibilidad de que niñas y niños con menos de 6 años de edad completos se matriculen en la escuela primaria, en vez de frecuentar la pre-escuela.
El Movimiento Interforos de Educación Infantil de Brasil (MIEIB) se posicionó públicamente en contra de la reducción de la edad mínima para acceder a la primaria, argumentando que la educación infantil es la etapa de enseñanza que mejor puede realizar el derecho a la educación y al cuidado de las niñas y los niños de menos de 6 años. “La forma con que la niña o el niño de 0 a 5 años y 11 meses se relaciona con el mundo requiere espacios adecuados en los que se pueda jugar, descansar, experimentar y realizar actividades estructuradas, espontáneas, o libres”, afirma el posicionamiento público del MIEIB.
También se destaca en el comunicado el riesgo de que niñas/os de 4 y 5 años de edad sean sometidas/os a pruebas de evaluación de desempeño para ingresar en la enseñanza básica, ante cupos limitados en determinados centros educativos. De acuerdo con el MIEIB, “caso se admita el ingreso de niñas y niños menores de 6 años en la primaria, en poco tiempo, tendremos escuelas ofreciendo cursos de preparación para exámenes de ingreso y, además, materiales para orientar los currículos de las instituciones de educación infantil como forma de preparar las niñas y los niños para estas evaluaciones”.
Sumika Freitas, integrante del MIEIB y de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, comenta que este debate en el Supremo Tribunal Federal pone en riego el derecho a la infancia, pues de las/os 11 ministras y ministros del STF que ya se posicionaron, 4 votaron a favor, 4 en contra, y 1 solicitó vista en el proceso y 3 todavía votarán sobre el establecimiento de la edad mínima de 5 años completos para acceder a la escuela primaria. “Esperamos que el STF considere la importancia de la primera infancia como momento precioso en el desarrollo de las y los ciudadanas/os brasileñas/os. Una etapa de construcción de las bases de los individuos, un momento que no debe reducirse ni apresurarse”, subraya Freitas.
Encuentro aborda políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha para superar la violencia de género en y desde la educación
6 de junio de 2018Como parte del programa del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realizó del 28 al 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, impulsado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de UNICEF, y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) como alfitriona local, se realizó el día 28 de mayo el panel “Igualdad y violencia de género en y desde la educación: políticas y prácticas educativas como instrumentos de lucha”. (más…)
Colombia: Avanza la privatización de la educación universitaria
26 de abril de 2018El Senado colombiano aprobó el 4 de abril la mayoría de los artículos del proyecto de ley 174/2017, de autoría del Ministerio de Educación Nacional, que convierte los créditos educativos en una trampa para el bolsillo de las y los universitarias/os. Esta norma se aplicará a estudiantes e instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en los términos que el gobierno reglamente.
El punto central del proyecto de ley es transformar el carácter de la deuda que adquirieron las y los futuras/os beneficiarias/os de créditos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una entidad financiera vinculada al Ministerio de Educación. La deuda estudiantil dejará de ser un déficit bancario para convertirse en tributario, lo que significa que no se extinguirá por insolvencia o muerte de la o del deudora/r, sino que podrá ser heredada por sus hijas/os.
En un comunicado público, el senador colombiano Senén Niño (Polo Patriótico) declaró que “este proyecto de ley se constituye en otro atentado contra el derecho fundamental a la educación gratuita en las instituciones oficiales de educación superior, y en una trampa al bolsillo de los colombianos”.
De acuerdo al parlamentario, al tratar la educación universitaria en Colombia como un negocio, el proyecto de ley ataca el derecho humano a la educación gratuita en el país. Además, esta medida desmotiva la población con menos ingresos a acceder a la enseñanza superior, por temor a endeudarse.
La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebra del 22 al 28 de abril de 2018, se suma a la movilización estudiantil que se opone al proyecto de Ley 174/2017, por considerarlo lesivo para las y los estudiantes, sus familias y las futuras generaciones.
“Defendemos la gratuidad y universalidad de la educación, logrando el ingreso pleno y gratuito de la población colombiana al sistema educativo de calidad, público, estatal, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; incluyendo la educación de personas jóvenes y adultas y terminando así con el endeudamiento de las familias más empobrecidas con el ICETEX y con los bancos, por causa de la educación”, afirma la CCDE en posicionamiento público lanzado en el contexto de la SAME.
En entrevista a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), Cecilia Gómez, integrante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, manifestó que el proyecto de ley 174 tiene varios aspectos negativos para las/os estudiantes; por una parte, para estudiantes que son de clases populares la deuda es lesiva y atenta contra el derecho humano a la educación. Para Gómez, se abre camino a la privatización de la educación, perdiendo el derecho plural y democrático de acceso. Y por último, si esa deuda no puede ser cubierta por los y las estudiantes son sus familiares quienes tendrían la obligación de pagarla.
Lea y escuche también aquí entrevista sobre el proyecto de Ley 174/2017, realizada por ALER con el senador Senén Niño.
