resolución, adoptada el pasado 13 de noviembre y que trata sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea en el campo de la educación, toma entre sus fundamentos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que estipula que "toda persona tiene derecho a la educación", y señala que la educación será gratuita, al menos en las etapas elementales y fundamentales. Esto se establece también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reconoce que la equidad, la inclusión y la igualdad de género están inextricablemente vinculadas al derecho a la educación para todas las personas, así como en la Observación General Nro. 36 del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que aborda el derecho de las niñas y mujeres a la educación, y en la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo. En el texto de la resolución se reafirma que la educación es un derecho humano fundamental y central para la realización de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que impide la transmisión de la pobreza entre generaciones y desempeña un papel fundamental en el logro de la igualdad de género. Asimismo, afirma que los derechos que deben respetarse en la educación van más allá de la mera igualdad aritmética e incluyen la promoción de una verdadera igualdad de género en y a través de la educación. La resolución representa un precedente crucial ante el crecimiento de los actores privados con fines de lucro en el campo de la educación, en particular en los países en vías de desarrollo, dado que expresamente señala que Unión Europea y los Estados miembros, de conformidad con la meta del ODS 4 - referido a la educación - de número 4.1 y el artículo 26 de la DUDH, no deben utilizar la ayuda al desarrollo para apoyar a los establecimientos educativos comerciales privados que no respetan los principios y valores de la Unión. Asimismo, teniendo en cuenta que la ayuda educativa debe ser una prioridad, porque la educación es esencial para el desarrollo económico, la reducción de las desigualdades, la inclusión social de las personas con discapacidad, la salud, la democracia, el estado de derecho y la prevención de conflictos, deplora el hecho de esta ayuda no sea una prioridad para los donantes internacionales e insta a que la educación se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo de la Unión Europea y sus Estados miembros. Reconoce también que lograr el ODS 4  requiere una inversión masiva en los sistemas educativos y alienta a la Unión y a sus Estados miembros que dediquen el 10% de su asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a la educación para el 2024, y el 15% para 2030. Lea la Resolución completa aquí (en inglés). Más información aquí. Con informaciones de GI-ESCR y Parlamento Europeo">

Parlamento Europeo adopta resolución que alienta a no financiar escuelas privadas con fines de lucro

21 de noviembre de 2018

La resolución, adoptada el pasado 13 de noviembre y que trata sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea en el campo de la educación, toma entre sus fundamentos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que estipula que “toda persona tiene derecho a la educación”, y señala que la educación será gratuita, al menos en las etapas elementales y fundamentales. (más…)

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Experto de Naciones Unidas alerta sobre impactos de la privatización generalizada

9 de noviembre de 2018

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, afirma que la privatización generalizada de los bienes públicos está eliminando sistemáticamente la protección de los derechos humanos y marginando aún más a las personas que viven en la pobreza (más…)

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Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en AL&C, así como de fuentes nacionales. Lea la publicación aquí.">

El financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la Agenda 2030

21 de octubre de 2018

En el marco de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (AL&C), la CLADE lanzó un análisis de la situación del financiamiento educativo en la región. (más…)

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declaración final del encuentro, las autoridades presentes reafirmaron el compromiso de sus Estados con el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva. La declaración subraya que las políticas hacia la igualdad de género en la educación son fundamentales para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que se debe dotar a las y los docentes de conocimiento, habilidades, valores y actitudes libres de los estereotipos de género para que todas y todos se desarrollen hasta alcanzar su máximo potencial. Además, señala que la implementación de estas políticas requiere un financiamiento adecuado. “Reconocemos que es de vital importancia que se proporcionen niveles suficientes de inversión nacional e internacional en educación en aras de lograr educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos”, afirma la declaración. El documento también destaca el rol fundamental de las y los docentes, y la necesidad de garantizar valorización y formación adecuada para estos profesionales. Asimismo, subraya que el acceso a la educación de calidad es un derecho humano y la base para la conquista de otros derechos, afirmando que “el poder transformador y la naturaleza transversal de la educación la convierten en una herramienta esencial para abordar nuestros desafíos globales y contribuir a la búsqueda de diálogo, consenso, cooperación, colaboración, y metas de políticas, objetivos coordinados y respuestas del G20”. En el marco de la Reunión Ministerial, la CLADE, en alianza con sus miembros en los países de América Latina y el Caribe que forman parte en el G20 - Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en México, entregaron un documento a las autoridades presentes en el encuentro. En ese documento, expresan sus preocupaciones ante los desafíos para el financiamiento educativo en la región e instan los gobiernos que integran el G20 para que asuman un compromiso con la justicia tributaria; garanticen recursos adecuados para el derecho a la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos y gratuitos; y ejecuten planes y presupuestos educativos sensibles a la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la garantía del acceso y la permanencia escolar para todas las personas. A pesar de recoger gran parte de estas demandas, la declaración ministerial no profundiza en algunos de los planteamientos de la sociedad civil, por ejemplo, el compromiso de los Estados con el financiamiento adecuado de sistemas públicos gratuitos, y la justicia tributaria como forma de asegurar los presupuestos públicos nacionales sostenibles como principal fuente de recursos para la educación. Otras partes de la declaración, a su vez, generan preocupación porque defienden la gestión educativa “por resultados”, lo que podría abrir camino para la focalización de inversiones en políticas educativas “eficientes”, según los recursos que estén “disponibles”, en detrimento de parámetros para un financiamiento educativo con calidad para todas las personas, que pongan a los derechos por encima de los resultados y se desarrollen en diálogo con la sociedad civil. La CLADE y sus miembros seguirán impulsando acciones de incidencia para que se incluyan compromisos con el financiamiento educativo, la gratuidad educativa, la realización del derecho humano a la educación y la Agenda de Educación 2030 en la declaración final del G20, que se adoptará en el marco de la Cumbre de Líderes, a realizarse los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Lea la Declaración de Ministros de Educación del G20 aquí.">

Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

19 de octubre de 2018

Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)

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Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030

6 de septiembre de 2018

Con este documento, CLADE y sus miembros en Argentina, Brasil y México instan por el compromiso de los Estados del G20 con la garantía de presupuestos educativos sostenibles y suficientes para el fortalecimiento de sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos.

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Grupo de los Veinte (G20) es un foro que reúne a líderes de las principales economías del mundo, con miras a desarrollar políticas globales para abordar los mayores desafíos de la actualidad. El G20 está compuesto por 19 países y la Unión Europea. Los 19 países son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Argentina ocupa la presidencia pro-tempore del G20, recibiendo encuentros de diferentes niveles gubernamentales. Por primera vez, la temática educativa entró a un Foro del G20. Con miras a influenciar este debate, logrando un compromiso del G20 con la ejecución de presupuestos y políticas para la garantía de una educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, a lo largo de la vida y equitativa para todas y todos, CLADE y CME se sumaron al Grupo de Trabajo (GT) sobre Educación, Empleo e Inclusión del Civil 20 (C20), mecanismo integrado por organizaciones no gubernamentales que lidera la relación de este sector con los gobiernos que forman parte en el Grupo de los Veinte. Representantes de CLADE y CME vienen acompañando los diálogos del C20 y participaron en la elaboración de un documento con recomendaciones para los Estados del G20 relacionadas a educación, empleo e inclusión. Estos planteamientos se presentaron en el 2º Encuentro del Grupo de Trabajo de Educación del G20 (11 y 12 de junio en Ginebra, Suíza) y la Sesión conjunta de los Grupos de Trabajo de Educación y Empleo del G20 (13 de junio, también en Ginebra). El Grupo de Trabajo de Educación del G20 es coordinado por el Ministerio de Educación de Argentina y está compuesto por representantes de los 20 integrantes del G20 y agencias internacionales, como la UNESCO. Asimismo, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la CME, participó en la Cumbre del Civil 20, que tuvo lugar los días 6 y 7 de agosto en Buenos Aires. En esta ocasión, se fortaleció la articulación de la CLADE con organizaciones de distintos sectores, así como con otros grupos de trabajo temáticos que forman parte en este espacio de participación de la sociedad civil en el G20. En su intervención durante el evento, Croso recordó la tragedia que tuvo lugar en la escuela nº 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, y subrayó que en este contexto la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), miembro de la CLADE en el país, pone en marcha una petición para exigir la creación de la “Verificación Técnica Educativa” (VET), a realizarse anualmente para asegurar que la infraestructura de las escuelas esté en condiciones adecuadas y seguras para la garantía del derecho a la educación [sepa más].">

CLADE insta Estados del G20 a reafirmar su compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

1 de agosto de 2018

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en articulación con la Campaña Mundial por la Educación (CME) y sus miembros en países de la región que forman parte en el G20- Argentina, Brasil y México – incide para lograr un compromiso del G20 con la realización plena de las metas de la Agenda de Educación 2030
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El financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la Agenda 2030

28 de julio de 2018

En el marco de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (AL&C), la CLADE lanzó un análisis de la situación del financiamiento educativo en la región, en base a los datos de su Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en AL&C, así como informaciones de fuentes nacionales.

>> Descargue aquí la versión actualizada del análisis, lanzada en 2020.

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Argentina: Lanzan síntesis de los debates del seminario “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”

27 de julio de 2018

La publicación reúne los resultados del seminario internacional “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”, que se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) en Buenos Aires, Argentina, entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre de 2017, con el objetivo de avanzar en el debate y la comprensión del fenómeno de la mercantilización y privatización de la educación, así como el análisis de alternativas de resistencia. (más…)

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Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos). Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”. Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho. El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”. Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados. En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional. Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”. Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13 Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces: http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/">

Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos

20 de julio de 2018

La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).

Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.

Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.

El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.

Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.

En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.

Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13

Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:

http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance

http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/

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Divulgamos mensajes a través de las redes sociales para demostrar el impacto de la justicia tributaria en el financiamiento educativo

10 de julio de 2018

Estas piezas comunicativas fueron lanzadas en el marco de debates internacionales sobre la justicia tributaria y su importancia para la realización de los derechos humanos. Esta es una iniciativa de CLADE, en alianza con Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (más…)

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