Colombia con motivo de haber manifestado en un medio de comunicación su inconformidad respecto a cambios en la modalidad de las clases, por entender que los mismos aparejan una afectación económica, de tiempo y calidad en la educación. La Corte señala que “las instituciones educativas tienen autonomía, pero ésta no es absoluta y que, en ningún caso, el ejercicio de dicha autonomía puede justificar el desconocimiento de los derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa. Motivo por el cual resulta necesario concluir que se encuentran facultadas para imponer sanciones a sus estudiantes siempre y cuando respeten los mandatos constitucionales, así como el procedimiento establecido por la misma institución dentro del reglamento o manual de convivencia, garantizando así el debido proceso durante la actuación disciplinaria que se adelante, sob pena de que pueda ser declarada la invalidez de la sanción y, por ende, se genere una afectación al derecho fundamental a la educación, entre otros”. Lea+ Colombia: profesoras y profesores realizan un paro nacional de dos días A su vez, el fallo recuerda que "la libertad de expresión adquiere una dimensión importante en el ámbito de la educación superior, puesto que, por esencia, las universidades son espacios de deliberación y crítica en donde se intercambian ideas”. La Corte también tomó nota de que la movilidad de opiniones permite el desarrollo del conocimiento y la profundización de los valores democráticos. “Aquí, la libertad de expresión de los estudiantes y/o docentes tiene una mayor fuerza y alcance, pues permite la materialización del propósito último de las universidades, esto es, una formación crítica de ciudadanos”, dice la sentencia. Lea aquí la sentencia completa. Lea + Universidad violó derecho a la libertad de expresión al cancelar la matrícula a un joven que manifestó en un medio de comunicación sus diferencias en contra de la calidad del plantel">

Colombia: Corte Constitucional tutela el derecho a la libertad de expresión y educación en al ámbito universitario

2 de abril de 2019

En la sentencia se señala que los procedimientos sancionatorios no pueden afectar otros derechos como la libertad de expresión, el debido proceso y la educación (más…)

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Rebelión Lxs estudiantes universitarios están haciendo historia en Paraguay, a través de la denominada La Primavera Estudiantil. A lo largo de las últimas semanas, ellxs han despertado una de las más grandes movilizaciones en la historia del país, demandando reformas democráticas en los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Si el estudiantado logra su meta, será la primera vez en la historia moderna del país en que reformas de importancia nacional resultan de la presión de los movimientos sociales. El éxito que lxs manifestantes estudiantiles han tenido, tanto para movilizar un apoyo masivo como para despertar una empatía nacional, revela importantes cambios en la política paraguaya y tiene el potencial de engendrar transformaciones aún más profundas. Comenzadas a fines de agosto, las manifestaciones han congregado a miles de estudiantes y unificado las 12 facultades de la UNA en una huelga y en una serie de tomas que han paralizado el campus. Lxs estudiantes demandan cuatro reformas básicas de gobernanza de la Universidad: que se elimine la mayoría absoluta actualmente sostenida por docentes en la Asamblea Universitaria, la cual está compuesta por representantes del profesorado, del estudiantado y de los egresados de las 12 facultades; que lxs representantes sean limitadxs a una sola reelección a los órganos de gobierno; que se prohíba la elección de individuos que ocupan cargos de confianza dentro de la universidad; y que se establezca una comisión electoral independiente para regular las elecciones universitarias. Como respuesta a las presiones de lxs estudiantes, la Asamblea Universitaria se reunió el 29 de septiembre a debatir y votar sobre las propuestas reformas. Como en dos ocasiones anteriores en los últimos dos meses, la asamblea desistió de aprobar las demandadas reformas, provocando nuevas rondas de manifestaciones estudiantiles. A comienzos de octubre, el conflicto se ha agudizado a la medida que líderes universitarios y una facción aliada de líderes estudiantiles desarrollan las elecciones de representantes a la Asamblea Universitaria. Manifestantes estudiantiles y docentes han boicoteado estas elecciones, calificándolas como potencialmente ilegales y claramente ilegítimas en el contexto de la crisis actual. Las prácticas anti-democráticas llevadas a cabo durante el proceso eleccionario —como el ocultamiento del cronograma electoral y la falta de un periodo de presentación e impugnación de candidaturas— han reprimido la participación y la competencia electoral, permitiendo que los líderes universitarios elijan a dedo candidatos que responden a sus intereses. Lxs estudiantes exigen la prórroga de las elecciones hasta que se aprueben las reformas al estatuto, e incluso ya han logrado la suspensión de las elecciones en las Facultades de Agronomía, Ingeniería y Medicina por medio de un pedido de impugnación al tribunal de justicia electoral. Un año conflictivo en la Universidad Nacional de Asunción Las ocupación y las protestas actuales se iniciaron el 24 de agosto, cuando la Asamblea Universitaria se opuso a votar por las reformas propuestas por La Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (REUNA) luego de 8 meses de negociaciones. Está comisión fue conformada por estudiantes, docentes, y decanos con la tarea de elaborar un borrador de los nuevos estatutos y dar fin a una ola de protestas que emergió un año atrás, luego de que estudiantes sacaran a la luz un escándalo de corrupción de la máxima autoridad universitaria. Durante la ocupación del rectorado de la Universidad, lxs estudiantes recuperaron documentos que comprobaban graves actos de corrupción y nepotismo del Decano de la Universidad, Froilán Peralta, quien había asignado múltiples salarios a los parientes y amistades de su ex secretaria. Una serie de estrafalarias escenas se desplegaron durante la ocupación. Una administradora universitaria encapuchada intentó entrar al rectorado y robar documentos; una secretaria empezó a comer documentos para eliminar la evidencia de los casos de corrupción luego de ser descubierta y detenida por estudiantes en las puertas del campus. La fiscalía investigó la escena y registro la evidencia, luego de largas demoras y solo bajo el escrutinio y la presión de activistas estudiantiles. Una crisis de liderazgo se desató luego de que Froilán fuera arrestado y 12 funcionarios administrativos fueran imputados por el cobro indebido de salarios. La crisis terminó con el nombramiento de nuevos líderes universitarios que acordaron negociar con líderes estudiantiles sobre reformas de gobernanza en la Universidad. En total, las movilizaciones del año pasado impulsaron la renuncia de 74 administradores y 232 profesores, decanos, y vice decanos y la imputación de 42 funcionarios universitarios. Inspirada por hechos de corrupción, la indignación estudiantil también ha expuesto la amplia gama de abusos personales y políticos perpetrados impunemente por docentes y líderes universitarios, a causa de la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la institución. Tradicionalmente, las autoridades universitarias han distribuido salarios y posiciones lucrativas a miembros del Partido Colorado y a conexiones personales, callando voces disidentes a través de su marginalización, amedrentamientos y la amenaza de despido. Según Mauricio Portillo, representante estudiantil en la facultad de veterinaria, docentes ejercen control sobre los centros de estudiantes con el apoyo de estudiantes en peligro de aplazo. Para asegurar sus notas, estos estudiantes trabajan para marginalizar posturas críticas y reformistas entre sus compañeros y proteger los privilegios de los docentes en instancias de representación estudiantil. El privilegio político gozado por el profesorado permite graves abusos de poder en las aulas de la UNA. Autoridades universitarias se apropian de recursos designados para la expansión y mejora de los programas académicos. La contratación y protección de investigadores e instructores no calificados frena la producción académica y científica de la institución, y obstaculiza las innovaciones curriculares y pedagógicas necesarias para que la formación universitaria alcance estándares internacionales en Paraguay. En junio, un profesor de la Facultad de Medicina fue imputado por acoso sexual y, durante las últimas manifestaciones mujeres estudiantes, han denunciado prácticas sistemáticas de coerción sexual en dicha institución. Estudiantes de la Facultad de Derecho han reportado casos de docentes que hacen llamadas telefónicas días antes de los exámenes finales y solicitan pagos a los alumnos para aprobar sus exámenes. Los líderes universitarios han respondido al creciente movimiento estudiantil con amenazas, amedramientos, y violencia física. Durante la ocupación del año pasado, los estudiantes descubrieron carpetas en las cuales administradores habían acumulado documentos registrando las actividades y posteos en las redes sociales de líderes estudiantiles disidentes; una práctica que recuerda al aparato de inteligencia utilizado para eliminar a la disidencia política por medio de acoso, arresto, tortura, y desaparecimiento forzoso durante los 35 años de la dictadura Stronista (1954-1989). Abundan ejemplos más explícitos de la represión del movimiento estudiantil. Diecisiete estudiantes de la Universidad Nacional del Este fueron procesados luego de haber ocupado oficinas universitarias para evitar la destrucción de documentos que podrían comprobar hechos de corrupción cometidos por funcionarios de la universidad. A fines de septiembre, la Fiscalía de San Lorenzo ordenó la detención de cuatro dirigentes estudiantiles, por “privación de libertad” a los miembros de la Asamblea Universitaria, luego de que miles de estudiantes habían rodeado el edificio donde las autoridades estaban reunidas para discutir las reformas de los estatutos de la Universidad. La orden fue levantada posteriormente, pero ésta es una táctica común utilizada por los fiscales para intimidar a los dirigentes sociales y desmovilizar a sus seguidores. Luego de la última asamblea universitaria, la policía detuvo e interrogó a cuatro guardias privados de seguridad contratados por el Decano de la Facultad de Medicina después de que éstos hayan asaltado y amenazado a dos estudiantes manifestantes con una cadena de metal y otras armas. El decano de la Facultad de Filosofía acusó a dirigentes estudiantiles de “tomar órdenes” y “recibir víveres” de extranjeros y declaró “lícito repelar la violencia con violencia”—haciendo eco del xenofóbico y autoritario discurso de seguridad de la dictadura paraguaya. Las autoridades de la UNA también ejercen censura ideológica, particularmente en la Escuela de Ciencias Sociales, que depende de la Facultad de Derecho – una institución que está profundamente atada a la tradición autoritaria del Partido Colorado. Esto es un legado directo de la dictadura, la cual ha prohibido la enseñanza de Ciencias Políticas en Paraguay de manera a limitar la construcción de un pensamiento político crítico disidente. La Universidad Nacional ha ofrecido licenciaturas en ciencias políticas y sociología solamente a partir del 2003, y la malla curricular, la contratación de docentes y la administración de la escuela ha sido sometido a un manejo politizado y corrupto por directores de la Facultad de Derecho. El año pasado, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales levantaron su toma sólo luego de haber impulsado la renuncia del director y la firma de un acuerdo con el director interino para iniciar la desanexión de la institución de la Facultad de Derecho, un primer paso hacia la creación de una Facultad de Ciencias Sociales. Hasta la fecha, este acuerdo ha sido ignorado, y como resultado, estas disciplinas, cruciales no solo para un debate político informado, sino para el mejoramiento de la administración pública, continúan severamente subdesarrolladas en Paraguay. El contexto de resurgimiento del autoritarismo en Paraguay El resurgimiento del control autoritario y partidario de la UNA y la masiva resistencia estudiantil son emblemáticas de tensiones crecientes acerca del futuro político paraguayo. La protesta estudiantil forma parte de un conjunto de conflictos que se desatan luego de una década de convulsivo cambio político. En 2008, seis décadas de hegemonía del Partido Colorado fueron interrumpidos cuando el ex Obispo Fernando Lugo llegó al poder con una coalición electoral contradictoria —compuesta por el oligárquico Partido Liberal y nuevos partidos de izquierda con poca fuerza electoral. Durante esta corta apertura democrática, ex representantes de la sociedad civil ocuparon instituciones del Estado para impulsar una serie de reformas, incluyendo una mejor cobertura y acceso a servicios de salud pública, reformas del servicio civil y la renegociación de las remesas que recibe Paraguay del gobierno brasilero en concepto de electricidad generada por Itaipú Binacional. Al mismo tiempo, el Partido Liberal, por primera vez en generaciones, tuvo acceso a las arcas del Estado para promover su máquina política. Estos cambios debilitaron el control del Partido Colorado sobre los recursos estatales, que sostenían su monopolio político. Sin embargo, los colorados conservaron el control del parlamento y, junto con sus contrapartes oligárquicas del Partido Liberal, bloquearon cambios legislativos. En 2012, el Parlamento se convirtió en el centro de las críticas mediáticas sobre la corrupción y el clientelismo, llevando a inéditas protestas ciudadanas. En ese contexto, los legisladores de los partidos mayoritarios aprovecharon un violento conflicto de tierra en el distrito de Curuguaty para destituir al presidente Lugo, en un juicio político calificado como “golpe parlamentario” por observadores internacionales. El juicio quebró la coalición que había llevado a Lugo al poder, rompiendo el naciente movimiento de protestas en facciones partidarias, y desacreditando al Partido Liberal después de unos breves meses de haber usurpado la oficina ejecutiva. Todo ello cementó el camino para que el Partido Colorado volviera al poder en las elecciones de 2013. A partir de entonces, la dirección de la sociedad paraguaya y el carácter del Estado entraron en disputa. El Partido Colorado está dividido entre una facción autoritaria tradicional, que permaneció fuerte en el Parlamento, y una facción empresarial prebendaria, liderada por el Presidente Horacio Cartes, quien ha proveído al partido de los recursos financieros necesarios para mantener su fuerza electoral. Mientras tanto, la oposición ha permanecido dividida entre la izquierda minoritaria y el ideológicamente conservador Partido Liberal. En este contexto, Paraguay ha visto una llegada tardía de los discursos neoliberales que otros gobiernos latinoamericanos desarrollaron en 1990; discursos que tienen como fin promover las alianzas público-privadas, la privatización, y la liberalización internacional financiera. Irónicamente, en el caso paraguayo, este discurso ha justificado la expansión más acelerada de la deuda pública en la historia democrática paraguaya, así como también la continuación del modelo agroexportador de crecimiento económico. Mientras la economía ha estado posicionada entre las más resilientes de América Latina, ha hecho poco para eliminar la persistente inequidad rural o detener el crecimiento de la nueva pobreza urbana. Las dislocaciones políticas y económicas de los años recientes han dejado a los paraguayxs materialmente insegurxs, desconfiadxs y resentidxs acerca del sistema político imperante. Las políticas de este gobierno provocaron las primeras huelgas generales a lo largo de los últimos quince años, impulsadas por sindicatos en oposición a la ley de alianzas público-privadas, así como también movilizaciones continuas en el interior del país para resistir el despojo de comunidades campesinas por el agronegocio. A fines de septiembre, ciudadanos llenaron las plazas centrales de Asunción manifestándose en contra de un proyecto de ley que hubiera asignado un triple aguinaldo a los funcionarios del Senado, mientras instituciones de salud y educación pública carecen de presupuesto. Al mismo tiempo, la coyuntura política ha producido un acuerdo partidario que promueve el resurgimiento de prácticas autoritarias utilizadas para controlar a la sociedad civil durante la dictadura. Durante este gobierno, el presupuesto de las fuerzas militares alcanzó cifras inéditas en el periodo democrático con la adjudicación de US$132 millones a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), incluyendo US$6,7 millones desviados de manera potencialmente ilegal de fondos asignados para inversiones educativas y de infraestructura. El Ministerio Público y las instituciones judiciales han criminalizado la lucha social, especialmente imputando y encarcelando a dirigentes campesinos. El ejemplo más explícito fue la reciente condena de 11 campesinos por crímenes de homicidio, conspiración criminal e invasión de propiedad privada, relacionados a la muerte de nueve policías en Curuguaty. Durante el juicio desarrollado a lo largo del año, la Fiscalía no presentó evidencia directa para inculpar a los campesinos del asesinato, sino desarrolló una retórica que asocia a las organizaciones campesinas con la subversión política y el terrorismo para sentenciar al grupo de dirigentes a penas entre cinco y treinta años de prisión. Además, la Fiscalía no ejecutó ninguna investigación del asesinato de 11 campesinos que también ocurrió en Curuguaty, cuando un contingente de 300 policías armados expulsaron a 60 campesinos hombres, mujeres y niños de la tierra donde estaban viviendo. Los títulos de propiedad claramente invalidaron los cargos de invasión, ya que demostraron que la tierra en cuestión pertenecía al Estado en lugar de Campos Morombí, la empresa privada que reclamaba ser dueña. Si bien el proceso fue una parodia de juicio, dio un claro mensaje de que el Estado está dispuesto a violar el debido proceso y emplear toda la fuerza de su poder punitivo en contra de campesinos organizados para proteger los intereses de terratenientes y agronegocios. Organizaciones campesinas y de derechos humanos mantienen una vigilia permanente fuera del Palacio de Justicia Nacional pidiendo que se nulifique el juicio. La Promesa del Movimiento Estudiantil Sucesivas generaciones de estudiantes han librado la lucha por democratizar la UNA. Retomando este legado, las actuales manifestaciones estudiantiles ya han alcanzado logros históricos—una clara señal de cambio generacional y de la potencial renovación de liderazgo de los movimientos políticos y sociales. La actual generación de estudiantes universitarios fue la primera nacida luego del fin de la dictadura, en el 1989, y de la adopción una constitución democrática, en el 1992. Estos estudiantes han crecido gozando de mayores libertades civiles y políticos y mayor acceso a la información del mundo exterior que las generaciones anteriores. También han madurado políticamente en un momento en el cual el resto de Latinoamérica experimentaba un giro a la izquierda, el resurgimiento de movimientos sociales, y la expansión de derechos sociales. En tanto sus aspiraciones aumentadas chocan contra los límites y la persistencia de instituciones autoritarias, esta generación ha sido más capaz de montar una masiva y sostenida resistencia. La sigue una generación de estudiantes de secundaria aún más audaz. Luego del colapso de una escuela pública en mayo del 2016, estudiantes ocuparon un colegio en la capital, demandando que la Ministra de Educación se haga responsable del desastroso estado de la infraestructura escolar y de los inadecuados niveles de inversión. Estudiantes a lo largo de todo el país se adhirieron a las protestas, ocupando un total de 130 colegios durante dos semanas y forzando la renuncia de la Ministra. A una temprana edad, estos estudiantes han comprendido su exclusión de los privilegios de la élite política de su país, además de un sentido de agencia colectiva en demandar al estado sus derechos sobre bienes públicos. A los estudiantes les une las frustraciones comunes con una universidad mediocre y liderada por una élite mezquina y enquistada en el poder. Sin embargo, los estudiantes que integran este movimiento lo hacen con una diversidad de aspiraciones personales, con visiones dispares sobre el tipo de universidad y sociedad que quisieran construir, y con perspectivas conflictivas sobre las controversias políticas que sacuden al país. No obstante, las escenas de las actuales movilizaciones dan esperanza de que servirán como experiencias formativas para esta generación y harán emerger identidades colectivas sostenidos por un nuevo ethos democrático. En cada facultad, los estudiantes han llamado asambleas generales para negociar y consensuar posturas a través de debate abierto y voto directo, permitiendo a la masa de estudiantes observar una rendición de cuentas de sus propios líderes. En Paraguay, donde el liderazgo autoritario es común incluso en los movimientos progresistas, esta experiencia ofrece a los estudiantes lecciones profundas acerca de la potencial eficiencia y la legitimidad de los procesos democráticos. Durante las últimas semanas, el campus de la UNA ha sido un laboratorio para la expresión creativa, la organización, la comunicación, y la generación de nuevas narrativas públicas. Mientras las clases fueron suspendidas, estudiantes organizaron talleres de metodología de investigación, charlas sobre la historia del movimiento estudiantil, instalaciones de arte, lecturas de poesía, eventos deportivos, fogatas, y conciertos de música —todo en nombre de la reforma. Miles de estudiantes han salido a las calles movilizando el apoyo de docentes, padres, comunicadores, y hasta empresas privadas. En este momento, los estudiantes se están reagrupando luego del tercer rechazo de la asamblea universitaria a sus propuestas. Se debate entre ellos cómo mantener el dinamismo del movimiento sin las organizaciones institucionalizadas que les permitirían montar estrategias de reforma a largo plazo. Dejando de lado el logro o no de sus objetivos en esta coyuntura, el movimiento estudiantil ya ha comenzado a forjar una nueva y más esperanzadora narrativa pública en torno a las posibilidades de cambio en el Paraguay, la urgente necesidad de democracia, y el imperativo de la acción social colectiva. La promesa verdadera de la primavera estudiantil se fundamenta en los logros que ya ha generado: los vínculos duraderos de solidaridad, el sentido de eficacia política, y la experiencia práctica con la organización democrática. Estas son herramientas claves para las siguientes conquistas de los movimientos sociales en el Paraguay. Gustavo Setrini es profesor en la Facultad de Educación, Cultura y Desarrollo Humano e investigador afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad Nueva York (NYU). Es Ph.D. en economía política por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).">

La primavera estudiantil paraguaya

18 de octubre de 2016

¿Son las recientes protestas de los estudiantes paraguayos el comienzo de un despertar político? (más…)

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En Goiás, este modelo de gestión ya se aplica en los hospitales, pero no tiene precedentes en la Educación. 27 escuelas y el Departamento de Educación del estado (Seduce) fueron ocupadas por estudiantes contrarias/os al nuevo modelo desde fines de 2015. El Sindicato de los Trabajadores en Educación de Goiás (Sintego) teme por la seguridad laboral de las/los maestras/os. “Nadie sabe cuánto un maestro ganará, cuáles serán los horarios, cómo será el plan de carrera. Hoy en día hay un piso nacional para la categoría, pero no sabemos si va a ser cumplido. El gobierno no ha discutido estos temas y no hay información clara”, dijo Edinéia Pereira, secretaria de comunicación del Sintego. De acuerdo con Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación, “el caso de Goiás es un intento de los partidos brasileños de la derecha de avanzar radicalmente por el camino a la privatización. La resistencia de las/los estudiantes y maestras/os es fundamental para demostrar cómo la sociedad brasileña rechaza la privatización de la educación.” En las últimas semanas, con el progreso de las licitaciones públicas para la selección de las OS que se harían cargo de la gestión de las escuelas públicas, hubo un aumento de las protestas y, por consiguiente, de la represión y la violencia de las fuerzas de seguridad del estado. El 17 de septiembre, 51 personas que ocupaban el Colegio José Carlos de Almeida, cerrado desde 2014 para abrigar al Consejo de Educación del Estado, fueron retiradas a la fuerza y detenidas por la policía por un día. Las/los 18 estudiantes menores de edad que fueron detenidas/os en aquella ocasión les empezaron a tomar declaraciones el 27 de septiembre. Representantes de organizaciones estudiantiles y docentes trataron de tener una audiencia con la secretaria de Educación del estado de Goiás, Raquel Teixeira, el 19 de septiembre, día en que las OS entregaron sus proyectos a la Seduce, pero dicha autoridad no las atendió e impidió que se quedasen en el edificio. El 21 de septiembre fueron anunciadas las cuatro OS que se clasificaron para la etapa siguiente de la licitación. Todas ellas, como señaló Rafael Saddi, profesor de la Universidad Federal de Goiás, vinculadas al gobernador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) y a sus socios o ex socios involucrados en casos de corrupción con funcionarios del gobierno estatal. Durante la ceremonia de licitación, un autobús de la policía antidisturbios permaneció en estado de alerta cerca del sitio en que tenía lugar el evento. Mientras tanto, policías y agentes encubiertas/os amenazaban a las/os maestras/os y estudiantes que protestaban en la ciudad de Aparecida de Goiânia, y el subsecretario de educación del estado de Goiás, Marcelo Ferreira, trataba de intimidar a las/los docentes para que no asistieren a la manifestación del día siguiente. El viernes 23 de septiembre hubo varios informes de agresiones en una manifestación espontánea en contra del proceso de licitación, en la cual nuevamente estuvieron presentes policías encubiertas/os, que llegaron a amenazar a estudiantes con armas de fuego. La Seduce y la Policía Militar aún no se han manifestado acerca de esta última protesta. El resultado de la licitación para la elección de la OS que van a administrar las unidades escolares de Goiás se publicará en octubre, cuando la Seduce comenzará a transferir a la nueva administración las 23 escuelas que a partir de 2017 deben servir de ensayo para este modelo de gestión. El caso de Goiás es preocupante porque parece indicar una tendencia en curso en la educación brasileña. Como un indicio de ello, a principios de este mes, el antiguo Superintendente de la Educación Secundaria del Seduce, Wisley Pereira, se hizo cargo de la Coordinación General de la Educación Secundaria del Ministerio de la Educación (MEC) de Brasil.">

Brasil: Siguen protestas en contra de la tercerización de escuelas en Goiás

3 de octubre de 2016

Estudiantes y maestras/os siguen protestando en el estado brasileño de Goiás, por más inversiones en la red pública de enseñanza y en contra del proyecto del gobierno que permitirá que Organizaciones Sociales (OS) administren escuelas públicas. Las OS son entidades sin ánimo de lucro que reciben recursos del Estado para administrar una institución pública en particular. (más…)

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Además, las y los estudiantes investigadas/os han recibido un trato discriminatorio de parte de la administración de sus escuelas, negándoles, por ejemplo, el derecho a alimentación escolar. Los procesos empezaron con las denuncias de la Secretaria de Educação – SEDUC (Departamento de Educación), basadas en informes escritos por directoras/es y coordinadoras/es de las escuelas que fueron ocupadas. Los informes, que deberían ser solamente cuentas de patrimonio de las unidades escolares, indican nombres de estudiantes que supuestamente participaron en las ocupaciones. Además de los nombres, los informes indican si las/los estudiantes participan en alguna organización política. El Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDECA (Centro de Defensa de Niñas/os y Adolescentes de Ceará) y la Defensoría Pública del estado consideran la investigación un acto de persecución política. Las organizaciones señalan irregularidades en el proceso, como la falta de individualización de la conducta o la identificación de la infracción asignada. El CEDECA señala el carácter de criminalización de los movimientos sociales en la investigación, ya que apenas se hacen preguntas que no tienen en cuenta la investigación de posibles infracciones, sino que se centran en averiguar si hay líderes en el movimiento o si había alguna organización política actuando en las ocupaciones. Contexto de las ocupaciones – Entre abril y agosto de 2016, el movimiento de estudiantes de la secundaria de Ceará, orientado hacia la defensa del derecho humano a la educación de calidad, ocupó más de 60 edificios escolares en contra de la destrucción de las escuelas públicas, señalando principalmente la precariedad de las estructuras y la deficiencia de la alimentación escolar. Las ocupaciones estudiantiles se hermanaron con la huelga de maestras/os del estado, que duró 107 días. Esto ha resultado en que el gobierno de Camilo Santana (Partido de los Trabajadores – PT) y la SEDUC anunciaran más fondos para reformas y alimentación, además de la resolución de los problemas pendientes en la transferencia de fondos federales. Lea aquí la nota pública del CEDECA Ceará (en portugués).">

Brasil: Más de 300 estudiantes de secundaria investigadas/os después de ocupación escolar en Ceará

14 de septiembre de 2016

El Departamento de Educación del estado de Ceará enjuicia a 320 estudiantes que participaron en las recientes ocupaciones escolares, acusadas/os de provocar pérdidas materiales y daños económicos (más…)

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Honduras: Estudiantes y autoridades firman acuerdo mediado por la CLADE

1 de agosto de 2016

Finalizaron exitosamente el 28 de julio los trabajos de la mesa mediadora entre estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La mesa funcionó durante cuatro días, dando seguimiento a un acuerdo suscrito entre las autoridades de la UNAH y representantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) que determinó su instalación, con miras a construir una propuesta de procedimientos para abordar las nuevas normas académicas. (más…)

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Reacción de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos  Ante estos hechos, organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos se han manifestado públicamente repudiando tal situación de brutalidad, violencia y persecución en contra de estudiantes movilizadas/os por sus derechos en Honduras. Entre las redes que difundieron posicionamientos públicos al respecto están la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) y la Campaña Mundial por la Educación (CME). En su comunicado, la CLADE expresa preocupación por la situación de violencia y violaciones sistémicas a las que vienen siendo sometidas las y los estudiantes, docentes, comunidades educativas, defensoras y defensores de derechos humanos y el conjunto de la ciudadanía de Honduras y de otros países de América Latina y el Caribe. “La CLADE exige que se investigue, que se aplique la justicia para dar con los y las culpables, se los sancione y se reparen todas las violaciones”, afirma el pronunciamiento [conózcalo aquí]. La representante de UNICEF en Honduras, Cristian Munduate, dijo que ha pedido una investigación del Ministerio Público y que se cobren las responsabilidades del caso. Por su turno, la Campaña Mundial por la Educación, en posicionamiento público, afirmó que “cualquier Estado que permita que un niño o una niña de 13 años sea objeto de tortura y asesinato por dar su opinión política debe ser condenado sin remisión” Noticia actualizada el 8 de marzo de 2015 Posicionamientos públicos CLADE COPINH Pronunciamiento: Repudio por el asesinato de cuatro estudiantes en Tegucigalpa- Honduras A la comunidad nacional e internacional: La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, expresa su solidaridad con el pueblo hondureño por el asesinato de cuatro estudiantes en las recientes movilizaciones, realizadas en rechazo a las políticas de reforma educativa del gobierno hondureño. Condenamos estos hechos lamentables en contra de adolescentes y jóvenes, que en su legítimo derecho a la protesta, se les fuera arrebatada su vida. Demandamos al Estado Plurinacional de Bolivia y a la comunidad Internacional, que se pronuncie sobre este hecho criminal, que se suma a los muchos en América Latina, de persecución y criminalización a Defensoras y Defensores del Derecho Humano a la Educación. Nos adherimos a las organizaciones hondureñas, que exigen una investigación seria sobre estos crímenes y se castigue a los autores materiales e intelectuales. Basta de represión y asesinato a jóvenes estudiantes que se movilizan por su Derecho a la Educación, no seamos cómplices de seguir engrosando las listas de impunidad en nuestra región. ¡¡POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODOS Y TODAS!! Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, 27 de Marzo del 2015. Noticias relacionadas "Investigación” policial: farsa sobre farsa El pueblo exige justicia por estudiantes asesinados en Honduras A cuatro sube número de estudiantes ejecutados en Honduras Tres estudiantes de secundaria ejecutados en menos de 12 horas Alumnos de secundaria realizan protesta en la UNAH Estrangulada encuentran a alumna del Vicente Cáceres Estrangulada y en un saco de nailon aparece una estudiante del Central En tiroteo en colonia capitalina mueren dos estudiantes">

Honduras: Estudiantes son asesinadas/os tras su participación en protestas

2 de abril de 2015

Organizaciones de derechos humanos repudian crímenes y exigen justicia  (más…)

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