<span style= Pasados tres años de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible - 2015) y cumpliendo más de ocho años de existencia del Marco de Acción de Belém (2009), instrumentos clave de la lucha por los derechos humanos y la garantía del derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sigue reiterando la relevancia de fortalecer el derecho a la EPJA a nivel nacional, regional e internacional. La CLADE - en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil - publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando, a la vez, su especial compromiso con el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. El documento afirma que es clara la interrelación y esencialidad de la EPJA en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible asociados al combate de la pobreza y al hambre, a los temas alimentarios y la nutrición, la agricultura sostenible, la vida sana y al bienestar en todas las edades (ODS 1, 2, 3). Asimismo, señala la contribución de la EPJA en todos aquellos objetivos asociados a las diversas dimensiones de la sostenibilidad (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 15), al empleo (ODS 8), a la reducción de las desigualdades y a la promoción de sociedades más pacíficas e inclusivas, así como al acceso a la justicia (ODS 10 y 16). Lea el documento completo (español) Lea el documento completo (inglés)">
CLADE, en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales

Garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para promover los otros derechos humanos fundamentales

7 de diciembre de 2018

Pasados tres años de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible – 2015) y cumpliendo más de ocho años de existencia del Marco de Acción de Belém (2009), instrumentos clave de la lucha por los derechos humanos y la garantía del derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sigue reiterando la relevancia de fortalecer el derecho a la EPJA a nivel nacional, regional e internacional.

La CLADE – en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil – publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando, a la vez, su especial compromiso con el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

El documento afirma que es clara la interrelación y esencialidad de la EPJA en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible asociados al combate de la pobreza y al hambre, a los temas alimentarios y la nutrición, la agricultura sostenible, la vida sana y al bienestar en todas las edades (ODS 1, 2, 3). Asimismo, señala la contribución de la EPJA en todos aquellos objetivos asociados a las diversas dimensiones de la sostenibilidad (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 15), al empleo (ODS 8), a la reducción de las desigualdades y a la promoción de sociedades más pacíficas e inclusivas, así como al acceso a la justicia (ODS 10 y 16).

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Hay que debatir y garantizar el financiamiento en la Educación pública, gratuita y de calidad

30 de noviembre de 2018

Hoy, 30 de noviembre, empieza la Cumbre del G20 que, este año, realiza dos hechos inéditos: será realizada en un país latinoamericano y tendrá como uno de los temas de discusión la educación. Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, es necesario que los líderes de Estados comprendan que el financiamiento de la Educación pública, gratuita y de calidad es urgente. (más…)


<span style=Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación. Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 - Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad.

Argentina: FMI y el recorte presupuestario para la educación

País sede del G20 este año, Argentina vive un proceso de cambio en su sistema educativo. “Son dos racionalidades totalmente diferentes entre la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y la del gobierno actual de Mauricio Macri. Es un cambio traumático porque las cosas que se habían hecho bien están siendo desarmadas continuamente, y las cosas que estaban mal no están mejorando, sino que se profundizan las deficiencias”, explica el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce. Para él, una de las principales amenazas al derecho a la educación en el país actualmente es el recorte presupuestario para políticas sociales. “El último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) determina un recorte importante de presupuesto, lo que implica un ajuste fuerte que va a recaer en los sectores con menos capacidad de defensa y en los programas sociales, como los que tienen que ver con la educación rural, entre otros”, dice.

Brasil: amenaza ultraconservadora y el desafío de incluir 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela

El más grande país de América Latina y el Caribe también es lo que más posee niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela. “Son 2,8 millones que no logran tener acceso a la educación en Brasil, cantidad que excede al total de la población de 59 países del mundo”, dice Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educativas de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil. A esta problemática se suma la exclusión y discriminación que niños, niñas y adolescentes sufren en la escuela, por cuestiones de raza, etnia, color, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc. “Parte del desafío de la inclusión está relacionada a la falta de políticas anti-discriminatorias y también a la falta de calidad en la educación. La baja calidad se refleja especialmente en la precaria infraestructura de las escuelas y también en la casi inexistente valorización de las y los profesionales de la educación, que necesitan una buena formación inicial y contínua, buenas condiciones de trabajo y un salario que sea equivalente al de las otras profesiones con la misma formación”, afirma Andressa Pellanda. Para ella, la exclusión social de niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada al bajo nivel de financiamiento en la educación y al hecho de que las políticas educativas no han tenido importancia central a mediano y largo plazo, como es el caso del Plan Nacional de Educación (PNE) que cumple 5 años sin que se hayan realizado sus metas. Otro desafío es la amenaza de grupos ultraconservadores que defienden una educación acrítica, con censura, de pensamiento único y que no incluye las diversidades. “Este movimiento tiene como principal bandera el proyecto ‘Escuela sin Partido’. Frente a tales presiones, la dimensión de la inclusión y también la libertad de enseñar y aprender están amenazadas”, dice Pellanda. Uno de los principales defensores de esta línea ultraconservadora en el país es el recién electo presidente, Jair Bolsonaro. Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, la CLADE publicó una carta denunciando las amenazas que las propuestas de Bolsonaro representan para la educación brasileña. “El programa que defiende Bolsonaro para la educación representa un grave retroceso. Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de ‘portugués y matemáticas’, restringir el financiamiento público, promover la educación a distancia para primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas”, dice el documento.

México:reforma educativa neoliberal y la negación al derecho a la estabilidad laboral de las y los docentes

Con más de 30 millones de estudiantes cursando la educación obligatoria, México posee uno de los más grandes sistemas educativos del mundo. En los años 2012 y 2013, el país dio inicio a una reforma educativa, impulsada por el gobierno de Peña Nieto. “La reforma educativa es una especie de zafiro, de piedra preciosa y única, que representa las atrocidades que se pueden hacer en nombre de la calidad educativa. Ella reúne organismos nacionales e internacionales, fundaciones empresariales, expertos, medios de comunicación, líderes sindicales corruptos y autoritarios, legisladores sin distinción de partido político, centros de investigación económica –no educativa- e, incluso, represión policiaca. Todo ello para mejorar la calidad educativa, calidad que según ellos se encontraba por los suelos por un único y terrible culpable: el docente”, dice Sebastián Plá, investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista publicada por Hemisferio Izquierdo. En articulación con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), la CLADE llama la atención para el deliberado desmantelamiento de la educación pública y la privatización de los servicios educativos en el país, que limitan gravemente el acceso de los sectores populares a una educación de calidad y con pertinencia socio-cultural. Rosa Zúñiga, secretaria general del CEAAL, y las organizaciones que son parte de la CADEM en México reconocen que la educación en el país ha vivido un proceso de despojo, empezando por el desconocimiento de los derechos de las y los docentes. “La inversión en educación disminuyó drásticamente, en los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto”, afirma Zúñiga. Según Sebastián Plá, la reforma educativa negó a las y los docentes el derecho a la estabilidad laboral y rechazó a toda organización colectiva magisterial, negando su saber práctico e intelectual. “El nuevo profesor es ahora un profesor experto en responder exámenes que definen lo que es ser maestro idóneo o no. Definición, por cierto, diseñada por lo indicadores del saber experto, no por el saber docente. El nuevo y digno profesor de calidad es un funcionario de Estado que sigue las indicaciones de sus superiores, no un intelectual capaz de producir conocimiento”, explica el investigador. CEAAL en México, CADEM y CLADE también demandan al nuevo presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el gobierno luego del cierre de la Cúpula del G20 - el 1º de diciembre-, un compromiso por la garantía plena del ejercicio de los derechos de las mujeres, en particular del acceso a una vida libre de violencia y discriminación, puesto que el 61.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia. Del 2007 al 2016, 22 mil 482 mujeres fueron asesinadas en el país.      
“Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” - Lea el documento de la CLADE que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.">
Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema del G20, la CLADE presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 - Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad.

La educación latinoamericana en el G20

Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación.

Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 – Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad. (más…)


El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe

6 de noviembre de 2018

La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.


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Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el <a href=informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad. Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”. Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”. Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”. Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”. Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.">
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos

Informe anual de la CIDH llama la atención sobre los alarmante niveles de violencia contra la niñez

24 de octubre de 2018

Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad.

Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”.

Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”.

Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”.

Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”.

Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.


Foto: Unicef/México

Oscar Jara: Tenemos que generar otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia a la logica dominante de la educación

19 de octubre de 2018

“Hace unos años, llegué a una escuela en Colombia, en una universidad donde decía “aula tal, aula tal… Alguien curiosamente había puesto una “J” en la palabra, de tal manera que ella se había transformado en “jaula tal”. A mí me pareció muy significativa esa crítica. Muchas veces pensamos que los espacios educativos son espacios cerrados, mirados hacia adentro en lugar de ser escuelas sin paredes, con ventanas abiertas donde todo lo que ocurre en nuestro alrededor debería ser todo lo que tocamos en nuestros procesos educativos. Tanto la educación como la formación docente no se van a realizar solamente con el estudio individual, sino también con los movimientos, con los procesos sociales que ocurren en nuestros respectivos países”.

Esta reflexión fue compartida por el sociólogo y educador popular Oscar Jara, durante un diálogo virtual con el tema “educación emancipadora”, que fue realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) el 15 de octubre, en el marco de la movilización regional “Educar para la Libertad”.

Para Oscar, al pensar los cambios que requiere la educación, la sociedad debe hacerse una pregunta: “¿nos educamos para adaptarnos a los cambios que ocurren, o nos educamos para transformar esta situación y dirigirla hacia los cambios que queremos que ocurran y desarrollar, por lo tanto, nuestras capacidades de proyección?”

Según el sociólogo, la educación hoy enfrenta una ofensiva conservadora. “El fundamentalismo del mercado se está expresando también en un proceso, no solo de retroceso, sino de una ofensiva conversadora brutal, cargada de ánimos sumamente agresivos y que buscan hacer que los procesos de cambio que han habido en América Latina no sigan adelante, retrocedan y “ojalá, segun ellos, nunca vuelvan a aparecer”.

Género y educación

El educador también analizó la ola conservadora que la región de América Latina y el Caribe viene enfrentado en relación a los derechos de las niñas y mujeres, lo que ha afectado fuertemente a la educación.

“Este refuerzo de una lógica autoritaria, vertical, del predominio de la violencia en las relaciones de poder es una herencia que ahora se agudiza porque hay una reacción, porque la revolución feminista ha sido una de las revoluciones más fundamentales que hemos tenido en este siglo y que cambia la lógica de las relaciones de poder, en la vida cotidiana y en todos los espacios de la vida política, económica, cultural”, dice.

Educación: espacio en disputa

Por estos y otros conflictos sociales que América Latina y el Caribe han enfrentado con más intensidad en los últimos meses, la educación, según Oscar Jara, es un espacio en disputa.

“Estamos permanentemente enfrentando una lógica, una matriz de pensamiento y una matriz cultural que es patriarcal, capitalista, con valores individualistas, de mercado, una matriz colonial, que nos va siempre limitando en nuestras capacidades. Ante esta situación, debemos crear una otra hegemonía, una otra manera de pensar, de vivir, y eso es un proceso de una educación emancipadora y liberadora”.

Los docentes y la educación emancipadora

La formación docente, para Oscar Jara, es un elemento clave para que la opresión se combata a través de la educación y en la educación.

“El docente o la docente que continúa reproduciendo esquemas autoritarios, impositivos, unidireccionales, aunque tenga un discurso “liberador”, está reproduciendo las maneras de generación de poder, de limitación de poder, las maneras opresivas que las sociedades capitalistas, patriarcales, colonialistas, como la que nosotros vivimos, refuerzan. Entonces, ¿cómo nos formamos como docentes capaces de generar aprendizajes que puedan generar otro tipo de vínculos?”

Educación popular

Durante el diálogo virtual, Oscar Jara explicó las principales características de la educación popular. Según el educador, ella debe ser entendida en tres aspectos: una educación para toda la gente, un derecho universal y una educación construida por los movimientos populares.

“Para que una educación sea popular, para que alcance a todo el mundo como aspiración democrática, es necesario que priorice a los sectores populares que sufren niveles de asimetría y que, por otro lado, tenga como protagonista, como sujeto histórico y político, a aquellos sectores que luchan para transformar estas asimetrías”.

Existencia y reexistencia

Según Oscar, la resistencia ante la lógica de educación dominante es fundamental, pero hay que crear mecanismos para la construcción de otras maneras de pensar y actuar, hay que transformar la resistencia en reexistencia.

“Es importante no solamente quedarnos en los espacios de negación, lo que es fundamental, sino también generarnos entre nosotros otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia: otra manera de pensar, de hacer y de generar capacidad de desmontaje de la lógica dominante”


Sobre Oscar Jara

El peruano-costarricense Oscar Jara es sociólogo y educador popular. Director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica y Presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Ha trabajado en procesos de educación popular en todos los países de América Latina, impulsando una pedagogía basada en el pensamiento de Paulo Freire con quien tuvo oportunidad de trabajar en varias oportunidades en los años ochenta.  Afirma que los procesos de educación deben ser críticos, dialógicos, liberadores y desarrollar nuestras capacidades de transformación social y personal, vinculados a procesos de organización y participación. Su planteamiento se sustenta en una propuesta ética, política y pedagógica emancipadora. Uno de los temas que más ha trabajado es en torno a la teoría y metodología de sistematización de experiencias como forma de producir aprendizajes significativos desde las prácticas.


<em>Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva</em> <!--more-->

El 5 de septiembre de 2018 tuvo lugar en Mendoza, Argentina, la Reunión Ministerial de Educación del G20. En la <a href=declaración final del encuentro, las autoridades presentes reafirmaron el compromiso de sus Estados con el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva. La declaración subraya que las políticas hacia la igualdad de género en la educación son fundamentales para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que se debe dotar a las y los docentes de conocimiento, habilidades, valores y actitudes libres de los estereotipos de género para que todas y todos se desarrollen hasta alcanzar su máximo potencial. Además, señala que la implementación de estas políticas requiere un financiamiento adecuado. “Reconocemos que es de vital importancia que se proporcionen niveles suficientes de inversión nacional e internacional en educación en aras de lograr educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos”, afirma la declaración. El documento también destaca el rol fundamental de las y los docentes, y la necesidad de garantizar valorización y formación adecuada para estos profesionales. Asimismo, subraya que el acceso a la educación de calidad es un derecho humano y la base para la conquista de otros derechos, afirmando que “el poder transformador y la naturaleza transversal de la educación la convierten en una herramienta esencial para abordar nuestros desafíos globales y contribuir a la búsqueda de diálogo, consenso, cooperación, colaboración, y metas de políticas, objetivos coordinados y respuestas del G20”. En el marco de la Reunión Ministerial, la CLADE, en alianza con sus miembros en los países de América Latina y el Caribe que forman parte en el G20 - Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en México, entregaron un documento a las autoridades presentes en el encuentro. En ese documento, expresan sus preocupaciones ante los desafíos para el financiamiento educativo en la región e instan los gobiernos que integran el G20 para que asuman un compromiso con la justicia tributaria; garanticen recursos adecuados para el derecho a la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos y gratuitos; y ejecuten planes y presupuestos educativos sensibles a la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la garantía del acceso y la permanencia escolar para todas las personas. A pesar de recoger gran parte de estas demandas, la declaración ministerial no profundiza en algunos de los planteamientos de la sociedad civil, por ejemplo, el compromiso de los Estados con el financiamiento adecuado de sistemas públicos gratuitos, y la justicia tributaria como forma de asegurar los presupuestos públicos nacionales sostenibles como principal fuente de recursos para la educación. Otras partes de la declaración, a su vez, generan preocupación porque defienden la gestión educativa “por resultados”, lo que podría abrir camino para la focalización de inversiones en políticas educativas “eficientes”, según los recursos que estén “disponibles”, en detrimento de parámetros para un financiamiento educativo con calidad para todas las personas, que pongan a los derechos por encima de los resultados y se desarrollen en diálogo con la sociedad civil. La CLADE y sus miembros seguirán impulsando acciones de incidencia para que se incluyan compromisos con el financiamiento educativo, la gratuidad educativa, la realización del derecho humano a la educación y la Agenda de Educación 2030 en la declaración final del G20, que se adoptará en el marco de la Cumbre de Líderes, a realizarse los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Lea la Declaración de Ministros de Educación del G20 aquí.">
Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva

Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)


<em>Documentos de la CBDE apuntan hacia caminos y desafíos para una educación despatriarcalizadora y descolonizadora</em><!--more-->

La <a href=Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación(CBDE), miembro de la CLADE en Bolivia, actúa con miras a fortalecer la participación social y desarrolla propuestas y acciones de incidencia en las políticas públicas del país, por la garantía del derecho humano a la educación. El contexto nacional es favorable a la lucha de la Campaña y de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación, pues desde la promulgación de la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, se viene promoviendo en el país la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. Una de las características de este modelo es el permanente diálogo y construcción conjunta de propuestas entre gobierno e instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En este marco, se realizó el 20 de diciembre de 2017, en La Paz, el 5º Encuentro Pedagógico “Por la universalización del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo”. Este espacio posibilitó elaborar de manera colectiva propuestas de políticas y estrategias para el derecho a la educación sociocomunitaria y productiva, desde la participación de distintos actores del sector educativo. La CBDE y sus miembros, a partir de un proceso de construcción participativa, presentaron al 5º Encuentro Pedagógico el documento “Lineamientos de acción para una educación pública, inclusiva, equitativa y de calidad - Aportes desde la sociedad civil”, con el objetivo de contribuir con el diseño e implementación de políticas y estrategias educativas relacionadas con: la educación regular; primera infancia y educación inicial; formación técnica, profesional y superior; educación de personas jóvenes y adultas; el acceso igualitario a la enseñanza; y la educación para el desarrollo sostenible. Además, la CBDE publicó el posicionamiento “Por una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con aprendizajes a lo largo de la vida para todos y todas”. En este llamado a la acción se insta a que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma la responsabilidad de dar cumplimiento a las metas e indicadores propuestos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de número 4 (ODS4), referido a la educación, así como en el Marco de Acción para la Educación 2030. Se subraya que la realización de esta Agenda es fundamental para promover el Vivir Bien de todas y todos, sin discriminación de ningún tipo. En el documento, la Campaña afirma que la educación debe ser despatriarcalizadora y descolonizadora. Además, presenta sugerencias y preocupaciones sobre 5 ejes temáticos: calidad de la educación en el sistema educativo plurinacional; sistemas de información; financiamiento e inversión en educación; políticas, planes y legislación intersectoriales; y la participación social comunitaria en la educación.">
Documentos de la CBDE apuntan hacia caminos y desafíos para una educación despatriarcalizadora y descolonizadora

Bolivia: Se defiende educación sociocomunitaria y productiva

8 de octubre de 2018

Documentos de la CBDE apuntan hacia caminos y desafíos para una educación despatriarcalizadora y descolonizadora (más…)


El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe (Sumario Ejecutivo)

21 de septiembre de 2018

La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.


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Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030

6 de septiembre de 2018

Con este documento, CLADE y sus miembros en Argentina, Brasil y México instan por el compromiso de los Estados del G20 con la garantía de presupuestos educativos sostenibles y suficientes para el fortalecimiento de sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos.


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