Luiz Araújo: “Observamos una energía renovada que emana de las escuelas ocupadas en Brasil”
7 de noviembre de 2016
Como preparación a la IX Asamblea Regional de la CLADE, entrevistamos a Luiz Araújo, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia(más…)
Chile: Estudiantes manifiestan su descontento por reforma educativa
26 de octubre de 2016
Estudiantes de secundaria manifiestan su descontento ante la reforma, y defienden que la misma mantendrá el endeudamiento como condición para acceder a la educación superior(más…)
En Brasil estudiantes tomaron más de 800 escuelas contra el gobierno de Temer
24 de octubre de 2016
Al gobierno golpista de Michel Temer le surgió un actor inesperado en el sur del país: un creciente movimiento estudiantil que lleva varias semanas resistiendo sus medidas de recorte y ajuste a la educación(más…)
Rebelión
Lxs estudiantes universitarios están haciendo historia en Paraguay, a través de la denominada La Primavera Estudiantil. A lo largo de las últimas semanas, ellxs han despertado una de las más grandes movilizaciones en la historia del país, demandando reformas democráticas en los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Si el estudiantado logra su meta, será la primera vez en la historia moderna del país en que reformas de importancia nacional resultan de la presión de los movimientos sociales. El éxito que lxs manifestantes estudiantiles han tenido, tanto para movilizar un apoyo masivo como para despertar una empatía nacional, revela importantes cambios en la política paraguaya y tiene el potencial de engendrar transformaciones aún más profundas.
Comenzadas a fines de agosto, las manifestaciones han congregado a miles de estudiantes y unificado las 12 facultades de la UNA en una huelga y en una serie de tomas que han paralizado el campus. Lxs estudiantes demandan cuatro reformas básicas de gobernanza de la Universidad: que se elimine la mayoría absoluta actualmente sostenida por docentes en la Asamblea Universitaria, la cual está compuesta por representantes del profesorado, del estudiantado y de los egresados de las 12 facultades; que lxs representantes sean limitadxs a una sola reelección a los órganos de gobierno; que se prohíba la elección de individuos que ocupan cargos de confianza dentro de la universidad; y que se establezca una comisión electoral independiente para regular las elecciones universitarias.
Como respuesta a las presiones de lxs estudiantes, la Asamblea Universitaria se reunió el 29 de septiembre a debatir y votar sobre las propuestas reformas. Como en dos ocasiones anteriores en los últimos dos meses, la asamblea desistió de aprobar las demandadas reformas, provocando nuevas rondas de manifestaciones estudiantiles. A comienzos de octubre, el conflicto se ha agudizado a la medida que líderes universitarios y una facción aliada de líderes estudiantiles desarrollan las elecciones de representantes a la Asamblea Universitaria. Manifestantes estudiantiles y docentes han boicoteado estas elecciones, calificándolas como potencialmente ilegales y claramente ilegítimas en el contexto de la crisis actual. Las prácticas anti-democráticas llevadas a cabo durante el proceso eleccionario —como el ocultamiento del cronograma electoral y la falta de un periodo de presentación e impugnación de candidaturas— han reprimido la participación y la competencia electoral, permitiendo que los líderes universitarios elijan a dedo candidatos que responden a sus intereses. Lxs estudiantes exigen la prórroga de las elecciones hasta que se aprueben las reformas al estatuto, e incluso ya han logrado la suspensión de las elecciones en las Facultades de Agronomía, Ingeniería y Medicina por medio de un pedido de impugnación al tribunal de justicia electoral.
Un año conflictivo en la Universidad Nacional de Asunción
Las ocupación y las protestas actuales se iniciaron el 24 de agosto, cuando la Asamblea Universitaria se opuso a votar por las reformas propuestas por La Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (REUNA) luego de 8 meses de negociaciones. Está comisión fue conformada por estudiantes, docentes, y decanos con la tarea de elaborar un borrador de los nuevos estatutos y dar fin a una ola de protestas que emergió un año atrás, luego de que estudiantes sacaran a la luz un escándalo de corrupción de la máxima autoridad universitaria. Durante la ocupación del rectorado de la Universidad, lxs estudiantes recuperaron documentos que comprobaban graves actos de corrupción y nepotismo del Decano de la Universidad, Froilán Peralta, quien había asignado múltiples salarios a los parientes y amistades de su ex secretaria.
Una serie de estrafalarias escenas se desplegaron durante la ocupación. Una administradora universitaria encapuchada intentó entrar al rectorado y robar documentos; una secretaria empezó a comer documentos para eliminar la evidencia de los casos de corrupción luego de ser descubierta y detenida por estudiantes en las puertas del campus. La fiscalía investigó la escena y registro la evidencia, luego de largas demoras y solo bajo el escrutinio y la presión de activistas estudiantiles. Una crisis de liderazgo se desató luego de que Froilán fuera arrestado y 12 funcionarios administrativos fueran imputados por el cobro indebido de salarios. La crisis terminó con el nombramiento de nuevos líderes universitarios que acordaron negociar con líderes estudiantiles sobre reformas de gobernanza en la Universidad. En total, las movilizaciones del año pasado impulsaron la renuncia de 74 administradores y 232 profesores, decanos, y vice decanos y la imputación de 42 funcionarios universitarios.
Inspirada por hechos de corrupción, la indignación estudiantil también ha expuesto la amplia gama de abusos personales y políticos perpetrados impunemente por docentes y líderes universitarios, a causa de la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la institución. Tradicionalmente, las autoridades universitarias han distribuido salarios y posiciones lucrativas a miembros del Partido Colorado y a conexiones personales, callando voces disidentes a través de su marginalización, amedrentamientos y la amenaza de despido.
Según Mauricio Portillo, representante estudiantil en la facultad de veterinaria, docentes ejercen control sobre los centros de estudiantes con el apoyo de estudiantes en peligro de aplazo. Para asegurar sus notas, estos estudiantes trabajan para marginalizar posturas críticas y reformistas entre sus compañeros y proteger los privilegios de los docentes en instancias de representación estudiantil.
El privilegio político gozado por el profesorado permite graves abusos de poder en las aulas de la UNA. Autoridades universitarias se apropian de recursos designados para la expansión y mejora de los programas académicos. La contratación y protección de investigadores e instructores no calificados frena la producción académica y científica de la institución, y obstaculiza las innovaciones curriculares y pedagógicas necesarias para que la formación universitaria alcance estándares internacionales en Paraguay. En junio, un profesor de la Facultad de Medicina fue imputado por acoso sexual y, durante las últimas manifestaciones mujeres estudiantes, han denunciado prácticas sistemáticas de coerción sexual en dicha institución. Estudiantes de la Facultad de Derecho han reportado casos de docentes que hacen llamadas telefónicas días antes de los exámenes finales y solicitan pagos a los alumnos para aprobar sus exámenes.
Los líderes universitarios han respondido al creciente movimiento estudiantil con amenazas, amedramientos, y violencia física. Durante la ocupación del año pasado, los estudiantes descubrieron carpetas en las cuales administradores habían acumulado documentos registrando las actividades y posteos en las redes sociales de líderes estudiantiles disidentes; una práctica que recuerda al aparato de inteligencia utilizado para eliminar a la disidencia política por medio de acoso, arresto, tortura, y desaparecimiento forzoso durante los 35 años de la dictadura Stronista (1954-1989). Abundan ejemplos más explícitos de la represión del movimiento estudiantil. Diecisiete estudiantes de la Universidad Nacional del Este fueron procesados luego de haber ocupado oficinas universitarias para evitar la destrucción de documentos que podrían comprobar hechos de corrupción cometidos por funcionarios de la universidad.
A fines de septiembre, la Fiscalía de San Lorenzo ordenó la detención de cuatro dirigentes estudiantiles, por “privación de libertad” a los miembros de la Asamblea Universitaria, luego de que miles de estudiantes habían rodeado el edificio donde las autoridades estaban reunidas para discutir las reformas de los estatutos de la Universidad. La orden fue levantada posteriormente, pero ésta es una táctica común utilizada por los fiscales para intimidar a los dirigentes sociales y desmovilizar a sus seguidores.
Luego de la última asamblea universitaria, la policía detuvo e interrogó a cuatro guardias privados de seguridad contratados por el Decano de la Facultad de Medicina después de que éstos hayan asaltado y amenazado a dos estudiantes manifestantes con una cadena de metal y otras armas. El decano de la Facultad de Filosofía acusó a dirigentes estudiantiles de “tomar órdenes” y “recibir víveres” de extranjeros y declaró “lícito repelar la violencia con violencia”—haciendo eco del xenofóbico y autoritario discurso de seguridad de la dictadura paraguaya.
Las autoridades de la UNA también ejercen censura ideológica, particularmente en la Escuela de Ciencias Sociales, que depende de la Facultad de Derecho – una institución que está profundamente atada a la tradición autoritaria del Partido Colorado. Esto es un legado directo de la dictadura, la cual ha prohibido la enseñanza de Ciencias Políticas en Paraguay de manera a limitar la construcción de un pensamiento político crítico disidente. La Universidad Nacional ha ofrecido licenciaturas en ciencias políticas y sociología solamente a partir del 2003, y la malla curricular, la contratación de docentes y la administración de la escuela ha sido sometido a un manejo politizado y corrupto por directores de la Facultad de Derecho.
El año pasado, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales levantaron su toma sólo luego de haber impulsado la renuncia del director y la firma de un acuerdo con el director interino para iniciar la desanexión de la institución de la Facultad de Derecho, un primer paso hacia la creación de una Facultad de Ciencias Sociales. Hasta la fecha, este acuerdo ha sido ignorado, y como resultado, estas disciplinas, cruciales no solo para un debate político informado, sino para el mejoramiento de la administración pública, continúan severamente subdesarrolladas en Paraguay.
El contexto de resurgimiento del autoritarismo en Paraguay
El resurgimiento del control autoritario y partidario de la UNA y la masiva resistencia estudiantil son emblemáticas de tensiones crecientes acerca del futuro político paraguayo. La protesta estudiantil forma parte de un conjunto de conflictos que se desatan luego de una década de convulsivo cambio político. En 2008, seis décadas de hegemonía del Partido Colorado fueron interrumpidos cuando el ex Obispo Fernando Lugo llegó al poder con una coalición electoral contradictoria —compuesta por el oligárquico Partido Liberal y nuevos partidos de izquierda con poca fuerza electoral. Durante esta corta apertura democrática, ex representantes de la sociedad civil ocuparon instituciones del Estado para impulsar una serie de reformas, incluyendo una mejor cobertura y acceso a servicios de salud pública, reformas del servicio civil y la renegociación de las remesas que recibe Paraguay del gobierno brasilero en concepto de electricidad generada por Itaipú Binacional. Al mismo tiempo, el Partido Liberal, por primera vez en generaciones, tuvo acceso a las arcas del Estado para promover su máquina política.
Estos cambios debilitaron el control del Partido Colorado sobre los recursos estatales, que sostenían su monopolio político. Sin embargo, los colorados conservaron el control del parlamento y, junto con sus contrapartes oligárquicas del Partido Liberal, bloquearon cambios legislativos. En 2012, el Parlamento se convirtió en el centro de las críticas mediáticas sobre la corrupción y el clientelismo, llevando a inéditas protestas ciudadanas. En ese contexto, los legisladores de los partidos mayoritarios aprovecharon un violento conflicto de tierra en el distrito de Curuguaty para destituir al presidente Lugo, en un juicio político calificado como “golpe parlamentario” por observadores internacionales.
El juicio quebró la coalición que había llevado a Lugo al poder, rompiendo el naciente movimiento de protestas en facciones partidarias, y desacreditando al Partido Liberal después de unos breves meses de haber usurpado la oficina ejecutiva. Todo ello cementó el camino para que el Partido Colorado volviera al poder en las elecciones de 2013. A partir de entonces, la dirección de la sociedad paraguaya y el carácter del Estado entraron en disputa. El Partido Colorado está dividido entre una facción autoritaria tradicional, que permaneció fuerte en el Parlamento, y una facción empresarial prebendaria, liderada por el Presidente Horacio Cartes, quien ha proveído al partido de los recursos financieros necesarios para mantener su fuerza electoral. Mientras tanto, la oposición ha permanecido dividida entre la izquierda minoritaria y el ideológicamente conservador Partido Liberal.
En este contexto, Paraguay ha visto una llegada tardía de los discursos neoliberales que otros gobiernos latinoamericanos desarrollaron en 1990; discursos que tienen como fin promover las alianzas público-privadas, la privatización, y la liberalización internacional financiera. Irónicamente, en el caso paraguayo, este discurso ha justificado la expansión más acelerada de la deuda pública en la historia democrática paraguaya, así como también la continuación del modelo agroexportador de crecimiento económico. Mientras la economía ha estado posicionada entre las más resilientes de América Latina, ha hecho poco para eliminar la persistente inequidad rural o detener el crecimiento de la nueva pobreza urbana. Las dislocaciones políticas y económicas de los años recientes han dejado a los paraguayxs materialmente insegurxs, desconfiadxs y resentidxs acerca del sistema político imperante. Las políticas de este gobierno provocaron las primeras huelgas generales a lo largo de los últimos quince años, impulsadas por sindicatos en oposición a la ley de alianzas público-privadas, así como también movilizaciones continuas en el interior del país para resistir el despojo de comunidades campesinas por el agronegocio. A fines de septiembre, ciudadanos llenaron las plazas centrales de Asunción manifestándose en contra de un proyecto de ley que hubiera asignado un triple aguinaldo a los funcionarios del Senado, mientras instituciones de salud y educación pública carecen de presupuesto.
Al mismo tiempo, la coyuntura política ha producido un acuerdo partidario que promueve el resurgimiento de prácticas autoritarias utilizadas para controlar a la sociedad civil durante la dictadura. Durante este gobierno, el presupuesto de las fuerzas militares alcanzó cifras inéditas en el periodo democrático con la adjudicación de US$132 millones a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), incluyendo US$6,7 millones desviados de manera potencialmente ilegal de fondos asignados para inversiones educativas y de infraestructura.
El Ministerio Público y las instituciones judiciales han criminalizado la lucha social, especialmente imputando y encarcelando a dirigentes campesinos. El ejemplo más explícito fue la reciente condena de 11 campesinos por crímenes de homicidio, conspiración criminal e invasión de propiedad privada, relacionados a la muerte de nueve policías en Curuguaty. Durante el juicio desarrollado a lo largo del año, la Fiscalía no presentó evidencia directa para inculpar a los campesinos del asesinato, sino desarrolló una retórica que asocia a las organizaciones campesinas con la subversión política y el terrorismo para sentenciar al grupo de dirigentes a penas entre cinco y treinta años de prisión. Además, la Fiscalía no ejecutó ninguna investigación del asesinato de 11 campesinos que también ocurrió en Curuguaty, cuando un contingente de 300 policías armados expulsaron a 60 campesinos hombres, mujeres y niños de la tierra donde estaban viviendo. Los títulos de propiedad claramente invalidaron los cargos de invasión, ya que demostraron que la tierra en cuestión pertenecía al Estado en lugar de Campos Morombí, la empresa privada que reclamaba ser dueña. Si bien el proceso fue una parodia de juicio, dio un claro mensaje de que el Estado está dispuesto a violar el debido proceso y emplear toda la fuerza de su poder punitivo en contra de campesinos organizados para proteger los intereses de terratenientes y agronegocios. Organizaciones campesinas y de derechos humanos mantienen una vigilia permanente fuera del Palacio de Justicia Nacional pidiendo que se nulifique el juicio.
La Promesa del Movimiento Estudiantil
Sucesivas generaciones de estudiantes han librado la lucha por democratizar la UNA. Retomando este legado, las actuales manifestaciones estudiantiles ya han alcanzado logros históricos—una clara señal de cambio generacional y de la potencial renovación de liderazgo de los movimientos políticos y sociales. La actual generación de estudiantes universitarios fue la primera nacida luego del fin de la dictadura, en el 1989, y de la adopción una constitución democrática, en el 1992.
Estos estudiantes han crecido gozando de mayores libertades civiles y políticos y mayor acceso a la información del mundo exterior que las generaciones anteriores. También han madurado políticamente en un momento en el cual el resto de Latinoamérica experimentaba un giro a la izquierda, el resurgimiento de movimientos sociales, y la expansión de derechos sociales. En tanto sus aspiraciones aumentadas chocan contra los límites y la persistencia de instituciones autoritarias, esta generación ha sido más capaz de montar una masiva y sostenida resistencia.
La sigue una generación de estudiantes de secundaria aún más audaz. Luego del colapso de una escuela pública en mayo del 2016, estudiantes ocuparon un colegio en la capital, demandando que la Ministra de Educación se haga responsable del desastroso estado de la infraestructura escolar y de los inadecuados niveles de inversión. Estudiantes a lo largo de todo el país se adhirieron a las protestas, ocupando un total de 130 colegios durante dos semanas y forzando la renuncia de la Ministra. A una temprana edad, estos estudiantes han comprendido su exclusión de los privilegios de la élite política de su país, además de un sentido de agencia colectiva en demandar al estado sus derechos sobre bienes públicos.
A los estudiantes les une las frustraciones comunes con una universidad mediocre y liderada por una élite mezquina y enquistada en el poder. Sin embargo, los estudiantes que integran este movimiento lo hacen con una diversidad de aspiraciones personales, con visiones dispares sobre el tipo de universidad y sociedad que quisieran construir, y con perspectivas conflictivas sobre las controversias políticas que sacuden al país.
No obstante, las escenas de las actuales movilizaciones dan esperanza de que servirán como experiencias formativas para esta generación y harán emerger identidades colectivas sostenidos por un nuevo ethos democrático. En cada facultad, los estudiantes han llamado asambleas generales para negociar y consensuar posturas a través de debate abierto y voto directo, permitiendo a la masa de estudiantes observar una rendición de cuentas de sus propios líderes. En Paraguay, donde el liderazgo autoritario es común incluso en los movimientos progresistas, esta experiencia ofrece a los estudiantes lecciones profundas acerca de la potencial eficiencia y la legitimidad de los procesos democráticos.
Durante las últimas semanas, el campus de la UNA ha sido un laboratorio para la expresión creativa, la organización, la comunicación, y la generación de nuevas narrativas públicas. Mientras las clases fueron suspendidas, estudiantes organizaron talleres de metodología de investigación, charlas sobre la historia del movimiento estudiantil, instalaciones de arte, lecturas de poesía, eventos deportivos, fogatas, y conciertos de música —todo en nombre de la reforma. Miles de estudiantes han salido a las calles movilizando el apoyo de docentes, padres, comunicadores, y hasta empresas privadas.
En este momento, los estudiantes se están reagrupando luego del tercer rechazo de la asamblea universitaria a sus propuestas. Se debate entre ellos cómo mantener el dinamismo del movimiento sin las organizaciones institucionalizadas que les permitirían montar estrategias de reforma a largo plazo. Dejando de lado el logro o no de sus objetivos en esta coyuntura, el movimiento estudiantil ya ha comenzado a forjar una nueva y más esperanzadora narrativa pública en torno a las posibilidades de cambio en el Paraguay, la urgente necesidad de democracia, y el imperativo de la acción social colectiva. La promesa verdadera de la primavera estudiantil se fundamenta en los logros que ya ha generado: los vínculos duraderos de solidaridad, el sentido de eficacia política, y la experiencia práctica con la organización democrática. Estas son herramientas claves para las siguientes conquistas de los movimientos sociales en el Paraguay.
Gustavo Setrini es profesor en la Facultad de Educación, Cultura y Desarrollo Humano e investigador afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad Nueva York (NYU). Es Ph.D. en economía política por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).">
¿Son las recientes protestas de los estudiantes paraguayos el comienzo de un despertar político?(más…)
En Goiás, este modelo de gestión ya se aplica en los hospitales, pero no tiene precedentes en la Educación. 27 escuelas y el Departamento de Educación del estado (Seduce) fueron ocupadas por estudiantes contrarias/os al nuevo modelo desde fines de 2015.
El Sindicato de los Trabajadores en Educación de Goiás (Sintego) teme por la seguridad laboral de las/los maestras/os. “Nadie sabe cuánto un maestro ganará, cuáles serán los horarios, cómo será el plan de carrera. Hoy en día hay un piso nacional para la categoría, pero no sabemos si va a ser cumplido. El gobierno no ha discutido estos temas y no hay información clara”, dijo Edinéia Pereira, secretaria de comunicación del Sintego.
De acuerdo con Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, “el caso de Goiás es un intento de los partidos brasileños de la derecha de avanzar radicalmente por el camino a la privatización. La resistencia de las/los estudiantes y maestras/os es fundamental para demostrar cómo la sociedad brasileña rechaza la privatización de la educación.”
En las últimas semanas, con el progreso de las licitaciones públicas para la selección de las OS que se harían cargo de la gestión de las escuelas públicas, hubo un aumento de las protestas y, por consiguiente, de la represión y la violencia de las fuerzas de seguridad del estado. El 17 de septiembre, 51 personas que ocupaban el Colegio José Carlos de Almeida, cerrado desde 2014 para abrigar al Consejo de Educación del Estado, fueron retiradas a la fuerza y detenidas por la policía por un día. Las/los 18 estudiantes menores de edad que fueron detenidas/os en aquella ocasión les empezaron a tomar declaraciones el 27 de septiembre.
Representantes de organizaciones estudiantiles y docentes trataron de tener una audiencia con la secretaria de Educación del estado de Goiás, Raquel Teixeira, el 19 de septiembre, día en que las OS entregaron sus proyectos a la Seduce, pero dicha autoridad no las atendió e impidió que se quedasen en el edificio.
El 21 de septiembre fueron anunciadas las cuatro OS que se clasificaron para la etapa siguiente de la licitación. Todas ellas, como señaló Rafael Saddi, profesor de la Universidad Federal de Goiás, vinculadas al gobernador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) y a sus socios o ex socios involucrados en casos de corrupción con funcionarios del gobierno estatal. Durante la ceremonia de licitación, un autobús de la policía antidisturbios permaneció en estado de alerta cerca del sitio en que tenía lugar el evento. Mientras tanto, policías y agentes encubiertas/os amenazaban a las/os maestras/os y estudiantes que protestaban en la ciudad de Aparecida de Goiânia, y el subsecretario de educación del estado de Goiás, Marcelo Ferreira, trataba de intimidar a las/los docentes para que no asistieren a la manifestación del día siguiente.
El viernes 23 de septiembre hubo varios informes de agresiones en una manifestación espontánea en contra del proceso de licitación, en la cual nuevamente estuvieron presentes policías encubiertas/os, que llegaron a amenazar a estudiantes con armas de fuego.
La Seduce y la Policía Militar aún no se han manifestado acerca de esta última protesta. El resultado de la licitación para la elección de la OS que van a administrar las unidades escolares de Goiás se publicará en octubre, cuando la Seduce comenzará a transferir a la nueva administración las 23 escuelas que a partir de 2017 deben servir de ensayo para este modelo de gestión.
El caso de Goiás es preocupante porque parece indicar una tendencia en curso en la educación brasileña. Como un indicio de ello, a principios de este mes, el antiguo Superintendente de la Educación Secundaria del Seduce, Wisley Pereira, se hizo cargo de la Coordinación General de la Educación Secundaria del Ministerio de la Educación (MEC) de Brasil.">
Brasil: Siguen protestas en contra de la tercerización de escuelas en Goiás
3 de octubre de 2016
Estudiantes y maestras/os siguen protestando en el estado brasileño de Goiás, por más inversiones en la red pública de enseñanza y en contra del proyecto del gobierno que permitirá que Organizaciones Sociales (OS) administren escuelas públicas. Las OS son entidades sin ánimo de lucro que reciben recursos del Estado para administrar una institución pública en particular. (más…)
Con la voz, las y los estudiantes de secundaria: Campaña Nacional impulsa consulta sobre la calidad de la educación pública en Brasil
22 de septiembre de 2016
Informe participativo, que busca valorar y enfatizar la voz de las y los estudiantes, será utilizado como un insumo fundamental para los procesos de lucha e incidencia desarrollados por la Campaña en los temas de currículo, gestión y evaluación educativa(más…)
Además, las y los estudiantes investigadas/os han recibido un trato discriminatorio de parte de la administración de sus escuelas, negándoles, por ejemplo, el derecho a alimentación escolar.
Los procesos empezaron con las denuncias de la Secretaria de Educação – SEDUC (Departamento de Educación), basadas en informes escritos por directoras/es y coordinadoras/es de las escuelas que fueron ocupadas.
Los informes, que deberían ser solamente cuentas de patrimonio de las unidades escolares, indican nombres de estudiantes que supuestamente participaron en las ocupaciones. Además de los nombres, los informes indican si las/los estudiantes participan en alguna organización política.
El Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDECA (Centro de Defensa de Niñas/os y Adolescentes de Ceará) y la Defensoría Pública del estado consideran la investigación un acto de persecución política. Las organizaciones señalan irregularidades en el proceso, como la falta de individualización de la conducta o la identificación de la infracción asignada.
El CEDECA señala el carácter de criminalización de los movimientos sociales en la investigación, ya que apenas se hacen preguntas que no tienen en cuenta la investigación de posibles infracciones, sino que se centran en averiguar si hay líderes en el movimiento o si había alguna organización política actuando en las ocupaciones.
Contexto de las ocupaciones – Entre abril y agosto de 2016, el movimiento de estudiantes de la secundaria de Ceará, orientado hacia la defensa del derecho humano a la educación de calidad, ocupó más de 60 edificios escolares en contra de la destrucción de las escuelas públicas, señalando principalmente la precariedad de las estructuras y la deficiencia de la alimentación escolar. Las ocupaciones estudiantiles se hermanaron con la huelga de maestras/os del estado, que duró 107 días.
Esto ha resultado en que el gobierno de Camilo Santana (Partido de los Trabajadores – PT) y la SEDUC anunciaran más fondos para reformas y alimentación, además de la resolución de los problemas pendientes en la transferencia de fondos federales.
Lea aquí la nota pública del CEDECA Ceará (en portugués).">
Brasil: Más de 300 estudiantes de secundaria investigadas/os después de ocupación escolar en Ceará
14 de septiembre de 2016
El Departamento de Educación del estado de Ceará enjuicia a 320 estudiantes que participaron en las recientes ocupaciones escolares, acusadas/os de provocar pérdidas materiales y daños económicos(más…)
Según Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, estas propuestas de reforma no responden a la demanda de las/los estudiantes y de la sociedad civil por un sistema educacional público, gratuito y de calidad. “El proyecto mantiene el actual sistema educativo de mercado, que permite la transferencia de dinero público a grupos privados”, afirma.
La reforma, que fue una de las promesas de la campaña electoral de la presidenta Michelle Bachelet en 2015, se elaboró en base a la exigencia de cambiar la estructura del sistema educativo de Chile, que es una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, y favorece la concesión de subvenciones públicas a las escuelas privadas y la oferta de “vouchers” para que las familias puedan matricular sus hijas/os en estas instituciones. Sin embargo, según Bachelet, con la actual desaceleración de la economía chilena, los cambios propuestos para el sistema educativo chileno se quedan vinculados al crecimiento económico del país. Con ello, afirma que apenas se podría financiar la enseñanza gratuita y universal para todas los y las estudiantes de los tres quintiles más pobres del país.
Sin embargo, la reforma educativa se debería proponer responder a las demandas que motivaron las movilizaciones de estudiantes de secundaria en 2006 – la llamada Revolución Pingüina-, así como a las reivindicaciones por la “desmunicipalización de la educación”, que garantizaría una distribución de recursos públicos más igualitaria entre distintas regiones y escuelas del país, la gratuidad de la educación superior universitaria y otras exigencias del movimiento estudiantil de secundaria, organizado en las movilizaciones de 2011.
El conjunto de reformas comprometidas por el actual gobierno se inició con una ley que establece la prohibición de la selección de estudiantes en escuelas privadas subvencionadas por el Estado, así como el fin de la financiación escolar compartida entre fondos públicos y las familias y el cese de la ganancia de las/os propietarias/os de las instituciones privadas. Así se planteaba detener el incremento de la segregación escolar producto de la falta de regulación estatal existente previamente, logrando así una mayor participación del Estado en la fiscalización del sector y garantizando el acceso a la educación de las/los estudiantes de bajos ingresos.
Sin embargo, Patricio Véjar afirma que el proyecto de reforma parcial al sistema escolar presentado por el gobierno nacional y aprobado por la Cámara de Diputados no es el mismo que Bachelet defendía durante la campaña electoral. “Aunque prohíba la creación de instituciones educativas con fines de lucro, el retiro de utilidades de manera encubierta y la selección de estudiantes, y además termine con el aporte económico de las familias, con miras a garantizar una mejor distribución de recursos para la educación entre los distintos espacios que componen la segregación territorial que afecta a las ciudades y regiones del país, el nuevo plan consolida la existencia de formas de participación privada en este sector, como por ejemplo el arrendamiento encubierto de instituciones educativas públicas para entes privados.
A la vez, el proyecto de ley que crea un Sistema de Educación Pública sólo hace cambios cosméticos al sistema público actualmente en funcionamiento, manteniendo la figura de los sostenedores municipales, pero agrupados para disminuir una de las situaciones más perniciosas, como es la incapacidad de los municipios pobres de hacerse cargo de sus colegios. La reforma en discusión en el parlamento no prevé la expansión de la red pública ni la modificación del mecanismo individual de financiamiento, que es el corazón de la educación de mercado, como ha sostenido invariablemente el movimiento social por la educación”.
Histórico – Hace tres meses se impulsan grandes manifestaciones en defensa del derecho a la educación en Chile, las cuales han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El 21 de abril, tuvo lugar la primera marcha nacional de 2016, que fue convocada de forma conjunta por varias organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarias/os, así como trabajadoras/es de distintas universidades.
A esta marcha siguieron movilizaciones menores, motivadas por distintas demandas, que van desde la denuncia de acosos sexuales en las instituciones educativas, hasta la resistencia al autoritarismo en el interior de estos centros. Asimismo, este año se observó como un fenómeno nuevo la adhesión de las universidades privadas a las manifestaciones por el derecho a la educación.
La segunda marcha nacional del año fue convocada por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CoNES) y tuvo lugar el 5 de mayo. En la ocasión, las/os manifestantes fueron cercadas/os y reprimidas/os por Carabineras/os que buscaban contener las protestas. Una tercera marcha nacional fue convocada para el 11 de mayo, en una iniciativa conjunta de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la CoNES, que logró reunir a más de 80.000 personas en Santiago.
El 21 de mayo, tuvo lugar el anuncio de la Cuenta Pública por Bachelet, el discurso anual en que la presidencia rinde cuentas de su gestión. En esta ocasión, la presidenta abordó la reforma educativa, enfatizando que mantendrá las subvenciones públicas a colegios privados, lo que nuevamente despertó la “ofensiva estudiantil”, con la toma de liceos y facultades. A partir de este momento, varias marchas se han impulsado en todo el país, como forma de protesta por más recursos para la educación pública y gratuita para todas las personas.
El 24 de mayo, estudiantes irrumpieron en el palacio presidencial de La Moneda, burlando a la seguridad, y entregaron una carta simbólica a Bachelet en la que se leía: “Notifíquese: Fracasaron”, en referencia a que al intento de reforma educativa que impulsa el gobierno no tuvo éxito. La policía las/los desalojó a empujones, arrastrando a varias/os de ellas/os por el suelo. Según informes de la policía, diez personas han sido detenidas en esta ocasión.
Sin embargo, la violencia y la represión de la policía chilena no impidieron el seguimiento de las manifestaciones populares. Desde el primer de julio, estudiantes universitarias/os ocupan el Paseo Bulnes, en el centro de Santiago de Chile, donde se organizan en una asamblea abierta. El objetivo de la ocupación es darle visibilidad a la demanda por una educación pública y gratuita, y además llamar otras personas y sectores sociales a que se sumen a la ocupación y a la realización de debates, que vayan configurando una plataforma de demandas transversales de los distintos movimientos sociales.
El 5 de julio, miles de universitarias/os iniciaron una marcha hacia el Ministerio de Educación. Sin embargo, poco después del inicio de la protesta, la policía antidisturbios intervino, lanzando gases lacrimógenos y cañones de agua contra las/los manifestantes. El último balance informado por la policía reporta 140 detenidas/os en distintas localidades de la capital chilena. De acuerdo con el último balance entregado por las fuerzas de seguridad, se indica que entre las/os detenidos, hay 82 hombres y 18 mujeres adultas, además de 40 personas menores de edad.
Esta manifestación se realizó en la misma fecha que empezó a tramitar en el Parlamento Nacional un proyecto de reforma de la educación superior, presentado por el gobierno de Bachelet, que es igualmente rechazado por estudiantes, rectoras/es universitarios y sectores políticos. El proyecto presentado comprende la gratuidad sólo para estudiantes de bajos ingresos, en un país que tiene una de las enseñanzas más caras del mundo, con costos cinco veces mayores que la media de los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).">
Chile: Estudiantes se manifiestan en contra de la reforma educativa que suspende la expansión de la red pública y aumenta la participación privada en la educación
12 de julio de 2016
Descontentas/os con los proyectos de reforma educativa actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, que ignora la mayoría de las demandas del movimiento estudiantil, las/los estudiantes chilenas/os llevan a cabo protestas en todo el país, exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad(más…)
Adolescentes y jóvenes fuera de la escuela – las demandas para una enseñanza secundaria garante de derechos en América Latina y el Caribe
21 de junio de 2016
El documento reflexiona sobre los múltiples factores que hacen que las y los adolescentes y jóvenes abandonen la escuela, y presenta recomendaciones a las autoridades públicas, buscando estimular el debate sobre el tema con la comunidad educativa
Esta reforma además establece exámenes de ambición y vocacionales para ingresar a determinadas carreras, y la expulsión de estudiantes con bajo nivel académico, sin estudios previos por parte de las autoridades universitarias de los factores que hayan generado esta situación. “Las normas académicas responden a la llamada IV Reforma Universitaria, la cual está llena de contradicciones y responde a intereses de mercado, excluyendo directamente a las/os estudiantes de la UNAH y favoreciendo y fortaleciendo las universidades privadas”, afirma el estudiante de Sociología de la UNAH, Merlin Aguirre.
En las protestas de ahora, las/os estudiantes también denuncian la creciente criminalización del movimiento estudiantil en el país, donde el 7 de junio de 2016, las autoridades universitarias presentaron al Ministerio Público solicitudes de orden de captura contra seis estudiantes acusadas/os del delito de usurpación de bien público. Cinco de ellos ya habían sido objeto de otros procesos penales por su participación en protestas el 2015 y 2014, y fueron expulsados de la UNAH en 2014: Cesario Padilla, Dayanara Elizabeth Castillo, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Armando Velázquez. Con la ayuda de una barra de abogadas/os y de organizaciones de derechos humanos del país, estas/os estudiantes pudieron revertir la acusación, de manera que se puso término definitivo al proceso. Sin embargo, con ese nuevo juicio, dichas/os estudiantes no podrán defenderse en libertad, sino que irán a la cárcel si las autoridades universitarias no desisten de su denuncia ante el Ministerio Público.
Además, cuatro de las/os acusadas/os afirman que no estaban en la ciudad de Tegucigalpa durante las protestas de este año, las cuales se abordan en la denuncia: Sergio Luis Ulloa Rivera estaba haciendo su práctica profesional en la ciudad de Santa Bárbara, Dayanara Elizabeth Castillo estudia actualmente en Costa Rica, Cesario Padilla ya egresó de la carrera de Periodismo en la UNAH y actualmente trabaja en una organización periodística y de derechos humanos, y Alejandro Félix Padilla Figueroa no era estudiante, sino un periodista y defensor de derechos humanos que cubría las manifestaciones.
La acusada Dayanara pertenece a la comunidad LGBTI+ y también fue expulsada de la Universidad en 2014, cuando sufrió persecución, detención ilegal, y hostigamiento por su orientación sexual y por participar en la lucha estudiantil, lo que la obligó a irse al exilio en Costa Rica el 2015.
Según el estudiante de Sociología de la UNAH, Merlin Aguirre, esta orden de captura responde a un proceso iniciado el año pasado, durante las protestas que ya se impulsaban contra las mismas normas académicas, y la denuncia que sigue contra las/os estudiantes se formula en base a informaciones antiguas y defasadas, que ya no pueden utilizarse como pruebas. “Esto pone al descubierto que tanto las autoridades universitarias como del Ministerio Público están trabajando de forma arbitraria e ilegal, pues están acusando a estudiantes sin ningún tipo de prueba contundente y bajo argumentos no probatorios”, afirma el estudiante.
Asimismo, el 12 de junio, el Consejo Universitario de la UNAH emitió un oficio en que reafirma la posición de la institución en seguir con la aplicación de las nuevas normas académicas, pese a la oposición de las/os estudiantes [lea el documento completo aquí].
A su vez, el 14 de junio, las autoridades universitarias emitieron un nuevo comunicado, en que justifican la punición de estas/os estudiantes y las denuncias en su contra, y demuestran el cierre a cualquier negociación. Mientras tanto, los medios hegemónicos del país impulsan una fuerte campaña de desprestigio al Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), haciendo a la población creer que se trata de una manifestación política y patrocinada por partidos de izquierda del país, como el Partido Libre. “Tanto las autoridades universitarias como los medios de comunicación insisten que el MEU tiene una ‘agenda política partidaria’ y no una agenda académica de lucha, esto con el fin de dividir, desmovilizar, desacreditar y desprestigiar al MEU, pero no han podido lograr su fin. Al contrario, cada día que pasa se suman más estudiantes a la lucha, con un nuevo discurso y conciencia de la problemática de la UNAH”.
Según Merlin Aguirre, el movimiento estudiantil está luchando por el derecho humano a la educación y por mejores condiciones académicas-pedagógicas, y no está a servicio de ningún partido político. El estudiante denuncia también que el lunes, 13 de junio, cerca de 15 personas, algunas de ellas integrantes del Frente Estudiantil “Fuerza Universitaria Revolucionaria” (FUR) incitadas por las autoridades de la universidad, entraron a la Ciudad Universitaria armadas con palos y cadenas, provocando violencia física y verbal contra las/os integrantes del MEU.
El MEU, movimiento que impulsa las protestas contras la nuevas normas académicas en el país, se posicionó públicamente para denunciar esta acción del Frente Estudiantil, declarando que la misma tuvo la intención de desmoralizar y desmovilizar la lucha de las/os estudiantes en defensa de la universidad pública.
Nuevos procesos judiciales – El 15 de junio, cinco estudiantes de la UNAH en Valle de Sula también fueron citados a comparecer en audiencias judiciales, acusados por el delito de usurpación de bien público. Los cinco acusados son: Abner Ariel Santos Cárcamo, Marco Tulio Rubí Callejas, Bryan Daniel Ochoa Villanueva, José Ariel Amaya y Saúl Obed Córdova. Tras una audiencia a la que fueron convocados los acusados, el juez a cargo dictaminó medidas sustitutivas para cuatro de los cinco estudiantes que son objeto de la denuncia, los cuales comparecieron a la audiencia. Se desconoce hasta el momento si lo mismo se aplicará para el estudiante que se excusó de presentarse al Juicio [sepa más].
Dos días después, otras/os estudiantes que ocupaban la UNAH-VS fueron desalojadas/os por órdenes judiciales. Para no confrontar a las fuerzas represoras del Estado, estas/os manifestantes decidieron entregar las instalaciones pacíficamente [sepa más].
Hoy [20 de junio], las/os estudiantes se volvieron a tomar las instalaciones de la UNAH decididas/os a quedarse hasta que las autoridades llamen a diálogo. Además de las instalaciones de la UNAH Valle de Sula, se encuentran ocupadas por las y los estudiantes: el Centro Universitario Regional del Centro (CURC), el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) y el Centro Universitario Regional Nor Oriental (CURNO).
Acciones de resistencia y solidaridad – El Sindicato de Docentes de la UNAH (SIDUNAH) y el Sindicato de Trabajadoras/es de la Universidad se han sumado a las protestas, exigiendo que las autoridades universitarias dialoguen con la comunidad educativa y retiren su pedido de captura y penalización judicial contra las/os seis estudiantes. El 17 de junio, inclusive, el Sindicato de Docentes de la UNAH interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para demandar a las autoridades universitarias de la UNAH por abuso de autoridad. A su vez, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) emitió un posicionamiento en que rechaza la criminalización de la protesta social en Honduras y exige la derogación de las nuevas normas académicas. “Invitamos a las autoridades universitarias, al gobierno y al pueblo hondureño a construir juntos la universidad que queremos”, afirma el comunicado [lea aquí].
Distintas organizaciones que defienden los derechos humanos en Honduras también enviaron una comunicación a distintas Relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, al Embajador de la Unión Europea en el país, a la Amnistía Internacional y al Frontline Defenders, en que expresan su preocupación por los hechos recientes, que violentan el derecho a la protesta pública y a la libertad de expresión, a través de la criminalización de estudiantes movilizadas/os en defensa del derecho a la educación.
“A partir de 2014, el Estado, a través de la Rectoría de la UNAH, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Agencia Técnica de Investigación Criminal, ha venido criminalizando a las/os estudiantes, comenzando con la acusación del alumno de pedagogía Rommel Darío Morán, por el delito de Sedición y Manifestaciones Ilícitas. Este estudiante además fue torturado por varios policías al momento de su detención”, afirman en el comunicado.
Según el documento, entre diciembre de 2014 y enero de 2015, 17 estudiantes fueron sancionadas/os con expulsión de la UNAH por ejercer su derecho a la protesta pública. Después de estas expulsiones, en julio y agosto de 2015, 26 estudiantes fueron criminalizadas/os por el delito de usurpación de bien público, debido a que participaron en la toma de instalaciones de la UNAH como forma de protesta. De estas/os 26 estudiantes, cuatro permanecen acusadas/os, con medidas cautelares sustitutivas de presentarse periódicamente ante el Juez de Letras del Penal.
El comunicado denuncia además que, en las protestas, la violencia policial ha sido desmedida, con varios/as estudiantes lesionados/os y la acción desproporcional de un agente de seguridad del Estado que disparó su arma de fuego contra las/os estudiantes. “Solicitamos la atención ante esta situación, antes de que se produzcan hechos más lamentables”, concluye el documento.
En respuesta a esta denuncia, el 14 de junio, la UNAH difundió un comunicado en que afirma que algunos organismos de derechos humanos han protegido y defendido “personas encapuchadas que hacen uso de la fuerza y la violencia para imponer sus criterios”. “Estos encapuchados han impedido que otros estudiantes, la mayoría, continúen con el desarrollo de las actividades académicas conducentes a avanzar en el plan estudios de su carrera. La defensoría que ejercen estas organizaciones hacen que el vandalismo y la destrucción de bienes de la institución queden en la impunidad, protegiendo no los derechos de estas personas, sino el vandalismo y destrucción que provocan”, afirma el documento [léalo aquí].
Las organizaciones que defienden los derechos humanos divulgaron un nuevo posicionamiento público, en que llaman a la rectora de la UNAH a parar sus declaraciones estigmatizantes contra defensoras/es de derechos humanos y a terminar con la criminalización de la protesta social en la universidad [lea aquí la respuesta completa].
La Coalición contra la impunidad, que reúne a más de 40 organizaciones sociales de Honduras también difundió un posicionamiento público en que exige el cese a la criminalización en contra de las y los estudiantes de la UNAH, y además exhorta a las autoridades universitarias a que busquen una resolución a este conflicto a través del diálogo con la representación estudiantil [lea el documento aquí].
Oiga a continuación la noticia sobre las protestas en Honduras, que se difundió en el programa Contacto Sur, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), emisión matutina del 17 de junio de 2016. El reportaje es de José Peraza desde Radio Progreso en Honduras.
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Honduras: Protestas contra normas académicas siguen en la UNAH, resultando en la criminalización de organizaciones sociales y defensoras/es de derechos humanos
20 de junio de 2016
Pese a que el 1º de junio de 2016 agentes antimotines del Estado hayan realizado el desalojo violento de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, que era ocupada por estudiantes movilizadas/os en contra de las nuevas normas académicas adoptadas por el Consejo Universitario, las/os manifestantes no desistieron de su lucha. (más…)
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