Integrantes de la Red Mixta debaten la represión y criminalización de los movimientos educativos en la región
9 de febrero de 2017
En una reunión virtual, los/as integrantes de esta iniciativa discutieron la creciente represión a los movimientos de estudiantes, docentes y activistas y los proyectos de ley que limitan el derecho a la manifestación pública, además de analizar las legislaciones que aseguran la participación social en las políticas públicas y la necesidad de hacerla efectiva en los procesos de toma de decisiones
Integrantes de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe realizaron su segunda reunión virtual para discutir la participación social y la criminalización de movimientos de docentes, estudiantes y activistas en la región. Coordinada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Mixta es una instancia suprapartidaria de debates legislativos y articulación entre legisladores/as y sociedad civil en los ámbitos nacional y regional, con miras a la defensa de la educación pública, gratuita y laica para todas las personas.
En dicho encuentro virtual, que tuvo lugar el día 14 de octubre, los datos presentados por parlamentarias/os y representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, México, República Dominicana y Uruguay indicaron que, pese a la existencia de marcos legislativos que posibilitan la participación social en las políticas educativas, hay una debilidad en la efectiva aplicación de estas leyes.
“La legislación de Colombia es abundante en mecanismos de participación ciudadana para la formulación y la implementación de leyes e políticas. Sin embargo, en este país los gobiernos de los últimos 30 años cambiaron el sentido de la educación: que dejó de ser un derecho y se convirtió en mercancía. No hay por parte del gobierno una real actitud para permitir que familias, universidades, estudiantes y docentes sean los que determinen los rumbos educativos en Colombia. Todo eso ha quedado en manos de los grandes empresarios y son ellos los que tienen la dirección de los programas educativos en Colombia”, analiza el Senador Senén Niño Avendaño, de Colombia.
En este encuentro también se debatieron ampliamente los casos de represión y criminalización de los movimientos y de las manifestaciones públicas, especialmente los casos de Brasil, Honduras, Paraguay y México.
“Nos preocupa la creciente represión y criminalización de los movimientos, en particular del campo educativo en la región. CLADE ha estado en diálogo con los relatores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque Paraguay, Honduras e Brasil – dicho sea de paso, tres países que sufrieron golpes parlamentares – muestran casos graves de criminalización de los movimientos estudiantiles”, subraya Camilla Croso, coordinadora de la CLADE. “Ese es un tema prioritario en nuestra agenda: el descompase entre leyes que de alguna manera reconocen y promueven el derecho a la participación – aunque de manera tímida, una vez que gran parte de las legislaciones no habla de toma de decisión, sino que de consultas – y este creciente proceso de criminalización.”
A su vez, el integrante del Foro por el Derecho a la Educación (Paraguay) Fernando Krug relató los casos de amenazas, imputaciones jurídicas y sanciones aplicadas a estudiantes y docentes en este país. “Desde los años 1990, el Estado ha profundizado una lógica de corrupción y de cercenamiento de derechos, así como ha desarrollado nuevos mecanismos de represión. A partir del golpe de Paraguay, en 2012, se da la reestructuración de los movimientos estudiantiles universitarios y secundarios y, al mismo tiempo, se dan maniobras en los centros educativos para impedir ese proceso de organización de los estudiantes, que tratan de sancionar e imputar a los secundarios”.
Otro aspecto que se destacó en este encuentro virtual fue el avance de legislaciones que restringen el derecho a la protesta en la región. “En México se está buscando formas de reglamentar la protesta social. En el Estado de Michoacán se está discutiendo en el Congreso Local una ley de manifestación que va orientada a limitar a los profesores a movilizarse. Hay sectores muy activos – como docentes, estudiantes, comunidades campesinas – y esta ley tiene toda la intención de controlarlos. Los grupos que quieren aprobar esto quieren omitir en el debate algo esencial: la manifestación tiene origen en la falta de voluntad o de capacidad del Estado en cumplir las demandas sociales”, alerta Lázaro Mineiro Arellano, asesor parlamentar en el estado de Michoacán.
