Derecho humano a la educación en el contexto COVID-19 – Documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
11 de mayo de 2021Con la intención de brindar elementos de reflexión al ámbito de CLADE y de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se elabora el presente documento de carácter exploratorio, sobre la actividad parlamentaria en el contexto del COVID 19.
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Especial 3º Encuentro Regional de la Red Mixta
10 de enero de 2020El 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe tuvo lugar del 15 al 17 de octubre de 2019 en San Salvador, El Salvador, y discutió entre otros temas: las políticas y marcos normativos referentes al financiamiento de la educación, la educación y el cuidado en la primera infancia, la participación social y la problemática de la creciente criminalización contra las comunidades educativas de la región.
Realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), el encuentro contó con la participación de parlamentarias, parlamentarios, autoridades y activistas de 16 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, India y Dinamarca. También participaron del encuentro representantes de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA), del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y ex-relatores de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación.
¡Sistematizamos los principales debates del encuentro en esta página multimedios especial!
Parlatino apoya protocolo para análisis de los presupuestos educativos, desarrollado por CLADE y CECC-SICA
14 de noviembre de 2019Autoridades que integran el Parlatino se posicionaron a favor de la aplicación del “Protocolo Parlamentario para el Análisis de las Proformas Presupuestarias del Sector Educación”
Culminó el último viernes (8 de noviembre) la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) fue invitada a participar en el evento, que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en la oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE).
En el primer día de la reunión – el jueves 7 de noviembre – Zúñiga, al lado de Jorge Rivera, asesor técnico de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), presentó a las parlamentarias y los parlamentarios la propuesta de “Protocolo Parlamentario para el Análisis de las Proformas Presupuestarias del Sector Educación”.
La propuesta, enfocada en ofrecer lineamientos para la elaboración y el análisis de los presupuestos de educación, resulta de un convenio de cooperación entre la CLADE y el CECC/SICA. El protocolo fue muy valorado por las parlamentarias y parlamentarios presentes en la reunión del Parlatino.
En su intervención durante el encuentro, Madeleine Zúñiga y Jorge Rivera mencionaron la Declaración de Hanói, sobre el rol importante que juegan los parlamentos en la realización de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible de número 4 (ODS 4), referido a la educación. También presentaron la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe y compartieron una síntesis de los principales diálogos que tuvieron lugar en el marco del III Encuentro de la Red Mixta, realizado en San Salvador, El Salvador, del 15 al 17 de octubre.
Además, explicaron que el desarrollo del protocolo para el análisis de los presupuestos educativos mencionado se encuentra en etapa de investigación y diagnóstico, la cual es focalizada en cuatro países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.
Reacciones al Protocolo en el Parlatino
Luego de la presentación del Protocolo, se abrió un diálogo con las parlamentarias y los parlamentarios sobre el contexto actual en sus países. La delegación de Costa Rica informó que su país destina el 8% de su Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, pero ponderó que falta mucho por avanzar en lo que toca a la calidad de la educación.
El presidente del Parlatino, Elías Castillo, afirmó que la propuesta del protocolo es muy relevante y debería aplicarse en todos los países de la región. Destacó, así mismo, el ejemplo de Cuba, que dedica el 23% de su presupuesto público en educación, asegurando un sistema educativo totalmente público y gratuito.
“Aunque los acuerdos de nuestra comisión no sean vinculantes, el Parlatino puede promover su difusión”, añadió Castillo, poniéndose a la disposición para apoyar la implementación del protocolo, dada la importancia de este tipo de herramienta para que los países puedan mejorar el análisis y la elaboración de sus presupuestos, y además puedan caminar haya la adopción de un marco regional en esta temática.
El colombiano Alfredo Jiménez, coordinador técnico del Parlatino, igualmente apoyó la iniciativa e incentivó a los países que forman parte en este parlamento, para que conozcan y difundan la propuesta del protocolo.
El diputado uruguayo Mario García indagó: “Hay que preguntarnos: ¿para qué educamos? ¿Para qué tipo de sociedad? Es importante que tengamos criterios comunes a la región sobre qué es calidad educativa y las formas de elaborar los presupuestos”. Afirmó también que el protocolo será útil para identificar en qué tipo de educación los Estados están invirtiendo.
En el diálogo, también se señaló que no siempre un presupuesto mayor implica resultados mejores en la educación, y que es importante tener criterios para verificar la calidad del gasto y en qué se gasta, respetándose, además, el derecho a la información y la participación de las y los docentes en el debate y elaboración de los presupuestos educativos.
Unánimemente, las parlamentarias y los parlamentarios presentes en la reunión, se posicionaron a favor de apoyar la propuesta de protocolo, y solicitaron que CLADE y CECC/SICA, siguieran en diálogo con el Parlatino para prestarles otras informaciones y asesoría técnica respecto a la adopción de dichos lineamientos.
- El CDN elabora un nuevo comentario general sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en el entorno digital. Se está en fase de consulta con los Estados sobre la temática y el Comité está abierto a recibir recomendaciones y aportes desde la sociedad civil;
- El septiembre del 2020 el CDN realizará un debate general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en la vida familiar;
- De cara al aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el CDN hizo un llamado a los Estados que firmaron este tratado para que presenten compromisos claros y promesas renovadas para su cumplimiento hasta el 20 de noviembre. De la OEA, hasta el momento, apenas Chile, Ecuador y Canadá contestaron. En ese contexto, el presidente hizo un llamado a que la sociedad civil inste sus gobiernos a atender este llamado y a divulgar públicamente sus compromisos con la realización de la Convención y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.
“La Convención es un instrumento moral universal contra la injusticia que vivían las niñas y niños del mundo”
7 de noviembre de 2019La frase fue destacada por el presidente del Comité de la ONU que da seguimiento a la convención, durante el XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
De cara al aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), que se celebrará el 20 de noviembre, el presidente del Comité de los Derechos del Niño, que se hace cargo del seguimiento a este tratado, Luis Ernesto Pedernera; y la relatora sobre los derechos de la niñez y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, presentaron reflexiones sobre avances y desafíos para que se cumpla la Convención.
El panel de alto nivel tuvo lugar en la clausura del XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, como uno de los tres órganos que integran el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (junto al Consejo Directivo y la Dirección General). Esta instancia tiene por objetivo promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre los Estados miembros del Sistema Interamericano, en lo que se refiere a los derechos de la niñez y adolescencia. Así mismo, es un espacio para compartir compromisos, avances, desafíos y políticas de los Estados en esta temática.
En su ponencia durante el evento, Pedernera señaló el valor de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) como tratado universal de protección de los derechos humanos ratificado por 196 Estados, y destacó que su contenido debe hacerse carne en la vida concreta y en la realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la región.
Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a que los Estados Unidos finalmente ratifiquen la Convención, pues este es el único país de la Organización de Estados Americanos (OEA) que todavía no ha firmado el tratado. “Como sé que hay aquí representantes de Estados Unidos, me permito recordarles el llamado que hicimos al país para que ratifique el tratado y, de esta forma, la convención se convierta en el primer instrumento universal de protección de los derechos humanos”, enfatizó bajo aplausos de la audiencia.
Pedernera también recordó la importancia de que los Estados de la región firmen los tres protocolos opcionales relativos a la Convención, en los temas participación de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados; enfrentamiento a la trata y prostitución de NNA; y la posibilidad de presentación de peticiones y denuncias de personas o grupos de personas en contra de los Estados, debido a la violación de derechos. De la OEA, 12 Estados de América Latina y el Caribe firmaron este último protocolo.
Igualmente, señaló que es necesario que los Estados que ya firmaron la Convención y los protocolos respondan a su responsabilidad de presentar informes sobre su cumplimiento en los plazos estipulados, solicitando asesoría técnica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, si así necesiten. “La calidad de los informes, infelizmente, ha sido débil”, dijo el presidente.
A la vez, también ilustró la importancia del tercer protocolo facultativo, que permite la presentación individual y colectiva de quejas contra los Estados por casos de violación, comentando que 16 niñas y niños, entre ellas/os la estudiante y activista sueca, Greta Thunberg, presentaron al Comité de los Derechos del Niño (CDN), en el marco de la última Asamblea General de la ONU, la denuncia de que se está violando su derecho a vivir en un ambiente sano.
Abordó como otra recomendación que los Estados cumplan sus compromisos financieros con la ONU, pues el sistema hoy se encuentra sin recursos, lo que amenaza el multilateralismo y la protección de los derechos humanos en ámbito internacional. “Hay una crisis económica en Naciones Unidas que afecta su funcionamiento. Casi no se realizó la última sesión del Comité de Derechos del Niño por falta de recursos”, lamentó.
Posibilidades de participación para la sociedad civil
Pedernera también hizo un llamado a la sociedad civil para que se sume y haga presión a sus Estados por la realización de los derechos de la niñez, ante los siguientes procesos:
- El CDN elabora un nuevo comentario general sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en el entorno digital. Se está en fase de consulta con los Estados sobre la temática y el Comité está abierto a recibir recomendaciones y aportes desde la sociedad civil;
- El septiembre del 2020 el CDN realizará un debate general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en la vida familiar;
- De cara al aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el CDN hizo un llamado a los Estados que firmaron este tratado para que presenten compromisos claros y promesas renovadas para su cumplimiento hasta el 20 de noviembre. De la OEA, hasta el momento, apenas Chile, Ecuador y Canadá contestaron. En ese contexto, el presidente hizo un llamado a que la sociedad civil inste sus gobiernos a atender este llamado y a divulgar públicamente sus compromisos con la realización de la Convención y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.
Por la participación y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
A su vez, la presidenta de la CIDH destacó que se deben reconocer a las y los estudiantes, niñas, niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos, y que es urgente garantizar sistemas integrales de protección de la niñez y adolescencia, que respondan a desde la prevención de violaciones, hasta la atención especial para determinados grupos en situación vulnerable, y que articulen diferentes niveles de gobierno, inclusive las localidades.
También señaló que se necesitan más inversiones financieras en los derechos de la infancia, haciendo llegar los recursos a quienes más necesitan, y que desde las políticas se deben abordar las desigualdades, la violencias, las discriminaciones, la exclusión, la criminalización, la inseguridad y represión contra NNA, por su condición de discapacidad, diversidad cultural, género, raza, etnia, etc. “La condición de migración es una circunstancia que hoy lleva a múltiples violaciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que dejan sus hogares”, ejemplificó.
En ese sentido, comentó que desde la CIDH se está impulsando un mecanismo transnacional para abordar la protección de los derechos de las personas migrantes, y reafirmó el compromiso de la comisión en actuar contra la represión y criminalización de estudiantes, niñas, niños y adolescentes que se encuentran organizados para defender sus derechos.
Además, recordó la importancia de la Convención de los Derechos del Niño y de los Congresos Panamericanos para impulsar la protección y garantía de derechos para NNA. “Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben ejercerlos por si mismos, de manera que desarrollen una autonomía progresiva para reivindicar y ejercer sus derechos y deberes”, explicó.
En ese sentido también reforzó que es necesario un mayor compromiso de los Estados en pasar del texto de la Convención a la práctica, y que además de sistemas de protección de derechos, se deben asegurar a las niñas, niños y adolescentes mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos. “Debemos buscar en nuestras acciones y políticas para la infancia y la adolescencia, su desarrollo integral en las diferentes esferas de la vida humana, lo que incluye su derecho a la participación y a ser vistos como sujetos, con una ciudadanía constructiva y preparada para intervenir en las políticas públicas y las comunidades. Se construye la ciudadanía desde la infancia”.
Añadió que se debe avanzar en eliminar totalmente la permisión al castigo corporal de niñas, niños y adolescentes en algunos países, y que los Estados deben atender al llamado de las y los adolescentes y jóvenes por la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, y por una educación sexual integral que les permita desarrollar su sexualidad de manera sana y responsable.
Afirmó también que, de ningún modo, se debe permitir la regresividad en los derechos humanos en los países. “Eso incluye no disminuir la edad mínima para la responsabilidad penal de adolescentes, ni reducir la inversión de recursos financieros en los derechos de la infancia y adolescencia”.
Panorama del derecho a la educación fue tema de la apertura del 3º Encuentro de la Red Mixta
18 de octubre de 2019Durante evento público que inauguró el encuentro, Camilla Croso, Kishore Singh y Vernor Muñoz analizaron temas como: la privatización de la educación pública, la criminalización contra estudiantes y trabajadoras/es de la educación y la importancia de garantizar la educación desde una perspectiva emancipadora y de derechos humanos
El 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe tuvo lugar del 15 al 17 de octubre en San Salvador, El Salvador, realizado por CLADE y RESALDE. En el evento público de apertura del encuentro se abordó el tema: “El derecho a la educación en diálogo: panoramas regional y global”.
Participaron en el panel: Kishore Singh, ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación; Vernor Muñoz, también ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y actual director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE.
Privatización de la educación
Uno de los temas que se abordaron fue la privatización de la educación. Según Kishore Singh, hay que garantizar el acceso y calidad de la educación a todas y todos. “En muchos países, la educación se está convirtiendo en un negocio, con una fuerte tendencia a la privatización, cuyas consecuencias son la segregación y la marginación social”, afirmó.
Para el ex relator, es fundamental regular la actuación del sector privado en la educación. “Los Estados deben regular la educación privada y garantizar sistemas educativos públicos. Se debe reflexionar sobre el impacto del uso de las nuevas tecnologías en la educación, pues en tiempos de ‘fake news’ la civilización está amenazada”, destacó.
En su intervención, Camilla Croso también abordó la privatización educativa en ámbito regional. Según la coordinadora general de la CLADE, se trata de una tendencia preocupante en varios países de América Latina y el Caribe. “Más allá de las matrículas en instituciones educativas particulares, el sector privado se está concentrando más en la definición de las políticas públicas de educación”.
Otro reto en el financiamiento de la educación que ha destacado, es el desmantelamiento del sistema público educativo, com recortes de gastos públicos en este campo, mientras se refuerza el imaginario de desvalorización de lo público y de que la educación privada funciona mejor. “Países como Brasil y Argentina viven un retroceso en relación a la inversión en la educación, con una política de austeridad y ajuste fiscal. Los presupuestos estatales en América Latina y el Caribe tienen que garantizar el derecho a la educación, no pueden recortar recursos y retroceder en los derechos humanos, aún en tiempos de crisis económica. Esto es justiciable y hay que hacer movilización en su contra”, afirmó.
Persecución de comunidades educativas e inclusión en la educación
La coordinadora de la CLADE também analizó la constante persecución y represión contra movimientos sociales, docentes, estudiante, trabajadoras y trabajadores de educación en la región. “Políticas y marcos legales, como la ley Aula Segura en Chile, presentan una perspectiva de pre-criminalización de la protesta, y ponen a los estudiantes como peligrosos o criminales en potencial”, dijo.
La propuesta de abordar cuestiones de género e identidad en las escuelas también ha sido vista desde una perspectiva regresiva. Para Vernor Muñoz, “no puede ser inclusiva la escuela en el contexto de una comunidad excluyente, en un contexto de políticas públicas que rechazan la igualdad de género, o que rechazan los derechos de LGBTI, personas con discapacidad y otros grupos”.
Para el ex relator, es obligación central del parlamento adoptar y adaptar la legislación ordinaria a principios de derechos humanos, tanto en ámbito constitucional como en leyes. “Deben existir políticas públicas para que las leyes y políticas sean una realidad concreta y para desarrollar capacidades de que las personas puedan exigir estos derechos y normas. El derecho humano a la educación debe ser desarrollado a partir de acciones afirmativas que protejan los derechos específicos de los pueblos históricamente discriminados. Hay que romper estas asimetrías y nivelar desigualdades históricas. Hay que desarrollar una educación que permita desaprender el odio, la desigualdad. La educación debe servir para liberar y resolver los problemas de fondo de nuestros pueblos”, explicó.
Para Camilla Croso, el sentido de la educación emancipadora debe responder a los marcos de derechos humanos: una educación que conlleve al pleno potencial de las personas, al trabajo digno, al fortalecimiento de las democracias, a ciudadanías activas. “Defendemos un enfoque humanista de la educación, que forme para la solidaridad, para aprender a ponerse en el lugar del otro, para el pensamiento crítico”.
Educación emancipadora como un derecho humano
Para la y los especialistas, la educación debe entenderse y realizarse como un derecho humano fundamental. “Los derechos humanos deben ser complementados y prolongados, deben estar en reformulación constante que nos lleve a ir más allá del antropocentrismo que ha conducido a menospreciar los ecosistemas que hacen a la vida humana posible: los derechos de la madre tierra, por ejemplo”, dijo Vernor Muñoz.
¿Cómo está la privatización de la educación en América Latina y el Caribe?
16 de octubre de 2019Este será uno de los temas que se enfocarán en los debates el 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que CLADE y RESALDE realizan en El Salvador
La garantía del derecho a la educación pública y gratuita en América Latina y el Caribe tiene como uno de los retos más importantes frenar a la privatización de la educación que, con la llegada o fortalecimiento de gobiernos con características neoliberales, ha avanzado en la región.
Se verifica en muchos países que el crecimiento de la privatización y del lucro en la educación vienen de la mano con recortes del gasto público en los sistemas educativos públicos y gratuitos, lo que precariza la educación pública y fortalece el discurso de que ella se encuentra en crisis, mientras las instituciones de enseñanza privada serían la mejor opción en calidad y resultados.
En el marco del 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, realizado del 15 al 17 de octubre en San Salvador (El Salvador), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) impulsa un debate entre activistas y autoridades de diferentes países, sobre la problemática del lucro en la educación, sus impactos y cómo los marcos legislativos pueden fortalecer los sistemas educativos públicos, y a la vez establecer la reglamentación y garantizar el control social de la educación privada.
En preparación para este debate, compartimos a continuación algunas informaciones que se destacan del escenario del financiamiento educativo y del lucro en la educación en cuatro países de la región: Argentina, Chile, Colombia y Honduras.
Argentina: Disminución real del 77% en inversiones en infraestructura y aparatos escolares
El gobierno de Mauricio Macri, actual presidente del país, fue responsable por el recorte de más de 55% en el presupuesto en ciencia y tecnología en Argentina. Además del recorte en el presupuesto, el préstamo de 50 mil millones de dólares hecho por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno argentino proyectó para el 2019 un ajuste de gastos públicos en programas de educación inicial y de enseñanza básica y secundaria, llevando a una disminución real de inversiones en infraestructura y aparatos escolares de 77%.
En ese contexto de ajuste económico, el gobierno macrista pasó a gastar más con el pago de la deuda pública que con la educación. Para cada peso invertido en la educación en el 2017, se gastó 1,55 peso con los acreedores del Estado, lo que significó un recorte de recursos para programas socioeducativos, infraestructura escolar, actividades culturales e informatización de centros educativos.
Del 2016 al 2017, los fondos públicos asignados a la área como parte del presupuesto nacional representaron una pérdida de participación del 13%, lo que implicó una desvalorización del sueldo de las y los docentes en 16% abajo de la inflación el 2017.
Solo en la provincia de Buenos Aires, hay más de 850 escuelas que no están funcionando por el mal estado de los edificios, debido a un financiamiento público insuficiente. La situación de las universidades del país no es mejor, y se realizan manifestaciones de estudiantes y docentes a nivel nacional, para demandar más inversiones públicas en la educación superior pública y gratuita.
Chile: proyecto busca reforzar la competitividad entre centros educativos
Desde marzo del año pasado, trabajadoras y trabajadores de educación del país han cuestionado el Ministerio de Educación por la falta de participación de las comunidades educativas en la definición de los rumbos de la política educativa, y por el uso de dinero público con fines propagandísticos. Según las trabajadoras y trabajadores, la ministra Marcela Cubillos utilizó estos recursos para realizar una gira por el país, con el objetivo de dar a conocer el proyecto “Admisión Justa”, proyecto que visa a incorporar la selección de estudiantes por mérito en los llamados “liceos de excelencia”, además de defender “la libertad de elegir escuelas”, enarbolando las familias a reforzar la competitividad entre centros educativos..
Las trabajadoras y trabajadores también se oponen a la gestión de la educación para la primera infancia en el país, la cual promueve iniciativas de alianza público-privada, con vouchers para la elección de escuelas privadas de primera infancia por las familias. Según ellos, el cambio en el artículo 203 del Código del Trabajo crearía un fondo financiado por el empleador o la empleadora para pagar por sala cuna universal de baja calidad a hijas e hijos menores de 2 años de madres trabajadoras. Además, dicen que este cambio implicaría en la disminución de fondos del Seguro de Cesantía, que se garantiza a las madres.
Respecto a la educación superior, las trabajadoras y trabajadores denuncian el retraso en la implementación de la Subsecretaría de Educación Superior, que se haría cargo de resguardar los derechos y obligaciones de las instituciones educativas y estudiantes de terciaria. Asimismo, critican el cambio de los requisitos en la gratuidad educativa, que ha generado la pérdida retroactiva de este derecho para alrededor de 28 mil estudiantes.
Colombia: Plan Nacional de Desarrollo favorece a la privatización de la educación y la pérdida de autonomía de cátedra
Activistas, integrantes de la comunidad educativa y representantes de pueblos indígenas afirman que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no se tiene en cuenta el acuerdo firmado entre el gobierno y las organizaciones del sector educativo, y tampoco se definen metas e indicadores para cumplir con el mejoramiento de la educación del país, a la vez que se favorecen la privatización de la educación y la pérdida de autonomía de cátedra.
Otra problemática es la falta de acceso y cobertura a la educación de calidad en contextos rurales. Solo el 48,5% de los bachilleres colombianos consigue entrar en la universidad, y la deserción universitaria es superior al 45%. Esto significa que aproximadamente la mitad de los que acceden a la universidad no continúa. Solo alrededor del 24,2% de los bachilleres alcanza integrarse plenamente a la enseñanza universitaria.
El problema también lo sufren los estudiantes universitarios cuando obtienen una licenciatura y están endeudados con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Su futuro queda automáticamente hipotecado, de modo que para pagar el crédito educativo, necesitan más de una vida dado los altos intereses.
Honduras: tendencia a la privatización y a la participación de grandes corporaciones en la educación universitaria
Ante la denuncia de que el gobierno hondureño planeaba privatizar los servicios de salud y educación del país, médicas, médicos y docentes tomaron las carreteras y suspendieron clases y atenciones médicas en los hospitales y escuelas públicas de Honduras. Las movilizaciones exigieron la derogación de decretos de emergencia aprobados por el Poder Ejecutivo.
En este contexto, se generó un fuerte conflicto entre el sector educativo y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las y los docentes consideran que los nuevos decretos ejecutivos afectan la estabilidad laboral del magisterio en el país. Profesoras, profesores y estudiantes, así como la clase médica, presionan para que dichos decretos sean abolidos. Se lucha por el respeto a la relación y a la estabilidad laboral, tanto de docentes, como de las médicas y los médicos.
Según los movimientos, trabajadoras y trabajadores de Educación, hay una tendencia del gobierno a favorecer la privatización y la participación de grandes corporaciones en la educación universitaria, que vienen influenciando sobretodo en la formación docente y en la evaluación de estudiantes.
“Para implementar el enfoque de género en el currículo, el reto es transitar de un discurso políticamente correcto a una práctica efectiva en todos los espacios educativos. O sea, tomar las decisiones necesarias para que los cambios se den en las aulas efectivamente. Para ello, es necesario mudar varias esferas del sistema. En principio, la formación docente, tanto la formación inicial cuanto la formación continua. También es necesario revisar los materiales que estamos produciendo, revisar las normativas y hacer transformaciones en la gestión escolar. Sobre todo, la intención es transformar las relaciones que se dan entre las personas, funcionarias y funcionarios, de todos los niveles, los directivos, las y los docentes, las familias, así como las y los estudiantes. Esto va a ocurrir si se generan y modifican políticas internas. Por ejemplo, hay la necesidad de crear la política para la elaboración de materiales educativos en el país. Hay la necesidad de cambiar las políticas para la formación de docentes, de modo que el enfoque de género esté totalmente presente. Es necesario también que se asigne el presupuesto suficiente” (Liliam Hidalgo, de Tarea).
“No es posible un cambio de esta magnitud sin trabajar con las y los docentes, sin tener un diagnóstico claro de lo que piensan y sienten respecto a la igualdad de género. Esto es fundamental para poder diseñar un programa específico que busque generar en los y las docentes un compromiso con el tema y el desarrollo de pedagogías que permitan trabajar en las aulas el enfoque de género. También considero fundamental trabajar con los padres y las madres de familia para desarrollar ideas más claras respecto del enfoque de género. Con esto se debería minimizar los temores de los padres y las madres, colocando el tema de género en perspectiva de ciudadanía y ejercicio de derechos” (Ricardo Cuenta, del IEP).">
Perú: Se aprueba Política de Igualdad de Género y Corte Suprema decide a favor de currículo escolar con perspectiva de género
9 de abril de 2019La última semana fue de importantes logros para la igualdad de género en el Perú. Por una parte, el gobierno del país publicó el Decreto Supremo N° 008-2019, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género. Por otro lado, la Corte Suprema de Perú declaró, en última instancia, que una demanda de acción popular que había sido interpuesta por grupos conservadores, contra el enfoque de género en el currículo nacional de educación básica, es “infundada en todos sus extremos”.
Desde la aprobación del Currículo Nacional para la Educación Básica (CNEB), en junio de 2016, el Ministerio de Educación peruano venía siendo cuestionado por grupos conservadores que demandaban la abolición del plan de estudios y el cese de su implementación. El 16 de febrero de 2017, uno de estos grupos presentó al Poder Judicial una demanda de acción popular constitucional, que tenía por objeto detener la implementación del CNEB y eliminar la palabra “género” del currículo. Más de dos años después, finalmente la Corte Suprema decidió en última instancia que esta acción popular es infundada, y que el nuevo currículo deberá ser implementado.
“Es una medida sumamente importante, primero porque nos devuelve la seguridad jurídica que grupos opositores habían puesto en duda. El mensaje de la Corte es sumamente positivo. Lo que queda al Ministerio de Educación es superar los embates del retraso de compromisos que tienen que ver con la publicación de libros, pero también con lo que significa devolver la certeza a los profesores de que no está en discusión el enfoque de género en la educación”, afirma Susana Chávez, directora de Promsex, ONG feminista dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Perú.
A su vez, Liliam Hidalgo Collazos, presidenta de Tarea – Asociación de Publicaciones Educativas – e integrante del Colectivo Educación e Igualdad de Perú, considera que la sentencia de la Corte ha dejado asentada la potestad del Ministerio de Educación en la rectoría de las políticas públicas educativas. De acuerdo con ella, el fallo abre también la posibilidad de trabajar, con todo el respaldo de la ley, el enfoque de género de manera transversal en todo el sistema educativo. “Es decir, en la formación docente, en los materiales, en la gestión escolar, en la normativa, etc. Pero, sobre todo, va a permitir experiencias educativas donde las oportunidades sean iguales para hombres y mujeres, en condiciones para que las niñas y mujeres puedan ejercer sus derechos cuando exista una situación de desigualdad, y con respeto a las personas sin importar su procedencia, lengua, género u orientación sexual”, añadió.
Ricardo Cuenca, Investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), considera que el fallo de la Corte coloca al país en el camino correcto para lograr ser una mejor sociedad, en la que se garantice el derecho a la educación de todas y todos, sin discriminación. “Ningún interés particular puede estar por encima de los intereses públicos, colectivos. Con este fallo, el poder judicial confirma que quien decide lo que se enseña en las escuelas no son grupos particulares, sino el Estado buscando el mayor bienestar posible para todos en el país, y el desarrollo de una educación basada en derechos, con calidad y justicia social”, afirmó.
Nueva Política Nacional de Igualdad de Género
Según dicho decreto publicado la semana pasada, se trata de una política nacional multisectorial que se propone atacar tanto los factores causales, como los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres. Su rectoría, seguimiento y evaluación se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y su aplicación será inmediata para todas las entidades de la administración pública.
Sus seis objetivos prioritarios son: reducir la violencia hacia las mujeres; garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres; garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones; garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres; reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres; y reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.
En lo que se refiere a la educación, la política plantea la promoción de una convivencia escolar democrática y la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas; la orientación e información en educación sexual integral (ESI), con pertinencia cultural, dirigida a niñas y niños, adolescentes, padres y madres, tutores/as y cuidadores/as, al igual que formación en EIS a estudiantes de educación básica.
Asimismo, tiene como objetivos: la formación de mujeres en carreras tradicionalmente masculinizadas y/o mejor remuneradas, con enfoque de género, que fomente el acceso, permanencia y titulación; y el desarrollo de programas para la igualdad de género en la educación básica, de manera adaptable y con enfoque intercultural, así como programas de formación inicial y continua a docentes con enfoque de igualdad de género.
“Este logro nos genera posibilidades de seguir fortaleciendo la política pública. Esto también da cuenta de la profunda debilidad de quienes se oponen, pues los argumentos para rechazar el enfoque de género en la educación han sido sumamente débiles, muchos de ellos basados en seudociencias y descuidados de la interpretación de los datos, negando aquellos que tienen implicancias muy graves en temas de violencia, feminicidios, violaciones sexuales y acoso laboral”, dice Susana.
A su vez, Liliam destaca que esta política es un precedente importante y debe suponer el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres que, por haber participado en experiencias educativas de respeto, valoración y generación de pensamiento crítico, podrán ejercer una ciudadanía plena.
“Me gustaría subrayar la relación del enfoque de género con la formación de pensamiento crítico, dado que supone un ejercicio constante de cuestionamiento de lo que es dado. Otra implicancia es la posibilidad de articulación intersectorial con las políticas que vienen de otros sectores, en especial con aquellas que van en defensa de la mujer, de manera que el enfoque integral permita que la salud, la justicia y la educación intervengan en la efectiva erradicación de los patrones sociales que permiten hasta hoy estas desigualdades, y cuyas raíces son multisectoriales”, afirma la presidenta de Tarea.
Según Ricardo Cuenca, la política abre la posibilidad de que, como en el caso del sector educación, otros sectores sociales puedan colocar claramente el enfoque de género en sus propios ámbitos, por ejemplo en salud, justicia, protección social y sectores productivos, como agricultura, pesca, transportes, etc. “Si bien las leyes no modifican, al menos en el corto plazo, los problemas estructurales, es fundamental contar con un marco jurídico que facilite estos cambios. A las normas se le tiene que sumar mucho ejercicio ciudadano, participación de varios actores, campañas de comunicación a corto plazo, políticas públicas y programas de mediano plazo”, añadió.
Desafíos hacia la realización de estas políticas para la educación con igualdad de género
“El desafío es muy grande, pues los países de nuestra región, y Perú no es excepción, se precian por tener normas avanzadas, pero no necesariamente expeditas para su cumplimiento. El proceso de aplicación es lento y va a requerir muchísimos esfuerzos. Una de las principales dificultades es la inversión para que los funcionarios erradiquen la violencia institucional y establezcan procesos de transparencia y estándares de calidad. Hay interferencias políticas que niegan los procesos de calificación de los directores, por ejemplo, amenazando – a través de una ley en el Congreso – reintegrar a directores que han sido descalificados por no ser competentes. El avance en una parte no garantiza el detener las amenazas que puedan presentarse en sentidos distintos. Allí es que tenemos que hacer esfuerzo como sociedad civil para que la vigilancia no disminuya. Estos dos años de lucha intensa han sido procesos de aprendizajes muy ricos para las organizaciones de la sociedad civil, que hemos estado muy cerca al sector educación. Pero, aun tenemos en el camino madres y padres que desconfían del proceso educativo con perspectiva de género, y es algo que se tiene que conquistar en base al mejoramiento de la calidad de las escuelas que esperamos” (Susana Chávez, de Promsex).
“Para implementar el enfoque de género en el currículo, el reto es transitar de un discurso políticamente correcto a una práctica efectiva en todos los espacios educativos. O sea, tomar las decisiones necesarias para que los cambios se den en las aulas efectivamente. Para ello, es necesario mudar varias esferas del sistema. En principio, la formación docente, tanto la formación inicial cuanto la formación continua. También es necesario revisar los materiales que estamos produciendo, revisar las normativas y hacer transformaciones en la gestión escolar. Sobre todo, la intención es transformar las relaciones que se dan entre las personas, funcionarias y funcionarios, de todos los niveles, los directivos, las y los docentes, las familias, así como las y los estudiantes.
Esto va a ocurrir si se generan y modifican políticas internas. Por ejemplo, hay la necesidad de crear la política para la elaboración de materiales educativos en el país. Hay la necesidad de cambiar las políticas para la formación de docentes, de modo que el enfoque de género esté totalmente presente. Es necesario también que se asigne el presupuesto suficiente” (Liliam Hidalgo, de Tarea).
“No es posible un cambio de esta magnitud sin trabajar con las y los docentes, sin tener un diagnóstico claro de lo que piensan y sienten respecto a la igualdad de género. Esto es fundamental para poder diseñar un programa específico que busque generar en los y las docentes un compromiso con el tema y el desarrollo de pedagogías que permitan trabajar en las aulas el enfoque de género. También considero fundamental trabajar con los padres y las madres de familia para desarrollar ideas más claras respecto del enfoque de género. Con esto se debería minimizar los temores de los padres y las madres, colocando el tema de género en perspectiva de ciudadanía y ejercicio de derechos” (Ricardo Cuenta, del IEP).
Colombia: Corte Constitucional tutela el derecho a la libertad de expresión y educación en al ámbito universitario
2 de abril de 2019En la sentencia se señala que los procedimientos sancionatorios no pueden afectar otros derechos como la libertad de expresión, el debido proceso y la educación
El caso refiere a la cancelación de la matrícula de un estudiante universitario de Colombia con motivo de haber manifestado en un medio de comunicación su inconformidad respecto a cambios en la modalidad de las clases, por entender que los mismos aparejan una afectación económica, de tiempo y calidad en la educación.
La Corte señala que “las instituciones educativas tienen autonomía, pero ésta no es absoluta y que, en ningún caso, el ejercicio de dicha autonomía puede justificar el desconocimiento de los derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa. Motivo por el cual resulta necesario concluir que se encuentran facultadas para imponer sanciones a sus estudiantes siempre y cuando respeten los mandatos constitucionales, así como el procedimiento establecido por la misma institución dentro del reglamento o manual de convivencia, garantizando así el debido proceso durante la actuación disciplinaria que se adelante, sob pena de que pueda ser declarada la invalidez de la sanción y, por ende, se genere una afectación al derecho fundamental a la educación, entre otros”.
A su vez, el fallo recuerda que “la libertad de expresión adquiere una dimensión importante en el ámbito de la educación superior, puesto que, por esencia, las universidades son espacios de deliberación y crítica en donde se intercambian ideas”.
La Corte también tomó nota de que la movilidad de opiniones permite el desarrollo del conocimiento y la profundización de los valores democráticos. “Aquí, la libertad de expresión de los estudiantes y/o docentes tiene una mayor fuerza y alcance, pues permite la materialización del propósito último de las universidades, esto es, una formación crítica de ciudadanos”, dice la sentencia.
Lea aquí la sentencia completa.
México: “El derecho a la educación debe ser maximizado, no restringido”, afirma Suprema Corte
24 de noviembre de 2018Una resolución de la Primera Sala de esta corte dispone que este centro educativo y sus autoridades se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior
Una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, en oportunidad de resolver un recurso de amparo interpuesto por una estudiante a quien la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le había impuesto la obligación de cubrir una cuota en concepto de inscripción, considera que se violó su derecho humano a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución Federal y el artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán, así como el principio de progresividad.
Señala asimismo que la autonomía universitaria no exime a la Universidad de respetar el derecho a la gratuidad de la educación superior, ya que dicha figura constituye una garantía institucional del derecho a la educación cuya finalidad es maximizarlo, no restringirlo. Además, que en virtud del principio de progresividad, una vez que dicho Estado ha extendido la gratuidad a la educación superior tiene prohibido adoptar medidas regresivas.
Finalmente, la resolución dispone que el Gobernador del Estado debe transferir a la Universidad los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba la reclamante, y que la Universidad y sus autoridades, se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior como mínimo, evitando cobrarle a la reclamante cuotas de inscripción durante su educación superior.
Mira aquí la noticia al respecto, que ha sido difundida a través del Canal Judicial.
Perú: Avances en el campo de los derechos de las personas con discapacidad
6 de noviembre de 2018Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad
La normativa, aprobada el pasado mes de setiembre, incorpora varias modificaciones al Código Civil y establece que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, incluyendo a texto expreso “a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad”. Entre otras disposiciones, se destaca la incorporación de la figura y definición de apoyos y salvaguardias, previéndose que toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables y apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo con su libre elección.
A su vez, este marco normativo se ve fortalecido por la aprobación más recientemente del Decreto Legislativo Nº 1417 que tiene por objeto establecer disposiciones para promover y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales. La normativa estable que la persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el proceso de selección de recursos humanos y en el lugar de trabajo (comprendiendo la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos de entrevista, la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo; así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad); prevé la gratuidad del proceso de evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad; así como el derecho a licencia de las personas con familiares en situación de discapacidad.
Con estos avances, que determinan una ampliación de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad, el país se aproxima más a los estándares y obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular al cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En relación a los mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado “reconocer que las personas con discapacidad poseen capacidad jurídica plena es reconocer que son sujetos de derechos en igualdad de condiciones a las personas sin discapacidad y que poseen la facultad de elegir sobre su proyecto de vida. Con esta modificación las personas con discapacidad podrán decidir sobre aspectos fundamentales de su vida tales como si someterse o no tratamientos médicos, casarse o tener hijos; facultad que antes de las modificaciones al Código Civil se veía restringida con la figura de la interdicción y la designación de un curador”
Acceda aquí al texto completo del DECRETO LEGISLATIVO QUE RECONOCE Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES (Decreto Legislativo Nº 1384).
