Foto: Cristian Castillo | Unsplash

Educación y poder constituyente en Chile

20 de mayo de 2021

La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]

Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]

Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]

Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.

Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]

¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.

¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.

El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]

¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.

El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.

Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.

Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.


[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?

[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.

[3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.

[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.

[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.

[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.

[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.

 


Foto: Manuel Darío Fuentes Hernández | Pixabay

Bolivia: “Observamos con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional”

10 de mayo de 2021

Desarrollo de plan educativo integral e intersectorial; inversión – por parte del Ministerio de Educación – en conectividad, equipamientos y formación a los y las docentes y desarrollo de directrices para la distribución de insumos, adecuación de infraestructura y protocolos de bioseguridad que permitan a las y los estudiantes, educadores/as y al personal de los Centros Educativos el retorno a las clases de manera presencial y semipresencial de forma  segura y paulatina. Esas son algunas demandas que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) afirma como fundamentales para la garantía del derecho a la educación durante la pandemia. 

Las demandas fueron presentadas en un pronunciamiento publicado en la última semana de abril, durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). “Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional y la respuesta escasa y poco pertinente del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema y garantizar el derecho a una  educación inclusiva, equitativa y de calidad”, afirma la Campaña Boliviana en su pronunciamiento. 

Según el comunicado, “el periodo de crisis sanitaria desnudó la falta de acceso a la educación libre y gratuita, así como el acceso a las nuevas tecnologías y desde el Estado no se pudo garantizar conectividad a Internet en gran parte del territorio nacional”.



>> Lee el posicionamiento completo aquí.

 


Foto: AP_Colombia

“Alerta por una Colombia en paz: exigimos un alto a la militarización y el respeto a la protesta social”

4 de mayo de 2021

Garantías y libertades democráticas constitucionales a la movilización y la protesta; desmilitarización de las ciudades; el fortalecimiento de una masiva vacunación y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad y salud son algunas de las demandas que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación presenta en su pronunciamiento recién publicado. 

Firmado por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil nacionales e internacionales, el comunicado también denuncia el Estado Colombiano por los casos de represión contra los y las manifestantes que llevan seis días de protestas en las principales ciudades y campos del país, especialmente en oposición a las reformas tributaria y de salud que impulsa el gobierno nacional. La represión violenta de las protestas ha resultado en 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 personas detenidas y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros/as independientes. 

“Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH), como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes”, dice el posicionamiento.

Lee el comunicado completo:

COMUNICADO A LA OPICIÓN PÚBLICA

ALERTA POR UNA COLOMBIA EN PAZ, EXIGIMOS UN ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y RESPETO A LA PROTESTA SOCIAL

Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se está movilizando en el gran Paro Nacional frente a la Reforma Tributaria, que pretendía incrementar los impuestos a la población más empobrecida, precarizando aún más la vida de la ciudadanía en medio de  la actual crisis sanitaria por Covid-19; otras causas de la movilización han sido el hartazgo frente a la corrupción, la violación de los derechos humanos elementales, las políticas extractivistas, el desempleo, el incremento de la pobreza y del hambre, la privatización y pésima atención de la salud, que se evidencia con mayor fuerza en la pandemia, los recortes presupuestales a los programas sociales incluidas la educación y la salud, los asesinatos a líderes y lideresas sociales y el abuso del poder.

En Colombia, durante este gobierno los niños, niñas y jóvenes también han sido víctimas de distintas estrategias de deshumanización por parte de grupos armados ilegales y del Estado mismo. Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable.

En medio de las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 10 de mayo se han presentado los siguientes casos de vulneración de los derechos humanos por parte de  la fuerza pública del Estado  colombiano hacia los y las manifestantes en las principales ciudades y campos, que según la organización “Defender la Libertad Asunto de Todas”, han dejado a 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 489 personas heridas, 33 por lesiones oculares, 48 personas lesionadas por armas de fuego, 15 víctimas de violencias  basadas en género, 435 personas presuntamente desaparecidas, 69 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes , 1365 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas y o a tratos crueles e inhumanos, 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

El Comité Nacional de Paro manifiesta su decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional levantando como objetivos centrales para este momento: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta.

Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.

Negociación con el Comité Nacional de Paro y con las organizaciones del Pliego de emergencia así resumido:

1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación.

2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes, empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad, salud y vacunación contra el COVID – 19 a toda la comunidad educativa del país.

5. No a la discriminación por razones de género, diversidad sexual y étnica y

6. No a las privatizaciones de los bienes públicos y la derogatoria del decreto 1174. Además, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato; y el retiro de la fuerza pública, ESMAD y GOES de las movilizaciones sociales.

Por ello, como organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Estado colombiano adoptar de manera urgente medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por los hechos anteriormente descritos.

Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes y servir de garantes en la negociación del pliego arriba descrito.

¡POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA!

4/5/2021
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Apoyan y acompañan esta declaración:

  • Action Aid
  • Agencia Pressenza
  • Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
  • Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) – Colombia
  • Asociación Tierra de Esperanza
  • Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
  • Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
  • Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
  • Campaña Lationamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
  • Campaña Mundial por la Educación (CME)
  • Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
  • Campaña por el Derecho a la Educación de México (CADEM)
  • Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
  • Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
  • Contrato Social por la Educación en el Ecuador
  • COPROBA – Argentina
  • Educare – Argentina
  • Federación Internacional Fe y Alegría
  • Foro por el Derecho a la Educación Publica de Chile
  • Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fodeve)
  • Fraternidad Franciscana Sembradores de la Palabra
  • Fundacion SES
  • Fundación VOZ
  • Instituto Edesio Passos
  • Jovenes Solidarios
  • Liderezas de Suba
  • Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
  • Mujeres Indígenas de Pueblo Tolupan
  • Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
  • Oxfam
  • Psinergia
  • Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
  • Red Estrado Colombia
  • Red Global/Glocal por la calidad educativa
  • Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) – Colectivo Nacional de Colombia
  • Natalia Cogliati
  • Susana Papale
  • Luz Marina Peña
  • Diego Arévalo Ligarda
  • Isabel Moyano Rojas

 

 


Foto: Agência Brasil

Panel en el CIES discute el rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4

Los hallazgos de la evaluación externa del Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF, por su acrónimo en inglés) fueron tema de debates de un panel realizado en el marco de la 65a Conferencia Anual de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional (CIES 2021). Organizada el día 28 de abril del 2021, la mesa “Rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4: Lecciones aprendidas y caminos hacia futuro”, contó con las participaciones de Jenny Price, investigadora de National Foundation for Educational Research, que realizó la evaluación externa del CSEF; Ram Gaire, coordinador de NCE-Nepal; Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE; y Vernor Muñoz, Jefe de Políticas de la Campaña Mundial por la Educación (CME). La moderación del panel quedó a cargo de Luis Eduardo Pérez Murcia, asesor de políticas e investigación de la CME.

Jenny Price abrió el panel, explicando que la evaluación externa se concentró especialmente en la última etapa del CSEF (2016-2019) y adoptó una metodología participativa, que cruzó en análisis de documentos producidos por la iniciativa con grupos focales, encuestas y entrevistas a los participantes del CSEF y actores externos. Entre los principales resultados del programa, ella destacó: la ampliación de la diversidad de actores que integran el movimiento el derecho a la educación, tanto al interior de cada una de las coaliciones nacionales como de las coaliciones regionales y de la propia CME; la ampliación de la credibilidad y legitimidad del movimiento para presionar a los gobiernos por el cumplimiento del DHE; la ampliación de la cohesión social del movimiento; la buena coordinación para difusión de mensajes al interior del movimiento; y la importancia de hacer incidencia a partir de la evidencia, destacando la multiplicidad de investigaciones elaboradas por las coaliciones con el apoyo del CSEF. 

Asimismo, ella apuntó que el financiamiento de largo plazo ofertado a las coaliciones, especialmente para elementos institucionales, así como el apoyo que recibieron de las coaliciones regionales y de la CME, y los procesos de intercambio y colaboración Sur-Sur, fueron fundamentales para alcanzar dichos resultados. Por otro lado, consideró que la participación significativa de las coaliciones en la toma de decisión sobre las políticas públicas y la promoción de cambios concretos fue un desafío, porque en el periodo analizado hubo un incremento de tendencias conservadoras en todas las regiones, que restringieron la participación democrática y aumentaron la criminalización de la protesta. 

Ram Gaire destacó que otro elemento que complejizó la acción política de la sociedad civil que actúa en la defensa y promoción del derecho a la educación es la entrada del sector privado en el campo educativo y su creciente articulación con los gobiernos en los últimos años, sea a través de alianzas público privadas o de su influencia en la definición e implementación de las políticas. 

El activista subrayó que este nuevo elemento viene debilitando la educación pública en su país y destacó que, para hacer frente esa tendencia, es fundamental aumentar la movilización ciudadana, generar mayor solidaridad entre movimientos más allá del campo educativo, y hacer incidencia en base a la evidencia científica. 

El desarrollo de investigaciones para contrarrestar mitos difundidos por actores que no trabajan la educación desde la perspectiva de derechos humanos, como las ideas de que la educación privada es siempre mejor que la educación pública o de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya invierten suficientes recursos en la educación también fue destacada por Laura Giannecchini. Ella presentó la experiencia de desarrollo del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, una plataforma en línea que reúne información sobre la inversión educativa de 20 países de la región, entre 1998 y 2018. El Sistema, que contó con el apoyo del CSEF y otros financiadores, recoge datos reportados por los Estados a las bases de datos de UNESCO, CEPAL y Banco Mundial, analizándolos bajo tres dimensiones: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos y equidad en el acceso escolar

Dicha plataforma permitió a la CLADE identificar, por ejemplo, que todos los países analizados invertían menos de la mitad del monto asignado por persona en edad escolar en los países más pobres de la OCDE. Algunos países, como Nicaragua, incluso invertían 20 veces menos, lo que puso en evidencia la necesidad de seguir presionando los gobiernos de la región para ampliar el financiamiento doméstico para la educación, y aún más en contextos de crisis, como la actual pandemia del COVID-19.

Finalmente, Vernor Muñoz destacó que muchos de los actuales sistemas educativos en el mundo están caracterizados por la exclusión y la discriminación. Vernor remarcó que la educación es un derecho fundamental habilitador de la realización de los demás derechos humanos y que el sentido de la educación debe responder a los modelos de sociedad que aspiramos. También recordó que, aunque la CME apoye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la perspectiva de educación como derecho humano es más amplia que dicha Agenda, e incluye las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, gobernanza y participación en la educación.

Luego de las presentaciones, se dio una discusión con la audiencia sobre el sentido de la educación y del desarrollo que deseamos y la necesidad de construir narrativas potentes que permitan superar una mirada única de desarrollo, pautada en el modelo de desarrollo de los países industrializados. 

 


Foto: Feliphe Schiarolli-

Argentina: La presencialidad es la mejor forma de garantizar el derecho a la educación, pero NO es la única alternativa para hacerlo posible

30 de abril de 2021

“Afirmamos enfáticamente que el derecho a la educación puede ser ejercido de diversas formas. La presencialidad es la mejor, pero NO es la única alternativa para hacerlo posible”, se afirma en la nota publicada por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en apoyo al gobierno nacional, que determinó el cierre de las escuelas tras el aumento de casos de COVID-19. En la nota, la CADE comenta la grave crisis social y educativa que se encuentra en Argentina. 

“También reafirmamos que, en particular los sectores más pobres de nuestra sociedad, quedarán fuera de la educación virtual no presencial si no cuentan con los equipamientos y la conectividad necesarios y con los edificios escolares en las condiciones que la pandemia exige. Como ya hemos dicho anteriormente, si bien celebramos que se manifieste la conectividad como un derecho social, no alcanza con declamarlo o afirmarlo si no se garantiza su efectividad para nuestro pueblo y, en particular, para nuestras comunidades educativas. En este contexto mundial se es consciente que la presencialidad será intermitente. Hay que lograr que la vinculación con las escuelas pueda ser resuelta con formatos pedagógicos de acompañamiento adecuados y contextuales, lo que implica un importante trabajo de docentes y directivos, que han estado realizando y sabemos que seguirán haciéndolo, compromiso que desde ya reconocemos y valoramos”, afirma la CADE a través de la nota.

La Campaña Argentina también rechaza la presión ejercida por el sector privado para la reapertura de las escuelas. “Rechazamos las actitudes de amenazas o apremios de algunos sectores hacia instituciones educativas privadas que violentan todo pacto de cuidado y educación hacia sus estudiantes y desconocen el enorme esfuerzo realizado por directivos y docentes de dichas escuelas durante todos los meses tan difíciles que hemos atravesado desde que comenzó la pandemia. Queremos que las escuelas funcionen con presencialidad cuidada en todo el territorio nacional cuando esto sea efectivamente posible”, afirma la Campaña.

Según la CADE, para que las escuelas sean un lugar seguro para los y las profesionales y estudiantes, se requiere una sociedad que se comprometa seriamente con el cuidado de todos y todas, contribuyendo a reducir radicalmente las posibilidades de contagio. “Si no nos cuidamos y no cumplimos estrictamente con las medidas indicadas por todos los especialistas, paradójicamente, en lugar de defender la presencialidad estaremos atentando contra ella”, enfatiza.


>> Lee la nota completa aqui: El dererecho a la educación y el cuidado de la salud – Declaración ante la segunda ola de COVID 19 


Guía Protección del Derecho Humano a la Educación 

Organizada por la red de colectivos y activistas que compone la CLADE, la guía presenta 32 recomendaciones y orientaciones para garantizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia en la región y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.

>> Lee el documento completo: Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021


Foto: Jorge Fernandez | Unsplash

Chile: Encuentro de organizaciones para transformar la educación como derecho

16 de abril de 2021

Con más de 80 organizaciones de seis regiones de Chile se realizó el pasado 20 de marzo, el II Encuentro Nacional de Educación “Organizadxs para transformar la educación como un derecho social. Comunidades Educativas y del territorio en resistencia ante la radicalización del modelo mercantil”. El evento fue coordinado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, una coalición de actores sociales educativos, como continuidad al Encuentro desarrollado en 2020, al inicio de la pandemia.

El escenario de este II Encuentro se da en medio de un proceso constituyente y de alta represión y criminalización de movimientos sociales, una pandemia que no cesa y el despliegue de un Estado policial y autoritario, con asesinatos, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias y violencia política sexual que se suman a la desprotección y el abandono del gobierno hacia las poblaciones más necesitadas durante las cuarentenas. La propuesta de la elite y el gobierno para este nuevo período histórico tiene rasgos dictatoriales, con un alcalde de Santiago dirigiendo una red de espionaje y delación de estudiantes en el INBA y el control militar en todos los territorios.

El panorama educativo es desconcertante, por el inicio de clases presenciales en el peor momento de la pandemia, con algunos establecimientos en clases y otros en teleeducación y con una importante desventaja en las condiciones que tienen estudiantes de menos recursos, sin acceso a Internet ni computadores, deserción escolar y una ausencia de participación efectiva de actores y actoras educativas organizadas.

Bajo este contexto, el Encuentro buscó avanzar en lo propositivo, fortaleciendo los vínculos con las organizaciones presentes y planteando propuestas para disputar el sentido común de los pueblos que habitan este territorio y desde las bases sociales incidir en el proceso constituyente. Las y los participantes se agruparon según temas de interés en: Derecho a la Educación, Sistema de Educación Pública, Financiamiento y Currículum; para enfatizar y ampliar las propuestas señaladas en el I Encuentro, como que la Educación debe ser garantizada y financiada por el Estado y que las condiciones que debe reunir para ser un derecho social son: Educación Pública gratuita, laica, integral, democrática, territorialista, no sexista, feminista, intercultural, pluricultural, anti–colonial, comunitaria, valoradora de la memoria histórica y comprometida con la defensa de los derechos humanos, garantizada a través de una asamblea constituyente, popular y/o soberana. Los documentos que sirvieron de base del trabajo de grupos fueron la Sistematización del I Encuentro Nacional de Educación y cuatro folletos elaborados por el Foro por el Derecho a la Educación Pública como aporte al debate constituyente sobre: Nuevo Sistema de Educación Pública en todos sus niveles (inicial, básica, media y técnico-superior), Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, Financiamiento de la Educación en Chile y Currículum Comunitario por una Vida Digna.

Mira a continuación la grabación del “II Encuentro Nacional de Educación”

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Movilización hacia otros territorios en Chile

Durante el encuentro, integrantes del Foro chileno utilizaron materiales educomunicativos para alimentar el debate. Además del encuentro, el Foro está desarrollando un trabajo junto a otras organizaciones del país para que la iniciativa se proyecte más a los territorios de Chile.

> Los folletos educomunicativos pueden descargarse aquí, en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública


 

Foro Construcción del Poder Constituyente en Chile

Ayer, 15 de abril, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en alianza con OPECH, CEAAL, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y otras organizaciones, realizó un foro virtual para discutir y reflexionar sobre la experiencia social de Chile en relación a la construcción de una nueva Constitución junto a líderes y lideresas de ese movimiento ciudadano y político. Mira la grabación a continuación.


2 jóvenes, una mujer y un hombre, sentados en la hierba y leyendo el mismo libro.
Dmmantilla

Diálogo intergeneracional reúne movimiento estudiantil latinoamericano y del Caribe y las voces expertas en juventudes

9 de abril de 2021

“Son los cambios generacionales el motor de transformación en la historia humana”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), al dar inicio al primer diálogo intergeneracional, organizado por el Movimiento Estudiantil de Latinoamérica y el Caribe (MELAC) y organizaciones como la CLADE, la Campaña Mundial por la Educación (CME) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), realizado en marzo. 

Durante el encuentro, Ana Miranda, investigadora de FLACSO, Argentina compartió parte de sus estudios acerca de las Gramáticas de las juventudes. En el diálogo con las y los participantes, Miranda mencionó que a través de sus investigaciones contribuyen a la construcción de sociedades igualitarias, siendo muy críticos respecto a las políticas de juventud en individualidad, situando las investigaciones en comunidades.  De manera que permiten la reflexión acerca de “la forma en que nos auto nombramos, percibimos y nos perciben nos van sustituyendo como sujetos y sujetas, apelando a esas identidades al ponerlas en el territorio vemos que son ineficaces”, mencionó.

Vernor Muñoz: “¿Cómo construir desde la juventud la igualdad sustantiva?; ¿Cómo podrían las juventudes luchar contra el estatus quo del patriarcado?”

Por otra parte, Vernor Muñoz, de CME, puso a reflexionar a todas las personas presentes al cuestionarse sobre el concepto de juventud y construcción histórica, la cual dijo “puede verse como un espacio de diferenciación, donde también puede existir estigmatización y reivindicación”. Allí fue entonces que las preguntas salieron a flote, ¿Cuáles son esas transformaciones diferenciadas y esas acciones reivindicatorias?; ¿Cómo construir desde la juventud la igualdad sustantiva?; ¿Cómo podrían las juventudes luchar contra el estatus quo del patriarcado?

Guadalupe Díaz, participante de Guatemala, mencionó que “como jóvenes nos estamos abriendo camino a la fuerza, así lo siento. El 8 de marzo la mayoría éramos jóvenes, mujeres jóvenes, que nos abrimos caminos para hacernos conscientes de las situaciones, reivindicando los conceptos que usamos, como parte de hacernos camino. Como jóvenes hacer estas acciones nos permite abrirnos posibilidades y volver a reinventarnos”.

Por último, Ernesto Rodríguez, del Centro Latinoamericano sobre Juventud (Celaju), entabló el diálogo haciendo un balance acerca de los movimientos juveniles como contribuyentes de los cambios sociales y animó a plantearse consignas que unan las tendencias con las apuestas de los jóvenes en estos momentos de pandemia. En lo que la última ponente de este encuentro, Mónica Valdez, socióloga de la  universidad nacional autónoma de México (UNAM), apoyó diciendo: “hay una exigencia desde los y las estudiantes de ser pensados más allá de la calidad de estudiantes, sino en calidad de jóvenes y es necesario cambiar la construcción hegemonizante de la imagen juvenil”.


Caminos para seguir luchando

De esta manera, los y las jóvenes reunidos/as de manera virtual, se interpelan frente a las cuatro intervenciones, aportando con acciones y recomendaciones para avanzar en esta estrategia de lucha juvenil latinoamericana, como hizo mención Jazmin Elena, representante de MELAC al mencionar que el encuentro “nos ha dado una visión para dónde ir, cuáles son las vías para seguir impulsando nuestras luchas, la pandemia nos ha dado la pauta, al cuestionarnos de qué tanto se nos está entregando en derechos, nos da un panorama de que colectivamente estamos trabajando y que podemos enlazar nuestras luchas y fortalecer nuestro movimiento latinoamericano juvenil”.


Propuestas

Entre algunas de las propuestas, están: aportar al proceso de formación de las juventudes, incluir acciones para la defensa de jóvenes criminalizados por la protesta social, visibilizar la articulación de los y las Jóvenes, contribuir a procesos pedagógicos que eviten la migración de la ruralidad a las ciudades para poder estudiar, trabajar en torno a políticas de juventudes que brinden reconocimiento y ayuda en cuanto al acceso al primer empleo.

Asimismo, frente a la pandemia del Covid-19 plantearon la necesidad de continuar las acciones en cada país por las luchas al derecho a la educación y lo que ella conlleva, así como continuar con reuniones y eventos virtuales para fortalecer su liderazgo y los procesos organizativos.


Foto: Pixabay

Guía orienta la atención educativa en el contexto de pandemia en América Latina y el Caribe

8 de abril de 2021

El escenario regional determinado por la crisis epidemiológica provocada por el COVID-19 impone un mayor compromiso ante los múltiples riesgos que supone este contexto que ha determinado, no solo el surgimiento de nuevos desafíos y limitaciones, sino también que los ya existentes se hayan agravado como la profundización de las desigualdades y discriminación, el incremento de situaciones de abuso, violencia sexual y de género, el trabajo infantil, las vulnerabilidades en cuanto a seguridad alimentaria, la brecha digital y tecnológica y el avanzo de la privatización educativa. 

Por ello y para que el derecho humano a la educación sea garantizado en este contexto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza la “Guía Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021”

El presente documento contiene 32 recomendaciones y orientaciones para la atención educativa y la garantía del derecho a la educación en el contexto de pandemia y la adopción de medidas específicas, oportunas y adecuadas ante el inicio (reapertura) de los ciclos educativos, instando a que las mismas sean adoptadas de conformidad con el pleno respeto a los derechos humanos, así como con la obligación de brindar un acceso efectivo cualquiera sea la modalidad que se adopte: presencial, semipresencial, remota, combinada, a distancia.

Para el proceso de formulación de las recomendaciones, han sido consultados los siguientes documentos: la Guía de las Guías COVID-19, de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación; la publicación ¿Cómo garantizar el acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de COVID-19?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); los Protocolos y orientaciones para la reapertura de escuelas en países de América Latina y el Caribe, de Unicef, y el informe Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe: claves, desafíos y dilemas para planificar el retorno seguro a las clases presenciales, de Unesco.

“El año 2020, marcado por el cierre masivo de los establecimientos educativos en todos los niveles de educación, en primera instancia, y luego la implementación, por parte de muchos países, de medidas de reapertura (totales o parciales), con estrategias de reintegro de estudiantes y de continuidad del año educativo (ya sea en forma presencial o virtual), aun tratando de responder de la mejor manera posible a las circunstancias, ha provocado impactos profundos sobre los derechos educativos de niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y adultas. Ante el inicio de un nuevo ciclo educativo en la región, con el presente documento de recomendaciones, la CLADE se propone abogar y contribuir a un retorno seguro y gradual”, se afirma en el documento.

Lee la guía completa:

>>  “Protección del Derecho Humano a la Educación: Recomendaciones hacia la reapertura de centros educativos y reinicio de ciclos 2021”


Mociones adoptadas en la XI Asamblea Regional de la CLADE

5 de abril de 2021

El compromiso con la lucha por la erradicación del trabajo infantil, la participación en la convocatoria de una Marcha Global por el Derecho a la Educación para el año 2021, y la demanda por la apertura inmediata del diálogo social y la negociación con los sindicatos de docentes para garantizar el derecho a la educación de calidad de las personas más vulneradas de Haití, son los temas de 3 mociones adoptadas por los miembros de la CLADE, en el marco de su XI Asamblea Regional.

Accede a las mociones, disponibles a continuación en 4 idiomas:

Español

Creole

Português

English


Informe Narrativo de Actividades de la Red CLADE 2019-2020

Este documento sintetiza las principales actividades de la Red de Miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) realizadas en los dos primeros años de su Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022. Accede al informe aquí.