Chile: Estudiantes se manifiestan en contra de la reforma educativa que suspende la expansión de la red pública y aumenta la participación privada en la educación

Descontentas/os con los proyectos de reforma educativa actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, que ignora la mayoría de las demandas del movimiento estudiantil, las/los estudiantes chilenas/os llevan a cabo protestas en todo el país, exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad

Por Samuel Grillo, de CLADE

Miles de estudiantes de secundaria, universitarias/os, profesoras/es y movimientos sociales se tomaron las calles y las escuelas chilenas en rechazo a los planes de reforma educacional presentados por el gobierno a la aprobación de la Cámara de Diputados. Ocho movilizaciones conducidas a nivel nacional ya abarcan 50 liceos y 20 facultades o carreras tomados, además de 100 universidades movilizadas.

Según Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, estas propuestas de reforma no responden a la demanda de las/los estudiantes y de la sociedad civil por un sistema educacional público, gratuito y de calidad. “El proyecto mantiene el actual sistema educativo de mercado, que permite la transferencia de dinero público a grupos privados”, afirma.

La reforma, que fue una de las promesas de la campaña electoral de la presidenta Michelle Bachelet en 2015, se elaboró en base a la exigencia de cambiar la estructura del sistema educativo de Chile, que es una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, y favorece la concesión de subvenciones públicas a las escuelas privadas y la oferta de “vouchers” para que las familias puedan matricular sus hijas/os en estas instituciones. Sin embargo, según Bachelet, con la actual desaceleración de la economía chilena, los cambios propuestos para el sistema educativo chileno se quedan vinculados al crecimiento económico del país. Con ello, afirma que apenas se podría financiar la enseñanza gratuita y universal para todas los y las estudiantes de los tres quintiles más pobres del país.

Sin embargo, la reforma educativa se debería proponer responder a las demandas que motivaron las movilizaciones de estudiantes de secundaria en 2006 – la llamada Revolución Pingüina-, así como a las reivindicaciones por la “desmunicipalización de la educación”, que garantizaría una distribución de recursos públicos más igualitaria entre distintas regiones y escuelas del país, la gratuidad de la educación superior universitaria y otras exigencias del movimiento estudiantil de secundaria, organizado en las movilizaciones de 2011.

El conjunto de reformas comprometidas por el actual gobierno se inició con una ley que establece la prohibición de la selección de estudiantes en escuelas privadas subvencionadas por el Estado, así como el fin de la financiación escolar compartida entre fondos públicos y las familias y el cese de la ganancia de las/os propietarias/os de las instituciones privadas. Así se planteaba detener el incremento de la segregación escolar producto de la falta de regulación estatal existente previamente, logrando así una mayor participación del Estado en la fiscalización del sector y garantizando el acceso a la educación de las/los estudiantes de bajos ingresos.

Sin embargo, Patricio Véjar afirma que el proyecto de reforma parcial al sistema escolar presentado por el gobierno nacional y aprobado por la Cámara de Diputados no es el mismo que Bachelet defendía durante la campaña electoral. “Aunque prohíba la creación de instituciones educativas con fines de lucro, el retiro de utilidades de manera encubierta y la selección de estudiantes, y además termine con el aporte económico de las familias, con miras a garantizar una mejor distribución de recursos para la educación entre los distintos espacios que componen la segregación territorial que afecta a las ciudades y regiones del país, el nuevo plan consolida la existencia de formas de participación privada en este sector, como por ejemplo el arrendamiento encubierto de instituciones educativas públicas para entes privados.

A la vez, el proyecto de ley que crea un Sistema de Educación Pública sólo hace cambios cosméticos al sistema público actualmente en funcionamiento, manteniendo la figura de los sostenedores municipales, pero agrupados para disminuir una de las situaciones más perniciosas, como es la incapacidad de los municipios pobres de hacerse cargo de sus colegios. La reforma en discusión en el parlamento no prevé la expansión de la red pública ni la modificación del mecanismo individual de financiamiento, que es el corazón de la educación de mercado, como ha sostenido invariablemente el movimiento social por la educación”.

Histórico – Hace tres meses se impulsan grandes manifestaciones en defensa del derecho a la educación en Chile, las cuales han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El 21 de abril, tuvo lugar la primera marcha nacional de 2016, que fue convocada de forma conjunta por varias organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarias/os, así como trabajadoras/es de distintas universidades.

A esta marcha siguieron movilizaciones menores, motivadas por distintas demandas, que van desde la denuncia de acosos sexuales en las instituciones educativas, hasta la resistencia al autoritarismo en el interior de estos centros. Asimismo, este año se observó como un fenómeno nuevo la adhesión de las universidades privadas a las manifestaciones por el derecho a la educación.

La segunda marcha nacional del año fue convocada por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CoNES) y tuvo lugar el 5 de mayo. En la ocasión, las/os manifestantes fueron cercadas/os y reprimidas/os por Carabineras/os que buscaban contener las protestas. Una tercera marcha nacional fue convocada para el 11 de mayo, en una iniciativa conjunta de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la CoNES, que logró reunir a más de 80.000 personas en Santiago.

El 21 de mayo, tuvo lugar el anuncio de la Cuenta Pública por Bachelet, el discurso anual en que la presidencia rinde cuentas de su gestión. En esta ocasión, la presidenta abordó la reforma educativa, enfatizando que mantendrá las subvenciones públicas a colegios privados, lo que nuevamente despertó la “ofensiva estudiantil”, con la toma de liceos y facultades. A partir de este momento, varias marchas se han impulsado en todo el país, como forma de protesta por más recursos para la educación pública y gratuita para todas las personas.

El 24 de mayo, estudiantes irrumpieron en el palacio presidencial de La Moneda, burlando a la seguridad, y entregaron una carta simbólica a Bachelet en la que se leía: “Notifíquese: Fracasaron”, en referencia a que al intento de reforma educativa que impulsa el gobierno no tuvo éxito. La policía las/los desalojó a empujones, arrastrando a varias/os de ellas/os por el suelo. Según informes de la policía, diez personas han sido detenidas en esta ocasión.

Sin embargo, la violencia y la represión de la policía chilena no impidieron el seguimiento de las manifestaciones populares. Desde el primer de julio, estudiantes universitarias/os ocupan el Paseo Bulnes, en el centro de Santiago de Chile, donde se organizan en una asamblea abierta. El objetivo de la ocupación es darle visibilidad a la demanda por una educación pública y gratuita, y además llamar otras personas y sectores sociales a que se sumen a la ocupación y a la realización de debates, que vayan configurando una plataforma de demandas transversales de los distintos movimientos sociales.

El 5 de julio, miles de universitarias/os iniciaron una marcha hacia el Ministerio de Educación. Sin embargo, poco después del inicio de la protesta, la policía antidisturbios intervino, lanzando gases lacrimógenos y cañones de agua contra las/los manifestantes. El último balance informado por la policía reporta 140 detenidas/os en distintas localidades de la capital chilena. De acuerdo con el último balance entregado por las fuerzas de seguridad, se indica que entre las/os detenidos, hay 82 hombres y 18 mujeres adultas, además de 40 personas menores de edad.

Esta manifestación se realizó en la misma fecha que empezó a tramitar en el Parlamento Nacional un proyecto de reforma de la educación superior, presentado por el gobierno de Bachelet, que es igualmente rechazado por estudiantes, rectoras/es universitarios y sectores políticos. El proyecto presentado comprende la gratuidad sólo para estudiantes de bajos ingresos, en un país que tiene una de las enseñanzas más caras del mundo, con costos cinco veces mayores que la media de los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).