Parlamentarias/os, estudiantes y activistas discuten desafíos y propuestas para la realización de una secundaria garante de derechos

2 de diciembre de 2015

 

Entre los temas discutidos en el “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe” se destacaron la participación ciudadana, los impactos negativos de las pruebas estandarizadas en la calidad educativa y el financiamiento del derecho humano a la educación 

2 de diciembre de 2015

Se realizó en São Paulo, Brasil, del 30 de noviembre al 1º de diciembre, el “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil.

El encuentro tuvo el objetivo de ampliar el debate sobre los contenidos legislativos referentes a la educación secundaria y al financiamiento de la educación en América Latina y el Caribe, además de promover un acercamiento entre movimientos estudiantiles, parlamentarios/as y organizaciones de sociedad civil. “Tenemos una apuesta en la democracia y el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho, así que creemos que es fundamental el fortalecimiento del diálogo entre el Poder Legislativo y la sociedad civil para la garantía y la realización del derecho a la educación y los demás derechos humanos”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en la apertura.

En esta segunda edición del Encuentro de la Red [la primera se llevó a cabo en diciembre de 2014 – sepa más], se profundizó una reflexión sobre los contenidos legislativos referentes a la educación secundaria, abordando especialmente: el financiamiento de la educación en América Latina y el Caribe, la preponderancia de pruebas estandarizadas como mecanismos para mensurar la calidad educativa; y la participación de los/as jóvenes, la gestión democrática en las escuelas y la criminalización de estudiantes, activistas y movimientos estudiantiles.

El evento reunió a delegadas/os de las coaliciones miembros de la CLADE en 13 países de América Latina y el Caribe, parlamentarias/os y estudiantes de secundaria de siete países de la región, además de la Red Africana por la Educación para Todos (ANCEFA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Conectas, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) e IBIS/OXFAM.

Desafíos para la realización del derecho a la educación – El encuentro tuvo inicio con una presentación de los avances y retos de la incidencia por la realización del derecho humano a la educación ante el nuevo Marco de Acción para la Educación hasta el 2030, que se adoptó en noviembre durante la Conferencia General de la UNESCO, y su relación con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A continuación, se lanzó el estudio Las Leyes Generales de Educación en América Latina: el Derecho como Proyecto Político, realizado por la CLADE y el IIPE-UNESCO Buenos Aires. El documento analiza en qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho [sepa más].

Los debates que se siguieron destacaron algunas de las principales problemáticas que las personas que luchan por el derecho humano a la educación tendrán que enfrentar en los próximos años, tales como: el paradigma de la competencia entre escuelas y entre actores de la comunidad educativa y la segregación social resultantes de la aplicación de pruebas estandarizadas; la falta de compromiso de los gobiernos con la inversión de más recursos en la educación ante un contexto de crisis financiera; la mercantilización de la educación como tendencia regional y mundial; la discriminación de las y los estudiantes en el interior de los centros educativos por razón de género, condición social, raza, etnia y orientación sexual, entre otras.

Se discutió además la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en el debate, diseño y seguimiento de las políticas educativas, así como la preocupante tendencia a la creación de marcos legales que criminalizan la protesta social y la represión violenta y desproporcional a las movilizaciones.

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