Debate sobre el financiamiento de la educación destaca la importancia de la incidencia por más calidad en los gastos públicos
1 de diciembre de 2015
En este panel, realizado en el marco del “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe”, se compartieron los desafíos de la financiación de este derecho y la importancia de la participación ciudadana para la garantía de una educación pública y gratuita para todas y todos
1º de diciembre de 2015
El último panel del II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizó del 30 de noviembre al 1º de diciembre en São Paulo, Brasil, por iniciativa de la CLADE, en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, discutió el financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Participaron María Rehder, coordinadora de proyectos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, Roberto Morengo, asesor legislativo de la Cámara de Diputados en Argentina, Senén Niño Avendaño, Senador en Colombia, y Guadalupe Valdez, diputada de República Dominicana.
Durante el debate, se destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de consensos sobre el tema del financiamiento del derecho a la educación, así como procesos de incidencia por más recursos y mejores gastos en la educación, a partir del diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y los parlamentos. Se subrayó que el financiamiento de la educación es una propuesta política no solo económica, lo que genera grandes tensiones entre la sociedad civil y los gobiernos, y que se necesita de articulación entre diferentes sectores sociales y poderes para lograr avances. Se reafirmó además que es necesario construir propuestas concretas, desde la sociedad civil y los parlamentos, para garantizar la asignación de más recursos y gastos con calidad para la educación.
En su intervención, Guadalupe Valdez denunció las recientes acciones de represión manifestadas por la Policía Nacional de República Dominicana frente a las protestas pacíficas que se vienen desarrollando a propósito de los escándalos de corrupción desatados en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), encargada de construir nuevos planteles escolares.
Durante los últimos 10 años, se ha visto en el país la irrupción de la movilización ciudadana y de movidas juveniles por la asignación del 4% del PIB nacional para la educación preuniversitaria fuertemente reprimidas. Hoy la sociedad dominicana ve que tratan de reprimir esa lucha pacífica para que los fondos públicos sean ejecutados de manera eficiente, sin corrupción y sin impunidad. “Más allá de la lucha por más recursos para la educación debemos incidir para que se respete el derecho a la participación, y por la calidad y transparencia en la aplicación de los recursos”, afirmó. Mira aquí el video que se presentó en la ocasión, sobre la represión al movimiento organizado contra la corrupción en República Dominicana.
María Rehder, de la Campaña Nacional de Brasil, celebró la conquista de la asignación del 10% del PIB nacional para la educación, pero ponderó que en este momento de crisis financiera y ajuste fiscal, el desafío es incidir para que se mantenga el compromiso del gobierno con esa meta de financiamiento. “No queremos incidir solamente por más recursos, sino para que tengamos también otra lógica de inversión, respecto al derecho de aprender en condiciones adecuadas, tanto en lo que toca a la situación de las y los docentes, como en la infraestructura de las escuelas”, afirmó, refiriéndose al Costo Alumno Calidad (CAQ) y al Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), indicadores de financiamiento del derecho a la educación que fueron desarrollados por iniciativa de la Campaña Nacional, con miras a incidir en que se inviertan recursos para la calidad de la educación.
Por su vez, el senador colombiano Senén Niño Avendaño destacó que la sociedad civil es un actor determinante en la incidencia por una educación pública y gratuita, y afirmó que los principales desafíos de su país son la lucha por la paz y los 23 acuerdos de libre comercio que el Estado ha firmado, con impactos nocivos para la agricultura, la industria y otras áreas, en beneficio de las potencias y en desmérito de la economía nacional. “En este contexto, lamentablemente todos los derechos fundamentales se convertieron en mercancía, inclusive la educación, la salud, la seguridad social y la previdencia, etc”.
Roberto Morengo, asesor legislativo de la Cámara de Diputados de Argentina, destacó los avances en la actual ley de financiamiento de la educación, que alcanzó el 6% del PIB nacional, resultado de una fuerte lucha de los sindicatos docentes; la obligatoriedad de la educación secundaria; y la nueva Ley de Educación Superior, que garantiza la gratuidad de la educación terciaria y elimina los exámenes para ingreso a la universidad. Sin embargo, ponderó que será un desafío mantener las conquistas y contener retrocesos, ante el hecho de que un partido de derecha regresó al poder en las recientes elecciones presidenciales. “Además de este contexto político, las medidas de ajuste fiscal están reduciendo significativamente los recursos para la educación. Tenemos un tema de agenda importante que es saber cuánto necesitamos invertir en educación para realizar este derecho”, concluyó.
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