¿Cómo deben ser la educación y el cuidado en la primera infancia post-COVID-19?
10 de junio de 2020“Si bien la enfermedad causada por el COVID-19 no afecta a los niños de la misma forma que está afectando las personas de otras edades, los efectos colaterales que está teniendo para la infancia son los más duros”, afirmó Luis Ernesto Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), durante el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”, realizado el 28 de mayo por la CLADE, en alianza con OMEP América Latina y EDUCO.
Subrayando los impactos de la pandemia en la salud mental y física de los niños y las niñas, Luis Pedernera defendió la construcción de una nueva realidad para la educación y el cuidado en la primera infancia. “No estoy de acuerdo con que tenemos que volver a una nueva normalidad. Hay que construir una nueva realidad. Este es el momento para construir una nueva realidad en términos de relaciones humanas y de relaciones pedagógicas”, dijo.
Para el presidente del CDN, en este contexto, no deberían a las familias dejar sin apoyo frente un panorama de azar. “Hemos visto que las familias están enfrentando la pandemia y deben recibir un acompañamiento psicosocial y pedagógico para que la pandemia no sea vivida en soledad por la familia”, afirmó.
“El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación”
Al lado de Luis Pedernera, participaron en el encuentro: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia; y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.
Para Mercedes Mayol Lassalle, construir esa nueva realidad demanda desarrollar políticas públicas desde el enfoque de derechos, con una concepción integral e intersectorial de la educación y la infancia. “El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación, no solamente pensando en los sistemas institucionalizados, sino que muchos niños y muchas niñas pequeños/as se quedan en sus hogares varios años antes de llegar a los formatos institucionales. Y es allí donde nosotros como sociedades y también la política pública deben encontrar el lugar para poder trabajar en una democratización y despatriarcalización de las familias”, afirmó.
Financiamiento y valoración de educadoras y educadores
Para el presidente del Comité de la ONU, los presupuestos en materia de inversión social deben ser ampliados. La presidenta mundial de OMEP también se manifestó de acuerdo con el aumento del presupuesto para la educación y el cuidado en la primera infancia.
“El financiamiento es absolutamente central, pero enfrentaremos un problema que ya está ocurriendo: hay un debate sobre de dónde se va a poner el dinero en el post-COVID y, de acuerdo con los otros escenarios, realmente el financiamiento va a ser escaso. De esa manera, se hace necesario que haya una decisión política para blindar el aumento [de recursos]”, señaló.
Añadió que es esencial responder desde los gobiernos a la necesidad de valorar y reconocer la importância de los educadores y las educadoras. “Esa es una tarea central en el desarrollo fundante que tiene la primera infancia en acompañar a estos educadores, en cuidar a los que cuidan”, explicó.
La educación que queremos
Los ejemplos de lo que ha pasado en Japón y China en la post-pandemia, donde las y los estudiantes regresaron a sus aulas en escuelas robotizadas, con distancias marcadas en el piso y de manera totalmente deshumanizada, no deben ser seguidos para el cumplimiento de una educación de calidad y desde una perspectiva de derechos, según Luis Pedernera.
“Hace poco, leí un artículo de una filósofa pedagoga y un pediatra español [Heike Freire y José María Paricio Talayero] y ellos llaman a crear una nueva escuela, pero no esa escuela robotizada, sino una escuela íntima, es decir, no masificada, en donde las relaciones y lo humano estén por sobre otras cuestiones, incluso lo académico; una escuela mutua que se abra a la participación de otras disciplinas, de voluntarios y también de la familia. Una escuela coherente y que vuelva a dialogar con la naturaleza”, afirmó el presidente del CDN.
“El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”
A su vez, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención hacia la calidad de la política pública y su relación con la participación democrática de la comunidad educativa en su construcción. Para ella, los programas deben acercarse tanto a las familias como a los niños y las niñas, y la calidad no puede tener solo un parámetro. “No es fijar, es construir sentido y esa construcción de sentido se hace junto con la comunidad, junto con las familias. Es algo móvil, se construye a través de la participación y la democracia, incluyendo por supuesto al juego, al lenguaje de las artes, a la cultura, porque el desarrollo no es natural, es cultural. El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”, explicó.
¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?
8 de junio de 2020La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc.
En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas.
Argentina
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras.
En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne.
“Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”
En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.
De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.
“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.
Brasil
El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.
Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”
Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo.
La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva.
“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.
Nicaragua: Organizaciones exigen la inmediata suspensión de las clases presenciales durante la pandemia
“En el contexto de crisis socio política y la pandemia, denunciamos que la falta de acceso a estadísticas confiables, claras y actualizadas, que imposibilita conocer el estado de situación en que se encuentran y las afectaciones que sufren. (…) La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares”, afirma la nota divulgada por la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), en el marco de la realización de la Semana de la Niñez y Adolescencia en el país.
Diferente de otros países de América Latina y el Caribe, Nicaragua todavía no ha cerrado las escuelas. “La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares. Exigimos al Estado nicaragüense aplicar de manera urgente las medidas sanitarias recomendadas por la OMS [Organización Mundial de Salud] y la inmediata suspensión de las clases presenciales a nivel nacional para reducir los riesgos de contagios en los más de 1 millón 800 mil estudiantes, docentes y personal administrativo del sistema de educación y sus familias, debido a la falta de agua potable y condiciones básicas de higiene y salud en los centros de educación pública”, dice la nota.
En el comunicado, también se condena la agudización de la violencia sexual, el embarazo adolescente, la maternidad impuesta y los feminicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes se encuentran en la indefensión por la inoperancia del Estado, al no garantizar las medidas de protección pertinentes. “Demandamos al Estado asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la implementación de acciones que los proteja; destinar los recursos económicos necesarios para las instituciones públicas y realizar investigaciones transparentes ante las situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, para determinar los responsables y alcanzar justicia y reparación a las víctimas”.
>> Nota completa.
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), socio de la CLADE en el país, es miembro de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).
Las decisiones para contener los impactos del COVID-19 deben reconocer la diversidad de las infancias
4 de junio de 2020Las medidas adoptadas por los Estados para contener los impactos del COVID-19 se desarrollan desde un enfoque adultocéntrico y no han reconocido la diversidad de las infancias y de sus contextos, en base a una perspectiva predominantemente sanitarista, que no aborda las cuestiones pedagógicas y psicológicas. Este análisis de Luis Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, fue compartido durante el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”, realizado el 28 de mayo por la CLADE, en alianza con OMEP América Latina y EDUCO.
Según el presidente del Comité, “las decisiones [de los gobiernos] no reconocen que tenemos una pluralidad de infancias: pueblos originarios, amazonas, rural, costa, campesina, niños y niñas con discapacidad, en situación de calle, migrantes, que requieren una pluralidad de miradas en una política pública para reaccionar a la pandemia”.
Pedernera añade que: “en todo el proceso de toma de decisiones a mi me dan los dedos de una mano para contar quiénes fueron los jefes de Estado que se comunicaron con los niños y niñas para conocer sus opiniones y conocer cómo estaban viviendo el proceso de toma de decisiones en la pandemia”.
Para el presidente del Comité de la ONU, la perspectiva de los niños y niñas debe ser incorporada al momento de pensar las políticas públicas. “Cuando digo perspectiva es escuchar a los niños, facilitarles la información, de manera adaptada, amigable, para que ellos sean conscientes de este momento histórico que estamos viviendo en esta pandemia”.
Además de Pedernera, participaron en el encuentro: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia; y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.
Repensar los planes de educación para niños y niñas
Alexandra Santelises relató el proceso de construcción de las políticas para el cuidado y la educación en la primera infancia en República Dominicana. “Hace cinco años y médio estamos adoptando e implementando una política pública de educación integral a la primera infancia y justo antes de la pandemia estábamos en este proceso de ampliación de cobertura en el marco de esta política de atención”, dijo.
Con la crisis, el gobierno tuvo que repensar las estrategias educativas para concebir una formación con otras características, adaptada a la situación de aislamiento social.
En Colombia, la crisis sanitaria llevó a que el sistema educativo fuese repensado. ¿Cómo tener contacto directo con las familias para la educación en casa? ¿Cómo fortalecer los recursos en el sector educativo para respaldar la diversidad de contextos de las infancias, con un porcentaje muy grande de familias en zonas rurales sin conectividad? Estas son algunas cuestiones que el Estado colombiano ha enfrentado desde el principio de la crisis.
Según Constanza Alarcón, la educación para la primera infancia en el país no está centrada solamente en los espacios digitales. “Tenemos cadenas de televisión y radios locales que de lunes a viernes presentan franjas específicas para los temas de educación inicial. Además de eso, nos tocó ajustar el plan de trabajo con las familias”, explicó.
En Uruguay, el sistema educativo empieza poco a poco el proceso de reintegración y reapertura escolar. Cristina Lustemberg cuenta que, durante la pandemia, el 95% de las y los estudiantes se ha mantenido conectado a las escuelas, gracias al gran esfuerzo del personal docente en el país.
El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
Durante el diálogo virtual, Mercedes Mayol Lassalle presentó los principales hallazgos del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, elaborado por CLADE y OMEP, con el apoyo de EDUCO.
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
“Lo que hemos visto es que, tanto en los marcos jurídicos, como en los políticos, presupuestarios e institucionales, necesitamos darle mucho más visibilidad a la primera infancia y a la construcción de las políticas, sobretodo soportados por toda la orientación que exige la Convención [sobre los Derechos del Niño]”, dijo Mercedes Lassalle, durante su presentación.
Honduras: Guía presenta recomendaciones para la garantía del derecho a la educación en tiempos de COVID-19
2 de junio de 2020“Consideraciones para el análisis de contexto educativo frente al COVID-19” es el título de un documento elaborado por el Foro Dakar Honduras, que presenta análisis sobre el sistema educativo del país en tiempos de pandemia.
La guía aborda elementos, como la reapertura presencial o no de los centros educativos hondureños a corto, mediano y largo plazo, y reúne algunas recomendaciones al gobierno nacional, para que la educación se garantice como un derecho humano de todas las personas, pese a la coyuntura de crisis.
“La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la fragilidad y carencia de distintos servicios en los centros educativos y en las comunidades, lo que viene a impactar de forma no halagadora en aspectos que ya eran frágiles como el acceso, la calidad, la inclución, la retención escolar, el aprendizaje; tomemos la oportunidad que ofrece el COVID-19 para el cierre presencial temporal del sistema para trabajar en la transformación total del sistema educativo”, afirma el documento.
>> Guía completa
Diálogo virtual aborda la educación y el cuidado en la primera infancia ante tiempos de pandemia
28 de mayo de 2020Con el propósito de impulsar diálogos y reflexiones sobre las actuales oportunidades y los desafíos para la realización de la educación y del cuidado en la primera infancia como un derecho humano, la CLADE, en alianza con la OMEP América Latina y EDUCO, realizó el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”. El evento tuvo lugar este jueves, 28 de mayo, de 15:00 a 16:30 (GMT-3), y se transmitió a través de los canales de la CLADE en Facebook y Youtube.
En el encuentro, se abordó hallazgos del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, elaborado por CLADE y OMEP, con el apoyo de EDUCO, y también los retos que nos impone la actual crisis sanitaria por la pandemia COVID-19. Participaron: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, Directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, Diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, Viceministra de Educación de Colombia; Luis Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.
El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
>> Para saber más, descarga aquí la publicación.
CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19
27 de mayo de 2020Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.
“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.
El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.
A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.
>> Nota de la CLADE completa.
El Salvador: especialistas discutirán los impactos de la pandemia COVID-19 en la educación
26 de mayo de 2020¿Qué esperamos de la educación después del COVID-19? Para discutir y reflexionar sobre esa y otras cuestiones respecto a los impactos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia a la educación pública, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) realizará este jueves, 28 de mayo, a partir de las 14:00 de El Salvador (GMT-6), un conversatorio virtual. El evento se transmitirá a través de la página de RESALDE en el Facebook.
Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, será una de las panelistas del encuentro, que también contará con la participación de Vernor Muñoz, director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME); Felipe Rivas, de la RESALDE; Carlos Rodríguez, coordinador del Instituto Nacional de Formación Docente de El Salvador (Infod); y Jazmin Elena, representante estudiantil y miembro de RESALDE.
>> Para participar, solo debes llenar el formulario de inscripción.
>> Comunicado de la CLADE completo
">CLADE apoya decisión judicial que suspende recortes al presupuesto educativo en Ecuador
22 de mayo de 2020“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones y redes de la sociedad civil que defiende el derecho humano a la educación pública, laica, inclusiva, gratuita, transformadora y a lo largo de la vida, como responsabilidad de los Estados, quiere con este comunicado expresar su respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que determina la suspensión del recorte presupuestario a la educación en el país”, afirma la CLADE en nota publicada hoy, 22 de mayo.
El comunicado respalda las demandas y la movilización de organizaciones, redes y movimientos sociales ecuatorianos, entre ellos el Contrato Social por la Educación (CSE), ante las medidas económicas del gobierno nacional que han generado la precarización de la educación, como la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades. Tras reciente medida cautelar en respuesta a demandas presentadas por la sociedad civil, la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este recorte al presupuesto de la educación universitaria en el país.
En apoyo a posicionamiento que el CSE divulgó esta semana, la CLADE también solicita a la Corte que falle de manera definitiva a favor de la suspensión del recorte de financiamiento educativo. “Nos sumamos a las voces de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y de movimientos y organizaciones de la sociedad civil de toda la región de América Latina y el Caribe, para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva por la suspensión del recorte presupuestario para la educación en Ecuador”, afirma la CLADE.
>> Comunicado de la CLADE completo
Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil
Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región. ">Organizaciones y redes de América Latina y el Caribe instan por la realización de la Agenda 2030 ante la CEPAL
“Si previamente las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región impedían el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ahora, ante la pandemia del COVID-19, se evidencia aún más la urgencia de un cambio radical en la acción de los gobiernos y la puesta en marcha de un pacto mundial por la implementación de nuevos modelos de desarrollo, que garanticen la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030”, afirman en declaración cientos de redes y organizaciones de la región, entre ellas la CLADE, que participan en el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y ante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que impulsa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La declaración – divulgada este 18 de mayo en el marco del conversatorio en línea “El Valor de la Agenda 2030 en tiempos del COVID-19”, que la CEPAL ha convocado para dialogar con la sociedad civil sobre la temática -, se presenta también en el contexto de una campaña de sensibilización y movilización que impulsa el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de la región. La iniciativa se dedica a resaltar el valor y la vigencia de la Agenda de Desarrollo 2030, y además exigir el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, para enfrentar de manera conjunta la pandemia.
Ante la suspensión de la realización presencial de la edición 2020 del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, debido a la crisis sanitaria, el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil viene impulsando una serie de diálogos y acciones de incidencia de manera virtual. Uno de los resultados de dichas movilizaciones ha sido la invitación para que integrantes de la Mesa de Vinculación del Mecanismo participaran en conversatorio de la CEPAL.
En la oportunidad, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dialogó con Marita González y Ricardo Baruch, miembros de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil, y con Javier Surasky, coordinador del Área de Gobernanza para el Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI).
El encuentro reunió a 210 organizaciones, redes, movimientos y colectivos de sociedad civil, entre ellos varios de los miembros de la CLADE. Sus objetivos fueron: presentar y analizar los escenarios económicos y sociales de la crisis COVID-19 en la región; abordar y analizar la validez de la Agenda 2030 y sus ODS para la región en este nuevo contexto; recabar las demandas y propuestas de la sociedad civil y promover el debate e intercambio de ideas sobre el futuro de la región, luego de la pandemia.
Durante la reunión, Alicia Bárcena, subrayó el compromiso impostergable de la región con la implementación de la Agenda 2030 y destacó que “armonizar la planificación para el logro de los ODS con los planes de emergencia ante el COVID-19 es una meta que solamente podremos lograr juntos, todos los actores del desarrollo sostenible”.
Haciendo referencia a la Declaración Dos Monólogos no Hacen un Diálogo, presentada por la sociedad civil en la edición del 2019 del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Alicia Bárcena afirmó: “No queremos dos monólogos, sino un diálogo. Debemos promover este diálogo con los países de la región, con los gobiernos, las empresas y todos los sectores de la sociedad civil”. En tal sentido, ella se comprometió a facilitar la interlocución entre la sociedad civil y los gobiernos desde el espacio multilateral de la CEPAL. La secretaria aún presentó el Portal de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG Gateway) y el nuevo Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, que trae informaciones sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en la región.
Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil
Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región.
